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26/10/23

El peligro de la secesión de los ricos... Se está discutiendo en el Senado un proyecto de ley que allanaría el camino para conceder poderes y recursos financieros mucho más importantes a las Regiones que soliciten una autonomía diferenciada. Esto pondría en peligro la unidad de Italia y constituiría una "secesión de los ricos", empezando por la asistencia sanitaria... La palabra "secesión" se utiliza para recordar una separación que, aunque no sea de derecho, sí lo sería de hecho. Las Regiones con mayor autonomía se configurarían de hecho como Regiones Estatales, aunque formalmente todavía dentro del marco nacional. Disfrutarían de poderes muy amplios y de los recursos para ejercerlos, aunque de diferentes maneras. Al mismo tiempo, se produciría un debilitamiento de la capacidad del gobierno y del Parlamento italianos para abordar cuestiones vitales con las políticas públicas que se consideren más apropiadas... el proceso está impulsado por el deseo de los administradores de estas comunidades de poder disponer de una parte de los ingresos por impuestos pagados en sus Regiones superior a lo que gasta actualmente el Estado. en sus territorios. Recursos que, según la Constitución, deben utilizarse para proporcionar servicios públicos esenciales y, por tanto, garantizar los derechos de ciudadanía, a todos los italianos, independientemente de dónde vivan... El caso español resulta de especial interés, muestra los importantes riesgos de conflicto asociados con estas asimetrías... sin embargo, también hay ejemplos positivos: es el caso de la Lep relativa a las escuelas infantiles, fijada en 2022 y acompañada de financiación adicional para permitir que todos los municipios la apliquen. Un evento que muestra cómo una decidida voluntad política y un cuidado diseño técnico son necesarios para avanzar hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos

 "¿Cuáles son el marco y las perspectivas del regionalismo italiano y, más en general, del estado de la descentralización política y administrativa en nuestro país? Ésta es una cuestión importante que concierne al poder y los derechos de los ciudadanos en Italia: los niveles de gobierno que tienen la mayor posibilidad, debido a sus habilidades y recursos económicos, de tomar las decisiones más importantes sobre las principales políticas públicas; y cómo y en qué medida, dependiendo de la organización del poder, se pueden garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en los distintos territorios del país. 

Cuestiones de gran importancia política, que influyen tanto en los principios de igualdad de derechos ciudadanos de los italianos como en el funcionamiento de algunos grandes servicios públicos nacionales, empezando por las escuelas. La cuestión se analiza en mi volumen Contra la secesión de los ricos, cuyas tesis básicas son dos.  

La primera es que el gran proceso de descentralización de poderes, en particular en favor de las Regiones - iniciado en Italia en los años 1990 y fuertemente consolidado por la reforma constitucional de 2001 - ha resultado en un marco muy insatisfactorio, lleno de conflictos y problemas, lo que merece ciertamente una acción paciente e incisiva de mejora y reforma, sin desviaciones excesivas en direcciones opuestas de mayor centralización o mayor descentralización de poderes. 

 La segunda tesis es que el debate político de los últimos años no apunta a resolver estos problemas, sino a crear otros nuevos y graves. Se centra en las solicitudes de descentralización asimétrica y mayores facultades y recursos, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 116 de la Constitución.

 El regionalismo diferenciado, ya que las solicitudes fueron formuladas concretamente primero por tres regiones y luego por otras, es un proceso que debe evitarse porque empeoraría la situación general, concentraría demasiado poder en manos de unos pocos presidentes regionales y haría aún más difícil garantizar los derechos civiles y sociales de todos los ciudadanos. Por lo tanto, tendría consecuencias negativas para todo el país y sus ciudadanos, incluidos, en muchos sentidos, aquellos de las mismas regiones que desean nuevas habilidades. De hecho, no se trata de descentralización, sino de una sustancial "secesión de los ricos".

 "Secesión de los ricos" define el proceso que comenzaría con la concesión de nuevos poderes solicitados a las Regiones. La palabra "secesión" se utiliza para recordar una separación que, aunque no sea de derecho, sí lo sería de hecho. Las Regiones con mayor autonomía se configurarían de hecho como Regiones Estatales, aunque formalmente todavía dentro del marco nacional. Disfrutarían de poderes muy amplios y de los recursos para ejercerlos, aunque de diferentes maneras. Al mismo tiempo, se produciría un debilitamiento de la capacidad del gobierno y del Parlamento italianos para abordar cuestiones vitales con las políticas públicas que se consideren más apropiadas. Se quedarían con sobras de habilidades a cambio de sobras de territorios: Italia se convertiría en un país arlequín, confuso e ineficiente.

 La secesión pertenece a los ricos en dos sentidos. En sentido geográfico, porque los nuevos Estados-Región incluirían inicialmente a los más ricos, que han iniciado el proceso, con una ruptura respecto al resto del país. Es fácil responder a la objeción de que las disparidades territoriales ya son importantes hoy: son un hecho que, según la Constitución, estamos tratando de contrarrestar; con autonomía regional diferenciada se convertirían en disparidades previstas por las normas. Lo es en un sentido económico-social, ya que el proceso está impulsado por el deseo de los administradores de estas comunidades de poder disponer de una parte de los ingresos por impuestos pagados en sus Regiones superior a lo que gasta actualmente el Estado. en sus territorios. Recursos que, según la Constitución, deben utilizarse para proporcionar servicios públicos esenciales y, por tanto, garantizar los derechos de ciudadanía, a todos los italianos, independientemente de dónde vivan. En Italia existe una especie de ius domicilii, que vincula el derecho a la residencia.

 Para argumentar estas conclusiones, en primer lugar es útil una comparación internacional: la realidad de los países europeos es profundamente diferente. En las últimas décadas, el grado de descentralización ha aumentado en general, aunque sigue presentando grandes diferencias entre países como Alemania y España, por un lado, y Francia, por el otro. No es posible identificar un nivel óptimo de transferencia de poder del Estado nacional a las regiones y autoridades locales: existen, en teoría y en la experiencia internacional, ventajas y desventajas que deben tenerse cuidadosamente en cuenta. Luego hay experiencias de descentralización asimétrica, es decir, de diferentes competencias atribuidas a órganos del mismo nivel de gobierno, y éstas también van en aumento. Sin embargo, se refieren principalmente al gobierno de las ciudades y no a las regiones.

 El caso español resulta de especial interés, sobre todo porque en ese país existe una descentralización asimétrica de las competencias y mecanismos financieros de las comunidades autónomas (similar a las regiones italianas); pero precisamente los acontecimientos españoles del siglo XXI muestran los importantes riesgos de conflicto asociados con estas asimetrías. Europa ha visto secesiones reales, pero actualmente, en los países miembros de la UE, las dinámicas que pueden conducir a "secesiones de facto" mediante las cuales la unidad nacional se modifica sustancialmente, aunque no formalmente, son mucho más interesantes.

 En Italia, el papel de las autoridades locales y en particular de las regiones ha crecido fuertemente después de la reforma constitucional de 2001. Pero la estructura resultante es en gran medida insatisfactoria. El marco de poder es confuso y conflictivo; En los primeros veinte años del siglo, el nivel de gobierno nacional se debilitó y el papel de las regiones y sus presidentes aumentó considerablemente, con actitudes de "soberanía regional" encaminadas a aumentar su poder y su capacidad para intermediar recursos públicos. Las provincias y las áreas metropolitanas se encuentran en una situación de gran incertidumbre, mientras que los municipios, históricamente el centro del gobierno local en Italia y los más cercanos a los ciudadanos, se ven aplastados por la falta de recursos y el control que las Regiones ejercen sobre ellos. Además, las autonomías especiales existentes provocan desigualdades significativas e injustificadas. En este marco, los ciudadanos no tienen la oportunidad de conocer y juzgar lo que hacen sus administradores, y el nivel central no interviene para garantizar sus derechos, como es evidente en el caso de la salud. Sin embargo, a finales de los años 20, la pandemia de Covid mostró trágicamente los costes de esta situación, y la iniciativa de política económica más importante, el Pnrr, vio una fuerte centralización del poder en el ejecutivo nacional.

