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9/10/24

La Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) reivindica la importante movilización de los últimos meses a favor de un referéndum contra la nueva Ley de la Autonomía Diferenciada (como el cupo vasco o catalán), promovida por La Liga (anteriormente Liga del Norte)... se recolectaron alrededor de 1.300.000 firmas... la Ley de Autonomía Diferenciada debe ser derogada porque “dividirá Italia en muchas pequeñas patrias, aumentará las disparidades territoriales y agravará las ya insoportables desigualdades sociales, en detrimento de toda la comunidad y, en particular, de los trabajadores y los obreros, los jubilados y los pensionistas, los jóvenes y las mujeres” . Al priorizar al norte rico de Italia, en detrimento, esencialmente, del sur menos desarrollado, esta ley “divide al país y perjudica tanto al sur como al Norte... La resistencia a esta ley, según Paolo Banci, tiene una importancia significativa, ya que la misma constituye el primer instrumento jurídico de la gran reforma conservadora que promueve la actual alianza de gobierno

 "(...) Paolo Banci, ex sindicalista, militante social de larga trayectoria de la región toscana y presidente de la sección local de Rignano sull’ Arno de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI). La ANPI es hoy una de las mayores organizaciones con presencia en todo el territorio nacional. Fue creada en junio de 1944, en Roma, mientras el Norte sufría todavía la ocupación nazi-fascista. El 5 de abril de 1945 se le concedió el estatus de “Ente moral”, lo que le otorgó personalidad jurídica, promoviéndola, de hecho, como la asociación oficial de los partisanos. Independiente de los partidos políticos, la ANPI, según su propia definición, “sigue estando a la vanguardia en la custodia y aplicación de los valores de la Constitución, por lo tanto, de la democracia, y en la promoción de la Memoria de esa gran época de conquista de la libertad que fue la Resistencia”. Para la Asociación de Partisanos la lucha antifascista de ayer va de la mano del combate universal por la memoria, contra la guerra, por los derechos constitucionales y, en particular, las conquistas sociales [1]. (...)

Paolo Banci menciona, a manera de ejemplo, el gran frente asociativo que en Italia se manifiesta a favor del fin de la agresión en Gaza, que apuesta a una salida pacífica de ese conflicto y que promueve el reconocimiento oficial del Estado Palestino. “Actualmente, los partidos de centro e izquierda están adentro de ese frente, pero no tienen la voz cantante ni juegan el rol central”, puntualiza.

En lógica similar, el dirigente de la ANPI y actor comprometido en la solidaridad internacional, reivindica la importante movilización de los últimos meses a favor de un referéndum contra la nueva Ley de la Autonomía Diferenciada promovida por La Liga (anteriormente Liga del Norte). Banci explica que “Hasta ahora — inicios de octubre— se recolectaron alrededor de 1.300.000 firmas, incluyendo muchas digitales, especialmente de jóvenes. Ese número representa más del doble de lo que la ley exige para que un Referéndum sea votado. Y si bien los partidos de centro y de izquierda apoyan esta iniciativa, tampoco juegan el rol protagónico que sí tiene el movimiento socio-cultural y sindical”. Se espera que en los próximos meses la Corte Constitucional reconozca la inconstitucionalidad de la Ley y permita, así, una votación popular, la que será, según el militante social, “un nuevo y gran desafío para conseguir una mayoría contra esa ley en las urnas”.

Según las múltiples asociaciones y organizaciones sociales y culturales que han promovido el Referéndum, la Ley de Autonomía Diferenciada debe ser derogada porque “dividirá Italia en muchas pequeñas patrias, aumentará las disparidades territoriales y agravará las ya insoportables desigualdades sociales, en detrimento de toda la comunidad y, en particular, de los trabajadores y los obreros, los jubilados y los pensionistas, los jóvenes y las mujeres” . Al priorizar al norte rico de Italia, en detrimento, esencialmente, del sur menos desarrollado, esta ley “divide al país y perjudica tanto al sur como al Norte; empobrece la mano de obra; socava las políticas medioambientales; afecta la educación y la salud públicas; penaliza los municipios y las zonas del interior; complica la vida de las empresas y obstaculiza el desarrollo nacional” [2].

La resistencia a esta ley, según Paolo Banci, tiene una importancia significativa, ya que la misma constituye el primer instrumento jurídico de la gran reforma conservadora que promueve la actual alianza de gobierno. Si la Autonomía Diferenciada se acepta sin una oposición popular contundente, le seguirán la ley que impulsa Meloni para concentrar el poder a través la elección directa del primer ministro –debilitando todos los otros poderes del Estado— y, también, la que promueve reestructurar la justicia, iniciativa reaccionaria en la cual está principalmente interesada Fuerza Italia.

Aunque el futuro político italiano está repleto de incertidumbre y desafíos, “no dejamos de apostar a la permanente movilización desde abajo en defensa de derechos sindicales, de apoyo a fábricas ocupadas, de promoción de reivindicaciones sociales, a favor de la paz y contra los aires belicistas, de solidaridad con los inmigrantes, de reactualización de la memoria colectiva antifascista”, reflexiona Paolo Banci. Certezas concretas: “es muy importante que organizaciones como la nuestra, la de partisanos, logre reunir más de 150 mil miembros en todo el país —más que los afiliados de algunos de los grandes partidos— y que constantemente muchos jóvenes que no quieren enrolarse en un partido político pidan integrarse a nuestra asociación”.                    (Sergio Ferrari, CADTM, 07/10/24)

24/9/24

La batalla italiana contra la autonomía diferenciada... en Italia se optó por el federalismo para dividir lo que estaba unido. ¿Por qué se hizo esta elección? Porque el federalismo era el instrumento para limitar el Estado del bienestar y la protección del trabajo... el federalismo es el medio de golpear al mundo del trabajo. Así como el euro fue el medio de sustituir la devaluación de la moneda por la devaluación del trabajo, la autonomía diferenciada quiere exacerbar esta lucha entre trabajadores dentro de las fronteras nacionales... Pensemos en la cuestión de la seguridad en el trabajo, algún presidente regional puede tener la bonita idea de limitar la protección para atraer inversiones. Este es sólo un ejemplo del mayor desmantelamiento del estado del bienestar al que nos arriesgamos. Por lo tanto, es necesario dar la batalla contra la reforma de la Lega

 "Hemos dedicado dos entrevistas, con Ugo Boghetta y Stefano Fassina, al tema de la autonomía diferenciada. Volvemos sobre el tema porque la recogida de firmas para las preguntas del referéndum está dando resultados muy alentadores. Si bien es ya casi seguro que seremos llamados a votar sobre esta «reforma», no es menos cierto que no debemos hacernos demasiadas ilusiones sobre el referéndum.

En primer lugar, aún no sabemos sobre qué cuestiones seremos llamados a votar. Se han recogido firmas sobre dos textos, mientras que el segundo no toca en profundidad el texto de Calderoli, el primero podría estar en peligro por estar vinculado a la ley presupuestaria. Esto sería un precedente peligroso, porque podría utilizarse en el futuro para limitar el instituto del referéndum; una cosa es un referéndum sobre la ley de presupuestos o partes de ella, y otra muy distinta un referéndum sobre una reforma que también afecta al presupuesto (pero hay pocas leyes que no tengan limitaciones de gasto).

Una vez admitidas las preguntas, nos espera una dura batalla. El excelente resultado en la recogida de firmas no debe inducir, por tanto, a un fácil optimismo, también porque, como afirmó Ugo Boghetta, ni siquiera una victoria anularía la cuestión de la autonomía diferenciada, que, gracias a la reforma de centro-izquierda de 2001, está en la Constitución. Esto no sólo debería ponernos en guardia, sino también hacernos desconfiar de algunos improvisados compañeros de viaje (el PD), que durante años han sido grandes defensores de la autonomía diferenciada (Emilia Romagna junto con Véneto y Lombardía pidieron en su momento más competencias) y del federalismo en general.

Desde la década de 1990, nuestro país ha experimentado una borrachera de descentralización. Sin embargo, existe una contradicción evidente, el federalismo está concebido para unir entidades diferentes. Bajo el epígrafe «federar» el Treccani escribe: «unir con un pacto federal», en Italia se optó por el federalismo para dividir lo que estaba unido. ¿Por qué se hizo esta elección? Porque el federalismo era el instrumento para limitar el Estado del bienestar y la protección del trabajo, la Europa de las regiones debía regirse por el mercado y no por los Estados. En Estados Unidos, Reagan libró una batalla encarnizada contra los poderes excesivos del Estado federal. Limitar los poderes del Estado central no sólo significa crear un nuevo centralismo regional, sino que también es el medio de crear una competencia a la baja entre las regiones. Pensemos en la cuestión de la seguridad en el trabajo, algún presidente regional (que con un americanismo que rechazamos se llama gobernador) puede tener la bonita idea de limitar la protección para atraer inversiones. Este es sólo un ejemplo del mayor desmantelamiento del estado del bienestar al que nos arriesgamos.

