Si Quim Torra, como Ayuso, hubiera denunciado que “nos tienen rehenes, amordazados” y que el Gobierno español quiere provocar “la ruina” de Cataluña no nos habría sorprendido lo más mínimo... a Torra le ha salido una alumna aventajada a la que solo le falta colgarse un lazo

"Si Quim Torra hubiera denunciado que “nos tienen rehenes, amordazados” y que el Gobierno español quiere provocar “la ruina” de Cataluña no nos habría sorprendido lo más mínimo. Los dirigentes separatistas llevan años diciendo cosas parecidas, al tiempo que se las dan de adalides de la libertad. 

Lo sorprendente es que eso mismo haya declarado la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo afirmó en rueda de prensa como respuesta a la segunda negativa del Ministerio de Sanidad a su petición de pasar a la fase 1. La evaluación de los funcionarios del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, con un larga trayectoria profesional y que ya estaban allí antes de que llegara Salvador Illa, seguro que es discutible, pero lo que no tiene sentido es calificarla de decisión política con la finalidad de perjudicar a Madrid. 

Como también era absurdo pensar que había una voluntad de discriminar a la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, cuando Sanidad decidió que gran parte de esa región debía quedarse una semana más en fase 0. Ahora bien, el Gobierno actuaría mejor si hiciera públicos esos informes en lugar de filtrarlos como sucedió el sábado para contraatacar las acusaciones de Ayuso.

La dirigente de Madrid no puede ser separatista, claro está, pero recurre al agravio territorial y al argumento de la persecución política. Ayuso llegó a decir que “si hubiéramos pedido lo contrario, el Gobierno hubiera decidido que podíamos pasar”. 

Definitivamente, a Torra le ha salido una alumna aventajada a la que solo le falta colgarse un lazo. Practica una especie de separatismo inverso cuando afirma que la unidad de España o la Constitución están en peligro porque el mando único que ejerce Sanidad le secuestra sus competencias. Si la izquierda abusa de la superioridad moral, la derecha de los salvamientos patrióticos.

Afortunadamente, más cabeza demuestra tener su vicepresidente, el naranja Ignacio Aguado, que le ha recordado que “para hacer oposición a Sánchez está el Congreso”. Y que no es conveniente alentar desde la Comunidad las manifestaciones del barrio de Salamanca. (...)"             (Joaquim Coll, 20Minutos, 18/05/20)

Un país como España, de 47 millones de habitantes, está en crisis irremediable y permanente, con avisos de catástrofe, a cuenta de que hay 2,2 millones que votan nacionalista, vasco o catalán

"El papel estelar de las territorialidades contrasta con el sentimiento que al respecto tiene la gran mayoría de la ciudadanía, para la que ocupa un lugar muy secundario. Da por buena su inserción «territorial». 

Por lo común, sus apasionamientos, si los hay, no se refieren a insatisfacciones propias, sino que las generan, a la contra, las radicalidades independentistas. O, si simpatizan, se debe a afanes miméticos, la envidia por las identidades fuertes; o a la presunción de que todo irá mejor si esto revienta y qué mejor que la broca soberanista para empezar.

En la vida corriente la gente no está obsesionada porque los demás les reconozcan su personalidad colectiva, salvo los nacionalistas, a los que no se le hace cansino ir de vasco, catalán o español full time. El resto pasa. En general, los ciudadanos bastante tienen con lo suyo y no se dedican a imaginarse sacrosantas identidades propias (...)

Del discurso dominante se deduciría, sin embargo, que tal es la principal preocupación patria. La política gira alrededor de un eje que la mayoría no siente como una necesidad propia y al que incluso es refractaria.

Es la gran paradoja nacional. Nuestra gran división interna, la que amenaza la convivencia, resulta para la inmensa mayoría una cuestión secundaria. Es más: el asunto tiene importancia sólo en dos comunidades autónomas, pero ni siquiera en ellas la disconformidad autonómica conmueve electoralmente a la mitad de los ciudadanos. Pues bien, tales sectores tienen la máxima capacidad desestabilizadora.

Tal contradicción -una mayoría nacional rehén de una o dos minorías autonómicas- tiene su intríngulis y es de difícil explicación. De entrada, exige que entre los partidos nacionales haya cierto desprecio por la estabilidad, a la que no ven como una prioridad (...)

Cabe entender que los nacionalistas defiendan su idea de nación, la soberanía y la independencia, pero resulta incomprensible que los partidos que no lo son bailen al son que tocan los independentistas, de resultas de lo cual nuestra vida pública se convierte en el baile de San Vito. Y, así, un país como España, de 47 millones de habitantes, está en crisis irremediable y permanente, con avisos de catástrofe, a cuenta de que hay 2,2 millones (últimas elecciones) que votan nacionalista, vasco o catalán.

