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19/11/21

Las contradicciones de la izquierda confederal. Lo que no vale es defender la retórica insolidaria de las balanzas fiscales en Cataluña y sorprenderse cuando la muy autonomista Ayuso defiende llevar hasta las últimas consecuencias el marco competencial de las comunidades autónomas... Ya advirtieron Piketty o Zucman, economistas serios de izquierdas, que un sistema fiscal descentralizado con transferencias a regiones y autonomías aboca a la competencia entre las mismas (siempre a la baja) y a la consiguiente derogación de facto de los impuestos más progresivos

 "Critica nuestra izquierda oficial a Ayuso porque aprovecha la capacidad fiscal que tienen las Comunidades Autónomas para eliminar impuestos propios y bajar el tramo autonómico del IRPF. 

Sin embargo, durante muchos años se sacralizó el Estado de las Autonomías como la panacea progresista. Cualquier conato de duda ante el vaciamiento competencial del Estado central se contemplaba como un rancio ejercicio de centralismo casposo y casi franquista. ¿Cómo explicar la sorpresa ahora ante la política de la presidenta autonómica de Madrid?

En el culmen del despropósito, el lehendakari Urkullu expresa su preocupación por la competencia fiscal a la baja del PP en Madrid. Acto seguido, pasa a defender el régimen fiscal especial que supone el concierto económico vasco (defensa en la que coincide con el PP, por cierto). 
 
El argumento es claro: como nosotros lo negociamos, es razonable que dispongamos de un estatuto privilegiado frente a los demás. Del nacionalismo no se puede esperar mucho más que la vindicación del privilegio. Sorprende algo más de una supuesta izquierda que, ya muy lejos del socialismo y la igualdad, se abraza a inercias neo-feudales.
 
 Si asombra el compromiso de esta extraña izquierda con un sistema fiscal privilegiado que se justifica por la escalofriante razón de unos supuestos derechos históricos de los territorios forales –los que también afectan a Navarra, que dispone de otro artilugio igualmente insolidario como es el convenio navarro– aún causa mayor estupor la total emancipación respecto al principio de contradicción. Concreción práctica: no importa absolutamente nada conciliar en un intervalo de minutos la crítica a la competencia fiscal autonómica que propulsa Ayuso con la defensa a ultranza de dos regímenes fiscales diferenciados y privilegiados como el concierto y el convenio.
 
En una reciente tertulia nacional, un periodista y un político supuestamente de izquierdas defendían el concierto económico con el más triste argumento: fue negociado con el Estado por dichas regiones, aprovechando un momento de debilidad. Se daba carta de naturaleza progresista a la lógica de la extorsión competencial: si una parte ha conseguido algo en un momento de debilidad del todo, bienvenida sea esa conquista, caiga quien caiga y aunque caiga la igualdad. Aunque se suela confundir con los viejos fueros medievales, el concierto económico vasco es un apaño decimonónico alumbrado tras la tercera guerra carlista por las elites de la Restauración. Una compensación por la eliminación de dichos fueros que institucionalizó un trato diferencial para acomodar a los vestigios del carlismo y cuyos efluvios insolidarios sufrimos a día de hoy.
 
 Gracias al concierto económico y al convenio, País Vasco y Navarra no contribuyen a la financiación común de los servicios públicos en el conjunto de España. La redistribución salta por los aires cuando se permiten sendos regímenes bilaterales que excluyen a dos regiones eminentemente ricas del sistema fiscal común y, por tanto, de la redistribución con el conjunto de los españoles.
 
 Más allá de conciertos, convenios y fundamentaciones impresentables para cualquier persona con una firme convicción igualitaria –como aquella que apunta a la legitimidad del privilegio si el privilegiado es suficientemente audaz para negociarlo aún a costa del bienestar y los derechos de los demás; o esa otra que directamente apunta a unos derechos históricos de los territorios forales que justificarían cualquier trato de favor–es obvio que tenemos un problema con la descentralización, también en materia fiscal. Aborrezco la política de competencia alocada entre regiones que permite a las regiones más ricas encontrar mecanismos de atracción de grandes patrimonios y fortunas para la deslocalización interna. 
 
Es lo que ocurre con numerosas sociedades que se marcharon de Burgos o La Rioja para instalarse en el País Vasco y es también lo que ha acontecido en Madrid con la bonificación completa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, lo que ha promocionado que grandes fortunas y patrimonios hayan encontrado acogida en un entorno fiscalmente laxo.
 
Habrá quien defienda la competencia fiscal como generadora de incentivos internos para la creación de riqueza. A mi juicio, salen gravemente perjudicadas la redistribución y la igualdad. Sería muy razonable que los partidos que teóricamente ocupan la izquierda parlamentaria defendieran los citados impuestos, de corte eminentemente progresivo, pero lo que no tiene ningún sentido es que lo hagan en el plano teórico, al mismo tiempo que dan el visto bueno a su descentralización normativa, por extraños complejos que asimilan la centralización competencial a la rancia derecha carpetovetónica que tritura la diversidad.
 
 En el caso que nos ocupa, los tipos impositivos en España son muy diversos y no por ello estamos ante una buena noticia, al menos si nos tomamos en serio la redistribución. Que liberales como Daniel Lacalle defiendan que «el cupo no es el problema, sino la solución para la financiación autonómica» es algo perfectamente comprensible para esa tendencia política. Lo que no tiene mucho sentido es que la izquierda haya patrocinado durante años cosas muy similares. Así, el principio de ordinalidad o, en su versión más rudimentaria, la célebre proclama de Montilla de que «el dinero de los catalanes debe quedarse en Cataluña».
 
Ya advirtieron Piketty o Zucman, economistas serios de izquierdas, que un sistema fiscal descentralizado con transferencias a regiones y autonomías aboca a la competencia entre las mismas (siempre a la baja) y a la consiguiente derogación de facto de los impuestos más progresivos. En España, la descentralización fiscal ha superado a la de los propios Estados federales: ahí está el caso del tramo autonómico del IRPF o de las transferencias en impuestos especiales.
 
Lo que no vale es defender la retórica insolidaria de las balanzas fiscales en Cataluña y sorprenderse cuando la muy autonomista Ayuso defiende llevar hasta las últimas consecuencias el marco competencial de la CCAA. O criticar una agresiva competencia fiscal autonómica y defender al mismo tiempo el concierto económico y el convenio navarro como modelos perfectamente compatibles con la solidaridad interterritorial, cuando son su total negación. 
Desde las antípodas de la política fiscal de Ayuso, tenemos la obligación de denunciar su modelo, al tiempo que criticamos con idéntica contundencia las contracciones insalvables de nuestra izquierda confederal. La única forma de garantizar un sistema fiscal verdaderamente progresivo es recuperar la capacidad normativa de todos los impuestos para el Estado central y no volver a transferirla jamás." 
                     
(Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino, El Debate, 11/11/21)

10/11/21

Urkullu, el del concierto, se queja de que Madrid se lleva a los vascos más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga! ¡Y pide que se limite la autonomía de Madrid! Urkullu y Aragnés piden a Hacienda que elabore ya una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización... El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos... cousas veredes, pues fueron los nacionalistas vascos y catalanes los que con sus peticiones crearon el sistema autonómico

 "El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos. Pero la reforma es cada vez más urgente. Hay muchas propuestas y los académicos han llegado a consensuar tanto el diagnóstico como las posibles recetas. Las decisiones, sin embargo, las toman los dirigentes políticos y no es el mejor momento para abordar, por ejemplo, una reforma constitucional. En todo caso, tampoco es estrictamente necesaria para solucionar algunas graves disfunciones como la financiación de las comunidades autónomas o los agujeros que presenta el sistema fiscal.

