Pujol es un personaje determinante en Catalunya. El procés es, tal vez, solo un cambio cultural en el catalanismo post-Pujol... un combate identitario solo por la permanencia en el poder, inspirado en lo de Banca Catalana... La gran originalidad del procés es esa: ser un abuso del Estado, si bien también ser otro abuso, más local, sobre la sociedad catalana, en la forma de un proceso de polarización, ese concepto derechista... un buen dibujo del bolsoranismo, del trumpismo. Del procesismo... La sociedad catalana debe saber qué le hicieron. Pero también lo que hizo... O, en las próximas décadas, la sociedad en su conjunto no volverá a hacer otra cosa que lo que hizo. Hasta su desaparición por aislamiento, olor rancio y pesadez... Como la sociedad catalana no se ponga las pilas y en modo crítico para analizar qué pasó desde perspectivas diferentes a las cacareadas en uno de los ecosistemas periodísticos y políticos más cutres de Europa, pasará a ser una sociedad anecdótica, antigua, antipática, tribal y trivial. Y sin razón material y operativa para sobrevivir como cultura

 "(...) 6- Nada se acaba en modo Wendy, y todo se acaba en modo Peter, tras miles de primeras últimas veces. Es difícil saber cuál fue la más importante. Es posible que fuera la suma de la mismísima declaración fake del 27-O y una cartita enviada por la Gene a las cancillerías internacionales, casi cómica, comunicando veladamente el farol, por lo que cualquier intento futuro de creación de un Estado ha quedado abortado para siempre –siempre, entre los humanos, hasta para Wendy, suele ser unos 25 años/una vida adulta operativa–.

 Sí, habrá repuntes periódicos de la disciplina “Procés” cuando se den algunas de las cuatro condiciones básicas para su surgimiento. A saber: 

a) un anclaje territorial chungo –eso está garantizado, al punto de que el actual Estatut es un refrito del TC, no votado por nadie, como esos estatutos para junta de vecinos que venden en los estancos–; 

b) un gobierno central reaccionario; 

c) un gobierno de la gene reaccionario; y 

d) una crisis macizota, o su prima de Zumosol, un cambio de época. Las siguientes líneas tienen el sentido de aportar una foto finish peterpaniana del procés, algo complicado, pues el procés, junto con la pareja, es el único negocio en que todas las partes implicadas pueden salir perdiendo. Bastante. Mucho. Todo. (...)

10- Es bueno, submodalidad muy bueno, darle una solución a uno de los dos problemas del procés –el judicial; el otro, solo solucionable por la sociedad catalana, son las arrugas, éticas y colectivas, que ha supuesto el procés; no se pierdan el punto 13–. Queda saber si la solución al lío judicial ha sido, en efecto, tal. Ha sido, en todo caso, una solución de riesgo. Muy alto. Jamás un gobierno se la había jugado tanto por tan poco, tal vez solo por una estabilidad parlamentaria de un año escaso, y no por un cambio legal o político tan vistoso como el peligro asumido. La cosa queda así. En primer lugar, se indultó a los presos juzgados, en lo que fue una medida controlada y un desafío, diría que positivo, frente a un judicial salido de madre. Con los indultos, a su vez, se desautorizaba al TS frente a la justicia europea, algo importante, tal vez determinante, cuando esa justicia tiene que satisfacer aún recursos de los presos procesistas. 

Con ello, el Gobierno contraatacó, por primera vez, y con armamento pesado, en esta guerra judicial, con lo que el lawfare ha pasado de ser una paliza unilateral a ser, en efecto, algo parecido a una guerra declarada. Una guerra extraña, en la que el PSOE tampoco quiere muchos cambios en la justicia. No quiere bombardeos que acaben con los búnkeres, sino tan solo ocuparlos. Las guerras son, por otra parte, impredecibles. Ni siquiera las que acaban en tablas, acaban en tablas. En último lugar, y esto es menos diáfano, incalculado e incalculable, se ha cambiado el Código Penal. Algo muy aparatoso, con resultados que pueden no ser los deseados, ni siquiera los previstos. Es una gran pirueta, mortal y peligrosa. 

Que, además, puede dar igual, pues el problema no era el Código Penal, sino los jueces. Por lo que el problema sigue existiendo. ¿Cómo se soluciona el problema de los jueces? Pues a medio-largo plazo, cambiando su sistema de selección y formación. No hay otra, me temo. La reforma del Código Penal se ha traducido en nuevas restricciones al delito de protesta, y en una mayor ambigüedad para los delitos de malversación. La izquierda ha hecho reformas, en fin, que hubieran escandalizado si las hubieran ideado las derechas. La sociedad ha pagado un alto precio en derecho de manifestación para solucionar un problema político, protagonizado por unos políticos que no sólo no son héroes cívicos, sino que algunos ya se han ubicado completamente en el trademark de la Extrema Derecha 2.0.

 11- Lo que nos lleva a hablar del pack procés. Tal y como está el patio, la cosa ha mejorado para algunos exiliados, y se ha oscurecido para otros. Según la cosmovisión Llarena, todos los presos exiliados tendrían cargos de desobediencia –Rovira y Ponsatí podrían volver en breve, pues solo tienen esos cargos–, si bien Puigdemont, Comín y Puig tendrían también cargos de malversación agravada –de condena difícil de calcular, pues el cargo no encaja fácilmente con el descrito en la reforma del Código Penal–. 

El cargo de malversación puede facilitar, sea como sea, una extradición rapidita. Recordemos, hermanos, que cuando detuvieron a Puigdemont en Alemania, la RFA propuso extraditarlo por ese cargo, a lo que Llarena se negó, porque eso era poca condena para, snif, tanta España resquebrajada. Por otra parte, el conjunto de exiliados, que tiene poco que ver con la honestidad y virtud tibetanas, no asiste unido a este cambio de velocidad. 

Ese colectivo humano, subsector Bélgica, está un tanto a la greña. El exconseller Puig, así, ha pasado de ser defendido por Boye, a optar por el cambiazo de defensa por el que optaron otros exiliados que prefirieron, en el tiempo, pactar con el Estado, con resultados, hasta ahora, satisfactorios para sí mismos. La defensa que ejerce Boye aún sobre Puigdemont y dos exiliados más es, en sí, otra garantía de problematización e inestabilidad del asunto. 

O, al menos, se corre el riesgo de que Boye, otro firme candidato a ningún Nobel, utilice el caso para defenderse/esquivar/embrollar problemas legales que le vienen de otro lado –nada, menudencias: la Fiscalía le pide casi 10 años por su presunta implicación en una trama de blanqueo de Sito Miñanco; quien recomendó a Boye se lució también, indeed–.

 12- La buena noticia es que, en su día, en la Liga de 2017, con toda esta tropa procesista, pepera, mayestática, jurista, policial, no hubo ningún muerto. Lo que habla de la existencia de una divinidad desconocida, que vela por la paz en Iberia. Según mis creencias, no es otro que Sant Johan Cruyff. Pero la calidad de las soluciones conseguida hasta la fecha no es lo suficientemente alta como para garantizar el carpetazo al asunto. La derechona española sigue defendiendo que el procés, esa nada, fue una primera vez de Wendy: un golpe de Estado, abortado por las FF.SS. y otros funcionarios, políticos y reyes. Lo seguirán defendiendo. La derechona catalana –reformulada, reactualizada con el procés– sigue defendiendo que fue un golpe de Estado, niquelado, si bien perdido por lo que Ludendorff y Hindenburg, para explicar la derrota alemana, por KO, en 1918, denominaron, “una puñalada por la espalda”, una suerte de traición interna, ejercida por judíos, marxistas y etc. Parece ser que la derecha catalana seguirá apostando por ello. E irán ampliando la lista de traidores hasta ser, como ya lo es hoy, una lista que renueva por sí misma el humor catalán. La opción puñalada por la espalda, ese fake, irá creciendo en popularidad, no obstante, si nadie hace nada al respecto. ¿Quién tiene que hacer algo al respecto?

 13- La sociedad tiene que hacer algo al respecto, alejada de jueces y políticos, para enfrentarse a un problema que no es precisamente judicial, sino ético. Como la sociedad catalana no se ponga las pilas y en modo crítico para analizar qué pasó desde perspectivas diferentes a las cacareadas en uno de los ecosistemas periodísticos y políticos más cutres de Europa, pasará a ser una sociedad anecdótica, antigua, antipática, tribal y trivial. 

