Piketty: la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal

  " (...) En España le ha dedicado un capítulo al independentismo catalán.

Creo que el problema político en Catalunya es muy complejo, no tengo dudas de que los motivos políticos del independentismo son muy variados pero me llamó la atención la adhesión de rentas altas al movimiento independentista y su excesivo discurso contra la solidaridad fiscal. 

No soy contrario a la descentralización política pero la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal y donde se intensifica una relación perniciosa entre frontera y propiedad. (...)"   

(Entrevista a Thomas Piketty, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 14/12/19)

La OCDE apuesta por una armonización fiscal entre autonomías... para evitar el paraíso fiscal vasco o madrileño

 "Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. 

Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. 

En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial"      (Nacionalismo de andar por casa, 10/12/20)

"La OCDE expresó ayer su respaldo a la política fiscal del Gobierno. 

“Se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o patrimonio que podrían promover la migración [cambio de residencia fiscal]”.

Así se expresó Sarah Perrett, economista de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y principal autora de un estudio publicado ayer titulado Inheritance Taxation in OECD Countries , tras ser preguntada por este diario sobre el caso de la singularidad del régimen fiscal de la Comunidad de Madrid.

La institución con sede en París, tras examinar las peculiaridades tributarias de la capital, recomienda una armonización fiscal en España. Su informe recoge en la página 57 una investigación de finales del pasado mes de noviembre que ya adelantó este diario en exclusiva. En concreto, el organismo cita la investigación elaborada por los economistas David Agrawal (Universidad de Kentucky), Dirk Foremny (Universidad de Barcelona) y Clara Martínez-Toledano (Escuela de Negocios de Columbia) publicada por el IEB (Institut d’Economia de Barcelona).

 “En España, Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano (2020) encuentran evidencia de personas adineradas que acudieron en masa a Madrid tras la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio neto en 2011, siendo Madrid un paraíso fiscal interno con un tipo impositivo del 0%.[Los autores] han encontrado que cinco años después de la reforma el stock de personas adineradas en la región de Madrid aumentó en un 10% en relación con otras regiones”, señala la OCDE al mencionar el trabajo.

 “Solo estamos citando un estudio que discute el tema o las diferencias regionales, y esto no refleja ninguna opinión por parte de la OCDE de que Madrid sea un paraíso fiscal”, precisa Sarah Perret. Para luego añadir: “El punto que se destaca es que cuando estos tipos de impuestos son regionales, los riesgos de que se produzca una migración motivada por los impuestos se vuelven mayores. Para ello, se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o el patrimonio que podrían promover la migración”.  (...)

En realidad, la OCDE, tal como explica Perrett, recoge el caso madrileño para explicar cómo el contribuyente es sensible a ciertas figuras tributarias, como por ejemplo el impuesto sobre la renta o de patrimonio, a la hora de decidir si traslada su residencia fiscal por motivos de conveniencia fiscal. De ahí que considere conveniente una homologación territorial.

En cambio, para esta institución, un impuesto de sucesiones no causaría este tipo de desplazamientos. Es una de las razones por las que aboga para intervenir con esta figura fiscal que considera no causaría distorsiones. El problema es que, a diferencia de otras autonomías como Catalunya o Andalucía, la Comunidad de Madrid tampoco la aplica al tener una bonificación del 100%. Al respecto, la organización recuerda que, en términos generales, “estas generosas exenciones fiscales benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones”.                (Piergiorgio M. Sandr, La Vanguardia, 12/05/21)

Piketty: el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural... ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo?

"Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

“No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”

(Juan Francisco Martín Seco, República, 17/09/20)

Ya tenemos el nuevo 'Concierto madrileño'... con los mismos efectos económicos que el Concierto Vasco: Los efectos desequilibrantes en España de la “capitalidad” de Madrid... la capital absorbe inversiones públicas y privadas, profesionales cualificados y opera a modo de paraíso fiscal... una buena copia de los privilegios fiscales vascos

 "Euskadi es ya 'paraíso fiscal' para el gestor de fondos de capital riesgo

 "Lo afirmó este lunes Ximo Puig en el Debate de Política General de las Cortes Valencianas: “Madrid es una aspiradora que genera desigualdades en España”. Una afirmación sobre la que ofreció algunos datos para denunciar que la “capitalidad” de Madrid “absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia”. Las manifestaciones del president valenciano se sustentan en las conclusiones del informe Madrid, capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal que ha elaborado el prestigioso Laboratorio de Análisis de Política Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económica, IVIE. Investigación dirigida por Francisco Pérez y Ernest Reig.

El documento analiza la trayectoria de la Comunidad de Madrid, considerando la influencia en su dinámica económica de su condición de capital de España. Y abarca diferentes líneas de trabajo, desde su papel como núcleo de las comunicaciones terrestres, aéreas y por ferrocarril (gracias al diseño radial en España), los efectos de la concentración de instituciones públicas y grandes empresas, su capacidad para atraer profesionales cualificados de autonomías vecinas, su fortaleza para avanzar en la economía del conocimiento y su papel, de facto, como “paraíso fiscal”.

Ximo Puig, durante el debate, avanzó algunas de estas conclusiones. Entre estas, que el 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde, según relató el president. Añadió, y esta es su mayor queja, que Madrid “puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad”.

Mercado de trabajo

El informe es mucho más amplio, y ofrece innumerables datos que corroboran estas afirmaciones. En primer lugar, subraya que Madrid concentra un 14,2 % de la población española, equivalente a 6.685.471 habitantes. “En la actualidad la región concentra casi una quinta parte de la renta nacional, ascendiendo a 231.000 millones de euros el valor de la renta regional. hasta convertirse en la región con mayor nivel de renta por habitante, algo más de 35.000 euros, muy por encima del promedio nacional (36 %) y también de la media europea (16 %)”.

La Comunidad de Madrid también destaca en el mercado de trabajo español por sus menores tasas de desempleo, mayor crecimiento del número de ocupados (ha duplicado el número de personas empleadas entre 1980 y 2019) y, muy especialmente, “por la mayor proporción de ocupados con estudios universitarios”. “El resultado de todo ello es que el porcentaje de población que tiene estudios universitarios es notablemente superior en Madrid que la media española (40,9 % frente a 30,8 %), concentra un 19,2 % del Producto Interior Bruto en el 1,6 % del territorio nacional”, añade.

El fuerte dinamismo demográfico, económico y social que caracteriza la Comunidad de Madrid ha permitido a la región configurarse como motor del crecimiento del conjunto del país, puerta de entrada de relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos —económicos, tecnológicos y en general de nuevos conocimientos—, y como un mercado de alto poder adquisitivo en continua expansión.

