"Gure Esku Dago pide perdón a los bares de Vitoria a los que reclamó el 10% de su recaudación durante la cadena humana.
Voluntarios de la plataforma Gure Esku Dago (GED) entregaron a lo largo de la pasada semana una carta en varios locales del Casco Viejo de Vitoria para pedirles el 10% de la recaudación del pasado domingo, jornada en la que organizó la cadena humana en favor del derecho a decidir. La plataforma ha pedido disculpas por si «alguna persona se ha sentido molesta» con la misiva, ya que aseguran que «de ninguna manera» ha sido esa la intención de GED.
En la misiva, los organizadores apuntaban que la movilización iba a
concluir en la capital vasca y que «por lo tanto, iban a hacer hincapié
en generar ambiente festivo» en esa zona de la ciudad. «Garantizamos decorar las calles y los bares, a parte de organizar diferentes actividades».
Por lo tanto, GED «quería dar la oportunidad» a los hosteleros del Casco Viejo de «colaborar con la dinámica del derecho a decidir». Un apoyo económico que en la carta se cuantificaba directamente en el «10% de las ganancias de ese día» a la plataforma.
De hecho, en la misiva se avisaba que entre el miércoles y el sábado colaboradores de GED «se pasarían para conocer la respuesta» de los dueños del local. A cambio de esa «colaboración» económica, la plataforma entregaría al bar «material de decoración». (Koldo Domínguez, El Correo, 13/05/18)
" (...) Para Sémper esta carta “evoca los años más oscuros y asquerosos de la
extorsión que han sufrido hosteleros de la comunidad autónoma” para “no
ser señalados como quienes no colaboraban” con la izquierda abertzale.
“Esto es diferente, es obvio, pero evoca y suena a tácticas sucias
que creíamos felizmente superadas en la comunidad autónoma”, ha
lamentado.
En declaraciones a los periodistas ha asegurado que le consta que ha
habido hosteleros en la ciudad que se “han sentido extorsionados y
violentados” y que han aceptado pagar ese 10 % “por miedo a ser
señalados”.
“En este país, con lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, este
tipo de iniciativas a mucha gente le acojonan”, ha advertido el
dirigente popular, quien ha demandado una “reacción” contundente de las
instituciones vascas. (...)" (Norte Exprés, 13/05/18)
"Cómo y por qué ETA extorsionó, aterrorizó y asesinó a empresarios vascos y navarros.
El destino trágico de José Legasa comenzó a fraguarse en noviembre de 1976 cuando recibió una carta de extorsión de ETA.
A este empresario de Irún le exigían 10 millones de pesetas, 520.000
euros de hoy. En la misiva se le pedía que cruzara la frontera hasta la
localidad francesa de Bayona y entregara el dinero en el bar Euskaldun a
un tal Otxia.
El constructor guipuzcoano lo denunció a la Policía
Nacional y acompañado de varios agentes se dirigió cierto día al
encuentro del tal Otxia, que resultó ser Francisco Javier Aya Zulaica,
jefe del aparato de extorsión de ETA. Lo halló jugando tranquilamente a
las cartas en el bar. El terrorista fue detenido allí mismo y
posteriormente fue condenado a tres años de prisión en Francia.
José Legasa fue valiente en tiempos de pocas heroicidades. No solo denunció y colaboró para condenar a un terrorista, sino que también evitó que su oro lo convirtiera ETA en plomo.
Pero lo pagó caro porque la venganza no se hizo esperar.
“Después del
juicio en Francia, mi tío cambiaba de hábitos y horarios constantemente
porque era consciente del peligro. Protegía como podía a su familia,
pero él tenía claro que no quería emigrar, quería ser libre en su tierra
a pesar del miedo”, cuenta su sobrina Lourdes Legasa a este diario. Su padre Miguel trabajaba con José en el negocio familiar y siempre andaban juntos.
Uno de los empleados de la empresa resultó ser
confidente de ETA y facilitó la información necesaria para que se
consumara la tragedia. Corría noviembre de 1978 cuando el francés Henri
Parot, el etarra más sanguinario con 26 asesinatos a sus espaldas, llegó
a Irún acompañado de otro pistolero. Sorprendieron a José y a Miguel a
pie de obra. “Mi padre forcejeó con Parot y recibió un tiro en la
pierna. A mi tío le dispararon hasta la muerte”, narra Lourdes.
“La
familia ha estado muy callada, pero es el momento de hablar porque no
podemos dejar que este caso y otros muchos se queden en el olvido. Ojalá
hubiera habido más valientes como mi tío”, explica con templanza
Lourdes.
En un nuevo libro,
con igual mesura y mucho rigor también nos cuentan nueve autores cómo y
por qué ETA aterrorizó a los empresarios, principalmente vascos y
navarros. En ‘La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial’
se lee que entre 1993 y 2010 fueron 10.000 las personas a las que
exigieron el ‘impuesto revolucionario’.
Se sabe por el descifrado de los
códigos alfanuméricos que la organización terrorista añadió a las
cartas a partir de 1993. Hablar del número de extorsionados antes de ese
año “es pura especulación”, apunta el periodista Florencio Domínguez, quien viene a ser como la ‘enciclopedia de ETA’.
El estudio de Domínguez le lleva a asegurar que las fuentes de financiación de ETA
fueron principalmente los secuestros (106 millones de euros), los
atracos (19 millones) y la extorsión (21 millones). Los valores están
actualizados. Asegura este periodista, ahora director de la Fundación
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que “la aportación de
los simpatizantes, según la documentación analizada, es irrisoria".
"El ‘merchandising’ de pulseritas y medallitas apenas
les aportó fondos”. Dada la ‘omertà’ impuesta por el miedo a ETA y el
silencio mayoritario de los afectados, la cifra conservadora obtenida
mediante el ‘impuesto revolucionario” la fundamenta Domínguez en el
análisis de la documentación incautada en la empresa Sokoa de Bayona
(1986), en la localidad francesa de Bidart (1992) y a Mikel Antza en
2004.
Otra de las cifras llamativas que aporta el libro es que el terrorismo de ETA tuvo un impacto negativo de 25.000 millones de euros en la economía vasca, actualizado el valor a hoy. El coordinador del libro, Josu Ugarte,
afirma que “ese coste directo estimado ha sido pagado en su mayor parte
por el conjunto de los españoles”.
Añade Ugarte: “Tan solo la
paralización que provocó ETA de la central de Lemóniz supuso un
sobreprecio de entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los recibos de
la luz pagados por los ciudadanos”. El coste de la incidencia en el PIB
del País Vasco y Navarra es incalculable, sostienen los autores.
Respecto a las causas de la violencia sistemática
contra el empresariado, Ugarte señala que “la búsqueda de fondos para
llevar a cabo su actividad terrorista es la causa que prevaleció en la
práctica de la extorsión”. ETA colocó bombas contra las instalaciones de
las compañías, realizó atracos, envió miles de cartas de extorsión, secuestró a 86 personas entre 1973 y 1997 y cometió 55 asesinatos en sus atentados contra el empresariado.
El coordinador del libro cuenta a El Confidencial que
“en los primeros años de ETA, su ideología anticapitalista y de odio
hacia los empresarios en tanto que explotadores y enemigos del pueblo
vasco provocó ciertos episodios de violencia, pero ya desde finales de
los setenta lo que marcó la extorsión fue conseguir dinero”.
Florencio Domínguez añade que también hubo otros
motivos por los que ETA atentó contra el mundo empresarial. Señala, por
ejemplo, que hubo ataques contra intereses económicos franceses para que
París dejara de cooperar con Madrid en la lucha antiterrorista. O casos
en los que la banda terrorista se arrogó la defensa del ecologismo,
como en el caso de la central nuclear de Lemóniz que paralizó o el de la
autovía de Leizarán que uniría Navarra y Guipúzcoa, proyecto este
último cuyo sobrecoste por la amenaza terrorista fue de casi 100
millones de euros.