Y sin razón material y operativa para sobrevivir como cultura. Jordi Pujol, en una reciente entrevista, opta por eso, por señalar la catalanidad como algo en peligro de minorización en Catalunya, gracias a la inmigración que bla-bla-blaZzzz, ese llenapistas de la vieja y nueva extrema derecha, que, precisamente, Pujol aplazó en los 60-70, y ahora, tras el shock cultural del procés, viste de largo. Pujol es un personaje determinante en Catalunya. 

El procés es, tal vez, solo un cambio cultural en el catalanismo post-Pujol, en el que, partiendo de categorías y dinámicas pujolistas, se reactualiza el catalanismo a través de mitos posteriores a 1981, pero esta vez sin empatía alguna hacia el otro, ni hacia la inmigración de los 60-70, o la actual, en un combate identitario solo por la permanencia en el poder, inspirado en lo de Banca Catalana. La gran originalidad del procés es esa: ser un abuso del Estado, si bien también ser otro abuso, más local, sobre la sociedad catalana, en la forma de un proceso de polarización –ese concepto derechista–. 

En 2017, por ejemplo, un grupo reducido de personas dispuso –gracias a la violación de la ley de protección de datos, de cualquier código deontológico, de cualquier decoro– de una conexión vertical, mediante apps, con datos de más de 700.000 ciudadanos, hecho del hace un mes informó La Vanguardia, con escasa repercusión. 

Un grupo de personas entradas en edad, consumiendo parainformación parcial, no verificada, reiterada, compartiendo con ello una forma de actividad fronteriza con el ocio, muy absorbente, es, a su vez, un buen dibujo del bolsoranismo, del trumpismo, del plazadecolonismo. Del procesismo.

14- La sociedad catalana debe saber qué le hicieron. Pero también lo que hizo. Y debe verlo por fin, con ojos de niño. Ojos de Peter Pan. Ojos sensibles a la sorpresa, que ven primeras veces donde ya no las hay. O, en las próximas décadas, la sociedad en su conjunto no volverá a hacer otra cosa que lo que hizo. Hasta su desaparición por aislamiento, olor rancio y pesadez."                    (Guillem Martínez  , CTXT, 24/01/2023)

En último término, esa sigue siendo la pregunta pendiente: ¿qué demonios fue el 1 de octubre? Nadie sabe responder con precisión. Por ahora, Llarena ha pasado de considerarlo rebelión a solo desobediencia

 "Esta frase del nuevo auto del juez instructor Pablo Llarena puede tener unas severas consecuencias penales y políticas que podrían alterar la estrategia del Gobierno en relación con el conflicto político catalán: “Acordar por esta resolución la busca y captura e ingreso en prisión, como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal”. Al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no se les acusaría por el tipo de desórdenes públicos agravados, como era esperable tras la derogación de la sedición, sino que podrían ser encarcelados por malversación. 

La reacción del eurodiputado Puigdemont, voluntarista y noqueado, fue grabar un vídeo donde denunciaba tanto la justicia española como la estrategia política de desjudicialización impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana. El disgusto era evidente y es lógico. Si su apuesta por politizar el conflicto en las instancias europeas fracasa, la nueva acusación por malversación, tal y como ha sido redactado ahora el delito, podría acercar su extradición.

El giro que introduce el auto de Llarena puede interpretarse como la defensa numantina de la respuesta al procés que construyó la cúpula del poder judicial. Porque fue esa cúpula, tras quedar desarbolado el poder ejecutivo, la que lideró esa respuesta e implícitamente actuó como abanderada de la defensa de la nación amenazada.

 La trama de relaciones que mantenían los arquitectos de la respuesta penal al procés nadie la ha contado mejor que la periodista Lola García en el capítulo de El muro protagonizado por Manuel Marchena. Allí se desvela, por ejemplo, que la influencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fue determinante para que el Ministro de Justicia Rafael Catalá designase a su amigo José Manuel Maza como Fiscal General del Estado. Y Maza, pocos días antes de morir, fue quien presentó la querella por rebelión, sedición y malversación contra el Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament. No estará de más recordar cómo se tituló el archivo donde se escribió la nota de prensa para informar de la querella: Más dura será la caída. Ni estará de más recordar tampoco que el descarte del delito de rebelión fue el argumento jurídico usado por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein para negar la extradición de Puigdemont por ese delito cuando fue detenido en Alemania y que había solicitado Llarena. Un Llarena, por cierto, que recibió una denuncia por haber dado un presunto trato de favor a la hija de Marchena para que accediera a una plaza de juez.

El capítulo central de las trayectorias como juristas de Maza, Marchena y Llarena ha sido y seguramente será la construcción de la respuesta penal al procés, jaleada desde las instancias mediáticas que exigían la respuesta más severa contra los políticos catalanes. Era el tiempo de los elogios al “Llarena solitario”. Entre 2017 y 2019 esa élite judicial jugó un papel esencial en la crisis catalana: uno redactó la querella, el otro fue el juez instructor y el otro el sentenciador. Para ellos su implicación en el caso ha tenido tanto consecuencias personales como profesionales.

 No es extraño, por tanto, que pretendan blindar la respuesta que construyeron y que se materializó en la sentencia de octubre de 2019. Ya durante el juicio, explica García en El muro, la posición de Marchena empezó a virar cuando empezó a plantearse la posibilidad de acometer un cambio en el Código Penal que modificase el delito de sedición. “Después de la sentencia y de las reacciones que esta suscita, sus posiciones se van endureciendo”. Fue evidente ya en el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos. Ante las medidas que el poder ejecutivo adoptaba para normalizar la situación política en Cataluña, Marchena hacía una interpretación a partir de la coyuntura política: el Gobierno se autoindultaba porque Esquerra lo sostenía en el Congreso.

Ahora, tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Gobierno aún ha arriesgado más en su apuesta desjudicializadora: la derogación de la sedición y el nuevo redactado del delito de malversación actúan, de facto, como un desmontaje de la sentencia del procés, ahora desde el poder legislativo. Para impedir que eso ocurra, para impedir que se deshaga el nudo judicial y con ello la culminación de su carrera, Llarena ha partido de los puntos ciegos de la sentencia y se ha aprovechado del redactado de la nueva ley sobre la malversación para redactar su auto. 

 

Podría invalidar así la estrategia del Gobierno y desmontar la vía de Esquerra al condicionar la situación procesal no solo de Puigdemont, sino también de decenas de cargos que esperan ser juzgados por su participación en el referéndum del 1 de octubre. Porque, en último término, esa sigue siendo la pregunta pendiente: ¿qué demonios fue el 1 de octubre? Nadie sabe responder con precisión. Por ahora, Llarena ha pasado de considerarlo rebelión a solo desobediencia."                     (Jordi Amat, El País, 13/01/23)

Entre sedición y rebelión... En términos políticos, lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado... Un golpe desde las instituciones de la Generalitat (Parlament y Govern) para derogar la Constitución y forzar la celebración de un referéndum de secesión, que no iba a dejar de confirmar una independencia ya decidida de antemano. Entre la sedición con desórdenes tumultuarios, por la que fueron condenados, y la rebelión violenta, armada, la lección del procés nos enseña que el jaque al orden constitucional también se puede dar desde el poder autonómico, desbordando al Estado de derecho y democrático con la ayuda de entidades civiles y masas alegremente enfurecidas

 "(...) Como argumenta el Gobierno, la comparación con otras legislaciones europeas justifica la rebaja de la sedición. Ahora bien, si el Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a los líderes del procés por ese delito, y no por rebelión, como pedía la fiscalía, fue porque no apreció la violencia suficiente. No obstante, la sentencia dio por probado que el Parlament aprobó leyes que tenían como fin derogar la Constitución, y que se convocó y mantuvo la convocatoria por parte de la Generalitat de un referéndum de autodeterminación que había sido suspendido por el TC.