Así, el trabajo del IVIE subraya que “el enorme poder de atracción de Madrid se deriva, en buena medida, de las economías de especialización y de aglomeración que disfruta . Esas ventajas de la capital han tenido consecuencias sobre otras regiones españolas, de dos maneras: influyendo en el proceso de pérdida de población de los territorios del centro de España, y contribuyendo a drenar capital humano de la mayoría de regiones, al convertirse en un polo de atracción por las oportunidades derivadas de la concentración en Madrid de un 21 % de las ocupaciones cualificadas de España”.

Las dos implicaciones más directas de esa especialización son la mayor demanda de personal cualificado y una productividad superior a la media española. Ambas circunstancias permiten a Madrid generar puestos de trabajo con niveles de remuneración más elevados, en especial en actividades dedicadas a la “información y comunicaciones”, las “actividades profesionales, científicas y técnicas” y “actividades financieras”.

Concentración empresas

Uno de los aspectos más relevantes del documento es el que señala que el 44,5 % de las 1.000 mayores empresas españolas tienen su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56 % de los ingresos de este grupo situado a la cabeza de las empresas españolas. “La Comunidad de Madrid atrae inversiones fundamentalmente privadas y sobresale por concentrar, sobre todo, dotaciones de activos tecnológicamente avanzados necesarios para las actividades intensivas en conocimiento”. En la actualidad, buena parte de esos activos se basan en las TIC. En cuanto a sus dotaciones de infraestructuras, “su mayor fortaleza se deriva de ser el centro de una potente red de transportes por carretera y ferrocarril radial, y por su conectividad aérea, nacional y sobre todo internacional”.

La Comunidad de Madrid no tiene un papel destacado en los índices de apertura comercial externa —liderados por Cataluña—, como consecuencia principalmente de poseer un tejido productivo fuertemente terciarizado. En cambio, “la región destaca como polo de atracción de capital extranjero, un rasgo que se ve potenciado por las ventajas de localización de la Comunidad de Madrid, el carácter radial de las comunicaciones”.

En este sentido, el elevado grado de concentración en esta región de las sedes sociales de grandes empresas y de los poderes públicos e instituciones del Sector Público Estatal, contribuye a atraer inversión extranjera. “Hasta 45 de cada 100 empleados de Madrid desempeñan ocupaciones altamente cualificadas”, se apunta.

Ese mayor peso es especialmente relevante en el caso de los subgrupos que adoptan decisiones y aportan conocimiento especializado, “tanto en el ámbito público como privado”. Es el caso del poder legislativo y ejecutivo, los directores generales y presidentes ejecutivos, los profesionales del derecho y, sobre todo, los profesionales de la organización y la comercialización y técnicos de las tecnologías de la información.

Destaca asimismo por el nivel de formación de sus empresarios y directivos, y muchos empleados públicos. Los trabajadores de la región cuentan con perspectivas mucho mejores que los de otras regiones para interactuar a través de las redes profesionales, tanto públicas como privadas, y ascender profesionalmente a lo largo de las mismas. la atracción de población de otras regiones españolas (sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía) ha sido intensa, reflejando un importante saldo positivo desde 2011.

 En ese contexto, la Comunidad de Madrid se caracteriza por la notable capacidad de atracción de capital humano. Su fuerza en ese sentido se deriva de la confluencia de tres factores: una amplia oferta educativa, en especial de educación superior; una especialización en actividades intensivas en conocimiento, y la consiguiente abundancia de ocupaciones de alto nivel de cualificación y de centros de decisión privados y públicos; y unas buenas comunicaciones nacionales e internacionales, que la hacen atractiva para la movilidad, que es apreciada por los trabajadores más cualificados, tanto para sus actividades laborales como de ocio.

Empleados públicos

Se dispone de información sobre dónde trabajan unos 514.000 de estos empleados, de los cuales el 29 % se localiza en Madrid. Son unos 150.000 empleados que, con sus familias, representan unas 400 mil personas, que podrían alcanzar el medio millón si la proporción de los que trabajan en Madrid se aplica a los que no se conoce en qué territorios desempeñan sus ocupaciones. “Eso significa que el porcentaje de empleados públicos en la capital dobla el peso de la población de Madrid en España, lo que representa un plus de unos 75.000-95.000 empleados públicos para la capital que, con sus familias, suponen unas 200.000-250.000 personas más”, señala el informe.

Inversión sector público

El Sector Público Estatal adjudica en los últimos años una media anual de 7.700 millones de euros y casi siempre lo hace desde unidades que se concentran en la capital. El resultado de esa localización sesga territorialmente las adjudicaciones, como se desprende de los contratos recogidos por la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP). Del conjunto de las 109.422 licitaciones del Sector Público Estatal analizadas en este informe, un 72 % corresponde a órganos de contratación ubicados en la Comunidad de Madrid y solo un 28 % a órganos localizados en otros lugares. Este porcentaje se eleva al 87 % en términos de importe adjudicado, lo que refleja que los grandes contratos se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras regiones.

Red de comunicaciones

La red de alta velocidad sigue teniendo una estructura radial con centro en Madrid, en detrimento de otras conexiones con más tráfico, que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo. Y el aeropuerto de Madrid ha recibido cuantiosas inversiones (el 34 % de la inversión aeroportuaria española en este siglo). “Gracias a esas decisiones públicas, Madrid desempeña con mayor facilidad que otras áreas metropolitanas 13 españolas sus funciones, operando en la actualidad como la más potente área funcional a escala nacional e internacional de España”.

Fiscalidad

Madrid destaca como la que más ha utilizado su capacidad normativa para introducir numerosos beneficios fiscales en los principales impuestos sobre los que tiene competencias. “Destacan las modificaciones introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” apunta el informe.

Si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, “Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones).

La reducción de la recaudación que se ha producido debido a esas rebajas equivale, siendo todo lo demás constante, al 20 % de los ingresos de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 25 %. Con esta recaudación adicional Madrid podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2017.

Pero la investigación señala que las ventajas de la capitalidad propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas. Realidad que permite a esta autonomía realizar rebajas fiscales que otras no pueden.

La segunda es que las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, pese a ser la capital: las bases imponibles que Madrid atrae reducen los ingresos de aquellas. Y como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de quienes pueden contribuir a la progresividad en las comunidades de origen.

 El informe concluye finalmente con una crítica al apoyo público. “Lo que resulta cuestionable de este apoyo público son dos cosas: la primera, que refuerza la tendencia a la divergencia entre Madrid y buena parte de las regiones españolas, en lugar de actuar para compensar el proceso de polarización que se observa entre regiones ricas y pobres en las últimas décadas; y la segunda, que sesga la actuación de las autoridades centrales a favor de las empresas localizadas en un territorio que cuenta con un nivel de renta por habitante muy por encima de la media, al celebrar muchos más contratos públicos con ellas en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible con todo el tejido empresarial”.