A más terror, mayor recaudación
“Mi secretaria captaba con la mirada qué quería el
empresario extorsionado cuando venía a entrevistarse conmigo porque el
terror se le veía en los ojos”, explica José Manuel Ayesa,
que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra
entre 1989 y 2010 y que vivió con escolta durante 14 años por las
amenazas de muerte recibidas.
El terror facilitaba el pago del chantaje.
Así, desde finales de los setenta la banda le dio una gran importancia
estratégica a crear un aparato de extorsión que perfeccionó en los
ochenta y que se profesionalizó del todo en los noventa con un archivo
informático cifrado.
La jefatura de ese aparato siempre estuvo en
Francia, pero “necesitaba una red de personas legales vinculadas a la
trama política de ETA [Herri Batasuna
y sindicato LAB] que hacían las labores de inteligencia, además de una
red de informantes entre trabajadores de la banca que registraban los
movimientos de las cuentas o empleados públicos que proporcionaban datos
clave para el chantaje”, explica Josu Ugarte.
Luego había otra red de colaboradores que mantenían
los primeros contactos con los extorsionados y también una trama de
intermediarios que negociaban los pagos que se realizaban normalmente en
el País Vasco francés o que directamente recogían el sobre y lo
llevaban al país vecino.
Una
correlación siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por
extorsión; y a más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad
asesina
ETA entendió muy pronto que la intimidación sistemática y la violencia extrema favorecían el pago del ‘impuesto revolucionario’,
un ingreso básico para los terroristas. “Hubo factores que
interactuaban: a mayor violencia, más ingresos; a más ingresos, más
recursos humanos para atentar y más capacidad de conseguir dinero de la
extorsión. De modo que sí, hubo una relación directa entre el miedo y la
capacidad de recaudar”, detalla Florencio Domínguez.
Así, no fue casualidad que en 1977 ETA secuestrara, torturara y asesinara a sangre fría al importante industrial y político Javier de Ybarra y Bergé.
Cinco días después de su secuestro, la familia Ybarra recibía una carta
que rezaba: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de
mil millones de pesetas [50 millones de euros hoy]. En caso contrario,
J. Ybarra será ejecutado”.
GaizkaFernández,
historiador y coautor de ‘La bolsa y la vida’, explica lo siguiente:
“El secuestro y asesinato de Ybarra fue un mensaje para la oligarquía de
Neguri, que era la oligarquía española en contraposición con la
burguesía del PNV, la aliada nacional: ‘Si no pagáis, os vamos a matar’.
Eso aceleró el proceso de extorsión y de pago”.
Fue un punto de inflexión. Como consecuencia, desde
finales de los setenta y durante la década de los ochenta el presupuesto
de ETA se incrementó exponencialmente gracias en gran parte a los
ingresos por el ‘impuesto revolucionario’. Sus acciones terroristas
sufrieron un gran auge. No en vano solo entre 1980 y 1989 los
terroristas asesinaron a 412 personas del total de 858, número del
balance mortífero de su medio siglo de acción violenta. Una correlación
siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por extorsión; y a
más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad asesina.
Esa relación también se ve claramente en 2000 tras el asesinato con coche-bomba del empresario José María Korta,
entonces presidente de la patronal guipuzcoana Adegi. Florencio
Domínguez comenta a este diario que esa acción “conllevó un efecto de
intimidación entre los empresarios extorsionados, lo que llevó ingresos a
las arcas de ETA”. Un documento intervenido en 2004 a la jefa de
extorsión, Soledad Iparraguirre, confirmaba esa correlación: “En el 2000 el efecto Korta tiene su influencia; hay dos años buenos, fructíferos”.
El desamparo del empresariado
Todas las víctimas de la extorsión con las que ha
hablado este diario —unas quieren aparecer, otras no— manifiestan una
queja común: el desamparo que sufrieron por parte del conjunto de las
administraciones del Estado mientras hacían frente al chantaje y la
violencia de ETA.
“No tengo ninguna duda de que el silencio de los
empresarios, que no denunciaran y el hecho de que muchos pagaran, es
consecuencia del desamparo que sentían ante el comportamiento de los
medios gubernamentales”, explica José Manuel Ayesa.
Este expresidente de la patronal navarra sostiene
que, salvo la Guardia Civil, que tenía un equipo contra le extorsión,
los gobiernos e instituciones no dieron importancia alguna al
sufrimiento de los empresarios chantajeados y sus familias: “Mientras
mis hijos no me dejaban pasear con mis nietos por temor a que pasara
algo, los diferentes cuerpos policiales no eran capaces de coordinarse
para ayudarnos”.
Hasta
los ochenta, Francia era la retaguardia segura de los etarras, que
celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los
extorsionados
Cuenta Ayesa una anécdota que le ocurrió en la Semana Santa de 2007 mientras compartía hotel con Alfredo Pérez Rubalcaba,
entonces ministro de Interior. “Un amigo mío —relata Ayesa— había
recibido una carta de extorsión esos días y aparecí en todos los
telediarios nacionales para denunciar la situación, aunque estuviera de
vacaciones.
Pérez Rubalcaba sabía que desayunábamos a cinco metros uno
del otro, pero me miraba y no decía nada. Una mañana quise acercarme a
él para comentar el asunto, pero no dio permiso a su escolta para que me
dejara hablar con él”. Concluye Ayesa: “No les interesaba en absoluto
el sufrimiento de los empresarios”.
A finales de los setenta y los ochenta, el panorama era peor. Francia era la retaguardia segura de los etarras,
quienes celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los
extorsionados, y en el País Vasco aún no había una conciencia social e
institucional para combatir a los terroristas.
“Tras el asesinato de mi tío, no sufrimos una
especial estigmatización social, pero tampoco sentimos un apoyo de las
instituciones”, asegura Lourdes Legasa. Cuando ocurrió el atentado, a
los pocos días ETA exculpó a su padre (herido) en un comunicado de la
denuncia de su tío que había propiciado la condena de un terrorista. “En
ese momento pensé que ya estábamos vacunados, pero en los ochenta, que
fueron muy duros, me volvió la inquietud: ‘A ver si estos vuelven a por
nosotros”, confiesa Lourdes.
Carta de extorsión. ETA impone un recargo del 5% por demora en el pago (2002).
La diáspora
La situación de violencia y falta de protección
institucional que sufrieron los empresarios llevó a no pocos a emigrar a
otras regiones de España y al extranjero. La tentación de irse era muy
grande.
Los Ortuzar emigraron a Reino Unido
tras el asesinato de Javier de Ybarra y Bergé en 1977. Una de las
personas que encabezaron el grupo familiar de negociadores para intentar
su liberación fue Gaizka Ortuzar, casado con una de las hijas del
empresario vizcaíno e hijo del fundador de la Ertaintza en 1936, Luis de
Ortuzar.
“Cuando mi padre estaba negociando la liberación de mi abuelo,
los etarras le dijeron que el siguiente sería él. Nos obligaron a
mudarnos y varios familiares míos siguieron apareciendo en las listas de
objetivos de la banda terrorista”, contó su hijo Iban a El
Confidencial.
Todo el mundo sabía que el dinero que ingresaba ETA era para matar, un castigo terrible para la conciencia de quien pagaba
Unos años más tarde, en 1987, la hoy galerista Blanca Soto
montó un espacio multicultural en la céntrica calle donostiarra de
Urbieta. Pero al día siguiente de la inauguración, ella y su socio
oyeron unos ruidos que les sobresaltaron mientras trabajaban. “De
repente, nos vimos rodeados por ocho chicos de Jarrai, habían entrado en
el local y echado el cierre”, afirma Soto.