 Los aspectos económicos de la actual descentralización italiana están definidos por la ley 42 de 2009 - cuyo objetivo es aplicar los nuevos artículos de la Constitución relativos a la financiación de las regiones y de los entes locales -, incluidas las piedras angulares de todo el mecanismo: los niveles esenciales de rendimiento , es decir, el núcleo de los derechos sociales y civiles que deben definirse y garantizarse a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional; y fondos de equiparación, destinados a determinar la igualdad en el financiamiento de entidades administrativas que operan en territorios con distinta riqueza. Pero la ley ha avanzado muy poco. Casi ninguna en el caso de las Regiones, incluso considerando que la financiación de su principal partida presupuestaria, la asistencia sanitaria, no tiene en cuenta las necesidades sanitarias de la población: en la asistencia sanitaria los niveles esenciales de asistencia existen desde hace mucho tiempo, pero ya no existen. irrelevante para determinar las necesidades y el financiamiento. En cuanto a los municipios, sin embargo, la ley 42 se ha aplicado ampliamente, también gracias a un importante esfuerzo técnico. Pero durante mucho tiempo de forma distorsionada: en ausencia de la Lep, las necesidades estaban relacionadas con el gasto histórico; El fondo municipal de solidaridad avanza muy lentamente y no debería estar en pleno funcionamiento hasta treinta años después de la reforma constitucional. En este contexto, sin embargo, también hay ejemplos positivos: es el caso de la Lep relativa a las escuelas infantiles, fijada en 2022 y acompañada de financiación adicional para permitir que todos los municipios la apliquen. Un evento que muestra cómo una decidida voluntad política y un cuidado diseño técnico son necesarios para avanzar hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos.

 Pero estos temas no están en la agenda política. Predominan los acontecimientos de autonomía diferenciada, que tuvieron su origen en las solicitudes de los consejos regionales de Véneto y Lombardía de adquirir todas las competencias posibles manteniendo una parte de lo que definen como su residuo fiscal en su territorio; y que cobró impulso cuando Emilia-Romaña, liderada por el Partido Demócrata, hizo solicitudes similares. A principios de 2018, el gobierno Gentiloni firmó preacuerdos de contenido muy cuestionable con las tres Regiones. El posterior gobierno de la Liga-Movimiento 5 Estrellas estuvo muy cerca de conceder todos los poderes y privilegios financieros solicitados, pero sólo se vio frenado por una reconsideración de la cuestión por parte del Movimiento 5 Estrellas. Tras haber abandonado las prioridades durante el período Covid, la autonomía regional diferenciada volvió al primer plano en 2022 con el gobierno Meloni, que adoptó una ley marco propuesta por el ministro Calderoli de la Liga Norte para favorecer al máximo las solicitudes regionales.

 ¿Por qué es una secesión de los ricos? Italia se transformaría radicalmente con el nacimiento de Regiones-Estados en su seno. De hecho, gozarían de poderes muy amplios en materias fundamentales, desde la escuela hasta la sanidad, desde las infraestructuras hasta el medio ambiente, pasando por las políticas industriales y en muchos otros ámbitos, como se reconstruye detalladamente en el volumen. El sistema de escuelas públicas italiano, el Servicio Nacional de Salud, la infraestructura unitaria y el sistema energético llegarían a su fin. Todo ello en un contexto de extrema confusión, dado que las competencias requeridas por las Regiones, a las que muy probablemente se sumarán inmediatamente todas las demás con estatuto ordinario, estarían en cualquier caso diferenciadas entre sí. El gobierno central tendría poderes residuales y jurisdicción sobre áreas geográficas. Italia se convertiría en un país arlequín, en el que sería imposible llevar a cabo políticas nacionales fundamentales, incluso en línea con las europeas; y en el que el sistema empresarial encontraría dificultades crecientes debido a la fragmentación legislativa y operativa que podría crearse en muchos mercados, desde la construcción hasta los productos alimentarios.

 La secesión de los ricos también se produciría por aspectos económicos. De hecho, las Regiones solicitantes pretenden obtener condiciones ventajosas completamente similares a las de las autonomías especiales. Véneto y Lombardía siempre han vinculado claramente las solicitudes de autonomía al deseo de retener para sí una parte del llamado "residuo fiscal regional", es decir, una cantidad hipotética igual a la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público que se realizan dentro de sus países. fronteras. Se trata del "dinero del Norte" de la tradición de la Liga Norte: un cálculo engañoso que no tiene en cuenta las disposiciones constitucionales relativas a la progresividad de la recaudación de impuestos y a la universalidad del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos: los residuos fiscales pertenecen a los individuos, no a los territorios. El instrumento para obtenerlo es técnicamente complejo, pero políticamente claro: la fijación de un tipo de reparto de los ingresos de los impuestos nacionales, que permitiría a las Regiones disfrutar de recursos garantizados sin tener que gravar a sus ciudadanos. Recursos que podrían crecer con el tiempo, en detrimento de otros italianos. Y no se sabe nada sobre otros posibles efectos financieros a su favor, por ejemplo relacionados con la libre transferencia de partes de los bienes públicos nacionales. El énfasis comunicativo en la determinación simultánea de los niveles esenciales de rendimiento (Lep) tiene poco valor: aparte de las dificultades técnicas, solucionarlos sin garantizar recursos adicionales muy importantes significa cristalizar las disparidades existentes.

 Los ministros de la Liga Norte a quienes se encomendó la cuestión - primero en el gobierno de Conte I, luego en el gobierno de Meloni - intentaron prever métodos procesales para lograr una autonomía diferenciada, lo más favorable posible para las Regiones. Se basan en la centralidad de la negociación entre los ejecutivos nacional y regional, en la marginación del papel del Parlamento, al que se encomendarían tareas de mero testimonio, en el máximo secreto posible sobre los contenidos específicos de los acuerdos Estado- Regiones , que debe mantenerse cuidadosamente alejado de la atención de la opinión pública, sobre la transferencia de decisiones fundamentales y detalladas a comisiones mixtas, siempre Estados-regiones, con decisiones también protegidas de la intervención del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El proyecto de ley del gobierno que pretende lograr estos resultados se encuentra actualmente (octubre de 2023) en discusión en el Senado.

 Italia necesita un proceso paciente de reescritura de sus estructuras descentralizadas, sin nostalgia centralista ni escapatorias hacia adelante. Deben rechazarse las solicitudes de mayor autonomía presentadas por las regiones de Véneto, Lombardía y Emilia-Romaña; el artículo 117 de la Constitución revisada, el tercer párrafo del artículo 116 eliminado, o al menos transformado radicalmente (como propone una ley de iniciativa popular impulsada por la Coordinación para la Democracia Constitucional, actualmente también en discusión en el Senado). El futuro de Italia en las próximas décadas depende de ello."          (Gianfranco Viesti , Sinistrainrete,  23/10/23; traducción google)

25/10/23

¿Podemos considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? ¿Puede Inglaterra abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas

 "Cada vez que en Gran Bretaña se habla de descentralización, se cita a Alemania como ejemplo de cómo hacerlo bien. En 2004, por ejemplo, Matthew Tempest, de The Guardian, calificó a Alemania como "quizá el ejemplo más avanzado de gobierno descentralizado". Y la semana pasada, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, sugirió, sin ninguna originalidad, que se aplicaran los métodos alemanes para resolver la agobiante desigualdad regional de Gran Bretaña. "Así es como se ve la verdadera nivelación", dijo Burnham, de nuevo en el (antes Manchester) Guardian: "una ley básica en la Constitución alemana que exige la igualdad entre los 16 estados".