 El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional y justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. “Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”, según los expertos."                  (Salvador Enguix, La Vanguardia, 22/09/20)

Información sobre el Concierto Vasco: ver aquí

El País Vasco continúa disfrutando de los beneficios del concierto... un sistema privilegiado de financiación de administraciones territoriales que resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española

"Los problemas sanitarios del coronavirus han hecho pasar desapercibida una noticia muy importante en relación con la aplicación del concierto fiscal con el País Vasco.

La semana pasada el Gobierno de la nación y los representantes del Gobierno vasco celebraron un acuerdo en el que se fijaron las cuantías definitivas del cupo que han de transferir los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya al País Vasco para que éste proceda, a su vez, a compensar al Estado español por los servicios que presta éste y del que se benefician parcialmente los ciudadanos de los territorios forales. 

Concretamente, el cupo final resultante ha sido de 1.214,2 millones de euros en 2017 y de 1.341,14 millones de euros en 2018.

 En relación con el año 2019 se ha fijado un cupo provisional de 1.353 millones de euros. Esto supone un crecimiento de 11,47% en tres años. También supone que cada uno de los ciudadanos del País Vasco que en 2018 sumaban 2.171.000 aporta la cantidad de 617,75 euros por todos los conceptos al Estado español.

El reparto de las aportaciones entre Diputaciones forales se hace en función de los siguientes porcentajes: Vizcaya, 50,37%; Guipúzcoa, 33,19%, y Álava, 16,44%.

Sin embargo, el País Vasco no solo recibe servicios comunes del Estado como el de justicia, asuntos exteriores o ejército sino que recibe también prestaciones y subvenciones directas para determinados programas de gasto propios. Así, en 2018 el País Vasco recibió transferencias del sector público estatal para operaciones de capital de más de 161 millones de euros. 

Además, se ha llegado un acuerdo sobre la transferencia proveniente del Estado español correspondiente a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y formación profesional por importe de 131 millones de euros en 2017, de 181,4 millones de euros en 2018 y de 276,4 millones de euros en 2019.

Los sistemas de convenio con Navarra y de concierto con el País Vasco son ejemplo de un sistema privilegiado de financiación de administraciones territoriales que, una vez más, resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española.

(José María Tovillas Morán. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona. El Catalán.es, 16/03/20)

Euskadi es ya 'paraíso fiscal' para el gestor de fondos de capital riesgo

"Euskadi ha utilizado su 'atractivo' fiscal para captar el interés de las gestoras de fondos de capital riesgo. Las diputaciones forales de las tres provincias vascas han aprobado normas -la vizcaína está en tramitación- que dan ventajas fiscales a este tipo de sociedades, siempre y cuando tengan su domicilio en la comunidad autónoma y la administración y dirección del fondo se haga desde Bizkaia, Gipuzkoa o Álava.

Concretamente, las medidas fiscales adoptadas 'premian' al gestor de esos fondos de capital riesgo, a través del cambio de la tributación del denominado 'carried interest', prima que se reparte este profesional al finalizar la vida del fondo.

De esta manera, Bizkaia, Gipuzkoa y Álava siguen la corriente de los principales países de Europa, como Francia, Italia o Alemania, que ya cuentan con ventajas fiscales para estos gestores. En el resto de España no existen estos incentivos.  (...)

Desde la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, (Ascri), su presidente Miguel Zurita, aplaude esta iniciativa. "Valoramos muy positivamente los cambios en la fiscalidad de los gestores de fondos de capital privado aprobados en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y también Navarra". A su juicio, redundará en el desarrollo de una industria de servicios profesionales con empleo de alto valor añadido y "en inversiones productivas que impulsarán la innovación y el emprendimiento".

Para Alfonso del Río y Sergio Ramírez, de Deloitte Legal, se trata de una medida importante para mantener la competitividad económica y tributaria de los tres territorios forales vascos y de la Comunidad Foral de Navarra. "Además de atraer tanto a los propios fondos de inversión como a las propias sociedades gestoras, como consecuencia del Brexit", explican.

 Gipuzkoa fue el territorio precursor para crear este 'paraíso fiscal' para los gestores de capital riesgo, ya que el cambio de tributación se realizó en febrero de 2019 y la nueva normativa está en vigor desde el 1 de enero del citado ejercicio. (...)

A punto de cumplir un año, la Diputación confirma que ha habido movimientos y "se han creado fondos en Gipuzkoa, como Efialia, que invertirá 35 millones"."                 (Maite Martínez, El Economista, 15/02/20)

El traspaso de la gestión del sistema de pensiones al País Vasco: gracias a esa transferencia, estará en una mejor situación monetaria que el resto de las comunidades autónomas... y pasará a controlar los costes sociales de las empresas vascas, lo que le permitirá desarrollar estrategias de política fiscal que mejore la competitividad de sus empresas, frente al resto de empresas españolas

"Recientemente se han conocido los primeros mimbres de un futuro acuerdo entre la Gobierno del País Vasco y el Gobierno de España para el traspaso de la gestión económica del régimen de la Seguridad Social. 

El acuerdo está generando un importante debate político. Por ello, es importante que desde la ciencia jurídica se realicen aportaciones que permitan orientar y, en su caso, ayudar a despejar esos interrogantes.

Según datos de 2019, el gasto en pensiones en el País Vasco asciende aproximadamente a 8.766 millones de euros. Sin embargo, las cotizaciones ascienden a 5.093 millones de euros, ocasionando un déficit de 3.673 millones de euros, que han de ser aportados a través de transferencias del Estado. 

Dejando al margen de este análisis el hecho de que la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco puede producir el efecto de identificar (erróneamente en este caso) autogobierno con bienestar social, quedan importantes cuestiones pendientes de respuesta, en especial, qué concretas funciones asumiría la Administración vasca.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que la mención separada en el artículo 149.1.17 de la Constitución del “régimen económico de la Seguridad Social” como función exclusiva del Estado “trata de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no solo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas”, en una sentencia de 2016.

Por ello, el contenido del acuerdo que se haya alcanzado no debería incluir capacidad normativa para modificar al alza o a la baja tanto las cotizaciones como las pensiones, puesto que si así lo hiciera implicaría una clara “ruptura” de la caja única de la Seguridad Social. No debería, de forma más concreta, conceder poder para legislar sobre bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, pues si así se hiciera se estaría dando capacidad para jugar con los ingresos y gastos de la caja común.

 En cualquier caso, parece claro que, gracias a esa transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, la comunidad autónoma del País Vasco estará en una mejor situación que el resto de las comunidades autónomas en términos monetarios (gestión propia de los cobros y pagos) y podrá desarrollar un sistema más eficiente y eficaz que el actual. Y lo que es todavía más trascendental, pasará a controlar los costes sociales de las empresas vascas, lo que le permitirá desarrollar estrategias de política fiscal, gracias a su sistema tributario propio, que mejore la competitividad de sus empresas, frente al resto de empresas españolas.