“Nos interrogaron sobre
nuestras personas, el origen del dinero para abrir el negocio y qué
actividades pretendíamos hacer. Nuestras explicaciones no les
convencieron, así que destrozaron el local en apenas cinco minutos y nos
dieron una paliza de muerte”, explica esta empresaria hoy afincada en
Madrid.
Los socios denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, cuyo caso llevó personalmente el inspector jefe de San Sebastián, Enrique Nieto.
“A los pocos días identifiqué a los ocho jóvenes en
una rueda de reconocimiento. Entonces comenzaron a pasar por el negocio
los padres pidiéndome que los perdonara, a lo que me negué, por lo que
también ellos me amenazaron”, narra Soto. A continuación, comenzaron a
llegarle cartas que incluían amenazas de muerte, hasta siete.
“Me sentía
aterrorizada. No podías hablar con nadie porque la gente allí estaba
acostumbrada a la violencia y a la muerte, solo podía hablar de esto con el psiquiatra, como tantas otras víctimas”, cuenta atribulada. La banalidad del mal también afectó a la sociedad del País Vasco.
Una de las cartas para ella le llegó al político del Partido Popular Gregorio Ordóñez
cuando estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián. “Pensaban que era mi
amigo —señala la galerista—, pero no lo era. Entonces, Gregorio me
dijo: ‘Tú eres una ciudadana normal, no te inquietes’; pero yo tenía
mucho miedo porque las cartas también llegaban al buzón de mi casa”.
La mayor parte del tiempo los empresarios extorsionados se vieron solos ante el peligro
La violencia continuó. Con la misma pistola, en 1995,
ETA segó las vidas del inspector Enrique Nieto y de Gregorio Ordóñez.
“En 2000 me marché, tenía por entonces dos hijos muy pequeños y el
ambiente seguía siendo insoportable. Además, no quería que ellos crecieran en una sociedad enferma como aquella”, dice Blanca Soto.
La mayor parte del tiempo los empresarios
extorsionados se vieron solos ante el peligro. La sociedad, las
instituciones y las propias patronales les dieron la espalda en
demasiadas ocasiones. El que no pagaba, se sumía en la angustia; el que
lo hacía, arrastraba el sentimiento de culpa. “Todo el mundo sabía que
el dinero que ingresaba ETA era para matar y eso era un castigo terrible
para la conciencia de quien pagaba”, concluye José Manuel Ayesa." (Marcos García, El Confidencial, 05/02/18)
La posibilidad de que le asesinaran si no contribuía a alimentar la
maquinaria sangrienta de ETA pesaba demasiado. La sensación de estar
jugando a la ruleta rusa cada vez que trituraba una carta de ETA le
torturaba. Cada carta del mal llamado “impuesto revolucionario” le acercaba al de la ejecución de la sentencia de muerte que le había impuesto ETA.
En cinco décadas de violencia fueron asesinados 49
empresarios y directivos, otros 52 fueron secuestrados, y entre 10.000 y
15.000 fueron extorsionados, alguno más de un millar en Navarra, según
informes prácticamente coincidentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de la Universidad de Deusto. Creen que en torno
al 8% de media de los extorsionados pagaron, en Gipuzkoa más.
Como Carlos, muchos empresarios no se lo decían ni a
la familia. Preferían sufrirlo solos, ocultarse en segundas residencias
alejados de sus seres queridos, o marcharse de Euskadi. El miedo se cebó
hasta tal punto en ellos que tuvieron que pasar seis años desde que la
banda anunciara el cese de sus acciones violentas, en octubre de 2011,
para que los empresarios comenzaran a verbalizar sin tapujos que fueron
víctimas de las cartas de extorsión de la banda.
En octubre de 2017 la patronal Confebask, y las tres asociaciones provinciales, Cebek, Adegi, y SEA,
homenajearon en un acto en Bilbao a todos los que murieron por no
pagar, a los que sobrevivieron con la angustia de contar los días que
les quedaban, y a quienes se ocultaban entre los muros de sus casas para
pasar inadvertidos en un contexto en el que significarse era como
ponerse en la primera línea.
El terror y el miedo se trufaron además con la
desconfianza. Cualquiera podía ser el soplón de la banda que describía
tus rutinas en la empresa, en los trayectos en coche a casa, o el que te
hacía los seguimientos y avisaba a loa asesinos cuando y donde estabas
solo, para pegarte un tiro o secuestrarte
De los 52 secuestros de empresarios y directivos de empresas, ETA asesinó a dos, Angel Berazadi
en 1976 y Javier Ybarra en 1977. Pero fueron secuestrados muchos más.
El propietario de Avidesa, Luis Suñer fue secuestrado en 1981 y un año
después José Lipperhide y Saturnino Orbegozo. Diego Prado y Colón de Carvajal cayó en manos de ETA en 1983, Juan Pedro Guzmán Uribe en 1985, Lucio Aguinagalde
en 1986 y Emiliano Revilla en 1989.
Este último fue liberado tras el
supuesto pago de algo más del equivalente en pesetas a siete millones de
euros. En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada y el
último fue Cosme Delclaux, hijo del presidente de Vidrieras de Álava,
que coincidió algunas semanas con José María Aldaya,
quien sufrió el secuestro más largo de los sufridos por empresarios,
desde el 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996. Algunos estudios
cifraron en 115 millones de euros el dinero recaudado por ETA entre 1978
y 2008 a través de los secuestros.
Todavía a día de hoy es un tema incómodo. “Algún día
se lo diré a mis tres hijos, y al resto de mi familia, pero no pueden
enterarse por el periódico”, explica Carlos durante un paseo por la zona
de la Universidad, junto al monolito en recuerdo del socialista
Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000.
En una de las misivas ETA le
acusaba de promover la corrupción para, “en descarada connivencia con
los diferentes sectores políticos en el poder y sectores de la burguesía
regionalista vasca, arrojar sin escrúpulo al paro y a la miseria a
miles de ciudadanos vascos”. Las cantidades que pedían oscilaban
Otros se han atrevido a decir, con mucho pesar, que
habían pagado a la banda. Jesús Mari Korta, de Grúas Goierri vio cómo
asesinaron a dos de sus amigos, el empresario de la construcción, Isidro
Usabiaga, en 1996 y al presidente de la patronal guipuzcoana, Joxe Maria Korta en 2008,
y claudicó. “No pude más”, reconoció con motivo del homenaje a los
empresarios en octubre de 2017.
Una de las conclusiones del estudio
sobre el chantaje de ETA realizado por la Universidad de Deusto es que
además del terror que generaban las cartas, sometían a los industriales a
un terrible dilema: no pagar y arriesgarse a morir, o pagar para otros
siguieran muriendo." (Pedro Gorospe, El país, 02/05/18)
"Las cartas se convirtieron para ETA en un arma tan peligrosa como las
propias balas. De hecho, fue el instrumento que la banda terrorista
utilizó para extorsionar a más de 9.000 empresarios entre 1993 y 2008.
Pero la cifra podría ser muy superior, según el estudio «Misivas del
terror», realizado por investigadores del Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto que será presentado este martes en Madrid.
Su coordinadora, la socióloga Izaskun Sáez de la Fuente (Bilbao,
1970), destaca que la intimidación resultó muy efectiva para la
organización, que obtuvo de esta forma la mayor parte de sus ingresos.
P—¿Cómo surgió el «impuesto revolucionario»?
R—Al principio ETA
buscaba contribuciones voluntarias, pero ¿hasta qué punto contribuye uno
voluntariamente o contribuye por si acaso para que no se te personen en
la empresa dos o tres y te digan: «Oye, estamos luchando por la
libertad del País Vasco y tú tendrás que dar una cuota de lo tuyo»?
El
mal llamado «impuesto revolucionario» se acuña tras la muerte de Franco,
a partir del 75, que es cuando comienzan a llegar las primeras cartas.
