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9/9/22

Coscubiela: Sinceramente, me produce un poco de pereza escribir de nuevo sobre el procés. Con la que está cayendo... Aún se mantienen en sectores independentistas ciertas dosis de ficción, astucia y autoengaño que se repiten litúrgicamente... La batalla por la hegemonía nacionalista entre ERC y los neoconvergentes ha sido la gran fuerza propulsora del procés y al mismo tiempo, la principal causa de su descarrilamiento en otoño del 2017... para la dirección política el procés siempre fue el terreno de juego de una batalla más prosaica, por mantener o conseguir el control del poder autonómico... Del procés quedan también sus graves efectos colaterales. En primer lugar, un importante deterioro de la calidad de la democracia en Catalunya y España. Las ideas iliberales y los procedimientos antidemocráticos que sustentaban las leyes de desconexión continúan arraigadas en sectores del independentismo... el conflicto “catalán” fue en buena parte expresión de una lógica más global... la de las las crecientes tendencias hacia democracias iliberales... Lo hemos visto en EEUU con Trump y ahora en Europa tenemos buenas muestras de ello. El conflicto catalán lo anticipó

 "Sinceramente, me produce un poco de pereza escribir de nuevo sobre el procés. Con la que está cayendo, mis preocupaciones -creo que las de la mayoría de la ciudadanía- están más centradas en cómo hacer frente a un futuro incierto, con la mirada puesta en Europa y las consecuencias de todo tipo de la invasión rusa de Ucrania. 

Con ello no quiero decir que los hechos del 6 y 7 de septiembre del 2017 y los acontecimientos posteriores pertenezcan solo al pasado. Sus consecuencias continúan muy presentes. Por eso tiene sentido que hablemos de ello, pero no para pasar cuentas del pasado, sino para intentar pasar página en positivo hacia el futuro.

Los cinco años transcurridos desde aquel Pleno y los diez desde la manifestación del 11 de septiembre del 2012 ofrecen suficiente distancia temporal para analizar las lecciones que nos ha dejado el procés. 

Para intentar que aquellas lecciones puedan convertirse en enseñanzas útiles –algo que no está garantizado- parece oportuno hacernos dos preguntas: ¿qué queda del procés? y ¿qué nos anunció y anticipó?

Queda –no lo olvidemos- un conflicto abierto, sin resolver, y de momento sin cauces para su canalización democrática. Los indultos y la apuesta por el diálogo del Gobierno español y de una parte del independentismo han contribuido a destensar el clima social, pero el conflicto continúa enquistado. Lo explique aquí.

Aún se mantienen en sectores independentistas ciertas dosis de ficción, astucia y autoengaño que se repiten litúrgicamente -lo he ido explicando en diferentes artículos, aquí y aquí. Pero lo más significativo que queda del procés es lo que desde el principio ha sido su principal motor, la pugna insomne en el seno del independentismo.  

La batalla por la hegemonía nacionalista entre ERC y los neoconvergentes ha sido la gran fuerza propulsora del procés y al mismo tiempo, la principal causa de su descarrilamiento en otoño del 2017. Las diferentes oportunidades y momentos que hubo para parar máquinas y tomar aire fueron desbaratadas por el perverso juego del gallina entre los partidos independentistas.

Si bien entre las bases del movimiento la independencia se vivió legítimamente y de forma entusiasta como una utopía alcanzable –a corto plazo y de manera unilateral-, para su dirección política siempre fue el terreno de juego de una batalla más prosaica, por mantener o conseguir el control del poder autonómico. 

El descarado y descarnado conflicto entre Junts y ERC en relación a la mesa de diálogo y ahora ante la manifestación del 11 de septiembre no es más que el aggiornamiento de una lógica que comenzó hace diez años, aunque tiene raíces muy profundas en nuestra historia. 

Del procés quedan también sus graves efectos colaterales. En primer lugar, un importante deterioro de la calidad de la democracia en Catalunya y España. Las ideas iliberales y los procedimientos antidemocráticos que sustentaban las leyes de desconexión continúan arraigadas en sectores del independentismo. Algunas de las respuestas del Estado han producido una degradación de la democracia española. Los excesos policiales del 1 de octubre mostraron un Gobierno desbordado, sin capacidad de control de sus fuerzas de seguridad. La reacción de la cúpula del poder judicial que se autoimpuso, en un exceso de celo, la misión de salvar al Estado, han deteriorado su credibilidad y complicado, aún hoy, la salida del conflicto.

Y, sobre todo, las actuaciones mafiosas de las cloacas policiales, toleradas cuando no organizadas desde el poder político, con la connivencia de algunos medios de comunicación. En este apartado del deterioro democrático cabe apuntar el nefasto papel jugado por algunos medios de comunicación. El procés no es ni la causa ni el detonante de un problema mucho más profundo provocado por la doble crisis, de mediación y de negocio, que sufre el mundo de la comunicación, pero sí ha sido un terreno propicio para la degradación de la función social de los medios. Una buena parte de la crispación social ha sido provocada por las burbujas cognitivas respectivas, alimentadas por la división mediática Ítaca y su homónima, la Brunete. Lo destaco porque es otro de los daños colaterales del procés que continúa entre nosotros.

Catalunya, en estos cinco años, ha retrocedido en términos económicos y de cohesión social, también de autogobierno. Afortunadamente, la fortaleza y resiliencia de su tejido económico y de su asociacionismo cívico y social han evitado males mayores y permite ser optimistas de cara al futuro. A condición, claro, de que se acabe con el grave deterioro institucional que provoca la pugna insomne en el seno del independentismo y las dificultades para construir una alternativa. 

Otro efecto indeseado es la radicalización simultanea de unos nacionalismos, centrales y periféricos, que se retroalimentan mutuamente. En Catalunya se expresa en una deriva cada vez más excluyente, incluso xenófoba, de sectores minoritarios pero significativos del independentismo. En España, el procés ha servido de catarsis, aunque no ha sido el único factor, para un reforzamiento de la ideología y las propuestas de la extrema derecha, en sintonía con su crecimiento en toda Europa, ahora ya sin excepciones. 

Hace cinco años, al calor de la fase álgida del conflicto, me preguntaba si el procés era un fenómeno singular o una variante local de una crisis más global. En el libro “Empantanados” intente ofrecer una respuesta en la que apuntaba que hay un poco de todo. 

Con la mirada que nos ofrece el paso de los años hoy podemos afirmar que el conflicto “catalán” fue en buena parte expresión de una lógica más global. Al mismo tiempo que anunciaba tendencias que ya estaban en marcha y que hoy son mucho más evidentes. 

Quizás la más grave sean las crecientes tendencias hacia democracias iliberales, como si este oxímoron fuera posible. Ante la crisis del dogma teológico del indisoluble matrimonio canónico entre economía de mercado y democracia, las tentaciones de apostar por un libre mercado sin democracia -otro oxímoron- son cada vez mayores.

La reacción social ante los excesos de un modelo de globalización sin reglas ni derechos ha adoptado en muchos países formas de nacionalismo exacerbado. Lo hemos visto en EEUU con Trump y ahora en Europa tenemos buenas muestras de ello. El conflicto catalán lo anticipó.

Con la evidente contradicción de que, cuando más evidente es la interdependencia global de todo tipo, más reacciones autárquicas y unilateralistas se producen en el seno de los estados. Hoy, ante la crisis energética aún hay quien habla de soberanía energética nacional o incluso catalana. Este es uno de los espejismos de la propuesta independentista, un concepto de soberanía, propio de los siglos XIX y XX, que está desapareciendo. Lo que no excluye que, como sucede con el nacionalismo ruso, lo haga de manera violenta, una manera de morir matando.  

Termino estos apuntes como comencé, con otra confesión. Mirando hacia el futuro no soy capaz de imaginar una solución sistémica al conflicto en el marco en el que está planteado, el del Estado español. No solo porque las propuestas jurídicas, que existen en el papel, no parecen viables políticamente y menos a corto plazo -que es el de la política. Sobre todo porque igual la solución a este conflicto que se da en muchas latitudes, el de hacer compatible globalización e interdependencia con identidades nacionales propias de los tiempos del estado nación, requiera espacios más amplios. 

Por eso sugiero que dediquemos nuestros esfuerzos a intentar que la Unión Europea salga reforzada de estas crisis y se configure como una alternativa a proyectos que combinan el nacionalismo de los imperios con formas de gobierno no democráticas o de democracia devaluada.  

Mientras tanto, en Catalunya y España, lo más sensato es apostar por que el empantanamiento no se convierta en enquistamiento y este acabe generando gangrena social. Quizás convendría recordar que cuando los conflictos no tienen solución, lo que toca es pactar el desacuerdo."               ( Joan Coscubiela , eldiario.es, 07/09/22)

8/2/21

Puigdemont quiere un gobierno que fiscalice a los jueces... la Ley de transición hacia la república catalana preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.