Es necesario comprender que en la base de la lucha contra la autonomía diferenciada no hay un enfrentamiento entre universitarios sino una cuestión de clase, el federalismo es el medio de golpear al mundo del trabajo. Así como el euro fue el medio de sustituir la devaluación de la moneda por la devaluación del trabajo, la autonomía diferenciada quiere exacerbar esta lucha entre trabajadores dentro de las fronteras nacionales. Por lo tanto, es necesario dar la batalla contra la reforma de la Lega, sabiendo que para ganar hay que construir bases de masas. El riesgo es que si tal reforma fuera llevada a cabo por otro gobierno en el futuro, muchos falsos opositores podrían ser reducidos a consejos más suaves."            

(Marco Pondrelli, Editorial Marx21, 25/08/24, traducción DEEPL)

9/3/23

¿Están muertos los movimientos independentistas europeos? Tanto en el caso escocés como en el catalán, podemos ver que los partidos independentistas pueden seguir aprovechando las energías latentes de sus respectivos referendos para obtener éxito electoral, mientras que en realidad no proporcionan ningún impulso genuino hacia la independencia en sí... describimos esta política como "neo-autonomismo": "un marco nacionalista permanente... sin un movimiento correspondiente hacia la condición de Estado... El neoautonomismo ha sido la política dominante en Escocia y Cataluña tras los referendos, pero tiene sus límites. Uno de ellos es el fracaso de los gobiernos neoautonomistas descentralizados a la hora de hacer uso de los poderes que tienen para llevar a cabo transformaciones sociales y económicas. Tanto el SNP como ERC han sido en gran medida gestores ortodoxos del neoliberalismo a nivel descentralizado, y no han respondido a la crisis de la inflación con las medidas radicales necesarias para defender el nivel de vida de la clase trabajadora. Al final, crece el cinismo ante las promesas de cambio para mañana cuando se hace poco en el presente... Nacionalismo sin independencia. Existe un precedente: el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) ha dominado la política vasca sobre esta base casi sin interrupción durante más de 40 años. Sin embargo, a diferencia del SNP y ERC, EAJ-PNV tiene vínculos muy estrechos con la burguesía vasca, especialmente con el capital fósil

 "¿Han muerto los movimientos independentistas europeos? El periodista alemán Wolfgang Münchau cree que sí.

En un blog, sostiene que la dimisión de Nicola Sturgeon como Primera Ministra de Escocia es el golpe fatal para "el último de los grandes movimientos independentistas de Europa".

Más allá de Escocia, la fuerza independentista de extrema derecha Vlaams Belang ("Interés Flamenco") en Flandes y el movimiento independentista catalán hace tiempo que dejaron de ser amenazas serias para la unidad de sus respectivos Estados, argumenta.

Algunos de los razonamientos de Münchau son muy cuestionables. Por ejemplo, parece opinar que el partido nacionalista español de extrema derecha Vox está ganando votantes a los partidos independentistas catalanes. Desafío a Münchau a que vaya a Cataluña y encuentre un solo votante que haya cambiado en esta dirección. Sospecho que estará buscando durante bastante tiempo.

A pesar de la argumentación defectuosa, Münchau ha dado con algo sobre lo que merece la pena reflexionar: ¿por qué los movimientos independentistas europeos parecen ser significativamente menos amenazadores hoy que a mediados de la década de 2010? Y si están en declive, ¿se trata de una tregua temporal o de una disminución a más largo plazo?

Indicadores pasivos

Los partidos independentistas siguen teniendo éxito electoral. En Escocia, puede que el SNP haya sido vapuleado en los últimos meses, pero sigue siendo significativamente más popular que cualquier otro partido. En Cataluña, el apoyo a los partidos independentistas ha demostrado ser tenaz a pesar de la embestida estatal tras el referéndum "salvaje" de 2017. De hecho, en las últimas elecciones de 2021, los partidos independentistas obtuvieron por primera vez una clara mayoría parlamentaria. Las encuestas siguen bastante ajustadas a favor y en contra de la independencia tanto en Escocia como en Cataluña.

En otros lugares, los partidos independentistas parecen ir viento en popa. El Sinn Féin, que Munchaü no menciona, es ahora el partido más grande en el norte y el sur de Irlanda, mientras que EH Bildu en el País Vasco y el BNG en Galicia lograron sus mejores resultados en las elecciones parlamentarias de 2020, quedando ambos en segundo lugar. En Flandes, Vlaams Belang lidera actualmente las encuestas para las elecciones belgas de 2024. El apoyo independentista, registrado a través de los resultados electorales y las encuestas de opinión, parece más resistente que nunca en Europa.

Pero por debajo de estas tendencias principales, se ha producido un debilitamiento de la participación electoral, especialmente entre los votantes de clase trabajadora, una señal de que los movimientos independentistas ya no pueden actuar como recipientes para los alienados e ignorados por los partidos de ámbito estatal.

En Escocia, la participación en el referéndum de 2014, del 84,6%, fue histórica. El número de personas que se registraron para votar -el 97%, 330.000 personas por primera vez- fue igualmente impresionante. Según un estudio, las personas que "temían el desempleo", que se encontraban en el 25% de los ingresos más bajos y los inquilinos de viviendas sociales eran los más propensos a votar Sí.

En los años siguientes, la participación electoral ha disminuido. En las siguientes elecciones, las generales del Reino Unido de 2015, acudió a las urnas el 71,1% de los escoceses, un 7% más que en las anteriores elecciones generales de 2010. En las más recientes Elecciones Generales de 2019, en las que estaba en juego el 'Brexit', la participación escocesa fue del 68,1%. En las elecciones más recientes en Escocia, las locales de 2022, la participación cayó al 43%, desde el 47% de 2017. En Inverclyde, una de las circunscripciones de Westminster más pobres de Escocia, el 75,2% acudió a las urnas en 2015, porcentaje que cayó al 66,4% en 2017 y al 65,8% en 2019. Los votantes animados por 2014 no están volviendo a los partidos unionistas, simplemente están volviendo a la apatía.

En Cataluña, las dinámicas de clase son más complejas, pero ha habido una caída aún más marcada en el compromiso de los votantes después del referéndum de 2017. En las elecciones regionales de diciembre, inmediatamente después del 1-O, votó el 79,1%. Para las elecciones regionales de 2021, esa cifra había caído a solo el 51,3%. Casi un tercio del electorado abandonó en los cuatro años entre la insurgencia y el desánimo.

Indicadores activos

Sería un error analítico evaluar el grado de amenaza de los movimientos independentistas para sus respectivos Estados basándose únicamente en estos indicadores pasivos de participación. La dinámica de la política independentista depende tanto de lo que ocurre en las calles como de la intensidad del conflicto entre los partidos independentistas y el Estado. En estos indicadores activos, está muy claro que el dial ha bajado significativamente desde los máximos de 2014-2017, cuando tanto Escocia como Cataluña tenían movimientos insurgentes y parecían estar al borde de la independencia. 

Bajo el liderazgo de Sturgeon, el movimiento independentista escocés se ha ido vaciando lentamente de vida desde el referéndum de 2014. El primer golpe fue que Sturgeon diera prioridad a una "votación popular" en todo el Reino Unido sobre la UE frente a una votación independentista. En segundo lugar, la primera ministra acumuló mandatos a favor de un referéndum de independencia victoria electoral tras victoria electoral, pero no cumplió sus repetidas promesas de que esos mandatos serían suficientes por sí mismos (desalentó los movimientos de protesta) para celebrar ese referéndum.

Cuando la realidad -que Westminster no era tan susceptible a la presión democrática como Sturgeon pretendía- se hizo demasiado obvia para evitarla, Sturgeon presentó un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido que seguramente sabía que tenía casi cero posibilidades de éxito. Esa derrota legal la dejó pregonando un "referéndum de facto" en unas elecciones generales del Reino Unido en las que ni ella ni su partido tenían ninguna fe real, y se retiró antes de tener que defender esa posición en una conferencia especial del SNP el próximo mes.

En cuanto a Cataluña, tras el referéndum de 2017, las energías iniciales se dedicaron, comprensiblemente, a resistir la represión estatal contra los líderes del movimiento y cientos de activistas que se enfrentaban a penas de prisión, lo que colocó al movimiento en una posición defensiva. Desde que el gobierno de coalición de centro-izquierda de PSOE y Podemos llegó al poder en Madrid a principios de 2020, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido capaz de desplegar con éxito una estrategia de divide y vencerás hacia los dos principales partidos independentistas de Cataluña, cooptando al centro-izquierda ERC, que ha apoyado al gobierno en Madrid en votaciones cruciales, mientras que mantiene al centro-derecha Junts per Catalunya a distancia.

