"El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc Dalmases
está en el punto de mira de la justicia, de las asociaciones
profesionales de periodistas, de la oposición y de algunos círculos de
su propio partido. Además, está en la diana de la justicia, que cree que
tiene mucho que contar sobre los cientos de miles de euros que han
llegado a sus bolsillos tras pasar por la Fundación CATmon y la
Asociación Igman, dos ONG en las que comparte intereses con Víctor Terradellas,
ex-responsable de relaciones internacionales de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) y el hombre que buscaba aliados en el
extranjero para financiar el procés. Los fondos que recibían en Cataluña
de las instituciones se quedaban, en buena medida, en los bolsillos de
las empresas dominadas por Dalmases y, en menor medida, Terradellas,
según las primeras investigaciones.
En un auto enviado al TSJC por el juez Joaquín Aguirre,
del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, se apunta a “indicios
razonables de responsabilidad penal” de Dalmases en, al menos, tres
delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa
y tráfico de influencias. Durante años, Dalmases, fotógrafo de supuesta
profesión, fue socio de las fundaciones CATmon e Igman, pero además
ejercía como director de las revistas Catalan International View (CIV), editada por CATmon, y editor de la revista ONGC,
editada por la Asociación Igman. También era socio y administrador de
la empresa Discatimat, que utilizaba el nombre comercial de Estudilogo.
Dalmases fue presidente de Igman hasta 2017, cuando ya hacía un año
que el juez investigaba los presuntos desvíos de fondos. ¿Desapareció
dinero? ¿Cómo se llevó ese dinero? Dalmases cobraba a título personal
casi 3.000 euros netos por dirigir las revistas CIV y ONGC.
Pero, aparte, facturaba con su empresa, Discatimat, y con otras dos a
nombre de su ex-mujer, Xargar Travel Alimentos y La Garriga Girac,
diversas cantidades mensuales que variaban cada año. En uno de los
ejercicios, el de 2014, esas empresas llegaron a facturar más de 120.000
euros, aparte del salario percibido por Dalmases. En 2012, Discatimat
percibió 107.853 euros de CATmon y 139.099 euros de Igman. Víctor
Terradellas estuvo percibiendo un salario de Discatimat hasta 2014,
fecha en la que pasó a cobrar directamente de Convergència.
Según un informe de la Policía, CATmon recibió entre 2011 y 2015 un
total de 735.900 euros en subvenciones de la Generalitat, 23.996,48
euros de la Diputación de Tarragona y 145.899,80 euros de la Diputación
de Barcelona. Igman, por su parte, percibió 1.330.880,86 euros en
subvenciones del Govern y 119.514,50 euros de la Diputación de
Barcelona. “De lo más significativo de los informes emitidos por la
Policía Nacional al inicio de la investigación cabe destacar que recogen
que el destino de las subvenciones otorgadas a la Asociación Igman y a
la Fundación CATmon, una vez en las cuentas de los perceptores, no está
claro debido a las importantes disposiciones en metálico que se hacen
una vez recibidas”, señala un auto judicial.
El relato que efectúa la Policía de los hechos apunta a oscuras
actuaciones de los principales protagonistas, que se embolsaban por la
cara la mayor parte de las subvenciones, justificando luego gastos a la
Administración con facturas personales o de sus empresas, lo que prohíbe
la ley, puesto que al estar vinculados a CATmon y a Igman no podrían
facturar a estas entidades. “Tras efectuar un seguimiento de los fondos
públicos, se puede afirmar que el dinero transita de forma anómala
entre las cuentas bancarias de Igman, CATmon y la mercantil Discatimat a
través de transferencias efectuadas por Internet, para finalmente parte
del mismo ser reintegrado en efectivo y otra parte termina en cuentas
personales o a favor de Francesc Dalmases, Judit Aixalà [esposa de Víctor Terradellas], Xargar Travel Alimentos SL (mercantil perteneciente a Gemma Pedró Subirats, pareja de Dalmases, y del propio Dalmases), Joaquim Milla Fargas, Marc Gafarot i Monjó y Jordi Fexas i Massanes.
Otra parte del dinero se destina a adeudos de varias tarjetas de
crédito, varias líneas de telefonía, nóminas, asesoría jurídica y La
Garriga Girac SL, vinculada también a Gemma Pedró”, dice un informe
policial.
