Juan Francisco Martín Seco: Pocas cosas más estúpidas que un andaluz, un extremeño o un gallego independentista... Eliminar la política redistributiva del Estado puede ser beneficioso para regiones ricas como Cataluña, pero pernicioso para las menos opulentas como Galicia... las transferencias gracias al papel redistributivo de la Hacienda pública estatal llega se eleva al 15,60% de su PIB para Extremadura, para Asturias el 8,40%; Canarias el 8,58%; Galicia el 7.21%; y Andalucía el 6,02%... ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

 "In illo tempore, aquel en el que los sindicatos tenían protagonismo y los problemas sociales ocupaban el centro de la actividad política, se decía que «no hay cosa más tonta que un obrero de derechas». Hoy ya no se oye, pero no porque no haya obreros, sino porque no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde terminan las derechas. Sin embargo, tal vez cabría acuñar otra que dijese algo así: «No hay cosa más tonta que un andaluz, un extremeño o un gallego secesionista».

La semana pasada dediqué mi artículo a relatar lo que se entiende por balanza fiscal que, sin demasiada consistencia teórica y sin apenas uso en otros países, se ha puesto de moda en España de la mano del supremacismo catalán, que la ha adoptado como arma arrojadiza en contra de toda política redistributiva a nivel territorial.

Analicé en ese mismo artículo los problemas que presentaban su elaboración y las múltiples versiones que podía adoptar según las hipótesis y los presupuestos que se asuman. No obstante, todas las realizadas hasta la fecha por distintas instituciones u organismos vienen a coincidir en líneas generales. Hay una excepción, la que la Generalitat ha confeccionado con una finalidad claramente partidista en aras de utilizar el victimismo, afirmando que «España nos roba».

El resto presenta convergencia en los resultados. Como no podía ser de otra manera, todas aquellas comunidades cuyas rentas per cápita están por debajo de la media muestran saldo positivo, mientras que lo tienen negativo aquellas cuya renta per cápita se encuentra por encima. País Vasco y Navarra constituyen dos excepciones ya que, a pesar de estar situados en el puesto segundo y tercero en el ranking, exhiben saldos positivos. La razón radica en el especial sistema de financiación de estas dos autonomías.

Fue en agosto de 2016 la última vez que el Ministerio de Hacienda publicó las balanzas fiscales, y lo hizo con datos de 2012. Se siguió una metodología ajena al ministerio y elaborada por varios profesores de las universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. En sus conclusiones esenciales coincide con las elaboradas por el propio ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o con las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.

Los resultados muestran la inconsistencia del victimismo de los independentistas, puesto que si, como es lógico, Cataluña presenta un déficit fiscal, este no es mayor, sino quizá menor del que lógicamente le correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que Baleares, arroja en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase de tal amplitud como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).

Pero quizás la conclusión más relevante a resaltar en este momento es que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura, que es la autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60% de su PIB; Asturias el 8,40%; Canarias el 8,58%; Galicia el 7.21%; Andalucía el 6,02% y así sucesivamente.

El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

Con esto retornamos al principio. No resulta demasiado coherente que haya gallegos que reclamen la independencia. Mal les iría. Pero menos congruente es aún que se engloben en el entramado Frankenstein, que se orienta a conceder más y más ventajas a la Generalitat y al País Vasco.

La concesión a Cataluña de un régimen especial de financiación, tal como quieren no solo los soberanistas sino también el PSC, conduce a la ruptura de la política redistributiva entre las regiones y por lo tanto al hundimiento aun mayor de comunidades tales como la de Galicia.

La postura, por ejemplo, de Iceta afirmando que no pide nada para los catalanes que no pida para los demás resulta hipócrita y un poco cínica. Eliminar la política redistributiva del Estado puede representar importantes beneficios para las regiones ricas como Cataluña, pero efectos perniciosos para las menos opulentas como Galicia. Ser independentista gallego es bastante incoherente, pero más ser gallego y defender la independencia (aunque solo sea la fiscal y presupuestaria) de Cataluña.

Se entiende mal que los habitantes de las regiones más deprimidas, que lógicamente son beneficiarias de los mecanismos redistributivos del Estado, sean independentistas, como resulta también difícil de explicar que desde la izquierda se persiga la desintegración del Estado cuando, a pesar de todos sus defectos, es el único baluarte contra el poder económico. (...)

No hay nada reprobable en la querencia a las tradiciones y a la cultura de cada territorio, aunque en verdad ello es tanto más difícil en este mundo globalizado en el que se da la movilidad de todos los medios de producción. Nada que objetar en que se reivindiquen los hechos diferenciales, aunque en la sociedad actual, sometida por ejemplo a importantes fenómenos migratorios, es fácil que estos se diluyan progresivamente.

El problema surge cuando hay quienes intentan mantenerlos artificialmente para convertirlos en privilegios con repercusiones sociales y políticas. Es la postura de ciertos nacionalismos afincados en las regiones ricas. Es una actitud egoísta, innoble y muy poco de izquierdas, pero hasta cierto punto nadie podrá decir que es irracional. La cosa cambia cuando nos movemos en territorios menos agraciados. Allí a los nacionalismos y a los que con ellos fraternizan no se les puede tildar precisamente de egoístas, pero me temo que la calificación que más les cuadre es la de tontos."             ( Juan Francisco Martín Seco , TheObjective, 13/02/24)

¿Podemos considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? ¿Puede Inglaterra abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas

 "Cada vez que en Gran Bretaña se habla de descentralización, se cita a Alemania como ejemplo de cómo hacerlo bien. En 2004, por ejemplo, Matthew Tempest, de The Guardian, calificó a Alemania como "quizá el ejemplo más avanzado de gobierno descentralizado". Y la semana pasada, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, sugirió, sin ninguna originalidad, que se aplicaran los métodos alemanes para resolver la agobiante desigualdad regional de Gran Bretaña. "Así es como se ve la verdadera nivelación", dijo Burnham, de nuevo en el (antes Manchester) Guardian: "una ley básica en la Constitución alemana que exige la igualdad entre los 16 estados".

Sus palabras se hacían eco de las del Ministro de Estado para Alemania Oriental, que acababa de visitar el país. Junto a Burnham en la Conferencia del Norte, Carsten Schneider declaró: "El objetivo de crear condiciones de vida iguales en toda Alemania se encuentra incluso en nuestra Constitución. Hay buenas razones para ello. Si las regiones se separan, es malo para todos. Si prosperan diversas regiones, prosperará todo el país".
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"Cuando uno visita Alemania", escribió Burnham, "puede ver y sentir el éxito de esta política allá donde vaya en los altos estándares de las infraestructuras de transporte y el espacio público". Obviamente, Burnham nunca ha viajado en Deutsche Bahn. Debido al envejecimiento de las infraestructuras y a un enorme retraso en las inversiones, los ferrocarriles alemanes ya no son muy puntuales. Una investigación de ARD en septiembre reveló que la red ferroviaria estaba "al borde del colapso". Y, como en el Reino Unido, es un símbolo de la incapacidad de Alemania para invertir por igual en todas sus regiones.

La política ensalzada por políticos de centro-izquierda como Schneider y Burnham es el gigantesco proyecto conocido como Aufbau Ost, la reconstrucción del antiguo Este comunista durante los últimos 30 años. Cuando ambos se reunificaron, el PIB del Oeste era un 50% superior al del Este; visitar este último cuando yo era adolescente era como viajar en el tiempo a un pasado vagamente distópico, con diminutos coches de plástico que chisporroteaban, el omnipresente olor a humo de carbón y una enorme escasez de pintura para casas y papel higiénico que no rayara. 