Sánchez presionó a los jueces españoles para que indultaran a los líderes independentistas catalanes en 2021, una medida que rebajó la tensión. Mientras tanto, un "diálogo" constitucional en curso pero totalmente infructuoso entre el Gobierno español y ERC ha alejado la política catalana de la ruptura y la ha acercado al Estado español. Cuando el Gobierno de coalición ERC-Junts se desmoronó en vísperas del quinto aniversario del referéndum de 2017, en septiembre de 2022, fue un potente símbolo del fracaso del movimiento a la hora de encontrar una nueva estrategia para hacer frente al duro "no" del Estado español a un referéndum.

El neoautonomismo y sus límites

Tanto en el caso escocés como en el catalán, podemos ver que los partidos independentistas pueden seguir aprovechando las energías latentes de sus respectivos referendos para obtener éxito electoral, mientras que en realidad no proporcionan ningún impulso genuino hacia la independencia en sí. En nuestro libro de 2022 "Scotland After Britain", James Foley, el difunto Neil Davidson y yo describimos esta política como "neo-autonomismo": "un marco nacionalista permanente... sin un movimiento correspondiente hacia la condición de Estado".

El neoautonomismo ha sido la política dominante en Escocia y Cataluña tras los referendos, pero tiene sus límites. Uno de ellos es el fracaso de los gobiernos neoautonomistas descentralizados a la hora de hacer uso de los poderes que tienen para llevar a cabo transformaciones sociales y económicas. Tanto el SNP como ERC han sido en gran medida gestores ortodoxos del neoliberalismo a nivel descentralizado, y no han respondido a la crisis de la inflación con las medidas radicales necesarias para defender el nivel de vida de la clase trabajadora. Al final, crece el cinismo ante las promesas de cambio para mañana cuando se hace poco en el presente.

Otro límite es que estos partidos dependen en última instancia de los activistas que conforman el movimiento social independentista para financiarse y hacer campaña electoral; si desmoralizan demasiado a estos activistas, la campaña electoral se resentirá. Tras haber visitado Barcelona con motivo del quinto aniversario de las protestas por el referéndum de 2017, el 1 de octubre, me quedó muy claro que la división entre ERC y el movimiento ya se ha convertido en un abismo. En Escocia, el SNP ha pasado de ser el mayor partido per cápita de Europa tras el referéndum de 2014 a tener una base partidaria reducida y vaciada. Como ha señalado David Jamieson, uno de los posibles desencadenantes de la dimisión de Sturgeon puede haber sido el creciente escándalo sobre si el partido utilizó fraudulentamente fondos recaudados del público específicamente para la campaña del Sí en actividades rudimentarias del partido. Ni ERC ni el SNP pueden confiar en las fuentes tradicionales de efectivo de los partidos de ámbito estatal -grandes empresas y sindicatos- para financiar sus operaciones.

Con el neoautonomismo cada vez más agotado, la trayectoria más probable es que ERC y el SNP deriven hacia convertirse en partidos más o menos satisfechos con tratar de acumular más competencias transferidas dentro del Estado hegemónico. Nacionalismo sin independencia. (Existe un precedente: el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) ha dominado la política vasca sobre esta base casi sin interrupción durante más de 40 años. Sin embargo, a diferencia del SNP y ERC, EAJ-PNV tiene vínculos muy estrechos con la burguesía vasca, especialmente con el capital fósil).

Una dirección más improbable es que los partidos independentistas empiecen a desaparecer como fuerzas políticas serias, con el público volviendo a los partidos de ámbito estatal que fueron dominantes en el siglo XX. Esto requeriría una transformación del Estado, de forma que pudiera realmente proporcionar un aumento sostenido del nivel de vida para la mayoría y pudiera actuar como un control efectivo del poder corporativo. En ninguna parte de Europa hay indicios de que sea probable un resurgimiento serio de la socialdemocracia.

Una tercera posibilidad es que las fuerzas de la independencia desde abajo encuentren un impulso renovado a través de una agenda más ambiciosa de ruptura constitucional acompañada de soluciones verdaderamente radicales a la crisis inflacionista. Esto requeriría encontrar formas creativas de apoyar al movimiento huelguístico emergente, especialmente cuando entra en conflicto directo con los gobiernos neo-autonomistas descentralizados. Esta combinación de políticas constitucionales y de clase podría reavivar el movimiento sobre una nueva base, presionando a partidos como ERC y el SNP para que entablen una relación de mayor confrontación con el Estado.

Münchau se equivoca al afirmar que los movimientos independentistas europeos están muertos, pero corren el riesgo de convertirse en irrelevantes para las grandes cuestiones de nuestro tiempo si la deriva neoautonomista continúa durante mucho más tiempo."  
                (Ben Wray, Brave new Europe, 04/03/23)

14/1/20

Las naciones son gastronomía, no son esencias y materiales que vienen de tiempos pasados; no hay necesariamente una cultura o una historia detrás de cada nación... los nacionalismos (y las naciones) no están predefinidos ni predeterminados...

"(...) ¿Es posible no ser nacionalista?

La gran mayoría es algo nacionalista, aunque muchas veces sea de forma inconsciente. Muchísimos ciudadanos de Europa no tienen la necesidad de hacerlo visible u obvio salvo en momentos en los que hay un enfrentamiento. Lo suelen expresar con sentimientos banales: en el apego a la lengua, a una manera de ser, a unas costumbres o incluso a la gastronomía. 

La mayor parte, cuanto menos, necesita la nación como horizonte y como marco de referencia, aunque luego no sepan muy bien definirla. Después hay minorías cosmopolitas que consideran que la identidad nacional no sólo no es un elemento preponderante ni prioritario, sino que tienen muchas identidades y para ellos la nación no juega ningún papel. Pero son minoría.

¿Por ello defiende que las naciones tienen más que ver con la gastronomía que con la geología?
 
Las naciones son gastronomía, no son esencias y materiales que vienen de tiempos pasados; no hay necesariamente una cultura o una historia detrás de cada nación. Hay precondiciones que pueden explicar el mayor arraigo de los nacionalismos y que pueden ayudar, pero los nacionalismos (y las naciones) no están predefinidos ni predeterminados.

Pero todos rechazan la etiqueta de nacionalista. De hecho, apuntas en el libro que muchos intelectuales de este país aún niegan que exista el nacionalismo español.

El rechazo a la etiqueta nacionalista no es una cuestión española. También es muy propio del ámbito lingüístico francés, portugués, alemán… el término nacionalismo está denostado por el uso perverso e hipertrófico con consecuencias criminales. Está negativamente connotado desde 1945. Yo no digo que todo el mundo sea nacionalista de la manera en que lo pueda ser un ardiente defensor de la unidad de la patria como Abascal o como Quim Torra.
Muchos dicen ser patriotas y no nacionalistas…

La mayor parte de los ciudadanos se sitúa en escalas intermedias de baja intensidad. Algunos llaman a eso patriotismo y creen que es sano y que el nacionalismo es malo. La diferencia no es de naturaleza sino de gradación. Quizá decir que todo el mundo es nacionalista es un tanto exagerado, pero sí diría que la mayor parte de la gente necesita una nación.   (...)
Ahora que lo menciona, algunos atribuyen cierto “supremacismo” a algunos sectores del independentismo catalán. Y también se ha usado ese calificativo en sentido contrario.

Se trata de retórica y guerra de propaganda para deslegitimar al contario. La mayoría del nacionalismo catalán no cree que tenga una pureza especial o que sea superior. Otra cosa es que me digas que hay núcleos más puristas con el tema de la lengua que tienen problemas para tener una idea más cívica de nación. Torra se equivoca en muchos de sus planteamientos y es un nacionalista de perfil duro, pero no me parece que sea un supremacista.

¿Son los nacionalismos periféricos –Catalunya, Euskadi...– los que han provocado el resurgir el nacionalismo de Estado?

Una cosa no tiene por qué llevar a la otra, pero todo nacionalismo necesita un otro para consolidarse y para reafirmar su personalidad. Los nacionalismos sin Estado, precisamente por no tenerlo aunque haya instituciones sucedáneas y por no gozar de reconocimiento internacional, están forzados a una hipertrofia simbólica y de alguna manera tienen que hacer ostentación. En cambio, el nacionalismo de Estado muchas veces es más invisible y se alimenta con un nacionalismo trivial de baja intensidad. 

Se manifiesta y sale a la luz ante agresiones externas o amenazas internas como puede ser la secesión de una región o la presencia de una minoría o un colectivo que se considera extraño en la nación; o puede ser por la inmigración. Pero también en algunos momentos porque los actores políticos dan a la nación un valor supremo para enmascarar otros intereses. Y eso también puede pasar en los nacionalismos sin Estado.

¿Entonces el nacionalismo catalán es el motor de ese despertar del nacionalismo español?