P—En su libro explican que las misivas iban adquiriendo un tono
distinto con el paso del tiempo. ¿Cómo se producía esta evolución?
R—El
tono de las cartas iba cambiando a medida que ETA se daba cuenta de que
con la primera no conseguía el efecto intimidante y el doblegamiento de
la voluntad de las personas a las que extorsionaba. Si una decidía no
pagar, empezaba a aumentar la dosis de amedrentamiento. Hay gente que ha
recibido hasta siete u ocho cartas.
Evidentemente, el miedo que
pretendían inocular era cada vez mayor, de tal manera que si en un
principio se pedía una contribución voluntaria, al final se hablaba de
que tanto la víctima como sus bienes y su familia se habían convertido
en objetivo militar.
P—¿Qué otros mecanismos utilizaba ETA para inculcar el miedo en sus víctimas?
R—En
el momento en el que descubrían que no había manera de doblegar la
voluntad de los extorsionados, las cartas eran más frecuentes y se
diversificaban los mecanismos. Primero, las misivas ya no llegaban
directamente a ellos o a sus empresas, sino a sus familiares. Incluso a
sus hijos menores de edad.
Entonces empezaban a verse en la diana: los
violentos hacían pasquines en la calle que los señalaban como fascistas,
realizaban concentraciones amedrentadoras frente a sus domicilios o
incluso les dejaban animales muertos en las puertas de sus casas.
P—¿Qué sentían las víctimas cuando recibían una de esas cartas?
—Cuando uno recibe la primera carta se hace al menos dos preguntas. La
primera es: «¿Por qué me ha tocado a mí?». Esa pregunta adquiría matices
diferentes si uno pertenecía al colectivo nacionalista, porque ellos
entendían que se ponía en entredicho su compromiso con la causa vasca.
Y
la siguiente era: «¿Quién se ha chivado?», porque tenían la sensación
de que había «gente de campo» en su entorno más o menos próximo que
había contado a ETA cuál era su situación personal. Es decir, cómo
vivía, si tenía o no dinero, si su empresa poseía dividendos o no…
P—«Gente de campo», «impuesto revolucionario»… Parece que ETA consiguió establecer e imponer su propio lenguaje.
R—Sí,
por supuesto. Desde la perspectiva ética nosotros hemos denunciado el
uso perverso del lenguaje que realiza ETA, que de alguna manera alimenta
lo que fue la justificación o la legitimación social de la extorsión.
Hasta los medios de comunicación usaban estos términos. En lugar de
hablar de secuestros se hablaba de arrestos. En lugar de asesinatos se
hablaba de ejecuciones en manos del «tribunal del pueblo».
P—¿Cuáles eran las consecuencias de no pagar?
R—Si no hacías caso
a las cartas, evidentemente te situaban en el punto de la diana. Podías
ser objeto de un secuestro o directamente ser asesinado. Hay gente que,
más que las secuelas personales, subraya el sentimiento de culpa que ha
sentido por haber colocado a su familia en el punto de mira de los
violentos.
Son familias que han sufrido secuelas después del shock
experimentado. Además, hay que tener en cuenta que, en general, no
estamos hablando de familias pobres, sino de personas con recursos que
parecía que no tenían derecho a sufrir porque tenían dinero. «¡Pero si
es un capitalista, que se pague un spa!», decían.
P—¿Consiguió ETA que pagaran muchos empresarios?
R—Por los
estudios que se han hecho hemos podido comprobar que la mayoría no pagó
ni se marchó de la Comunidad Autónoma. Pero con el dinero de los que
pagaron fue suficiente como para mantener a ETA durante más de 40 años." (Entrevista a ENTREVISTA IZASKUN SÁEZ DE LA FUENTE, ABC 25/04/17, en Fundación para la Libertad)
"Florencio Domínguez (Caparroso, 1956) es probablemente el periodista
que más sepa de ETA en España. Estudioso del fenómeno terrorista, este
doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra analiza en
esta entrevista la situación actual de ETA y desgrana el estudio que
está realizando, junto a otros expertos, historiadores y economistas, de
la incidencia de la extorsión etarra.
– Ha muerto Charles Pascua. Con él al frente del Ministerio del Interior se inició el fin del ‘santuario francés’ de ETA.
Llegó
al ministerio en 1986 con el gobierno de cohabitación de Chirac.
Eliminaron el santuario francés, la situación de comodidad que había en
Francia en donde los miembros de ETA no estaban escondidos, y lo
hicieron con detenciones y expulsiones masiva: entre 1986 y los primeros
meses de 1988 expulsaron a 189 miembros de ETA. Y obligó a ETA a
dispersar a su gente por toda Francia, enviarla a América y, sobre todo,
a hacerse más clandestina.
- Algunas personas han vinculado esta reacción tardía del
Gobierno francés con la actividad del terrorismo de los GAL en suelo
francés. Hasta entonces ETA era un problema interno de España.
Hay
una interpretación del que fue embajador francés en España Pierre
Guidoni, que dice justo lo contrario. Sostenía que a finales de 1983 ya
había un acuerdo entre los gobiernos español y francés para poner en
marcha medidas policiales contra ETA. Y que la aparición de los GAL lo
dificultó.
Hubo además otro factor en esta política de mano dura de
Pascua ajeno por completo al terrorismo de ETA: una campaña de atentados
en París de un grupo libanés que creó una gran inquietud en la opinión
pública francesa. El Gobierno no conseguía contener esa oleada
terrorista y transmitió firmeza contra el terrorismo golpeando a otro
cuyos miembros estaban a la vista en Francia.
– En la retina de muchos aún perdura esa imagen de gente
pagando el chantaje terrorista en bares de Bayona o San Juan de Luz a
plena luz del día.
Es que lo del ‘santuario francés’ no era
solo una imagen periodística, era una situación real que daba grandes
facilidades a un grupo terrorista que en España estaba en la
clandestinidad, pero al otro lado sus dirigentes operaban a la luz del
día: se sabía dónde vivían, estaban registrados en las oficinas de
empleo, cobraban ayudas sociales del gobierno, tenían trabajo.
Organizaban cursillos de adiestramiento a los que iban hasta 30 personas
simultáneamente a un caserío hasta 15 días.
– Hoy en día parece impensable.
¡30 personas
allí metidas! Les permitía dirigir los comandos, etc. Y sobre todo para
la extorsión: no hacía falta más que cruzar la frontera e ir a
determinados bares o domicilios para pagar.
– La reacción social ante el terrorismo etarra fue muy
tardía, a pesar de que ETA ha matado sobre todo en democracia. ¿En el
caso de la extorsión, ocurrió igual?
También muy
tardíamente. La extorsión era una cosa que se llevaba en la intimidad,
tanto si el extorsionado decidía pagar, como si decidía lo contrario. En
las entrevistas que hemos hecho en el estudio se ve que muchos de ellos
ocultan a su familia que han recibido la carta. No tenía trascendencia
pública. Solo mucho después comienza la movilización desde las
organizaciones empresariales.
– ¿Cuándo se produce ese cambio? En el caso de la
movilización social contra ETA el nacimiento de Gesto fue un factor
importante para activar esa reacción.
En el caso de la
extorsión había un hándicap para arropar a los extorsionados que era la
existencia de una mentalidad poco solidaria con los patronos que decía
aquello de “son empresarios, serán ricos y además son unos
explotadores”. En los años 90 en el Goierri hay algunas plataformas que
se mueven y activan y hacen declaraciones públicas en contra de la
extorsión. Pero estamos hablando de la década de los 90.
- ¿Qué parte del presupuesto de ETA, que llegó a ser de hasta
seis millones de euros en los 80, llegaba de la extorsión y de los
secuestros?