El Canciller Helmut Kohl prometió "paisajes florecientes" en el Este cuando cayera el Muro de Berlín. Ocurrió lo contrario. La producción industrial cayó un 70%. Se cerró un tercio de las fábricas del Este, muchas de las cuales se vendieron por una miseria a los occidentales. El desempleo se disparó. Las inversiones no pudieron frenar la hemorragia. En 1995, el gobierno de Kohl, alarmado, elaboró un plan para financiar adecuadamente la Aufbau, al que denominó Solidarpakt: el "pacto de solidaridad". El plan se diseñó para cumplir la cláusula constitucional de la que alardeaba Burnham, que responsabiliza al gobierno federal de la "creación de condiciones de vida equivalentes" en todo el país.

Lo que constituye condiciones equivalentes está, por supuesto, abierto a la interpretación. Los conservadores suelen entender que significa igualdad de infraestructuras públicas: carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones. Pero la izquierda suele insistir en que también debe significar niveles similares de salarios y pensiones. Periódicamente, los gobiernos de los estados se pelean por los detalles de las fórmulas, sugiriendo retoques que les favorecerían. No obstante, el principio de redistribución federal se ha mantenido firme.

 Al fin y al cabo, el Solidarpakt impulsó un sistema que ya existía desde 1949, cuando se creó la República Federal bajo la atenta mirada de los aliados ocupantes. Ese sistema se conoce como Länderfinanzausgleich (literalmente: "Igualación financiera de los Estados"), y surgió de otro artículo de la Constitución, que establece que "se garantizará por ley... que se compense adecuadamente la diferente capacidad financiera de los Länder". Básicamente, regula la transferencia de ingresos fiscales de los Länder (estados) más ricos a los más pobres.

Pero en los años noventa, el Länderfinanzausgleich no proporcionó ni de lejos el dinero suficiente para evitar el colapso económico total en el Este. Para ello se necesitaban cientos de miles de millones. Un nuevo "recargo de solidaridad" temporal para financiar el Este apareció en las nóminas como el 7,5% del impuesto sobre la renta de los alemanes. Se subieron los impuestos sobre la gasolina. Además, se crearon grandes fondos especiales para financiar la cultura, la policía y las infraestructuras de Berlín, acordes con el estatus de la ciudad como nueva-vieja capital del país reunificado. Otros cientos de miles de millones de euros fluyeron hacia el Este, en forma de pensiones estatales que reconocían la vida laboral de los orientales, aunque hubieran trabajado en un sistema que se había hundido y cuya moneda casi no valía nada.

Nadie sabe exactamente cuánto "costó" la reunificación, porque hay muchas formas diferentes de calcularlo, pero sin duda supera con creces el billón de euros. Aufbau Ost supuso una enorme carga para la economía, pero significó que los "nuevos Estados federados" recibieron pronto autopistas lisas y estaciones de tren relucientes. Los centros urbanos y los castillos, desde el Báltico hasta la frontera checa, se renovaron impecablemente. Poco a poco se fue reduciendo el impuesto de solidaridad. Hoy, sólo las rentas altas pagan el recargo.

 ¿Aceptarían alguna vez los ingleses semejante carga? A pesar de las quejas de la prensa, en general los alemanes occidentales lo consideraban un deber hacia sus hermanos que sufrían bajo el comunismo. La caída del Muro de Berlín dio al proyecto una urgencia histórica sin precedentes. Sencillamente, no había alternativa. ¿Se puede imaginar realmente que Londres y los países del interior tomen una por el Norte? ¿Durante el tiempo necesario para marcar la diferencia?

¿Y hasta qué punto debería inspirarnos Alemania? Länderfinanzausgleich es complicado de una forma que sólo Alemania puede hacer complicada: Sueddeutsche Zeitung escribió una vez que sólo unas pocas docenas de personas entienden realmente cómo funciona, lo que no debería ser el caso en una democracia.

 Y aunque la labor de "nivelación" de Alemania ha recorrido un largo camino, no está ni mucho menos terminada. Muchas ciudades del Este - Leipzig, Dresde, Berlín - son más prósperas que algunas de sus equivalentes occidentales. La capital ya no es la peor parada del país en materia de desempleo, sino Bremen, en el noroeste. Pero los niveles de renta en el Este siguen siendo obstinadamente más bajos: en 2020, el salario bruto medio, de 36.499 euros, seguía siendo 7.440 euros inferior al del Oeste.

Otros vectores apuntan también a la desigualdad. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, un think tank vinculado al SPD de centro-izquierda, la mayoría de las zonas rurales del Este se encuentran en una "crisis estructural duradera", debido a la despoblación, los bajos salarios y la falta de banda ancha. Muchas pequeñas ciudades occidentales también se enfrentan a la desindustrialización y al aumento de la pobreza, al igual que el norte de Inglaterra. La nivelación no ha evitado su declive. No obstante, la mayoría de los beneficiarios netos del Länderfinanzausgleich siguen estando en el Este.

Luego está la capital -ese extraño engendro de Este y Oeste- que, aunque ahora muestra un crecimiento superior a la media, sigue recibiendo la mayor ayuda del bote: 3.600 millones de euros de un total de 17.000 millones en 2021. También recibe miles de millones adicionales de un fondo federal separado para regiones con problemas, porque de lo contrario la ciudad no podría pagar su deuda de 60.000 millones de euros. Esto ha suscitado quejas en algunas partes del país. Aunque Berlín se ha recuperado, el resto del país la sigue considerando destartalada, decrépita y anárquica. Cuando, en Nochevieja, unos jóvenes atacaron e hirieron a policías y socorristas con fuegos artificiales en escenas bélicas en las calles de Berlín, los dirigentes bávaros arremetieron contra la "caótica" capital. Baviera, antaño un reino rural pobre poblado por paletos con pantalones de cuero, fue un receptor neto de transferencias financieras hasta finales de los años ochenta. En la actualidad, es líder de Alemania en turismo, tecnología y educación.

¿Por qué, se preguntan los bávaros, deberían financiar al "Estado fallido" de Berlín, que ni siquiera puede mantener el orden y tiene que repetir unas elecciones locales el mes que viene debido a las irregularidades rampantes?

Del mismo modo, cuando hace unos años Berlín decidió convertirse en el primer y único Estado alemán en ofrecer guarderías gratuitas, las protestas procedentes de Múnich fueron sonoras: ¿por qué debemos pagar por algo que esos berlineses perdedores, con sus 60.000 millones de euros de deuda, apenas pueden permitirse? En tales ocasiones, los políticos de los Estados más ricos exigen inevitablemente una reforma: una especie de antinivelación. La semana pasada, el ministro bávaro de Finanzas, Albert Füracker, dijo que no quería seguir financiando los "programas de bienestar" de Berlín y anunció que Baviera recurriría el Länderfinanzausgleich ante el Tribunal Constitucional. ¿Alguien debería decírselo a Andy Burnham?

Al igual que en Gran Bretaña, la capital alemana recibe indudablemente más de lo que le corresponde. ¿Podemos, entonces, considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? Y, lo que quizá sea más importante: ¿es el hercúleo reto de injertar un antiguo país comunista en bancarrota en una economía capitalista moderna comparable de algún modo a la tarea de abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? ¿Puede Gran Bretaña aprender de Alemania, o la solución alemana es demasiado, bueno, alemana?