Primero fue el plan Ibarretxe, del que nos hemos olvidado, como de ETA... Había un desafío para el que se tenía una receta de defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos, etc. porque ETA mataba a gente inocente de todo tipo. El nacionalismo catalán plantea un desafío de otra naturaleza porque es cívico y es pacífico –quitando algunos de los últimos episodios–; pero se ha intentado calcar la receta de Euskadi con Catalunya. Además, en la época de José María de Aznar, sobre todo a partir del año 2000, ya se empezó un proyecto explícito de renacionalizar España, de normalizar España en el contexto europeo. 

Esa renacionalización empezaba con los símbolos: con el orgullo de la bandera, con el himno o con la presencia de mayores contenidos comunes en los currículos escolares de toda España. Luego José Luis Rodríguez Zapatero tenía un proyecto todo lo teórica e intelectualmente sofisticado que se quiera, pero al final no estaba muy construido. Hablaba de una España plural, de valoración de la pluralidad en la propia génesis de la identidad española, de valoración de la tradición republicana, federal… y se apoyaba en Maragall, Touriño y los valencianos, que ayudaron bastante.


¿Ante este último “desafío” cómo se ha reaccionado?

Con mayor polarización, una polarización que ha llevado a que se manifieste Vox, que es producto de esa proliferación de lo que llaman nacionalismo constitucional. Pese a que tiene elementos claramente neofascistas y de derecha radical como el rechazo a la inmigración, su núcleo es la defensa de la unidad de España frente al movimiento independentista catalán. Con todo, antes ya estaban ahí y en el momento adecuado surgió la España de los balcones. 

Existía cierta banalización y normalización de algunos símbolos como la bandera bicolor, que hasta la Eurocopa de 2008 o el Mundial de 2010 se veía muy poco. Y empezó a verse también en las periferias de Barcelona. Pero también es verdad que ya hay una generación que ha crecido en la España democrática y no tiene problemas para identificarse con la bandera que sus mayores asocian al franquismo o a la monarquía.

 El Estado de las Autonomías fue una solución improvisada que duró casi 40 años. Era un coche viejo que había que repararlo pero seguía funcionando. Es el momento de diseñar algo nuevo, aunque ese modelo está por definir. En mi opinión habría que huir de los estados nación clásicos. Tenemos teorías de nacionalismo posnacional, pero aquí impera la nostalgia, el retorno al Estado nación y vemos con casos como el del Brexit que una parte de la población se refugia en esta estructura vieja en tiempos de incertidumbre, con un contexto de crisis económica y de pérdida de importancia de Europa en el tablero global.
Afirma también en el libro que “si los nacionalismos periféricos se han sentido tradicionalmente cómodos en el escenario de la bilateralidad –nosotros a un lado, España al otro lado–, la necesidad de encajar esa bilateralidad en una multipolaridad más amplia, un escenario de competencia múltiple etnoterritorial, multiplica los dilemas”, pero a la vez “puede facilitar soluciones intermedias”. Si es así, ¿dónde queda el federalismo? ¿Por qué no arraiga?
 
Ahora no hay compañeros para ese menester. El nacionalismo vasco nunca estuvo ahí porque tiene su régimen foral y siempre ha preferido la bilateralidad. Buena parte del nacionalismo catalán también se movía en esa lógica desde la época de Pujol, en una suerte de pacto bilateral. Así no hay manera de construir el federalismo, máxime si en la derecha y algunos sectores de la izquierda española hay serias reticencias a ello. Un sistema federal debe basarse en la lealtad de los territorios que lo integran y si hay dos o tres territorios que siempre van a estar aspirando a algo más eso no funcionará. Pero hay otro problema básico que está por definir:

 ¿Deben federarse las actuales Comunidades Autónomas? ¿Sólo Catalunya, Euskadi, Galicia y Canarias? ¿Entonces qué pasa con Andalucía, Asturias o Valencia? También lo querrán. Se puede hacer un pacto de tres o cuatro naciones, pero eso implicaría constitucionalizar a otras naciones hoy periféricas y no se querrá. Es un asunto complejo y las fuerzas mayoritarias cuando llegan al Gobierno vuelven a lo malo conocido e intentan poner parches; vuelven al Estado de las Autonomías."                  (Entrevista a Xosé M. Nuñez Seixas, Iñaki Pardo,  La Vanguardia, 04/11/19)

8/10/19

Una confederación no es un Estado. Es una organización de estados independientes, y cada uno de ellos mantiene su soberanía y personalidad internacional... como la Unión Europea... Un Estado federal es sustancialmente distinto. Es un Estado, y mantiene una personalidad y una soberanía únicas. Internamente, se organiza en territorios que gozan de autonomía...

"(...) Empecemos por la teoría. Una confederación no es un Estado. Es una organización de estados independientes, y cada uno de ellos mantiene su soberanía y personalidad internacional. Lo que les une es un tratado internacional en el que se especifican las finalidades del mismo, así como las atribuciones que los estados ceden a un órgano común para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los tratados tienen cláusulas que establecen los procedimientos por los que uno de los miembros de la confederación puede abandonarla. Puede hacerlo unilateralmente, ya que mantiene su soberanía, y, en caso de que el tratado que le vincula a la confederación no prevea una vía específica de salida de la misma, se aplican normas generales del derecho internacional público.

 El ejemplo más a mano de todo ello es el 'brexit', que nos permite ver la Unión Europea como una confederación. El Reino Unido comunicó a la UE en el 2017 su decisión de abandonarla, y, trabajosamente, se está aplicando lo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Sin contemplar la secesión

Un Estado federal es algo sustancialmente distinto. Es un Estado, y, desde el punto de vista internacional, mantiene una personalidad y una soberanía únicas. Internamente, se organiza en territorios que gozan de autonomía. Esa autonomía, que permite que esos territorios, o estados miembros, deriva de una constitución común. 

Es la constitución federal la que crea la federación, no un tratado internacional, y de ella se deriva la distribución de competencias. Por ella sabemos sobre qué materias puede legislar el Parlamento federal, y cuáles corresponden a las asambleas legislativas de los estados miembros. 

Además, la constitución federal dispone una garantía jurisdiccional de la distribución de competencias: los conflictos que surjan los decide un tribunal, según los casos el Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos, o el Tribunal Constitucional, como en la República Federal Alemana. Por último, un Estado federal es permanente: a diferencia de lo que ocurre en una confederación, las constituciones federales no prevén la secesión de sus miembros

 Las de San Cristóbal y Nieves (artículo 115), en el Caribe, y la de Etiopía (artículo 39), son excepciones a esa regla general.

Establecidas las diferencias, es importante recalcar que Estado federal responde a una técnica de distribución de competencias, a la que da rango constitucional y garantía jurisdiccional, pero esa técnica no implica que, necesariamente, se distribuyan muchas competencias. Si el Estado de las autonomías se convierte alguna vez en un Estado federal (soñar no cuesta nada), no tenemos que dar por supuesto que automáticamente las comunidades autónomas gozarán de mayores competencias. 

La centralización puede ser mayor, igual o menor que la que ahora existe; todo dependerá de cómo quede la distribución de competencias en la nueva Constitución. Incluso una confederación como la que puede considerarse la UE tiene un mercado interior con mayor homogeneidad económica y jurídica que federaciones como Estados Unidos y Canadá.

Para que el País Vasco Catalunya tuvieran una relación verdaderamente confederal con España haría falta que esas tres entidades fueran soberanas, y, de mutuo acuerdo, establecieran un tratado internacional. Sin garantía de conseguirlo, porque dos no se confederan si uno no quiere, ya que ambos son soberanos. 

Creo que, en realidad, cuando se habla de un modelo confederal se está pensando en un modelo bilateral. Mejor dicho, para el caso del País Vasco, en un modelo aún más bilateral, si tenemos en cuenta la opacidad con la que se negocia el “cupo” que aporta el País Vasco a las arcas del Estado en virtud del concierto económico. Y cómo se aprueba en Madrid y en Vitoria, sin enmendarla, la ley que lo concreta. 

La bilateralidad es incómoda para el Estado porque no puede negarse a prestar en el País Vasco sus servicios, aunque entienda que el cupo ofrecido es insuficiente para sufragarlos. No imagino un modelo confederal con ese desequilibrio."                      (Xavier Arbós, El Periódico, 29/09/19)

21/2/19

Si en las próximas elecciones ganase una colaición de VOX, PP y Ciudadanos... ¿Consideraríamos legítimo que, argumentando disponer de un mandato democrático porque figuraba en sus programas electorales, decidieran que la Administración central recuperara unilateralmente competencias transferidas a las comunidades autónomas, vulnerando lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía?... curiosa y esclarecedora inversión del argumentario nacionalista... No, el Constitucional no lo permitiría, y tendrían que enfrentarse a la Justicia, no por sus ideas, sino por los actos ilegales que hubieran cometido. Sólo sería legal tras una reforma constitucional agravada que, según dispone el artículo 168, exige la aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación del texto nuevamente por ambas cámaras y un referéndum...