La gran paradoja es que los dos presidentes de las dos comunidades históricas por las que se organizó, de hecho, el Estado de las autonomías, el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, piden a gritos que el Estado actúe. Para proteger sus propios intereses necesitan que el Gobierno central se implique y tome decisiones atrevidas en beneficio del conjunto. ¿Por qué? Pues, y la paradoja aumenta en intensidad, porque una comunidad, Madrid, ha decidido tomarse en serio el federalismo fiscal y como en su momento el ministro de Economía, Pedro Solbes, no quiso saber nada acerca de posibles armonizaciones fiscales, ha tomado una vía directa para captar inversiones y personas físicas con patrimonio.

La importancia de esa política ha alcanzado tal dimensión que Urkullu ha pedido que se limite la propia autonomía de Madrid. Resulta que en el País Vasco son las diputaciones forales las que recaudan impuestos y las que compiten, incluso entre ellas, para bajar tasas y porcentajes. El hecho diferencial con el resto de españoles lo marca el Concierto Económico, un sistema perverso, no por su propia naturaleza --aunque también para muchos expertos-- sino por el sistema de cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado es mucho menor de lo que correspondería y se trata de un precio “político”. Pues bien, Urkullu, a pesar de esas circunstancias favorables, se queja de que Madrid se lleva a los vascos y vascas más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga!

En el caso de Aragonès la petición no es tan directa. Es más compleja. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la rebaja del IRPF en las rentas más bajas, una medida que la Generalitat aprobó en 2020. El argumento del Constitucional, como ha ocurrido con otras decisiones del Govern, es que el Ejecutivo catalán invade competencias que no le corresponden. 

Si esa interpretación jurídica se mantiene, al Govern de Aragonès no le quedará más remedio que hacer como Urkullu y reclamar que se repartan de nuevo las cartas: fijar un mínimo y un máximo en determinados impuestos, y que cada autonomía juegue con un cierto margen en impuestos como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, aunque también podría decidir la supresión directa de ese último impuesto.

 Las comunidades se están organizando y cooperan, por primera vez, en función de sus intereses: las más pobladas o las que tienen una mayor dispersión de habitantes se unen para buscar estrategias conjuntas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación. El presidente valenciano, Ximo Puig, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de partidos distintos, se apoyan mutuamente. Y el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, está al lado de Castilla-León, con problemas similares: población envejecida y dispersa en el territorio.

Urkullu no tiene nada que ver en esa negociación, porque ya tiene el Concierto Vasco, y Pere Aragonès ha decidido que no estará presente en ninguna batalla múltiple. Pero los dos se pueden ver claramente afectados y piden --no se atreven a expresarlo de forma tan clara y directa-- que los expertos que ha convocado el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elaboren ya y cuanto antes una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización que supuso el Estado de las autonomías. Así que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otras y otros dirigentes del PP que gobernaron la Comunidad de Madrid, deberían dar las gracias a los viejos dirigentes nacionalistas vascos y catalanes que, con sus peticiones en la Transición, provocaron el actual Estado de las autonomías. ¡Que cosas!"               (Manel Manchón, Crónica Global, 09/11/21)

8/11/21

Urkullu acusa a Madrid de convertirse en un paraiso fiscal... Ayuso acusa al País Vasco de régimen fiscal a la carta con toda clase de privilegios... y los gallegos (y los andaluces, y los castellanos) decimos a ver cuando podemos robar a los vascos y a los madrileños... con el impuesto de sociedades, como los vascos... o con el IRPF, como los madrileños

 "El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su preocupación por el "dumping fiscal" que se plantea desde la comunidad de Madrid con sus rebajas de impuestos y porque se pueda convertir a "determinadas comunidades en paraísos fiscales", informó Europa Press. 

Urkullu ha realizado estas manifestaciones en el marco del Forum Europa-Tribuna Euskadi, en relación a las medidas adoptadas en Madrid en materia de fiscalidad, como la rebaja fiscal del IRPF, que supone la reducción de 0,5 puntos de cada uno de los tramos autonómicos, así como la supresión de todos los impuestos propios de la región.(...)"               (Infolibre, 05/11/21)

"Ayuso contesta a Urkullu sobre el 'dumping fiscal' de Madrid: "Nos miran con envidia y nos critican con agravio"

 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que cuando les empiezan a ir "peor las cosas" les miran "con envidia" y les critican "con agravio". (...)

"Hoy decía el lehendakari Urkullu que nosotros hacíamos 'dumping fiscal', no hay comentario al respecto teniendo en cuenta que es una comunidad autónoma (País Vasco) que tiene un régimen fiscal a la carta, con toda suerte de privilegios", ha declarado en un acto con alcaldes y portavoces del PP de los municipios de la Zona 10 de la Comunidad. (...)"               (InfoLibre, 05/11/21)

"Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. 

Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial"   (Ojeadoelestadodeelpais, 10/12/20)

"El debate sobre los efectos de las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid: la capacidad de subir o bajar tributos propios es parte fundamental del principio de autonomía. 

¿Se imaginan qué diría ERC en caso de que el Gobierno español intentara limitar la política fiscal de la Generalitat? La auténtica disfunción del modelo autonómico es la excepción vasca y navarra, que quiebra por la base el principio constitucional de solidaridad entre españoles... la aportación vasca a la solidaridad interterritorial es la irrisoria cifra de 27 millones anuales..."                 (Ojeadoelestadodeelpais, 04/12/20)

19/10/21

La lógica de los ricos tiene su coña... ¡Ayuso, Junqueras y Puigdemont... la misma cosa son!... ¡Madritt nos roba! Gritan los nacionalistas catalanes... ¡Todos roban a Madrid! Dicen los nacionalistas madrileños... Variedades del grito por antonomasia... ¡Los pobres nos roban! El de los cayetanos catalanes o madrileños

 "¿Roba Sánchez a Madrid con los Presupuestos como dice Ayuso?

(...)  “Hemos pasado del lema de los independentistas de ‘España nos roba’, que era una farsa, a ‘robar a Madrid’. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad”. 

Así se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea de Madrid refiriéndose al reparto de inversión territorial de los Presupuestos que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Unas cuentas que dejan para la región presidida por Ayuso un total de 1.151,46 millones de euros, lo que supone un 8,9% del total de inversión territorial.  

“Destrozar Madrid es destrozar España, la izquierda da por perdida Madrid y por tanto lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de forma muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid”, dijo horas antes la propia Ayuso, nada más conocer el reparto.

Pero, ¿qué hay de cierto en las quejas de Ayuso? ¿Roba el Gobierno a Madrid? ¿Hay un agravio por parte de Sánchez hacia los madrileños?

Los datos no le dan la razón a la presidenta autonómica, cuya queja viene derivada de que los Presupuestos de 2022 dejarán en su región un 1,4% menos que en 2021, cuando la inversión fue de 1.250 millones.

Un dato completamente cierto que, sin embargo, contrasta con la inversión que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, que únicamente en 2018 invirtió más en la región madrileña de lo que lo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó al poder.

De hecho, en 2014 y 2015 la inversión no llegó a los mil millones, superándolos por poco en 2016 y 2017.

No se escuchó entonces a nadie del PP acusar a Rajoy de “robar” a Madrid.

Algo que ya se ha encargado de recordar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta dos veces en las últimas 24 horas ante las quejas de la presidenta madrileña. 

Montero ha tirado de los datos del Gobierno de Rajoy para afirmar que durante el Ejecutivo de Sánchez se ha invertido, según sus cálculos, un 42% más de lo que lo hizo el PP en sus últimos años en La Moncloa. 