 "La justicia, pilar básico de todo Estado democrático, vuelve a ser la gran olvidada en la campaña. Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero han obviado las mejoras necesarias en esta administración en sus debates. Por ello, es necesario acudir a sus programas electorales para conocer sus propuestas. Junts per Catalunya (JxCat), ERC y CUP dan un enfoque secesionista a la cuestión, con referencias a lo que consideran “represión” de los jueces.

El partido de Carles Puigdemont va más allá e incluso propone fiscalizar la labor de los profesionales de la justicia para evitar, según él, “actitudes antidemocráticas”. El resto de formaciones proponen medidas para modernizar los órganos judiciales, que todavía adolecen de carencias en digitalización, y reforzar las plantillas.

 JxCat: "Vigilancia del sistema judicial"

La Generalitat tiene competencias en materia de gestión en la Administración de Justicia, pero tanto jueces como fiscales son un cuerpo nacional. Los partidos secesionistas defienden una independencia judicial en la línea de lo apuntado en sus leyes de ruptura. Concretamente en la Ley de transición hacia la república catalana, que preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.

“En los últimos tiempos estamos viendo que el Estado utiliza la justicia como herramienta para reprimir la disidencia. Cataluña necesita, pues, la independencia también para liberarse de ese yugo”, indica el programa de los neoconvergentes.

Tras proponer una ley de amnistía para “3.000 personas represaliadas”, JxCat apuesta por un observatorio de la justicia para “detectar ineficiencias del sistema judicial y articular las correspondientes propuestas de solución”.

 Uso del catalán

Asimismo, la candidatura de Puigdemont está a favor de “vigilar el uso sesgado, antidemocrático o irrespetuoso con los derechos fundamentales del derecho y/o el sistema judicial para denunciar las vulneraciones y, en su caso, impulsar el ejercicio de las acciones que procedan". Como por ejemplo “denunciar las actuaciones de tribunales que no sean imparciales así como las investigaciones o actuaciones de la fiscalía carentes de neutralidad” y “promover el ejercicio de las acciones necesarias para defender a los catalanes y catalanas que se vean perseguidos por motivos ideológicos”.

JxCat exige “el pleno reconocimiento del uso del catalán en las instituciones judiciales y que su conocimiento sea un requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”, así como “exigir que el catalán sea la lengua vehicular de todos los procedimientos judiciales en Cataluña”.

ERC y la "judicialización" de la vida política

ERC también hace referencia en su programa a la "represión" judicial. “La legislatura actual ha estado marcada por la judicialización de la vida política a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre y de un proceso judicial en contra del movimiento independentista que no ha tenido nada que ver ni con la justicia ni con la separación de poderes”.

 Al igual que JxCat, dedica atención “reconocer y dignificar los derechos de las personas usuarias, consumidoras, litigantes y solicitantes al uso de la lengua para poder mantener en todos los ámbitos administrativos, judiciales y oficiales, dotando de recursos su promoción y aplicación en todos los ámbitos y en el software público y privado a partir de la reanudación de la dinamización lingüística”.

CUP y la "hostilidad" de la judicatura

La CUP quiere una reformulación del poder judicial ante “tanta hostilidad de la judicatura y la fiscalía que existe en este momento en Cataluña”. Por ello, quiere “garantizar el respeto de este colectivo hacia al proceso político que vive el país y no interferir en el campo de recuperación de soberanías, que además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura”.

En materia de seguridad, los antisistema proponen “auditar públicamente desde el Parlament el funcionamiento de la División de Información el Complejo Central de Egara (Comisaría General de los Mossos) para poder evaluar su funcionamiento y qué persecución política ilegal ha llevado a cabo desde la su creación”, así como “trabajar para desarticular las Unidades de Investigación, que funcionan como espacios de policía política destinada al control de los movimientos sociales y políticos y su criminalización. Proponemos la desaparición de las Unidades de Información”. La creación de un "Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de los cuerpos policiales en Cataluña” es otra de las propuestas de la CUP con la finalidad de asumir “funciones de control, denuncia y transparencia en relación con las vulneraciones de Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad”. (...)"                (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 06/02/21)

17/7/20

No fue un error de diseño que la República esbozada por las leyes de desconexión fuese un régimen autoritario. Ni tampoco que quienes trataban de pensar su viabilidad como Estado lo entreviesen como un paraíso fiscal.

"(...) no habría que perder de vista que las tendencias de la globalización que actúan sobre la sociedad catalana – y explican en gran medida la deriva de estos años – lo hacen también sobre la sociedad española. No hay una Catalunya agitada por las pulsiones mundiales frente a una España inmóvil y aferrada al pasado.

 Las tendencias centralizadoras y las lecturas restrictivas de la Constitución – que han impulsado en particular los gobiernos de PP – expresan igualmente el influjo de la globalización. Madrid, entendida como un potente entramado de élites económicas y políticas, constituye un potente nodo global, con la fuerza de atracción que confiere la capitalidad de un Estado. Puede que su retórica contra el procés se nos antoje rancia – del mismo modo que el relato independentista parece impregnado de romanticismo. Pero, en realidad, estamos ante un enfrentamiento de intereses y futuras ubicaciones en disputa muy actual… por no decir posmoderno. 

(...) no acaba de explicar por qué el independentismo escogió precisamente el que escogió. Y por qué, sólo a través de ese camino, ha conseguido convertirse en un movimiento de masas capaz de desafiar al Estado e incluso ponerlo en crisis. No fue un error de diseño que la República esbozada por las leyes de desconexión fuese un régimen autoritario. Ni tampoco que quienes trataban de pensar su viabilidad como Estado lo entreviesen como un paraíso fiscal. 

En una sociedad mestiza como la catalana, la afirmación de un demos incapaz de coexistir con España conlleva la exclusión de otras identidades. Y la supervivencia de un pequeño Estado de nuevo cuño, dejado de la mano de Europa, de llegar a emerger, no podría mantener su carácter de democracia social. 

(...)   a pesar de no caer en ningún momento en la pretensión de que el independentismo pudiera representar al conjunto de la sociedad catalana, es perceptible en Bayona una cierta consideración de “la otra Catalunya” como algo inerte y pasivo. Reconoce la fractura social, pero tiende a ver a esa otra mitad del país como la que aún no  han sabido convencer los independentistas – al fin y al cabo, los únicos que tienen un proyecto político. El problema no es que el procés no la convenciera, sino que la expulsó de la catalanidad.

 En ese sentido, no deja de ser curioso que Bayona se refiera a la tradición catalanista como una derivada del nacionalismo moderado, soslayando un hecho histórico: el catalanismo moderno – voluntad de recuperación de una lengua y una cultura maltrechas, de integración de la diversidad de orígenes e identidades que conviven en la sociedad catalana y de compromiso democrático con España – existió y triunfó gracias a la izquierda, a la determinación de socialistas y comunistas. (...)

Desde la cultura federal añadiríamos, sin embargo, algo que la pandemia ha puesto de relieve y que se revelará más cierto aún ante los estragos sociales y económicos que deja a su paso: la imprescindible cooperación institucional a todos los niveles, no sólo no disminuye al autogobierno, sino que le confiere su verdadero potencial de actuación en la proximidad. Nosotros diríamos que, si bien no hay mayorías para una reforma federal de la Constitución, sí es posible y necesario avanzar en la cultura y las prácticas federales. 

No sé si Antoni Bayona estaría del todo de acuerdo. Evocando su estancia en Canadá, dice haber quedado maravillado por los federalistas que deseaban mantener unido un Estado plurinacional. Esperemos que no sea víctima de ese frecuente espejismo que consiste en ver con buenos ojos a los lejanos representantes de una corriente de pensamiento y considerar que, por el contrario, su expresión autóctona resulta insufrible. Admitamos que nuestro federalismo tiene un semblante un tanto rústico. Nos han dado muchos palos y eso endurece la piel. Pero, si alguien ha de sentarse a discutir fraternalmente con gente como Antoni Bayona, será muy probablemente un federalista."           (Lluís Rabell,  blog, 10/07/20)

30/7/19

La atribución de la nacionalidad en la constitución independentista catalana está inspirada en las regulaciones de las repúblicas del Báltico (en las que los ciudadanos de ascendencia rusa carecen de ella, son ciudadanos de segunda, sin derecho a voto, como lo serán los charnegos en Cataluña)

"Los rusos sin patria del Báltico. Medio millón de habitantes de Letonia y cien mil de Estonia carecen de ciudadanía y derecho al voto"                (Luis Prados, El País, 23/04/2004)

"(...) La atribución de la nacionalidad, institución jurídica básica en la creación de cualquier Estado, está inspirada en las regulaciones de las repúblicas del Báltico, que tanta discriminación han producido en las minorías que no eran nacionales del lugar cuando estos territorios proclamaron la independencia. 