Sus palabras se hacían eco de las del Ministro de Estado para Alemania Oriental, que acababa de visitar el país. Junto a Burnham en la Conferencia del Norte, Carsten Schneider declaró: "El objetivo de crear condiciones de vida iguales en toda Alemania se encuentra incluso en nuestra Constitución. Hay buenas razones para ello. Si las regiones se separan, es malo para todos. Si prosperan diversas regiones, prosperará todo el país".
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"Cuando uno visita Alemania", escribió Burnham, "puede ver y sentir el éxito de esta política allá donde vaya en los altos estándares de las infraestructuras de transporte y el espacio público". Obviamente, Burnham nunca ha viajado en Deutsche Bahn. Debido al envejecimiento de las infraestructuras y a un enorme retraso en las inversiones, los ferrocarriles alemanes ya no son muy puntuales. Una investigación de ARD en septiembre reveló que la red ferroviaria estaba "al borde del colapso". Y, como en el Reino Unido, es un símbolo de la incapacidad de Alemania para invertir por igual en todas sus regiones.

La política ensalzada por políticos de centro-izquierda como Schneider y Burnham es el gigantesco proyecto conocido como Aufbau Ost, la reconstrucción del antiguo Este comunista durante los últimos 30 años. Cuando ambos se reunificaron, el PIB del Oeste era un 50% superior al del Este; visitar este último cuando yo era adolescente era como viajar en el tiempo a un pasado vagamente distópico, con diminutos coches de plástico que chisporroteaban, el omnipresente olor a humo de carbón y una enorme escasez de pintura para casas y papel higiénico que no rayara. 

El Canciller Helmut Kohl prometió "paisajes florecientes" en el Este cuando cayera el Muro de Berlín. Ocurrió lo contrario. La producción industrial cayó un 70%. Se cerró un tercio de las fábricas del Este, muchas de las cuales se vendieron por una miseria a los occidentales. El desempleo se disparó. Las inversiones no pudieron frenar la hemorragia. En 1995, el gobierno de Kohl, alarmado, elaboró un plan para financiar adecuadamente la Aufbau, al que denominó Solidarpakt: el "pacto de solidaridad". El plan se diseñó para cumplir la cláusula constitucional de la que alardeaba Burnham, que responsabiliza al gobierno federal de la "creación de condiciones de vida equivalentes" en todo el país.

Lo que constituye condiciones equivalentes está, por supuesto, abierto a la interpretación. Los conservadores suelen entender que significa igualdad de infraestructuras públicas: carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones. Pero la izquierda suele insistir en que también debe significar niveles similares de salarios y pensiones. Periódicamente, los gobiernos de los estados se pelean por los detalles de las fórmulas, sugiriendo retoques que les favorecerían. No obstante, el principio de redistribución federal se ha mantenido firme.

 Al fin y al cabo, el Solidarpakt impulsó un sistema que ya existía desde 1949, cuando se creó la República Federal bajo la atenta mirada de los aliados ocupantes. Ese sistema se conoce como Länderfinanzausgleich (literalmente: "Igualación financiera de los Estados"), y surgió de otro artículo de la Constitución, que establece que "se garantizará por ley... que se compense adecuadamente la diferente capacidad financiera de los Länder". Básicamente, regula la transferencia de ingresos fiscales de los Länder (estados) más ricos a los más pobres.

Pero en los años noventa, el Länderfinanzausgleich no proporcionó ni de lejos el dinero suficiente para evitar el colapso económico total en el Este. Para ello se necesitaban cientos de miles de millones. Un nuevo "recargo de solidaridad" temporal para financiar el Este apareció en las nóminas como el 7,5% del impuesto sobre la renta de los alemanes. Se subieron los impuestos sobre la gasolina. Además, se crearon grandes fondos especiales para financiar la cultura, la policía y las infraestructuras de Berlín, acordes con el estatus de la ciudad como nueva-vieja capital del país reunificado. Otros cientos de miles de millones de euros fluyeron hacia el Este, en forma de pensiones estatales que reconocían la vida laboral de los orientales, aunque hubieran trabajado en un sistema que se había hundido y cuya moneda casi no valía nada.

Nadie sabe exactamente cuánto "costó" la reunificación, porque hay muchas formas diferentes de calcularlo, pero sin duda supera con creces el billón de euros. Aufbau Ost supuso una enorme carga para la economía, pero significó que los "nuevos Estados federados" recibieron pronto autopistas lisas y estaciones de tren relucientes. Los centros urbanos y los castillos, desde el Báltico hasta la frontera checa, se renovaron impecablemente. Poco a poco se fue reduciendo el impuesto de solidaridad. Hoy, sólo las rentas altas pagan el recargo.

 ¿Aceptarían alguna vez los ingleses semejante carga? A pesar de las quejas de la prensa, en general los alemanes occidentales lo consideraban un deber hacia sus hermanos que sufrían bajo el comunismo. La caída del Muro de Berlín dio al proyecto una urgencia histórica sin precedentes. Sencillamente, no había alternativa. ¿Se puede imaginar realmente que Londres y los países del interior tomen una por el Norte? ¿Durante el tiempo necesario para marcar la diferencia?

¿Y hasta qué punto debería inspirarnos Alemania? Länderfinanzausgleich es complicado de una forma que sólo Alemania puede hacer complicada: Sueddeutsche Zeitung escribió una vez que sólo unas pocas docenas de personas entienden realmente cómo funciona, lo que no debería ser el caso en una democracia.

 Y aunque la labor de "nivelación" de Alemania ha recorrido un largo camino, no está ni mucho menos terminada. Muchas ciudades del Este - Leipzig, Dresde, Berlín - son más prósperas que algunas de sus equivalentes occidentales. La capital ya no es la peor parada del país en materia de desempleo, sino Bremen, en el noroeste. Pero los niveles de renta en el Este siguen siendo obstinadamente más bajos: en 2020, el salario bruto medio, de 36.499 euros, seguía siendo 7.440 euros inferior al del Oeste.

Otros vectores apuntan también a la desigualdad. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, un think tank vinculado al SPD de centro-izquierda, la mayoría de las zonas rurales del Este se encuentran en una "crisis estructural duradera", debido a la despoblación, los bajos salarios y la falta de banda ancha. Muchas pequeñas ciudades occidentales también se enfrentan a la desindustrialización y al aumento de la pobreza, al igual que el norte de Inglaterra. La nivelación no ha evitado su declive. No obstante, la mayoría de los beneficiarios netos del Länderfinanzausgleich siguen estando en el Este.

Luego está la capital -ese extraño engendro de Este y Oeste- que, aunque ahora muestra un crecimiento superior a la media, sigue recibiendo la mayor ayuda del bote: 3.600 millones de euros de un total de 17.000 millones en 2021. También recibe miles de millones adicionales de un fondo federal separado para regiones con problemas, porque de lo contrario la ciudad no podría pagar su deuda de 60.000 millones de euros. Esto ha suscitado quejas en algunas partes del país. Aunque Berlín se ha recuperado, el resto del país la sigue considerando destartalada, decrépita y anárquica. Cuando, en Nochevieja, unos jóvenes atacaron e hirieron a policías y socorristas con fuegos artificiales en escenas bélicas en las calles de Berlín, los dirigentes bávaros arremetieron contra la "caótica" capital. Baviera, antaño un reino rural pobre poblado por paletos con pantalones de cuero, fue un receptor neto de transferencias financieras hasta finales de los años ochenta. En la actualidad, es líder de Alemania en turismo, tecnología y educación.

¿Por qué, se preguntan los bávaros, deberían financiar al "Estado fallido" de Berlín, que ni siquiera puede mantener el orden y tiene que repetir unas elecciones locales el mes que viene debido a las irregularidades rampantes?