“Si se entiende ahora que no hay un tratamiento justo, ¿qué dirían de los años de Rajoy?”, ha dicho la ministra.  (...)"                (Pablo Machuca, HuffPost, 15/10/21)

13/5/21

La OCDE apuesta por una armonización fiscal entre autonomías... para evitar el paraíso fiscal vasco o madrileño

 "Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. 

Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. 

En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial"      (Nacionalismo de andar por casa, 10/12/20)

"La OCDE expresó ayer su respaldo a la política fiscal del Gobierno. 

“Se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o patrimonio que podrían promover la migración [cambio de residencia fiscal]”.

Así se expresó Sarah Perrett, economista de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y principal autora de un estudio publicado ayer titulado Inheritance Taxation in OECD Countries , tras ser preguntada por este diario sobre el caso de la singularidad del régimen fiscal de la Comunidad de Madrid.

La institución con sede en París, tras examinar las peculiaridades tributarias de la capital, recomienda una armonización fiscal en España. Su informe recoge en la página 57 una investigación de finales del pasado mes de noviembre que ya adelantó este diario en exclusiva. En concreto, el organismo cita la investigación elaborada por los economistas David Agrawal (Universidad de Kentucky), Dirk Foremny (Universidad de Barcelona) y Clara Martínez-Toledano (Escuela de Negocios de Columbia) publicada por el IEB (Institut d’Economia de Barcelona).

 “En España, Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano (2020) encuentran evidencia de personas adineradas que acudieron en masa a Madrid tras la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio neto en 2011, siendo Madrid un paraíso fiscal interno con un tipo impositivo del 0%.[Los autores] han encontrado que cinco años después de la reforma el stock de personas adineradas en la región de Madrid aumentó en un 10% en relación con otras regiones”, señala la OCDE al mencionar el trabajo.

 “Solo estamos citando un estudio que discute el tema o las diferencias regionales, y esto no refleja ninguna opinión por parte de la OCDE de que Madrid sea un paraíso fiscal”, precisa Sarah Perret. Para luego añadir: “El punto que se destaca es que cuando estos tipos de impuestos son regionales, los riesgos de que se produzca una migración motivada por los impuestos se vuelven mayores. Para ello, se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o el patrimonio que podrían promover la migración”.  (...)

En realidad, la OCDE, tal como explica Perrett, recoge el caso madrileño para explicar cómo el contribuyente es sensible a ciertas figuras tributarias, como por ejemplo el impuesto sobre la renta o de patrimonio, a la hora de decidir si traslada su residencia fiscal por motivos de conveniencia fiscal. De ahí que considere conveniente una homologación territorial.

En cambio, para esta institución, un impuesto de sucesiones no causaría este tipo de desplazamientos. Es una de las razones por las que aboga para intervenir con esta figura fiscal que considera no causaría distorsiones. El problema es que, a diferencia de otras autonomías como Catalunya o Andalucía, la Comunidad de Madrid tampoco la aplica al tener una bonificación del 100%. Al respecto, la organización recuerda que, en términos generales, “estas generosas exenciones fiscales benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones”.                (Piergiorgio M. Sandr, La Vanguardia, 12/05/21)

10/12/20

Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial

 "Que en el acuerdo de ERC con el Gobierno para apoyar los Presupuestos se incluya el compromiso de acabar con el "dumping fiscal" que practica la Comunidad de Madrid, a la que Rufián calificó de "paraíso fiscal de facto", es una demagógica forma de plantear un debate por otro lado necesario.

La conveniencia de armonizar, que no de igualar, algunos tributos cedidos a las autonomías, particularmente Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, no es algo nuevo. En 2017, un estudio encargado por el Gobierno de Rajoy para revisar la financiación autonómica ya recomendó el establecimiento de un mínimo exento igual en toda España para Patrimonio, así como introducir unos niveles mínimos de tributación para Sucesiones y Donaciones con el fin de impedir que la competencia entre territorios condujera a su práctica desaparición.

 Las políticas fiscales no son neutras, bajar o subir impuestos tiene consecuencias que no repercuten a todos por igual. Antes que un debate territorial, constituye un eje de división social e ideológica. La fiscalidad que el PP viene desarrollando en Madrid favorece a las rentas altas y castiga a los sectores populares y clases medias que tienen unos servicios públicos, como sanidad o educación, mal financiados, eso sin hablar de la intolerable pobreza que existe en un territorio que genera mucha riqueza. El Gobierno de Díaz Ayuso renuncia cada año a unos 4.100 millones con sus bonificaciones en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y, a cambio, logra que grandes contribuyentes trasladen su domicilio desde otras comunidades, de forma real o ficticia. Es cierto que la Comunidad incrementa la recaudación en IRPF, se calcula que entre 400 y 600 millones gracias a la atracción de altos ejecutivos, pero, hechas las cuentas, la mayoría de los madrileños salen perdiendo.

Polarizar el debate fiscal entre Madrid y Cataluña es envenenarlo con bajas pasiones. Curiosamente, los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a la Comunidad con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. La financiación autonómica por habitante de Madrid y Cataluña es la misma y todo depende de las prioridades y la buena o mala gestión de sus gobiernos. En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles. Sería muy bueno armonizar algunos impuestos hacia arriba en las autonomías de régimen común, pero no nos olvidemos de que las únicas comunidades que utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial son las forales."                     (Joaquim Coll, 20Minutos, 01/12/20)

4/12/20

El debate sobre los efectos de las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid: la capacidad de subir o bajar tributos propios es parte fundamental del principio de autonomía. ¿Se imaginan qué diría ERC en caso de que el Gobierno español intentara limitar la política fiscal de la Generalitat? La auténtica disfunción del modelo autonómico es la excepción vasca y navarra, que quiebra por la base el principio constitucional de solidaridad entre españoles... la aportación vasca a la solidaridad interterritorial es la irrisoria cifra de 27 millones anuales...

 "En el debate sobre los efectos de las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid llama la atención dos cosas. Primero, que se plantee como un nuevo agravio territorial  por parte de partidos soberanistas cuando la capacidad de subir o bajar tributos propios es parte fundamental del principio de autonomía.

 ¿Se imaginan qué diría ERC en caso de que el Gobierno español intentara limitar la política fiscal de la Generalitat? Y, segundo, que se esconda que la auténtica disfunción del modelo autonómico es la excepción vasca y navarra, que quiebra por la base el principio constitucional de solidaridad entre españoles. Recordemos que con la renovación de la ley del cupo vasco en el 2017, la aportación de esta comunidad a la solidaridad interterritorial es la irrisoria cifra de 27 millones anuales. 

El nuevo mantra nacionalista tras el fracaso del 'procés' es que la capital de España practica la “competencia desleal” y que se beneficia de un proceso de recentralización cuando la realidad es que si Madrid ha ganado posiciones como el centro económico que no fue durante el franquismo es porque lo ha hecho mucho mejor, mientras Catalunya se ha vuelto menos atractiva. 

Ahora bien, ¿qué hay de verdad en esa crítica de 'dumping' fiscal? En Madrid nadie paga por patrimonio y el impuesto de sucesiones de testimonial. El sistema de financiación permite también a las autonomías variar el mínimo y el máximo en el 50% cedido por el Estado del IRPF, aunque sin poder alterar su carácter progresivo.

En Madrid como consecuencia de esas políticas es donde pobres y ricos pagan menos. Los primeros tributan al 17,5% y los segundos al 43%, mientras en Catalunya los que menos aportan pagan el 21,5% y las rentas más altas hasta el 48%. Ahora bien, es incongruente por parte de aquellos que en Catalunya reclaman recaudar casi todos los impuestos y nunca critican la nula solidaridad de las dos comunidades forales acusar a Madrid de practicar la competencia desleal y de querer quedarse con el dinero de todos. La capacidad de subir o bajar impuestos es parte fundamental del principio de autonomía, y no se puede limitarla solo cuando crees que te perjudica.