 También se probó que las autoridades catalanas convocaron a los ciudadanos a “defender las instituciones” tanto el 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía como el 1 de octubre, con motivo de la votación ilegal. También se dio por probado que el 10 de octubre Puigdemont proclamó la independencia, aunque inmediatamente la dejó en suspenso, y que el 27 de octubre el Parlament la volvió a declarar. Pero como el plan no incluía el uso de la violencia, los jueces descartaron la rebelión y optaron por la tesis de la Abogacía del Estado, la condena por sedición, aunque para eso tuvieron que aceptar la tesis de la defensa, particularmente del abogado Javier Melero, según la cual el propósito verdadero de los acusados fue forzar al Gobierno español a negociar, y no la materialización de la independencia.

En términos políticos, lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado, pues se intentó sustituir el orden constitucional por la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Sobre ese punto no cabe ninguna duda. Ha sido el golpe más largo de la historia, que no se limitó a lo declarativo, sino que hizo abiertos intentos desde 2015 de preparar la desconexión en cuestiones de hacienda pública y tributaria. Ese propósito nunca fue un secreto. Ahora bien, en su traducción penal la rebelión en el Código Penal español exige un alzamiento violento que, ciertamente, no se produjo. De todas formas, no deja de ser esta una visión decimonónica de los golpes de Estado, donde es obligatoria la participación de sectores armados, aunque el golpe en sí sea incruento. El desmarque de los Mossos en el juicio del procés, con la sorprendente declaración del mayor Josep Lluís Trapaero de que tenía un plan para detener a Puigdemont, Junqueras y Forn, fue fundamental para alejar la tesis de la rebelión.

La reforma de la sedición tiene sentido, aunque mejor sería esperar a que Estrasburgo se pronuncie sobre la sentencia del procés, si va acompañada de una modificación del delito de rebelión para adaptarlo al carácter posmoderno de lo que ocurrió en Cataluña. Un golpe desde las instituciones de la Generalitat (Parlament y Govern) para derogar la Constitución y forzar la celebración de un referéndum de secesión, que no iba a dejar de confirmar una independencia ya decidida de antemano. Entre la sedición con desórdenes tumultuarios, por la que fueron condenados, y la rebelión violenta, armada, la lección del procés nos enseña que el jaque al orden constitucional también se puede dar desde el poder autonómico, desbordando al Estado de derecho y democrático con la ayuda de entidades civiles y masas alegremente enfurecidas. Reformar la sedición tiene lógica siempre y cuando se agrave, por ejemplo, la pena a la desobediencia al Tribunal Constitucional, algo de lo que los líderes del procés se vanagloriaron repetidamente, y se introduzca un nuevo tipo de rebelión, no violenta, sin uso de armas, pero que también se propone por medios ilegales derogar la Constitución y/o romper la unidad territorial."                   (Joaquim Coll , Crónica Global, 26/10/22)

Wolfgang Münchau: el 55% de los españoles cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente para obligar a Puigdemont a volver a España. Y lo que es más preocupante para Sánchez, más de un tercio de los votantes de su propio partido político, los socialistas, comparten esta opinión. Aunque el tiempo de Puigdemont en el ojo público se apagará temporalmente, podemos esperar que vuelva con cada comparecencia en el tribunal y declaración de apoyo

 "El problema de Puigdemont en España

Otro capítulo de la larga historia de Carles Puigdemont se ha cerrado, por el momento. Tras la detención del expresidente catalán prófugo en Cerdeña el 23 de septiembre, un tribunal de apelación italiano decidió ayer suspender el proceso y dejarlo en libertad mientras tanto.

La inmunidad judicial de Puigdemont, que obtuvo tras ser elegido eurodiputado en 2019, fue retirada por sus compañeros en marzo. Pero el tribunal dictaminó que seguía considerando válida la inmunidad, mientras están pendientes los recursos de los abogados de Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esto fue un acontecimiento frustrante para el gobierno español. Han estado tratando de extraditar a Puigdemont desde que huyó en 2017, después de liderar un intento de montar un referéndum de independencia ilegal. España quiere que se enfrente a una variedad de cargos relacionados con el referéndum, incluyendo sedición y malversación de fondos públicos. Ya es la tercera vez que no consiguen que vuelva a ser juzgado.

Y la opinión pública española está igualmente irritada por la incapacidad del gobierno para llegar a él. Según una encuesta encargada por El Mundo, el 55% de los españoles cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente para obligar a Puigdemont a volver a España. Y lo que es más preocupante para Sánchez, más de un tercio de los votantes de su propio partido político, los socialistas, comparten esta opinión.

Lo que resulta interesante, y molesto para la mayoría de los españoles, es la simpatía que despierta Puigdemont fuera de España. En Italia, Matteo Salvini se puso del lado de Puigdemont tras su detención, describiendo los intentos de España de extraditar a Puigdemont como una forma de venganza. Y añadió que la policía italiana debería dar prioridad a la detención de delincuentes comunes, en lugar de parlamentarios.

Y en Bélgica, donde Puigdemont vive permanentemente, ha mantenido estrechos vínculos con el partido nacionalista flamenco N-VA. Hasta el punto de que N-VA se planteó pedirle que se presentara en su lista al Parlamento Europeo. En marzo votaron en contra de anular su inmunidad parlamentaria. Aunque el tiempo de Puigdemont en el ojo público se apagará temporalmente, podemos esperar que vuelva con cada comparecencia en el tribunal y declaración de apoyo."            

(Wolfgang Münchau , Eurointelligence; 05/10/21; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)

La justicia española, el hazmerreír de Europa. La jueza deja en libertad a Puigdemont, Comín y Ponsatí... Puigdemont se carga el espacio judicial europeo Jueces belgas, alemanes e italianos pasan de la justicia española...

 "La jueza ha suspendido el proceso de extradición ha dejado en libertad el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en libertad y no ha tomado ningún tipo de medidas contra los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, que la han acompañado hasta Italia a pesar de que sobre ellos también pesa una orden de extradición.

De este modo se constata el enésimo fracaso del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en su intento de llevar a Puigdemont y al resto de dirigentes fugados de vuelta hacia España. Además, la jueza italiana no ha permitido a Vox participar en la vista.

El Tribunal de Apelación de Sassari estudiaba hoy la petición de extradición después de que el 23 de septiembre la policía italiana detuviera al ex presidente catalán en el Alguer.

La defensa del líder de Junts ya confiaba en que la justicia italiana archive el caso, pero Llarena insistía en reclamar su entrega a las autoridades italianas. Bélgica tiene paralizado el procedimiento de extradición de Puigdemont a la espera de lo que digan los tribunales de la Unión Europea sobre la cuestión."          (e-notícies, 04/10/21)

"Puigdemont se carga el espacio judicial europeo. Jueces belgas, alemanes e italianos pasan de la justicia española.

 El Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, ha decidido suspender el proceso de extradición del ex presidente Carles Puigdemont a la espera de que los tribunales europeos tomen una decisión relativa a la inmunidad y a las cuestiones prejudiciales. Esta no es la primera decisión favorable para Puigdemont, que se encuentra en rebeldía por la justicia española i está acusado de un delito de sedición y malversación de caudales públicos por el proceso del 2017. Anteriormente, la Justicia belga y alemana ya se había pronunciado a su favor.

Puigdemont logró su primera victoria judicial el 6 de noviembre de 2017 tras fijar su residencia en Waterloo (Bélgica). Él, junto con Comín, Ponsatí, Puig y Meritxell Serret; se entregaron en una comisaría para evitar la imagen de una detención, y en apenas doce horas el juez los dejó en libertad con obligación de no abandonar Bélgica mientras las distintas instancias judiciales estudiaban la euroorden que, finalmente, fue retirada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el 5 de diciembre de ese año, para evitar que Bélgica rechazara su entregar.

Posteriormente, Puigdemont fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018 debido a una euroorden acabada de formalizar durante la estancia del ex presidente en Finlandia. Pasó doce días en la cárcel, pero quedó en libertad provisional con una fianza de 75.000 euros y, de entrada, el juez descartó extraditarlo por rebelión. El 12 de julio de 2018, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein se pronunció definitivamente sobre el caso dictando que la extradición solo se podría producir para juzgar al ex presidente de la Generalitat por malversación.

Esta decisión molestó al magistrado del Supremo instructor de la causa del proceso, que ese mismo mes recordó que el sistema de la euroorden de detención se basa en la "confianza recíproca entre los Estados miembros" y, tras retirar las órdenes de detención, lamentó la "falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que podrían haber roto el orden constitucional español".