A valor actual, de los secuestros realizados
entre 1973 y 1997 ETA recaudó entre 101 y 104 millones de euros. Pero
hacer una estimación de lo que ha supuesto la extorsión es imposible.
– Usted ha afirmado que cuando ETA dispuso de menos dinero
su capacidad terrorista quedaba mermada. ¿Qué tipo de reproche, moral,
político, penal…, se les puede hacer a los que cedieron al chantaje?
Es
complejo. No todas las situaciones fueron las mismas: no es lo mismo un
empresario que puede irse, que uno que tiene un pequeño negocio y no se
lo puede llevar y vive en un ambiente social muy presionado por el
mundo del terrorismo; no es lo mismo tener un negocio en el Goierri que
en Bilbao.
Probablemente la mayoría de los extorsionados no ha pagado,
aunque es verdad que han pagado los suficientes para que se mantuviera y
financiara el aparato terrorista. En similares condiciones ha habido
muchos que no han cedido. ¿No tenían más remedio que pagar? Algunos
habrán pensado que pagando se quitaban el problema.
– Algunas organizaciones como el Grupo Mondragón no cedieron al chantaje, ¿por qué le parece destacable?
Porque
es un grupo simbólico en la economía y sociedad vascas. Tiene un valor
ejemplar que no dudaran. Muchas veces se le ha criticado por su afinidad
con el nacionalismo, incluso con la izquierda abertzale, y ha sido
objeto de campañas. Cuando les llega la extorsión no dudan, en el minuto
uno la rechazan sin vacilar.
– Dibuja usted a una organización muy metódica con el
dinero, que obligaba a los terroristas a apuntar el gasto de un
bocadillo.
No les pasaban una. Si había un desfase de
dinero, la dirección pedía explicaciones. Los gastos eran al euro. Si
comían un bocadillo, si fumaban, cada uno lo tenía que registrar. La
obsesión burocratizadora con Soledad Iparragirre, ‘Amboto’, llegar a ser
tremenda: hace unas tablas para controlar los gastos día a día por
conceptos como comida, casa, material, ropa, transporte…
– En lo que sí han tenido éxito fue en el tema del lenguaje: por ejemplo al colocar el concepto del ‘impuesto revolucionario’.
Sí,
es evidente. Lo del impuesto revolucionario viene de la influencia de
los Tupamaros, que desarrollaron las ideas de un Estado paralelo: ellos
tienen prisiones, nosotros ‘cárceles del pueblo’, ellos cobran el IRPF
con su Hacienda, nosotros cobramos el ‘impuesto revolucionario’. El
término con el que han tenido más éxito es el de zulo, incorporado por
la Real Academia.
– ¿Dónde estamos ahora en este proceso unilateral de fin del terror que inició ETA en octubre de 2011?
No
hay que olvidar que ETA ha sido llevada del ronzal hasta esa decisión.
Pero su objetivo sigue siendo tratar de negociar el desarme con los
gobiernos. Diferencia dos escenarios: el sellado de las armas y el
desarme. Para el sellado está dispuesta a hacer cosas, con
acompañamiento y teatro internacional.
Pero manteniendo el control de
las armas, sin un control exterior. Pero el desarme, la destrucción de
las armas los siguen condicionando a la negociación con los gobiernos; a
esa parte no han renunciado. Están haciendo tiempo a que acabe la
legislatura de Rajoy.
– ¿Cree que ETA ha podido vender parte de su arsenal?
La
guerrilla salvadoreña ocultó parte de sus arsenales a las brigadas de
desarme de la ONU, y se descubrieron en 1993 cuando se produjo una
explosión en Managua en un taller en Santa Rosa que precisamente estaba
gestionada por ETA, en concreto por Eusebio Arzallus, ‘Paticorto’.
Cuando el IRA negocia sus acuerdos de paz, una parte de sus armas las
vende. Y lo sabemos porque una parte se la vende a ETA.
Después de
firmados los acuerdos, vende material. Es una práctica que se ha
producido, luego no se puede descartar -porque ETA necesita dinero- que,
al final, recurra al mismo sistema.
– Hay una frase que repite el ministro del Interior: “ETA son
sus presos y poco más”. ¿Habría que flexibilizar la política
penitenciaria?
La ilegalización de Batasuna acabó
convirtiéndose en un instrumento para que Batasuna presionara a ETA para
que lo dejara. Tardaron seis años. Probablemente lo que hay en el
trasfondo de la negativa a modificar la política penitenciaria es que
puede conseguir a medio plazo que los presos presionen a ETA para que se
disuelva.
El mundo de ETA ha analizado que el acercamiento de presos
sería el primer éxito político para luego plantear las demandas
políticas. Hay un liderazgo ortodoxo dentro de las cárceles y el
colectivo sabe que tiene que estar a lo que decidan éstos, que además
han sido jefes de ETA.
Y solo cuando ellos ven bien en una entrevista
las peticiones de traslado a las cárceles vascas. Es una estructura de
control de sus presos organizada por ETA en 2012 y de momento le
funciona el mecanismo de control." (Entrevista a Florencio Domínguez, Aitor Guenaga, eldiario.es, 18/07/2015)
"El 25 de marzo de 1980 ETA asesinó a Enrique Aresti Urien, conde de
Aresti, con un tiro en la nuca. Dos fueron las razones para su
«ajusticiamiento» según un comunicado de la banda asesina: tratarse de
un «representante cualificado del gran capital» y «haberse negado a
contribuir económicamente a modo de impuesto revolucionario».
Treinta y cinco años después me decido a contar la verdad para
desnudar la mentira de terroristas, cómplices y políticos oportunistas.
Tenemos la obligación moral de desenmascararlos a todos. Mi padre
(Q.E.P.D.) trabajaba como agente de seguros. El entorno de ETA había
descubierto que si creaba una agencia de seguros podía conseguir grandes
comisiones, en base, como siempre, a amenazas y coacciones.
Y él tuvo
la valentía de denunciar públicamente la argucia en el Colegio de
Agentes de Seguros de Vizcaya. Al terminar su intervención, un compañero
y amigo que estaba sentado a su lado le dijo: «Enrique, acabas de
firmar tu sentencia de muerte».
Meses más tarde, recibió una carta exigiéndole el pago del mal
llamado impuesto revolucionario. Después de leerla me dijo: «No van a
conseguir echarme de mi tierra porque si me matan me enterrarán en
Gordejuela». Para quienes no están familiarizados con la zona,
Gordejuela es un entrañable pueblo de Vizcaya. Sabía que lo iban a matar
y no quería protección para evitar más muertes inocentes. Redactó un
acta ante un notario de Bilbao que transcribo:
«En Bilbao a 7 de febrero de 1979, yo, notario del Ilustre Colegio de
Burgos con residencia en esta Villa, por la presente, hago constar:
Que comparece ante mí, don Enrique Aresti Urien, conde de Aresti,
mayor de edad, viudo, abogado, vecino de Bilbao, con domicilio en Gran
Vía, número 26, tercero y con DNI número X.
El señor (…) conde de Aresti manifiesta: Que nació en Gordejuela
(Vizcaya) el 7 de octubre de 1917 y declara su condición de católico,
vasco y español. Como católico, apostólico y romano, pide a Dios perdón
por el mal que haya podido hacer y sobre todo por el bien que haya
dejado de hacer. No admite discusión en su condición de vasco y de
español con cualquier advenedizo que pudiera discutir estas realidades.
Manifiesta que, habiendo sido requerido para satisfacer un impuesto
revolucionario y amenazado de muerte en caso de no satisfacerlo, no está
dispuesto a entregar un solo céntimo en tal concepto porque el hacerlo
supondría una traición a su condición antes declarada de católico, vasco
y español.