Los principios constitucionales han de regir la actividad política. Dichos principios han de disciplinar el proceso de expansión del modelo autonómico siempre desde el consenso entre Administraciones y no desde la bilateralidad. Asistimos con preocupación al nuevo tiempo que puede abrirse en caso de futuras transferencias a las comunidades autónomas de una de las joyas de la corona del Estado español: la Seguridad Social. Si las decisiones políticas no se amoldan a los principios constitucionales, quizá lo que se deban cambiar sean dichas decisiones."

(Miguel Ángel Collado Yurrita es catedrático de Derecho Financiero y Tributario y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, El País, 01/03/20)

Piketty: "Es espectacular el apoyo al independentismo entre las clases más altas"... asocia la "trampa separatista" a las élites catalanas. La crisis catalana se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia total de solidaridad fiscal...

"Después del éxito mundial de 'El Capital en el siglo XXI' (2013), el famoso economista francés Thomas Piketty ha publicado su nuevo volumen 'Capital e Ideología' (Deusto, 2019) en el que el autor propone una historia económica, social, intelectual y política de la desigualdad. (...)

En el libro, Piketty asocia "el repliegue identitario y xenófobo" en Europa al "el fracaso de la UE" a la hora de mitigar la desigualdad asociada al proceso de globlalización y en este contexto sitúa también la "trampa separatista" en Catalunya a raíz del referéndum ilegal del 2017.

"Es extremadamente chocante comprobar que el nacionalismo catalán es mucho más acusado entre las categorías sociales más favorecidas que entre las más modestas", reflexiona el economista francés. "Se constata que el apoyo es tanto más acusado cuanto más se asciende en la jerarquía de rentas y de nivel de estudios, con un apoyo a la idea nacionalista que alcanza el 80% entre el 10% de las personas consultadas con mayor renta y nivel de estudios", señala.

"El apoyo a la independencia proviene de manera espectacular de las categorías más favorecidas y, en concreto, de las rentas más altas". Visto así, el independentismo es observado por Piketty como un movimiento de las élites, "de arriba a abajo, y no al revés", según se ha puesto de manifiesto durante su rueda de prensa en Madrid.

Nacionalismo y desigualdad

El autor francés observa elementos culturales y lingüísticos en el sentimiento nacionalista catalán, pero comprueba que "el apoyo a la autodeterminación ha aumentado intensamente a raíz de la crisis económica, que afectó duramente a España".

Y es en este punto donde el autor realiza la conexión entre nacionalismo y desigualdad, tomando como punto de partida un sistema fiscal como el español --"uno de los más descentralizados del mundo"-- en el que el reparto al 50% del impuesto sobre la renta entre la administración central y la autonómica "daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas"

"Tal vez España haya ido demasiado lejos (en la cesión del IRPF) y ahora se encuentre en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de sus ingresos", remata.

El tanto de culpa de la UE

"Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis", avanza Piketty en el capítulo 'La trampa separatista y el síndrome catalán', al que dedica seis de las 1.247 páginas del libro.

Según el economista, desde hace décadas la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que "es posible tenerlo todo" (integración en un gran mercado), sin verdaderas obligaciones de solidaridad y financiación.

"En estas condiciones, ¿por qué no probar haciendo de Catalunya un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo?", se pregunta Piketty de forma retórica. Como estado independiente, conservando todos sus ingresos, Catalunya se podría permitir reducir impuestos para atraer capital.

"No hay ninguna duda de que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal semejante al de Estados Unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones"

'Cada uno por su cuenta'

Y añade: "La crisis catalana se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia total de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del 'cada uno por su cuenta'. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades, entre las fronteras y el régimen de propiedad". (Rosa María sánchez, El Periódico, 11/12/19)

Piketty critica el “egoísmo fiscal” del independentismo catalán... “Pienso que hay una parte del movimiento independentista catalán a la que debemos analizar como un egoísmo fiscal de personas más ricas que la media”

"El economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdades económicas, ha criticado el “egoísmo fiscal” del independentismo catalán en su nuevo libro, Capital e ideología.

“Pienso que hay una parte del movimiento independentista catalán a la que debemos analizar como un egoísmo fiscal de personas más ricas que la media”, acusa Piketty en su nuevo libro, que dedica un capítulo al proceso soberanista de Cataluña.

El economista, autor del influyente libro El capital en el siglo XXI, defiende que las cifras demuestran que una mayor apuesta por la independencia está relacionada con la renta y el nivel de estudios.

Nivel de renta

“Es chocante comprobar cómo se estructuran las convicciones nacionalistas en Cataluña en función del nivel de renta y del nivel de estudios”, indica en el libro Piketty, economista de la Paris School of Economics.

“El apoyo a la idea nacionalista alcanza el 80% entre el 10% de las personas consultadas con mayor renta y nivel de estudios, frente a apenas el 40-50% de apoyo entre el 50% inferior”, expresa.

El apartado, compuesto por cuatro páginas y dos gráficos, forma parte del capítulo Social-nativismo: la trampa identitaria postcolonial. Y el subcapítulo lleva por título La trampa separatista y el síndrome catalán.

"Los más favorecidos"

Piketty destaca la relación entre el nivel económico y educativo y las simpatías con el independentismo. Una de sus principales conclusiones es que los que defienden el independentismo “son los más favorecidos” de la sociedad catalana.

 “Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España haya ido demasiado lejosy ahora se encuentre en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos”, afirma el economista.

Los referéndums celebrados en Francia y Reino Unido durante los últimos 30 años han demostrado, según Piketty, que “las categorías acomodadas elegían Europa mientras que las categorías modestas la rechazaban”.

A su juicio, esa realidad no contradice que son las clases acomodadas las que apoyan mayoritariamente el proceso independentista catalán. Y es que éstas siempre se han mostrado a favor de la Unión Europea, con la excepción de algunas contundentes declaraciones de Carles Puigdemont.

Según Piketty, los independentistas catalanes aspiran a que Cataluña permanezca en la Unión Europea, “pero como Estado independiente, de modo que pueda continuar sacando partido de la integración comercial y financiera de Europa, pero conservando sus propios ingresos fiscales”.                (El Liberal, 27/11/19)

Piketty desenmascara al independentismo: señala en su libro 'Capital e ideología' que resulta “extremadamente chocante comprobar” que el secesionismo es más “acusado" entre las categorías sociales más acaudaladas... una mayor apuesta por la independencia está relacionada con la renta y el nivel de estudios... “¿Por qué no probar haciendo de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo?”. Eso es lo que el independentismo querría...

"Un movimiento de clases medias y populares, transversal y también repartido por todo el territorio. Esa ha sido la carta de presentación del independentismo en todos estos años, desde la Diada de 2012. El economista Thomas Piketty desenmascara, sin embargo, al secesionismo en su esperado libro Capital e ideología, en el que analiza la desigualdad. 