Del mismo modo, cuando hace unos años Berlín decidió convertirse en el primer y único Estado alemán en ofrecer guarderías gratuitas, las protestas procedentes de Múnich fueron sonoras: ¿por qué debemos pagar por algo que esos berlineses perdedores, con sus 60.000 millones de euros de deuda, apenas pueden permitirse? En tales ocasiones, los políticos de los Estados más ricos exigen inevitablemente una reforma: una especie de antinivelación. La semana pasada, el ministro bávaro de Finanzas, Albert Füracker, dijo que no quería seguir financiando los "programas de bienestar" de Berlín y anunció que Baviera recurriría el Länderfinanzausgleich ante el Tribunal Constitucional. ¿Alguien debería decírselo a Andy Burnham?

Al igual que en Gran Bretaña, la capital alemana recibe indudablemente más de lo que le corresponde. ¿Podemos, entonces, considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? Y, lo que quizá sea más importante: ¿es el hercúleo reto de injertar un antiguo país comunista en bancarrota en una economía capitalista moderna comparable de algún modo a la tarea de abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? ¿Puede Gran Bretaña aprender de Alemania, o la solución alemana es demasiado, bueno, alemana?

Para responder plenamente a esta pregunta, tenemos que mirar más allá del nacimiento del Länderfinanzausgleich, a la historia de la que surgió la política. Esa historia es radicalmente distinta de la de Inglaterra. Hasta que Prusia reunió la mayor parte de las tierras de habla alemana en un imperio (el Segundo Reich) en 1871, el lugar que llamamos Alemania comprendía docenas de reinos y ducados. Ninguna metrópoli se enseñoreaba del resto. Inglaterra, por su parte, se convirtió en país en el año 927. El gobierno monárquico lleva más de un milenio recaudando impuestos desde su percha en Londres. Sólo con el Tercer Reich Alemania centralizó realmente el poder (y las finanzas) en Berlín. Ya sabemos cómo acabó aquello.

Tras la guerra, el país se reformó a propósito para que no tuviera un centro fuerte. Aunque Berlín está empezando a florecer económicamente de nuevo -atrae más capital de nueva creación que ninguna otra ciudad alemana-, nunca será un Londres, que genera la mayor parte de la riqueza de la nación y luego la distribuye como un rey caprichoso. Para alterar estructuras tan arraigadas hace falta una catástrofe, o bien décadas de lentos cambios. La "devolución" alemana se impuso originalmente por la fuerza de unas pocas palabras en una constitución, dictada por las potencias ocupantes, habiendo sido el país escenario de algunos de los dramas más desgarradores del siglo XX. La caída de dos dictaduras exigió medidas drásticas. Inglaterra no ha conocido convulsiones tan graves en los tiempos modernos.

La conciencia de la historia y un profundo deseo de estabilidad hacen que el Estado alemán haya estado dispuesto a asumir enormes tareas -y a gastar mucho dinero en ellas- de una forma que puede parecer extraña y exagerada para algunos en Westminster. No estoy seguro de que Andy Burnham sea consciente de la magnitud del cambio necesario para transformar el sistema inglés en algo parecido al alemán. Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas."    
                ( ,  UnHerd, 31/01/23; traducción DEEPL)

18/7/23

Meloni, la neofascista, con su colega racista Salvini a favor de la autonomía diferenciada... mientras La izquierda italiana con con discurso con el lema «Una e Indivisible» defendiendo la redistribución dentro de Italia y la igualdad entre ciudadanos... La derecha con el autonomismo, la diferencia y la segregación. La izquierda con la igualdad, la unidad y lo común. En España esos roles andan invertidos

El Jacobino @eljacobinoes

«No a la autonomía diferenciada de #Meloni , divide el país» No os lo perdáis jacobinos.

Meloni, la neofascista, con su colega racista Salvini a favor de la autonomía diferenciada.

La izquierda italiana con con discurso con el lema «Una e Indivisible» defendiendo la redistribución dentro de Italia y la igualdad entre ciudadanos.

A #Meloni le importa Italia para golpear con la bandera y los símbolos a los inmigrantes y definir con su política identitaria el país.

#Salvini, que viene del 'Roma Nos Roba' y del autonomismo de la Padania, es xenófobo con el de dentro y con el de fuera.

El proyecto de la autonomía diferenciada en Italia explica bien los roles a izquierda y derecha que tiene sentido que cada uno adapte. La derecha con el autonomismo, la diferencia y la segregación. La izquierda con la igualdad, la unidad y lo común.

En España esos roles andan invertidos

9:07 a. m. · 17 jul. 2023 27,4 mil Reproducciones
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11/3/21

En España una de las expresiones de la crisis del Estado es el agotamiento del modelo autonómico... es evidente que tiene problemas de diseño... ha puesto en marcha el agravio comparativo como motor del Estado... se ha visto la debilidad de la gestión descentralizada de la Sanidad... es necesario crear espacios de cooperación: Agencias públicas estatales potentes donde se encuentren las agencias autonómicas, por ejemplo...

 "(...)  Joan Coscubiela (Barceloneta, 1954) alcanzó en noviembre de 2017 gran relevancia nacional por sus diatribas en el Parlament contra la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que votaron los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras junto a la CUP poco después del 1-O.  Lo malo de esa inesperada fama es que Coscubiela dejaría la política tras la DUI. En su primer año de retiro presentó un libro, Empantanados. Y ahora vuelve a la carga con su segunda obra, La pandemia del capitalismo (Planeta). (...)

PREGUNTA: Aunque en La pandemia del capitalismo hay una reflexión global sobre los servicios públicos, el modelo económico o la democracia, hay un elemento que aparece en todo el libro: el agotamiento del modelo autonómico.

RESPUESTA. He trazado una línea entre la crisis de la democracia y otras crisis más locales, y en el caso de España una de esas expresiones de la crisis del Estado es el agotamiento del modelo autonómico. Éste ha recibido ataques injustos alentados por el humo del procès, pero es evidente que tiene problemas de diseño. Ante la falta de un modelo federal, se ha puesto en marcha el agravio comparativo como motor del Estado.

P: Dice que el federalismo sufrió un varapalo en el referéndum por el Estatuto de Andalucía de 1980.

R: No, no tanto el federalismo sino la Constitución, cuyo artículo 2 ["La Constitución se fundamenta en la disoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"] es absolutamente polimórfico: unidad de Estado a la par que autonomía territorial. Se podía haber resuelto de otra manera: un tratamiento diferencial a las nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña, frente a otros territorios que ni siquiera se habían planteado tener siquiera comunidad autónoma. El referéndum de Andalucía supone un momento decisivo: se ve lo complicado que iba a ser la construcción de un estado autonómico asimétrico que podía haber sido un estado federal.

P: Y de ahí parte el agravio comparativo.

R: Al no tener las fuerzas políticas y sociales un modelo de Estado... la derecha tiene uno, el Estado centralizado; el nacionalismo catalán tiene otro, la independencia; el foralismo vasco y navarro, otro. Pero la izquierda no tiene un modelo de estado que defienda el federalismo. El agravio comparativo se vio en su esplendor en la reforma de los estatutos de autonomía, en la etapa de Zapatero.

P: ¿Cree que el modelo autonómico ha fracasado en la lucha contra el coronavirus?

R: Aquí veo dos cosas que pueden parecer contradictorias pero que para mí no lo son: a nivel político ha habido muchas trabas, pero también creo que ha habido más prácticas federales de las que se reconocen a nivel sanitario, técnico u otras. Pedro Sánchez de repente convocó tantas conferencias de presidentes de golpe... no hay una cultura federal. El federalismo es una cultura.

 P: En el libro lamenta la inexistencia de “mecanismos de cooperación federal”.

R: Hay algo evidente: se ha visto la debilidad de la gestión descentralizada de la Sanidad, la falta de coordinación entre los organismos de Salud Pública. Apunto en el libro a cosas imprescindibles en una reforma del Estado: la necesidad de crear espacios de cooperación. Agencias públicas estatales potentes donde se encuentren las agencias autonómicas, por ejemplo. ¡Y no he dicho que las agencias deban ser simétricas! La masa crítica ciudadana es distinta en un lado y en otro.

