"(...) El contexto, el post- procés
El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés. La actual movida política, acelerada por la nueva convocatoria electoral, significa, en realidad, que el “procés” ha muerto y es hora de resituarse en el post procés. Savater focaliza bien lo que se dirime. Es en ese contexto en el que se emplean términos como conciliación y diálogo, cargados de significados “políticamente correctos”.
La Vanguardia publicaba este mismo domingo 22 un sondeo en que el objetivo era destacar la relevancia de los sectores sociales que abogan por un diálogo y una conciliación como salida dela crisis catalana. Y como decía el despedido Gregorio Morán (despedido de La Vanguardia) en “Memoria personal de Cataluña”, cuando La Vanguardia adopta una determinada posición, es que por ahí van los mensajes y rumbo de los que mandan, pues de ese olfato y del poder ha dependido y depende la supervivencia de ese grupo medio.
También lo afirmaba Iceta, en respuesta a los CDR desmantelados por la Guardia Civil que tenían, al parecer, la intención de celebrar las efemérides del 1-O y la sentencia del TS con un “tsunami” de petardos y explosivos. Frente a la violencia de los CDR, Iceta defendía el “diálogo” y la superación de la fractura (la conciliación). Parece que este interés por el “diálogo” (y la conciliación)sin aclarar entre quiénes y sobre qué forma parte “normalizada” del tejido de los recientes movimientos políticos. (...)
No entienden que cualquier nuevo escenario político ha de significar una ruptura con lo que fue no solo el procés sino también el régimen político implantado por Pujol y asimismo con la nostalgia del “consens” y el “oasis catalán” que posibilitron varias décadas de pujolismo. No hay conciliación posible con ese pasado.
El verdadero obstáculo para las pretensiones de esa interpretación de conciliación y/o reconciliación que pretende el catalanismo desenganchado del procés y aquellos otros especialmente desencantados e indignados con los dirigentes del procés, más los nacionalistas que dirigen organizaciones e izquierda, es lo la reacción de los ninguneados durante décadas, que advirtió el periodista gerundense Albert Soler en octubre de 2017: “Ya nada podrá ser como antes”. Detallaba muy bien todo cuanto tendría que cambiar para llegar a un nuevo pacto de convivencia democrática en Cataluña, entrando en asuntos que afectan a cambios en los equilibrios entre la clases sociales.
Ante ese obstáculo, algunos abogan por políticas que dicen fundamentarse en el pragmatismo y que se asientan en la “equidistancia” y las “terceras vías”, que resurgen como el Ave Fénix cada vez que ven la oportunidad de puentear la realidad. Descalifican a los fundamentalistas de uno y otro bando (el español y nacional-catalanista) y proponen relatores, mediadores, negociaciones, que nos lleven a un nuevo modelo de organización territorial, en el que no aparecen por ningún lado los sujetos sociales y políticos indignados con las respectivas hegemonías nacionalistas en sus territorios. Es una buena manera de puentear la conflictiva y diversa realidad social del nuevo escenario del que hablaba Albert Soler.
La propuesta de Victoria Camps y Antonio Sitges
Victoria Camps y Antonio Sitges Serra ofrecen una ilustrativa muestra de ello con su propuesta de mediador y del modelo canadienses o quebequés, no suficientemente aclarado (no precisan lo que es la Ley de Claridad).
“Lo que debe subrayarse –dicen- es la feliz estrategia del Gobierno canadiense al designar a alguien con capacidad y cualidades para llevar a cabo un difícil cometido. Dion no se dedicó tanto a poner de relieve los riesgos de la secesión como a enfatizar las ventajas de un Estado federal abierto a la diversidad, como lo ha sido históricamente Canadá.