No parece que los interfectos sean particularmente avispados, aunque tampoco unos pardillos, por lo que tan peculiar fenómeno, según el cual el 8,5% de los votantes nos tienen agarrados por la yugular, se debe a circunstancias muy peculiares. Citaremos algunas de estas.

Pesa en primer lugar la incapacidad de nuestra izquierda y derecha para ponerse de acuerdo en nada.(...)

 El nacionalismo radical podrá reinar mientras no haya ningún acuerdo nacional. Si no lo hace, es por su inclinación irrefrenable a las torpezas. (...)"                  (Manuel Montero, El Correo; en Fundación para la Libertad, 13/05/19)

Para federalismo... el Senado norteamericano, y no el alemán (impuesto por el ejército de ocupacion norteamericano)

"(...) En realidad, el sistema alemán está lejos de corresponderse con el federalismo prototípico, si hay tal cosa. En la inmensa mayoría de federaciones la gobernación común no compete a los territorios: en Argentina, Brasil, EE UU, Italia, México, Nigeria, Reino Unido y Suiza los ciudadanos escogen directamente a sus senadores; en Austria, Bélgica, India y Rusia, los parlamentos —no los Gobiernos— territoriales. 

No resulta casual que, salvo Argentina, todos estos países hayan sufrido o sufran movimientos disgregadores. Resulta impensable que, con esa experiencia, pudieran interesarse por una cámara alta estilo Bundesrat tan propicia a que, en la gobernación general, se introduzca de manera directa la poderosa maquinaria de unos Gobiernos territoriales que, si son desleales (como sucede con frecuencia en Canadá y España, y sucedió en Brasil, EE UU, India, México y Rusia), provoca tensiones, entorpece las respuestas a los problemas, dificulta la convivencia y, a la postre, socava la legitimación del sistema (véase Bélgica). 

Cuando esta cámara representa a las administraciones territoriales, caso (único) alemán, el resultado previsible es la paralización (bloqueos, veto players) de las respuestas a los retos comunes por parte de un Gobierno que ya ha cedido muchas competencias, y una profunda erosión de la soberanía que resta protagonismo a la ciudadanía para otorgárselo a unos Gobiernos autonómicos que ven ampliado su importante poder con una participación en el gobierno general.

Quizá convendría dirigir la mirada hacia la teoría federal estadounidense. Aunque es poco conocido, EE UU sufrió durante más de un siglo una estructura similar a la alemana actual y dispone de experiencia acumulada: 200 años de problemas federales, incluida una cruenta Guerra de Secesión, e importantes retos, enfrentados apenas hace un siglo, como el obstruccionismo de intereses locales y diversos déficits democráticos. 

Los parlamentos territoriales designaban a unos senadores que representaban menos a los ciudadanos que a esos “seres artificiales” e “imaginarios llamados Estados”, por citar a dos padres de su Constitución. Obstruccionistas de las instituciones nacionales oficiaban como verdaderas oligarquías locales.

 En respuesta, en 1913, tras un siglo de dificultades y frustradas tentativas de reforma, que ni la Guerra de Utah ni la de Secesión resolvieron, la 17ª Enmienda Constitucional adoptó la elección directa por la ciudadanía.

No cabe descartar que, terminada la Guerra, los EE UU, al tutelar la constitución de la Alemania derrotada, recordaran con la peor intención sus aciagas experiencias, para socavar el Gobierno nacional y su conexión directa con un pueblo con, digamos, exceso de lealtad nacional. 

 En el Bundesrat resultante los Länder gobiernan sus territorios y, también, participan en la gobernación del conjunto, anteponiendo a menudo su interés local al general. Tampoco parece casual que los delegados que escribieron la Ley Fundamental de Bonn no fueran designados por elección popular directa sino por los parlamentos territoriales. Todo ello bajo supervisión de las potencias ocupantes.

En las antípodas, el Senado yankee refuerza la gobernación federal, sin interferencias corporativistas de administraciones territoriales. La alternativa canuck (canadiense) es más drástica: la elección de senadores casi vitalicios compete al primer ministro nacional.

 En la lógica de la división federal de poderes, ambas federaciones entienden que si los territorios ya gozan de amplio autogobierno (self-rule) con competencias exclusivas, el Gobierno “compartido” (shared rule) debe corresponder al sujeto de la soberanía nacional (pueblo español, en nuestro caso), especialmente en materias reservadas a las instituciones comunes, cuya gobernación se vincula directamente con los ciudadanos. 

