21/3/19

El partido fascista Vox plantea la ilegalización de Podemos... evidentemente. Los fascistas independentistas plasmaron en la constitución catalana la ilegalización de los partidos constitucionalistas

"Vox plantea la ilegalización de Podemos.

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la "ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España" y es con los que hay que "acabar entre todos", por lo que ha planteado que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos.

Preguntado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, por el escrache que sufrió Vox este pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la "ultraizquierda" que es "peligrosa" para el país.

En este sentido, y tras ser preguntado por un cruce de declaraciones que protagonizó con Íñigo Errejón, ha atribuido a Podemos tener "bilis antiespañola" y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización.

"Habría que analizar si tienen derecho estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos han dejado", ha espetado Espinosa de los Monteros. (...)"                  (El Periódico, 18/03/19)

"Los independentistas querían prohibir los partidos que fueran contra la República catalana.

 Los independentistas catalanes se plantearon prohibir los partidos que fueran contra la República catalana o su Constitución, así como espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una unidad especializada en "españolismo violento". Así consta en uno de los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado.

El citado documento recoge los trabajos que se hicieron para redactar la Constitución de la futura República y que le fueron intervenidos al exsenador y juez Santiago Vidal. En el título II de ese presunto texto constitucional se decía expresamente que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución". En el capítulo VI de ese borrador también se exponía que todos los funcionarios del nuevo Estado debían tener una "única nacionalidad", la catalana

 Y establecían un plazo de 6 meses a partir del día de la declaración de independencia para que todos los funcionarios hicieran "manifestación expresa" sobre si querían seguir siendo del Reino de España. En ese caso cesarían de sus funciones aunque se les permitiría seguir residiendo en Cataluña, perdiendo la condición de funcionarios, en tanto que seguirían siendo ciudadanos europeos. (...)"      (InfoLibre, 06/03/19)

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