P: Es muy crítico con el procés durante la pandemia, al haber este “compartido la estrategia [de la ultraderecha] de desestabilizar a los responsables científicos, técnicos y políticos” del Gobierno central.

R: Quim Torra y Díaz Ayuso, desde lugares contrapuestos, ejercieron el mismo papel: debilitar los espacios de cooperación y descreditar a los técnicos responsables de salud pública. E incluso veo similitudes entre ambos y Trump. Esto no atañe a sus partidos: dirigentes del PP como Feijóo han hecho gala de una actitud responsable. E incluso en Cataluña tras la dimisión forzada de Torra ha habido un cambio en ese sentido a mejor. (...)"                                (Entrevista a Joan Coscubiela, Pablo García, InfoLibre, 26/02/21)

4/10/19

El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés

"(...) El contexto, el post- procés

El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés. La actual movida política, acelerada por la nueva convocatoria electoral, significa, en realidad, que el “procés” ha muerto y es hora de resituarse en el post procés. Savater focaliza bien lo que se dirime. Es en ese contexto en el que se emplean términos como conciliación y diálogo, cargados de significados “políticamente correctos”.

La Vanguardia publicaba este mismo domingo 22 un sondeo en que el objetivo era destacar la relevancia de los sectores sociales que abogan por un diálogo y una conciliación como salida dela crisis catalana. Y como decía el despedido Gregorio Morán (despedido de La Vanguardia) en “Memoria personal de Cataluña”, cuando La Vanguardia adopta una determinada posición, es que por ahí van los mensajes y rumbo de los que mandan, pues de ese olfato y del poder ha dependido y depende la supervivencia de ese grupo medio.

También lo afirmaba Iceta, en respuesta a los CDR desmantelados por la Guardia Civil que tenían, al parecer, la intención de celebrar las efemérides del 1-O y la sentencia del TS con un “tsunami” de petardos y explosivos. Frente a la violencia de los CDR, Iceta defendía el “diálogo” y la superación de la fractura (la conciliación). Parece que este interés por el “diálogo” (y la conciliación)sin aclarar entre quiénes y sobre qué forma parte “normalizada” del tejido de los recientes movimientos políticos. (...)

No entienden que cualquier nuevo escenario político ha de significar una ruptura con lo que fue no solo el procés sino también el régimen político implantado por Pujol y asimismo con la nostalgia del “consens” y el “oasis catalán” que posibilitron varias décadas de pujolismo. No hay conciliación posible con ese pasado.


El verdadero obstáculo para las pretensiones de esa interpretación de conciliación y/o reconciliación que pretende el catalanismo desenganchado del procés y aquellos otros especialmente desencantados e indignados con los dirigentes del procés, más los nacionalistas que dirigen organizaciones e izquierda, es lo la reacción de los ninguneados durante décadas, que advirtió el periodista gerundense Albert Soler en octubre de 2017: “Ya nada podrá ser como antes”. Detallaba muy bien todo cuanto tendría que cambiar para llegar a un nuevo pacto de convivencia democrática en Cataluña, entrando en asuntos que afectan a cambios en los equilibrios entre la clases sociales.

Ante ese obstáculo, algunos abogan por políticas que dicen fundamentarse en el pragmatismo y que se asientan en la “equidistancia” y las “terceras vías”, que resurgen como el Ave Fénix cada vez que ven la oportunidad de puentear la realidad. Descalifican a los fundamentalistas de uno y otro bando (el español y nacional-catalanista) y proponen relatores, mediadores, negociaciones, que nos lleven a un nuevo modelo de organización territorial, en el que no aparecen por ningún lado los sujetos sociales y políticos indignados con las respectivas hegemonías nacionalistas en sus territorios. Es una buena manera de puentear la conflictiva y diversa realidad social del nuevo escenario del que hablaba Albert Soler.

La propuesta de Victoria Camps y Antonio Sitges

Victoria Camps y Antonio Sitges Serra ofrecen una ilustrativa muestra de ello con su propuesta de mediador y del modelo canadienses o quebequés, no suficientemente aclarado (no precisan lo que es la Ley de Claridad).

“Lo que debe subrayarse –dicen- es la feliz estrategia del Gobierno canadiense al designar a alguien con capacidad y cualidades para llevar a cabo un difícil cometido. Dion no se dedicó tanto a poner de relieve los riesgos de la secesión como a enfatizar las ventajas de un Estado federal abierto a la diversidad, como lo ha sido históricamente Canadá.

Con estos mimbres, alumbró la Ley de la Claridad, que consiguió apaciguar las aspiraciones de ambos contendientes: no se excluía de entrada la celebración legal de otro referéndum, pero se la sujetaba a unas condiciones —democráticas y justas para una decisión de tanta envergadura como la secesión— que lo ponían difícil. De hecho, no ha habido desde entonces ningún otro referéndum en Quebec…

Antes de proponer las medidas que se plasmaron en la Ley de la Claridad, el objetivo de Dion fue más modesto: dedicar tiempo y esfuerzo a la empresa en principio imposible de eliminar el victimismo de los francófonos de Quebec y convencerlos de las bondades del federalismo. Como quebequés no ignoraba la fuerza de la identidad quebequesa y el valor que tenía para muchos compatriotas. Como dejó escrito en My Praxis of Federalism (1998): “Los quebequeses quieren garantías de que su lengua y cultura sean vistas por el resto de canadienses como un valor y no como un inconveniente. Quieren garantías de que puedan ser a la vez quebequeses y canadienses, de que no tengan que escoger entre Canadá y Quebec”.

Aunque, de entrada, la gestión del nuevo ministro fue fuertemente contestada tanto por el Partido Conservador de Canadá como por el fundamentalismo quebequés, el caso es que acabó reduciendo a la mitad el voto secesionista a la vez que proporcionaba un nuevo marco de relaciones institucionales entre el Gobierno federal y la provincia de Quebec dejando atrás las heridas de la división social. 

La figura de Dion y su actuación son un modelo para un Ministerio de Organización Territorial encabezado por una persona cabal, dialogante, paciente y conciliadora que revierta las maneras que llevaron a escribir las páginas más desafortunadas del conflicto catalán: el nihilismo de Rajoy, la ley Wert, la aplicación del 155, la declaración unilateral de independencia o la apropiación de los espacios públicos por parte del secesionismo. Una persona sensible a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas que ponga un punto y aparte (no borrón y cuenta nueva) en los discursos irredentos para avanzar hacia soluciones pragmáticas”. (...)

La posición de Victoria Camps propugna un Ministerio Técnico de Administraciones Territoriales, que perfile un modelo de federalismo diferencial o asimétrico. Pero, ambas posiciones siguen contando con un factor muy improbable: la mayoría social, esta vez, no querrá permanecer callada y en situación desigual dentro de su “territorio” ni habrá “territorios” dispuestos a sufrir las secuelas de tratos “asimétricos”. Al fin y al cabo, son los ciudadanos, en igualdad de condiciones, estén donde estén, los que tengan que decidir. (...)" (Rafael Núñez, Crónica Popular, 30/09/19)

8/1/19

España es un Estado cuasi-federal (asimétrico) que se comporta en ciertos territorios, en Cataluña, como si fuera confederal. No existe una jerarquía institucional, la Generalitat se comporta como si fuera el único poder legitimo en Cataluña y el Gobierno español se limita a llamarlo “cariñosamente” al orden...

"(...) El zombi-procés

Ya se sabe que los muertos cuando se convierten en zombi son aun más peligrosos que cuando están vivos y utilizan la cabeza –en un sentido racional y positivo–. La vía eslovena de Torra es un salto cualitativo del nivel de agresividad, ¿de violencia?, de un procés derrotado pero con todos los resortes del poder intactos.