 Así, junto a una mayor eficacia de las instituciones federales, se garantiza una implicación directa, sin intermediarios, de los ciudadanos en el gobierno del conjunto y, por ende, una mayor legitimación. Algo nada irrelevante en un país con oligarquías locales que han convertido la amenaza de disgregación en un procedimiento de extracción de rentas y crecientes privilegios.

Un diseño institucional de esa naturaleza induciría en los senadores una disposición a cohonestar los intereses de sus electores territoriales con el bien común. Como representantes directos de la ciudadanía raramente operarían como brokers de instituciones intermedias, con sus consiguientes sesgos corporativistas (bien conocidos en nuestras comunidades autónomas), sometidos a la permanente tentación de rentabilizar ambiciones disgregadoras. Además, ambos vectores de integración política para el conjunto —vinculación electoral directa y legitimación— aumentan la eficacia de las instituciones nacionales en su acción interna y en la internacional.

España que, en contra del tópico, no es un país singularmente heterogéneo, ha visto como instituciones en principio diseñadas para resolver problemas han servido para recrearlos al servicio de élites locales. Una enseñanza a recordar, si llega la hora de reformarlas. La experiencia ajena ayuda. Pero hay que saber dónde fijarse."                  (Félix Ovejero, Enric Martínez-Herrera, El País, 24/05/16)

El modelo de Estado Autonómico cuesta a los españoles el 2,3% del PIB

"El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente entre el 0,7 y el 2,3% del PIB nacional.

El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente entre el 0,7 y el 2,3% del PIB nacional. (...)

UPyD no cuestiona, por ejemplo, la existencia del Parlamento de Cataluña, pero si su excesivo coste. La cámara cuenta con 135 diputados para una población de poco más de 7 millones de personas y con un presupuesto, en 2009, de 68,3 millones de euros. Mientras, el Congreso de los Diputados, 350 escaños para una población de 46 millones, gestiona un presupuesto de 98 millones. Así el gasto medio por un diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, mientras que el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926.

Más ejemplos: la ingente cantidad de páginas que se publican cada día en los diferentes Boletines Oficiales que aún no han dado el paso a la vía electrónica. En 1978, se publicaban en España 50.000 páginas en los diferentes Boletines de todos los niveles de la Administración. Hoy en día, esa cifra ha crecido hasta las 800.000 páginas diarias. Otro tanto ocurre con las televisiones autonómicas y locales surgidas en cada autonomía. Según destaca UPyD, se dan casos “de no uno, sino dos y hasta tres canales autonómicos de televisión, sin contar los locales”. Como ya puso de manifiesto un informa de la consultora Deloitte, en 2008 el déficit de las televisiones públicas autonómicas se elevó hasta los 1.600 millones de euros.

El partido se pregunta si es lógico que las comunidades autónomas ya empleen a la mitad de los funcionarios de España, mientras que solo gestionan el 35% del Presupuesto. En este sentido, el estudio pone negro sobre blanco el incremento espectacular de empleados públicos en las comunidades autónomas. Desde 1990, la función pública en toda España ha aumentado en 500.000 personas. En estas dos décadas, el número de funcionarios ha crecido en Cataluña en 66.000 personas; 51.000 en la Comunidad Valenciana y 166.636 en Madrid.

Otro desmán del Estado autonómico puesto en evidencia por el informe de UPyD es la obsesión de algunas autonomías por abrir embajadas en el extranjero, máxime cuando la Constitución estable como competencia del Estado “las relaciones internacionales”. En 1999 el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años, el País Vasco ha destinado 27´6 millones de euros a esta política. Algo parecido a lo que también ocurre en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia para lo que se ha destinado, en 2009, 25,9 millones de euros." (Fundación para la Libertad, citando a EL CONFIDENCIAL, 16/4/2010)

"Tras proclamar, hace año y medio, que "la fiesta de la economía española se acabó", el semanario The Economist destacó que la descentralización "había ido demasiado lejos". "¿Cuánto es suficiente?", inquirió sobre la cesión de competencias. Desde entonces, la marea no deja de crecer. Las agencias de rating lanzaron el pasado verano un aviso general, que luego tornó en un goteo de revisiones a la baja de la calificación de la deuda de las auotonomías, cada vez más cara de colocar en los mercados. Y hace una semanas, la Comisión Europea, además de reprochar al Gobierno su optimismo en las previsiones, enfatizó que el plan de ajuste presupuestario tenía una gotera: el ahorro (10.000 millones) que se asignaba a comunidades y ayuntamientos. Simplemente, Bruselas no se lo cree. (...)

El anecdotario de los monstruos de la descentralización da para mucho, como podría atestiguar el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir, no por compartir una cacería en Jaén con el juez Baltasar Garzón, sino porque su licencia sólo era válida para Castilla-La Mancha.