Y considera que ésta tiene un componente “ideológico y político”, y no responde tanto a factores económicos o tecnológicos. El economista francés aborda muchas cuestiones, y entre ellas lo que llama “la trampa separatista y el síndrome catalán”, para concluir que el independentismo “lo defienden los más favorecidos”.

Piketty considera que el sistema impositivo no se puede desmontar gratuitamente. Que en España se ha avanzado, tal vez, demasiado con la participación en un 50% del IRPF con las comunidades autónomas. Y que esa es una de las claves del ascenso del independentismo y de las esperanzas en tener un Estado propio. 

“Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España haya ido demasiado lejos y ahora se encuentre en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos”, señala con contundencia.

Los referéndums en Francia o Reino Unido

Porque esa es la tentación en la que han caído, a juicio de Piketty, las rentas más altas en Cataluña. En su análisis, que ocupa una parte de un capítulo del libro, Piketty sostiene que “es extremadamente chocante comprobar que el nacionalismo catalán es mucho más acusado entre las categorías sociales más favorecidas que entre las más modestas".

Resulta especialmente interesante comparar el perfil social del voto, en este caso con el observado en los referéndums sobre Europa organizados en Francia en 1992 y 2005 y en el Reino Unido en 2016, en los que se constató en cada ocasión que "las categorías acomodadas elegían Europa mientras que las categorías modestas la rechazaban”. ¿Es algo contradictorio?

La mayor o menor implicación con Europa

Este economista francés considera que no, porque las clases que apoyan la independencia de Cataluña siempre se han expresado a favor de la Unión Europea, --salvo algunas declaraciones vertidas por Carles Puigdemont, y otros dirigentes, y siempre de forma coyuntural--. Lo que quieren, a juicio de Piketty “es que Cataluña permanezca en la Unión Europea, pero como Estado independiente, de modo que pueda continuar sacando partido de la integración comercial y financiera de Europa, pero conservando sus propios ingresos fiscales”.

Lo que los números señalan, con las series que el mismo Piketty ha presentado, es que una mayor apuesta por la independencia está relacionada con la renta y el nivel de estudios. “Es chocante comprobar cómo se estructuran las convicciones nacionalistas en Cataluña en función del nivel de renta y del nivel de estudios (como se aprecia en los dos gráficos que acompañan este texto)”. Y es que “el apoyo a la idea nacionalista alcanza el 80% entre el 10% de las personas consultadas con mayor renta y nivel de estudios, frente a apenas el 40-50% de apoyo entre el 50% inferior)”.

¿Cataluña, como Luxemburgo?

La consideración de Piketty, preocupado por los niveles de desigualdad, tiene relación con la unidad política y fiscal de la Unión Europea. Si ésta fuera mayor, si los impuestos tuvieran un carácter federal, similar a lo que ocurre en Estados Unidos, los catalanes de mayor renta no tendrían ningún incentivo (si se pone el acento en las cuestiones puramente económicas) para querer separarse del conjunto de España. 

Y, en paralelo a esa falta de unidad federal en Europa, se debe añadir las políticas adoptadas en España, con una mayor autonomía fiscal por parte de las comunidades autónomas que la que disfrutan los länder alemanes.

 “En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los Estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni de conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en sí misma, siempre que sea mesurada. 

Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España haya ido demasiado lejos y ahora se encuentre en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos”, asegura.

Entonces, ¿qué salida tendría Cataluña? Para Piketty está claro: “¿Por qué no probar haciendo de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo?”. Eso es lo que el independentismo querría, a su juicio: “De hecho, para muchos independentistas catalanes, el proyecto es ése: constituyéndose en Estado independiente, podrán conservar la totalidad de los ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que disponen de mayor movilidad, para así atraer inversiones a la ‘región-Estado’ (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habrían desembarazado del peso de la solidaridad con el resto de España)”.

¿Clases medias y populares? El independentismo lo apoyan, a juicio de Piketty, los más favorecidos por el sistema económico."                       (Manel Manchón, Crónica Global, 26/11/19)

El caso del restaurante Siurana, que ha tenido que cerrar por haber pagado los impuestos a la hacienda catalana en lugar de -como hacemos usted y yo- a la Hacienda de toda la vida, es toda una alegoría del proceso: un engaño

"El caso del restaurante Siurana, que ha tenido que cerrar por haber pagado los impuestos a la hacienda catalana en lugar de -como hacemos usted y yo- a la Hacienda de toda la vida, es toda una alegoría del proceso: un engaño. 

Estos que se fían de los líderes políticos y que van a que les rompan la cara el 1 de octubre, o esos que creen que pagando los impuestos a una entelequia no les deberán pagar allí donde toca, son muy útiles: a unos, nos parten de risa; a otros, les abren los ojos haciéndoles comprender que todo ha sido una farsa; a todos, nos recuerdan que mientras haya burros, habrá los que van a caballo.

Si los tan patriotas restauradores fueran un poco espabilados -y reconozco que cuesta ponerse en este supuesto-, sospecharían algo al saber que las empresas de sus queridos líderes, así como los ayuntamientos de sus adorados partidos independentistas, han pagado sus impuestos allí donde toca, por si las moscas.

 Alguien les debería haber advertido que todo iba de boquilla, tal vez alguien de los que recibieron un porrazo en las costillas defendiendo urnas, mientras los que lo habían enviado lo miraban desde casa o -los más miedosos, como el Vivales- ya desde la carretera que le llevaba al extranjero, sin mirar atrás.

¿ Y ahora qué, pobre -en todos los sentidos- y patriótica pareja de empresarios, quiero decir de ex empresario? Quizá alguna caja de resistencia que haya sobrevivido a los robos de los más listos los pueda ayudar a pagar la deuda con Hacienda.

 La paradoja sería que entonces la caja de resistencia serviría para enriquecer a la pérfida España. Nada que decir, igual ocurre con las multas a los políticos patriotas. Al final las cajas de resistencia serán útiles sólo para España.

Estas cosas terminan con la relación de pareja. Imagino el matrimonio, ya embargado y sin restaurante, culpándose el uno al otro de la brillante idea de pagar a la Hacienda catalana, mientras mendigan en la puerta de una iglesia.

 - ¿La culpa es tuya, que me dijiste que nuestros políticos nunca nos engañarían!

- ¿Yo? Ay, tenía que haber hecho caso a mi padre, cuando me decía que no me casara con un inútil.

De todo se aprende. De no hacer caso de los líderes llacistes se aprende a hostias. Unos las reciben literalmente y otros en la cuenta corriente."                  (Albert Soler, Diari de Girona, 26/11/19)

Los iniciadores de la insumisión fiscal lazi cierran su negocio: acaban sin NIF, con cuentas bloqueadas y abandonados de la Gene

"Cal ser pardillo, escolti.

