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15/4/21

La OCDE ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado"

 "La OCDE recomendó este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. Además, el organismo ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado". 

 En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.

 La organización económica señala que es necesaria la subida de impuestos para "reducir las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones y financiar las reformas de los mercados de trabajo, la educación y la innovación", pero pide que se realicen cuando la economía se haya recuperado tras el impacto de la pandemia. (...)

Respecto a la unidad de mercado, la OCDE señala que "las diferencias normativas regionales suponen un obstáculo para la consecución de un verdadero mercado único y frenan el crecimiento de las empresas, obstaculizando la productividad y la creación de empleo". (...)"               (eldiario.es, 14/04/21)

15/6/15

Los consejos comarcales de Cataluña cuestan más que los recortes en Sanidad: 500 millones de euros

"Ya nos lo decía Leopoldo Abadía: la política es cuestión de prioridades. Y las del nacionalismo están claras:
La política nacionalista la confirma este nuevo dato que leemos en El Confidencial: tras las elecciones municipales, Cataluña seguirá manteniendo los más de 1.000 consejeros comarcales que suponen un gasto de 500€ millones. Convivencia Cívica Catalana denuncia que la inversión supera a los recortes en Sanidad: 491€ millones el año pasado.

“Esta 4ªadministración se suma a los gobierno autonómicos, diputaciones y municipios y contará con 1.067 cargos políticos. El partido que contará con más presencia en este nivel de gobierno es CiU con 417 consejeros, seguido por ERC con 292. 

La suma de ambas formaciones políticas alcanza los 709 cargos en este estrato administrativo” que se ha convertido en una auténtica agencia de colocación y donde las funciones que se duplican son abunbdantísimas.

Dolça i injusta Catalunya…"              (Dolça Catalunya, 12/06/2015)

7/10/14

Sería difícil que Cataluña y el País Vasco aceptaran un federalismo igualitario. Pero nunca se sabe

"(...) «el Tribunal Constitucional estableció, ante la perplejidad de los demás juristas del mundo, que no era inconstitucional que los Estatutos calificaran de exclusivas las competencias autonómicas sobre algunas materias que la Constitución calificaba como exclusivas del Estado, asegurando que cuando dos competencias sobre la misma materia se califican al mismo tiempo están llamadas a ser concurrentes.

 Con lo cual el Tribunal Constitucional, en lugar de colaborar a definir el concepto de exclusividad, lo desbarató y lo hizo inservible como categoría general, sin considerar que en otras constituciones de referencia, como la alemana, es el centro sobre el que gira el buen funcionamiento del sistema entero».

 Las consecuencias de semejante dislate han sido enormes, pues, por ejemplo, no hay duda de que «la Generalitat ha legislado sobre las mismas materias y con la misma extensión que lo ha hecho el Estado y cuenta con organismos que duplican los existentes en la esfera central».

 Es más, esta duplicidad se puede deducir también en otras comunidades autónomas, lo que viene a demostrar «lo confuso que es el reparto de competencias que se ha establecido porque permite que se sostenga una interpretación y la contraria con la misma aparente seriedad». El resultado de tal galimatías es desolador, porque además de la inflación legislativa que producen 17 Parlamentos autonómicos, lo más grave es que «ni siquiera podemos identificar claramente cuándo una ley es del Estado o de las comunidades autónomas».

 No creo que sea necesario agotar todos los argumentos que expone Muñoz Machado para demostrar la inviabilidad del actual Estado, a la que contribuye también tanto el Estatut de 2006, como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el mismo. En suma, el Estado de las Autonomías no puede seguir funcionando así, porque además habría que ofrecer una salida a los nacionalistas vascos y catalanes.  (...)

Pero la opción del Estado federal, significaría, al contrario, que las partes (todas o algunas) que constituyen actualmente el Estado de las Autonomías, refundaran un nuevo Estado, construido de abajo arriba, sobre la base de que dichas unidades políticas decidieran qué intereses generales debían ceder a las instancias unitarias que habría que construir. 