Parece que el del exilio dorado, el poco honorable Puigdemont –que poco honor hay en la huida– también se apunta a la vía eslovena desde la comodidad del palacete que ocupa. La sangre siempre la pondrá el pueblo y machará la bandera que porte, poco importa cual sea.

Ellos son zombis y solo les guía la irracionalidad de su ansia. Junto a esa irracionalidad, existe una clara voluntad de seguir controlando el cotarro en Cataluña. En ese sentido, me corrijo a mi mismo. El procés es un zombi que sirve a los intereses de una clase política que no esta dispuesta a perder ni un ápice de poder. 

Digamos que los elementos zombis del procés los constituyen los CDR –instrumentos de la CUP, ANC Y Òmnium (Òdium se oye en los bares)– , fuerza de choque con tendencias “autónomas” y, por tanto, difícil de controlar, pero que, a la hora de la verdad, harán lo que la oligocracia nacional-secesionista mande. Como siempre, unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces.  (...)

La presencia del Estado en Cataluña no se resuelve haciendo un Consejo de Ministros en Barcelona y menos si, al final, queda rodeados de energúmenos, debiendo desplazar a miles de policías nacionales, por no fiarse de una policía, los mossos, que es parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sobre la que no tiene competencias o es incapaz de imponerlas, y poniendo finalmente su autoridad en entredicho.

España es un Estado cuasi-federal (asimétrico) que se comporta en ciertos territorios, en Cataluña, como si fuera confederal. No existe una jerarquía institucional, la Generalitat se comporta como si fuera el único poder legitimo en Cataluña y el Gobierno español se limita a llamarlo “cariñosamente” al orden, cual madre consentidora y débil.  (...)

El caso más paradigmático es el de Rajoy, aplicando un 155 que dejó en suspenso al día siguiente al convocar elecciones autonómicas. Ese miedo escénico conlleva, finalmente, como se ha podido comprobar, más costes, no solo al partido en el Gobierno, sino, principalmente, a la sociedad española. (...)

El problema real es si se quiere arreglar el problema de una vez o solo posponerlo. No digo yo que haya que declarar ilegales a los partidos secesionistas, no. En todo caso, la clave está en desmontar toda la estructura clientelar del secesionismo y eso no se hace en 6 meses 6, no. El 155 es legítimo porque está en la Constitución.

Es decir, que si se ejecuta un nuevo 155, esta vez se ha de llevar a cabo de forma contundente, sustituyendo a todos los cargos políticos de la actual Generalitat, nombrando un Govern provisional que asegure que la Administración catalana funcione: sería bonito ver limpias las cristaleras de mensajes secesionistas y lazos amarillos.

Pero, si ello no va acompañado de un cambio en el sistema electoral, que evite que el secesionismo, siendo menos del 37% del censo, obtenga más de la mitad de los diputados del Parlament, todo 155 será en vano.  (...)

El 155 llegará de nuevo, parece inevitable, pero de la forma en que se aplique y de los esfuerzos que toda la sociedad española haga dependerá de si somos capaces de recuperar la convivencia en Cataluña y en toda España. (...)"                     

(Vicente Serrano, Miembro del Grupo Promotor del partido IZQUIERDA EN POSITIVO , Crónica Popular, 15/12/18)

12/9/18

Albert Solé: En Cataluña se dan dos elementos principales, el nacionalismo y el populismo que también encontramos en los EEUU de Trump, en la Italia de Salvani o en tantos países europeos. En el independentismo catalán hay también una pulsión provinciana, xenófoba y supremacista muy potente

"(...)--¿Cómo se gestó y por qué el proyecto del documental con el título de ‘Federal’?

--Desde Federalistes d’Esquerres quisimos impulsar un proyecto audiovisual que sirviera para estimular el debate y hacer pedagogía de los valores federalistas sin rehuir las enormes dificultades y contradicciones que conlleva. No es una película propagandística, como tantas otras que se han hecho sobre el procés, sino un film que pretende hacernos reflexionar a partir de voces también discrepantes. 

Era un momento, hace un par de años, en que los federalistas parecían unos seres extraños en Cataluña, como si fuéramos el pueblo de Asterix asediado por el imperio político y mediático “indepe”. Pero la idea era pensar no sólo en el problema catalán, sino sobre todo en la crisis de gobernanza en Europa y en otros países occidentales. 

Si Europa no se construye como una república federal no tendremos defensa frente al resurgimiento del eterno juego identitario que la ha desangrando durante siglos. La construcción de la Europa unida y la consolidación de un modelo de soberanías compartidas como es el federal es, en realidad, la utopía por la que es necesario volver a luchar.

--Ese modelo federal, siguiendo lo que pueda ser Europa en el futuro, ¿es válido para Cataluña?

--El caso catalán es una réplica de movimientos sísmicos e escala planetaria. En Cataluña se dan dos elementos principales, el nacionalismo y el populismo que también encontramos en los EEUU de Trump, en la Italia de Salvani o en tantos países europeos. La diferencia aquí es que el enemigo –el nacionalismo del PP—era de derechas y eso empujaba el independentismo catalán hacia la izquierda pero, no nos engañemos, hay muchísima gente que piensa lo mismo que Torra en sus tuits.

 En el independentismo catalán hay también una pulsión provinciana, xenófoba y supremacista muy potente. El interés de cualquier nacionalismo es llevarlo todo a una dicotomía entre blanco y negro, o eres amigo o enemigo. Lo hemos visto tantas veces a lo largo de la historia que parece mentira que volvamos a caer en una trampa tan pueril en una época en que todas las sociedades son multiculturales y mestizas. 

Lo que sabemos es que las entidades políticas más eficaces en el mundo tienen sistemas federales: Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza, Alemania o Bélgica. Y también la Unión Europea que, o se acaba organizando federalmente o no funcionará. Cataluña ha de encontrar su espacio en ese proyecto, teniendo en cuenta que cada sistema federal es distinto y obedece a los particularismos históricos de cada entidad. 

No es lo mismo el federalismo de los EEUU que el Suiza o el de Alemania. Lo único que comparten es que permiten gobernar sociedades cultural y políticamente muy complejas. 

--¿Un federalismo asimétrico o simétrico?, porque esa es otra discusión.

--Pero es que el federalismo totalmente simétrico no existe. Ni en Estados Unidos, con estados que tienen la pena de muerte frente a otros que no la tienen. Hasta Alemania, como referente del federalismo cooperativo, tiene tensiones periódicas.

 Lo que no hay allí son intentos de ruptura unilateral del espacio de convivencia común. Tienen un estado, como Baviera, que se define como estado libre asociado y no pasa nada. Cuando se ha planteado, sin embargo, si Baviera puede ejercer la autodeterminación, si puede romper con la federación, el Tribunal Constitucional Alemán ha dejado muy claro que no.

--¿Esa cuestión podría ser válida para Cataluña, aprendiendo del modelo de Baviera?

--Sin duda, me parece que sería una salida. Se trataría de una evolución del estado autonómico. Y eso sin dejar de lado que en muchos países federales, sus estados no tienen tantas competencias como algunas de las comunidades autónomas históricas españolas. 

Pero no hay que tener miedo a las palabras. Cada entidad ha de poder denominarse como quiera mientras sea leal al marco común. En España podría ser parte de la solución.

--¿Estaría de acuerdo, entonces, como apuntan algunos constitucionalistas que, en realidad, seguimos en transición, porque no se completó lo que apunta la Constitución sobre las autonomías, que en aquel momento no existían y, por tanto, tampoco se nombran?

--El artículo 2, por ejemplo, permite aún abrir abre muchas ventanas. No me gusta nada cuando se habla del “régimen del 78” como si fuera una especie de dictadura bis. Creo que la Constitución tenía un espíritu federalizante, con un mandato a las generaciones siguientes: lo podéis completar, o no. El problema no es la Constitución sino el uso que se ha hecho de ella. 