"Ayer el catedrático de historia contemporánea de la UAB Pere Ysàs publicó en "cartas al director" del diario El País un texto que llamó la atención en redes sociales al tratarse, en palabras del filósofo Manuel Toscano, "de un impecable ejercicio de inversión" justamente el día en que arrancaba el juicio a los líderes de la intentona separatista en Cataluña. 

Ahora que vamos de camino hacia unas elecciones generales, Ysàs plantea tres pertinentes preguntas a los dirigentes independentistas: "¿Considerarían legítimo que una futura mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, argumentando disponer de un mandato democrático porque figuraba en sus programas electorales, decidiera que la Administración central recuperara unilateralmente competencias transferidas a las comunidades autónomas, vulnerando lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía? ¿Considerarían un ataque a la democracia y a los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional anulara tal legislación? Y si, pese a ello, se intentara imponer transgrediendo la legalidad y desobedeciendo a los tribunales, ¿considerarían que no existirían responsabilidades de quienes así obraran?". 

Estas preguntas reflejan, de forma invertida, la actuación de los independentistas en 2017.

 Vox en su programa propone la transformación de España en un Estado unitario sin comunidades autónomas, con un solo gobierno y un único parlamento. Y como paso previo, propone la "devolución inmediata" a la Administración General del Estado de todas las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, así como la supresión de las policías autonómicas. Es cierto que no aclara cómo lo haría, pero la hipótesis con la que Ysàs busca que los independentistas se miren en el espejo no es descabellada en un momento en que Vox emerge con fuerza en las encuestas tras su éxito en Andalucía.  

(...) no es absurdo plantearse la hipótesis de qué ocurriría si una fuerza nacionalista de derecha radical como Vox entrara a complementar un alianza gubernamental con PP y Cs. Pues bien, aunque dichos partidos accedieran a sus demandas, la recentralización competencial exigida por Santiago Abascal no podría llevarse a cabo porque implicaría vulnerar lo que está establecido en los estatutos de autonomía. Y es evidente que el Constitucional no lo permitiría. 

Pero incluso si dentro de un tiempo hubiera una mayoría de españoles partidarios de suprimir las autonomías de un plumazo y Vox pasara entonces a ser el principal partido político (imagínense una mayoría absoluta de ultraderecha con Abascal de presidente del Gobierno), tampoco podría transformar el Estado autonómico en centralista sin una reforma constitucional agravada que, según dispone el artículo 168, exige la aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación del texto nuevamente por ambas cámaras y un referéndum. 

Ayer el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, lanzó un ridículo alegato contra la justicia española afirmando que con este proceso se está persiguiendo la "disidencia política". Dijo frases chocantes en un juicio como que tampoco "los tertulianos de la tele ven el delito de rebelión" que se imputa a sus clientes y repitió el mantra de que "no hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión". 

 Pues bien, invirtiendo sus argumentos, tampoco es imposible que España vuelva en el futuro a la centralización y quien quiera está en su derecho de proponerlo. Pero si un día los de Abascal ganasen las elecciones e intentasen ejecutar sus ideas saltándose la Constitución, derogando la autonomía de las nacionalidades y regiones que recoge el artículo 2 y desobedeciendo a los tribunales tendrían que enfrentarse a la Justicia. No por sus ideas, sino por los actos ilegales que hubieran cometido. De eso va este juicio, les guste o no a los separatistas."                 (Joaquim Coll, Crónica Global, 13/02/19)

25/6/18

El conflicto que padecemos es un conflicto entre catalanes. Es en Cataluña donde la convivencia está rota. Es en Cataluña donde algunos pretenden que no hay más salida que saltarse la ley, es en Cataluña donde algunos nos sentimos amenazados por el poder público. Este es un conflicto entre catalanes

"En primer lugar, ha de asumirse que el conflicto que padecemos es un conflicto entre catalanes. Es en Cataluña donde la convivencia está rota, donde los símbolos son usados como armas arrojadizas, donde se pelea por el espacio público, donde los ciudadanos sienten que las instituciones ya nos les representan. 

Es en Cataluña donde algunos pretenden que no hay más salida que saltarse la ley, es en Cataluña donde algunos nos sentimos amenazados por el poder público. Es en Cataluña donde unos recurren a los tribunales y otros se burlan de las sentencias. Este es un conflicto entre catalanes.

Y somos los catalanes en primer lugar los que debemos abordarlo. Y para ello tenemos que abrir un diálogo profundo, sincero, abierto, entre nosotros. Compartimos el mismo territorio y las mismas instituciones. Compartimos escuelas y calles, gobierno y parlamento, ayuntamientos y fiestas. 
Somos nosotros quienes hemos de escucharnos y entendernos como primer paso para hallar reglas de convivencia que nos permitan restañar heridas y afrontar un futuro juntos los catalanes nacionalistas y no nacionalistas.
No será fácil, pero es la única vía ¿o pretendemos vivir de espaldas unos a otros eternamente?
Y mientras ese diálogo entre catalanes no fructifique en acuerdos ¿de qué diálogo entre Madrid y Barcelona hablamos? No digo que las administraciones no tengan que hablar; pero han de hacerlo de la gestión de las competencias que a ambos interesan, del día a día de la administración.
 Evidentemente, de eso pueden y deben hablar pero ¿han de abordar ahora la Generalitat y el gobierno de Madrid un diálogo sobre el futuro de Cataluña? ¿De qué manera si los catalanes estamos divididos? ¿Llevará Torra a Madrid la opinión de algo menos de la mitad de Cataluña, la Cataluña nacionalista, como si fuera la opinión de toda Cataluña? Seguro que esa es su intención pero ¿ha de admitirlo el gobierno español, los partidos políticos o las Cortes? No, no deberían. 
Ante esta situación de división esas llamadas al diálogo por parte de los nacionalistas deberían tener una respuesta muy clara: "mire, Sr. Torra, lo primero es que los catalanes lleguen a acuerdos amplios, y sobre la base de esos acuerdos hablaremos; pero en la situación actual, con una sociedad dividida ¿pretende que lleguemos a acuerdos con usted que probablemente no satisfarán a una parte significativa de los catalanes? ¿qué futuro tendrían pactos "con Cataluña" que carecerían de la adhesión de una parte significativa de los catalanes?
Creo que cualquier otra respuesta por parte de "Madrid" sería una tremenda irresponsabilidad. Conseguida la desafección de una parte significativa de la sociedad catalana, la búsqueda de pactos con esa parte de la sociedad al margen de la mitad (al menos) de los catalanes no haría más que aumentar el descontento, la tensión y los enfrentamientos. Enfriar las posibilidades de ese diálogo con el Estado en tanto se mantenga la división dentro de Cataluña sería un ineludible ejercicio de responsabilidad.
 Y ante esta situación ¿por dónde empezar? Lo primero es el reconocimiento del otro. Es necesario que los no nacionalistas reconozcan que hay una parte importante de los catalanes insatisfechos con la situación actual; pero también que los nacionalistas admitan a los catalanes no nacionalistas como parte de Cataluña y como actores necesarios en su situación. 
El ninguneo que practican los nacionalistas hacia los no nacionalistas no contribuye precisamente a sentar las bases de este diálogo tan necesario. Es preciso que todos asuman que nada se conseguirá contra la otra mitad de Cataluña. (...)

¿Cuál debería ser el objetivo final de ese diálogo? Creo que los resultados de ese diálogo deberían plasmarse de muchas maneras. Unas con relevancia normativa y otras no; pero entre las primeras no hemos de descartar la posibilidad de un nuevo Estatuto de Autonomía.
El Estatuto vigente no contenta a nadie. Los nacionalistas no dejan de repetir que su contenido "no les representa"; pero los no nacionalistas tampoco están satisfechos con un texto que no hace más que dar forma jurídica al nacionalismo del que venimos y tantos malos nos ha causado. 
Somos muchos los catalanes que no estamos cómodos con un Estatuto que no da cuenta cabal del carácter plural de Cataluña, de una Cataluña que no puede ser tan solo la imagen que los nacionalistas tienen de ello. Creo que precisamos un Estatuto con el que todos los catalanes nos podamos sentir satisfechos. Y ese, desde luego, no es el estatuto vigente.
Quizás algunos se escandalicen de lo que acabo de escribir, pero si estamos de acuerdo en que vivimos una grave crisis de convivencia en Cataluña ¿no tendrá alguna responsabilidad en dicha crisis la norma básica que rige nuestra autonomía? Si asumimos que es preciso un diálogo profundo entre catalanes ¿mantendremos que ese resultado no ha de tener ningún reflejo en nuestra norma básica como Comunidad Autónoma?
Creo que esta es la tarea que debemos abordar: construir la convivencia entre catalanes, revisar lo que han sido las últimas décadas y hacer todo el esfuerzo posible para llegar a acuerdos que permitan devolver la paz a la convivencia. Si este diálogo acaba fructificando una reforma del Estatuto de Autonomía debería ser su corolario natural.
Y entre tanto este diálogo entre catalanes no avance, por favor, señores de Madrid, no tomen la parte por el todo ni den por supuesto que lo único que hay que hacer es contentar a los nacionalistas.
Los catalanes no nacionalismos no volveremos a callar."           (El jardín de las hipótesis inconclusas, 05/06/18)

11/6/18

Para la izquierda, el federalismo, es la idea de democratización en cualquier nivel de decisión

"El federalismo tiene bastante que ver con aspectos técnicos, pero ¿No es a la política a quien corresponde tomar la iniciativa para avanzar hacia él?La política tiene mucho que decir, pero hay que tener en cuenta que la política no se hace solo en las instituciones. Se hace también en la calle, las fábricas, los movimientos sociales... 