A raíz de su detención en Italia el pasado 23 de septiembre, Puigdemont presentó la petición de medidas cautelares ante la Justicia europea para recuperar su inmunidad. A finales de julio la Justicia europea desestimó las medidas cautelares pedidas por Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín contra el levantamiento de inmunidad votado en el Parlamento Europeo al tiempo que dio por suspendidas las euroórdenes mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo ante la Justicia europea a raíz del rechazo de la extradición del ex consejero Lluís Puig por parte de la justicia belga.

En efecto, la Fiscalía de Bruselas informó en agosto de 2020 de que el juzgado de primera instancia de la capital belga había denegado la euroorden que pedía la extradición de Lluís Puig. El juez consideró entonces que el Tribunal Supremo, que fue el encargado de emitir la euroorden, no era competente para hacerlo. Con el caso cerrado de Puig, la justicia belga debe decidir aún tiene pendentie de resolver los casos de Puigdemont y de Comín."               (e-notícies, 04/10/21)

Puigdemont cae en Italia... La ANC pincha Apenas 600 personas cortan la Diagonal... ERC pasa de Puigdemont. Sólo consejeros de Junts en la manifestación convocada por la ANC... La Barcelona indiferente a Puigdemont. Los barceloneses celebran la Mercè ajenos a la detención del ex presidente

"(...) Pero permítanme una reflexión final sobre este proceso: el viernes por la mañana la ANC apenas consiguió reunir unas 800 personas -y soy generoso- ante el consulado italiano.

Al final cortaron la Diagonal a la altura de Aribau. Era fiesta. No pasaba nadie. A ver qué hubiera pasado en día laborable. La Diagonal no es la Meridiana. Es zona pija. Otro gallo cantaría.

Aunque luego, en el Telenotícies mediodía de TV3, dijeron que habían sido "centenares de personas".

No era verdad. Yo también estaba. E incluso aunque lo fueran, la cifra estaba muy lejos de los 40.000 que, en teoría, había el día de la protesta ante el Departamento de Economía y Finanzas aquel 20 de septiembre del 2020.

En el TN noche a la alza de las protestas por la detención del expresidente. Empezaron por Girona -"la ciudad de Puigdemont" según declaró la misma cadena- porque había más gente: "900 personas". ¡La ciudad tiene 100.000 habitantes!

En la conexión con la Plaza Sant Jaume, en Barcelona, volvieron a utilizar la expresión de "centenares de personas". Como al mediodía.

Pero el propio periodista qur hacía la conexión se justificaba. "No había habido un lleno total" porque Puigdemont ya había sido liberado y reconocía que "había menos gente y menos intensidad".

Esta mañana, Òmnium proclamaba en su cuenta de twitter que "hem omplert els carrers i les places de tot el país". "Hemos llenado las calles y plazas de todo el país". Tampoco era verdad.

Nació Digital, medio del que nadie dudará su proximidad al proceso, calculaba "cerca de doscientas personas" en Sant Cugat y "un centenar" en Terrassa.

Quizá vale la pena volver a recordar que Sant Cugat -con alcaldesa de ERC, por cierto- tiene más de 90.000 habitantes y Terrassa unos 200.000.

La cosa va de baja.

El problema es que no se puede construir una sociedad -y mucho menos un nuevo estado- a base de mentiras.

Una sociedad que se basa en falsedades es una sociedad condenada al fracaso.

Catalunya es como un terrón de azúcar diluyéndose lentamente. A cada bugada perdem un llençol."               (Xavier Rius, director de e-notícies, 25/09/21)

 

"El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha sido detenido este jueves por la policía italiana en Cerdeña, según avanza El Español. Puigdemont estaba este viernes y hasta el domingo en el encuentro internacional ADIFOLK que se celebra en el Alguer. Puigdemont había anunciado esta visita días atrás.

La detención se ha producido por la orden de busca y captura internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés'.

La policía italiana ha detenido el eurodiputado cuando ha aterrizado en la ciudad italiana. Puigdemont está asistido por un abogado italiano. Se desconocen los motivos de la retención ya que en este momento las euroórdenes están suspendidas. La retención no afecta las otras personas con las que viajaba el ex president.

Puigdemont tiene retirada la inmunidad como europarlamentario desde el 30 de julio. El Tribunal General de la Unión Europea consideró que no había riesgo de detención para que las euroórdenes están suspendidas. El Tribunal Supremo hizo una consulta en marzo pasado al TGUE para que le aclarara en qué casos se pueden denegar las extradiciones."               (e-notícies, 23/09/21)

 

"Unas 600 personas se han desplazado hasta la concentración convocada esta mañana por la Asamblea Nacional Catalana "por la detención ilegal del presidente Puigdemont", este jueves por la policía italiana en Cerdeña.

La protesta ha sido convocada ante el consulado de Italia en la capital catalana. La manifestación se ha trasladado finalmente a la Diagonal debido a que los Mossos han acordonado el consulado en la calle Aribau.

 A la concentración han asistido el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el vicepresidente, Marcel Mauri; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, entre otros dirigentes."               (e-notícies, 24/09/21)

 "La manifestación convocada por el ANC ante el consulado italiano ha reunido sólo consellers y dirigente de Junts. La concentración no ha podido tener lugar debido a que los Mossos lo han impedido y se ha trasladado unos metros más allá, en la confluencia entre la Diagonal y la calle Aribau.

Entre los dirigentes de Junts asistentes estaba la presidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs; el vicepresidente del Govern Jordi Puigneró; los titulares de Economía (Jaume Giró), Salud (Josep Maria Argimon) y también diputados como Francesc de Dalmases.

También estaban presentes los diputados de la Cup Carles Riera y Dolors Sabater, pero en cambio la única dirigente de ERC presente que ha visto e-notícies ha sido la ex consellera de Salud Alba Vergés. Vergés ha querido asistir a la manifestación convocada frente al consulado italiano y los Mossos le han impedido temporalmente el paso. Finalmente cuando ha podido entrar todos los asistentes habían sido desalojados de la zona asignada en un primer momento para la concentración, que a esa hora -poco después de las ocho- era poca gente."              (e-notícies, 24/09/21)

 "La Barcelona indiferente a Puigdemont. Los barceloneses celebran la Mercè ajenos a la detención del ex presidente"            (e-notícies, 25/09/21)

 

El New York Times dice que no son presos políticos. “No están encarcelados por sus ideas sino por una conducta ilegal”

 "El corresponsal del NY Times en España, Raphael Minder, afirma en una entrevista en La Vanguardia que los líderes independentistas catalanes son “políticos presos” y no presos políticos.

“Si un político se salta a sabiendas la legalidad democrática y la advertencia del Tribunal Constitucional... sucede lo previsto: se le juzga. No es encarcelado por sus opiniones o sus ideas, pues, sino por una conducta ilegal. Sí es muy opinable la dureza de la sentencia”, argumenta.

En este sentido recuerda que los encarcelados “han proclamado su hoja de ruta para esquivar en su Parlament las leyes nacionales y los protocolos democráticos…”. “Estos líderes políticos independentistas decidieron ir demasiado lejos y demasiado rápido. Y es que disponer de una mayoría parlamentaria... no supone tener mayoría social”, señala.

Para Minder a los catalanes les falta “tener un debate más constructivo. Un político independentista se jactó ante mí de ‘limpiar’ de críticas sus redes: ¡error!”. “Veo a demasiados políticos demasiado instalados en este conflicto. Y muy a gusto”, constata.

En referencia a Puigdemont, Minder afirma que “quería vivir en Girona, y ya ve. Y cuidado: ¡el político herido es un animal peligroso!”. En referencia a Junqueras considera que “es muy profesoral. Y le tiene muy cabreado que Puigdemont, sin dar la cara, sea todavía capaz de arrastrar a tantísimos votantes”.    (e-notícies, 10/11/20)

Trapero, obedecer a Dios y al diablo

 "La condena por sedición contra los líderes independentistas dictada por el Tribunal Supremo pesaba como una losa sobre el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional (AN).

 Su absolución parecía improbable porque en la sentencia del procés se afirma que la policía autonómica tuvo un papel pasivo ante el referéndum ilegal y, por tanto, se esperaba que la condena fuera cuanto menos por desobediencia. Sin embargo, no ha sido así y la absolución de Trapero, junto al resto de los acusados, supone una sorpresa mayúscula, pero también la demostración de que la justicia dictamina solo en base a hechos probados.