En definitiva, «esto sería el pacto federal que algunos solicitan, que implicaría cambiar la residencia de la soberanía para situarla en las entidades infraestatales (la mayor parte de ellas artificialmente constituidas a partir de 1978) y nos llevaría hacia un confederalismo de nuevo cuño y de futuro ahora inexplorable». Por lo demás, parece que sería difícil que Cataluña y el País Vasco aceptaran un federalismo igualitario. Pero nunca se sabe. (...)"             (El Mundo | Jorge de Esteban, Tribuna Libre, 01/09/2014)

21/2/14

El País Vasco derrocha 400 millones al año en servicios duplicados por las administraciones

"Más de 250 empresas públicas que promueven el emprendimiento; una autopista gestionada por dos empresas públicas distintas, con tarifas y bonificaciones diferentes; campañas forales de turismo alternativas y no complementarias a las del Gobierno Vasco; imposibilidad de conocer el coste de los servicios socio-sanitarios por la pluralidad de agentes actuantes; 17 entidades implicadas en el ámbito de la vivienda, lo que imposibilita que Euskadi carezca, actualmente, de una base de datos única de demandantes de un nuevo hogar. Estos son algunos de los datos revelados por los socialistas vascos a la hora de pactar con el PNV un nuevo plan para evitar las duplicidades en las instituciones vascas.

Pero tanto socialistas como nacionalistas, a pesar de su aparente disposición, parecen olvidar en su reciente interés por solucionar este caos que el gravísimo problema de la existencia de órganos administrativos duplicados, triplicados e, incluso, cuadriplicados, en el País Vasco, ya fue valorado e identificado por el propio Ejecutivo de Vitoria hace algunos meses. 
El "Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas vascas", que publicamos íntegramente, revela que Euskadi se gasta al menos 403 millones de euros en servicios que las administraciones ofrecen repetidamente y resalta que todos los niveles administrativos vascos incurren en estas duplicidades, aunque son las diputaciones las instituciones que más duplican los servicios (50%), seguidas por el Gobierno vasco (30%) y los ayuntamientos (20%). 
Asimismo, el 93% de las duplicidades identificadas se concentran en actuaciones situadas en las políticas de Impulso Económico (31%), Servicios Sociales (28%), Empleo y Formación (17%) y de Transporte (17%).

El trabajo, elaborado en su momento por recomendación del Consejo Asesor del lehendakari para Asuntos Socioeconómicos y por mandato parlamentario, analizaba las duplicidades e ineficiencias de una selección de 13 políticas públicas entre las que se encuentran Servicios Sociales, Empleo y Formación, Impulso Económico -Industria, 3i+d y Comercio-, Transportes, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Educación, Universidades y Formación, Cultura, Juventud y Deporte, Turismo, Sanidad y Salud Pública, y Policía.
El estudio denunciaba también algo de crucial importancia para los ciudadanos: "el entendimiento de la política y los servicios públicos se hace desde el punto de vista del agente que la desarrolla y no del servicio que recibe el ciudadano", por lo que "no existe un enfoque hacia la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos". Y añade: "La ausencia de regulación en determinados ámbitos y políticas provoca que los diferentes niveles institucionales incurran en duplicidades".                (Euskadi, información global, 15/02/2014)

15/5/13

Desorganización autonómica

"Hoy no es día fácil, porque han fallecido varios seres queridos de gente querida. Pero se me acaban de caer “los palos de sombrajo”. Ha fallecido en Madrid un familiar de un compañero del partido. Querían trasladarlo para ser velado a Guadalajara,  donde va a ser enterrado. 

No se lo han permitido hasta la hora del entierro por ser de otra Comunidad Autónoma. Pero sí le han autorizado a hacerlo a Alcalá de Henares, cerca de Guadalajara, por que es de la misma Comunidad.

 ¿Qué tiene que ver toda esta barbaridad con la España autonómica que hemos estado construyendo? Este tipo de cosas hacen que uno entienda, aunque no comparta, algunos sentimientos.

