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El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente entre el 0,7 y el 2,3% del PIB nacional.El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente entre el 0,7 y el 2,3% del PIB nacional. (...)
UPyD no cuestiona, por ejemplo, la existencia del Parlamento de Cataluña, pero si su excesivo coste. La cámara cuenta con 135 diputados para una población de poco más de 7 millones de personas y con un presupuesto, en 2009, de 68,3 millones de euros. Mientras, el Congreso de los Diputados, 350 escaños para una población de 46 millones, gestiona un presupuesto de 98 millones. Así el gasto medio por un diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, mientras que el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926.
Más ejemplos: la ingente cantidad de páginas que se publican cada día en los diferentes Boletines Oficiales que aún no han dado el paso a la vía electrónica. En 1978, se publicaban en España 50.000 páginas en los diferentes Boletines de todos los niveles de la Administración. Hoy en día, esa cifra ha crecido hasta las 800.000 páginas diarias. Otro tanto ocurre con las televisiones autonómicas y locales surgidas en cada autonomía. Según destaca UPyD, se dan casos “de no uno, sino dos y hasta tres canales autonómicos de televisión, sin contar los locales”. Como ya puso de manifiesto un informa de la consultora Deloitte, en 2008 el déficit de las televisiones públicas autonómicas se elevó hasta los 1.600 millones de euros.
El partido se pregunta si es lógico que las comunidades autónomas ya empleen a la mitad de los funcionarios de España, mientras que solo gestionan el 35% del Presupuesto. En este sentido, el estudio pone negro sobre blanco el incremento espectacular de empleados públicos en las comunidades autónomas. Desde 1990, la función pública en toda España ha aumentado en 500.000 personas. En estas dos décadas, el número de funcionarios ha crecido en Cataluña en 66.000 personas; 51.000 en la Comunidad Valenciana y 166.636 en Madrid.
Otro desmán del Estado autonómico puesto en evidencia por el informe de UPyD es la obsesión de algunas autonomías por abrir embajadas en el extranjero, máxime cuando la Constitución estable como competencia del Estado “las relaciones internacionales”. En 1999 el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los últimos nueve años, el País Vasco ha destinado 27´6 millones de euros a esta política. Algo parecido a lo que también ocurre en Cataluña, que cuenta con delegaciones en Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia para lo que se ha destinado, en 2009, 25,9 millones de euros." (Fundación para la Libertad, citando a EL CONFIDENCIAL, 16/4/2010)"Tras proclamar, hace año y medio, que "la fiesta de la economía española se acabó", el semanario
The Economist destacó que la descentralización "había ido demasiado lejos". "¿Cuánto es suficiente?", inquirió sobre la cesión de competencias. Desde entonces, la marea no deja de crecer. Las agencias de
rating lanzaron el pasado verano un aviso general, que luego tornó en un goteo de revisiones a la baja de la calificación de la deuda de las auotonomías, cada vez más cara de colocar en los mercados. Y hace una semanas, la Comisión Europea, además de reprochar al Gobierno su optimismo en las previsiones, enfatizó que el plan de ajuste presupuestario tenía una gotera: el ahorro (10.000 millones) que se asignaba a comunidades y ayuntamientos. Simplemente, Bruselas no se lo cree. (...)
El anecdotario de los monstruos de la descentralización da para mucho, como podría atestiguar el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir, no por compartir una cacería en Jaén con el juez Baltasar Garzón, sino porque su licencia sólo era válida para Castilla-La Mancha.
Pero el problema pasa de lo personal a lo colectivo cuando, con el paro al galope, la creación de 16 servicios públicos de empleo (el País Vasco aún no recibió la transferencia), obstaculiza la difusión de ofertas de trabajo, queja reiterada de los sindicatos. O, como ocurrió hace mes y medio, cuando las diferencias de apreciación entre los servicios meteorológicos catalán y estatal ralentizaron la respuesta de las autoridades ante la nevada que cortó la luz durante días en Cataluña.