Para responder plenamente a esta pregunta, tenemos que mirar más allá del nacimiento del Länderfinanzausgleich, a la historia de la que surgió la política. Esa historia es radicalmente distinta de la de Inglaterra. Hasta que Prusia reunió la mayor parte de las tierras de habla alemana en un imperio (el Segundo Reich) en 1871, el lugar que llamamos Alemania comprendía docenas de reinos y ducados. Ninguna metrópoli se enseñoreaba del resto. Inglaterra, por su parte, se convirtió en país en el año 927. El gobierno monárquico lleva más de un milenio recaudando impuestos desde su percha en Londres. Sólo con el Tercer Reich Alemania centralizó realmente el poder (y las finanzas) en Berlín. Ya sabemos cómo acabó aquello.

Tras la guerra, el país se reformó a propósito para que no tuviera un centro fuerte. Aunque Berlín está empezando a florecer económicamente de nuevo -atrae más capital de nueva creación que ninguna otra ciudad alemana-, nunca será un Londres, que genera la mayor parte de la riqueza de la nación y luego la distribuye como un rey caprichoso. Para alterar estructuras tan arraigadas hace falta una catástrofe, o bien décadas de lentos cambios. La "devolución" alemana se impuso originalmente por la fuerza de unas pocas palabras en una constitución, dictada por las potencias ocupantes, habiendo sido el país escenario de algunos de los dramas más desgarradores del siglo XX. La caída de dos dictaduras exigió medidas drásticas. Inglaterra no ha conocido convulsiones tan graves en los tiempos modernos.

La conciencia de la historia y un profundo deseo de estabilidad hacen que el Estado alemán haya estado dispuesto a asumir enormes tareas -y a gastar mucho dinero en ellas- de una forma que puede parecer extraña y exagerada para algunos en Westminster. No estoy seguro de que Andy Burnham sea consciente de la magnitud del cambio necesario para transformar el sistema inglés en algo parecido al alemán. Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas."                    (Maurice Frank ,  UnHerd, 31/01/23; traducción DEEPL)

El PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas... defienden que la "fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas"

 "El PSOE propone un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que vivan o actúen, pues considera "necesario" lograr un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre los impuestos, según la batería de propuestas para el programa marco autonómico de las elecciones del 28M, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, los socialistas defienden que la "fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas", así como avanzar en una "fiscalidad justa, que tenga un efecto beneficioso para los ingresos de las Comunidades Autónomas y permita impulsar los cambios necesarios para afrontar los retos presentes y futuros".

Por su parte, el PSOE ha propuesto becas para la preparación de oposiciones para menores de 30 años, destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la función pública.

"Trabajar para convertir de forma efectiva a la vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, atendiendo a la diversidad territorial, las circunstancias específicas que afectan a la España despoblada y las singularidades de las zonas degradadas", es otra de las cuestiones tratadas por los socialistas este sábado en Ferraz.

El PSOE ha planteado el impulso de planes de prevención, detección y corrección del fraude y de la corrupción, el conflicto de intereses y la posibilidad de doble financiación, de forma que operen como "mecanismos de alerta temprana ante conductas indeseadas", ha recalcado el partido de Pedro Sánchez en la propuesta. En el marco de la trama Mediador, ha llegado a Ferraz esta propuesta, después de que el PSOE y sus aliados de ERC y Bildu rechazaran el martes pasado en la Junta de Portavoces del Congreso poner fecha al debate de la comisión de investigación planteada por el PP sobre el caso.(...)"          (InfoLibre, 18/03/23)

Piketty: la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal

  " (...) En España le ha dedicado un capítulo al independentismo catalán.

Creo que el problema político en Catalunya es muy complejo, no tengo dudas de que los motivos políticos del independentismo son muy variados pero me llamó la atención la adhesión de rentas altas al movimiento independentista y su excesivo discurso contra la solidaridad fiscal. 

No soy contrario a la descentralización política pero la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal y donde se intensifica una relación perniciosa entre frontera y propiedad. (...)"   

(Entrevista a Thomas Piketty, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 14/12/19)

Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria en función de la comunidad en que viven siguen aumentando. Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Y ahora, el 'concierto madrileño': La Comunidad de Madrid ha realizado una política fiscal tan agresiva porque tiene las bases imponibles más altas gracias al 'efecto capital'. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España, pero ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos... por ejemplo, el gasto en sanidad es el más bajo de España

 "El debate sobre la fiscalidad de las diferentes comunidades autónomas cada vez es más frecuente, y hay sobrados motivos para ello. Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria y de servicios públicos en función de la comunidad en que viven, lejos de corregirse, siguen aumentando. 

Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que están al margen del resto del país. También Canarias tiene importantes particularidades, por su condición de insularidad y territorio extraperiférico. Pero tras las palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que condicionó su apoyo a los Presupuestos a acabar con lo que llamó "el paraíso fiscal de Madrid", el debate se centra en el sistema fiscal de la comunidad capitalina.

La Comunidad de Madrid ofrece una fiscalidad muy ventajosa gracias a bonificaciones y exenciones, de las que se benefician especialmente las rentas altas. Esto ha provocado una importante fuga de declarantes desde otras comunidades hacia la capital, como han puesto de manifiesto los investigadores Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco en este estudio a partir de la estadística de declarantes del IRPF de los años 2006 a 2012 (y desde entonces, la competencia fiscal de Madrid se ha incrementado, lo que podría haber agravado esta tendencia).

 Los investigadores constatan que la movilidad de rentas altas se dirige básicamente a Madrid. Así lo explican: “Las diferencias en los impuestos autonómicos influyen significativamente en la elección de la comunidad de residencia por los contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta, y la movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF parece dirigirse solo a la región de Madrid”.

Perder las rentas altas supone un duro golpe para el resto de comunidades autónomas, ya que son quienes realizan una contribución neta más alta. De ahí que hayan puesto el grito en el cielo acusando a Madrid de ‘dumping fiscal’. La política fiscal aplicada por la comunidad desde la primera mitad de la década de los dos mil ha sido clara: impuestos bajos para atraer bases imponibles y contención del gasto público. Lo ha hecho por mandato de sus votantes y también porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que en la economía de la globalización y los servicios de alto valor añadido se ha impuesto en los países desarrollados, como bien muestran los ejemplos de París y Londres.

Si Madrid ha podido bajar tanto los impuestos, es porque se beneficia de una capacidad fiscal que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Es el resultado de la concentración en la capital de las grandes empresas multinacionales, de los órganos gubernamentales, de las principales universidades, de la inversión en infraestructuras, etc. En definitiva, una multitud de factores que nada tienen que ver con la gestión de la política tributaria, pero que influyen en esta de forma decisiva. La capacidad fiscal de Madrid es la más elevada de todas las comunidades, superando en nada menos que un 45% la media nacional.

Así se extrae del último cálculo de financiación autonómica realizado por Ángel de la Fuente, correspondiente al año 2018. Los ingresos tributarios homogéneos (los que se obtendrían con los mismos tipos nominales en todo el territorio) por habitante de Madrid superarían en un 45% la media nacional y en un 155% los de la comunidad más rezagada, Canarias. Estos datos evidencian que las bases imponibles en la Comunidad de Madrid son tan grandes que permiten conseguir una gran recaudación con una presión fiscal reducida.

