"El independentismo ha crecido con multitud de eslóganes que han calado en el imaginario colectivo en Cataluña.
Son conceptos como “derecho a decidir”, un eufemismo de la
autodeterminación, o “Estado autoritario”, una de las coletillas
habituales del nacionalismo catalán para indicar que España, en su
opinión, no es una democracia. Los números mágicos también han sido
recurrentes en su propaganda. La última cifra fetiche son los “3.000
represaliados” que la Generalitat pide que el Gobierno amnistíe.
Los
números del independentismo suelen ser redondos e impactantes: dos
millones de personas se manifestaron en las diadas de Cataluña de 2012 y
2015, según los organizadores, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y
Òmnium Cultural; la independencia se conseguiría en 18 meses, prometían
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la desaparecida Convergència
en las elecciones autonómicas de 2015; 1.000 heridos, afirma la
Generalitat, provocaron los policías antidisturbios que el 1 de octubre
de 2017 intentaron requisar urnas del referéndum ilegal de
autodeterminación. El nuevo número que aparece periódicamente en boca de
los políticos independentistas serían los “3.000 represaliados” por el
Estado en más de un centenar de causas judiciales. Pero esa cifra no se
corresponde con la realidad.
ERC, Junts y la CUP presentaron el pasado marzo una propuesta de ley de amnistía.
El texto, rechazado por la mesa del Congreso, aseguraba: “En noviembre
de 2020 había más de 2.800 personas que han estado o continúan
encausadas por algún delito que se deriva de la participación en actos
relacionados con el 9-N [la primera consulta ilegal sobre la
independencia, de 2014], el referéndum de 2017 o las movilizaciones y
protestas ciudadanas de respuesta a la represión”.
En la presentación de
la propuesta de ley, la diputada de ERC Montse Bassa (hermana de la
exconsejera condenada en el juicio del procés Dolors Bassa) elevó
a 3.000 los potenciales beneficiarios de la medida de gracia: “La
respuesta del Estado español a un ejercicio de desobediencia civil y
pacífica de más de dos millones de personas ha sido muy grave.
Nueve
personas en prisión, más en el exilio y 3.000 personas perseguidas
judicialmente”, dijo. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi
Puigneró, comentó el pasado junio en TV3 que “la amnistía sería la
solución negociada para el conjunto de los represaliados”. “Quiero
recordar que tenemos a más de 3.000 personas perseguidas en Cataluña”,
afirmó Puigneró. Se trata además de la propuesta que la Generalitat
llevará a la mesa de diálogo entre ambos Gobiernos, que se celebrará en
septiembre, según ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la
Generalitat, Pere Aragonès.
Sin causa judicial abierta
Pese
a estas palabras, el perdón general que reclaman los independentistas
es imposible porque —según el recuento que aporta Òmnium— la mayoría
serían ciudadanos sobre los que no recae ninguna condena o causa
judicial abierta.
Entre los 3.300 “represaliados” a amnistiar están incluidos:
1.080 personas que según la Generalitat sufrieron lesiones durante el
1-0 por la acción policial (una cifra que está en sí misma en
discusión); unos 425 heridos en 2019, también según la Generalitat, por
cargas policiales durante las semanas de altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en octubre de 2019 a los dirigentes del procés;
y la entidad suma igualmente a la lista a más de 700 alcaldes
denunciados por su colaboración en los preparativos del referéndum
ilegal, denuncias que no prosperaron.
El número de
personas condenadas en procesos vinculados a la carrera independentista
son 44, según Òmnium. Además, indica la entidad, hay seis personas
huidas al extranjero para evitar a la justicia española. La entidad
secesionista —que preside uno de los condenados y posteriormente
indultados, Jordi Cuixart— contabiliza también a más de 56 investigados
por el Tribunal de Cuentas, a 31 altos cargos del Ejecutivo catalán
vinculados a la organización del 1-O y, sobre todo, sostiene que hay más
de mil denunciados a raíz de las manifestaciones de protesta
posteriores a la sentencia del Supremo de 2019 que terminaron en actos
de vandalismo en la capital catalana y otras poblaciones.