En noviembre de 2011 el matrimonio propietario del restaurante Els Cingles de Siurana, Andreu Bartolomé (sisplau, pagui l’IVA al catalanitzador de cognoms) y María Casademont, tras más de un año de sobredosis diaria de TV3 y RAC1000 Colines, decidieron que la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos preceptos del Estatuto-Que-Nadie-Quería de 2006 era inaceptable, igual que “l’espoli fiscal que pateix Catalunya”. Que espanyansroba, vaja.

Així que es van declarar insubmissos fiscals y dejaron de pagar impuestos a la malvada Aspanya. Òmnium/bÒdrium y el Cercle Català de Negocis corrieron a jalear a estos pobres instrumentos, y los fanatizados cocineros montaron la web diemprou.cat, donde ponían a disposición de los catalanes varios impresos para que les imitaran; recogieron 4.000 apoyos, pero hoy la web está inactiva y se dedica a quejarse de los carteristas del metro.

A principios de 2012 los Bartolomé explicaron su heroicidad ante 200 personas en el Colegio de Periodistas de Barcelona: dejarían de pagar el IVA en abril de 2012 e ingresarían el importe en la Agència Tributària Catalana; ya habían informado a Artur Mas por carta. Sus 10 trabajadores debían estar emocionados. Como contaban los diarios del Règim, “la seva aspiració és que les 600.000 empreses catalanes s’adhereixin a la iniciativa”.

Resultat? Nadie les ha seguido, los chiringuitos lazis les han abandonado, y ellos cierran ahora su negocio. Vea el patético mensaje que han difundido l’Andreu i la Maria, y que comparte el aguerrido periodista Carles Enric en Twitter:

“El restaurante Siurana CIERRA.

La AEAT española en junio nos revocó el NIF y procedió a bloquearnos las cuentas de la empresa. (…) Tampoco ha prosperado nuestro requerimiento a la Agencia Tributaria Catalana para que nos facilitaran un NIF catalán (…) Este ATAQUE DEMOCRÁTICO a nuestra empresa (…) ha llegado a una situación límite que nos obliga a CERRAR de forma irreversible a corto/medio plazo, y en consecuencia denunciamos LA INCOMPETENCIA DE NUESTROS REPRESENTANTES:

1. 1. No aplicando el Estatut de 2006 (…)
   2. No aplicando la DUI (…)

Y expresamos NUESTRA VOLUNTAD DE NO QUERER SEGUIR VINCULADOS A UNA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, HOY DESACREDITADA POLÍTICA, JUDICIAL Y POLICIALMENTE. (…) 

Es necesaria una DUI“.

Ja ja ja ja. O sea que lo dan todo percatalunya y el chiringuito de la Gene no les da ni un mísero NIF de la Reichpública aunque sea dibujado a mano por Pilarín Bayés. Qué primos.

No home, no, Andreu i Maria. Lo que cal és que deixeu el nacionalisme que us ha fanatitzat, abandonat i ensorrat. Porque lo que habéis hecho es de tontitos. ¿De verdad no os habéis dado cuenta de que os tomaban el pelo? No veieu com viuen el Motxo, en Mas, en Comín, en Cuixart (Òdium Cultural) i en Canadell (CCN)? No us adoneu de que us han fet servir d’instrument?

Dolça i atontada Catalunya…"                      (Dolça Catalunya, 24/11/19)

La aportación efectiva a la solidaridad interterritorial de los vascos se reduce a la irrisoria cifra de 27 millones

"A finales del año pasado, la aprobación en el Congreso de la ley por la que se fija el cálculo del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los presidentes autonómicos del PP y PSOE. Tras la crisis secesionista en Cataluña, y a la espera todavía de acordar un nuevo modelo que mejorase la financiación de las comunidades de régimen común, la crítica al Cupo vasco dejó de ser el gran tabú de la política española. Los socialistas Ximo Puig, Susana Díaz o Javier Fernández, alzaron su voz.

 Quien de forma más contundente expresó ese enfado fue el aragonés Javier Lambán que afirmó que era “difícilmente explicable en términos democráticos, pues profundizaba en las desigualdades”. Entre los populares, Cristina Cifuentes acusó a vascos y navarros de no contribuir a la solidaridad con el resto de España y Núñez Feijóo censuró el nuevo Cupo por falta de claridad e información. La casualidad quiso que la ley del Cupo se publicase en el BOE el día de los Santos Inocentes.

Los presidentes autonómicos no descubrían nada nuevo, solo que hasta entonces muy pocos se habían atrevido a decirlo porque la corrección política obligaba a repetir una verdad a medias, que se trata de un derecho histórico amparado en la Constitución. Los estudios académicos han puesto de manifiesto que la ley del Cupo contiene muchos trucos y trampas con el fin de que el cálculo de la contribución vasca se adecue a la negociación previa. 

Esta vez, la fragilidad de la situación política española, con un PP dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos Generales y un PSOE como socio de Gobierno del PNV en Euskadi, ofrecía a los nacionalistas una oportunidad de oro para blindar una situación de absoluto privilegio.

 El resultado, inmejorable. El País Vasco se queda cada año con más de mil millones adicionales del IVA, la mitad de los cuales en perjuicio de las otras autonomías. Su aportación para el próximo quinquenio se rebaja a 1.300 millones anuales, una cifra mágica derivada de ese famoso 6,24% con el que, según la ley del Cupo, contribuye a los gastos del Estado no transferidos. En esta ocasión, el apoyo al Gobierno del PP se paga con un regalo extra de 265 millones anuales, mientras la aportación efectiva a la solidaridad interterritorial se reduce a la irrisoria cifra de 27.

El experto en financiación autonómica Alain Cuenca, que participó en nombre del Gobierno aragonés en la comisión para la reforma del modelo, está reclamando que se recurra el Cupo ante el Tribunal Constitucional. Todavía hay tiempo para que lo haga el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y también todos aquellos presidentes autonómicos que tanto se indignaron frente a un cálculo que genera más desigualdades. En coherencia, recúrrase."                       (Joaquín Coll, El País, 20/04/18)

Los derechos forales del País Vasco y de Navarra, que sólo se remontan a la tercera guerra carlista, del XIX, se consideran intocables... pero la Constitución, no

"Era un tema tabú. Quizá lo sigue siendo todavía. Sencillamente, no aparece en el debate. Ni se podía discutir siquiera. ¿Qué piensa del cupo económico vasco y navarro? “Ese tema no toca”, suelen responder con la pose repelente que utilizan algunos dirigentes políticos para mutilar los problemas y restringir la conversación solo a los asuntos que les son cómodos. (...)

