"La confirmación de la inhabilitación del president vicario de la
Generalitat, Quim Torra, ha señalado el final de una legislatura que
podría calificarse de transición, tras unas elecciones convocadas en
diciembre de 2017 por Mariano Rajoy en el marco de la aplicación del
artículo 155 de la Constitución y tras las convulsiones de la
Declaración Unilateral de Independencia.
Torra, quien provenía del
activismo político-cultural, había sido presidente de Ómnium Cultural y
militante de Unió Democràtica de Catalunya y de Reagrupament, escisión
derechista de ERC, figuraba en el número once de la lista de Junts per
Catalunya por Barcelona. Además, se había labrado una dudosa reputación
como director del Born, convertido en un parque temático nacionalista y
por sus artículos periodísticos de fuerte contenido hispanófobo y
supremacista. De hecho, accedió a la presidencia de la Generalitat de
manera totalmente inesperada tras las fallidas investiduras de Carles
Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull.
En su sesión de investidura afirmó que no pensaba ejercer como
presidente de una autonomía, ni siquiera como tal pues consideraba a
Puigdemont el presidente legítimo del país. Asimismo planteó una hoja de
ruta para hacer efectivo el supuesto mandato del 1 de octubre
consistente en la elaboración de una Constitución catalana que sería
refrendada en un referéndum tras el cual, de obtener mayoría, se
proclamaría la independencia del país. Unos objetivos que revelaban una
continuidad con el proceso soberanista pero que pronto se demostraron
inviables pues ignoraban que éste había finalizado con la aplicación del
155 y con la prisión y la fuga de los dirigentes del movimiento
independentista.
Prueba de ello fue que tras la sentencia del procés,
cuando todos los sectores del independentismo protagonizaron masivas
manifestaciones de protesta en las calles, los partidos independentistas
fueron incapaces de articular una respuesta común y, a pesar de la
altisonante retórica, acataron la decisión judicial. Éste fue, sin duda,
el “momentum” que Torra había esperado para reactivar el
proceso independentista, pero éste pasó sin que se avanzara un milímetro
en el objetivo de instaurar la República catalana.
Otros factores que
vienen a aquilatar esta tesis radican en la implosión del espacio
postconvergente con la aparición de diversas formaciones, especialmente
Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) y Lliga Democràtica, que buscan
recuperar la tradición pactista del catalanismo y rechazan la vía
unilateral, así como con la ruptura entre el PDeCat y JxCat.
Ante la imposibilidad de avanzar en la consecución de estos
objetivos, Torra se refugió en una suerte de gestos simbólicos, uno de
los cuales, la negativa a retirar la pancarta en el balcón de la
Generalitat, le han costado la presidencia.
Por otro lado, su agónico mandato ha estado determinado por las
profundas diferencias y los constantes enfrentamientos con ERC, su socio
de gobierno, el cual sin manifestarlo explícitamente es consciente del
fracaso de la vía unilateral y de la necesidad de recomponer la
estrategia del movimiento independentista con un planteamiento a largo
plazo, el cual radica básicamente en ampliar la base social del
secesionismo y superar la barrera del 50% de los votos.
Especialmente, cuando en España había caído el gobierno del PP y, por
primera vez en la historia del país desde la restauración de la
democracia, el ejecutivo estaba liderado por un gobierno de coalición
progresista, dentro del cual Podemos mostraba su sintonía con algunas de
las principales reivindicaciones del movimiento secesionista, como el
ejercicio de la autodeterminación, y cuando algunos de sus dirigentes
como Jaume Asens se declaraban abiertamente independentistas.
De hecho, tras la inhabilitación de Torra sus principales dirigentes
la han considerado desproporcionada y han criticado con dureza la
sentencia judicial. Está por ver si este constante seguidismo será
castigado por sus bases electorales en su inmensa mayoría contrarias a
la secesión. Una distorsión que podría conducirles a la irrelevancia,
como de hecho ya ha ocurrido en Galicia y Euskadi.