Esta Ley contiene regulaciones genéricas que precisarán de un desarrollo en el que se tendrán que detallar qué requisitos concretos (no sólo filiación y residencia) se tendrán que cumplir para obtener la nacionalidad catalana, que se teme se basen en principios supremacistas, por lo que ha trascendido de los informes del Consejo para la Transición Nacional. 

Por cierto, olvidan que ningún Estado puede atribuir unilateralmente -como además pretenden- la doble nacionalidad con ningún otro. (...)

Pretenden también asegurarse el control sobre el Poder Judicial, transformando en Tribunal Supremo al TSJ de Cataluña, con un presidente nombrado por el presidente de la Generalitat y un Ministerio Fiscal nombrado por el Parlament. 

La Ley establece también una amnistía para todos aquéllos que, incluso existiendo sentencia firme, hayan sido procesados, juzgados o condenados por algo que tuviera que ver con el proceso de Cataluña hacia la independencia.  (...)"                 (Teresa Freixes, El Mundo, 16/07/19)

16/7/19

Los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana

"Un informe de la Guardia Civil entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sitúa al ex magistrado y presidente del Consejo Asesor de Transición Nacional Carles Viver Pi Sunyer en el epicentro de creación de un futuro Estado catalán como "ideólogo e incluso promotor del proceso de secesión a los representantes políticos" quienes debían implementar las "normas jurídicas" en las que trabajaba. 

A partir de la documentación que se le incautó, los agentes creen que Viver Pi Sunyer, que fue exculpado por la juez en su ato de procesamiento, presentó varias propuestas para actuar una vez declarada la independencia como tener preparado un personal con el que contaría el nuevo estado.

Según el informe entregado al juzgado, Viver Pi Sunyer determinó que los funcionarios españoles en territorio catalán tras la independencia se les repatriase y no pudieran acceder a la nacionalidad catalana. Para los que se quedasen pretendía exigir "una serie de niveles y pruebas lingüísticas" y la contratación de altos cargos se podría "camuflar a través de cargos de confianza y fórmulas de derechos privado a través de fundaciones o sociedades" sin "publicidad ni formalización previa a la desconexión". Además contemplaba la "externalización" de servicios de la administración como recaudación de tributos o control aéreo.

También para la contratación de determinadas obras y servicios se planteaban alternativas si se debía camuflar antes de la secesión como "una doble contratación público y privada para ciertos temas polémicos, fraccionamiento de la contratación, promesa de contrato" o "bajo promesa de ser legalizado en el futuro en base al nuevo ordenamiento". 

El informe detalla que Viver Pi Sunyer y sus colaboradores para incentivar a los inversores propusieron negociar "grandes infraestructuras" con estas empresas y para desincentivarlos "recordarles que se podría legislar ex novo sobre expropiación forzada o presionar a las empresas y grandes fortunas de las consecuencias de tener al nuevo estado en contra".

Por eso la Guardia Civil concluye que estas propuestas alentarían "a la violación del ordenamiento jurídico, a instaurar prácticas que vulnerarían los más elementales fundamentos de contratación pública y los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública. es decir, pudiera estarse institucionalizando prácticas de corrupción en la administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes en posiciones de poder en el momento de la secesión".

Entre la documentación intervenida a Viver i Pi Sunyer en el registro de su casa y su despacho, el 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil halló un informe en que se defendía que ningún catalán de origen español residente en Cataluña con anterioridad a la independencia tendría que superar examen alguno o someterse a ningún tipo de juramento de fidelidad. Este documento, titulado "La atribución de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña", es un archivo de agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios y la Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) que presidía Viver i Pi Sunyer.

A partir del contenido de este informe, la Guardia Civil concluye que el arquitecto jurídico del procés "contemplaba" que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana. El informe también apuntaba que mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el tratado de Schengen a través de la nacionalidad española.

El informe también advierte a la juez de que Viver i Pi Sunyer disponía de un informe de la plataforma Secretarios, Interventores y Tesoreros por la independencia en que se planteaba suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y tribunales, por lo menos en relación con el referéndum."            (Germán González, El Mundo, 09/07/19)

21/6/19

En el borrador de la Constitución catalana se contemplaba la ilegalización de los partidos no independentistas y se instauraban unos requisitos sumamente restrictivos para adquirir la nacionalidad catalana y disfrutar de plenos derechos políticos...

"(...) Los líderes independentistas realizan constantes llamamientos al diálogo y la negociación con los dirigentes políticos españoles. 

En realidad, se trata de una añagaza pues esa supuesta voluntad negociadora consiste en que se acepte su programa de máximos y, como se evidenció con la negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado que precipitó la convocatoria de elecciones generales o con el veto a Miquel Iceta, se busca perpetuar y profundizar en el conflicto.

 Así, progresivamente, se va diluyendo la supuesta actitud dialogante de ERC frente al fundamentalismo de Carles Puigdemont y Torra, apareciendo como las dos caras de la misma moneda.

 En estas condiciones cada vez se hace más difícil defender la política de distensión y de tender puentes para establecer un diálogo con aquellos que no quieren dialogar y únicamente persiguen imponer sus planteamientos excluyentes. 

Por solo poner dos ejemplos: en la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya se eliminaba la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, otorgando al president de la Generalitat la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y se establecía que las leyes aprobadas por la cámara catalana no podían ser recurridas ante ninguna instancia judicial. 

En el borrador de la Constitución catalana, elaborada por el juez Santiago Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos no independentistas y se instauraban unos requisitos sumamente restrictivos para adquirir la nacionalidad catalana y disfrutar de plenos derechos políticos. Es decir, un ordenamiento político-jurídico sensiblemente menos democrático que en el denostado Estado español. (...)"                       ( Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 20/06/19)

12/6/19

Si esta gente hubiera tenido un plan, un proyecto y una preparación como para convertir a Catalunya en un Estado independiente después del “referéndum”, usted y yo estaríamos en un campo de concentración, o hubiéramos tenido que cruzar la frontera. Porque lo que se establecía era un régimen autoritario, una dictadura del president...

"(...) No obstante, ¿no se da una cierta sobreactuación de la Fiscalía: rebelión, sedición…? 

Los jueces tienen que ser imparciales. Los fiscales no. Los fiscales son acusación. 

Sí, pero han de ser decorosos. 

Sí, han de ser decorosos y lo que usted quiera. Pero son acusación. Son una parte.  (...)

Sí pero los acusados no han invadido Marte. No ha lugar a hablar de una invasión de Marte, o a una rebelión. 

Mire, en otro sentido, si efectivamente –y con esto no cambio de tema, no le estoy respondiendo directamente, sino indirectamente– esta gente hubiera tenido un plan, un proyecto, una actuación y una preparación como para, efectivamente, convertir a Catalunya en un Estado independiente después de lo que ellos llamaron “referéndum” –que ahora dicen que no, que era una “manifestación”–, usted y yo estaríamos en un campo de concentración, o hubiéramos tenido que cruzar la frontera. Porque, acuérdese, de la Ley fundacional de la República que aprobó el Parlament.

Hable por usted. Yo me veo más de embajador.

Pues hablo por mí. Estaría en un campo de concentración o cruzando la frontera si me hubiera dado tiempo. Porque lo que se establecía era un régimen autoritario, una dictadura del president.
Que no es tan exótica en Europa. 

No, no lo es pero normalmente la gente, cuando está en un régimen autoritario y de dictadura presidencial, sale huyendo. Los desafectos al régimen, claro. Yo ya viví lo que es ser desafecto al régimen durante el franquismo, por lo tanto no tengo ganas de volverlo a vivir.

(Entrevista a ALFONS LÓPEZ TENA, EX VOCAL DEL CGPJ, Guillem Martínez, CTXT, 01/06/19)

29/3/19

La república que planeaba Puigdemont: los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados...

"El Govern de Carles Puigdemont planeó para los primeros momentos de una Catalunya independiente captar 4.200 millones de euros en cotizaciones sociales a las empresas, gastar 499 millones de euros en activar un fisco propio y confiscar bienes inmuebles al Estado español por valor de 19.134 millones de euros.

Tales cifras se desprenden del conjunto de informes y otras aportaciones de la Guardia Civil a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por delitos conectados con la preparación de la independencia. Entre los elementos de prueba presentados, un borrador de constitución catalana que preveía importantes limitaciones de derechos políticos para los partidos y los funcionarios que no compartiesen el independentismo.