 Cada vez veo más necesario que el gobierno de España recupere aquellas competencias que hagan imposible que se produzacan estas barbaridades."        (El cuaderno de Guillermo, 18/04/2013)

26/3/13

La gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena

"Ahora se constata que hubiese sido más útil adaptar para Cataluña modelos tan sucintos y transparentes como el suizo o el escandinavo. Se prefirió reclamar el máximo de competencias posibles, en imitación del Estado, emulando excesos de protocolo para no ser menos, cuando en realidad, siendo conveniente cierto empaque institucional, lo que legitima verdaderamente es la gestión eficaz, transparente y comedida en el gasto público. 

Seguramente, a la ciudadanía de Cataluña le hubiese convenido más asemejarse a la gestión de lo público de Dinamarca. Muy al contrario, se imitó, si no se duplicó, la tan malquerida formación de la administración pública del Estado.
 
Es por ausencia de un modelo racionalizado de administración pública puesta al día que la gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena, como fue en el caso de los dos gobiernos tripartitos, con mención especial que se merece ERC.

Con el dinero del contribuyente, la reproducción de formas de Estado ex nihilo tiene sus riesgos. Y cuanto más Estado se reproduce, menos se confía en los órdenes espontáneos, que son los propios de una sociedad civil que en buena medida se autorregula. 

Nunca hubo en Cataluña tantas regulaciones, tanta reglamentación, tantas páginas de legislación normativa, hasta llegar al carné de boletaire y a algunas disrupciones de la naturaleza del mercado único que tan beneficioso ha sido y es para la economía catalana.

 En algún ente preautonómico de cuyo nombre preferimos no acordarnos, la propuesta de aplicar métodos de racionalización administrativa de modo previo a la futura transferencia de competencias estatutarias mereció muchas carcajadas, porque en los nichos anacrónicos de la memoria institucional lo de menos era racionalizar, sino contratar a un sinfín de familiares.

 Ha ocurrido y algunos de los que se carcajearon tanto hoy entran y salen de los tribunales. En el menos ambiguo de los casos, se produjo una reproducción de sistemas administrativos que ya eran obsoletos, una mímesis absurda y muy cara.

 El intríngulis de la administración autonómica, como no lo atribuyamos a una enrevesada voluntad política, ha incidido también en el endeudamiento, bastante al margen de la atribución victimista de todos los males al gobierno central.  (...)

En Cataluña, cuando se reclaman estructuras propias de un Estado, quizás se posterga la opción de reformas administrativas que han sido objeto de demora desde las primeras transferencias, fruto de la redistribución territorial del Estado, hasta prácticamente ahora. 

Un método aconsejable para la administración de lo público es la eficacia y la transparencia. Un método muy distinto se ciñe todavía a la identidad ultrajada. Las instituciones requieren algo más, sobre todo credibilidad, gobierne quien gobierne. En el fondo, tal vez sea más fácil añorar la irrealidad de un Estado propio que administrar la vulgar y cruda realidad de todos los días."          ( , El País,  10 MAR 2013)

24/10/12

Y de repente, Cataluña ‘invadió’ Aragón

"El Ministerio de Fomento otorga a la Generalidad la capacidad de controlar el urbanismo y los procesos de concesión de licencias para actividades empresariales de una docena de poblaciones de Huesca que son colindantes con el Aeropuerto de Lérida-Alguaire. 
 
El Partido Aragonés (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA) han puesto el grito en el cielo, y nunca mejor dicho, por la invasión de facultades decisorias de los gestores del Aeropuerto de Lérida y la Generalidad de Cataluña en poblaciones de Aragón. Así queda recogido en el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lérida-Alguaire.

El Ministerio de Fomento ha dado competencia a la Generalidad para decidir sobre el urbanismo y los procesos de concesión de licencias para actividades empresariales en una docena de municipios de Aragón colindantes con el Aeropuerto de Lérida al incluirlos como ‘servidumbre’ del aeródromo.

