"El Gobierno español y el vasco están a poco más de un año de romper un tabú: estudiar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social.
El pacto al que llegaron ambos ejecutivos hace una semana no da más
detalles.
No hay más, vienen a decir en los ministerios de
Administraciones Públicas y de Seguridad Social. La expresión es tan
cauta que evidencia que se roza una frontera constitucional: la de la
caja única. La ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias,
descarta la ruptura de esa caja y pone por delante el Pacto de Toledo,
donde no será nada fácil lograr un consenso político.
La reivindicación del País Vasco es histórica.
La gestión económica de la Seguridad Social figura en su estatuto —y en
el de más de la mitad de autonomías— y ningún tribunal ha dicho en 41
años que sea ilegal. Pero no son pocas las voces que ven muy poco
espacio para encajar la demanda en la Constitución. Unos solo ven hueco
para que una administración autonómica pueda tramitar altas y bajas de
la Seguridad Social, con el argumento de que el Tribunal Constitucional
ha definido estos trámites como “instrumentales”. Otros creen que podría
encargarse también del reconocimiento de las pensiones. Y hay quien ve
margen hasta para cobrar cotizaciones y pagar pensiones.
Desde
luego no podrían legislar. En eso la Constitución es clara: “El Estado
tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen
económico, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las
Comunidades Autónomas”. Es decir, solo la Administración central puede
decidir sobre las cuantías de las pensiones o las cotizaciones a pagar.
“No
pueden recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones”, cierra Fidel
Ferreras, director general del Instituto Nacional de Seguridad Social
durante más de 10 años y ya retirado. Para defender su postura, este
antiguo investigador del Instituto Max Planck alemán apunta a la
“disponibilidad” del dinero como una cuestión clave de la caja única que
señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia muy citada de 1989.
“La disponibilidad es de la Tesorería General de la Seguridad Social”,
continúa, en alusión al órgano del instituto previsor que podría
identificarse con esa caja única y que ingresa las cotizaciones, paga
las pensiones y es dueño del patrimonio de la Seguridad Social.
Aquella
sentencia, en la que 11 de los 12 magistrados del Alto Tribunal no
tuvieron piedad con la pretensión de la Generalitat catalana de
gestionar los aplazamientos de cotizaciones (hubo votos particulares,
pero solo uno fue contrario al fallo) ha tenido continuidad en fallos
posteriores. Aunque tampoco cerró la puerta a esa gestión económica,
como se lee en la ponencia del nuevo estatuto que prepara el parlamento
vasco.
“No se pueden generar 17 cajas. Pero eso no implica que no
puedan recaudar y pagar. Pueden cobrar y mandarlo a la caja única”,
defiende Cristóbal Molina, profesor de Derecho Laboral de la Universidad
de Jaén, quien ve un “absurdo” que no se pueda cumplir un texto legal
que no ha sido declarado inconstitucional. Y menciona sentencias
posteriores (2002, 2016) que ampliarían el protagonismo autonómico: “Las
comunidades forman parte del Estado y del sistema de gestión”.
Uno
de los límites que pone Molina es que esa gestión puede dar pie a
pensiones más altas por una regulación distinta. Eso rompería los
principios del sistema (unidad y solidaridad). No obstante, sería
difícil que ocurriera porque las cotizaciones que se recaudan en el País
Vasco (algo más de 5.000 millones) —y en el resto de España— no son
suficientes para pagar las pensiones (casi 9.000 millones). Este es uno
de los motivos que llevaron al ya ex secretario de Estado, Octavio
Granado, a concluir en un informe que elaboró en 2016 que una seguridad
social vasca “podría aumentar la pobreza en el conjunto del Estado, pero
esta misma evolución se produciría en Euskadi”.
“Aquí nadie está poniendo en duda la caja única”, apunta el
secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza, que cree que fuera de
esta comunidad se está “sobreactuando”. “Aquí no va a haber pensiones
distintas de las de Cuenca”, continúa, y añade que su sindicato sí reivindica que el servicio vasco de empleo, Lanbide, pueda pagar las prestaciones por desempleo, que también proceden de lo que se recauda con cotizaciones. ¿Cómo? a través de una encomienda de gestión.
El
Gobierno vasco no comenta lo pactado entre Darias y el consejero Josu
Erkoreka hasta que se negocie el año que viene. Sí ha hablado el
portavoz del PNV, Aitor Esteban, para quien la gestión económica
comprende la recaudación de cotizaciones y el pago de pensiones y que
las cartas que reciben los pensionistas lleguen “de las instituciones
vascas”.
“Nunca se ha dado una encomienda en más de 40
años”, rechaza Ferreras, quien incide en el poco espacio que ve: “Las
sentencias del Constitucional no dan margen ni para que las autonomías
interpreten las leyes que rigen la gestión. Está todo regulado, es
propio de la Seguridad Social hasta las circulares con los criterios a
aplicar”.
Esta posición coincide con la que mantiene Luis
Ángel López, letrado de la Seguridad Social y presidente de la
asociación que agrupa a este colectivo. “Esto debería debatirse en el
Pacto de Toledo”, arranca. Teme que la gestión dé pie a criterios
distintos en recaudación: “Cada autonomía defendería su sustrato
productivo”.
Y mientras se esgrimen los argumentos, el
ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, intentaba el jueves en
el Congreso que este debate no oscurezca la presentación de sus planes:
“Les invito a leer lo que se ha acordado. Abrir una discusión técnica.
No estamos en eso ahora. No le estamos dedicando ningún esfuerzo en
absoluto”. (Manuel V. Gómez, El País, 01/03/20)