El empuje de la descentralización ha guiado el intenso despliegue de inversión pública en las últimas dos décadas, pero la crisis hace preguntas incómodas sobre su rentabilidad económica y social: ¿son necesarias 50 universidades públicas? Francia y Alemania tienen un número similar pero con bastante más población. ¿Son necesarios 48 aeropuertos? En algunos, el tráfico de pasajeros es ínfimo. (...)
Y si se acerca la lupa a algunas decisiones autonómicas, hacen daño a la vista: la proliferación de canales de televisión se lleva más de 1.000 millones de euros al año en subvenciones. La creación de organismos públicos de todo tipo y de altos cargos se ha disparado. Como lo ha hecho la apertura de oficinas comerciales, turísticas o de representación institucional en el exterior."Lo que hay que cuestionar no es el modelo autonómico, sino si es útil para el ciudadano. Y la respuesta es que, tal y como se ha desarrollado, no es eficiente, es excesivamente caro", señala Rosa Díez, portavoz de UPyD (...)
"Nos miramos demasiado el ombligo, la descentralización es un proceso mundial", templa Andrés Rodríguez-Pose, catedrático de Geografía en la
London School of Economics (LSE). Su argumento está fundado en un reciente trabajo sobre 21 países avanzados, en el que ha testado como influye la descentralización en el crecimiento económico y la desigualdad.
Rodríguez-Pose matiza que, aunque la descentralización surgió para "preservar una identidad cultural o étnica", en los últimos años se justifica por sus "posibles ventajas económicas". Una teoría ante la que el catedrático de la LSE llama a ser "muy cuidadoso". De hecho, de sus datos se colige que, en los países avanzados, una descentralización intensa "puede llegar a limitar el crecimiento". Rodríguez-Pose describe los síntomas: la competencia entre territorios, que debería facilitar la difusión de las mejores prácticas administrativas, deriva en una "estrategia del desperdicio" por solapamiento del gasto público. Las nuevas élites políticas, que en las primeras etapas promueven programas dinámicos y pegados al terreno, tienden a convertirse en "élites de bloqueo". Y se priorizan demasiadas actividades "de escaso rendimiento económico" por su mayor visibilidad.
"Los resultados sobre el crecimiento en España son menos negativos que en otros países, aunque en los últimos años han empeorado", aclara Rodríguez-Pose. (...)
La investigación constata, eso sí, que el discurso de la desigualdad entre comunidades ha calado: el estudio cató la opinión ciudadana en 17 grupos de discusión (uno por comunidad) que de forma mayoritaria manifestaron su temor a que las desigualdades territoriales aumenten en un futuro próximo.
Cuando quieren comprobar la eficacia (si se logran los objetivos previstos) y la eficiencia (si se hace al menor coste posible) del gasto público en las comunidades, los expertos chocan con el muro estadístico. "No hay un adecuado sistema de información", critica Pedraja. "Es un tema esencial, no hay datos de calidad ni homologables, es imposible valorar así qué hacen los gobiernos autonómicos", abunda Subirats.
Los monstruos estadísticos de la descentralización quedan muy feos. Para conocer la muy dispar ejecución de la ley de Dependencia hay que confiar en los datos que arranca de la Administración la asociación estatal de gerentes de servicios sociales. Cuando evalúa a las sociedades públicas autónomicas, el Tribunal de Cuentas bucea en datos con más de un lustro de antigüedad. Y para conocer el reparto definitivo del nuevo sistema de financiación autonómica habrá que esperar aún ¡dos años!. El Gobierno central ni tan siquiera hizo público la distribución de los 11.000 millones adicionales que inyectó al sistema autonómico. (...)
Con la crisis, algo se mueve: el mes pasado, las comunidades pactaron crear una mesa de contratación para abaratar las compras del sector sanitario. Sanidad también ha iniciado la integración de los 17 sistemas informáticos de salud. Trabajo acaba de poner en marcha un nuevo portal en Internet para facilitar el intecambio de ofertas de empleo. Economía y las comunidades discutirán el próximo miércoles como reducir el gasto. Y, desde enero, la misma licencia vale para cazar en seis comunidades." (
El País, ed. Galicia, Vida y artes, 18/04/2010, p. 40/1)