Al margen de la veracidad de estas cifras, ¿se puede hablar de
“represaliados”? Los partidos independentistas no tienen ninguna duda:
los 3.300 han visto vulnerados sus derechos fundamentales, incluso
aquellos que tienen denuncias por quemar mobiliario urbano, los que
ocuparon el aeropuerto de El Prat, la autopista AP-7 o la frontera
francesa en La Jonquera. Salvador Illa, presidente del grupo
parlamentario del Partit dels Socialistes de Catalunya, manifestó el
pasado junio que no está de acuerdo: “No me gusta que se hable de
represaliados.
Somos gente adulta, ya sabían qué se hacían si se
saltaban la ley”, afirmó. Amnistía Internacional (AI) no quiere valorar
si el uso del término “represaliados” es correcto en este caso y si la
cifra es precisa. Eduard Martínez, responsable de relaciones
institucionales de AI en Cataluña, afirma que ellos se han centrado
“únicamente en los casos vinculados al ejercicio pacífico de los
derechos humanos”. “Entre otros”, dice Martínez, “el procesamiento y
condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por delitos de sedición, y las
víctimas de uso excesivo de la fuerza en el referéndum 1-O y en las
manifestaciones postsentencia de octubre de 2019”.
Miguel Capuz, antiguo vicepresidente de la Sección Penal del
Colegio de Abogados de Barcelona, niega que se trate de víctimas de un
sistema represivo: “En España contamos con muchísimos derechos, pero si
cortas una carretera, si tiras piedras a la policía o impides su acción,
no puedes esperar que no tenga consecuencias”, dice. El abogado
penalista Marc Molins tampoco está de acuerdo con este uso: “El concepto
represaliado implica una carga de valor que no comparto. Como
represalia se entiende un castigo sin fundamento. Aquí hay
procedimientos judiciales con derechos y en el que impera la presunción
de inocencia”.
La cifra de los heridos
Molins
considera que la lista de los 3.300 “es demasiado heterogénea como para
que el derecho la pueda valorar de forma unívoca”. Capuz es escéptico
sobre la cifra, y sobre todo duda de la veracidad de que más de mil
personas resultaran heridas en la jornada del 1-O. “Por ley, un parte
médico por agresión tiene que ser enviado a un juzgado de guardia. Y si
aquel día los juzgados de guardia hubieran recibido tantos partes, se
sabría”, señala. El departamento de prensa del Tribunal de Justicia de
Cataluña precisa que solo los diagnósticos con lesiones graves deben
transmitirse al juzgado de guardia, y que no pueden realizarse recuentos
precisos.
La campaña de Òmnium a favor de la amnistía
está acompañada por un manifiesto firmado por 180 personalidades. Carles
Campuzano, exlíder en el Congreso de la desaparecida Convergència i
Unió (CiU) y uno de los firmantes del texto, baraja la posibilidad de
que los que plantean que la amnistía recaiga en personas sin condenas ni
causas judiciales abiertas busquen en realidad algún tipo de
reparación, moral o material. “Lo importante”, defiende Campuzano, “es
que es necesaria una ley de amnistía porque lo sucedido no es un
problema de orden público sino resultado de un conflicto político que el
Estado quiso judicializar”.
Otra de las firmantes, Gemma
Ubasart, exlíder de Podemos en Cataluña y profesora de Ciencia Política
en la Universidad de Girona, opina que el perdón general es necesario,
aunque se trate de personas acusadas de vandalismo o de agredir a la
policía: “Una amnistía es una decisión política, no judicial, para
solucionar un conflicto político. En un contexto de desescalada del
conflicto, también hay que contemplar los delitos de orden público que
pueden ser inevitables como reacción a una extralimitación judicial y
policial”, sostiene.
La viabilidad de una ley de amnistía en el marco constitucional actual
genera un intenso debate, incluso en el propio Gobierno: mientras que el
PSOE está en contra y considera que requeriría reformar la Ley
Fundamental, Podemos defiende que sí es posible. Ubasart cree que una
ley de amnistía puede ser una opción, pero no la única, porque el
Gobierno, dice, podría encontrar mecanismos de exculpación para una
lista pormenorizada de posibles beneficiados." (Cristian Segura, El País, 26/07/21)