Por ejemplo, y para restar legitimidad a posibles recursos o protestas desde dentro, el proyecto de constitución catalana incautado a Vidal preveía la limitación de derechos a quienes implícitamente considera enemigos interiores: "No podrán obtener, ni conservar, la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero".

Además, la norma básica de la nueva república impondría, según los papeles incautados, a todos los funcionarios la obligación de elegir una sola nacionalidad, y les daría seis meses para decidir si ejercer en Catalunya como ciudadanos catalanes o no serlo, pero tampoco ejercer.

En la república que manejaba el independentismo no todas las ideas podrían ser defendidas. En el boceto de Santi Vidal figura un artículo que preveía permitir "la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Catalunya como Estado ni contra esta Constitución". 

En materia de seguridad interna, los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados.

Al letrado del juzgado que intervino en el registro, tanto como a los guardias que lo llevaron a cabo y que analizaron la documentación, les llamó la atención el chocante detalle de que, para los apuntes de la constitución catalana, Vidal utilizó cientos de folios de la Administración de Justicia de España, papel oficial, con el escudo del Estado, proveniente del juzgado en el que ejercía.

 

La seguridad social, clave


Las pesquisas han puesto de manifiesto la participación de importantes firmas de asesoría, tecnología e informática para preparar las bases de gestión de datos necesarias para crear una seguridad social catalana. No han trascendido hasta el momento pagos realizados a esas empresas, entre ellas Deloitte, IT-Sistems e IBM, pero sí presupuestos de técnicos de la Generalitat.

Con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote, bajo la dirección política de la consellera de Trabajo Dolors Bassa y su secretario general Josep Ginesta, y con técnicos del centro expertos en redes informáticas, el Govern diseñó un sistema de captación de recursos sociales para los inicios de una Catalunya separada de España.

Los planes, intervenidos por la Guardia Civil en sus registros llevados del 20 de septiembre de 2017 -Operación Anubis- por orden del Juzgado 13, incluyen preparativos tecnológicos que ya estaban muy avanzados antes de que el Parlament promulgara las leyes de desconexión que luego suspendió el Tribunal Constitucional.

Para la Guardia Civil, era "clave en la desconexión asumir el sistema de la seguridad social", dice en un informe. Los planes apuntaban la necesidad de contar con la adhesión -o el acatamiento- de al menos 100 empresas principales de Catalunya. Con las cotizaciones a la Seguridad Social de esas empresas, más las de 233 entidades del sector público controlado por la Generalitat, los diseñadores del plan preveían reunir una masa crítica de ingresos de 4.200 millones de euros.

Pero eso era en una primera fase. El objetivo en materia de Seguridad Social era recaudar y gestionar las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes y controlar a 690.000 empresas, incluidos los autónomos, y las pensiones de un millón de jubilados.

Entre la documentación incautada por la Guardia Civil en la sede del Departamento de Trabajo en la tensa jornada del 20 de septiembre, figuran apuntes del técnico David Palanques que prevén que la Generalitat se erige en "la autoridad que exige en Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de cualquier tipo del sistema de seguridad social y clases pasivas".

El organismo que los administraría sería una Agencia Catalana de Protección Social. Para el diseño técnico de esa agencia la Generalitat pidió bocetos a la firma Deloitte, según apuntes intervenidos al técnico de Trabajo David Franco. Su participación estaba presupuestada en 197.508 euros, aunque en los apuntes se preveía también un precio "sense IVA": 163.230. En esos apuntes hay también alusiones a la participación en los trabajos de HP; IBM, Itteria y el Cesicat.

Se las necesitaba para implementar un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) que iba a tener un presupuesto de 1.471.247 euros en 2017 y de 2.537.561 en 2018. El CPD tendría que ser capaz de gestionar los datos de los mencionados 3,2 millones de contribuyentes y 300.000 afiliaciones al año.

 

Hacienda catalana


Más allá de la famosa Moleskine de Josep Lluís Salvadó, secretario del Departamento de Economia y Hacienda, la Guardia Civil ha analizado también un pendrive de Salvadó con un solo documento, “Activitats i mesures adreçades a la creació de l’Estat Catalá”, que contiene una cuantificación de los recursos necesarios para el despliegue del fisco de una Catalunya independiente en el mismo día 1 de la ruptura.

Según los cálculos que hizo Salvadó, eso supondría gastar 499.860.737 de euros, e incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria catalana en 7.000 personas. Todo ello, aclara la Guardia Civil sin contar con "el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de la propiedad inmobiliaria", el que sería el catastro catalán.

Y todo ello calculado como presupuesto solo de extensión, sin contar los recursos ya empleados, en fase autonómica, en crear un sistema tributario independiente: "Se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán", aseguran los invesigadores a la jueza Alejandra Gil, continuadora de la instrucción que inició el fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.

 

Confiscación de bienes del Estado


La apropiación de otros recursos por parte de un gobierno catalán ya separado de España iba a tener una cobertura legal en el más alto nivel normativo de la nueva república catalana.

Entre los papeles incautados al exjuez Santiago Vidal en su domicilio aquel 20 de septiembre, un remedo de constitución catalana. El último artículo es una "Disposición confiscadora", así titulada y que dice: "Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Catalunya, pertenecientes al Reino de España".

El secretario de Hacienda Salvadó tuvo a un equipo de 10 personas, investigado por las Fuerzas de Seguridad, trabajando en elaborar un inventario de bienes inmuebles del Estado y su valor. La cifra que les salió fue 19.134 millones de euros. La confiscación de los bienes del Estado por una Generalitat desconectada había sido objeto de debates abiertos en la Assemblea Nacional Catalana, cuando en conferencias o coloquios se elucubraba sobre los primeros pasos de una Catalunya separada de España."                     (Juan José Fernández, El Periódico, 08/03/19)

22/3/19

La Constitución catalana contemplaba la ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo político respecto al Estado español donde no es delito oponerse a la Constitución en vigor

"(...) el comportamiento de Puigdemont se inscribe en una larga tradición del nacionalismo catalán según la cual el presidente de la Generalitat concentra la legitimidad y la autoridad carismática del movimiento y en torno al cual se construye una suerte de culto a la personalidad. 

Así sucedió con Francesc Macià y con Lluís Companys, aunque en este caso después de su trágica muerte, que continuó con Josep Tarradellas y que culminó con Jordi Pujol. Este carácter autoritario de la presidencia de la Generalitat se evidenció en la llamada ley de transitoriedad, aprobada el 7 de septiembre de 2018 y suspendida por el Tribunal Constitucional, donde el president de la Generalitat tenía la facultad de elegir a los miembros del Tribunal Supremo de la República Catalana y de emitir decretos-ley que no podían ser recurridos ante ninguna instancia judicial.

 Ello suponía cuestionar la separación de poderes de las democracias liberales y confería al presidente atribuciones casi dictatoriales.

Por ello no deja de resultar paradójico que desde los medios independentistas se critique la escasa calidad de la democracia española y se afirme que la República catalana hubiera sido una democracia más avanzada.

 Eso sin contar con que, en el proyecto de Constitución elaborado por el ex juez Santi Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo político respecto al Estado español donde no es delito oponerse a la Constitución en vigor.  (...)"                 (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 13/03/19)

21/3/19

El partido fascista Vox plantea la ilegalización de Podemos... evidentemente. Los fascistas independentistas plasmaron en la constitución catalana la ilegalización de los partidos constitucionalistas

"Vox plantea la ilegalización de Podemos.

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la "ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España" y es con los que hay que "acabar entre todos", por lo que ha planteado que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos.

Preguntado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, por el escrache que sufrió Vox este pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la "ultraizquierda" que es "peligrosa" para el país.

En este sentido, y tras ser preguntado por un cruce de declaraciones que protagonizó con Íñigo Errejón, ha atribuido a Podemos tener "bilis antiespañola" y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización.

"Habría que analizar si tienen derecho estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos han dejado", ha espetado Espinosa de los Monteros. (...)"                  (El Periódico, 18/03/19)

"Los independentistas querían prohibir los partidos que fueran contra la República catalana.

 Los independentistas catalanes se plantearon prohibir los partidos que fueran contra la República catalana o su Constitución, así como espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una unidad especializada en "españolismo violento". Así consta en uno de los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado.

El citado documento recoge los trabajos que se hicieron para redactar la Constitución de la futura República y que le fueron intervenidos al exsenador y juez Santiago Vidal. En el título II de ese presunto texto constitucional se decía expresamente que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución". En el capítulo VI de ese borrador también se exponía que todos los funcionarios del nuevo Estado debían tener una "única nacionalidad", la catalana. 