De entrada, para la izquierda catalana, incluido el anarco-sindicalismo, el federalismo no es solo un determinado modelo de organización administrativa y territorial del Estado, sino un principio de organización social. La idea federal va mucho más allá de cómo articular territorialmente un Estado, de cómo establecer mecanismos para equilibrar la formación de la voluntad general del Estado, para que las partes puedan participar. 

Es la idea de la libre asociación entre individuos para ir generando espacios de cooperación mutua, auto-gestionados, que se van engarzando, en base al principio federativo. En realidad, para producir toda la vida social, desde la economía, la redistribución de la riqueza, la producción del ocio, de la educación… De ahí la larga tradición de las izquierdas autogestionarias, que promovían el federalismo dese el cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo…

¿Estos principios federalistas en que se sustentan?A riesgo de cualquier simplificación, el federalismo es la elaboración teórica y también la práctica política de una pulsión muy humana, que se contrapone a otra, también muy humana, que es la construcción de la alteralidad. El federalismo es una visión distinta a la alteralidad.

 La idea de cualquier “nosotros” que se quiera definir, separando a unos individuos de otros siempre termina siendo falaz. El “nosotros” engloba a todos, desde la perspectiva del federalismo. Evidentemente, el federalismo no pretende borrar la diversidad. Por el contrario, trata de articularla. 

Así como de la triada revolucionaria de “Libertad, igualdad y fraternidad”, las dos primeras han terminado encontrando su forma de expresión política, constitucional, en la construcción de Estados democráticos, la fraternidad debe encontrar su espacio en la construcción de Estados federales. Encarna, en definitiva, la idea de abordar de otra forma la existencia del otro.

¿No es tan aceptado, universal y practicado el federalismo en el mundo que casi ha dejado de ser una causa para convertirse en normalidad?La mayor parte que vive en democracia en el mundo lo hace en un sistema de tipo federal. Cosa, que algo nos debería indicar respecto a sus virtudes, pero también es verdad que, al haberse institucionalizado, el debate entorno al funcionamiento del federalismo ha derivado a menudo en algo muy técnico y académico. 

Pero quizá también pasa esto con los principios básicos de funcionamiento de un Estado democrático, donde hay una democracia consolidada. Es donde no tenemos un sistema federal donde se produce una reflexión más cercana a lo ideológico y político.

 En el caso de España, en particular, la cuestión del federalismo está muy impregnada del eje derecha-izquierda, por nuestra historia. La derecha española, desde la I República, siempre ha asociado la idea del federalismo a la disgregación de la unidad de España.

¿Es, entonces, el federalismo cosa de la izquierda?No necesariamente tiene por qué estar asociado el federalismo a la izquierda. De hecho, a los fundadores de los Estados Unidos de América, que escribieron que se construía la federación para tener una unión más perfecta, difícilmente se los podría calificar de izquierdistas. 

Del mismo modo que la izquierda no da el mismo contenido al concepto de democracia que el liberalismo clásico, en la medida en que aspira a superar la democracia formal y llegar a una real. 

Decía León Gambetta que lo que caracteriza esencialmente a una democracia no es el hecho de reconocer iguales (por Ley), sino crearlos, a través de dotar a todos los miembros de una sociedad de los mínimos materiales imprescindibles para desarrollar su proyecto de vida con autonomía y dignidad.

 Lo que entendemos como las bases materiales de la libertad. En el fondo, la dicotomía entre libertad e igualdad es falsa. Aspiramos a una sociedad igualitaria porque queremos la misma libertad para todo el mundo.

¿Y el “soberanismo”, que tan de moda está entre algunas izquierdas catalanas, no entra en franca contradicción con el federalismo?El concepto político de “soberanía” es más bien obsolescente. En el fondo, si se entiende la soberanía como la facultad sobre todas las facultades, nunca ha debido existir un Estado plenamente.

 En cualquier, caso, al margen de la discusión histórica y el origen del término, que tiene algo de monista, el “soberanismo” no define bien donde estamos. Para la izquierda debería tener más sentido la idea de democratización en cualquier nivel de decisión.

¿La democracia es revolucionaria?No es nada nuevo pensar que la democracia hasta sus últimas consecuencias nos lleva al socialismo.

¿Por qué tanta resistencia en España al federalismo?Padecemos traumas históricos que explican esta resistencia al federalismo, sobre todo por parte de la derecha, pero también en la izquierda, porque se asocia al cantonalismo y la disgregación. El federalismo es todo lo contrario de la disgregación. 

Es la idea de construir una unión en la diversidad, aunque el carácter marcadamente ideológico de la defensa del federalismo también influye en el debate. En cualquier caso, está bien que las principales fuerzas de la izquierda, el PSOE y Podemos, estén propugnando por primera vez desde la primera República un modelo de espacio de tipo plurinacional, federal.

¿Puede considerarse el Estado de las autonomías un modelo federal, aún con todos sus defectos y pocas de sus virtudes?Tenemos un sistema muy peculiar, que cuando se estudia se hace desde la perspectiva federal o cuasi federal. El diseñador constituyente diseñó un modelo para que se pudieran acoger a él las nacionalidades llamadas históricas, las que durante la II República habían tenido algún grado de autonomía. 

El modelo permitió también el acceso al autogobierno de territorios que seguramente ni se lo habían planteado. Si algo acredita que el principio de subsidiariedad, propio del federalismo, es bueno, es el autogobierno que ha servido a Extremadura, Castilla y León, etc. 

Pero lo que hay que hacer es tratar de hacer evolucionar nuestro sistema autonómico a uno plenamente federal ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues reformando la Constitución que permita incorporar mecanismo e instituciones federales. Y lo que también le falta a España para ser un Estado plenamente federal son medios de participación de las partes federadas en la voluntad común del Estado. 

También le falta política de reconocimiento, que le digan a la gente con identidades mixtas que el Estado también es suyo, que no es patrimonio de la identidad mayoritaria.

¿En una eventual consulta sobre el modelo territorial, en base a preguntar si se quiere permanecer con el modelo actual, recentralizar el Estado o crear un nuevo modelo de base federal, cual podría ser el resultado previsible?Hay encuestas que introducen esa tercera opción con distintas denominaciones, pero tampoco está claro que esa pregunta responda a las opciones realmente disponibles. Los socialistas catalanes no somos nacionalistas, no compartimos el principio de las nacionalidades que en su día formuló Mancini. No creemos que cada nación cultural debe formular su propio Estado y tampoco que el Estado se pueda permitir una sola nación. 

Del mismo modo que estamos convencidos de que el sistema capitalista no es la forma definitiva social y económica de la humanidad, también creemos que el Estado-nación no es la forma definitiva de organización política y administrativa de la humanidad.

 Queremos ir más allá de la identidad nacional como criterio para la formación de una comunidad política. Queremos que nuestras comunidades políticas se conformen de acuerdo a unos valores constitucionales debatidos, compartidos y fijados en una Constitución. Y habría que ir separando el concepto de nacionalidad del de ciudadanía. 

Es bastante arbitrario lo de que la identidad lleva a crear una comunidad política con los que comparten esa identidad, sobre todo en sociedades crecientemente plurales y complejas, como la nuestras. Importa que se pueda vivir una identidad con plena libertad, pero en base a compartir derechos y obligaciones ciudadanas. Y, desde luego, es buena una laicidad del Estado respecto a las identidades nacionales.

¿Y qué pinta la Unión Europea en todo esto?La UE, con elementos de confederación y federales, también tiene pendiente perfilar el modelo. Puestos a soñar, habría que pensar en una Federación Mundial, porque muchos problemas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, como el cambio climático, el movimiento de capitales, las migraciones…, son globales."              