En algunos impuestos, la brecha es superior. Es el caso del IRPF, una de las principales vías de financiación de las comunidades, ya que Madrid tiene una capacidad fiscal que supera en nada menos que un 73% la media nacional (datos del año 2013). Es el resultado de la concentración de rentas altas en la capital, tanto por las rentas del trabajo como las del capital. 

Con una capacidad recaudatoria tan elevada, Madrid puede permitirse tener un IRPF autonómico bonificado, de modo que el tipo marginal más alto es del 43%, el más bajo de toda España, cinco puntos menos que el aplicado en Cataluña. Esta rebaja en el IRPF tiene un coste recaudatorio de más de 600 millones de euros al año, pero es asumible para la comunidad, ya que al tener unas bases imponibles muy amplias, la recaudación es superior a la del resto de España.

 También es muy ventajosa la situación de Madrid respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, que tiene una capacidad recaudatoria un 135% superior a la media nacional. Se beneficia, en este caso, del elevado patrimonio de los ciudadanos de Madrid, donde las rentas son más altas y también el precio de los activos inmobiliarios. Si se suma la recaudación que pierde Madrid con los impuestos cedidos, supera los 800 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1.000 millones como resultado de la bonificación total del impuesto sobre el patrimonio. Esto significa que Madrid pierde cada año 3.000 millones de euros de ingresos por sus beneficios fiscales (según los cálculos de la Comunidad de Madrid, sus beneficios fiscales superan los 4.500 millones).

Sin embargo, a pesar de sus rebajas de impuestos, la recaudación de Madrid sigue siendo muy superior a la media nacional, tanto, que es la comunidad autónoma que más contribuye a la solidaridad interterritorial. Unas transferencias que se ven contrarrestadas por la pérdida de bases imponibles que sufren otras CCAA como consecuencia de la competencia fiscal. Pero para Madrid, elevar la presión fiscal aumenta el riesgo de elevar su contribución a la financiación nacional, lo que supone un desincentivo a subir sus impuestos.

Otro de los datos importantes que muestran la capacidad fiscal de Madrid con respecto al resto del territorio es el de su autonomía de ingresos. Lo que se mide con este indicador es qué porcentaje de los recursos de cada comunidad procede de impuestos sobre los que tiene capacidad normativa. En otras palabras, el margen que tiene para elevar o reducir su carga fiscal. En Madrid, supera el 85% de su recaudación (datos de 2015), la comunidad con mayor autonomía de ingresos. La siguiente es Cataluña, con un 62%, y después está Baleares, que alcanza el 57%. El resto está por debajo del 50%.

Renuncia al gasto público

Madrid tiene un sistema fiscal muy favorable, no solo porque su capacidad recaudatoria sea muy elevada, también porque ha mantenido una política de gasto público muy contenida. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España. Sin embargo, durante estos años, se ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos.

Desde 2003 hasta 2019, el gasto de Madrid ajustado por habitante y deflactado aumentó un 27%. Solo en dos comunidades creció menos: Canarias y Andalucía. El gasto total de las comunidades del régimen común aumentó un 31% en este periodo, y en Asturias, la región que más ha elevado su gasto público, se ha disparado nada menos que un 46%, casi el doble que Madrid.

Esto significa que las rebajas de impuestos de Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado con unos servicios públicos más austeros. Por ejemplo, el gasto público en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2018, la Comunidad de Madrid destinó el 3,6% del PIB a mantener su sanidad pública, casi dos puntos menos que el dato nacional. Si se tiene en cuenta el gasto por habitante, Madrid es la segunda región con menor esfuerzo fiscal para mantener la sanidad, con 1.274 euros por habitante, un 11% por debajo de la media nacional y un 19% por debajo de la comunidad con mayor gasto, País Vasco.

En resumen, la fiscalidad en Madrid ha sido resultado de una elección política de sus ciudadanos mantenida durante años a costa de renunciar a unos servicios públicos mejor financiados. Eso sí, si la rebaja de impuestos ha sido tan ambiciosa, es porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que tiende a concentrar la actividad económica en torno a las capitales de los países. 

La pérdida de bases imponibles por agujeros dentro de un mismo país ha sido censurada por la literatura hacendística, de hecho, el último comité de expertos que nombró el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abogaba por avanzar hacia la armonización fiscal con unos umbrales mínimos y máximos que fijaran las reglas del juego. Pero el mayor problema vuelve a ser el de la gran diferencia de presión fiscal y servicios públicos que sufren los ciudadanos en función de su comunidad de residencia."             (Javier G. Jorrín, El confidencial, 26/11/20)

Al Concierto vasco y al Concierto navarro le salió un competidor en Madrid: La política fiscal de la Comunidad de Madrid beneficia a los más ricos y capta a contribuyentes de rentas altas de otras regiones... y, como los nacionalistas vascos y catalanes, Ayuso ya dice: "los gallegos, los andaluces, los pobres... nos roban"

 "La armonización fiscal se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. 

El acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC por el que se pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas y para acabar con "el dumping fiscal de Madrid" ha vuelto a dar alas a la guerra política que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha contra el Gobierno de coalición. 

Pese a las críticas de la baronesa del PP en las que asegura que el objetivo de la armonización es "robar a los madrileños", la realidad es que los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, que afecta a la calidad de los servicios públicos.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que la creación de la comisión para estudiar dicha reforma fiscal integral se llevará a cabo al margen de los Presupuestos del próximo año y se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. 

Ante la beligerancia de los ataques de Ayuso, Pedro Sánchez ha defendido que "la armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

Pero lo cierto es que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está diseñada para beneficiar sobre todo a las rentas más altas. En el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, financiado por la Generalitat valenciana, se recalca que "los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid operan de manera que se concentran considerablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Los datos indican que el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF".  

En esta carrera emprendida por los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid destacan las rebajas introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los investigadores del IVIE señalan que "si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones)".

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria sobre la campaña de Renta de 2018, la Comunidad de Madrid tiene el menor porcentaje la cuota líquida autonómica en el IRPF de los contribuyentes que declaran entre 60.000 y 150.000 euros de ingresos y la segunda más bajas entre las rentas de 150.000 y 600.00 euros.

En el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, se pone como ejemplo un contribuyente que obtiene únicamente de rentas del trabajo 600.000 euros, soltero, menor de 65 años y sin hijos pagaría un 14% menos de IRPF en 2019 en la Comunidad de Madrid que en Navarra, autonomía donde gravan más ese nivel de ingresos. Si comparamos lo que tiene que pagar al fisco por IRPF una persona que ingrese 160.000 euros con las mismas características anteriores, la Comunidad de Madrid es la que menos grava de España, un 8% menos que la que más ingresa de un ciudadano con esta renta, que es La Rioja.

Pero es en el Impuesto sobre el Patrimonio donde la comparación con el resto de las autonomías es absolutamente disparatada. La Comunidad de Madrid tiene bonificado este impuesto en un 100%, es decir, no se paga nada. Una decisión de política fiscal que ha tenido efectos en la recaudación de toda España. Los asesores fiscales apuntan en su Panorama de Fiscalidad que "este tributo llegó a recaudar en 2008 cerca de 2.360 millones de euros, mientras que en 2017 recauda 1.267 millones de euros, lo que se explica por el mínimo exento de 700.000 euros que se aplica por defecto, por la exención de la vivienda hasta la cuantía de 300.000 euros por contribuyente –ambas medidas empezaron a aplicarse en 2012– o porque la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%".  