La enorme riqueza que se genera en Madrid contribuye como ningún otro territorio a la solidaridad general, aunque las políticas fiscales del PP son criticables desde una óptica socialdemócrata porque benefician sobre todo a los más ricos y perjudican la financiación de los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Ahora bien, para el resto de los españoles, lo realmente lesivo es la insolidaridad vasca y navarra. 

Esta debería ser el objeto principal de crítica desde Catalunya, excepto que ERC esté pidiendo una vuelta al centralismo para las autonomías de régimen común. Lo lógico sería proponer una mayor coordinación y el establecimiento de un suelo federal de armonización fiscal en patrimonio, sucesiones y donaciones para poder solo subir los impuestos en lugar de bajarlos como sucede hasta ahora. Esto sería lo coherente si ERC fuera de izquierdas, pero entonces Gabriel Rufián se haría federalista. ¡A que no!"                  (Joaquim Coll, El Periódico, 26/11/20)

3/12/20

Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria en función de la comunidad en que viven siguen aumentando. Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Y ahora, el 'concierto madrileño': La Comunidad de Madrid ha realizado una política fiscal tan agresiva porque tiene las bases imponibles más altas gracias al 'efecto capital'. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España, pero ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos... por ejemplo, el gasto en sanidad es el más bajo de España

 "El debate sobre la fiscalidad de las diferentes comunidades autónomas cada vez es más frecuente, y hay sobrados motivos para ello. Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria y de servicios públicos en función de la comunidad en que viven, lejos de corregirse, siguen aumentando. 

Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que están al margen del resto del país. También Canarias tiene importantes particularidades, por su condición de insularidad y territorio extraperiférico. Pero tras las palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que condicionó su apoyo a los Presupuestos a acabar con lo que llamó "el paraíso fiscal de Madrid", el debate se centra en el sistema fiscal de la comunidad capitalina.

La Comunidad de Madrid ofrece una fiscalidad muy ventajosa gracias a bonificaciones y exenciones, de las que se benefician especialmente las rentas altas. Esto ha provocado una importante fuga de declarantes desde otras comunidades hacia la capital, como han puesto de manifiesto los investigadores Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco en este estudio a partir de la estadística de declarantes del IRPF de los años 2006 a 2012 (y desde entonces, la competencia fiscal de Madrid se ha incrementado, lo que podría haber agravado esta tendencia).

 Los investigadores constatan que la movilidad de rentas altas se dirige básicamente a Madrid. Así lo explican: “Las diferencias en los impuestos autonómicos influyen significativamente en la elección de la comunidad de residencia por los contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta, y la movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF parece dirigirse solo a la región de Madrid”.

Perder las rentas altas supone un duro golpe para el resto de comunidades autónomas, ya que son quienes realizan una contribución neta más alta. De ahí que hayan puesto el grito en el cielo acusando a Madrid de ‘dumping fiscal’. La política fiscal aplicada por la comunidad desde la primera mitad de la década de los dos mil ha sido clara: impuestos bajos para atraer bases imponibles y contención del gasto público. Lo ha hecho por mandato de sus votantes y también porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que en la economía de la globalización y los servicios de alto valor añadido se ha impuesto en los países desarrollados, como bien muestran los ejemplos de París y Londres.

Si Madrid ha podido bajar tanto los impuestos, es porque se beneficia de una capacidad fiscal que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Es el resultado de la concentración en la capital de las grandes empresas multinacionales, de los órganos gubernamentales, de las principales universidades, de la inversión en infraestructuras, etc. En definitiva, una multitud de factores que nada tienen que ver con la gestión de la política tributaria, pero que influyen en esta de forma decisiva. La capacidad fiscal de Madrid es la más elevada de todas las comunidades, superando en nada menos que un 45% la media nacional.

Así se extrae del último cálculo de financiación autonómica realizado por Ángel de la Fuente, correspondiente al año 2018. Los ingresos tributarios homogéneos (los que se obtendrían con los mismos tipos nominales en todo el territorio) por habitante de Madrid superarían en un 45% la media nacional y en un 155% los de la comunidad más rezagada, Canarias. Estos datos evidencian que las bases imponibles en la Comunidad de Madrid son tan grandes que permiten conseguir una gran recaudación con una presión fiscal reducida.

En algunos impuestos, la brecha es superior. Es el caso del IRPF, una de las principales vías de financiación de las comunidades, ya que Madrid tiene una capacidad fiscal que supera en nada menos que un 73% la media nacional (datos del año 2013). Es el resultado de la concentración de rentas altas en la capital, tanto por las rentas del trabajo como las del capital. 

Con una capacidad recaudatoria tan elevada, Madrid puede permitirse tener un IRPF autonómico bonificado, de modo que el tipo marginal más alto es del 43%, el más bajo de toda España, cinco puntos menos que el aplicado en Cataluña. Esta rebaja en el IRPF tiene un coste recaudatorio de más de 600 millones de euros al año, pero es asumible para la comunidad, ya que al tener unas bases imponibles muy amplias, la recaudación es superior a la del resto de España.

 También es muy ventajosa la situación de Madrid respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, que tiene una capacidad recaudatoria un 135% superior a la media nacional. Se beneficia, en este caso, del elevado patrimonio de los ciudadanos de Madrid, donde las rentas son más altas y también el precio de los activos inmobiliarios. Si se suma la recaudación que pierde Madrid con los impuestos cedidos, supera los 800 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1.000 millones como resultado de la bonificación total del impuesto sobre el patrimonio. Esto significa que Madrid pierde cada año 3.000 millones de euros de ingresos por sus beneficios fiscales (según los cálculos de la Comunidad de Madrid, sus beneficios fiscales superan los 4.500 millones).

Sin embargo, a pesar de sus rebajas de impuestos, la recaudación de Madrid sigue siendo muy superior a la media nacional, tanto, que es la comunidad autónoma que más contribuye a la solidaridad interterritorial. Unas transferencias que se ven contrarrestadas por la pérdida de bases imponibles que sufren otras CCAA como consecuencia de la competencia fiscal. Pero para Madrid, elevar la presión fiscal aumenta el riesgo de elevar su contribución a la financiación nacional, lo que supone un desincentivo a subir sus impuestos.

Otro de los datos importantes que muestran la capacidad fiscal de Madrid con respecto al resto del territorio es el de su autonomía de ingresos. Lo que se mide con este indicador es qué porcentaje de los recursos de cada comunidad procede de impuestos sobre los que tiene capacidad normativa. En otras palabras, el margen que tiene para elevar o reducir su carga fiscal. En Madrid, supera el 85% de su recaudación (datos de 2015), la comunidad con mayor autonomía de ingresos. La siguiente es Cataluña, con un 62%, y después está Baleares, que alcanza el 57%. El resto está por debajo del 50%.

Renuncia al gasto público

Madrid tiene un sistema fiscal muy favorable, no solo porque su capacidad recaudatoria sea muy elevada, también porque ha mantenido una política de gasto público muy contenida. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España. Sin embargo, durante estos años, se ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos.

Desde 2003 hasta 2019, el gasto de Madrid ajustado por habitante y deflactado aumentó un 27%. Solo en dos comunidades creció menos: Canarias y Andalucía. El gasto total de las comunidades del régimen común aumentó un 31% en este periodo, y en Asturias, la región que más ha elevado su gasto público, se ha disparado nada menos que un 46%, casi el doble que Madrid.

Esto significa que las rebajas de impuestos de Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado con unos servicios públicos más austeros. Por ejemplo, el gasto público en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2018, la Comunidad de Madrid destinó el 3,6% del PIB a mantener su sanidad pública, casi dos puntos menos que el dato nacional. Si se tiene en cuenta el gasto por habitante, Madrid es la segunda región con menor esfuerzo fiscal para mantener la sanidad, con 1.274 euros por habitante, un 11% por debajo de la media nacional y un 19% por debajo de la comunidad con mayor gasto, País Vasco.