En el Supremo no se juzgó la actuación de los Mossos, y sus mandos acudieron en calidad de testigos, no de imputados. Desmintieron en los interrogatorios cualquier implicación con el plan secesionista y revelaron el contenido de algunos encuentros con Puigdemont, Junqueras y Forn en relación al riesgo de violencia el día 1 de octubre que puso en evidencia la irresponsabilidad de esos políticos.

La duda era si Trapero había colaborado de forma pasiva, dejando hacer, que fue la impresión que muchos tuvimos entonces. La sentencia, que ha dividido al tribunal con un voto particular que sostiene la tesis acusatoria de la Fiscalía, afirma taxativamente que no. Sus argumentos a favor de la inocencia son muy sólidos y hay que darlos por buenos, aunque no dejemos de pensar como dice Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña en 2017, que "Trapero decidió obedecer a Dios y al diablo y le han dado la razón, ha sido muy astuto". Es una conjetura interesante pero que no se ha podido demostrar, y eso al fin y al cabo es lo que cuenta.

Lo que sí pone de manifiesto la AN es que el Gobierno de Rajoy tenía a su alcance mecanismos constitucionales suficientes para frenar el referéndum. Hubiera podido aplicar la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos, decretar el estado de excepción o aplicar el artículo 155 tras los infames plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre. Pero optó por no hacer nada y dejar que fuera la Fiscalía quien actuara o los jueces, como ocurrió con la contradictoria resolución que dictó la magistrada Armas del TSJC tres días antes del 1-O, origen de la polémica sobre la actuación de los cuerpos policiales.

Ahora el Govern se plantea restituir a Trapero de su cargo, mientras en ERC y JxCaT celebran la sentencia como una victoria frente a un Estado vengativo. Sin embargo, deberían recordar que Trapero en el juicio calificó a los líderes del procés de "irresponsables" y se prestó voluntario para detenerlos. Aunque los separatistas siempre intenten caer de pie, no tienen razones para estar contentos."                   (Joaquim Coll, 20Minutos, 26/10/20)

El tribunal que absuelve a Trapero denuncia la inacción de Rajoy

 "En un sistema democrático avanzado como el nuestro, el ordenamiento jurídico tiene resortes suficientes para afrontar todos los incumplimientos legales y judiciales, incluso cuando provienen de las más altas autoridades de una comunidad autónoma". 

Con esta contundente frase, escondida en mitad de una sentencia de 96 folios [ver aquí], los magistrados de la Audiencia Nacional que han absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, afean la inacción que en el otoño de 2017 se puso de manifiesto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy cuando se convocó el referéndum independentista del 1 de octubre, tras su celebración y sabiendo de una futura declaración unilateral de independencia que el president Carles Puigdemont ya se había encargado de anunciar con semanas de antelación.

Los dos magistrados que firman el fallo de absolución, pues la tercera integrante del tribunal, Concepción Espejel, firma un voto particular discrepante en el que sí apoya una condena por sedición, son conscientes, y así lo dejan claro en su resolución, que la situación que se vivió en Cataluña en el otoño de 2017 fue "extraordinaria" puesto que no había precedentes, si bien avalan en todo momento la actuación sostenida en aquellas semanas de incertidumbre por el que entonces era jefe de la policía autonómica y valoran la "prudencia" en sus acciones, evitando el "uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras", pues algo así "no podía ser la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo".

Tras afirmar que en un Estado de Derecho "avanzado" como es el español, el Gobierno de entonces tenía a su disposición "resortes suficientes" para afrontar la situación de incumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales por parte de la Generalitat: "Desde la declaración del estado de alarma o excepción contemplado en el artículo 116 de la Constitución, hasta la adopción de las medidas necesarias para que una comunidad autónoma cumpla con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley o cuando actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del mecanismo previsto en el artículo 155".

Para los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Vieira, el hecho de que el Ejecutivo que presidía Rajoy no pusiera en marcha este "remedio constitucional ante la convocatoria, primero, y la celebración, después, de un referéndum ilegal que trataba de ser el prolegómeno de la declaración de independencia de una parte del territorio español no justificaba que el acatamiento de la legalidad y de las decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños a las personas y por una alteración generalizada del orden público en Cataluña". 

 Ejercicio de ponderación

Según la sentencia, lo que hizo Trapero ante la "situación que se avecinaba" en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre pareció estar dirigido a "minimizar los daños, aunque ello supusiera al final"  la celebracion de la votación y esto "no puede desdeñarse". Y es que los magistrados entienden la "ponderación de intereses en juego" que hizo el mayor de los Mossos, no poniendo "como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum", pues "si ello producía unos daños irreparables, no sólo podían achacarle la responsabilidad de su producción, sino que, desde el punto de vista profesional, su gestión habría sido un fracaso".

"Bajo este prisma, puede entenderse la reiterada mención a los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad", dice el tribunal, principios que, según recuerda, también fueron "observados" por la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegada el día del referéndum en Cataluña, ya que sus efectivos "tuvieron que desistir en muchas de las intervenciones de orden público ante la naturaleza y condición de las personas que se encontraban en los centros de votación".

Además, los magistrados recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su interpretación del artículo 11 del Convenio para el control policial de las protestas y la dispersión de manifestantes, incluso en reuniones ilegales. Son varias las sentencias de la Corte de Estrasburgo que determinan que la organización de una reunión sin previa autorización no justifica necesariamente su dispersión cuando hay ausencia de violencia por parte de los manifestantes, y que las autoridades nacionales han de demostrar "cierta tolerancia" frente a "reuniones pacíficas ilegales, cuando se desarrollen sin riesgo para la seguridad".

En lo que respecta a la conclusión que hacía la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre que Trapero colaboró con los políticos independentistas ya condenados por el Tribunal Supremo, los magistrados Sáez Valcárcel y Vieira lo desdeñan de plano. Este punto clave de la acusación, determinante para una condena por sedición, no ha sido probado de ninguna manera, según el tribunal. Es más, considera que se ha demostrado que Trapero no estaba alineado con los planes independentistas del Govern de Puigdemont.

Las reuniones con los dirigentes de la Generalitat para pedirles que desconvocaran el referéndum y el plan para detener a los miembros del Govern son dos de las pruebas que los magistrados esgrimen para argumentar que el mayor ni estaba al tanto ni era pieza fundamental en el procés. (...)"         (Ana Moreno, Infolibre, 21/10/20)

 

"El voto particular de Espejel: Trapero y su cúpula planificaron deliberadamente posibilitar el 1-O.

La presidenta de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, la magistrada Concepción Espejel ha expresado un voto particular respecto de la sentencia que absuelve al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; el exdirector de los Mossos Pere Soler; el que fue segundo en la Conselleria d’Interior, Cèsar Puig, y la intendente Teresa Laplana del delito de sedición por su papel en la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La disensión expresada por la magistrada es rotundo aunque se expresa sólo respecto a Trapero y Pere Soler, y defiende que el mayor de los Mossos planificó una serie de medidas deliberadamente ineficaces para posibilitar el 1-O.

El voto particular está extensamente argumentado, de hecho consta de más de 460 páginas frente al menos del centenar que contiene la sentencia. Viene de la mano de la presidenta de la Sala Segunda del tribunal, ubicada en el sector conservador, y que ha participado en los procedimientos de Alsasua y Sandro Rosell. En su argumentario, Espejel defiende que Soler y Trapero debieron ser condenados como coautores de un delito sedición al haber quedado probado que el mayor conocía los propósitos del conseller de Interior y del director de la Policía para que llegara a celebrarse “a toda costa” el referéndum, y sumó sus esfuerzos a ese propósito común, hasta el punto de poner los medios eficaces para contribuir a tal resultado. 

La magistrada acusa a Trapero de “poner trabas” al cumplimiento de las instrucciones del fiscal superior de justicia de Catalunya primero, y de la magistrada instructora del TSJC después, para actuar “de acuerdo con los propósitos del Govern y en comunicación continua con el conseller Forn y con el director general de la policía de la Generalitat”. De hecho asegura que el mayor fue “ideando formas de puentear las medidas acordadas y de restarles eficacia”. A este objetivo respondían, según señala en su resolución, los envíos de escritos al fiscal pidiendo que reconsiderara sus instrucciones “llegando incluso a cuestionar la legalidad y a tacharlas de contrarias al bloque constitucional”.