Se podría avanzar hacia una estructura federal mediante una reinterpretación del texto y el desarrollo, mediante disposiciones adicionales, de algunos artículos que permitieran resolver algunos de los grandes escollos como la financiación o el blindaje de competencias. Es sobre todo un problema de voluntad y de consensos políticos.

 Lo que seguro que exigiría una reforma constitucional es la reconversión del Senado en un auténtico “Bundesrat”, el espacio en que dialogaran las comunidades federales españolas. Ahí sí tenemos un reto porque una parte importante de la derecha lo va a impedir por todos los medios. 

Lo importante es ir avanzando es esa dirección, sin pasos atrás como los de las dos últimas décadas. La clave ahora la tiene Ciudadanos, que debería entender que la recentralización no lleva a ningún sitio.

--Porque, el nacionalismo no ha querido nunca un modelo federal.

--Los constituyentes eran totalmente conscientes de ese problema. Los nacionalistas vascos y catalanes siempre prefirieron la negociación bilateral al mal llamado “café para todos”, que nunca fue tal. La ironía es que Taradellas desconfiaba de Pujol, entre muchas cosas, porque lo veía como un multilateralista. 

Lo que entendieron los nacionalistas y regionalistas, y Pujol el primero, es que el estado autonómico era una oportunidad única para monopolizar el poder jugando al agravio comparativo, teniendo en cuenta además que el estado central con sus inercias jacobinas tampoco supo apostar claramente por la descentralización que defendían los constituyentes. 

 Surgieron muchos “Pujoles” por todo el territorio español y sus hijos políticos han acabado jugando a la deslealtad institucional, un pecado imperdonable en democracia. Y sin embargo, el sistema se mueve y avanza.

 Lo importante de esta Constitución, como dijo Miquel Roca, no es tanto la letra como la música y a pesar de los pesares hemos consolidado un sistema democrático que es capaz de echar, al menos en Madrid, a un gobierno corrupto. Ahora falta dar un empujón en una dirección netamente federal.

--Pero en Cataluña ahora, el problema no será el de hacer entrar el genio en la botella, que, una vez fuera, se negará a entrar en un terreno de cierta racionalidad, que pase por abandonar la vía unilateral hacia la independencia?

--El ejemplo es el del plan Ibarretxe, en el País Vasco, que les acabó costando el gobierno a los nacionalistas vascos. Cuando entendieron que ese camino llevaba a la vía muerta, volvieron a lo de siempre, a la negociación y a consolidar pequeños avances políticos que van sumando más autogobierno gracias a su influencia en el Congreso. 

Creo que una parte de la sociedad catalana entenderá que no hay alternativa y que el derecho a decidir no se da en ninguna parte, salvo ese caso singular del Reino Unido. Lo que se ha visto es que lanzar un cambio legislativo a partir de un referéndum es una trampa. Debería ser al revés. 

Es lo que les pasó a los canadienses. El derecho a decidir es un arma de destrucción masiva en manos de quienes lo monopolizan. Querrán repetir el referéndum una y otra vez, como ha pasado en Canadá, o como puede pasar en Escocia. En Quebec llevan más de 40 años dándole vueltas a lo mismo y dejando la agenda social en un segundo plano. 

Y lo que se ve y eso es lo más importante, es que cuando visitas y conoces Canadá, percibes que Quebec es un territorio bien gestionado y con un buen nivel de vida porque es canadiense y es federal, pero a poca distancia compruebas que el gran poder económico se ha ido a Toronto. La posición predominante que tenía Quebec en los años 70 la ha perdido. Ya no la recuperará. 

Y aquí, en Cataluña está pasando algo bastante peor, porque no somos Canadá sino un país tan homologable en los niveles de corrupción, clientelismo y baja calidad democrática como el resto de España.

--¿Eso ya está pasando y no se percibe o no se quiere percibir?

--Es que hay dos maneras de vernos, depende del espejo que queramos elegir. No puede ser que nos miremos siempre en un espejo deformante que sólo nos diga lo guapos que somos. Y ése es el papel que ejercen los medios de comunicación públicos. 

Las cifras reales de las industrias culturales nos dicen que han bajado enormemente las visitas a los grandes museos, que casi no hay producción cinematográfica, que hay muchas menos matriculaciones en las grandes escuelas que viven de la clientela de fuera, que la ciudad de Barcelona pierde su capacidad de atracción como marca mundial. 

Hay turistas, sí, pero los indicadores muestran que perdemos calidad. Las imágenes del Parlamento saltándose la legalidad aleja el poder económico, las imágenes de violencia en las calles aleja a visitantes de calidad, los discursos populistas o xenófobos han hecho que se pierda incluso una corriente de simpatía internacional que se habían ganado los indepedendistas.

--¿Barcelona en peligro?

--Creo que, por ejemplo, los Comunes se equivocan mucho cuando despliegan un lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Deberían darse cuenta de que Barcelona y su área metropolitana son las grandes perjudicadas por el procés que en la práctica defiende, no lo olvidemos, una Cataluña aislada de Europa y con una capital provinciana.  (...)

--Al margen de la discusión sobre si el independentismo ha tenido o no mayorías suficientes, ¿el problema no es la propia idea? ¿No es la idea un error, la independencia, cuando estamos en proyectos federalistas europeos?

--La idea de la independencia es un absurdo absoluto. Cualquier persona observador de la política europea mínimamente informado sabe que la independencia unilateral y la UE no son compatibles. Gente del mundo independentista que conoce a la perfección los entresijos de la UE sabía que era imposible que Catalunya estuviera en la UE porque la entrada de un nuevo miembro requiere de la unanimidad de los 27 estados miembros, y ninguno aceptaría una Cataluña independiente porque con ello daría alas a sus propios movimientos nacionalistas internos. 

Si difícil resulta gestionar una Europa de 27 imagínese una de 200 enfrentados entre sí. Nos han mentido a conciencia y después han reaccionado con cinismo, diciendo que iban de farol.  (...)"                     (Entrevista a Albert Solé, Manel Manchón, El Español, 15/07/18)

4/7/18

El Concierto económico como modelo político es el de la Confederación... cousas veredes

"Aunque es una idea que ha acariciado el PNV desde los tiempos de Josu Jon Imaz, ha sido recientemente, en la propuesta parlamentaria que ha presentado para la reforma del Estatuto de autonomía, cuando este partido ha desarrollado más a fondo las supuestas posibilidades de la extrapolación del Concierto.

 ¿Por qué no usar para lo político el modelo que tan buen resultado ha dado en lo fiscal y financiero y que, además, goza de un prestigio y legitimación altísimo entre los ciudadanos? El PNV lo hace de forma que la traslación al plano político del modelo concertista lleva a un modelo de relación bilateral y pactada entre dos sujetos políticos de igual rango, una relación (el nuevo estatus) cuyos contenidos concretos no estarían sujetos a límites competenciales prefijados en la Constitución, sino sólo a la respectiva voluntad para avanzar de las partes (y a su fuerza negociadora, claro).

En esta extrapolación nacionalista del sistema concertista el resultado es una situación de naturaleza fundamentalmente confederal, en la que el sujeto vasco pasaría a asumir prácticamente todas las competencias materiales en que consiste hoy en día la actividad normal de un Estado social de Derecho, reservándose para el español poco más que una simbólica dirección del conjunto (la Corona) y la defensa internacional. Ni siquiera conservaría la competencia de resolución de los conflictos (si es que podía quedar alguno) porque éstos los resolvería una Comisión Mixta o un arbitraje pactado.

¿Es esto así? ¿Es correcta la idea de que la versión política de los rasgos esenciales del Concierto conduce inevitablemente a un régimen laxamente confederal que pende finalmente de la libre decisión de una de las partes de abandonarlo? Creo que no, y que un estudio detallado y profundo de la cuestión arroja conclusiones parcialmente distintas. Curiosamente, es un asunto que estudié en profundidad hace ya más de un decenio (‘El Concierto Económico como paradigma político’, Claves de Razón, 2006). Veamos pues.  (...)