 Y establecían un plazo de 6 meses a partir del día de la declaración de independencia para que todos los funcionarios hicieran "manifestación expresa" sobre si querían seguir siendo del Reino de España. En ese caso cesarían de sus funciones aunque se les permitiría seguir residiendo en Cataluña, perdiendo la condición de funcionarios, en tanto que seguirían siendo ciudadanos europeos. (...)"      (InfoLibre, 06/03/19)

12/3/19

¿La república catalana hubera sido como el franquismo? Sí, el contenido de las leyes de desconexión era el de establecer una dictadura, esto se olvida. Era un contenido donde no había ninguna independencia del poder judicial y en la cual el Parlament delegaba en el presidente la facultad legislativa... le delegaba la capacidad de hacer leyes, era como lo que tenía Franco, que podía remitir leyes personalmente. En este sentido sí era como el franquismo...

"(...)--¿Hay que cambiar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas --más allá de las armas-- de intentar subvertir el orden constitucional?

No es necesario. Las leyes de desconexión eran inconstitucionales y contrarias al Estatuto de Autonomía precisamente porque establecían un contenido por el cual la Generalitat no tenía competencias. 

En segundo lugar, su contenido era el de establecer una dictadura, que esto se olvida. Era un contenido donde no había ninguna independencia del poder judicial y en la cual el Parlament delegaba en el presidente la facultad legislativa. De forma que todo lo que fuera el desarrollo de aquella ley, el presidente podía legislar por decreto. 

Todo lo que hiciera con estos decretos que tenían capacidad legislativa, porque el Parlamento le delegaba la capacidad de hacer leyes, era como lo que tenía Franco, que podía remitir leyes personalmente.

--¿La república catalana hubera sido como el franquismo?

En este sentido sí. El jefe de Estado tiene la capacidad de dictar normas con rango de ley. Algo que ni siquiera Franco se atrevió a establecer, solo Hitler. Y es que estos decretos con forma de ley no se podían recurrir ante los tribunales. Esto lo decían las leyes de desconexión. Iban a establecer un régimen autoritario. Como Erdogan y Putin. Ni siquiera Orbán se ha atrevido a tanto. (...)"

(Josep López de Lerma, abogado y ex diputado en el Congreso por CIU, Crónica Popular, 08/03/19)

4/2/19

¿Llamaría golpe de Estado a lo ocurrido en Cataluña durante los últimos meses? No. Ha sido una revolución... Lo que se produjo en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre fue una revolución jurídica. ¡Los españoles le damos tanta importancia a la ley y tan poca a la realidad!

"(...)  ¿Llamaría golpe de Estado a lo ocurrido en Cataluña durante los últimos meses?

No. Ha sido una revolución.

¿Una revolución?

Los golpes de Estado no son fáciles hoy en España. Y eso se lo debemos a Felipe González y a Narcís Serra. Ellos cambiaron la legislación sobre gobiernos militares. Los golpes de Estado en la España del siglo XIX o el XX eran relativamente fáciles porque existían los mecanismos legales para ello. Mecanismos muy sólidos. Y eso no existe hoy.  

Ni siquiera en el 34 hubo un alzamiento militar catalán porque, sencillamente, no había fuerzas militares. Podía existir un control de la policía, pero no existía una fuerza armada digna de tal nombre que no fuera el ejército de la República.

Las analogías son fáciles.

Fáciles y frívolas. Lo que se produjo en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre fue una revolución jurídica. ¡Los españoles le damos tanta importancia a la ley y tan poca a la realidad! Y parece que les estoy dando la razón a los independentistas, pero no es así. 

Lo que dijo el Parlamento catalán fue “aquí la legislación española no rige para según qué temas, y tenemos una legislación propia que vamos a desarrollar”. Esto es una revolución. La negación de la base legal previa.

Yo no creo que sea un golpe de Estado porque difícilmente una separación logra ser un golpe de Estado. Será una rebelión con separación que se constituye en Gobierno y tiene capacidad de defender sus fronteras, pero incluso eso es bastante más de lo que ha ocurrido. 

En Cataluña todavía no ha pasado lo que pasó en el País Vasco en el 61 y el 62, cuando de repente algunos decidieron empezar a pegar tiros. 

Algunos dicen que todo ha sido un teatro.

Sí. En Cataluña todo lo que ocurre tiene, de momento, mucho de teatro político. Y dentro del teatro hay mucho de juego. Lo dijo la Ponsatí, que por cierto es experta en teoría de juegos. “Estamos jugando al póquer y hemos tirado de farol”. Y tras las críticas añadió: “Y seguimos haciéndolo”. (...)

31/1/19

Entended este artículo como un grito desesperado... La resolución que declara "antidemocrática y antisocial la Constitución española" es el último capítulo de la degradación del Parlament... ¿Han leído alguna vez la Constitución los que han presentado la resolución y los que la han votado?... ¿Han leido el artículo 129.2 que literalmente dice: "los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción"?. Sí, lo habéis leído bien, no es un error... ¿Son más democráticos los neo-convergentes, que defienden el concordato con la Santa Sede, la imposición de las fiestas laborales por el Vaticano, el control de una parte de la educación pública por la Iglesia católica, los conciertos con escuelas del Opus Dei?

"(...) La resolución que declara "antidemocrática y antisocial la Constitución española" es el último capítulo de la degradación del Parlament y del abandono de la política como pedagogía. Todo un síntoma de muchas de las cosas que nos están pasando en Cataluña. (...)

La resolución comienza con un "Totum revolutum" que mezcla Constitución, Ley de Amnistía y Pactos de la Moncloa con el único objetivo de justificar la teología del "Régimen del 78". Obviamente, todo es discutible, incluso el alcance de la Ley de Amnistía, pero

Se puede impugnar que la Amnistía incluyera los crímenes del fascismo, se puede ignorar las condiciones en que fue acordada, se puede incluso olvidar que la transición fue un pacto de impotencias compartidas entre un franquismo que no se pudo perpetuar y una oposición democrática que no tuvo fuerzas suficientes para forzar la ruptura.

 Pero lo que no se puede hacer sin caer en el adanismo ucrónico es situar la ley de amnistía como expresión de la falta de derechos democráticos, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña.

Y si en términos políticos, es grave calificar la Constitución como antidemocrática y antisocial, más graves son las razones que se dan para justificar esta valoración.

Es obvio que la Constitución tiene algunos aspectos que pueden ser criticados, por insuficientes o porque no afrontaron con más valentía objetivos como la laicidad del estado. Entre otras, estas son las razones que nos llevan a algunos a plantear una reforma constitucional.

¿Pero con qué parámetros se puede afirmar que la CE se antidemocrática y antisocial? ¿Saben los redactores de la resolución y los que lo han votado que la CE reconoce y tutela los derechos individuales y colectivos con una intensidad incluso superior a la de otros textos constitucionales de nuestro entorno? ¿Saben que tenemos reconocido un derecho de huelga que nos permite hacer huelgas generales con motivos socio-políticos, que en muchos otros países europeos están prohibidas o no tienen cobertura constitucional? ¿Saben que la CE regula y tutela el derecho de negociación colectiva en términos que aguantan muy bien la comparación? ¿Saben que la redacción que se hace del derecho a la salud y a la educación es la que permite garantizar asistencia sanitaria y educación a personas que no tienen la nacionalidad y ni siquiera tienen una situación regularizada en nuestro país?

Algunas de las razones por las que la resolución del Parlamento de Cataluña califica de antidemocrática y antisocial la CE ―no reconocer el derecho a la autodeterminación o encargar a las fuerzas armadas la función de defender la integridad territorial y el ordenamiento territorial― sitúan todas las constituciones del mundo en el grupo de las antidemocráticas. Si se aplican las mismas razones a analizar las de otros países, se llega a la conclusión de que ninguno de ellos tiene una constitución democrática. ¡Qué barbaridad!

¿Han leído alguna vez la CE los que han presentado la resolución y los que le han votado? Mucho me temo que no. La resolución imputa a la CE que no posibilite ningún otro sistema de organización socio-económica que no sea el capitalismo. 

Obviamente, ya sabemos que no instala una república socialista, pero quienes hacen la afirmación anterior ignoran o esconden los márgenes que la CE ofrece en este sentido. Con un artículo 33 que determina los límites de la propiedad privada y condiciona su ejercicio a su función social ―la de la propiedad privada―. 

Con un artículo 47 que posibilita políticas de vivienda y de sol para combatir la especulación. O un artículo 129.2 que literalmente dice: "los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Sí, lo habéis leído bien, no es un error.