(Entrevista a  Ferran Pedret, milita en el PSC y es portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña. También es socio de Federalistes d’Esquerres. El Triangle, 10/06/18)

7/6/18

Los nacionalistas vascos diferencian en el nuevo Estatuto entre ciudadanos y nacionalizados. El proceso de nacionalizaciones se pondría en marcha una vez constituida la nación vasca, pero no se sabe quiénes accederán a la nueva ciudadanía vasca, y quiénes se quedarán de vascos de tercera división, con el DNI español

"El estatuto vasco ya tiene preámbulo y un título preliminar. De momento no es más que una propuesta, pero si el pasado miércoles el PNV y EH Bildu impusieron al resto su concepto del derecho a decidir, con un voto particular de Elkarrekin Podemos, que no se sumó al acuerdo, este miércoles han dado un paso más al diferenciar entre los ciudadanos vascos que vivan en Euskadi, y los que tengan la nacionalidad.

 Podemos, el PSE y el PP lo consideran una postura "maximalista" que aleja un eventual acuerdo en el seno de la Ponencia de Autogobierno, y acusan a los nacionalistas de buscar un texto en el que se prima la identidad sobre los derechos. (...)

Según el título preliminar, el proceso de nacionalizaciones se pondría en marcha una vez constituida la nación vasca, pero ni el PNV ni EH Bildu concretan si quienes sean solo ciudadanos mantendrán el DNI español y los nacionalizados vascos otro con su nueva nacionalidad. Dejan las concreciones para un desarrollo legislativo posterior.  

Tampoco aclaran en el documento base si unos y otros tendrán derechos y deberes diferentes, aunque sí especifican que quienes no se nacionalicen no perderán sus derechos.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado tras los cuarenta minutos que ha durado la reunión que "el apartado 2.8 en el que se diferencia ciudadanía y nacionalidad vasca, rescatando casi literalmente el texto de Ibarretxe de 2004, es la más clara constatación de la deriva excluyente que está tomando la entente entre PNV y EH Bildu, y su nula voluntad de sumar a ninguna fuerza política que no sea nacionalista".

El documento especifica: "El reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como punto de conexión, posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el Sujeto Político, con independencia de cual sea su procedencia o nacionalidad", pero a renglón seguido especifica que "habida cuenta del carácter plurinacional del Estado Español y las características del nuevo modelo de relación con el Estado contenido en el Nuevo Estatus Político, se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por Ley, aprobado en el Parlamento Vasco.

Se establecerá también que nadie será discriminado por razón de su nacionalidad ni será privado arbitrariamente de ella", explicita el título preliminar.

 Los socialistas también critican que el documento establece categorías ciudadanas inaceptables, porque aunque pretende reconocer igualdad de derechos civiles y políticos para quienes tienen “vecindad administrativa” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, "prevé una distinción expresa por razón de nacionalidad vasca.

 La pluralidad no se puede garantizar sobre una línea de reconocimiento, sino en el desarrollo legal de los derechos", asegura el PSE.  (...)"          (Pedro Gorospe, El País, 31/05/18)

14/3/18

El economista Thomas Piketty dice que Cataluña tiene más poder fiscal que los estados de EE.UU. y Alemania

"¿La crisis en Cataluña se debe a la excesiva centralización y la intransigencia de las autoridades en Madrid? ¿O se debe a la competencia generalizada entre regiones y países que rivalizan entre sí, cada uno persiguiendo sus propios intereses, un proceso que ya ha ido demasiado lejos tanto en España como en Europa?

(...) no hay que olvidar que las nuevas reglas para la descentralización fiscal se validaron efectivamente en 2010, tanto para Cataluña como para el conjunto de las regiones españolas. Ahora estas reglas, que han estado vigentes desde 2011, ya hacen de España uno de los países más descentralizados del mundo en asuntos presupuestarios y fiscales, incluso cuando se compara con Estados federales de un tamaño mucho mayor.En particular, desde 2011, la base del impuesto a la renta se divide 50-50 entre el gobierno federal y los gobiernos regionales. En la práctica, en 2017 las tasas de la contribución del impuesto sobre la renta al presupuesto federal oscilaron entre el 9,5% (para los ingresos anuales imponibles por debajo de 12.450 euros) y el 22,5% (por encima de los 60.000 euros).

 Si una región decide aplicar estas mismas tasas para su parte de la base del impuesto a la renta, los contribuyentes de esta región pagarán tasas de impuesto a la renta totales que oscilarán entre el 19% y el 45% y los ingresos tributarios se repartirán por igual entre Madrid y el región. 

 Cada región también puede decidir establecer sus propias bandas de impuesto sobre la renta y sus propias tasas adicionales, más altas o más bajas que las tasas federales. En todos los casos, los ingresos correspondientes se acumulan para la región que ya no tiene que compartirlos con otras regiones (para la lista de tasas aplicada en 2017, ver aquí, p.505).

 Este tipo de sistema plantea numerosos problemas. Desafía la idea misma de solidaridad dentro del país y se reduce a jugar en contra de las regiones, lo cual es particularmente problemático cuando se trata de un impuesto sobre la renta, ya que se supone que permite reducir las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, por encima de las identidades regionales o profesionales.  

Desde 2011, este sistema de competencia interna también ha conducido a estrategias de dumping y la domiciliación fiscal ficticia de los hogares y empresas más adinerados que a la larga pueden arriesgarse a socavar la progresión del conjunto (véase, por ejemplo, este artículo de D. Agrawal y D. Foremny).En comparación, en los Estados Unidos, un país con siete veces la población de España, y bien conocido por su apego a la descentralización y los derechos de los Estados individuales, el impuesto a la renta siempre ha sido un impuesto que era casi exclusivamente federal.

 En particular, desde su creación en 1913, es el impuesto federal a la renta lo que asegura la función de progresividad fiscal con tasas aplicables a los ingresos más altos que se establecieron en promedio en más del 80% entre 1930 y 1980 y se estabilizaron un poco por debajo del 40% desde los años 1980-1990.  

Los estados federales pueden votar tasas adicionales, pero en la práctica estas son tasas muy bajas, generalmente entre 5% y 10%. Sin duda, los contribuyentes en California (el estado con una población que es casi tan grande como España y seis veces más numerosa que Cataluña) hubieran estado muy felices de quedarse con la mitad de los ingresos del impuesto federal para ellos y sus hijos; pero el hecho es que nunca lo han logrado (si se dice la verdad, nunca lo han intentado realmente).En la República Federal de Alemania, un ejemplo más cercano a España, el impuesto a la renta es exclusivamente federal; los Lander no tienen derecho a votar impuestos adicionales. Tampoco tienen el derecho de quedarse con la menor parte de los ingresos por sí mismos, independientemente de lo que piensen los contribuyentes en Bavaria.

 Queremos dejar en claro que la justificación de las tasas impositivas adicionales a nivel regional o local no es necesariamente algo malo como tal (en Francia podría permitir la sustitución del impuesto local o taxe d'habitation) con la condición de que permanecer moderado. 

 Al elegir dividir el impuesto a las ganancias 50-50 entre los gobiernos estatales y regionales, España ha ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que a algunos catalanes les gustaría mantener el 100% de los ingresos del impuesto sobre la renta para independizarse.

 Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión catastrófica de la crisis en la zona euro, en particular a expensas de España, durante décadas Europa ha estado promoviendo un modelo de civilización basado en la idea de que es posible tener todo al mismo tiempo: integración en un gran mercado europeo y mundial, sin ninguna obligación real de garantizar la solidaridad fiscal y la financiación del bien público.

 En estas circunstancias, ¿por qué no probar suerte haciendo de Cataluña un paraíso fiscal parecido a Luxemburgo? Sin duda, hay un presupuesto federal europeo, pero es muy pequeño. Sobre todo, debe basarse lógicamente en aquellos que se benefician más de la integración económica, con un impuesto europeo común sobre las ganancias corporativas y los ingresos más altos, como es el caso en los Estados Unidos (también se podría esforzar por mejorar, pero estamos lejos de esto). Solo asegurando que la solidaridad y la justicia fiscal son por fin centrales en sus prácticas, Europa abordará con éxito los separatismos."               (Thomas Piketty, blog, Le Monde, 14/11/17)

9/1/18

Tabarnia: El monstruo secesionista ante el espejo de su delirio... criptonita para el relato del secesionismo. Es terrible que con la razón no hayamos conseguido derrotar los planteamientos xenófobos y supremacistas de los independentistas... pero con el humor, sí. Y con datos económicos y electorales, también

"Suena a ocurrencia, a recochineo, a ironía. Pero es posible que, sin dejar de usar el humor, hayamos encontrado la criptonita para derrotar definitivamente al nacional-catalanismo.

Tabarnia es una propuesta antigua y muchos la rechazábamos porque contenía aparentemente toda la filosofía nacionalista del nacional-catalanismo. Es terrible que con la razón no hayamos conseguido derrotar los planteamientos xenófobos y supremacistas de los autodenominados independentistas.