Las localidades oscenses de Albelda, Alcampell, Algayón, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteban, Litera y Valcarca tendrán controlado su urbanismo por la Generalidad, en base a que es de esta administración quien depende esta competencia del Aeropuerto ilerdense.

El Ministerio de Fomento, que llegó a incluir en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes estas localidades como parte de la provincia de Lérida, error corregido el sábado, ha determinado que el Gobierno autonómico de Aragón no tenga ninguna capacidad de intervenir en las ‘servidumbres’ aeronáuticas que desde este martes afectan a los municipios citados de Huesca.

Informe preceptivo de la Generalidad

Ante esta norma, aprobada por el departamento de Ana Pastor (PP), tanto el PAR como la Chunta han exigido al Gobierno que modifique el decreto para que la Generalidad de Cataluña no tenga competencias sobre el territorio aragonés, y estas pasen al Gobierno autonómico de Aragón.

Estas dos formaciones de ámbito autonómico no comprenden lo que de momento consideran un error y que consiste en que ni los ayuntamientos citados ni el Gobierno autonómico de Aragón puedan ser decisorios en la autorización de construcciones, instalaciones o plantaciones sin la resolución favorable del Ministerio de Fomento -a través de la Dirección General de Aviación Civil- y que el informe previo preceptivo necesite el visto bueno de la Generalidad.
 
El presidente intercomarcal del PAR en el Alto Aragón, Joaquín Serrano, ha anunciado que su formación no parará hasta que se corrijan “por completo los errores” del decreto. Serrano ha recordado que, con la norma aprobada, en las poblaciones afectadas “no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad“, sin el permiso de la Generalidad.

Los PGOU de las poblaciones oscenses estarán controlados por la Generalidad

Además, el dirigente del PAR ha señalado que ”a estas servidumbres les son aplicables las disposiciones sobre expropiación forzosa, en particular, las relativas a la condición de beneficiarios”, que dependerán de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad, controlando, por lo tanto, los programas generales de ordenación urbana (PGOU) de las poblaciones oscenses."        (lavozdebarcelona, 23/10/2012)

4/5/11

"Un Estado políticamente descentralizado no puede cumplir sus obligaciones si no utiliza mecanismos de cooperación verticales y horizontales"

"Entre muchas otras actividades relacionadas con la prevención de la enfermedad y la promoción de unas condiciones de vida saludables, el complejo sistema español de salud pública vigila y cuida cotidianamente qué respiramos, bebemos y comemos los más de 46 millones de habitantes -la inmensa mayoría, sanos- de España, además de millones de visitantes.

Los calendarios de vacunación infantil, la seguridad alimentaria y vial, la prevención de riesgos laborales y la inspección de las condiciones de trabajo, la regulación del tabaquismo y otras adicciones, el control de la contaminación atmosférica o la gestión del riesgo químico son ejemplos de procesos cuya naturaleza, dinámica social e influencia sobre nuestra integridad física y bienestar exigen la cooperación de todos los órganos del Estado.

Fortalecer la cooperación vertical y horizontal no solo pretende hallar economías de escala. Se trata además de dar respuesta a riesgos que operan en amplias escalas geográficas, temporales o económicas; a menudo, más allá de una comunidad autónoma. (...)

Si dotásemos a las instituciones del Estado (todas: centrales, autonómicas, municipales) de recursos suficientes y mejorásemos sus mecanismos de colaboración facilitaríamos la aplicación de políticas de salud enérgicas, particularmente urgentes en áreas en las que el sistema presenta desgarros que dejan inermes a millones de ciudadanos.

La protección ante los riesgos químicos derivados de la alimentación, el medio ambiente y las condiciones de trabajo es el ejemplo más flagrante.

Naturalmente, la cuestión de la cooperación de las comunidades autónomas es también relevante en otras políticas públicas que son interdependientes y transversales a diversas CC AA.