Como en tantas ocasiones, la reacción contraria que se suscita es directamente proporcional a la importancia del asunto que se quiere ocultar. Se niega que el concierto sea un privilegio, pero el anuncio encendido de un “frente común”, esas “líneas rojas” que se pintan en el debate para que no se vuelva a hablar del asunto, lo único que desvelan es que se trata, en efecto, de un privilegio que no se quiere perder.

 La forma en que se quiere ahogar toda discusión, cegar de raíz la polémica, es la mejor demostración de que esa, y no otra, es la piedra angular del debate reformador que debe abordarse en España, con la financiación de las autonomías como primer paso. El propio ‘lehendakari’ Urkullu, quizá sin darse cuenta, lo deslizó ayer en su discurso: “El concierto económico es la clave de bóveda del autogobierno vasco”. Y, ciertamente, es así.

Desde que se instauró, los conciertos vasco y navarro solo han tenido un sentido político: intentar aplacar con dinero las desavenencias de esas dos regiones. Con los altibajos de la historia, la realidad es que desde el final del carlismo se instauró esa lógica en España, como un tributo que había que asumir como un riesgo menor. En cada época histórica, desde entonces, hay matices distintos, supresiones y restauraciones de los derechos forales, pero es posible establecer una línea continua.

 Lo que sucedió con la llegada de la democracia es que se entendió que los privilegios de financiación del País Vasco y de Navarra eran necesarios para intentar apaciguar la terrible y sangrienta amenaza de ETA; lo conveniente era dotar a las dos autonomías de un sistema económico especial, el concierto vasco y el navarro. 

Un privilegio económico ‘indiscutible’ en el debate político que ha permitido al País Vasco y a Navarra una mejor financiación, y un mayor desarrollo de los servicios públicos, en comparación con el resto de comunidades autónomas. Y como se trataba de evitar un mal mayor, por la amenaza de la banda terrorista, todo el mundo lo aceptaba así. Tema tabú. No se habla.

¿Por qué, entonces, se remueve ahora ese avispero? Por la confluencia de tres factores esenciales: la derrota de la banda terrorista etarra, la amenaza independentista de Cataluña y los recortes impuestos por la crisis económica en el sistema general.

 La confluencia de esos tres elementos ha provocado que salten las costuras del modelo de financiación vigente en todo este tiempo en la España de las autonomías, y que se ha mantenido pese a las críticas periódicas de unos y otros. Los conciertos vasco y navarro han sido durante todo este tiempo una anomalía en el sistema de financiación de España, una distorsión consentida.  (...)

Pero ¿quién le pone el cascabel al gato vasco y navarro? Hasta ahora, solo UPyD y Ciudadanos se habían mostrado abiertamente en contra del concierto vasco y del navarro, pero la controversia no ha estallado hasta que se han pronunciado algunos barones regionales del PSOE. 

Ocurre, sin embargo, que la empanada ideológica en la que está instalado el PSOE cada vez que aterriza sobre el modelo territorial de España impide que ninguna de sus propuestas sea, al menos, inteligible. Con más torpeza que eficacia, han agitado el avispero sin saber muy bien a dónde quieren ir. 

 (...) nos encontramos ahora con que la Constitución española, con menos de medio siglo, ya se ve desfasada y, sin embargo, los derechos forales del País Vasco y de Navarra, que se remontan a la tercera guerra carlista, de finales del XIX, se consideran intocables. Como para entenderse y confiar en un gran acuerdo."              (Javier Carballo, El Confidencial, 08/10/2015)

Una veintena de grupos en 12 regiones italianas propugna romper vínculos con Roma

"(...) La otra noticia, que acaba de dar la radio, es que la policía ha detenido durante la madrugada a 24 separatistas por planear acciones violentas —entre ellas la irrupción en la plaza de San Marcos con un tanque de fabricación casera— para reclamar la independencia de la región del Véneto.

“Ahí tiene la diferencia”, explica el veterano librero, que cuenta entre los detenidos a viejos compañeros de lucha, “a nosotros nos detienen por reivindicar lo que ya éramos hace mil años, la Serenísima República de Venecia, mientras que esa tribu del sur, esos árabes, se tiñen por cuenta del Estado el pelo que no tienen. No, no busque parecidos. Italia no existe. Y, si existe, nosotros no somos italianos”.

Ese “no somos italianos” del dueño de Acqua Alta –considerada una de las librerías más originales del mundo— cada vez se escucha más a lo largo de la geografía italiana. No solo en Lombardía o el Véneto, donde desde hace años partidos de tinte xenófobo como la Liga Norte o la Liga Véneta rentabilizan electoralmente esa desafección alimentada de estereotipos, sino también en Cerdeña o incluso Sicilia.

Se trata en muchos casos de una infelicidad crónica y compartida por la marcha de un país que no funciona, adobada por un sentimiento de superioridad histórica y económica. Aliarse con un pasado remoto —la Serenísima existió desde el siglo IX hasta 1797— se convierte en una estrategia para alcanzar un futuro de prosperidad que se les antoja imposible si continúan juntos y revueltos. (...)

“Esta es una de las regiones más ricas y, sobre todo, más trabajadoras”, explica mientras guarda cola en la delegación de Hacienda, “y sé que puede sonar poco solidario e incluso xenófobo. 

Pero mientras que el sur de Italia arrastra su atraso a través de subvenciones, de evasión de impuestos, de una economía paralela —por no decir mafiosa— que consiste en vivir de espaldas al Estado, aquí los pequeños empresarios como yo— ente que tiene a su cargo a 20 o 30 empleados desde hace años— se están suicidando porque son incapaces de hacer frente a las deudas y el crédito ya no les llega. Muchos estamos tan desesperados que somos capaces de abrazar cualquier idea, por absurda que nos pareciera hace unos años”.  (...)

El golpe policial, que llega a acusar a los detenidos de contactos con la mafia albanesa para la compra armas, se produce además solo unos días después de que, a través de una consulta planteada por un grupo secesionista a través de Internet, un 89% de los votantes (unos dos millones según los organizadores) se mostrara a favor de la independencia.

 “Aunque el referéndum no ha sido legal”, admite tranquilamente Frizzo Luigi en la puerta de su librería, “nos ha dado la base para decir lo que pensamos. Nosotros somos vénetos y los italianos son extranjeros. Como el Estado italiano no usa la democracia y ya nos han echado abajo dos posibilidades de referéndum, el próximo paso será una revuelta fiscal. Estamos dispuestos a no pagar los impuestos al Estado italiano. Y yo le aseguro que eso hace más daño que un cañón de 12 milímetros”.     (El País, 06/04/2014)

Madrid se rebela contra el “injusto y absurdo” sistema de financiación

"La Comunidad de Madrid, la joya de la corona del PP, el Gobierno autónomo de un barón popular con más presupuesto y mayor población, es también la autonomía que cuestiona con más contundencia el sistema de financiación autonómico y reclama una reforma urgente del modelo frente a la inacción de La Moncloa.