Que estos y otros artículos no se hayan desarrollado o hayan sido en los últimos años interpretados de manera restrictiva es criticable, pero no imputable a la Constitución ni al Régimen del 78, sino a la debilidad de la correlación de fuerzas de estos últimos años. Basta de adanismo, por favor.
La resolución desprende un tufo autoritario muy propio de sus impulsores, al calificar de antidemocrático todo lo que no coincide con su proyecto de sociedad. 

¿Qué significa que la CE separa y divide naciones históricas? ¿Qué naciones? ¿Los Países Catalanes? No sólo nos quieren imponer a la ciudadanía de Cataluña su concepción nacional, sino que pretenden hacerlo también a la ciudadanía del País Valenciano o de las Islas, desde la "soberanía" del Parlamento de Cataluña.

Por cierto, la Constitución Española, con todos sus defectos, interpretaciones restrictivas y vulneraciones, aguanta perfectamente la comparación con la "República catalana" configurada en la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República aprobada por el Parlamento el 7 de septiembre de 2017 y el proceso constituyente diseñado para llegar a ella.

La resolución aprobada está llena de despropósitos, pero quizás el más grande de todos sea la subalternidad con que las fuerzas que la han votado han sometido a la hegemonía ideológica de 4 diputados/as y al grado de cinismo y doble moral que algunos han demostrado.

Partidos, como los neo-convergentes, que defienden el concordato con la Santa Sede, la imposición de las fiestas laborales por el Vaticano, el control de una parte de la educación pública por la Iglesia católica, los conciertos con escuelas del Opus Dei, votan una resolución que considera que mantener los privilegios de la Iglesia Católica es la prueba del carácter no democrático de la CE.
De todas las incongruencias la que me parece más grave, quizá porque es la que me toca más de cerca, que me ha producido un gran dolor y me ha provocado una grave fractura emocional, es la de los Comunes.

Esta resolución es una ruptura en toda regla con un proyecto político del que he formado parte durante más de 45 años. Y me duele el grado de desconcierto que expresa.

No es verdad que la resolución se limite a criticar algunos artículos de la CE. Su intencionalidad es muy nítida. La CUP ha utilizado algunos aspectos de la CE para una descalificación general y absoluta de la CE, para justificar su proyecto de ruptura con España y de rebote para dar cobertura a las movilizaciones del 21D ―la parte de la resolución no aprobada―.

 No era tan difícil darse cuenta, es muy evidente. Y sólo por su intencionalidad política, además de por su contenido, no debería haber sido votada nunca.

No entender que votar esta resolución es aceptar la hegemonía ideológica de la CUP y ponerla al servicio de la estrategia de polarización, del "cuanto peor, mejor" aún añade más gravedad a la situación, a las puertas del 21D y contra la estrategia del propio espacio.

Lo que más preocupación me genera es tener la convicción profunda de que no estamos ante un error ―perfectamente comprensible―, sino de las consecuencias de una opción estratégica del espacio de los Comunes, la de no tener un proyecto para Cataluña. 

El único proyecto existente, dentro del espacio de confluencia, era lo que representaban ICV y EUiA, que puede ser criticable y criticado, pero que, al menos, apostaba por un modelo de país. Y que ahora ha quedado enterrado por un alud de tacticismo constante y por una estrategia política suicida que pretende defender el espacio del municipalismo ―que es el eufemismo para hablar de Barcelona― renunciando a tener un proyecto político para Cataluña. 

La cuestión no es nueva, es la opción dominante dentro del espacio de la confluencia desde el 2015.  (...)

Termino con una confesión personal: con esta entrada incumplo una norma que me había impuesto a mí mismo por razones obvias, la de no opinar sobre lo que hiciera el grupo parlamentario en esta legislatura. Me lo he pensado mucho, he dudado aún más y, al final, he decidido hacer pública mi opinión por dos razones.

Porque creo que en este caso el silencio habría sido una deslealtad con todo lo que he creído, creo y defiendo, con la mucha gente con la que comparto valores e ilusiones y conmigo mismo.
Y también porque creo que todavía estamos a tiempo de enderezar la situación de aquí al mes de mayo. (...)

 Entended este artículo como un grito desesperado, el mismo que ayer estalló en las Cocheras de Sants en un acto de los Comunes Federalistas, cuando la ilusión generada por la participación de mucha gente quedó rota al enterarnos de lo que se había votado en el Parlamento de Cataluña."               (Joan Coscubiela, Mientras Tanto, 28/12/18)

18/1/19

La pregunta que nos hace la clase trabajadora catalana es más directa y no se pierde en divagaciones: ¿queréis la ruptura de Catalunya con España, sí o no? El horizonte de una izquierda transformadora no puede ser el de una Andorra con vistas al mar, ni nada que se le parezca... La República autoritaria y populista de 7-S, llamada a convertirse en un paraíso fiscal, no era una simple pesadilla... difícilmente podría configurarse más que como un ente regresivo... un proyecto coherente de izquierdas es incompatible con el propio objetivo de la independencia de Catalunya...

"(...) Hace dos días, el voto favorable de su grupo parlamentario a una excéntrica moción de la CUP que reprobaba la Constitución española como antisocial y antidemocrática, encendió todas las alarmas. 

Semejante posicionamiento cuestionaba toda una tradición de la izquierda catalana y del movimiento obrero – una tradición que entiende que la Constitución del 78, impensable sin la lucha de la oposición democrática, logró establecer un marco de convivencia y progreso social tras décadas de dictadura. Pero, ante todo, un voto tan cargado de simbolismo situaba a los "comunes" en la órbita del discurso independentista, según el cual España seguiría siendo irremediablemente franquista.

Una grave equivocación que habría que atribuir sin embargo, no tanto al propio grupo parlamentario como a la calculada ambigüedad de que hace gala la dirección del partido. (...)

La pretendida Ley Fundacional, a la que sí pudimos oponernos abiertamente, dibujaba la arquitectura de una República que, de hecho, era mucho menos democrática que la monarquía parlamentaria instituida por la Constitución del 78: una república sin separación de poderes y con las atribuciones de su futura representación parlamentaria secuestradas de antemano.

Pero la dirección de los comunes solo contemplaba la movilización de una parte de la sociedad catalana, sin percibir la angustia y perplejidad de la otra –-donde se sitúa, por cierto, el grueso de la población trabajadora que ha constituido la base social histórica de las izquierdas. Ese estrabismo político continua. 

Y ha sido la verdadera causa de este último error… que bien podría ser un último aviso. Mientras comete semejantes deslices en el parlamento, Catalunya en Comú, que parece ajena a las vivencias de esos sectores populares, sigue deshojando la margarita de su ideario. ¿Qué somos? ¿Federalistas o confederales? ¿Somos tal vez un poco independentistas?

 La pregunta que nos hace la clase trabajadora es, sin embargo, mucho más directa y no se pierde en divagaciones: ¿queréis la ruptura de Catalunya con España, sí o no?

Tras la experiencia de estos años, sería hora de decir, simple y llanamente, que un proyecto coherente de izquierdas es incompatible, no solo con la vía unilateral y manifiestamente fracasada del "procés", sino también con el propio objetivo de la independencia de Catalunya.

 La República autoritaria y populista de 7-S, llamada a convertirse en un paraíso fiscal, no era una simple pesadilla, ni el diseño erróneo de algunos dirigentes: bajo las condiciones objetivas de la globalización y ante las diversas identidades que conviven en nuestra sociedad, un nuevo y raquítico Estado catalán difícilmente podría configurarse más que como un ente regresivo, sometido al feroz dictado de los mercados financieros.

El horizonte de una izquierda transformadora no puede ser el de una Andorra con vistas al mar, ni nada que se le parezca. Es hora de decir que aspiramos a un Estado capaz de acomodar al conjunto de nuestras diversidades nacionales desde el reconocimiento y la solidaridad; que queremos una reforma federal de España y de Europa. Si tardamos demasiado en tomar esa determinación, quizá ya no tengamos tiempo para cambiar de rumbo."                 (Lluís Rabell, CatalunyaPress, 20/12/18)

2/1/19

Paco Frutos, ex-secretario generla del Partido Comunista de España: Quieren convertir a los “Mossos d´esquadra” en algo parecido a la Brigada Político Social del franquismo, para que proteja, defienda, ensalce y acompañe a los movimientos parecidos al del filofascista Dencás

"Fue así: El mosso le dice al Agente Forestal de la Generalitat (...) “qué república ni qué cojones. La república no existe, idiota”. Y la Generalitat quiere empapelar al mosso. 

Quieren convertir a los “Mossos d´esquadra” en algo parecido a la Brigada Político Social del franquismo, para que proteja, defienda, ensalce y acompañe a los movimientos parecidos al del filo fascista Dencás, de tan nefasto recuerdo en la historia catalana, y repriman a los que defiendan cosas tan elementales como una Constitución, que siempre puede y debe mejorarse, a un Estatut que emana de esa Constitución y a unas normas y métodos elementales de funcionamiento democrático.