Lógicamente de dicha oposición pueden derivarse dos consecuencias: a)
La muerte. b) La retención para obtener, bajo amenazas, lo que
voluntariamente no está dispuesto a dar. En el supuesto a) que, antes o
después a todos llega, no se necesitan instrucciones especiales. En el
supuesto b) ordena a todos sus familiares que se atengan a su deseo
expreso y terminante de no entregar cantidad ninguna por su liberación a
pesar del mucho cariño que le puedan tener y precisamente en aras de
ese cariño.
Esta orden la hace extensiva a todos los que a través de
cualquier relación económica pudieran sentirse obligados a hacerlo y
manifiesta que no reconocerá como válida ninguna deuda que en su nombre
ni en el de sus familiares se pudiera contraer con ninguna entidad
bancaria en orden a su liberación.
Al agradecer a Dios el regalo de la Fe, le pide que le ayude, en
cualquier circunstancia que surja, a cumplir con su deber. Se despide de
sus hijos agradeciéndoles el cariño que siempre le han tenido y lo
mucho que le han acompañado y les anima a que, con alegría, sigan el
camino que haga posible que un día se vuelvan a encontrar con su madre
bajo el amor de Dios (…)».
El 25 de marzo de 1980 lo mataron, obviamente por la espalda. Con el
alma desgarrada lo velamos en casa junto con los innumerables amigos de
verdad, que afortunadamente eran muchos, y a quienes desde aquí repito
nuestro más profundo agradecimiento.
En aquella fecha el Consejo General Vasco tenía su sede en la Gran
Vía de Bilbao, justo enfrente de nuestra casa. Su presidente era Carlos
Garaicoechea (uno de los políticos oportunistas) que no consideró
oportuno ni siquiera cruzar de acera para manifestar su pesar. Él sabrá
los motivos. Al día siguiente, después del funeral, lo enterramos rotos
de dolor en su querida tierra de Gordejuela.
Tres años más tarde, el Ayuntamiento de Bilbao presidido por el
alcalde José Luis Robles (otro político oportunista) decidió cambiar el
nombre de la plaza del Conde de Aresti (abuelo de mi padre y diputado
general de Vizcaya entre 1898 y 1902), aumentando gratuitamente nuestro
dolor e intentando borrar parte de la historia de Vizcaya.
Mi padre nos enseñó, entre otras muchas cosas, a no odiar a nadie.
Siempre nos decía: «Breve o larga, la vida sólo vale algo si en el
momento de entregarla no tenemos que sonrojarnos de ella». Nosotros
estamos orgullosos de tu ejemplo y eso no nos lo puede quitar nadie.
Los asesinos no encontrarán nunca la paz interior y vivirán atormentados. Muchas veces esa vida es peor que morir." (CARLOS ARESTI LLORENTE, EL CORREO – 24/03/15, en Fundación para la Libertad)
"(...) Gracias a la investigación del Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto, se empieza a hablar ahora de todos esos
empresarios –grandes, pequeños y medianos– que un buen día recibieron
una carta de ETA exigiendo el ‘impuesto revolucionario’ y que en muchos
casos les arruinó la vida. Tenían, en efecto, que elegir entre pagar o
vivir, con la consecuencia añadida de que pagando financiaban el
terrorismo.
Hasta ahora no se quería hablar de ello. Ni se consideraba al
extorsionado una víctima ni tampoco se consideraba la extorsión una
expresión propia del terrorismo, sino un asunto menor y colateral.
Lo cierto es que no es asunto menor. Se calcula que fueron al menos
unos 10.000 los chantajeados por la banda terrorista. No es fácil
calcular lo recaudado pero las cifras conocidas son elocuentes: entre el
año 1980 y 1986, más de mil millones de pesetas; en los primeros años
del presente siglo, dos mil millones de euros anuales, sin contar las
cajas B.
Habría que valorar también el empobrecimiento acarreado por
esta práctica amedrentadora que, según algunas estimaciones, podría
estar en torno al 10% del PIB del País Vasco. Desde el punto de vista
económico, la extorsión fue una catástrofe para el conjunto de la
sociedad vasca, sin olvidar la tragedia que supuso en cada caso tener
que hacer frente en solitario a la amenaza de los pistoleros.
Nos podemos preguntar por qué un asunto mayor como éste ha tenido tan
escasa presencia y significación. Hay un par de explicaciones que
vienen a cuento. En primer lugar, por un prejuicio de clase. Se creó la
imagen de que solo afectaba a los ricos y un empresario, al fin y al
cabo, es un explotador y no merece compasión. Era por cierto una falsa
imagen porque el chantaje alcanzaba a modestos autónomos.
Ni siquiera la
tienda de fruta del barrio o la panadería de la esquina quedaban
exentas. Hasta allí llegaba el sobre que alguien deslizaba sobre el
mostrador para que se rellenara con el «donativo voluntario», en el más
puro estilo de la mafia siciliana. La segunda razón se debe al ocultismo
del chantaje.
ETA pedía discreción. Que se supiera de su existencia
pero no quiénes eran los extorsionados. Las víctimas también callaban
por vergüenza o por miedo o pensando que sería mejor.
Las otras razones tienen que ver con lo complejo del asunto. La gente
necesita planteamientos simples para manifestarse a favor y si el
problema exige discernimiento, pasa de largo. Y la extorsión es un
asunto complicado porque sitúa al afectado ante un dilema: si paga,
salva su vida, pero contribuye a financiar las balas que mañana pueden
matar a un ser inocente.
Si no paga, cumple con su deber como ciudadano,
pero se juega su vida o la de su familia. Ese es el dilema que el
extorsionado tiene que resolver en la más absoluta soledad. Que no
espere de la sociedad mucha comprensión. Esta aplaudirá a los pocos
empresarios que plantaron cara y puntuará de insuficiente la actitud de
quienes acabaron pagando.
A este dilema personal habría que sumar otro
de índole política: ¿cómo el Estado, encargado constitucionalmente de
velar por la vida y hacienda de sus ciudadanos se permite castigar por
ley a quien pague por ‘colaboración con banda armada’? El Estado,
consciente de su debilidad, optó de hecho por desviar la mirada y dejar
hacer.
Ha llegado el momento de hablar y de aclarar las cosas. Lo primero
que establecen los autores del informe provisional, Xabier Etxeberria
Mauleón, Galo Bilbao y J. M. Ruiz Soroa, es que los chantajeados eran
víctimas y, por tanto, inocentes. Unas víctimas muy especiales pues el
extorsionador jugaba con su libertad, esperando que ‘cooperara’. No
podemos juzgar a los extorsionados echando mano de un código ético, el
nuestro, pensado para otras circunstancias.
Hubo héroes pero para la
mayoría «no valía dentro la ética de fuera», como decía Primo Levi
pensando en la conducta de los deportados. Ellos merecen no
enjuiciamiento sino justicia y, por tanto, reparación de lo reparable y
memoria de lo irreparable.
El foco crítico hay que dirigirlo a los extorsionadores, calificando
el chantaje como una forma de terrorismo, y al extorsionador, de
terrorista. También habría que analizar la figura del mediador,
distinguiendo entre el que estaba más con el victimario que con las
víctimas, o iba a su negocio, o se presentaba predicando equidistancia,
que de todo ha habido.
Y, sobre todo, habría que analizar a los
espectadores: ¿qué hacíamos la mayoría de nosotros mientras el día a día
estaba lastrado por prácticas que tanto sufrimiento causaban? Los
mismos que entonces no quisieron enterarse se permiten ahora mirar por
encima del hombro a los que pagaron porque no tuvieron el valor de
enfrentarse a la extorsión.