Tanto los días previos al referéndum como el propio 1 de octubre, Espejel asegura que Trapero “orientó la actividad de los Mossos d’Esquadra con el propósito, sostenido en el tiempo, de que ejecutaran el mínimo imprescindible en relación a los requerimientos específicos que se les efectuaran en cada momento”, por eso llegó a pedir “que se les dieran instrucciones concretas y por escrito”. Esta actuación de mínimos le hace concluir que la conducta del mayor se orientó “a dar apariencia de cumplimiento” a las resoluciones judiciales “amparándose en la literalidad” de las mismas, y actuando “según su criterio de oportunidad y sin extremar medidas que eran obviamente imprescindibles” para lograr el mandato de impedir el referéndum.

Espejel remarca además que Trapero aprovechó que las órdenes contenidas en la resolución de la magistrada del TSJC lanzadas para evitar el referéndum preservando la convivencia “eran menos concretas” que las del fiscal, y “fijó unas pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la resolución”, pero “sabiendo que las mismas eran claramente ineficaces para impedir el referéndum”. De hecho, afea al mayor que anticipara esas pautas a los responsables políticos y que incluso se publicitaran en las redes sociales, de manera que la iniciativa Escoles Obertes conocieran de antemano cuál iba a ser la actuación de los Mossos. “Bastaría la concentración de familias, personas mayores y colectivos vulnerables para que los binomios no pusieran obstáculo alguno a la ocupación previa de los colegios ni a la celebración del referéndum ilegal”, alerta la magistrada.

Con respecto a la comunicación con los responsables políticos, la magistrada también echa en cara a Trapero que vulnerara “la obligación de secreto y transmisión del contenido del plan” para evitar el referéndum. De esta forma, quienes tenían por finalidad cometer los delitos conocían las actuaciones de los Mossos encaminadas a evitarlo, algo que sólo se entiende, según Espejel, por la intención de que el plan resultara ineficaz.

Para ponerles al tanto, la magistrada recuerda que el mayor envió copia a los responsables políticos de numerosas diligencias llevadas a cabo por los Mossos en su condición de policía judicial, que fueron remitidas a diversos juzgados y fiscalías, así como de las solicitudes de colaboración requeridas por algunos juzgados cuando aún no se habían llevado a cabo.

También responsabiliza al mayor de haber elaborado un “rígido sistema de petición de apoyos por las patrullas y de transmisión de órdenes por parte de los mandos” destinado a “evitar cualquier iniciativa o actuación directa de los agentes”. Espejal sostiene que con este modus operandi, en el caso de decidir adoptar alguna medida, “esta resultaría ineficaz”.

Espejel incluso trata de desacreditar la supuesta operación descrita por Trapero para detener al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de otros miembros del Govern y del Parlament el día 27 de octubre, fecha en la que se había anunciado la declaración de la independencia de Catalunya, en previsión de que la autoridad judicial decretara esas medidas cautelares. La magistrada no da crédito a esta operación asegurada por el mayor al señalar que “en ningún momento ha sido aportado el referido plan” y que sólo se invoca que “se hizo una tabla de Excel en la que figuraban los nombres de las personas a detener, los mandos que iban a realizar las detenciones y el número de los escoltas de cada uno”, pero “la referida hoja se destruyó”.

Contra lo señalado en la sentencia, en la que se indica la existencia de una evidencia objetiva del encargo del plan por la existencia de un correo electrónico aportado durante la instrucción, Espejel sostiene que “del texto del correo no se infiere que se refiriera en concreto a la detención del Sr. Puigdemont y del Govern”, puesto que es un correo referido a órdenes judiciales y a medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. También se poya en las declaraciones de Ferran López, que matiza que no es que hubiera un plan sino una advertencia de que se esté preparado por si llega la orden de detener a Puigdemont y al Govern, y de comisario Joan Carles Molinero, que dijo haber recibido la orden del mayor de “establecer un dispositivo en caso que les llegara una orden de detener a algún miembro del Govern”.

En conclusión, Espejel sostiene que los planes de actuación y todos los informes presentados ante las autoridades judiciales “se hicieron por el acusado de común acuerdo con Pere Soler y el conseller Forn” para que “soportaran lo pactado en las reuniones y comunicaciones” y la voluntad de “coadyuvar a la celebración del referéndum”.        (Luis B. García, La Vanguardia, 21/10/20)

Trapero, absuelto... La sentencia rehabilita a los Mossos

 "La sentencia judicial del caso Trapero exculpa a los Mossos d’Esquadra con cualquier tipo de colaboración con el referéndum del 1-O y rehabilita la imagen del cuerpo policial, que quedó en entredicho tras los hechos.

De este modo, defiende la actuación policial tras el registro de la Guardia Civil a la conselleria de Economía, se afirma que “cuando apareció un riesgo cierto de sustracción de las armas que había en los vehículos de Guardia Civil, se intensificó la actuación discreta de agentes”.

También subraya que “se agotaron todas las posibilidades de mediación con los que se erigieron como líderes de la protesta, aunque fueran principales representantes del independentismo, pero especialmente aptos por ello para convencer a la multitud congregada; no se cedió ante las presiones de esos líderes independentistas”.

“Se posibilitó la realización de la diligencia judicial, aunque los componentes de la comisión sufrieran injustamente la retención en el interior del edificio al estar rodeado por la multitud. Finalmente, cuando la actuación de grupos violentos al comienzo de la noche cambió el escenario pacífico, intervinieron eficazmente los efectivos de orden público de Mossos d’Esquadra”, añade.

En referencia al 1 de Octubre, la sentencia considera que “la prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales”.

“El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo”, añade."                   (e-notícies, 21/10/20)

 "La Audencia Nacional no ve acreditada su participación en el proceso independentista.

 La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha absuelto por mayoría de los votos del tribunal al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, del delito de sedición del que había sido acusado y por el que le reclamaban 10 años de cárcel, según avanza la cadena Ser.

Tampoco contempla la alternativa de desobediencia que reclamó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas de este órgano jurisdiccional.

En su sentencia, que será notificada este miércoles a las partes, los magistrados también absuelven a la intendente Teresa Laplana y a los jefes políticos del cuerpo policial, César Puig y Pere Soler.

Según las fuentes jurídicas consultadas por la Ser, el fallo absolutorio cuenta con los votos favorables del ponente, Ramón Sáenz Valcárcel y del magistrado Francisco Vieira, mientras que el tercer miembro del tribunal y presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha emitido un “largo y denso” voto particular discrepante con la posición de la mayoría.

El tribunal no ha considerado acreditado que Trapero y el resto de acusados, en colaboración con los políticos independentistas juzgados por el Supremo, intentaran impedir o dificultar el cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia, con el objetivo de alcanzar sus planes secesionistas.

El tribunal no concede peso condenatorio al relato de una de los principales testigos de la acusación, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, negó a lo largo del juicio que desobedeciera el mandato de los tribunales que intentaron detener el referéndum del 1 de octubre, y manifestó, junto a otros policías autonómicos que respaldaron su versión, que incluso ideó un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declaraba la independencia y se lo ordenaba la justicia."         (e-notícies, 20/10/20)

Rafael Arenas: “Es inasumible que España ejecute las euroórdenes y otros países no lo hagan”

 "La negativa de la justicia belga a extraditar a España al exconsejero de Cultura Lluís Puig por presunta malversación en el procés independentista ha vuelto a abrir el debate sobre las carencias del sistema de las euroórdenes, y a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿Cuáles son los motivos?

Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y expresidente de Societat Civil Catalana (SCC), es vicepresidente segundo de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), desde la que han enviado cartas en los últimos días al ministro de Justicia español, a la comisaria de Justicia de la Comisión Europea y a los grupos de la Eurocámara para denunciar lo que consideran una decisión arbitraria, contraria al principio de cooperación, y una quiebra del espacio comunitario de Libertad, Seguridad y Justicia. En esta entrevista con Crónica Global nos habla sobre esta y otras cuestiones de la situación política en Cataluña.

- ¿Cuáles son los motivos de que países socios en Europa pongan trabas a la extradición de Puig y otros dirigentes como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers fugados? ¿Por qué ocurre este problema?