Fraude a gran escala
Quien se vio más beneficiado de las operaciones realizadas durante
años por CATmon y, sobre todo, por Igman fue Dalmases, Los informes
policiales destacan que las principales partidas de gastos acababan en
la empresa Discatimat “en cantidad desproporcionada a los asalariados de
la asociación”. Y apuntan: “La dinámica de ingresos y gastos de CATmon
responde a un patrón similar (sus ingresos durante los años investigados
oscilan entre los 70.000 y los 200.000 euros) pero repartiendo sus
operaciones de gastos entre Discatimar y Xargar Travel o La Garriga
Girac (vinculadas con Gemma Pedró y su pareja, Francesc Dalmases)”.
En 2012 y 2015, el diputado convergente facturó a CATmon un total de
265.087,55 euros. Sus facturas fueron utilizadas para justificar
proyectos subvencionados a esa ONG. Pero ahí, según la Policía, es donde
hacía trampa: sus facturas eran utilizadas para justificar los gastos
de distintos proyectos, lo que apunta a un fraude a gran escala. “Las
facturas emitidas por Dalmases a CATmon fueron utilizadas como
justificantes de gastos incurridos en la ejecución de proyectos objeto
de las subvenciones otorgadas por las diferentes administraciones
públicas”, dicen los documentos judiciales, que añaden que esas facturas
fueron “utilizadas por duplicado o triplicado, es decir la
justificación de gastos de una misma factura en dos o tres proyectos de
diferentes administraciones públicas».
La Policía acompaña estas acusaciones de un pormenorizado análisis de
las facturas del diputado y en ellas se comprueba que las facturas
1/2015, 2/2015 y 3/2015 se utilizaron como justificantes de gastos de
proyectos subvencionados por la Generalitat, pero también del
Ayuntamiento de Barcelona, lo que es ilegal. Las facturas 6/2015 a
9/2015, por su parte, se utilizaron para justificar gastos en proyectos
de la Generalitat de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de
Barcelona (en total, se justificaban 8.739,15 euros al mes en gastos). Y
las facturas 10/2015 y 11/2015 sirvieron para justificar gastos en
proyectos simultáneos de la Generalitat y de la Diputación.
En muchas ocasiones, los técnicos de la Diputación mostraban
reticencias a conceder subvenciones a las entidades representadas por
Dalmases, pero el tema se arreglaba después de que el diputado hablase
con el responsable de repartir los fondos. En un detallado informe, la
Udef narra algunas de las intervenciones de Dalmases en la tramitación
de expedientes de subvenciones de la Diputación para Igman y CATmon. En
uno de los expedientes, el diputado “presenta justificaciones
incongruentes e incumplimientos de plazos continuos, se produce un
reiterado incumplimiento de las bases, mantiene reuniones personales con
Jordi Castells [responsable del área internacional de la Diputación, apartado en 2015 por las sospechas de favoritismos] y Octavi de la Varga durante la tramitación del expediente. Finalmente, la justificación se aprueba (por un técnico diferente, Santiago Comas Uriz) a pesar de no enmendarse los incumplimientos y la falta de verificación de las actividades”.
Otro expediente y otra irregularidad: “Presenta todo tipo de
justificaciones con el objetivo de responder a los requerimientos de los
técnicos e incluso declaraciones juradas faltando a la verdad. El
destino de los fondos subvencionados va a parar a un círculo muy
concreto de personas vinculadas a las entidades ya especificadas, entre
las que se incluye Discatimat, empresa de Dalmases”.
En otro expediente factura a la Fundación CATmon por “colaboración y
tareas de dirección de la revista. Los fondos, como en el resto, se
reparten a través de la fundación por los trabajos entre un círculo
concreto de personas (…) Tras la recepción del pago en la cuenta
bancaria de CATmon, los fondos fueron inmediatamente utilizados para
adeudos en tarjetas de crédito, gastos personales como parking de
vehículo a nombre de Víctor Terradellas y a nombre del partido CDC, o
pagos de restauración en el negocio de la pareja de Francesc Dalmases,
según el análisis de cuentas bancarias”.
La declaración jurada
Además, la entidad “mantiene un contacto muy distante con el equipo
técnico y no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de envío de
fotos del proyecto para hacer difusión de la actuación y no ha aportado
ninguna información sobre la actividad de formación en Barcelona, a
pesar de que la actuación ya ha finalizado”.