Ha llegado la hora de hablar con franqueza de un tema vergonzante
pero no porque los chantajeados sucumbieran al chantaje sino porque la
extorsión tuviera esa magnitud y durara tanto tiempo." (REYES MATE / Filósofo e Investigador del CSIC, EL CORREO – 25/03/15, en Fundación para la Libertad)
"La extorsión es el fenómeno más oculto y olvidado de la tragedia
acarreada por el terrorismo etarra. Un equipo interdisciplinar del Centro de Etica aplicada de la Universidad de Deusto
está tratando de aflorar la verdad oculta de la extorsión a través de
una investigación, que finalizará en un año, y de la que EL PAIS ofrece
un avance.
Como cuestión previa, resulta relevante que, cuando han
pasado más de tres años del cese definitivo de ETA,
sólo 60 de 220 víctimas de sus extorsiones (empresarios, directivos,
profesionales, etcétera) consultadas por los investigadores han accedido
a ser entrevistados a fondo; otros 130 lo han hecho anónimamente por
Internet.
También resulta relevante que la presencia de Gipuzkoa, el
territorio de mayor presencia abertzale, sea proporcionalmente menor que
la de Bizkaia y que predominen los altos directivos sobre los pequeños
empresarios, menos protegidos.
Los investigadores encuentran difícil evaluar el alcance de la
extorsión. Un informe policial estima en 9.000 el número de
extorsionados de 1993 a 2008, con lo que los investigadores calculan que
las víctimas de chantaje en los 50 años de historia de ETA son entre 10.000 y 15.000.
La inmensa mayoría pertenecía al País Vasco, pero unas 1.100 personas
vivían en Navarra. Es muy difícil calcular cuantos se resistieron al
chantaje. Entre los encuestados son mayoría, pero los investigadores
reconocen, también, que los que cedieron a la extorsión son más
reticentes a hablar.
El estudio concluye que los empresarios y directivos de grandes
corporaciones tenían más facilidad para resistirse que los profesionales
individuales o los pequeños empresarios, sobre todo, en los municipios
con fuerte presencia abertzale. “Muchos directivos de grandes
corporaciones se negaron a pagar. Estaban más protegidos al disponer en
sus empresas de equipos de seguridad muy profesionalizados y al haber
podido compartir su angustia”.
Tampoco es uniforme el cobro de la extorsión en la historia de ETA. Su época más intensa y generalizada, con una presión personalizada y sobre el terreno, se produjo en los años setenta y ochenta.
“ETA tenía entonces arraigo social; la figura del empresario estaba
desprestigiada y el Estado tenía otras prioridades contra la banda”
señala uno de los investigadores.
Los papeles de Sokoa, intervenidos a ETA por las Fuerzas de Seguridad en 1986
en su escondite de Hendaya (Francia), contabilizaban 1.200 millones de
pesetas (7,2 millones de euros) ingresados por la banda terrorista entre
1980 y 1986 como fruto de la extorsión. Pero había una segunda
contabilidad, que nunca fue incautada, y que aumenta considerablemente
la cifra conocida. (...)
A partir de 1993, ETA modernizó sus métodos con medios informáticos,
guías empresariales y comerciales con las que elaboró una base de datos,
sin abandonar el chantaje sobre el terreno.
El asesinato del empresario guipuzcoano, José María Korta,
vinculado al PNV, en agosto de 2000, implica un repunte en el cobro de
extorsiones por el pánico que genera. La decadencia se inicia con la
detención en Francia, en octubre de 2004, de Mikel Antza y Soledad
Iparraguirre, que controlaban el aparato de extorsión. Los datos son
relevantes: de 2000 a 2004 la media anual de ingresos por chantajes
rondaba los dos millones de euros.
Los investigadores de Deusto destacan cómo tanto ETA, como las
víctimas de la extorsión y el Estado tenían interés en mantener el
ocultismo. “ETA quería que se supiese que existía la extorsión, pero no
la identidad de sus víctimas; las víctimas tampoco querían que se les
identificase y el Estado prefería ocultar su fracaso”, señalan.
El
resultado fue que no se abrió un debate público sobre los chantajes, los
problemas jurídicos y éticos que planteaba a las víctimas el pago de un
dinero que financiaba a una banda terrorista. De tal modo que desde la
sociedad, empezando por las organizaciones empresariales y el Estado, no
hubo ni siquiera amparo.
“Ante la extorsión, la legalidad fue por un lado y la realidad por otro”, señalan los investigadores. La cesión a la extorsión está tipificada en el artículo 576 del Código Penal
como grave delito de colaboración con el terrorismo. Pero el Estado lo
aplicó en un único caso, el de las hermanas Bruño, condenada una de
ellas por la Audiencia Nacional y absuelta por el Tribunal Supremo en
junio de 2012 por “miedo insuperable”. El tribunal reconoció, además,
que “no había antecedentes”.
“La cuestión de fondo es que al no poder garantizar el Estado la
seguridad de las personas extorsionadas, tampoco las perseguía”, señalan
los investigadores. “Si alguien denunciaba ante la policía, esta se
limitaba a aconsejarle medidas de autodefensa. Pero ni la policía abría
un caso ni un juez iniciaba una investigación. La autoridad se abstenía y
el Estado reconocía su impotencia. El combate contra la extorsión, por
sus dificultades, nunca fue una prioridad del Estado en sus frentes de
lucha contra el terrorismo”.
Tampoco las organizaciones empresariales estuvieron a la altura,
aunque hay matices. Así, la patronal navarra, ya en la etapa final de
ETA, en el mandato de Julio Ayesa, llegó a atender a un tercio de las
1.100 víctimas de la comunidad foral. También en el País Vasco, en el
último mandato de Guillermo Zubia, aumentó la receptividad tanto de las
víctimas como de la patronal.
Es prácticamente imposible cuantificar el impacto de la extorsión en
la economía vasca y navarra. Algunos han especulado con un impacto del
10% del PIB, pero los investigadores no lo asumen. Consideran que el
Gobierno central, consciente del fenómeno, se volcó en auxilio de la
economía vasca. “Era una manera de compensar las deficiencias del Estado
frente a la extorsión”, señalan.
Esta investigación no agota las posibilidades de un fenómeno tan
complejo. Por ejemplo, queda pendiente la microextorsión —campañas de
recogidas de dinero en pequeños comercios como las de “apoyo a los
presos”—, cuya importancia no radicaba en su impacto económico sino en
socializar el miedo. O la complicidad de personas vinculadas a la
izquierda abertzale en centros de trabajo con los extorsionadores, sobre
todo, en los años de plomo." (Luis R. Aizpeolea , El País, 1 MAR 2015)
"En la historia del fenómeno terrorista de ETA existe un concreto aspecto
que puede calificarse como de verdadero agujero negro, es decir, como
una parte de la realidad que se resiste a dejarse conocer y que atrapa
en su oscuridad a todo lo que la rodea. Se trata de la extorsión
económica practicada durante decenios por ETA en contra de empresarios,
directivos y profesionales.
(...) para la propia sociedad vasca en cuyo seno tuvo lugar, que nunca
quiso afrontar un debate abierto sobre los complejos dilemas humanos,
éticos y jurídicos que la extorsión encaminada a financiar al terrorismo
planteaba.
Pero también fue un punto ciego para la justicia, que
prefirió no investigar ni eventualmente sancionar las cesiones al
chantaje, por mucho que objetivamente una tal cesión pudiera constituir
un delito de colaboración con el terrorismo.
Un grupo interdisciplinar de investigadores coordinado inicialmente
por Bakeaz y ahora por el Centro de Ética aplicada de la Universidad de
Deusto tratan hoy en día de hacer luz sobre ese fenómeno de la extorsión
que, a pesar de la dificultad para obtener datos empíricos contrastados
y fiables, supuso un desplazamiento patrimonial realmente importante:
limitándonos a la época dorada de la extorsión (los años ochenta), no
menos de 9.000 personas fueron en el País Vasco objeto de chantaje (de
las que parece que la mayoría no cedieron a ella), y ETA obtuvo en esos
años, según la “contabilidad” de los papeles de Sokoa, más de
1.100.000.000 pesetas de financiación para atentar, constatándose una
retroalimentación cruzada entre financiación y capacidad de atentar: a
más financiación, más atentados, pero también al revés.