En resumen, la fiscalidad en Madrid ha sido resultado de una elección política de sus ciudadanos mantenida durante años a costa de renunciar a unos servicios públicos mejor financiados. Eso sí, si la rebaja de impuestos ha sido tan ambiciosa, es porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que tiende a concentrar la actividad económica en torno a las capitales de los países. 

La pérdida de bases imponibles por agujeros dentro de un mismo país ha sido censurada por la literatura hacendística, de hecho, el último comité de expertos que nombró el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abogaba por avanzar hacia la armonización fiscal con unos umbrales mínimos y máximos que fijaran las reglas del juego. Pero el mayor problema vuelve a ser el de la gran diferencia de presión fiscal y servicios públicos que sufren los ciudadanos en función de su comunidad de residencia."             (Javier G. Jorrín, El confidencial, 26/11/20)

27/11/20

Al Concierto vasco y al Concierto navarro le salió un competidor en Madrid: La política fiscal de la Comunidad de Madrid beneficia a los más ricos y capta a contribuyentes de rentas altas de otras regiones... y, como los nacionalistas vascos y catalanes, Ayuso ya dice: "los gallegos, los andaluces, los pobres... nos roban"

 "La armonización fiscal se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. 

El acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC por el que se pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas y para acabar con "el dumping fiscal de Madrid" ha vuelto a dar alas a la guerra política que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha contra el Gobierno de coalición. 

Pese a las críticas de la baronesa del PP en las que asegura que el objetivo de la armonización es "robar a los madrileños", la realidad es que los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, que afecta a la calidad de los servicios públicos.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que la creación de la comisión para estudiar dicha reforma fiscal integral se llevará a cabo al margen de los Presupuestos del próximo año y se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. 

Ante la beligerancia de los ataques de Ayuso, Pedro Sánchez ha defendido que "la armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

Pero lo cierto es que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está diseñada para beneficiar sobre todo a las rentas más altas. En el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, financiado por la Generalitat valenciana, se recalca que "los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid operan de manera que se concentran considerablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Los datos indican que el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF".  

En esta carrera emprendida por los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid destacan las rebajas introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los investigadores del IVIE señalan que "si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones)".

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria sobre la campaña de Renta de 2018, la Comunidad de Madrid tiene el menor porcentaje la cuota líquida autonómica en el IRPF de los contribuyentes que declaran entre 60.000 y 150.000 euros de ingresos y la segunda más bajas entre las rentas de 150.000 y 600.00 euros.

En el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, se pone como ejemplo un contribuyente que obtiene únicamente de rentas del trabajo 600.000 euros, soltero, menor de 65 años y sin hijos pagaría un 14% menos de IRPF en 2019 en la Comunidad de Madrid que en Navarra, autonomía donde gravan más ese nivel de ingresos. Si comparamos lo que tiene que pagar al fisco por IRPF una persona que ingrese 160.000 euros con las mismas características anteriores, la Comunidad de Madrid es la que menos grava de España, un 8% menos que la que más ingresa de un ciudadano con esta renta, que es La Rioja.

Pero es en el Impuesto sobre el Patrimonio donde la comparación con el resto de las autonomías es absolutamente disparatada. La Comunidad de Madrid tiene bonificado este impuesto en un 100%, es decir, no se paga nada. Una decisión de política fiscal que ha tenido efectos en la recaudación de toda España. Los asesores fiscales apuntan en su Panorama de Fiscalidad que "este tributo llegó a recaudar en 2008 cerca de 2.360 millones de euros, mientras que en 2017 recauda 1.267 millones de euros, lo que se explica por el mínimo exento de 700.000 euros que se aplica por defecto, por la exención de la vivienda hasta la cuantía de 300.000 euros por contribuyente –ambas medidas empezaron a aplicarse en 2012– o porque la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%".  

Las diferencias que hay que pagar por el Impuesto de Patrimonio entre Comunidades autónomas son abismales. Así, en el ejercicio que han hecho los asesores fiscales, para contribuyentes con patrimonios de 800.000 euros, sin discapacidad y sin tener en cuenta en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, en la Comunidad de Madrid no pagará nada mientras que en Aragón tendrá que ingresar en Hacienda 1.164,37 euros, en la Comunidad Valenciana, 539,44 euros, y en Castilla y León, 200 euros.

Donde se nota la merma de ingresos para la Comunidad de Madrid es para los patrimonios aún mayores. Un contribuyente con 4 millones de euros de patrimonio (las mismas características anteriores) paga con este impuesto 59.919,56 euros en Extremadura, 36.546,37 euros en Galicia, 22.400 euros en Bizkaia o 9.136 euros en La Rioja. En Madrid, cero euros.

Para un ciudadano que declare 15 millones de euros de patrimonio, tendría que pagar este año al fisco por el impuesto de patrimonio cantidades que van desde los 418.155 euros de Extremadura a 331.444 euros en Andalucía o 68.442,6 euros en La Rioja. En Madrid no pagaría absolutamente nada.

De esta manera, es fácil entender que los millonarios se hayan ahorrado casi 6.000 millones de euros a no pagar nada por este impuesto en la Comunidad de Madrid desde 2011, momento en el que el gobierno regional madrileño aprobó la bonificación total. También queda patente cómo el crecimiento del importe bonificado desde ese año, con 534 millones, hasta los más de 900 millones en 2018 deja patente el efecto tractor de contribuyentes más ricos.

Es difícilmente entendible la crítica de la patronal CEOE al Impuesto del Patrimonio, que llegó a definir como "especialmente contraproducente", por los "significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad". Aunque la realidad es que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 6.000 millones desde 2011 y no hay ninguna prueba que esos 6.000 millones se hayan dedicado a inversión o actividad alguna.

 Pero, además, la bonificación hace que en la Comunidad de Madrid "habrá personas que, aun superando el mínimo exento de 700.000 euros, no presentarán la declaración al no estar obligadas. El patrimonio medio de los declarantes madrileños es muy elevado, alcanzando los 9.675.043 euros, muy por encima de la media de declarantes españoles, cuyo patrimonio asciende a 3.305.039 euros".

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones todas las Comunidades Autónomas se lanzaron a una carrera intensa por rebajar este impuesto. Debido a esta rebaja, la Hacienda española dejó de ingresar 5.031 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En la competición por la reducción de esta carga impositiva Madrid es la Comunidad que más ha bonificado el impuesto, siendo la autonomía que más recaudación pierde. De esta manera, la región madrileña suma el 50% del dinero que se tendría que haber recaudado con el Impuesto de Sucesiones, ya que ha dejado de recaudar 2.663 millones este año. Muy lejos de los 855 millones de Catalunya, 396 millones de Andalucía o 313 millones de la Comunidad Valenciana.

Siguiendo la simulación que hacen los asesores fiscales, si una persona de 30 años y sin discapacidad recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico, tiene como cuota líquida de impuesto de Sucesiones 2.000 euros en la Comunidad de Madrid, similar a Andalucía o Murcia, pero por debajo de los 12.000 euros de las provincias vascas, 56.000 euros en Catalunya o Galicia o los 200.122,67 euros, en Extremadura y Castilla y León. Hay que subrayar que el tipo es idéntico en la Comunidad de Madrid que en las dos regiones donde más se paga, pero las bonificaciones en la autonomía donde gobierna Isabel Díaz Ayuso es del 99%.