Lo primero que hay que hacer es reconocer que existe este problema e intentar resolverlo. Causa estupor que no se ejecuten las órdenes europeas de detención y entrega. Porque esas órdenes, a diferencia de los mecanismos clásicos de extradición, están pensadas para que se ejecuten casi automáticamente, y que sólo de manera excepcional se puedan denegar.

Las razones formales en cada caso han sido diferentes. No fue lo mismo la no entrega de Puigdemont y Toni Comín en Bélgica que la no entrega parcial del primero en Alemania. En el caso belga, en 2018, se adujo una razón formal que no respondía a la realidad: que no se había emitido una orden de detención nacional previa a la orden europea, lo cual no es cierto, porque se había emitido un auto de procesamiento que tendría que ser considerado como una orden de detención a efectos de la regulación europea.

En Alemania, en cambio, no se planteó ningún problema por esto. Allí el problema fue otro: se concedió la entrega de Puigdemont por malversación, pero no por rebelión. La malversación entraba en la lista de 32 delitos que no requieren la doble incriminación, de acuerdo con la euroorden. En estos supuestos sólo se verifican cuestiones formales. En el caso de la rebelión no era así. Y lo que llama la atención es que lo que hizo el tribunal alemán fue modificar los hechos que había presentado el Tribunal Supremo, como si estuviera haciendo una instrucción del caso, lo cual es una aberración.

En el caso de Puig, el problema ha sido que el juez belga fiscaliza la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, lo cual es contrario no sólo a la orden europea de detención y entrega, sino a toda la lógica de la cooperación judicial en Europa, que se basa en el principio de confianza y reconocimiento mutuo. Y eso parte de que la interpretación que hace un juez de un Estado miembro, en principio tiene que ser asumida por otros jueces europeos.

 

- ¿Se ha deterioriado esa confianza, entonces? Al margen de las razones formales, ¿cuál es su impresión personal?

Si vamos a cuestiones sustanciales, y esto ya es especular, la sensación que me da es que en el resto de Europa hay jueces, políticos, autoridades y opinión pública que tienen una imagen totalmente distorsionada de la naturaleza del conflicto que se produjo en Cataluña en 2017 y que asumen el relato nacionalista. Ahora bien, en el caso de los juristas, uno puede tener la opinión personal que le parezca y luego aplicar la ley y la norma. Lo grave es que se hayan olvidado los principios básicos de la cooperación judicial en Europa. Si esto es así --e insisto, es especular--, me imagino que es porque son proclives a creer ese relato y, a partir de ahí, a forzar hasta límites inasumibles el tenor de las normas hasta llevarlos a un resultado que es el que quieren conseguir: que no se produzca la entrega.

- ¿Los conflictos nacionales de Bélgica pueden tener incidencia en este asunto?

Completamente. He hablado con personas en Bélgica e, inevitablemente, hay un efecto espejo: hay quien ve el conflicto que tenemos en Cataluña desde su propia óptica. En esta visión hipersimplificada del tema, un nacionalista neerlandés probablemente se identifique con un nacionalista catalán y piense que la posición del Estado español se identifica con la de los valones.

- ¿Qué se puede hacer para que las euroórdenes se cumplan?

Varias cosas. En España, tanto el Gobierno del PP como el del PSOE desde 2018 se han quedado con el “respetamos las decisiones judiciales”, como si habláramos de la sentencia de un tribunal en un caso penal. Y no es así. Cuando surgieron las primeras denegaciones, el Gobierno tendría que haber actuado de acuerdo con la naturaleza de la euroorden. El ministro de Justicia, decir: “Estamos preocupados porque no se están cumpliendo, porque la lógica de la euroorden es que se ejecute. Y voy a entrevistarme con el comisario de Justicia de la UE para analizar este problema, para pedir que la Comisión Europea haga un análisis de obligado cumplimiento de las euroórdenes, queremos tener un informe de cuántas euroórdenes se cumplen, se ejecutan, cuántas no, y por qué razones”. Y, a partir de ahí, pedir una revisión del instrumento. Porque lo que no puede ser es que los criterios para aplicar las euroórdenes varíen de país en país. Esto es lo que tenía que haber hecho el Gobierno español hace ya dos años.

Y lo que tenía que haber hecho la Unión Europea, si se lo hubiera pedido el Gobierno español, o los grupos políticos en el Parlamento europeo, sería instar a la Comisión a hacer lo mismo. A eso responden las cartas que enviamos a varios eurodiputados españoles. Y si hay que introducir reformas, introducirlas. Si entendemos que hay que reducir el ámbito de aplicación de la euroorden a determinados delitos, porque no está la integración europea como para que la euroorden se aplique a algunos como el de rebelión, el de sedición, o el que sea, pues no habrá más remedio que asumirlo, y excluirlo de la aplicación de la euroorden.

Lo que no puede ser es que tengamos un instrumento que en teoría debería haber provocado que el señor Puigdemont y el resto estuvieran ya en España hace dos años y no sea así. No puede ser que España esté ejecutando las euroórdenes con toda lealtad, todas las que se le piden, aplicando rigurosamente el instrumento, y otros países no hagan lo mismo. Es inasumible.

- ¿Existe alguna otra fórmula?

También hay la vía del Tribunal de Luxemburgo, enviar una cuestión prejudicial, para que interprete cómo hay que aplicar las euroórdenes en este caso. Era cuestión del Tribunal Supremo haber planteado o no esa cuestión prejudicial.

Lo que puede hacer el Gobierno español es advertir que, en caso de que las euroórdenes no sean atendidas, va a estudiar la posibilidad de enviar al Tribunal de Luxemburgo a los Estados que no cumplen las euroórdenes, y que éste determine si hay o no un incumplimiento del Derecho de la UE. Pero aún no se ha entrado en la primera fase, que es decir: aquí tenemos un problema.  (...)"                

(Entrevista a Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y expresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Ricard López, Crónica global,  15/08/20)

"Con Puigdemont en España, los Jordis hubieran salido en libertad". Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de derecho procesal: "mi sensación es nadie habría ingresado en prisión"

"El catedrático de Derecho Procesal, Jordi Nieva-Fenoll, ha afirmado en un artículo en El Periódico que si el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros miembros de su gobierno no se hubieran marchado de España, "los Jordis habrían salido en libertad antes de finales de 2017, y nadie habría ingresado en prisión".

Nieva-Fenoll señala que si "el ex presidente se hubiera quedado en España", y teniendo en cuenta que las querellas de la fiscalía del 30 de octubre de 2017 no pedían prisión provisional, "probablemente no se habría ordenado esta privación de libertad".

El catedrático recuerda que Pablo Llarena "dictó a principios de diciembre de 2017 la libertad de todos los ahora condenados excepto de Forn, Junqueras y los Jordis", pero expone que "el exilio de Puigdemont y otros ex consellers fue un factor determinante en la decisión de no liberar los cuatro citados".

A pesar de mostrarse crítico con las órdenes de prisión, expone que "el hecho de ver que otros reos de la misma causa eluden la acción de la justicia, por mucho que no sea un factor legítimo a tener en consideración, tendría un peso decisivo para no ponerlos en libertad".

Jordi Nieva-Fenoll cree que el juez pensó que "podrían verse tentados de seguir el mismo camino que Puigdemont para no volver a la cárcel". "Insisto en que nada de esto me parece adecuado, pero la presencia del ex en Bruselas pudo ser determinante en la decisión judicial", reitera.

"Y más lo fue en el caso de Junqueras, al ser el ex vicepresidente" apunta el catedrático, que subraya que "a ojos del juez, Junqueras era el vicepresidente de un presidente huido". "El establecimiento de un paralelismo en la mente judicial, aunque fuera totalmente inadecuado, era probablemente inevitable", sentencia.

Finalmente, admite que "es difícil hacer ucronías", pero tiene la sensación de que "quedándose todos en España, los Jordis habrían salido en libertad antes de finales de 2017, y nadie habría ingresado en prisión". "Probablemente, no se habría dictado ni la desproporcionada condena que se impuso", concluye."                         (e-notícies, 01/05/20)

Gregorio Morán: El mayor Trapero, sin cuya colaboración activa y pasiva el intento de avalar el golpe independentista de octubre no hubiera alcanzado el nivel de una insurrección, acojonado ante los jueces les asegura que pensaba detener a su jefe supremo Puigdemont y llevárselo en helicóptero. ¿A dónde? Hay que tener una jeta de cemento armado

"(...) Pero vayamos a la mayor fábrica de mentiras del momento. En Cataluña la mentira, si bien viene de lejos por ser una tradición hispana de profundas raíces políticas, en estos últimos años, meses y días alcanza cotas que superan nuestros hábitos y en las que se mezcla el narcisismo, la xenofobia y el descaro. 