Las diferencias que hay que pagar por el Impuesto de Patrimonio entre Comunidades autónomas son abismales. Así, en el ejercicio que han hecho los asesores fiscales, para contribuyentes con patrimonios de 800.000 euros, sin discapacidad y sin tener en cuenta en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, en la Comunidad de Madrid no pagará nada mientras que en Aragón tendrá que ingresar en Hacienda 1.164,37 euros, en la Comunidad Valenciana, 539,44 euros, y en Castilla y León, 200 euros.

Donde se nota la merma de ingresos para la Comunidad de Madrid es para los patrimonios aún mayores. Un contribuyente con 4 millones de euros de patrimonio (las mismas características anteriores) paga con este impuesto 59.919,56 euros en Extremadura, 36.546,37 euros en Galicia, 22.400 euros en Bizkaia o 9.136 euros en La Rioja. En Madrid, cero euros.

Para un ciudadano que declare 15 millones de euros de patrimonio, tendría que pagar este año al fisco por el impuesto de patrimonio cantidades que van desde los 418.155 euros de Extremadura a 331.444 euros en Andalucía o 68.442,6 euros en La Rioja. En Madrid no pagaría absolutamente nada.

De esta manera, es fácil entender que los millonarios se hayan ahorrado casi 6.000 millones de euros a no pagar nada por este impuesto en la Comunidad de Madrid desde 2011, momento en el que el gobierno regional madrileño aprobó la bonificación total. También queda patente cómo el crecimiento del importe bonificado desde ese año, con 534 millones, hasta los más de 900 millones en 2018 deja patente el efecto tractor de contribuyentes más ricos.

Es difícilmente entendible la crítica de la patronal CEOE al Impuesto del Patrimonio, que llegó a definir como "especialmente contraproducente", por los "significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad". Aunque la realidad es que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 6.000 millones desde 2011 y no hay ninguna prueba que esos 6.000 millones se hayan dedicado a inversión o actividad alguna.

 Pero, además, la bonificación hace que en la Comunidad de Madrid "habrá personas que, aun superando el mínimo exento de 700.000 euros, no presentarán la declaración al no estar obligadas. El patrimonio medio de los declarantes madrileños es muy elevado, alcanzando los 9.675.043 euros, muy por encima de la media de declarantes españoles, cuyo patrimonio asciende a 3.305.039 euros".

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones todas las Comunidades Autónomas se lanzaron a una carrera intensa por rebajar este impuesto. Debido a esta rebaja, la Hacienda española dejó de ingresar 5.031 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En la competición por la reducción de esta carga impositiva Madrid es la Comunidad que más ha bonificado el impuesto, siendo la autonomía que más recaudación pierde. De esta manera, la región madrileña suma el 50% del dinero que se tendría que haber recaudado con el Impuesto de Sucesiones, ya que ha dejado de recaudar 2.663 millones este año. Muy lejos de los 855 millones de Catalunya, 396 millones de Andalucía o 313 millones de la Comunidad Valenciana.

Siguiendo la simulación que hacen los asesores fiscales, si una persona de 30 años y sin discapacidad recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico, tiene como cuota líquida de impuesto de Sucesiones 2.000 euros en la Comunidad de Madrid, similar a Andalucía o Murcia, pero por debajo de los 12.000 euros de las provincias vascas, 56.000 euros en Catalunya o Galicia o los 200.122,67 euros, en Extremadura y Castilla y León. Hay que subrayar que el tipo es idéntico en la Comunidad de Madrid que en las dos regiones donde más se paga, pero las bonificaciones en la autonomía donde gobierna Isabel Díaz Ayuso es del 99%.

Igualdad entre los españoles

En la carrera desbocada de Ayuso por erigirse como el referente de la oposición, pasando incluso por encima del líder del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña ha tumbado unos de los principales argumentarios utilizados por los populares como es la defensa de la igualdad territorial de todos los españoles. En este caso, Ayuso reivindica la desigualdad entre Comunidades Autónomas y llega a lanzar duras acusaciones contra los ciudadanos al asegurar que en España "hay dos tipos de personas, los que tiran del carro y los que viven de otros".

Con argumentos similares se ha posicionado la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM) y el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, en un informe financiado por la Comunidad de Madrid. La patronal señala que "una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional".

Como curiosidad, mientras que la CEOE y su laboratorio de ideas han exigido reiteradamente la unidad de mercado de las autonomías como elemento fundamental para impulsar la competitividad de las empresas, en el caso de la armonización fiscal, la patronal puntualiza las bondades de la corresponsabilidad fiscal como "forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías". En el informe La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional, la organización empresarial insiste en que las Comunidades Autónomas "deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal", que es "una palanca de mejora de eficiencia del sector público".

Sin embargo, en el informe del IVIE se destaca como "Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria".

Estos investigadores no tienen duda en asegurar que "la consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un bajo nivel de gasto per cápita, que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes. Para los primeros, cuyos ingresos son altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los utilizan, los beneficios de las rebajas fiscales son menores y sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más bajo".  

Ventaja competitiva y robo de contribuyentes

La patronal, al igual que Ayuso, defiende que "Madrid es, junto al País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea", sin embargo los investigadores del IVIE ponen en duda que esta ventaja competitiva que achacan a la capitalidad: "propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas".

Además, recuerdan que "las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente: las bases imponibles que esta atrae reducen los ingresos de aquellas. Como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de aquellos en los que puede apoyarse la progresividad en las comunidades de origen".  

"Durante los últimos 10 años Madrid ha conseguido aumentar su número de contribuyentes en más de 100.000 personas provenientes de otras Comunidades españolas. Esto sucede pese a que los ingresos y gastos por habitante de Madrid no son elevados porque renuncia con sus reducciones impositivas a los mayores ingresos que se derivan de sus mayores bases imponibles", recuerdan los investigadores del instituto valenciano.

Según estos investigadores "la Comunidad de Madrid ha seguido una política basada en una combinación de ingresos y gastos bajos que responde a la Hipótesis de Tiebout, según la cual la estrategia fiscal tiene capacidad de incidir en las decisiones de los contribuyentes sobre dónde se domicilian".

Teniendo en cuenta las estadísticas que presenta la Agencia Tributaria sobre Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, Madrid habría ganado más de 103.035 contribuyentes en el IRPF entre 2009 y 2018, desde que decidió establecer importantes beneficios fiscales en sus impuestos personales, con el punto de inflexión que fue la aplicación de la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a partir de 2011.

Los cálculos de los investigadores del IVIE señalan que "si el grupo que supera los 60.000 euros de renta, ese 7% de contribuyentes concentraría el 93% de los -4.163 millones de euros de beneficios fiscales de estos tres impuestos. Esto significaría una minoración media de las cuotas líquidas de estos contribuyentes cercana a los -16.200 euros anuales, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal".

En el informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales, de Fedea, se describe cómo entre 2006 y 2012 el 59,3% de las migraciones del 1% con mayor renta tiene como destino Madrid."                      (Raúl Sánchez, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 25/11/20)

La armonización fiscal no es un invento: los expertos a los que recurrió Rajoy en 2017 también la pedían

 "Aunque parezca nuevo por la pasión con la que sus defensores y detractores hablan estos días de la "armonización fiscal" entre comunidades autónomas, este debate es recurrente en la política española. 