Si a ello añadimos que quieren una judicatura catalana puesta a dedo, en la que se señale y excluya a todos los que consideran enemigos del independentismo; y que, para rematar, consideran que el señalamiento, las amenazas, el acorralamiento de que son motivo los que no comulgan con el nazionalismo identitario, son puras anécdotas que se inventan los enemigos de la Catalunya “Una,Grande y Libre”, según las afirmaciones de Torra y congéneres concluyendo que no hay violencia y sí una perfecta convivencia entre catalanes, tenemos el cuadro más parecido a lo que pretenden y a lo que hasta los franquistas tuvieron cautela para no ciscarse en sus propias leyes con tanto desparpajo.

Y que no me digan que ellos no detienen, torturan y encarcelan ya que todo podría andarse si su “República”, o sea la “Monarquía absolutista, hereditaria y bananera” que defienden y dicen haber conquistado el 1 O, a la que ni siquiera dotan de las básicas garantías de funcionamiento democrático de la monarquía parlamentaria actual, tuviera algún día un poder real y no fuera la fábula-ficción que han creado.

Me es difícil encontrar realidades políticas en nuestro entorno en las que se haya llegado tan lejos en el aprovechamiento de las leyes, instituciones y mecanismos de gobierno de un sistema democrático parlamentario para liquidar, no reformar ni mejorar, las mismas leyes, instituciones y formas de participación democrática, como se ha hecho en Catalunya.

Y todavía llegan los cenutrios auxiliares de la “izquierda oficial”, que se proclaman federalistas y anti independentistas, a los que llamo “palanganeros” del secesionismo, vociferando “muera el régimen del 78” y declamando cuatro frases de retórica federalista y republicana, que me recuerdan más el “vivan las cadenas” de la vuelta a España en 1814 de Fernando VII y la liquidación de la Constitución de Cádiz, la PEPA, o incluso la proclamación del Cantón independiente de Cartagena para, decían, iniciar el federalismo en España. ¡¡Cómo se repiten las cosas sin aprender su lección!! (...)"                   (Francisco Frutos, Ex Secretario General del PCE, Crónica Popular, 29/12/18)

17/12/18

Mientras Tanto: ese juicio no sólo es inevitable sino también saludable para nuestra cultura democrática. En su fase final, el llamado procés ha sido fundamentalmente un conflicto entre administraciones dirigidas por corruptos, encubridores de corruptos, farsantes y mentirosos compulsivos. Una payasada política de proporciones épicas. Una payasada, además, peligrosa y antidemocrática...

"Previsiblemente, en los primeros meses del año próximo dará comienzo la vista oral del proceso penal incoado contra los dirigentes independentistas catalanes. (...)

Para dejar las cosas claras desde el principio: esas reflexiones se van a hacer desde la convicción de que ese juicio no sólo es inevitable sino también saludable para nuestra cultura democrática.
Ciertamente, lo óptimo habría sido que dicho proceso jamás se hubiera producido, pero para ello hubiera sido necesario previamente que las autoridades catalanas se hubiesen abstenido de violar la legalidad vigente. 

A partir del momento en que lo hicieron, con la aprobación de las leyes de “desconexión” del 6 y 7 de septiembre, la convocatoria del simulacro de referéndum del 1-0 y las fantasmagóricas declaraciones de independencia posteriores, los fiscales y jueces competentes estaban obligados a abrir diligencias judiciales so pena de ser ellos mismos sancionados.

Eso no significa que quien esto suscribe esté de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado en el período de instrucción de la causa. En mi modesta opinión, se ha abusado (aunque eso por desgracia no es nada nuevo en España) de la prisión provisional y se han aplicado tipos penales que, por las razones que se explicarán en otro texto posterior, hubieran debido descartarse tras un primer y somero análisis jurídico de los hechos enjuiciados.

Ahora bien, tras la experiencia del siglo veinte, tras la reiterada comprobación empírica de adonde puede conducir la anarquía del poder (del poder de ellos, del poder de los nuestros, del poder de los vuestros o del poder de quien os dé la gana), esto es, la no sujeción de los poderes públicos a una legalidad mínimamente democrática, las sensatas palabras de Joan Coscubiela en la sesión del Parlament del 6 de septiembre de 2017 hubieran debido recibir el apoyo unánime de todo eso que llamamos izquierda. 

Que eso no ocurriera resulta cuando menos inquietante. La desobediencia a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, textos legales en los que se reconocen derechos muy básicos que todo tipo de autoridades tienen la obligación de respetar, por parte de unos diputados y consellers con capacidad para dictar leyes, reglamentos y órdenes de los que depende la administración de más 30.000 millones de euros pagados con los impuestos de todos, en especial de los trabajadores asalariados, así como la actuación de 250.000 empleados públicos entre los que se incluyen 17.000 Mossos d’Esquadra, no tiene nada que ver con la desobediencia civil (y por tanto desarmada) de los insumisos al servicio militar, los activistas de Greenpeace o los jornaleros de Marinaleda.

En su fase final, el llamado procés ha sido fundamentalmente un conflicto entre administraciones dirigidas por corruptos, encubridores de corruptos, farsantes y mentirosos compulsivos. En ese conflicto, las poblaciones, como las multitudes en las películas de romanos, han jugado más el papel de extras que el de protagonistas. 

Para convencerse de ello, sólo hace falta pensar en qué hubiera sucedido si el 20 de septiembre de 2017, por decir algo, los dirigentes independentistas hubieran explicado a sus seguidores lo que han explicado después, a saber: que estaba muy bien que sus bases fueran a votar el primero de octubre, pero que ese simulacro de votación sólo serviría para legitimar una declaración simbólica de independencia, no para hacer efectivo ese objetivo político; que ese intento de referéndum sería un brindis al sol, un farol en una jugada de póker que únicamente pretendía forzar una negociación con la administración central para conseguir alguna cosa que permitiera salvar el prestigio político de los dirigentes independentistas.

Sabiendo eso, ¿cuántas personas hubieran ido a las escuelas el primero de octubre a partirse la cara con la policía? Seguro que unas cuantas menos de las que fueron. Más allá de los palos y los actos de brutalidad policial de ese día, que siempre hay que rechazar y denunciar, el primero de octubre tiene más de trágica farsa que de “día histórico”. 

Y si eso no parece suficientemente convincente, entonces basta con recordar la imagen de las multitudes indepes esperando ansiosas la susodicha declaración y sus caras posteriores cuando aquella se “suspendió”. Eso no son “errores” de menor cuantía, eso es una payasada política de proporciones épicas. Una payasada, además, peligrosa y antidemocrática.

Entre otras cosas, porque también supuso, ni que fuera simbólicamente, un desprecio olímpico a la opinión y los derechos de los 2.120.000 ciudadanos catalanes (es decir, a la opinión y los derechos de la mayoría de los catalanes) que en las elecciones autonómicas plebiscitarias de 2015 votaron a partidos no independentistas, así como a la opinión y los derechos de los 2.277.451 (otra vez la mayoría de los catalanes) que, habiendo vivido todos esos actos con angustia creciente, volvieron a hacer lo mismo en las elecciones autonómicas –y tan plebiscitarias por cierto como las anteriores y cualesquiera otras- del 21 de diciembre de 2017.

Tanto más cuanto que llueve sobre mojado. Los nacionalistas de derecha radical, que han detentado el poder autonómico la mayor parte del tiempo transcurrido desde las primeras elecciones autonómicas de 1980, han practicado reiteradamente la anarquía del poder para, entre otras cosas, favorecer los intereses de un conglomerado público-privado que ha protagonizado graves violaciones del Derecho Penal económico. (...)

Sólo la elevada autoestima de las clases medias catalanas puede impedir ver un hecho tan palmario. Los encausados por los casos Banca Catalana, Casinos, Planasdemunt, De la Rosa, Pascual Estivill, Pallerols, Palau de la Música o Familia Pujol son tan chorizos como los investigados en los casos Naseiro, Gürtel, Bárcenas, Lezo, Palma Arena, Púnica, Taula o Bankia. 

Pues bien, los correligionarios políticos de los chorizos de casa nostra y sus compañeros de viaje en el ilusorio proceso independentista, aprobaron el 7 de septiembre la llamada Llei de Transitorietat jurídica i fundacional de la República en cuyo artículo 79,2 se decía: “Los casos que según el ordenamiento jurídico anterior a la sucesión sean o hubieran sido competencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de cualquiera otro órgano judicial español fuera del territorio de Cataluña, incluido el Tribunal Constitucional sólo con relación a los recursos de amparo, serán asumidos inmediatamente, según corresponda, en instrucción, primera instancia, segunda instancia, casación y ejecución por los órganos judiciales catalanes en función de su competencia objetiva y territorial.”