Con estos mimbres, alumbró la Ley de la Claridad, que consiguió apaciguar las aspiraciones de ambos contendientes: no se excluía de entrada la celebración legal de otro referéndum, pero se la sujetaba a unas condiciones —democráticas y justas para una decisión de tanta envergadura como la secesión— que lo ponían difícil. De hecho, no ha habido desde entonces ningún otro referéndum en Quebec…
Antes de proponer las medidas que se plasmaron en la Ley de la Claridad, el objetivo de Dion fue más modesto: dedicar tiempo y esfuerzo a la empresa en principio imposible de eliminar el victimismo de los francófonos de Quebec y convencerlos de las bondades del federalismo. Como quebequés no ignoraba la fuerza de la identidad quebequesa y el valor que tenía para muchos compatriotas. Como dejó escrito en My Praxis of Federalism (1998): “Los quebequeses quieren garantías de que su lengua y cultura sean vistas por el resto de canadienses como un valor y no como un inconveniente. Quieren garantías de que puedan ser a la vez quebequeses y canadienses, de que no tengan que escoger entre Canadá y Quebec”.
Aunque, de entrada, la gestión del nuevo ministro fue fuertemente contestada tanto por el Partido Conservador de Canadá como por el fundamentalismo quebequés, el caso es que acabó reduciendo a la mitad el voto secesionista a la vez que proporcionaba un nuevo marco de relaciones institucionales entre el Gobierno federal y la provincia de Quebec dejando atrás las heridas de la división social.
La figura de Dion y su actuación son un modelo para un Ministerio de Organización Territorial encabezado por una persona cabal, dialogante, paciente y conciliadora que revierta las maneras que llevaron a escribir las páginas más desafortunadas del conflicto catalán: el nihilismo de Rajoy, la ley Wert, la aplicación del 155, la declaración unilateral de independencia o la apropiación de los espacios públicos por parte del secesionismo. Una persona sensible a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas que ponga un punto y aparte (no borrón y cuenta nueva) en los discursos irredentos para avanzar hacia soluciones pragmáticas”. (...)
La posición de Victoria Camps propugna un Ministerio Técnico de Administraciones Territoriales, que perfile un modelo de federalismo diferencial o asimétrico. Pero, ambas posiciones siguen contando con un factor muy improbable: la mayoría social, esta vez, no querrá permanecer callada y en situación desigual dentro de su “territorio” ni habrá “territorios” dispuestos a sufrir las secuelas de tratos “asimétricos”. Al fin y al cabo, son los ciudadanos, en igualdad de condiciones, estén donde estén, los que tengan que decidir. (...)" (Rafael Núñez, Crónica Popular, 30/09/19)
El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés. La actual movida política, acelerada por la nueva convocatoria electoral, significa, en realidad, que el “procés” ha muerto y es hora de resituarse en el post procés. Savater focaliza bien lo que se dirime. Es en ese contexto en el que se emplean términos como conciliación y diálogo, cargados de significados “políticamente correctos”.
La Vanguardia publicaba este mismo domingo 22 un sondeo en que el objetivo era destacar la relevancia de los sectores sociales que abogan por un diálogo y una conciliación como salida dela crisis catalana. Y como decía el despedido Gregorio Morán (despedido de La Vanguardia) en “Memoria personal de Cataluña”, cuando La Vanguardia adopta una determinada posición, es que por ahí van los mensajes y rumbo de los que mandan, pues de ese olfato y del poder ha dependido y depende la supervivencia de ese grupo medio.
También lo afirmaba Iceta, en respuesta a los CDR desmantelados por la Guardia Civil que tenían, al parecer, la intención de celebrar las efemérides del 1-O y la sentencia del TS con un “tsunami” de petardos y explosivos. Frente a la violencia de los CDR, Iceta defendía el “diálogo” y la superación de la fractura (la conciliación). Parece que este interés por el “diálogo” (y la conciliación)sin aclarar entre quiénes y sobre qué forma parte “normalizada” del tejido de los recientes movimientos políticos. (...)
No entienden que cualquier nuevo escenario político ha de significar una ruptura con lo que fue no solo el procés sino también el régimen político implantado por Pujol y asimismo con la nostalgia del “consens” y el “oasis catalán” que posibilitron varias décadas de pujolismo. No hay conciliación posible con ese pasado.
El verdadero obstáculo para las pretensiones de esa interpretación de conciliación y/o reconciliación que pretende el catalanismo desenganchado del procés y aquellos otros especialmente desencantados e indignados con los dirigentes del procés, más los nacionalistas que dirigen organizaciones e izquierda, es lo la reacción de los ninguneados durante décadas, que advirtió el periodista gerundense Albert Soler en octubre de 2017: “Ya nada podrá ser como antes”. Detallaba muy bien todo cuanto tendría que cambiar para llegar a un nuevo pacto de convivencia democrática en Cataluña, entrando en asuntos que afectan a cambios en los equilibrios entre la clases sociales.