Igualdad entre los españoles

En la carrera desbocada de Ayuso por erigirse como el referente de la oposición, pasando incluso por encima del líder del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña ha tumbado unos de los principales argumentarios utilizados por los populares como es la defensa de la igualdad territorial de todos los españoles. En este caso, Ayuso reivindica la desigualdad entre Comunidades Autónomas y llega a lanzar duras acusaciones contra los ciudadanos al asegurar que en España "hay dos tipos de personas, los que tiran del carro y los que viven de otros".

Con argumentos similares se ha posicionado la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM) y el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, en un informe financiado por la Comunidad de Madrid. La patronal señala que "una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional".

Como curiosidad, mientras que la CEOE y su laboratorio de ideas han exigido reiteradamente la unidad de mercado de las autonomías como elemento fundamental para impulsar la competitividad de las empresas, en el caso de la armonización fiscal, la patronal puntualiza las bondades de la corresponsabilidad fiscal como "forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías". En el informe La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional, la organización empresarial insiste en que las Comunidades Autónomas "deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal", que es "una palanca de mejora de eficiencia del sector público".

Sin embargo, en el informe del IVIE se destaca como "Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria".

Estos investigadores no tienen duda en asegurar que "la consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un bajo nivel de gasto per cápita, que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes. Para los primeros, cuyos ingresos son altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los utilizan, los beneficios de las rebajas fiscales son menores y sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más bajo".  

Ventaja competitiva y robo de contribuyentes

La patronal, al igual que Ayuso, defiende que "Madrid es, junto al País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea", sin embargo los investigadores del IVIE ponen en duda que esta ventaja competitiva que achacan a la capitalidad: "propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas".

Además, recuerdan que "las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente: las bases imponibles que esta atrae reducen los ingresos de aquellas. Como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de aquellos en los que puede apoyarse la progresividad en las comunidades de origen".  

"Durante los últimos 10 años Madrid ha conseguido aumentar su número de contribuyentes en más de 100.000 personas provenientes de otras Comunidades españolas. Esto sucede pese a que los ingresos y gastos por habitante de Madrid no son elevados porque renuncia con sus reducciones impositivas a los mayores ingresos que se derivan de sus mayores bases imponibles", recuerdan los investigadores del instituto valenciano.

Según estos investigadores "la Comunidad de Madrid ha seguido una política basada en una combinación de ingresos y gastos bajos que responde a la Hipótesis de Tiebout, según la cual la estrategia fiscal tiene capacidad de incidir en las decisiones de los contribuyentes sobre dónde se domicilian".

Teniendo en cuenta las estadísticas que presenta la Agencia Tributaria sobre Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, Madrid habría ganado más de 103.035 contribuyentes en el IRPF entre 2009 y 2018, desde que decidió establecer importantes beneficios fiscales en sus impuestos personales, con el punto de inflexión que fue la aplicación de la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a partir de 2011.

Los cálculos de los investigadores del IVIE señalan que "si el grupo que supera los 60.000 euros de renta, ese 7% de contribuyentes concentraría el 93% de los -4.163 millones de euros de beneficios fiscales de estos tres impuestos. Esto significaría una minoración media de las cuotas líquidas de estos contribuyentes cercana a los -16.200 euros anuales, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal".

En el informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales, de Fedea, se describe cómo entre 2006 y 2012 el 59,3% de las migraciones del 1% con mayor renta tiene como destino Madrid."                      (Raúl Sánchez, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 25/11/20)

La armonización fiscal no es un invento: los expertos a los que recurrió Rajoy en 2017 también la pedían

 "Aunque parezca nuevo por la pasión con la que sus defensores y detractores hablan estos días de la "armonización fiscal" entre comunidades autónomas, este debate es recurrente en la política española. 

No se lo ha inventado, pues, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, como condición para unir los 13 escaños de su formación al bloque parlamentario a favor de dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

 Al Partido Popular, sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el debate no le pilla de nuevas por mucho que su reacción haya sido la de advertir de que si se tocan "los bolsillos" de los madrileños para pagar "la corruptela al independentismo" ella se erigirá en la "peor pesadilla" de sus ejecutores.

 Evidentemente, respondía a Rufián, que había vendido como logro arañado al Gobierno en las negociaciones el que la Comunidad de Madrid deje de ser "un paraíso fiscal". En esta región existe una bonificación del 100% del impuesto sobre el Patrimonio.

A Ayuso, y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, les sonará este debate porque no hace mucho tiempo, con un Gobierno liderado por sus siglas y comandado por Mariano Rajoy se encargaba un informe a un grupo de expertos que, sobre la base de estudio de una reforma del sistema de financiación autonómica, concluía, entre otras cuestiones, que "sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente [a las comunidades]". 

La recomendación era hacerlo "restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota" y, al mismo tiempo, estudiando "la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales". Son extractos literales del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, que lleva fecha de julio de 2017, hace solo tres años y cinco meses. El ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, cuyos impuestos viven ahora sus últimos días.

La creación de este grupo de expertos fue uno de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró en el Senado el 17 de enero de 2017. Integrada por personas propuestas por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, recibió luz verde vía acuerdo en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017.

Tensa conferencia de presidentes

La Conferencia de Presidentes que dio pie a la creación de este grupo de expertos que trasladó a un Gobierno del Partido Popular la necesidad de la armonización fiscal había estado marcada precisamente por las críticas de los barones socialistas al régimen fiscal de la Comunidad de Madrid. Por aquellas fechas era Cristina Cifuentes la que estaba al frente del Ejecutivo regional.

Abanderó el debate la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) mientras Cifuentes se encastillaba en el "No tengo ninguna intención de subir los impuestos a los madrileños". Tres reducciones de impuestos desde 2007 habían convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: la tarifa autonómica del IRPF más baja, bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y sin gravar el Patrimonio. Un caso de competencia desleal de libro, se quejaban los presidentes socialistas, que, entre otras cuestiones, abogaban por un tope máximo y un tope mínimo en estos impuestos cedidos a las comunidades.

Las demandas de Susana Díaz habían venido precedidas de la advertencia de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de que su presidenta iba a exigir acabar con el dumping fiscal entre comunidades. Montero hoy es la ministra de Hacienda del Gobierno de España. Comunidades también gobernadas por el PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha salieron después a respaldar la tesis de Susana Díaz, llegando incluso a hablar de que Madrid "es un paraíso fiscal" en España. 

No es pues Rufián quien se refiere por primera vez al régimen tributario de la Comunidad de Madrid recurriendo a expresiones como "dumping fiscal" o "paraíso fiscal".

En el citado informe de los expertos se destacaba que "un problema adicional en relación con los tributos cedidos totalmente [a las comunidades autónomas] ha sido la falta de atención por parte del Estado a la actualización de su normativa, que en algunos casos se remonta a hace más de treinta años".

Los ejes del acuerdo

Este jueves, desde ERC hicieron públicos los ejes del Acuerdo Gobierno-ERC para el voto favorable del Grupo Republicano a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Concretamente, el tema que afecta a la Comunidad de Madrid es el punto 9, el que se refiere a la "reforma del Impuesto sobre el Patrimonio". "El Impuesto sobre el Patrimonio debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario, contribuyendo a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes. La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual. El establecimiento de límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo puede evitar situaciones de competencia fiscal a la baja. Por ello, se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo para analizar la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio", puede leerse en el texto facilitado por la formación republicana.

Otro de los puntos aboga por la creación de "un comité de personas expertas para establecer las bases para una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice y aumente la eficiencia del sistema tributario del Estado".

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre aseguran que no manejan un plazo aproximado para este punto. Mantienen que todavía es demasiado pronto para fijar un calendario y defienden que esta cuestión de la armonización fiscal no ha ir obligatoriamente de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque este no es un escenario descartable. El acuerdo no se articulará en los Presupuestos que Sánchez quiere tener aprobados antes de fin de año y para los que ya cuenta con una mayoría sobradísima, por encima de la absoluta.