Uno de los campos de más difícil estudio, dada la ausencia de una
metodología econométrica contrastada, es el del impacto que tuvo el
fenómeno terrorista sobre la economía del País Vasco y sobre su
discurrir a lo largo de los 50 años que duró. Trabajadas hipótesis
(inevitablemente basadas en comparaciones diseñadas con precisión
discutible) sugieren un impacto negativo de hasta un 10% del PIB en los
años ochenta y noventa, lo que da una idea de la importancia económica
del terrorismo para la región que principalmente lo sufrió.
Y, sin
embargo, no es menos sugerente otra hipótesis: la de que, gracias a la
negociación política en Madrid del sistema Concierto Económico-Cupo, una
negociación en la que el argumento terrorista siempre dio juego, y que
conllevaba una significativa sobrefinanciación en recursos públicos para
ese mismo País Vasco, la política vasca consiguió compensar el daño que
el terrorismo causaba, lo que trajo consigo al final un proceso de
globalización o socialización sobre toda España de buena parte del
impacto económico del terrorismo. (...)
Ahora bien, lo que los datos macroeco-nómicos no ponen de manifiesto
como se merece es el gran sufrimiento humano experimentado por las
víctimas de esta particular clase de violencia, las cuales (salvo el
caso de las grandes empresas capaces de establecer redes de atención
para sus directivos) tuvieron que gestionar en angustiosa soledad (y sin
percibir comprensión alguna por parte de un entorno social que
malconsideraba sistemáticamente al empresariado en aquella época) la
toma de unas decisiones que eran humana y éticamente profundamente
perturbadoras: porque para una mínima sensibilidad el ceder al chantaje
implicaba comprar la seguridad propia pagando el precio de la próxima
bala de 9 milímetros parabellum que acabaría con la vida de otro.
Cada
pequeño empresario, y cada abogado o médico interpelado por este terror,
tuvieron que decidir solos y sin más ayuda que su conciencia, la línea
de conducta a seguir. (...)
Pero las víctimas del terror chantajista, además de sufrir, tenían
que tomar decisiones difíciles que dejarían huellas futuras en su
sensibilidad. Y se sentían abandonados, pues no sólo no existía
solidaridad con ellas, sino que existía expresa insensibilidad. Además
del agobio de percibir al colaborador de ETA en su propio entorno
laboral o vecinal. Sufrimiento humano en bruto, el material con que se
construye el proyecto totalitario.
Y es que, visto el asunto desde hoy, lo que más llama la atención del
estudioso de aquellos años no es sólo lo que sucedió, sino sobre todo
lo que no ocurrió: es clamorosa la ausencia del más mínimo debate
público o institucional sobre los criterios a seguir en el caso de la
extorsión terrorista, sobre los valores en juego, sobre las normas
éticas a aplicar, sobre la forma de ponderar el valor de la seguridad
personal y el disvalor de sostener el terror. Cómo compatibilizar el
miedo humano y el valor cívico. (...)
En 2012 (¡nada menos que en 2012!), la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo dictó su primera y única sentencia sobre un caso en que dos
empresarias habían cedido al chantaje. Porque sucedía que, objetivamente
considerada, la cesión al chantaje era y es un delito de colaboración
con organización terrorista que sólo por aplicación de la eximente de
miedo insuperable puede quedar impune.
Para lo cual hay que investigar y
sopesar las circunstancias de cada caso. Pues bien, en esa sentencia de
2012, el Tribunal Supremo constata como dato ciertamente asombroso que
no existen precedentes judiciales de enjuiciamiento o investigación
sumarial de pagos de chantajes, a pesar de que era un dato obvio que
desde 1975 se había generalizado la extorsión. Pero en la maquinaria
judicial no existían antecedentes de ello. (...)
Pues bien, esta ausencia de precedentes no pudo ser una casualidad, sino
que respondió a una deliberada y constante abstención por parte de la
policía/fiscalía/justicia en cuanto al
seguimiento/control/enjuiciamiento de las extorsiones en su lado pasivo.
Abstención que, curiosamente, no fue tampoco fruto de un proceso
deliberado de decisión sino más bien de una “no-decisión”: las
instituciones nunca se plantearon qué debían hacer; sencillamente, no
hicieron. (...)
Esta inhibición de las autoridades ¿fue acertada o no desde el punto
de vista de la lucha contra el terrorismo? ¿Se le dieron demasiadas
facilidades a ETA para financiarse? Una política policial y judicial más
estricta y un debate público visible ¿hubiera ayudado a las víctimas
del chantaje o les hubiera causado padecimiento adicional?
Cuestiones que son también contrafácticas, pues plantean las
consecuencias hipotéticas de unas decisiones que nunca existieron. Y no
es fácil: si el Estado de derecho hubiese adoptado una vigilancia activa
contra la financiación, interfiriendo incluso en la decisión de las
víctimas, podría muy bien haberse deslegitimado más aún ante una opinión
pública vasca que no quería saber nada de un asunto sin solución
cómoda. O quizás no.
"ETA reclamó unos 134 millones de euros a 1.025 víctimas en concepto del llamado "impuesto revolucionario" en
2005, 2006 y 2007, según el análisis de la policía francesa a partir de
documentos requisados en mayo de 2009 al etarra Ekaitz Sirvent.
El teniente de la brigada financiera Benoît Auger Latife ha
dado este lunes esas cifras ante el Tribunal de lo Criminal de París
que juzga a Sirvent y a otros dos presuntos miembros de la estructura de
extorsión, y ha dicho que en los archivos informáticos que se le aprehendieron se encontraron trazas de más de 1.600 cartas a empresarios en esos tres años para el cobro.
El fiscal, Jean-François Ricard, precisó que el monto
global de la extorsión que llevó a cabo la organización terrorista es
una extrapolación de los títulos de una lista de documentos que estaban
encriptados y cuyo contenido no ha podido ser descodificado por las
fuerzas del orden.
A partir de otro correo, que sí que se pudo leer, dirigido
al empresario Miguel Catalán al que se reclamaban 75.000 euros, y cuyo
título en el soporte informático terminaba con las cifras 75 se entendió
que los otros títulos respondían a un código alfanumérico que respondía
a la misma lógica.
Los 134 millones de euros salen de la suma de las cantidades que los policías han extraído de esos códigos que supuestamente identifican a los empresarios a los que la organización terrorista se propuso extorsionar, pero a los que no se ha podido relacionar con nombres y apellidos.
En otros ficheros también en posesión de Sirvent al ser
capturado en París el 10 de abril de 2009, que no estaban codificados, y
que se referían a abril, mayo y junio de ese año, con 55 cartas de
extorsión que iban a ser enviadas durante esos meses, la banda exigía
entre 60.000 y 300.000 euros por empresario.
De media, ETA se disponía a reclamar un millón y medio de euros cada mes en ese periodo. (...)
Auger Latife ha dado cuenta de otros archivos requisados al
acusado, y en particular de uno con el nombre de Uría dentro del
directorio dedicado a la estructura de extorsión de la banda "Gezi", y
referido al empresario Ignacio Uría Mendizábal, asesinado por ETA el 3
de diciembre de 2008.
De acuerdo con el análisis del teniente de la brigada
financiera, la presencia del nombre del directivo de la compañía Altuna y
Uría hace pensar que el atentado que le costó la vida tuvo que ver con
su negativa a pagar el "impuesto revolucionario" y no con que su empresa
trabajara en las obras del tren de alta velocidad en la llamada "Y"
vasca. (...)" (eldiariovasco, 02/12/2013)