No se lo ha inventado, pues, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, como condición para unir los 13 escaños de su formación al bloque parlamentario a favor de dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

 Al Partido Popular, sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el debate no le pilla de nuevas por mucho que su reacción haya sido la de advertir de que si se tocan "los bolsillos" de los madrileños para pagar "la corruptela al independentismo" ella se erigirá en la "peor pesadilla" de sus ejecutores.

 Evidentemente, respondía a Rufián, que había vendido como logro arañado al Gobierno en las negociaciones el que la Comunidad de Madrid deje de ser "un paraíso fiscal". En esta región existe una bonificación del 100% del impuesto sobre el Patrimonio.

A Ayuso, y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, les sonará este debate porque no hace mucho tiempo, con un Gobierno liderado por sus siglas y comandado por Mariano Rajoy se encargaba un informe a un grupo de expertos que, sobre la base de estudio de una reforma del sistema de financiación autonómica, concluía, entre otras cuestiones, que "sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente [a las comunidades]". 

La recomendación era hacerlo "restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota" y, al mismo tiempo, estudiando "la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales". Son extractos literales del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, que lleva fecha de julio de 2017, hace solo tres años y cinco meses. El ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, cuyos impuestos viven ahora sus últimos días.

La creación de este grupo de expertos fue uno de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró en el Senado el 17 de enero de 2017. Integrada por personas propuestas por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, recibió luz verde vía acuerdo en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017.

Tensa conferencia de presidentes

La Conferencia de Presidentes que dio pie a la creación de este grupo de expertos que trasladó a un Gobierno del Partido Popular la necesidad de la armonización fiscal había estado marcada precisamente por las críticas de los barones socialistas al régimen fiscal de la Comunidad de Madrid. Por aquellas fechas era Cristina Cifuentes la que estaba al frente del Ejecutivo regional.

Abanderó el debate la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) mientras Cifuentes se encastillaba en el "No tengo ninguna intención de subir los impuestos a los madrileños". Tres reducciones de impuestos desde 2007 habían convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: la tarifa autonómica del IRPF más baja, bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y sin gravar el Patrimonio. Un caso de competencia desleal de libro, se quejaban los presidentes socialistas, que, entre otras cuestiones, abogaban por un tope máximo y un tope mínimo en estos impuestos cedidos a las comunidades.

Las demandas de Susana Díaz habían venido precedidas de la advertencia de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de que su presidenta iba a exigir acabar con el dumping fiscal entre comunidades. Montero hoy es la ministra de Hacienda del Gobierno de España. Comunidades también gobernadas por el PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha salieron después a respaldar la tesis de Susana Díaz, llegando incluso a hablar de que Madrid "es un paraíso fiscal" en España. 

No es pues Rufián quien se refiere por primera vez al régimen tributario de la Comunidad de Madrid recurriendo a expresiones como "dumping fiscal" o "paraíso fiscal".

En el citado informe de los expertos se destacaba que "un problema adicional en relación con los tributos cedidos totalmente [a las comunidades autónomas] ha sido la falta de atención por parte del Estado a la actualización de su normativa, que en algunos casos se remonta a hace más de treinta años".

Los ejes del acuerdo

Este jueves, desde ERC hicieron públicos los ejes del Acuerdo Gobierno-ERC para el voto favorable del Grupo Republicano a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Concretamente, el tema que afecta a la Comunidad de Madrid es el punto 9, el que se refiere a la "reforma del Impuesto sobre el Patrimonio". "El Impuesto sobre el Patrimonio debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario, contribuyendo a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes. La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual. El establecimiento de límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo puede evitar situaciones de competencia fiscal a la baja. Por ello, se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo para analizar la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio", puede leerse en el texto facilitado por la formación republicana.

Otro de los puntos aboga por la creación de "un comité de personas expertas para establecer las bases para una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice y aumente la eficiencia del sistema tributario del Estado".

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre aseguran que no manejan un plazo aproximado para este punto. Mantienen que todavía es demasiado pronto para fijar un calendario y defienden que esta cuestión de la armonización fiscal no ha ir obligatoriamente de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque este no es un escenario descartable. El acuerdo no se articulará en los Presupuestos que Sánchez quiere tener aprobados antes de fin de año y para los que ya cuenta con una mayoría sobradísima, por encima de la absoluta.

Sánchez pide a Ayuso que hable "con dirigentes del PP"

Hace unas semanas, en un acto público en la Comunitad Valenciana, el president Ximo Puig exigió la "armonización fiscal", que se acabase con los "paraísos fiscales", el "dumping fiscal" y el "efecto capitalidad" de Madrid. Y el presidente recogió el guante. "Me parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal".

La resaca del 'sí' de Rufián a los Presupuestos y el enfado, sobre todo en Madrid, pilló al presidente del Gobierno en Palma, en la XIX Cumbre hispano-italiana. Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior, Sánchez abogó por la "armonización fiscal" para acabar con la desigualdad entre territorios y advirtió a Ayuso de que hasta dentro del PP hay quienes están de acuerdo con eso. 

"Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan", subrayó. "Si hablan con dirigentes del PP les dirán que hay que resolver el problema de armonización fiscal", recalcó.

En 2017, el gallego Alberto Núñez-Feijóo se mostró partidario de una horquilla "de máximos y mínimos" en impuestos. En una entrevista concedida a la cadena Ser, el dirigente conservador dijo ser partidario de la autonomía fiscal de las comunidades pero no vio con malos ojos que se marcasen unos límites.

También recordó el presidente del Gobierno el citado informe con las recomendaciones de los expertos de la etapa de Rajoy.

La dirección nacional del PP va a dar la batalla en este campo para respaldar las posiciones de Ayuso, según ha podido saber este diario en fuentes de la sede nacional de la calle Génova.

Pero no sólo hay críticas desde la derecha. Desde la izquierda, el diputado de Más País Íñigo Errejón aseguró que ERC se equivoca en el planteamiento de supeditar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, dado que así "le hace el juego" a Ayuso y supone también "un flaco favor al Madrid progresista".              (Yolanda González, InfoLibre, 26/11/20)

Errejón: Madrid no hace dumping fiscal. Lo hacen los millonarios empadronados en Madrid. Así daña el PP a toda España pero sobre todo a los madrileños y a sus servicios públicos mermados. ERC se equivoca en el planteamiento, le hace un regalo a Ayuso y un flaco favor al Madrid progresista

Íñigo Errejón @ierrejon

Madrid no hace dumping fiscal. Lo hacen los millonarios empadronados en Madrid. Así daña el PP a toda España pero sobre todo a los madrileños y a sus servicios públicos mermados. ERC se equivoca en el planteamiento, le hace un regalo a Ayuso y un flaco favor al Madrid progresista

5:04 p. m. · 25 nov. 2020
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Dumping fiscal vasco, dumping fiscal navarro, dumping fiscal madrileño... y ahora, dumping fiscal para Rufián... ERC cuestiona a Madrid pero no a Euskadi

 "ERC ha anunciado un “preacuerdo” con el Gobierno español para apoyar los Presupuestos y el portavoz de la formación en Madrid, Gabriel Rufián, ha resumido en cuatro logros las cesiones arrancadas en la negociación.

El preacuerdo establece el "fin del control financiero a la Generalitat existente desde el 2015", la "prórroga de la moratoria para autónomos hasta marzo del 2021", la "liquidación de la deuda en Becas desde el 2005" y la "creación grupo de trabajo para poner fin al dumping fiscal en Madrid".