 El problema estriba en que nuestra sociedad funciona más por sentimientos reduccionistas que por razones. Hoy es el meme, la idea simple, la idea fuerza lo que mueve socialmente. Y Tabarnia ha resultado de una eficacia sintética admirable.

Hace unos días, mi comentario en Twitter fue: El monstruo ante el espejo. #Tabarnia como vacuna contra el nacional-secesionismo y como antiviral en caso de que la infección del “derecho a decidir” se asiente. Aviso a navegantes.

Con ello quería decir que la propuesta, entre bromas y no bromas, era un intento de asustar a los secesionistas y lo cierto es que lo ha conseguido. Pero una cosa es que se ofendan por la propuesta y otra muy distinta que reconsideren su postura.

 La experiencia de los últimos treinta y pico de años nos demuestra que la hoja de ruta está trazada y que con altibajos, propios de una mente bipolar –si es que, haciendo caso a Boadella, concluimos que la sociedad catalana está enferma–, seguirán adelante en sus proyectos de ingeniería social. La otra parte de mi comentario se refería a la aplicación de Tabarnia como antiviral en caso de que el secesionismo consiguiera llevar a cabo su referéndum de secesión.

Pero, tal vez, es hora de pasar de ser reactivo a ser proactivo, o lo que se dice coloquialmente tomar la iniciativa. O, con símil guerrero: no hay mejor defensa que un buen ataque.

El 155 ha sido un gatito y el coste para el gobierno alto. Su aplicación no ha removido ni un ápice el poder omnímodo del catalanismo segregador. Los directores generales siguen en su puesto de las Conselleries, los medios de comunicación intactos, la escuela sigue haciendo su labor asimiladora, la presión social la siguen gestionando desde las instituciones los secesionistas, todo sigue al servicio del Procés… Ha sido una pausa. ¡Nada más!

Tabarnia

Ciertamente, no parece una propuesta muy concretizada pero incluye 13 comarcas completas, que son las que se utilizan para realizar los cálculos (Ver cuadro 1), y parte de otras 4 (Selva, Bages, Moianès y Anoia)

Lo cierto es que la propuesta incluye más de 4.000.000 de ciudadanos/electores, más del 75% de la población catalana en edad de votar, en un territorio relativamente pequeño pero con alta concentración de tejido industrial. En la página web de Tabarnia encontrarán multitud de datos.

Como podemos intuir a partir de las opciones votadas en las últimas autonómicas, esta propuesta podría tener gran aceptación en el conjunto del territorio propuesto ya que contaría, virtualmente, con casi el 58% de votos no independentistas si el nivel de participación es similar. Sin embargo, hay tres comarcas donde la mayoría es secesionista: Maresme, Alt Penedès y Alt Camp. Sucede lo mismo en las cuatro que se quieren incluir parcialmente, pero en conjunto la opción no-independentista es mayoritaria.

Una nueva comunidad autónoma española

La pregunta es: ¿Es posible crear una nueva comunidad autónoma en España?
La respuesta está en los artículos 143, 144 y 146 de la Constitución, y es afirmativa. En su segundo apartado, el 143 dice

 “La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses”.

 Dado que la propuesta es la suma de partes de territorios de dos provincias, las Diputaciones no podrían, en principio, iniciar dicho proceso. En cambio, dicho proceso sí se podría iniciar para toda la provincia de Barcelona o para toda la de Tarragona. Véase los datos para toda la provincia de Barcelona:

De nuevo nos encontramos con casi un 75% del censo de toda Cataluña (3.975.943) y de nuevo con un porcentaje no-independentista alto, superior al 55% del voto registrado el 21D. En este caso, la Diputación de Barcelona podría perfectamente iniciar el proceso. También podrían iniciarlo un número suficiente de municipios, a partir de 210, ya que en la provincia hay 316 y los municipios de las comarcas no-independentistas (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Oriental y Vallès Occidental) suman 103. 

Raro sería no conseguirlo, y el tema de mayoría del censo electoral quedaría debidamente resuelto, ya que tan solo el Barcelonés supone casi la mitad del censo.

Ello implicaría una fuerte campaña de cara a las municipales de 2019, donde se disputará la mayoría en la Diputación de Barcelona y el control suficiente de municipios.
Pero confiar en que los actuales partidos promuevan la iniciativa autonómica para Barcelona es esperar en balde. La opción más pausible sería una iniciativa en el Congreso de los Diputados, que, por mor del artículo 144 y “mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: 

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo ”

Solo queda explicar por qué es de interés nacional la creación de una comunidad autónoma coincidiendo con el proyecto Tabarnia, con la provincia de Barcelona, con las dos provincias Barcelona y Tarragona o con el antiguo condado de Barcelona.

Queda descartada la Iniciativa Legislativa Popular, ya que ésta no sirve para la redacción de Leyes Orgánicas. Eso no quita que un fuerte movimiento y una recogida de firmas, tanto presenciales como telemáticas, no pudiera animar a nuestros legisladores a iniciar el proceso.
No está en mi ánimo defender derechos diferenciales, ni étnicos, ni culturales, y menos, xenófobos o supremacistas. Soy consciente que los promotores de Tabarnia tampoco y que es un fino ejercicio intelectual para oponer a la barbaridad nacional-secesionista.

Pero ya que estamos en ello la reflexión debe ir más lejos y plantearse claramente que el fenómeno separatista no es reducible ni a corto, ni medio, e incluso, ni a largo plazo. Aquí no estamos hablando del falso “derecho a decidir” ni tampoco del derecho de “autodeterminación de los pueblos” –aunque alguien podría argüir que el pueblo “charnego” (obrero) está oprimido dentro del territorio catalán, pero eso es otro debate social, y de calado, que habría que hacer en otro momento–. 

No: aquí hablamos de algo más tangible, y es la estrategia para cohesionar España y conseguir avanzar en la igualdad de sus/nuestros conciudadanos.

Con ello no estoy diciendo que se conceda la independencia o un referéndum para la Cataluña secesionista. Los criterios que hacen ilegítima la secesión siguen  igualmente vigentes. No existe el derecho a la secesión en España.

Sin Tabarnia, el nacional catalanismo quedaría tocado de muerte

Es evidente que crear una Comunidad Autónoma para Barcelona, provincial o metropolitana, tendría efectos muy beneficiosos para la convivencia en toda Cataluña y en toda España. El nacional catalanismo quedaría tocado de muerte: sin la joya de la corona –Tabarnia– no es nada. ¡Jaque mate!

La Comunidad de Madrid responde a criterios de racionalidad organizativa. Puede gustar más o menos, pero lo cierto es que los madrileños no han dejado de ser ni castellanos ni españoles. Tal pasaría con Tabarnia, donde la cooficialidad del catalán y el castellano sería por fin real, desaparecería la mal llamada inmersión lingüística y por fin la escuela se dedicaría a formar ciudadanos libres y críticos, sin asimilación identitaria de ningún signo; una escuela laica en lo religioso y en el sentimiento de pertenencia. TV3 por fin sería bilingüe y no un aparato de propaganda sectario. 

Y –lo más importante– los “tabarneses” no querríamos ningún privilegio respecto al resto de catalanes y españoles. Un sistema fiscal al servicio de la ciudadanía en toda España.

Hay quien puede afirmar que sería una imposición crear esa nueva comunidad autónoma, pero nada más lejos de la realidad. La única imposición que se pretende y se pretenderá es la secesión de Cataluña que es ilegitima e ilegal, aparte de insolidaria y antidemocrática.

Si se realizará un referéndum en toda Cataluña para la secesión es evidente que habrá municipios de Cataluña que su voto será en contra de tal secesión y, por tanto, aquellos que reclaman el “derecho a decidir”, si es que realmente se creen su propia mentira, deberían aceptar que dichos municipios permanecieran en España. Es lo que la ley de claridad canadiense estipula en caso de nuevas consultas en Quebec. 

Por ello, si en algún momento el gobierno español cediera a la demanda de un referéndum las condiciones deberían ser claras: independiente de la participación en dicho referéndum los “síes” deberían superar el 60% o 65% del censo electoral, respetando en todo caso la permanencia de aquellas poblaciones donde gane la unidad.

Así, pues, la creación de una nueva autonomía en torno a la Barcelona Metropolitana dentro de la legalidad y con el referéndum al que se refiere el artículo 151 de la Constitución nunca podría ser considerada una imposición; en todo caso, será el resultado de una voluntad democrática dentro de la legalidad y la legitimidad.

Antes de aplicar otro 155, mejor apliquen el 143 y el 144. Los españoles podríamos soñar con hablar de temas importantes para todos: acabar con el paro, mejorar la educación y la sanidad, erradicar la pobreza, elevar la formación de todos, acabar con la corrupción, redistribuir la riqueza, etc. etc. etc.

¡Y, sobre todo, dejar de mirarnos tanto el ombligo!"             

(Vicente Serrano, Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas, Crónica Popular, 05/01/18)