El PNV se fija solo en algunos de esos rasgos, concretamente en el carácter de sujeto propio del poder vasco y en la naturaleza pacticia del régimen económico: ahí está, soberanía y bilateralidad, concluye. Pero no atiende a otro rasgo esencial del sistema: el de que el pacto entre poderes no es de contenido libre e indeterminado, sino que es un pacto para integrar a una parte en un todo.

 En concreto, y tal como lo establece el Concierto (art. 3 ley 2002), el sistema fiscal y financiero vasco debe respetar la unidad económica del territorio español, no puede distorsionar la asignación de recursos, la competencia empresarial o las libertades de circulación de personas y capitales y, además, debe mantener en Euskadi una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el territorio común.

 Vamos, que no se puede pactar lo que en cada momento se quiera (o se pueda) sino que una gran parte del contenido está predeterminado por el poder español: es su nivel de presión fiscal y su sistema impositivo el que debe respetar el poder vasco. Con matices y particularidades, pero está sujeto a él.

Pues bien, no parece muy difícil traducir estas limitaciones al plano político: la unidad de mercado no es sino la unidad nacional, el poder de asignar los recursos no puede ser políticamente sino el de establecer las instituciones sociopolíticas básicas y sus líneas maestras, y el de equivalencia en la presión fiscal no sería sino el de garantizar una sustancial similitud de las posiciones jurídicas básicas de todos los españoles.

Dicho en otros términos: aunque a la población se le haya machacado el cerebro durante años con lo de que «el Concierto significa nuestra soberanía fiscal», esa es una idea patentemente falsa de acuerdo con la ley.

 Si mañana un régimen socialmente aventurero en Madrid elevara en 10 puntos la presión fiscal, o uno trumpero la bajara similarmente, las diputaciones tendrían que seguirle. No a la letra, pero sí en lo básico. Por eso, el Concierto no es un pacto de contenido libre entre dos poderes iguales, sino un pacto de contenido limitado para integrar un ámbito particular en uno más general. 

No es soberanía, es autogobierno. Más amplio, sin duda, que el de otras comunidades, pero autogobierno.
Lo cual se manifiesta igualmente en el asunto de la libertad de pacto. Es cierto, el funcionamiento del Concierto requiere el acuerdo de ambas partes. De ello podría deducirse (y el nacionalismo así lo hace) que si existe el poder de acordar debe existir también el de no acordar, o, más claro, el poder de romper algún día el pacto (secesión). 

Patentemente equivocado: dicho en términos lógicos, en el sistema del Concierto el pacto excluye tanto a su contrario (el que una parte se imponga a la otra) como a su contradictorio (el no pacto). Es un sistema de pacto obligado e inevitable entre dos poderes que mantienen su ámbito jurisdiccional respectivo, pero que no pueden romper su relación, que están obligados a entenderse. 

Esto suena raro para la mente jurídica actual pero es frecuente en la historia institucional europea, que es de donde tomamos el modelo.
De forma que, guste ello más o menos a cada cual, lo cierto es que la extrapolación del Concierto al ámbito político no lleva sin más al cielo confederal de la «unión con la Corona» en que sueñan algunos. Es un poco más complicado. Y más limitado."                  (J. M. RUIZ SOROA, el Diario Vasco, Martes, 27 febrero 2018)

16/4/18

Imponer blindajes judiciales, fiscales o lingüísticos para la Comunidad Catalana no podemos entenderlo como un proceso de federalización, sino más bien como un proceso hacia una “jerarquía inversa” de los derechos de todos los ciudadanos

"(...) La España federal.

Ciertamente hay mucha gente de izquierda que apuesta por un sistema Republicano y Federal, no sabiendo muy bien lo que quiere decir federal, y resumiéndolo con frases hechas que lo que definen, en realidad, es un proceso de confederación, como si España fuera en estos momentos una suerte de Estados independientes a la búsqueda de la unidad. 

Con ello quieren encajar la defensa del derecho de autodeterminación, una reclamación dogmática con poca base dado que tal derecho no le asiste a ninguna parte de España, ni por lo legislado por la ONU, ni por lo escrito por Marx, Lenin, Stalin o Rosa Luxemburgo. Recomiendo el ensayo de S. Armesilla: El marxismo y la cuestión nacional española. Editorial El Viejo Topo. 2017.

Proponen la de-construcción de la tortilla española, perdón, del Estado español. Es decir: ya que tenemos España unida, troceémosla a ver si conseguimos volverla a unir, ciertamente desde otros parámetros. Parámetros que se les escapan de las manos a la vuelta de la esquina. 

Paradójico, a la par que ejemplarizante –no precisamente en su acepción positiva-, la propuesta del respetado economista Juan Torres López y el constitucionalista Roberto Viciano Pastor de la refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, cayendo de hinojos en la coartada secesionista, eso sí, flotando por encima de la realidad en visión privilegiada y omnímoda que da ser de “izquierda” y tener la verdad sin mancharse.

Entender el federalismo de esa manera no lleva precisamente a que éste sea muy popular entre las clases obreras que dicen representar. Cierto que los incondicionales lo seguirán apoyando; pero de ahí a conseguir un incremento significativo de adeptos hay mucho, pero mucho, trecho.

Es, pues, importante definir en qué punto del proceso de federación real es en el que se encuentra España. Los niveles de autogobierno de algunas comunidades autónomas son muy altos, superiores al de los länder alemanes. Nuestro sistema autonómico es considerado como federal o cuasi federal. 

Yo lo definiría como un “federalismo imperfecto”, al contener asimetrías que afectan a la igualdad de todos los ciudadanos. Desde la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE ya han puesto en entredicho la legitimidad y lo inaceptable del cupo vasco y el concierto navarro en alguna ocasión, y también el ataque a la igualad de los ciudadanos que significa la implantación de la mal llamada inmersión lingüística.

Imponer, como se pretendía con la reforma del Estatut, blindajes judiciales, fiscales o lingüísticos para la Comunidad Catalana no podemos entenderlo como un proceso de federalización, sino más bien como un proceso hacia una “jerarquía inversa” de la que antes hablaba. El federalismo en España no puede ser el resultado de la unión previa división, no puede ser un proceso a partir de soberanías inexistentes hacia una confederación. 

Históricamente, la confederación es un paso hacia la federación, y no al revés. ¿Qué sentido tiene ir desde un Estado unitario hacia una confederación?

El federalismo, en todo caso, ha de ser un sistema de descentralización del poder para garantizar mejor la igualdad de todos los ciudadanos, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística en tanto que realidad en toda España. Dicha federalidad no puede contemplar a las comunidades autónomas (federaciones) como elementos estancos y homogéneos: al contrario, nada hay más diverso que las comunidades con más de una lengua.

 Es decir, un sistema federal no puede permitir blindajes de lenguas, y menos aún sistemas educativos basados en la exclusión de cualquiera de las lenguas de la autonomía. La inmersión lingüística no tiene justificación actualmente ni como discriminación positiva, si es que alguna vez se pudo considerar como tal.

Evidentemente, un Estado federal precisa de una fidelidad federal o constitucional que, en los sucesos que nos atañen actualmente, brilla por su ausencia. Como dice Teresa Freixes, es hora de dejar de hacer el federalismo de la centrifugación para pasar al federalismo de la cooperación y la coordinación.

Federalismo no debe, ni puede, estar reñido con el concepto de Estado integral según la II República, o el de unidad indisoluble de la actual Constitución –concepto que mantiene en su constitución la República federal Alemana–.

Nou Barris. Barcelona. 02 de abril de 2018"

 (Vicente Serrano, Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista, Crónica Popular, 06/04/18)