Pero el problema pasa de lo personal a lo colectivo cuando, con el paro al galope, la creación de 16 servicios públicos de empleo (el País Vasco aún no recibió la transferencia), obstaculiza la difusión de ofertas de trabajo, queja reiterada de los sindicatos. O, como ocurrió hace mes y medio, cuando las diferencias de apreciación entre los servicios meteorológicos catalán y estatal ralentizaron la respuesta de las autoridades ante la nevada que cortó la luz durante días en Cataluña.

El empuje de la descentralización ha guiado el intenso despliegue de inversión pública en las últimas dos décadas, pero la crisis hace preguntas incómodas sobre su rentabilidad económica y social: ¿son necesarias 50 universidades públicas? Francia y Alemania tienen un número similar pero con bastante más población. ¿Son necesarios 48 aeropuertos? En algunos, el tráfico de pasajeros es ínfimo. (...)

Y si se acerca la lupa a algunas decisiones autonómicas, hacen daño a la vista: la proliferación de canales de televisión se lleva más de 1.000 millones de euros al año en subvenciones. La creación de organismos públicos de todo tipo y de altos cargos se ha disparado. Como lo ha hecho la apertura de oficinas comerciales, turísticas o de representación institucional en el exterior."Lo que hay que cuestionar no es el modelo autonómico, sino si es útil para el ciudadano. Y la respuesta es que, tal y como se ha desarrollado, no es eficiente, es excesivamente caro", señala Rosa Díez, portavoz de UPyD (...)

"Nos miramos demasiado el ombligo, la descentralización es un proceso mundial", templa Andrés Rodríguez-Pose, catedrático de Geografía en la London School of Economics (LSE). Su argumento está fundado en un reciente trabajo sobre 21 países avanzados, en el que ha testado como influye la descentralización en el crecimiento económico y la desigualdad.

Rodríguez-Pose matiza que, aunque la descentralización surgió para "preservar una identidad cultural o étnica", en los últimos años se justifica por sus "posibles ventajas económicas". Una teoría ante la que el catedrático de la LSE llama a ser "muy cuidadoso". De hecho, de sus datos se colige que, en los países avanzados, una descentralización intensa "puede llegar a limitar el crecimiento". Rodríguez-Pose describe los síntomas: la competencia entre territorios, que debería facilitar la difusión de las mejores prácticas administrativas, deriva en una "estrategia del desperdicio" por solapamiento del gasto público. Las nuevas élites políticas, que en las primeras etapas promueven programas dinámicos y pegados al terreno, tienden a convertirse en "élites de bloqueo". Y se priorizan demasiadas actividades "de escaso rendimiento económico" por su mayor visibilidad.

"Los resultados sobre el crecimiento en España son menos negativos que en otros países, aunque en los últimos años han empeorado", aclara Rodríguez-Pose. (...)

La investigación constata, eso sí, que el discurso de la desigualdad entre comunidades ha calado: el estudio cató la opinión ciudadana en 17 grupos de discusión (uno por comunidad) que de forma mayoritaria manifestaron su temor a que las desigualdades territoriales aumenten en un futuro próximo.

Cuando quieren comprobar la eficacia (si se logran los objetivos previstos) y la eficiencia (si se hace al menor coste posible) del gasto público en las comunidades, los expertos chocan con el muro estadístico. "No hay un adecuado sistema de información", critica Pedraja. "Es un tema esencial, no hay datos de calidad ni homologables, es imposible valorar así qué hacen los gobiernos autonómicos", abunda Subirats.

Los monstruos estadísticos de la descentralización quedan muy feos. Para conocer la muy dispar ejecución de la ley de Dependencia hay que confiar en los datos que arranca de la Administración la asociación estatal de gerentes de servicios sociales. Cuando evalúa a las sociedades públicas autónomicas, el Tribunal de Cuentas bucea en datos con más de un lustro de antigüedad. Y para conocer el reparto definitivo del nuevo sistema de financiación autonómica habrá que esperar aún ¡dos años!. El Gobierno central ni tan siquiera hizo público la distribución de los 11.000 millones adicionales que inyectó al sistema autonómico. (...)

Con la crisis, algo se mueve: el mes pasado, las comunidades pactaron crear una mesa de contratación para abaratar las compras del sector sanitario. Sanidad también ha iniciado la integración de los 17 sistemas informáticos de salud. Trabajo acaba de poner en marcha un nuevo portal en Internet para facilitar el intecambio de ofertas de empleo. Economía y las comunidades discutirán el próximo miércoles como reducir el gasto. Y, desde enero, la misma licencia vale para cazar en seis comunidades." (El País, ed. Galicia, Vida y artes, 18/04/2010, p. 40/1)