Ante ese obstáculo, algunos abogan por políticas que dicen fundamentarse en el pragmatismo y que se asientan en la “equidistancia” y las “terceras vías”, que resurgen como el Ave Fénix cada vez que ven la oportunidad de puentear la realidad. Descalifican a los fundamentalistas de uno y otro bando (el español y nacional-catalanista) y proponen relatores, mediadores, negociaciones, que nos lleven a un nuevo modelo de organización territorial, en el que no aparecen por ningún lado los sujetos sociales y políticos indignados con las respectivas hegemonías nacionalistas en sus territorios. Es una buena manera de puentear la conflictiva y diversa realidad social del nuevo escenario del que hablaba Albert Soler.
La propuesta de Victoria Camps y Antonio Sitges
Victoria Camps y Antonio Sitges Serra ofrecen una ilustrativa muestra de ello con su propuesta de mediador y del modelo canadienses o quebequés, no suficientemente aclarado (no precisan lo que es la Ley de Claridad).
“Lo que debe subrayarse –dicen- es la feliz estrategia del Gobierno canadiense al designar a alguien con capacidad y cualidades para llevar a cabo un difícil cometido. Dion no se dedicó tanto a poner de relieve los riesgos de la secesión como a enfatizar las ventajas de un Estado federal abierto a la diversidad, como lo ha sido históricamente Canadá.
Con estos mimbres, alumbró la Ley de la Claridad, que consiguió apaciguar las aspiraciones de ambos contendientes: no se excluía de entrada la celebración legal de otro referéndum, pero se la sujetaba a unas condiciones —democráticas y justas para una decisión de tanta envergadura como la secesión— que lo ponían difícil. De hecho, no ha habido desde entonces ningún otro referéndum en Quebec…
Antes de proponer las medidas que se plasmaron en la Ley de la Claridad, el objetivo de Dion fue más modesto: dedicar tiempo y esfuerzo a la empresa en principio imposible de eliminar el victimismo de los francófonos de Quebec y convencerlos de las bondades del federalismo. Como quebequés no ignoraba la fuerza de la identidad quebequesa y el valor que tenía para muchos compatriotas. Como dejó escrito en My Praxis of Federalism (1998): “Los quebequeses quieren garantías de que su lengua y cultura sean vistas por el resto de canadienses como un valor y no como un inconveniente. Quieren garantías de que puedan ser a la vez quebequeses y canadienses, de que no tengan que escoger entre Canadá y Quebec”.
Aunque, de entrada, la gestión del nuevo ministro fue fuertemente contestada tanto por el Partido Conservador de Canadá como por el fundamentalismo quebequés, el caso es que acabó reduciendo a la mitad el voto secesionista a la vez que proporcionaba un nuevo marco de relaciones institucionales entre el Gobierno federal y la provincia de Quebec dejando atrás las heridas de la división social.
La figura de Dion y su actuación son un modelo para un Ministerio de Organización Territorial encabezado por una persona cabal, dialogante, paciente y conciliadora que revierta las maneras que llevaron a escribir las páginas más desafortunadas del conflicto catalán: el nihilismo de Rajoy, la ley Wert, la aplicación del 155, la declaración unilateral de independencia o la apropiación de los espacios públicos por parte del secesionismo. Una persona sensible a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas que ponga un punto y aparte (no borrón y cuenta nueva) en los discursos irredentos para avanzar hacia soluciones pragmáticas”. (...)
La posición de Victoria Camps propugna un Ministerio Técnico de Administraciones Territoriales, que perfile un modelo de federalismo diferencial o asimétrico. Pero, ambas posiciones siguen contando con un factor muy improbable: la mayoría social, esta vez, no querrá permanecer callada y en situación desigual dentro de su “territorio” ni habrá “territorios” dispuestos a sufrir las secuelas de tratos “asimétricos”. Al fin y al cabo, son los ciudadanos, en igualdad de condiciones, estén donde estén, los que tengan que decidir. (...)" (Rafael Núñez, Crónica Popular, 30/09/19)
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