Este último punto prevé crear un comité bilateral para el estudio de una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Y ahí se incluye un grupo de trabajo sobre el impuesto más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid ya ha reaccionado a este acuerdo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado que "es una vergüenza que un pacto entre socialistas e independentistas pretenda subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños".

"Si los socialistas y los independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, como Sucesiones o como Patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente, directamente, a los madrileños", ha sentenciado."                      (e-notícies, 25/11/20)

 

"El vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonés, en rueda de prensa, ha justificado el acuerdo de los Presupuestos con el Gobierno español para ”acabar con el dumping fiscal" al considerar que Madrid hace "competencia desleal" desde el punto de vista fiscal .

En cambio, ha evitado referirse a los casos de las comunidades de Navarra y Euskadi y se ha limitado a decir que "Euskadi y Navarra tienen un sistema diferente, porque ellos recaudan, están fuera del sistema de financiación".

"Lo que es discriminatorio es que nosotros nos pongan dentro del grupo de financiación, pero que haya una situación de ventaja para territorios como la comunidad de Madrid. Euskadi y Navarra es otro ámbito", ha asegurado.

Aragonès ha denunciado que la capital del Estado se beneficia de "la localización de la mayor parte de los funcionarios, del sector regulado del Ibex-35". "Se han acabado los privilegios. Si nos quieren dentro, sin privilegios", ha añadido.

El dirigente de ERC ha dicho que "impulsaremos que termine la competencia desleal en el impuesto de patrimonio para romper esta dinámica diabólica". "Como no tenemos los recursos que nos corresponden, como no los tenemos tomamos medidas fiscales y se benefician compitiendo deslealmente en materia fiscal", ha criticado.

Finalmente, Pere Aragonés ha dicho que "nuestro modelo es totalmente opuesto al modelo neoliberal, nacionalista español y centralista del PP y de la señora Ayuso". "Estamos en las antípodas y seguiremos trabajando para revertir esta situación", ha concluido."                (e-notícies, 25/11/20)

El principal motivo de las elites que se encuentran al frente de los procesos nacionalistas en los territorios prósperos (por ejemplo, Baviera, Lombardía, País Vasco, Cataluña)...“es el rechazo a la política presupuestaria y fiscal del Estado, que transfiere recursos entre los ciudadanos, pero también entre las regiones”

 "No es una idea propia; solo los matices y adornos son míos. Tomo pie en el último libro de Juan Francisco Martín Seco (JFMS a partir de ahora) publicado por El Viejo Topo (véase la segunda sugerencia). De él es la pregunta, una pregunta incómoda e interesante en mi opinión.  (...) 

La unidad política implica, entre otras cosas, que todos los ciudadanos/as tienen (deberían tener) los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su lugar de residencia, y que, por lo tanto, pueden moverse con libertad (a veces son empujados: por el pobreza por ejemplo) por el territorio nacional y buscar, dicho de un modo muy tradicional, un puesto de trabajo allí donde haya oferta… si la hubiera y sin entrar ahora en qué condiciones.

La unión fiscal, como consecuencia de la unión política y de la actuación del Estado (que presuponemos social y de derecho), a nivel personal (la idea básica tantas veces incumplida: el que más tiene, más paga y menos recibe), realiza o debe realizar también una función redistributiva a nivel regional, una redistribución que compensa en parte los desequilibrios creados por el mercado que, por supuesto y cuenten lo que cuenten los cuentistas, no es un máquina generadora de armonía, equilibrio e igualdad. De eso nada, lo contrario es verdadero.

La Unión Monetaria [UM] europea, nos recuerda JFMS, ha roto este equilibrio creando una unidad comercial y monetaria pero sin que se produzca, ni se busque por el momento más allá del parole, parole y parole, la unidad fiscal y política. Se genera así, como tantas voces críticas han denunciado (entre muchos otros, Piketty y Stiglitz por ejemplo, y el propio JFMS), una situación económica anómala que beneficia a los países ricos y perjudica gravemente a los más débiles: la unidad de mercados y la igualdad de tipos de cambios traslada recursos de los segundos (los debilitados) a los primeros (los enriquecidos) “sin que esta transferencia sea compensada por otra en sentido contrario, mediante un presupuesto comunitario de cuantía significativa.” El actual, salvo error por mi parte, ronda el 1,1% de la suma de los PIB de los países que componen la UE.

Para JFMS (y es razonable estar de acuerdo con él) esta situación anómala de la UM es la misma que ansían los soberanistas-nacionalistas-secesionistas surgidos en las regiones ricas. No se niega, JFMS no lo hace, que tras el nacionalismo puedan hallarse en ocasiones pulsiones, sentimientos, emociones, afectos, recuerdos que pueden ser totalmente lícitos.

Pero cuando se trata de países occidentales y de territorios prósperos (por ejemplo, Baviera, Lombardía, País Vasco, Cataluña), el principal motivo, al menos de las elites que se encuentran al frente de los procesos nacionalistas, “es el rechazo a la política presupuestaria y fiscal del Estado, que transfiere recursos entre los ciudadanos, pero también entre las regiones”.

Recordemos, nos recuerda el ex dirigente de IU, que la deriva secesionista de la antigua CDC se inició con el órdago acerca del pacto fiscal que Mas dirigió al presidente de Gobierno Rajoy y la negativa de este último a romper la unidad fiscal y presupuestaria de España (rota ya en parte por el concierto vasco y la situación fiscal de Navarra). Recordemos también que el “España nos roba” o “Primero Cataluña, después Cataluña, y por último Cataluña ” han sido y son lemas centrales del nacional-secesionismo .Cat.

Resulta ya evidente aunque pueda ser considerado paradójico, sostiene JFMS, que la UM, lejos de constituirse en un instrumento de integración y convergencia, se haya convertido en “un mecanismo de desunión y enfrentamiento, incrementando la desigualdad entre los países [2]. Pero es que, además (asunto más que importante), comienza a vislumbrarse (con más obviedad cada día que pasa) que propicia también las fuerzas centrífugas dentro de los Estados entre las regiones ricas y las pobres.

Las clases hegemónicas (y los grupos mesocráticos) de Cataluña o Italia del Norte pueden preguntarse, se preguntan de hecho, por qué tienen que financiar o “ayudar” a Andalucía, Extremadura o a la Italia del Sur (a cuyos ciudadanos-trabajadores suelen descalificar o insultar como coartada ideológica: gente perezosa, poco preparada, juerguistas, irresponsables, seres a medio hacer,,…) si Alemania u Holanda, por ejemplo, no lo hacen, obteniendo beneficios similares o mayores de la unión mercantil, monetaria y financiera.

Lo más contradictorio, prosigue JFMS, entre los que dicen ser nacionalistas de izquierdas, o de los que desde la izquierda coquetean con el nacionalismo (IU, Podemos, PCE), es su defensa en el ámbito nacional de lo que critican a la UE: la carencia de una visión fiscal y política. La izquierda que se opuso al Tratado de Maastricht, el caso de IU por ejemplo, fundamentaba su rechazo en los desastres que se derivarían de una moneda única sin integración fiscal y política. 

La izquierda inconsciente o acomodaticia, el caso del PSOE (también sectores “renovadores” de IU), basó su “sí crítico” en la esperanza (así lo dijeron) un tanto ingenua (¿era ingenuidad?) de que con el tiempo tal convergencia se produciría. En ambos casos censuraban la ausencia en Europa de un presupuesto comunitario de cuantía similar al que mantenían los Estados, un presupuesto capaz de corregir los desequilibrios que el euro y el mercado único iban a producir inexorablemente entre los países.