Hoy, un Estado políticamente descentralizado no puede cumplir eficientemente con sus obligaciones si no utiliza mecanismos de cooperación verticales y horizontales. Idea plenamente coherente con otras, como la resumida en la metáfora de la red -"todas las instituciones del Estado deben trabajar en red..."-, o en la propuesta de políticas sistémicas (debemos integrar a la salud en todas las políticas).

Y tan necesario es el respeto del orden competencial como que unos y otros órganos dispongan de recursos para ejercer sus atribuciones. (...)

Hoy buena parte de esta cooperación parece ejercerse por vías informales; y ello aunque quizá la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud sea uno de los órganos del Estado del que más cooperación socialmente eficiente surge.

Los protagonistas de ella prefieren actuar en marcos poco formalizados. Pero esa informalidad puede plantear problemas -por ejemplo, de seguridad jurídica y de eficacia- que una Agencia resolvería. Para ser eficiente la cooperación necesita un marco institucional sólido. " (MIQUEL PORTA Y XAVIER ARBÓS: La salud pública exige más cooperación. El País, 03/05/2011, p. 37)

Comentario:

O sea, necesitamos una organización como el Sistema Nacional de Trasplantes, aplicado a toda la sanidad, para evitar las duplicidades y desigualdades en la atención médica que se dan hoy día, según dan a entender los autores.

20/10/10

"La causa de la deuda catalana es el expolio fiscal"... ¿Y la de la deuda de Madrid?

"El diario británico indicaba básicamente en su informe que las comunidades autónomas no estaban dispuestas a colaborar en una política económica de restricción del gasto, y se refería, como una demostración de este hecho, a lo que considera como unas administraciones públicas desproporcionadamente grandes.

El colectivo Emma, antes de entrar en su réplica, afirma que "compartimos la denuncia del Financial Times de la tendencia a crear sectores públicos enormes en todas las regiones, incluyendo Catalunya. Dicho esto, nos parece injusto destacar sólo el caso catalán, ya que tiene un número de funcionarios significativamente muy inferior que otras regiones".

También se habla del déficit fiscal -el "expolio fiscal"-, y se afirma que "si los catalanes tuvieran la oportunidad de dedicar una parte sustancial de su dinero a sus propias necesidades, el déficit podría ser fácilmente cuadrado, y en muy poco tiempo. Esto, más que cualquier otra cosa, explica las dificultades actuales en Catalunya, y también señala el camino hacia su solución". (e-noticìes, 19/10/2010)

Comentario: ¡Pobres trabajadores catalanes! Expoliados por los trabajadores gallegos... que lo único que tenían que hacer era comprar produductos catalanes... y no pedir pensiones a cambio, para esos subsidiados campesinos de Lugo, culpables directos del expolio fiscal catalán.

Y del expolio madrileño... se ve que los gallegos le hemos cojido gusto a esto de expoliar. ¡Mira tú! Somos los grandes expoliadores... algo es algo.

29/7/10

La multipicación... de las administraciones

"Josep M. Fàbregas, periodista, el 27 de julio de 2010 en su blog.

‘[...] En una primera fase se crearán 4 veguerías: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, que sustituirán a las actuales provincias. Después de las modificaciones necesarias en Madrid, estas cuatro veguerías se subdividirán para crear tres más: Cataluña Central, Tierras del Ebro y Alto Pirineo y Arán.

De esta forma, Cataluña dispondrá de siete administraciones públicas más que se sumarán, mientras no desaparezcan, a las 4 Diputaciones provinciales actuales (que también podrían crecer si Madrid, para hacerlo fácil, decide considerar provincias a las nuevas veguerías).

Por si esto no fuera poco, los catalanes tenemos la satisfacción patriótica de estar pagando desde hace años un total de 41 consejos comarcales, así como 946 ayuntamientos. Esto, a parte de la Generalidad, con sus subdelegaciones territoriales, y la Delegación del gobierno central en Cataluña.

Somos, probablemente, el país del mundo con más número de administraciones territoriales por metro cuadrado. Un récord que solo servirá para salir en el Guinness’." (lavozdebarcelona.com, 28/07/2010)