Cuando el técnico de la Diputación se pone en contacto con Igman
recibe una recomendación: “Se me comunica que lo archive todo, que Jordi
ya ha hablado con ellos y lo arreglarán todo”. Se refería,
presumiblemente, a Jordi Castells. Pero luego sólo aportan “un folleto
de formación que se entrega a las familias. No tenemos ningún listado de
familias beneficiarias que han recibido formación, ni las horas
dedicadas por los técnicos. Tampoco adjuntan ninguna foto…”. Tampoco se
sabe el número de viajes realizados, ni se acompaña ninguna tarjeta de
embarque “y tampoco se demuestra que estos viajes estuvieran ligados a
ninguna actividad de la actuación”.
Finalmente, Dalmases envía varias cartas a la Diputación, como
presidente de Igman. Todas son declaraciones juradas. En una, hace
constar que “en relación al documento justificativo número 16, de Judit
Aixalà, se refiere efectivamente al viaje de ida y vuelta a Sarajevo del
mes de diciembre de 2012. Y para que conste y tengáis conocimiento,
firma la siguiente declaración jurada en Barcelona…”. Y así hasta
completar todos los gatos. Ni una sola factura fehaciente fue aportada
sobre esos gastos.
En otros casos, se presentaron como justificantes gastos que no
podían serlo, como la factura de compra de un ordenador por 2.200 euros,
facturas telefónicas de 4 líneas de móviles, pagos a la Seguridad
Social de un contrato laboral o los pagos realizados a Hacienda en
concepto de IRPF.
Dalmases parece ser un vivales, un producto del nuevo mercantilismo
que ha crecido al amparo de una política degenerada y vinculada
estrechamente a los negocios público/privados. Los datos recopilados por
la Policía son muy contundentes. “Sólo el imputado aforado Francesc
Dalmases, entre los años 2014 y 2017 (4 años) percibió fundamentalmente
por tareas de dirección de la revista CIV un total de
139.826,40 euros, que equivaldrían a más de 11 años de salario
mileurista… o al salario de un año para 11 personas. Francesc Dalmases
aportó justificantes de gasto a CATmon e Igman [en el mismo periodo] por
importe de 224.081,86 euros, que equivaldrían a más de 18 años de
salario mileurista… o al salario de un año para 18 personas”, relata un
auto judicial a tenor de lo expresado por los investigadores. Estos
ingresos, según los autos judiciales, eran irregulares.
Indicios de criminalidad
Mientras Francesc Dalmases era secretario de CATmon, facturaba a esta
entidad mensualmente, lo que arrojaba muchas dudas puesto que los
patronos de las fundaciones tienen restricciones a la hora de facturar a
las entidades. El responsable de seguimiento administrativo de la
Diputación de Barcelona, Ignacio Rodrigo Díaz, llegó a
alertar de la situación en 2014. Entonces, el responsable de las
subvenciones que llegaban a Igman y a CATmon era Jordi Castells,
apartado en 2015 cuando comenzaron a aparecer denuncias sobre graves
irregularidades en su área.
“La justificación no cumple con los requisitos formales”, escribió
Rodrigo en el expediente. Entre otras cuestiones, alertaba de que “el
nombre del acreedor corresponde al secretario y representante legal de
la Fundación y esto resulta incompatible de acuerdo con el artículo 29
punto 7d de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
Además, el importe imputado superaba el 5% máximo de los gastos
indirectos. Por tanto, anulaba 4 facturas de Francesc Dalmases.
Pero el funcionario recibió un mail de Montserrat Aymà,
del Servicio de Control de Subvenciones y Recursos Externos. “Hemos
considerado que sí resultan elegibles las 4 facturas emitidas por el
señor Dalmases”, le decían. Rodrigo, entonces, cambió su calificación.
“De acuerdo con la comunicación de Intervención adjunta, se admiten, por
tanto, son elegibles, las 4 facturas emitidas por el señor Dalmases.
Conclusión: La justificación cumple con los requisitos formales”.
Para el juez, en virtud de los hechos, “se considera que existen
indicios de criminalidad por la comisión de un delito de malversación de
caudales públicos respecto del aforado Francesc Dalmases y demás
personas vinculadas a CATmon en relación a la subvención aquí tratada,
así como respecto a los cargos de la Diputación de Barcelona que
hubieran podido intervenir en el otorgamiento de la citada subvención”. (elTriangle, 03/08/22)