La pregunta incómoda, sustantiva: ¿cómo se entiende que aquello que se exige razonablemente y por justicia a Europa, a la UE, se desee destruir en España o en Italia? ¿Es consistente defender una UE solidaria y responsable y una Cataluña desigual (que tiene el dudoso honor de estar a la cola en gasto social y al frente en pobreza infantil), insolidaria e irresponsable?

Adenda: Una respuesta nacional-secesionista a la pregunta podría adquirir la siguiente forma: aparte de algún trasnochado racionalista ilustrado (fraternidad, libertad, igualdad) y alguna pueril alma ingenua, ¿a quién le importan, dirían, las contradicciones e inconsistencias? Lo que importa realmente es el programa de la hora, una hora nunca interrumpida, el “Todo por la Patria”, en el bien entendido que Patria refiere a Cataluña o a la construcción “Países Catalanes”. ¿A quién en su sano juicio, dirían, le puede importar un higo la situación de las clases trabajadoras de Extremadura, Galicia, Cantabria o Andalucía? ¡Que se lo monten como puedan! ¡Allá ellos, no somos sus papás ni sus mamás! Nosotros a lo nuestro: Cataluña first, Cataluña über alles."                (Salvador López Arnal, Rebelión, 10/10/20)

Piketty: el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural... ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo?

"Creo que he citado ya dos veces en estas páginas a Thomas Piketty. Es un autor que encuentro interesante porque, se compartan o no sus juicios de valor, puede resultar de gran utilidad la extensa información que maneja y pone a disposición del público. Es una lástima que apenas cite a España y, en contraste con otros países, no se refiera a ella de forma específica y determinada. Por eso me parece tan relevante la excepción, las paginas (1.090-1.094) que dedica en su última obra, “Capital e ideología”, a Europa, España y Cataluña, tanto más en cuanto que se acaba de celebrar la Diada.

Me van a permitir que esta semana haga simplemente de transmisor de sus opiniones, ya que coincido con ellas y las considero de interés para los lectores, principalmente para aquellos que se sienten de izquierdas, y que tal vez estén predispuestos a aceptar de mejor grado sus palabras que las mías, aunque sea simplemente por el hecho de no ser español. Comienza Piketty manifestando que de todas las encuestas se deduce el hecho de que el independentismo en Cataluña no es transversal. Los partidarios de la secesión se incrementan a medida que aumentan sus ingresos y su nivel cultural.

Según el autor, esta tendencia no tiene por qué aparecer como discordante con la que se presenta en la mayoría de los países europeos en los que la adhesión a la integración europea está en correlación positiva con el nivel de renta y son principalmente las clases modestas las que rechazan en mayor medida la Unión. Y añade Piketty que la razón de esta aparente contradicción es que las clases acomodadas que apoyan la independencia catalana no tienen ningún interés en abandonar Europa. Quieren que Cataluña permanezca en la UE, pero como Estado independiente, de manera que pueda seguir sacando partido de la integración comercial y financiera, conservando, sin embargo, sus propios ingresos fiscales.

No obstante, ya es hora de que a partir de aquí reproduzcamos literalmente las palabras de Piketty:

“No se trata de reducir por entero el nacionalismo catalán a una motivación fiscal. Los factores propiamente culturales y lingüísticos tienen su importancia, así como la memoria histórica del franquismo y lo brusco del poder centralizador madrileño. Pero la autonomía fiscal desempeña un papel central en el caso catalán. Sobre todo, tratándose de una región notablemente más rica que la media española. Es natural pensar que los contribuyentes más acomodados se sientan especialmente exasperados por la idea de que sus impuestos en parte se van a otras regiones. Al contrario, las categorías modestas y medias son por el contrario un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social.

Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…

En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE. UU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)

En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en si misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España hay ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos.

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión calamitosa de la crisis de la zona del euro, sobre todo en perjuicio de España, desde hace décadas, la Unión Europea promueve un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, todo sin obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar hacer de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? De hecho, para muchos independentistas catalanes el proyecto es este, constituyéndose en estado independiente podrán conservar la totalidad ingresos generados en el territorio para desarrollar Cataluña y, si es necesario, reducir los impuestos a los actores económicos que gozan de mayor movilidad para así atraer inversiones a la región-estado (lo que resultaría tanto más fácil cuanto que se habría desembarazado de la solidaridad con el resto de España).

No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas.

No digo que el movimiento nacionalista e independentista desapareciera inmediatamente en un sistema así ni que debería desaparecer. Pero se debilitaría mucho y, sobre todo, estaría centrado en las cuestiones culturales, lingüísticas y escolares, que son importantes y complejas, en lugar de centrarse en las cuestiones fiscales y en el enredo de cuentas entre regiones. La crisis catalana, tal como está estructurada, se nos presenta como el síntoma de una Europa que descansa sobre una competitividad generalizada entre territorios y sobre una ausencia absoluta de solidaridad fiscal, que siempre contribuye a acrecentar la lógica del “cada uno por su cuenta”. Constituye otro caso más de la estrecha relación entre el sistema político y las desigualdades entre las fronteras el régimen de propiedad.”

(Juan Francisco Martín Seco, República, 17/09/20)

El País Vasco continúa disfrutando de los beneficios del concierto... un sistema privilegiado de financiación de administraciones territoriales que resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española

"Los problemas sanitarios del coronavirus han hecho pasar desapercibida una noticia muy importante en relación con la aplicación del concierto fiscal con el País Vasco.

La semana pasada el Gobierno de la nación y los representantes del Gobierno vasco celebraron un acuerdo en el que se fijaron las cuantías definitivas del cupo que han de transferir los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya al País Vasco para que éste proceda, a su vez, a compensar al Estado español por los servicios que presta éste y del que se benefician parcialmente los ciudadanos de los territorios forales. 

Concretamente, el cupo final resultante ha sido de 1.214,2 millones de euros en 2017 y de 1.341,14 millones de euros en 2018.

 En relación con el año 2019 se ha fijado un cupo provisional de 1.353 millones de euros. Esto supone un crecimiento de 11,47% en tres años. También supone que cada uno de los ciudadanos del País Vasco que en 2018 sumaban 2.171.000 aporta la cantidad de 617,75 euros por todos los conceptos al Estado español.

El reparto de las aportaciones entre Diputaciones forales se hace en función de los siguientes porcentajes: Vizcaya, 50,37%; Guipúzcoa, 33,19%, y Álava, 16,44%.

Sin embargo, el País Vasco no solo recibe servicios comunes del Estado como el de justicia, asuntos exteriores o ejército sino que recibe también prestaciones y subvenciones directas para determinados programas de gasto propios. Así, en 2018 el País Vasco recibió transferencias del sector público estatal para operaciones de capital de más de 161 millones de euros. 

Además, se ha llegado un acuerdo sobre la transferencia proveniente del Estado español correspondiente a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y formación profesional por importe de 131 millones de euros en 2017, de 181,4 millones de euros en 2018 y de 276,4 millones de euros en 2019.

Los sistemas de convenio con Navarra y de concierto con el País Vasco son ejemplo de un sistema privilegiado de financiación de administraciones territoriales que, una vez más, resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española.

(José María Tovillas Morán. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona. El Catalán.es, 16/03/20)