 Lo hace Enrique Ossorio, el recién nombrado consejero de Hacienda del Ejecutivo de Ignacio González, al denunciar al Ministerio de Hacienda agravios comparativos frente a Cataluña y Andalucía. En pleno pulso entre Mariano Rajoy y Artur Mas por el pacto fiscal que reclama el presidente de la Generalitat, Madrid envió a Cristóbal Montoro el pasado 11 de octubre una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que rechaza un sistema “injusto, incoherente” que “conduce al absurdo”. (...)

González se sitúa así en el frente de los barones más críticos con Montoro en la defensa de las cuentas autonómicas, junto al valenciano Alberto Fabra, el balear José Ramón Bauzá o el murciano Ramón Luis Valcárcel.

 “¿Cómo se puede explicar que si Madrid, año a año, se comporta mejor que el resto de España, comparativamente hablando, pueda empeorar su liquidación de 2011 frente a la de 2010, al pasar a 330 millones desde 1.272?”, se pregunta Ossorio. 

Este también añade otra cuestión: “¿Cómo encaja que la asignación de ingresos que el Estado comunica a Madrid empeore de una liquidación a otra y mejore —o empeore menos— la de otras comunidades autónomas que van peor económicamente?”. (...)

El consejero de González señala directamente a dos Gobiernos: el del socialista José Antonio Griñán en Andalucía y al de Artur Mas en Cataluña. En su opinión, ambas autonomías se ven “beneficiadas” por “el retorcimiento estadístico” diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su reforma del modelo, que se remonta a 2009.

 “Mientras que Madrid ve disminuir sus entregas a cuenta un 1,15%”, lamenta, “Cataluña solo desciende un 0,28% y Andalucía ve incrementar sus entregas un 1,24%, cuando la evolución económica de ambas regiones es mucho peor que la de Madrid”, denuncia la carta. (...)

Ossorio, en cualquier caso, habla con conocimiento de causa, ya que hasta finales de septiembre fue secretario general de coordinación de política autonómica y local del Ministerio de Hacienda, mano derecha de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Gobierno central. 

Además, durante su paso por el Ejecutivo, el actual consejero fue el responsable de estudiar las cantidades que las comunidades recibirán por el sistema de financiación hasta hace unas semanas. Ossorio era uno de los encargados de lidiar con las reivindicaciones de las autonomías que pedían más recursos del sistema.

Pero las tornas han cambiado y ahora el consejero madrileño se refiere a un escrito emitido por el departamento de Beteta como a un “papel”, le afea errores, pide matizaciones y afirma que no va a “perder mucho tiempo en valorar” afirmaciones de la Secretaría de Estado."          (El País, 26/10/2012)

El neoliberalismo catalán tiene una coartada fácil para justificar sus recortes clasistas. La culpa la tiene España. Como ciudadano español, prefiero una Cataluña independiente a un acuerdo fiscal basado en la desigualdad y en los privilegios para las rentas altas.

"La independencia de Cataluña es un asunto de los catalanes. La autodeterminación es un derecho de los pueblos y en una democracia existen mecanismos para articular las decisiones de los ciudadanos. 

Creo que en España y en Europa existe la madurez suficiente como para asumir un proceso de independencia sin que haya que soportar un conflicto bélico. Creo, además, que las identidades nacionales tienen hoy valor sentimental más que importancia real en una economía globalizada por la especulación, en la que el poder de los políticos se ha sometido a los intereses de los mercados financieros. Hoy ya no es verdad eso de que Cataluña necesita económicamente a España.

Pero los ciudadanos que todavía seguimos creyendo en la política, aunque no seamos catalanes, tenemos derecho a pensar y opinar sobre la situación de Cataluña mientras forme parte del Estado español. Como el debate es complejo y está lleno de matices, conviene que cada cual intente aclarar las razones fundamentales de sus argumentos y que todos mostremos de manera honrada nuestras cartas.

 Hablando de una partida marcada por los corazones más que por las picas, hay una idea a la que mi corazón no puede renunciar: la identidad histórica es respetable desde el punto de vista administrativo, cultural y político, pero no puede convertirse en un motivo de discriminación económica.

Los ciudadanos debemos pagar impuestos por nuestro poder adquisitivo y nuestros ingresos, no por el lugar en el que hayamos nacido. La negociación fiscal que a mí me interesa como ciudadano no pasa por un acuerdo especial con Cataluña, sino por subir los impuestos a los movimientos especulativos y las grandes fortunas.

 Hay que añadir algún tramo más de cotización para las rentas altas y convendría denunciar los tratamientos especiales que alguna comunidad consiguió en nombre de sus peculiaridades históricas. Una democracia es pura farsa si todos los ciudadanos no son iguales ante la ley. Está justificado legislar con atención a las singularidades, pero siempre para ayudar a la igualdad, no para aumentar las diferencias.

Los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid pagan más impuestos que los vecinos de Vallecas. Su poder adquisitivo es mayor. Sería un disparate democrático defender que por eso tienen derecho a mejores servicios y atenciones especiales. 

El debate político que le interesa a la democracia no es reclamar un acuerdo fiscal propio para los vecinos del barrio de Salamanca, sino denunciar que en realidad ya reciben un trato especial, y no en cuanto vecinos de un barrio determinado, sino en cuanto ricos. La fiscalidad española favorece a la gente de dinero y humilla a los pobres. Por eso son tan frágiles las inversiones públicas en derechos sociales.

Llevo años convencido de que Cataluña será independiente. Todo conduce a este desenlace. (...)

Cada vez que los partidos mayoritarios han necesitado el apoyo nacionalista para gobernar, la derecha catalana ha dado la sensación de poner a la venta su voto para conseguir privilegios. Y cada vez que la derecha catalanista ha querido ocultar sus políticas injustas, no ha encontrado solución más fácil que echarle la culpa al centralismo de los partidos mayoritarios.  (...)

El neoliberalismo catalán tiene una coartada fácil para justificar sus recortes clasistas. La culpa la tiene España. Dentro de la lógica neoliberal es un argumento razonable. En un mundo en el que los ricos no quieren pagar impuestos, en un mundo que acepta como lógica la desigualdad, por qué las comunidades con más poder adquisitivo van a renunciar a sus propios privilegios. Se trata de desprenderse de los pobres.

Como ciudadano español, prefiero una Cataluña independiente a un acuerdo fiscal basado en la desigualdad y en los privilegios para las rentas altas. La autodeterminación es un derecho que respeto, aunque no se me escapen las verdaderas causas históricas (que siempre son económicas). Lo que no respeto es la prepotencia de los poderosos. Soy andaluz, nací entre emigrantes y también tengo mi historia."         (Luis García Montero, Público, 13/09/2012)