El mayor Trapero, exjefe de los Mossos d´Esquadra, sin cuya colaboración activa y pasiva el intento de avalar el golpe independentista de octubre no hubiera alcanzado el nivel de una insurrección, acojonado ante los jueces les asegura que pensaba detener a su jefe supremo Puigdemont y llevárselo en helicóptero. ¿A dónde? Hay que tener una jeta de cemento armado para pasar de cantarle habaneras mientras le hacía una paella en Cadaqués a dejarnos a todos de un pasmo con la invención del helicóptero.

Esa es la penúltima, pero hay tantas que se puede escoger. Las del abad Junqueras tienen ese aire carlistón de quien domina todos los recursos de la mentira aquí y en el más allá. Su acendrado catolicismo de misa diaria le otorga una pátina de profeta del nacionalcatolicismo. Al oírle estamos ante una mixtura de papa Clemente -el ciego que veía- y el escolástico seguro del dogma que trata de apabullar desde el púlpito a la feligresía.

 ¿Cómo hombre de expresión tan ligada a lo divino puede ser un delincuente? Cabe recordar que si este Savonarola escolástico llega a triunfar en su intentona muchos habrían de tomar el camino del destierro y más de la mitad de la población de Cataluña vería cercenadas sus libertades. Pequeño detalle que olvidan los buenistas de la democracia desde la comodidad de sus aposentos. La guerra la hacen unos y la sufren muchos más.

Pero es un hombre de paz, es un campeón de la fraternidad en sus oratorios abaciales. Exalta ahora el diálogo porque no tiene otra opción que alivie la cárcel. La II República fue más rigurosa con Companys que lo es la democracia frente a este botarate que hace esfuerzos para ser creíble y que capitanea un partido que lleva la traición en sus venas. Fue traidor con la República, luego durante la Guerra Civil, en el franquismo se convirtió en un club de emboscados y en la democracia tuvo tiempo para manipular a los partidos que gobernaban en Madrid, no hablemos ya de sus hazañas en la Cataluña de Pujol y el tripartito.

El lenguaje sinuoso que debe tanto a la burguesía de Barcelona, hecho de sobrentendidos y falacias consagradas por la tradición, nos limita cuando nos referimos a un sistema mafioso que impuso Jordi Pujol y que blanquearon los medios de incomunicación. No es extraño que todos estén holgadamente subvencionados. No es el miedo el que ampara al clan de los mentirosos en Cataluña; son los emolumentos. 

No es necesario ningún crimen, menos aún el sangriento ajuste de cuentas: aquí se mata de silencio y aislamiento, en esa tradición que tan bien conocen personajes como Puigdemont o Junqueras o Torra, convertido en paradigma de la mediocridad, el racismo y la sensación de que jamás en su vida había soñado llegar a presidente de una Generalitat de gentes incapaces de un gesto de honor, porque el honor es la antítesis de la mentira.

¿En dónde sería posible que Puigdemont, un alcalde y pastelero de Amer (búsquese en el mapa de Gerona), alcanzara el digital estrellato de capitanear la Generalidad? ¿Y Toni Comín, profesor por méritos parentales, un mozo ayuno de todo lo que no fuera frivolidad, alcanzara la categoría de icono del independentismo? Desde que tuvo edad de merecer no fue otra cosa que el hijo de Alfonso Carlos Comín, fundador de Bandera Roja, aragonés, antinacionalista furibundo, que se quedaría perplejo ante sus conmilitones convergidos en logreros institucionales. Eso no se puede decir en público y menos aún escribir sin saltarse la omertà.

Analizar el honor perdido de los delincuentes retóricos será una tarea por abordar en el próximo futuro. La situación política en Cataluña, que demandaría un análisis que ahora no toca, está descabalando los discursos del clan de los mentirosos. Están agotando el almacén donde se han ido acumulando tantas palabras que se hace tarea imposible encontrar nuevos recursos. Las últimas maniobras del presidente Torra han conseguido que los imaginativos inventos de las salidas de pata de banco estén caducando a una velocidad difícil de superar.

La pregunta del millón, por más vieja que sea, está omnipresente: cómo demonios conservan el poder. A ver a quién se le ocurre la mentira más redonda. Las fake news son armas de descerebrados para descerebrados. Nosotros necesitamos mentiras a la altura de nuestras ambiciones."              (Gregorio Morán Vox Populi, 01/02/20)

Trapero... cuánta inocencia, para ocultar su culpabilidad

"No se ha prestado bastante atención a un momento de la declaración del exmajor y ahora menor Trapero, cuando explicó que la policía encontró gente haciendo actividades lúdicas y festivas en los colegios la noche antes del 1-O, pero no entendieron que fueran actividades preparatorias del referéndum. 

El menor Trapero no podía ni imaginarse que toda aquella gente que -empezando por los políticos y por organizaciones parapolíticas- hacía días que se conjuraba para ir a los colegios a «defender las urnas», estuviera en las escuelas por este motivo, que ya se sabe que la gente dice muchas mentiras. 

Yo sí que lo sabía, yo sabía perfectamente que llevar niños y ancianos a los colegios era parte de la trama votacional.

 Pero claro, yo no dispongo de los sofisticados servicios de información que tenía a su alcance el menor Trapero, que le debían decir que nada tenían que ver aquellas personas con el referéndum. Es normal que el jefe de la policía se fíe más de sus agentes que de mí.

 Seguro que Trapero tenía constancia de que el hecho de abrir todas las escuelas, justamente la noche anterior al referéndum ilegal, nada tenía que ver con este referéndum. Él sabía que todo era una casualidad. ¿A quién se le podía ocurrir relacionar los dos hechos?

 Sólo los profanos en la materia, como yo, estábamos seguros de que se trataba de una estratagema para mantener los colegios abiertos y poder votar al día siguiente. Por eso somos profanos, porque tenemos pensamientos simples.

 No así Trapero, hombre tan preparado pero también de tan buena fe, que creyó que aquella noche era ideal para hacer chocolatadas, juegos infantiles y torneos de rol en todos los colegios catalanes, creencia que seguro le confirmaron los sus servicios de inteligencia. 

 Incluso se debíó sumar a alguna de estas actividades, para demostrar que el jefe de la policía también ha sido niño y es capaz de cantar una fábula con los pequeños, mientras las mamas y papas acaban de preparar el chocolate que les ayudará a pasar la noche en vela. Quien más quien menos, todos alguna vez hemos pasado la noche en vela en una escuela, justo el día antes de que se celebre un referéndum ilegal, sin que ello signifique que haya una relación de causalidad entre ambos hechos.

Cabe decir que no en todas las apreciaciones, los profanos y la policía mantenemos opiniones diferentes. Por ejemplo, los que nunca hemos vestido uniforme de policía ni de ningún tipo, también considerábamos «barbaridades» las acciones que cometía el gobierno entonces en aquellos días tan divertidos de octubre de 2017, y en eso coincidíamos con el menor Trapero, según ha declarado también. 

Queda constancia para demostrar que algunas cosas son tan evidentes que no hay que ser policía para saber que son dignas de asnos catalanes como los que nos gobernaban.

 Jefes de policía como  Trapero hacen más feliz a un país. La inocencia tiene injusta mala prensa entre las fuerzas de seguridad, pero mejor iríamos si los Mossos todavía estuvieran al cargo del menor Trapero.

 - Menor Trapero: son las dos de la madrugada y hemos detectado cuatro individuos con una lanza térmica en la sucursal del BBVA. ¿Procedemos a detenerlos?

 - ¿Por qué, pobrecitos? ¿Qué te hace pensar que quieran reventar la caja fuerte? No tienen derecho a los jóvenes a entrar a los bancos a hacer actos lúdicos con lanzas térmicas? Dejadlos tranquilos. La vida es maravillosa.

 Cuánta inocencia, para ocultar la culpabilidad."                  (Albert Soler, diari de Girona, 24/01/20)