Entre ellos se encontraban todos los casos de corrupción mencionados más arriba. Pero la cosa no acaba ahí, porque, por otra parte, la misma Llei de Transitorietat preveía en su artículo 66,4 que ”El presidente o presidenta del Tribunal Supremo [de Catalunya] será nombrado por el presidente o presidenta de la Generalitat a propuesta de la Comisión Mixta prevista en el artículo 72”. Dicha “Comisión Mixta” debía estar compuesta por “el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, que la preside, por el conseller o consellera con competencias en el ámbito de la justicia del Gobierno de la Generalitat, que ejerce la vicepresidencia, por cuatro miembros de la Sala de Gobierno [del Tribunal Supremo], designados por ella misma, y cuatro personas designadas por el Gobierno.” Vamos, que los corruptos nostrats debían ser juzgados por tribunales cuya última palabra la tendrían, en buena medida, personas de la confianza del Gobierno de la Generalitat, es decir, de los correligionarios políticos de los procesados.  (...)

Por todo lo anterior y por unas cuantas cosas más, tan positivo es que sean enjuiciadas las brutales cargas policiales del 1-O como que lo sean todos los abusos de poder protagonizados por los dirigentes independentistas en el ejercicio de sus cargos."                    (José ÑLuis Gordillo, Mientras Tanto, 30/11/18)

25/10/18

Cuando el independentismo quiso definir una República el 7 de septiembre de 2017, esbozó un régimen autoritario, con el poder judicial sometido al gobierno y la futura representación constituyente de la ciudadanía encorsetada por una expresión previamente establecida de “los designios del pueblo”. Y cuando los partidos independentistas pensaron en cómo sostener esa hipotética República, concibieron transformar Catalunya en un paraíso fiscal. “Andorra con vistas al mar, ése es su proyecto”...

"(...) Cuanto más ha avanzado el “procés” catalán, más se ha ido configurando como el movimiento secesionista de las clases medias de una región europea rica, que caen en la ilusión de que les iría mejor separándose de la “España subsidiada”. 

El conocido “España nos roba” reproducía como un eco el “Roma ladrona” de la Liga Norte italiana, del mismo modo que el mito de los 16.000 millones de déficit fiscal se corresponden con aquellos 350 millones de libras que, supuestamente, la UE succionaba cada semana a Gran Bretaña y que se convirtieron en una de las mentiras más eficaces de la campaña del “Brexit”.

Naturalmente, en el movimiento independentista coexisten –cada vez con mayor dificultad por cuanto a su representación política se refiere– muchas ideas y sensibilidades. Y no pocas atribuyen a ese movimiento potencialidades progresistas.

 Sin embargo, cuando el independentismo quiso definir una República el 7 de septiembre de 2017, esbozó un régimen autoritario y populista, con el poder judicial sometido al gobierno y la futura representación constituyente de la ciudadanía encorsetada por una expresión previamente establecida de “los designios del pueblo”. 

Y cuando los partidos independentistas pensaron en cómo sostener esa hipotética República, que difícilmente iba a encajar en los estándares europeos… concibieron transformar Catalunya en un paraíso fiscal. “Andorra con vistas al mar, ése es su proyecto”, dijimos en alguna ocasión desde el grupo parlamentario de CSQP. 

Del mismo modo que, al discutir ciertas leyes, como la referida a una Agencia Catalana de Protección Social, advertimos de que la ruptura del sistema único de pensiones sólo podía llevar a una competición, a la baja en prestaciones, entre la clase trabajadora del nuevo Estado y su homóloga española.

¿Por qué surgían esas ideas retrógradas en el independentismo? Evidentemente, una parte de sus dirigentes, vinculados a determinados negocios poco dependientes del mercado español o aspirantes a devenir testaferros de grades operaciones especulativas, podía identificarse con aquel esbozo de un pequeño Estado parásito, incrustado en los intersticios del sistema financiero mundial. 

Una hipótesis difícilmente compatible con una democracia representativa plena y con la preservación de los derechos sociales. Desde ese puno de vista, había una lógica interna entre la ensoñación del paraíso fiscal y el régimen esbozado el 7 de septiembre – un “no Estado de Derecho”, proclive a constreñir la lucha de clases.

Pero, más allá del atractivo que semejante perspectiva pudiera ejercer sobre determinadas élites procesistas –y por encima de los deseos los sectores de izquierdas del independentismo– eran las poderosas fuerzas de la globalización las que dominaban el imaginario y dibujaban los inquietantes contornos de esa República. 

En un compendio de artículos recientes, el economista crítico Thomas Piketty (“Ciudadanos, a las urnas!”. Siglo XXI editores) evoca una situación, vivida hace algún tiempo por Francia, que guarda muchas similitudes con nuestro actual debate acerca de la venta de armas a la sanguinaria monarquía saudí.

 “Fue necesario que miles de personas murieran en Ucrania y que pasaran meses de titubeos culposos para que Francia, finalmente, accediera a suspender de manera provisional sus envíos de armas a Rusia. Todo esto con tal de vender fragatas que representan apenas un poco más de 1.000 millones de euros…”.

Un comercio que Piketty considera inaceptable en términos humanos y geopolíticos, pero que le lleva a esta significativa reflexión:

 “En la nueva economía-mundo, el costo de ser un país pequeño se ha vuelto exorbitante: terminamos por aceptar cosas cada vez más inaceptables que contradicen nuestros valores. Con tal de arañar algunos millones de la exportación, venderíamos lo que fuese a quien fuese. Estamos dispuestos a ser un paraíso fiscal, reducir los impuestos a multinacionales y oligarcas antes que a las clases medias y populares, aliarnos con emiratos árabes… Todos los países europeos, incluidos Francia y Alemania, se verán cada vez más en la situación de países minúsculos, listos para padecer y sacrificarlo todo.”

Francia y Alemania, “países minúsculos”… ¿Qué sería entonces de una República Catalana que nacería endeudada, con una hacienda propia por construir y necesitada de financiación? ¿Qué otro camino le quedaría sino el recurso al dumping social y la entrega más absoluta al dictado de los mercados? Lejos de alcanzar una mítica soberanía nacional, esa independencia tendría todos los números para convertirse en la antesala de una redoblada esclavitud para la mayoría social del país.

 El proyecto de una izquierda transformadora, no sólo no puede mostrar connivencia alguna con la idea de una secesión territorial, sino que debería ser capaz de oponer a semejante aventura una alternativa democrática, basada en la cooperación y la fraternidad. Por ese camino iban los debates y reflexiones que, el pasado 6 de octubre, fluyeron en el multitudinario encuentro de l’Hospitalet –“Por una España federal en una Europa federal”– organizado por Federalistes d’Esquerres. (...)

“Sin una refundación social y democrática radical –insiste Piketty– la construcción europea va a ser cada vez menos defendible ante las clases populares”.
 
Y es que la gestión tecnocrática de la crisis financiera de 2008 por parte de las altas instancias comunitarias, imponiendo unas políticas de austeridad que sumieron a los países del sur de Europa en una recesión dolorosa y prolongada, ha pesado –¡y mucho!– en la eclosión de los movimientos populistas. En estos años, por ejemplo, Italia dedicaba casi el 6% de su PIB a pagar intereses de su deuda, cuando invertía apenas un 1% en universidades.

 No es de extrañar que prendan en la opinión pública los discursos demagogos de un Salvini, denunciando “la insensibilidad de las élites europeas hacia los italianos”… al tiempo que dirige su ira contra la población más vulnerable e indefensa, los inmigrantes. “Las instituciones europeas, proclives al principio de una competencia cada vez más pura y perfecta entre territorios y países, sin base fiscal y social común, reforzaron estas tendencias”.  (...)

El desafío es enorme. La izquierda debe aunar fuerzas para cambiar Europa… si no quiere sucumbir en cada país, cediendo incluso ante los cantos de sirena del populismo xenófobo. 

“Hoy en día –advierte Piketty– la acción de las fuerzas nacionalistas podría desembocar en un retorno a las monedas nacionales y la inflación, lo que propiciaría ciertas redistribuciones más o menos caóticas, a expensas de una violenta y angustiosa tensión social y de una etnicización del conflicto político. Frente a ese mortífero riesgo, al cual conduce el statu quo actual, sólo queda una solución: trazar una vía democrática que permita salir de este atolladero y, dentro del marco del estado de derecho, organizar las redistribuciones necesarias”.

He aquí la disyuntiva. El enemigo está a las puertas."                     (Lluís Rabel, blog, 11/10/18)