Sánchez pide a Ayuso que hable "con dirigentes del PP"

Hace unas semanas, en un acto público en la Comunitad Valenciana, el president Ximo Puig exigió la "armonización fiscal", que se acabase con los "paraísos fiscales", el "dumping fiscal" y el "efecto capitalidad" de Madrid. Y el presidente recogió el guante. "Me parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal".

La resaca del 'sí' de Rufián a los Presupuestos y el enfado, sobre todo en Madrid, pilló al presidente del Gobierno en Palma, en la XIX Cumbre hispano-italiana. Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior, Sánchez abogó por la "armonización fiscal" para acabar con la desigualdad entre territorios y advirtió a Ayuso de que hasta dentro del PP hay quienes están de acuerdo con eso. 

"Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan", subrayó. "Si hablan con dirigentes del PP les dirán que hay que resolver el problema de armonización fiscal", recalcó.

En 2017, el gallego Alberto Núñez-Feijóo se mostró partidario de una horquilla "de máximos y mínimos" en impuestos. En una entrevista concedida a la cadena Ser, el dirigente conservador dijo ser partidario de la autonomía fiscal de las comunidades pero no vio con malos ojos que se marcasen unos límites.

También recordó el presidente del Gobierno el citado informe con las recomendaciones de los expertos de la etapa de Rajoy.

La dirección nacional del PP va a dar la batalla en este campo para respaldar las posiciones de Ayuso, según ha podido saber este diario en fuentes de la sede nacional de la calle Génova.

Pero no sólo hay críticas desde la derecha. Desde la izquierda, el diputado de Más País Íñigo Errejón aseguró que ERC se equivoca en el planteamiento de supeditar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, dado que así "le hace el juego" a Ayuso y supone también "un flaco favor al Madrid progresista".              (Yolanda González, InfoLibre, 26/11/20)

26/11/20

Errejón: Madrid no hace dumping fiscal. Lo hacen los millonarios empadronados en Madrid. Así daña el PP a toda España pero sobre todo a los madrileños y a sus servicios públicos mermados. ERC se equivoca en el planteamiento, le hace un regalo a Ayuso y un flaco favor al Madrid progresista

Íñigo Errejón @ierrejon

Madrid no hace dumping fiscal. Lo hacen los millonarios empadronados en Madrid. Así daña el PP a toda España pero sobre todo a los madrileños y a sus servicios públicos mermados. ERC se equivoca en el planteamiento, le hace un regalo a Ayuso y un flaco favor al Madrid progresista

5:04 p. m. · 25 nov. 2020
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Dumping fiscal vasco, dumping fiscal navarro, dumping fiscal madrileño... y ahora, dumping fiscal para Rufián... ERC cuestiona a Madrid pero no a Euskadi

 "ERC ha anunciado un “preacuerdo” con el Gobierno español para apoyar los Presupuestos y el portavoz de la formación en Madrid, Gabriel Rufián, ha resumido en cuatro logros las cesiones arrancadas en la negociación.

El preacuerdo establece el "fin del control financiero a la Generalitat existente desde el 2015", la "prórroga de la moratoria para autónomos hasta marzo del 2021", la "liquidación de la deuda en Becas desde el 2005" y la "creación grupo de trabajo para poner fin al dumping fiscal en Madrid".

Este último punto prevé crear un comité bilateral para el estudio de una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Y ahí se incluye un grupo de trabajo sobre el impuesto más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid ya ha reaccionado a este acuerdo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado que "es una vergüenza que un pacto entre socialistas e independentistas pretenda subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños".

"Si los socialistas y los independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, como Sucesiones o como Patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente, directamente, a los madrileños", ha sentenciado."                      (e-notícies, 25/11/20)

 

"El vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonés, en rueda de prensa, ha justificado el acuerdo de los Presupuestos con el Gobierno español para ”acabar con el dumping fiscal" al considerar que Madrid hace "competencia desleal" desde el punto de vista fiscal .

En cambio, ha evitado referirse a los casos de las comunidades de Navarra y Euskadi y se ha limitado a decir que "Euskadi y Navarra tienen un sistema diferente, porque ellos recaudan, están fuera del sistema de financiación".

"Lo que es discriminatorio es que nosotros nos pongan dentro del grupo de financiación, pero que haya una situación de ventaja para territorios como la comunidad de Madrid. Euskadi y Navarra es otro ámbito", ha asegurado.

Aragonès ha denunciado que la capital del Estado se beneficia de "la localización de la mayor parte de los funcionarios, del sector regulado del Ibex-35". "Se han acabado los privilegios. Si nos quieren dentro, sin privilegios", ha añadido.

El dirigente de ERC ha dicho que "impulsaremos que termine la competencia desleal en el impuesto de patrimonio para romper esta dinámica diabólica". "Como no tenemos los recursos que nos corresponden, como no los tenemos tomamos medidas fiscales y se benefician compitiendo deslealmente en materia fiscal", ha criticado.

Finalmente, Pere Aragonés ha dicho que "nuestro modelo es totalmente opuesto al modelo neoliberal, nacionalista español y centralista del PP y de la señora Ayuso". "Estamos en las antípodas y seguiremos trabajando para revertir esta situación", ha concluido."                (e-notícies, 25/11/20)

24/9/20

Ya tenemos el nuevo 'Concierto madrileño'... con los mismos efectos económicos que el Concierto Vasco: Los efectos desequilibrantes en España de la “capitalidad” de Madrid... la capital absorbe inversiones públicas y privadas, profesionales cualificados y opera a modo de paraíso fiscal... una buena copia de los privilegios fiscales vascos

 "Euskadi es ya 'paraíso fiscal' para el gestor de fondos de capital riesgo

 "Lo afirmó este lunes Ximo Puig en el Debate de Política General de las Cortes Valencianas: “Madrid es una aspiradora que genera desigualdades en España”. Una afirmación sobre la que ofreció algunos datos para denunciar que la “capitalidad” de Madrid “absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia”. Las manifestaciones del president valenciano se sustentan en las conclusiones del informe Madrid, capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal que ha elaborado el prestigioso Laboratorio de Análisis de Política Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económica, IVIE. Investigación dirigida por Francisco Pérez y Ernest Reig.

El documento analiza la trayectoria de la Comunidad de Madrid, considerando la influencia en su dinámica económica de su condición de capital de España. Y abarca diferentes líneas de trabajo, desde su papel como núcleo de las comunicaciones terrestres, aéreas y por ferrocarril (gracias al diseño radial en España), los efectos de la concentración de instituciones públicas y grandes empresas, su capacidad para atraer profesionales cualificados de autonomías vecinas, su fortaleza para avanzar en la economía del conocimiento y su papel, de facto, como “paraíso fiscal”.

Ximo Puig, durante el debate, avanzó algunas de estas conclusiones. Entre estas, que el 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde, según relató el president. Añadió, y esta es su mayor queja, que Madrid “puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad”.

Mercado de trabajo

El informe es mucho más amplio, y ofrece innumerables datos que corroboran estas afirmaciones. En primer lugar, subraya que Madrid concentra un 14,2 % de la población española, equivalente a 6.685.471 habitantes. “En la actualidad la región concentra casi una quinta parte de la renta nacional, ascendiendo a 231.000 millones de euros el valor de la renta regional. hasta convertirse en la región con mayor nivel de renta por habitante, algo más de 35.000 euros, muy por encima del promedio nacional (36 %) y también de la media europea (16 %)”.

