Introducir la Seguridad Social en una balanza fiscal territorial es intrínsecamente "perverso", dice el profesor Dafflon, con toda la razón

“Sin embargo, apenas se han hecho comentarios sobre los aspectos éticos implícitos en el método de elaboración de las balanzas fiscales. Hace unos días, José Antonio Griñán recordaba, en un excelente artículo publicado en EL PAÍS y refiriéndose a la seguridad social, la improcedencia técnica de mezclar en una misma balanza los flujos de solidaridad interterritorial con los flujos de solidaridad intergeneracional. Pero, más allá de la conveniencia técnica de contabilizar en la balanza (de un solo año, como ha hecho el ministerio) unos flujos monetarios que tienen su origen en cotizaciones generadas de forma dispersa tanto en el tiempo (vida laboral) como en el territorio (flujos migratorios internos), la cuestión de si la seguridad social misma debe integrarse o no en el cálculo de la balanza fiscal es básicamente una cuestión ética.

Coincidiendo, precisamente, con la oficialización de las balanzas fiscales en España, y en un curso de verano celebrado en Barcelona, un reconocido experto en financiación subcentral, el profesor de la Universidad de Friburgo Bernard Dafflon, hizo enrojecer a más de uno de los presentes cuando manifestó con vehemencia que, tecnicismos al margen, introducir la Seguridad Social en una balanza fiscal territorial era intrínsecamente "perverso"; que por ello, en Suiza, cuando se encargó a un grupo de expertos contabilizar los flujos territoriales de la seguridad social los economistas locales se negaron a hacerlo por razones estríctamente éticas, consiguiendo que desde entonces en Suiza no se publiquen estadísticas territorializadas de la Seguridad Social; y que por pura ética profesional, ningún economista, suizo o zuavo, debería prestarse a analizar lo que es un mecanismo de solidaridad personal, a través del cual los que tienen trabajo y salud ayudan a los que no pueden trabajar, desde una perspectiva de flujos territoriales. Una cuestión ética que se debe acompañar de un dato adicional: la exclusión de la seguridad social de las balanzas fiscales autonómicas reduce a la mitad el déficit fiscal de comunidades como Madrid o Cataluña.” (PEDRO PUY: Balanzas y ética. El País, ed. Galicia, Galicia, 04/08/2008, p. 5)

Las balanzas fiscales españolas se inflan con la redistribución de la renta europea (subsidios europeos) y las pensiones ¡Así cualquiera!

“De los más de doscientos mil millones de euros de gastos, es decir, de recursos que se transfieren a comunidades desde el Estado, casi la mitad son de seguridad social; fundamentalmente, pensiones. ¿Es posible considerar que, en este caso, hay transferencias interterritoriales? ¿Puede hablarse de solidaridad entre territorios cuando nos referimos a la Seguridad Social? Se puede, pero no se debe. Funciona aquí la caja única, y las relaciones de solidaridad se producen no entre regiones, sino entre personas; entre activos y pasivos. En 2005, la proporción de cotizantes por pensionista fue de 2,24. En Canarias, Madrid, Baleares, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña se superó esa relación. En cambio, en La Rioja, Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias no se llegó a ella, y, en el caso de las cinco últimas, se quedó muy lejos de alcanzarla. Lo cual explica sobradamente por qué estas comunidades de bajos crecimientos de población y fuerte envejecimiento aparecen como importantes receptoras de recursos en los saldos de la balanza, sin que ello pueda contemplarse como efecto de la solidaridad interterritorial, sino de la intergeneracional.

Siguiendo con las aplicaciones territoriales, vemos en los apuntes metodológicos que se están imputando también los recursos de la Unión Europea; es decir, las aportaciones a ésta y sus transferencias se contabilizan como ingresos y gastos en las distintas comunidades, lo que nos lleva a conclusiones equivocadas. Como, por ejemplo, concluir que los 2.808,9 millones de euros que recibió Andalucía de recursos comunitarios en 2005 (más de la mitad de su saldo positivo), o los 1.366,7 millones percibidos por Castilla y León, o los 1.105,1 millones de Galicia, o los 961 de Extremadura, provinieron de la solidaridad de otras comunidades españolas y no de los bolsillos de holandeses, alemanes o franceses. Algo a todas luces inapropiado en el sentido más literal de la palabra. Así pues, al desenredar la maraña de datos y analizar su procedencia, empezamos a comprender que esto de las balanzas fiscales no es, ni mucho menos, la contabilidad de la solidaridad interterritorial. (…)

Pero lo que bien se puede argumentar, tras todo lo expuesto, es que hay bastantes lecturas de las balanzas fiscales; más de las que les gustarían a muchos de sus más firmes defensores. Una de ellas nos dice que no hay que confundir la solidaridad personal o intergeneracional con la solidaridad interterritorial; otra, que las aportaciones netas de la Unión Europea no son transferencias entre comunidades autónomas; otra más nos diría que los sistemas forales no deberían estar excluidos de los principios de equidad y solidaridad, como ahora sucede; otra nos señalaría que el efecto capitalidad explica que buena porción de lo que se atribuye a una sola comunidad autónoma es de todos; pero acaso la más elocuente es que, a la vista de los resultados que hemos conocido, no sería coherente retroceder en los actuales niveles de solidaridad interterritorial. Probablemente lo contrario sería más acorde con nuestro texto constitucional.” (JOSÉ A. GRIÑÁN MARTÍNEZ: Balanzas fiscales y solidaridad constitucional. El País, ed. Galicia, Opinión, 21/07/2008, p. 29)