Promesas baldías
A pesar de los constantes requerimientos de la oposición, pero
también de su socio de gobierno y de la CUP, imprescindible para
conformar la mayoría independentista en el Parlament, Torra se ha negado
a hacerlo. Ello responde a la estrategia de Waterloo para debilitar a
ERC e impedir que se alce con la hegemonía del movimiento secesionista.
Así pues, como han evaluado diversos analistas, esta negativa puede
considerarse el último servicio a Puigdemont. Por un lado, se busca
reactivar las pulsiones victimistas de sus bases sociales; por otro,
otorgarle el margen de tiempo suficiente para estructurar su partido y
su oferta política, JxCat, cuyas siglas son ahora objeto de una pugna
con el PDeCat que se dirimirá en los tribunales.
También, por motivos
estrictamente personales, pues Torra pretende identificarse con la
figura del presidente mártir, sacrificado por los poderes del Estado
español, y abandonar con cierta dignidad el cargo tras un mandato
errático y desafortunado.
Sin embargo, la escasa respuesta en las calles a su inhabilitación,
en comparación con las masivas concentraciones y manifestaciones tras la
sentencia del procés, indican no solo un cierto cansancio de
sus bases sociales y a los efectos desmovilizadores de Covid-19, sino
que apuntan a ciertas contradicciones de fondo. En efecto, no se puede
recabar la movilización de la militancia del independentismo cuando se
han incumplido tantas promesas. Solo por poner dos ejemplos, como cuando
se aseguró que en 18 meses se conseguiría la independencia y numerosos
Estados estaban dispuestos a reconocerla o cuando Puigdemont se
comprometió a volver a Catalunya si ganaba las elecciones de diciembre
de 2017.
Además, el independentismo se ha caracterizado por llevar la
confrontación hasta el borde del abismo, pero dar marcha atrás en el
momento decisivo. Así, cuando se proclamó la independencia, no se
publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat para evitar que ésta
tuviera efectos jurídicos y no se arrió la bandera española de los
edificios la Generalitat o cuando el propio Torra se jactó de no retirar
la pancarta que ha conducido a su inhabilitación para hacerlo ya fuera
de plazo. Finalmente, resulta muy duro para los militantes del
movimiento independentista que sus líderes les pidan que desobedezcan,
cuando éstos no lo hacen o reclamar que se movilicen en las calles pero
enviarles a los Mossos d’Esquadra para reprimirlos.
Finalmente, resulta para ellos desalentador el espectáculo de las
constantes trifulcas entre los socios más pendientes de los réditos
electorales que del magno objetivo de conseguir la independencia del
país. Ello agravado por la ausencia de una alternativa estratégica, de
una hoja de ruta, para hacer efectiva la República catalana.
Cinco diferencias
Los comicios catalanes, previstos para la última semana de enero o la
primera de febrero, se plantean en unas circunstancias notablemente
distintas a las anteriores convocatorias electorales marcadas por la
lógica procesista.
En primer lugar, no existe la llamada unidad estratégica de las tres
formaciones independentistas con representación parlamentaria, sino que
éstas se presentan profundamente divididas, sin una hoja de ruta
compartida para alcanzar el objetivo del Estado propio.
En segundo lugar, como ya hemos apuntado, han surgido diversas
formaciones del ámbito del catalanismo pactista y no unilateralista que,
de obtener representación parlamentaria, podrían comprometer la mayoría
independentista en el Parlament.
En tercer lugar, el gobierno de coalición progresista, a diferencia
del PP, multiplica los gestos conciliadores respecto al movimiento
independentista, sin duda siguiendo las recomendaciones del PSC. De este
modo, se avino a constituir la mesa de diálogo, exigencia de ERC para
apoyar la investidura de Sánchez, pero que Torra se encargó de boicotear
con condiciones maximalistas.