La Comunidad de Madrid también destaca en el mercado de trabajo español por sus menores tasas de desempleo, mayor crecimiento del número de ocupados (ha duplicado el número de personas empleadas entre 1980 y 2019) y, muy especialmente, “por la mayor proporción de ocupados con estudios universitarios”. “El resultado de todo ello es que el porcentaje de población que tiene estudios universitarios es notablemente superior en Madrid que la media española (40,9 % frente a 30,8 %), concentra un 19,2 % del Producto Interior Bruto en el 1,6 % del territorio nacional”, añade.

El fuerte dinamismo demográfico, económico y social que caracteriza la Comunidad de Madrid ha permitido a la región configurarse como motor del crecimiento del conjunto del país, puerta de entrada de relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos —económicos, tecnológicos y en general de nuevos conocimientos—, y como un mercado de alto poder adquisitivo en continua expansión.

Así, el trabajo del IVIE subraya que “el enorme poder de atracción de Madrid se deriva, en buena medida, de las economías de especialización y de aglomeración que disfruta . Esas ventajas de la capital han tenido consecuencias sobre otras regiones españolas, de dos maneras: influyendo en el proceso de pérdida de población de los territorios del centro de España, y contribuyendo a drenar capital humano de la mayoría de regiones, al convertirse en un polo de atracción por las oportunidades derivadas de la concentración en Madrid de un 21 % de las ocupaciones cualificadas de España”.

Las dos implicaciones más directas de esa especialización son la mayor demanda de personal cualificado y una productividad superior a la media española. Ambas circunstancias permiten a Madrid generar puestos de trabajo con niveles de remuneración más elevados, en especial en actividades dedicadas a la “información y comunicaciones”, las “actividades profesionales, científicas y técnicas” y “actividades financieras”.

Concentración empresas

Uno de los aspectos más relevantes del documento es el que señala que el 44,5 % de las 1.000 mayores empresas españolas tienen su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56 % de los ingresos de este grupo situado a la cabeza de las empresas españolas. “La Comunidad de Madrid atrae inversiones fundamentalmente privadas y sobresale por concentrar, sobre todo, dotaciones de activos tecnológicamente avanzados necesarios para las actividades intensivas en conocimiento”. En la actualidad, buena parte de esos activos se basan en las TIC. En cuanto a sus dotaciones de infraestructuras, “su mayor fortaleza se deriva de ser el centro de una potente red de transportes por carretera y ferrocarril radial, y por su conectividad aérea, nacional y sobre todo internacional”.

La Comunidad de Madrid no tiene un papel destacado en los índices de apertura comercial externa —liderados por Cataluña—, como consecuencia principalmente de poseer un tejido productivo fuertemente terciarizado. En cambio, “la región destaca como polo de atracción de capital extranjero, un rasgo que se ve potenciado por las ventajas de localización de la Comunidad de Madrid, el carácter radial de las comunicaciones”.

En este sentido, el elevado grado de concentración en esta región de las sedes sociales de grandes empresas y de los poderes públicos e instituciones del Sector Público Estatal, contribuye a atraer inversión extranjera. “Hasta 45 de cada 100 empleados de Madrid desempeñan ocupaciones altamente cualificadas”, se apunta.

Ese mayor peso es especialmente relevante en el caso de los subgrupos que adoptan decisiones y aportan conocimiento especializado, “tanto en el ámbito público como privado”. Es el caso del poder legislativo y ejecutivo, los directores generales y presidentes ejecutivos, los profesionales del derecho y, sobre todo, los profesionales de la organización y la comercialización y técnicos de las tecnologías de la información.

Destaca asimismo por el nivel de formación de sus empresarios y directivos, y muchos empleados públicos. Los trabajadores de la región cuentan con perspectivas mucho mejores que los de otras regiones para interactuar a través de las redes profesionales, tanto públicas como privadas, y ascender profesionalmente a lo largo de las mismas. la atracción de población de otras regiones españolas (sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía) ha sido intensa, reflejando un importante saldo positivo desde 2011.

 En ese contexto, la Comunidad de Madrid se caracteriza por la notable capacidad de atracción de capital humano. Su fuerza en ese sentido se deriva de la confluencia de tres factores: una amplia oferta educativa, en especial de educación superior; una especialización en actividades intensivas en conocimiento, y la consiguiente abundancia de ocupaciones de alto nivel de cualificación y de centros de decisión privados y públicos; y unas buenas comunicaciones nacionales e internacionales, que la hacen atractiva para la movilidad, que es apreciada por los trabajadores más cualificados, tanto para sus actividades laborales como de ocio.

Empleados públicos

Se dispone de información sobre dónde trabajan unos 514.000 de estos empleados, de los cuales el 29 % se localiza en Madrid. Son unos 150.000 empleados que, con sus familias, representan unas 400 mil personas, que podrían alcanzar el medio millón si la proporción de los que trabajan en Madrid se aplica a los que no se conoce en qué territorios desempeñan sus ocupaciones. “Eso significa que el porcentaje de empleados públicos en la capital dobla el peso de la población de Madrid en España, lo que representa un plus de unos 75.000-95.000 empleados públicos para la capital que, con sus familias, suponen unas 200.000-250.000 personas más”, señala el informe.

Inversión sector público

El Sector Público Estatal adjudica en los últimos años una media anual de 7.700 millones de euros y casi siempre lo hace desde unidades que se concentran en la capital. El resultado de esa localización sesga territorialmente las adjudicaciones, como se desprende de los contratos recogidos por la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP). Del conjunto de las 109.422 licitaciones del Sector Público Estatal analizadas en este informe, un 72 % corresponde a órganos de contratación ubicados en la Comunidad de Madrid y solo un 28 % a órganos localizados en otros lugares. Este porcentaje se eleva al 87 % en términos de importe adjudicado, lo que refleja que los grandes contratos se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras regiones.

Red de comunicaciones

La red de alta velocidad sigue teniendo una estructura radial con centro en Madrid, en detrimento de otras conexiones con más tráfico, que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo. Y el aeropuerto de Madrid ha recibido cuantiosas inversiones (el 34 % de la inversión aeroportuaria española en este siglo). “Gracias a esas decisiones públicas, Madrid desempeña con mayor facilidad que otras áreas metropolitanas 13 españolas sus funciones, operando en la actualidad como la más potente área funcional a escala nacional e internacional de España”.

Fiscalidad

Madrid destaca como la que más ha utilizado su capacidad normativa para introducir numerosos beneficios fiscales en los principales impuestos sobre los que tiene competencias. “Destacan las modificaciones introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” apunta el informe.

Si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, “Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones).

La reducción de la recaudación que se ha producido debido a esas rebajas equivale, siendo todo lo demás constante, al 20 % de los ingresos de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 25 %. Con esta recaudación adicional Madrid podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2017.

Pero la investigación señala que las ventajas de la capitalidad propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas. Realidad que permite a esta autonomía realizar rebajas fiscales que otras no pueden.

La segunda es que las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, pese a ser la capital: las bases imponibles que Madrid atrae reducen los ingresos de aquellas. Y como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de quienes pueden contribuir a la progresividad en las comunidades de origen.

 El informe concluye finalmente con una crítica al apoyo público. “Lo que resulta cuestionable de este apoyo público son dos cosas: la primera, que refuerza la tendencia a la divergencia entre Madrid y buena parte de las regiones españolas, en lugar de actuar para compensar el proceso de polarización que se observa entre regiones ricas y pobres en las últimas décadas; y la segunda, que sesga la actuación de las autoridades centrales a favor de las empresas localizadas en un territorio que cuenta con un nivel de renta por habitante muy por encima de la media, al celebrar muchos más contratos públicos con ellas en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible con todo el tejido empresarial”.

 El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional y justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. “Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”, según los expertos."                  (Salvador Enguix, La Vanguardia, 22/09/20)

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