Asimismo está tramitando los indultos a
los presos independentistas y prepara la modificación de los delitos de
rebelión y sedición que podrían comportar la excarcelación de los
líderes del movimiento. Estas medidas no solo buscan facilitar el apoyo
de ERC y los cuatro diputados del PDeCat que han roto con Puigdemont a
los Presupuestos Generales del Estado, sino crear un clima de cierta
distensión en Catalunya, arrebatando a los sectores más hiperventilados
del secesionismo su principal motivo de movilización. En efecto, desde
el PSC y los Comunes se piensa que hasta que no se resuelva la cuestión
de los presos será muy difícil, por no decir imposible, restablecer un
cierto clima de normalidad política en Catalunya.
En realidad, PSOE y
PSC darán todas las facilidades para que ERC obtenga la hegemonía dentro
del movimiento independentista y pueda liderar el ejecutivo catalán
como la única opción viable para atisbar cierta estabilidad
parlamentaria en Madrid y cierto clima de diálogo en Barcelona. Ahora
bien, resulta muy complicado predecir el comportamiento de ERC que no ha
roto su relación edípica con la antigua Convergència y que estará
sometida a las enormes presiones de JxCat erigidos en guardianes de la
ortodoxia independentista y prestos a tildarlos de traidores y cómplices
de la represión.
En cuarto lugar, la situación generada por la pandemia puede
contribuir a modificar las prioridades de amplios sectores de la
ciudadanía catalana; particularmente, en el denominado independentismo
de aluvión que se sumaron al movimiento secesionista en los momentos
álgidos del procés soberanista los cuales podrían considerar
que ahora toca combatir los efectos socioeconómicos de la pandemia y
dejar el objetivo de la secesión para tiempos mejores.
En quinto lugar, a pesar del cansancio y el desánimo que cunde entre
las filas de las bases mesocráticas del movimiento independentista, la
imagen de un Estado sumido en una profunda crisis institucional podría
servir para apuntalar las opciones de los partidos independentistas. Así
lo transmite la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid, el
bloqueo en la cúpula del poder judicial o el desprestigio de la
monarquía manchada por la corrupción del rey emérito y los movimientos
en la oscuridad de Felipe VI.
Incógnitas electorales
En cierto modo, las próximas elecciones en Catalunya determinarán el destino del proceso soberanista iniciado hace una década.
Hasta el proceso soberanista los comicios autonómicos estaban
determinados por la llamada abstención dual y selectiva, mediante la
cual un amplio segmento de electores, que votaban PSOE en las generales,
se abstenían en las catalanas, conducta que contribuía a explicar las
mayorías de CiU. Esta dinámica se rompió en las últimas autonómicas
donde se asistió a una extraordinaria movilización del electorado no
independentista y una nunca vista participación en torno al 80% del
censo electoral.
Si esta elevada participación no se reproduce podría
darse la paradoja que ahora, en medio de la división interna y la
ausencia de hoja de ruta para la independencia, los partidos
separatistas superasen la barrera del 50% de los votos. Por ello, ERC se
ha apresurado a desmarcarse del testamento político de Torra, quien
propugnó que los próximos comicios tengan un carácter plebiscitario, lo
cual contribuiría a movilizar al electorado no independentista y le
obligaría a volver a la vía unilateral si se superase la barrera del 50%
de los votos.
Asimismo Torra planteó que la autonomía resulta uno de
los principales obstáculos para alcanzar la independencia, lo cual puede
interpretarse no tanto como una defensa de la vuelta al centralismo, en
la lógica de cuanto peor mejor, sino como un velado ataque a Esquerra
por su acatamiento del ordenamiento estatutario y a la legalidad
vigente.
Por todo ello, el resultado de los próximos comicios en Catalunya
podría determinar el futuro de la convulsa vida pública del país durante
un largo periodo y quizás inaugurar un nuevo ciclo postprocesista de la
política catalana." (Antonio Santamaría, El viejo topo, 02/10/20)