"Eslovenia pasa página con los ‘borrados’.
Dieciocho años después de eliminar a 25.000
ciudadanos del registro civil, el Estado esloveno se disculpa pero se
lava las manos con una ley que descarta compensaciones
Imaginemos un improbable futuro en el que
Extremadura se independiza pacíficamente de España y en el resto del
país se desencadena una guerra civil en la que el resto de regiones
lucha por su emancipación.
Un buen día, un joven nacido en Madrid pero
que ha pasado toda su vida en Badajoz va a sacarse el carné de conducir y
los funcionarios del registro le arrebatan su documento de identidad,
lo destruyen y le dicen que ahora es un extranjero ‘sin papeles’, y que
su antigua nacionalidad, la española, ya no existe.
Y se convierte en
ciudadano de ninguna parte. En este escenario esperpéntico han vivido
durante casi dos décadas 25.671 personas (según cifras del Gobierno,
aunque podrían ser muchas más) que fueron eliminadas del registro en
Eslovenia.
En 1992, este pequeña república de apenas dos millones de habitantes obtuvo su independencia de Yugoslavia
sin sufrir los sangrientos conflictos que asolaron el resto de la
región y convirtiéndose en un país modélico: de hecho, es por ahora el
único que ha conseguido entrar en la Unión Europea. Sin embargo, debajo
de esa cara amable se ha escondido durante años uno de los más graves
atentados contra los derechos humanos cometidos en suelo europeo.
Tras la emancipación, Eslovenia dio la
ciudadanía automáticamente a todos los eslovenos étnicos y el permiso de
residencia permanente a húngaros, austriacos e italianos, tres
importantes minorías presentes en el país, pero dio una moratoria de
seis meses para los que consideraba ciudadanos de otras repúblicas de la
antigua Yugoslavia.
Muchos no consiguieron los documentos que
les pedían porque tenían que solicitarlos en países que estaban siendo
destruidos por la guerra, otros pensaban que no necesitaban la
ciudadanía porque llevaban años residiendo en Eslovenia, y algunos no
entendieron en qué consistía el proceso y sus posibles consecuencias o
ni siquiera se enteraron del mismo por su deficiente difusión.
Incluso a
niños nacidos más tarde -según los afectados, 5.600- se les consideró
apátridas por tener padres “extranjeros”. Así que se
vieron forzados a abandonar el país donde tenían toda su vida o a
quedarse ilegalmente y sin acceso a los derechos humanos básicos como la
educación o la sanidad.
Se dieron casos como el de Irfan, que había
nacido, ido a la escuela y formado una familia en Eslovenia, y que en
1991 sufrió un accidente de coche que lo dejó postrado en el hospital
durante varios meses.
Cuando acabó su convalecencia y fue al registro a
poner sus papeles en regla, los funcionarios destruyeron su documento de identidad porque sus padres eran de Bosnia.
Aunque jamás en su vida hubiera pisado suelo bosnio. Hoy, dejado de
lado por su familia, malvive con una exigua pensión de invalidez de 200
euros que le ha concedido el Estado esloveno ya que las consecuencias
del accidente, que no pudo tratar adecuadamente, le impiden trabajar.
O como el de Aleksandar Todorovic,
originario de Serbia y hasta el año pasado la cara visible de los
borrados, que el 1993 fue a inscribir a su hija recién nacida y se
encontró con que los funcionarios le quitaron todos sus documentos. Una
semana después llegó la partida de nacimiento con el nombre de la madre,
eslovena, y un espacio en blanco en el nombre del padre. Su hija no era
legalmente suya. “Es la muerte civil de una persona”, lamentaba antes
de retirarse de los focos.
Cada uno de los llamados ‘borrados’ cuenta
una tragedia personal distinta de lo que ha supuesto para ellos vivir
indocumentados en el sitio que consideraban su hogar, a lo que se ha
unido la incomprensión y el escarnio social. Durante años, la derecha
eslovena consiguió hacer calar en la sociedad la creencia de que ellos
mismos se lo habían buscado por ser “traidores a la patria” y no querer
nacionalizarse.
Durante todo este tiempo ni siquiera han
logrado formar un frente unido, ya que muchos optaron por abandonar el
país, otros fueron consiguiendo permisos de residencia como extranjeros
con el paso del tiempo y la enmienda hecha a la Ley de Extranjería en
1999 y otros, como admite Irfan, no han luchado “por vergüenza”,
por miedo al rechazo social. De hecho, en 2004 se celebró un referéndum
en el que el 94 por ciento de los votantes rechazó una ley
compensatoria para los borrados.
Los que han intentado hacerse oír han
recibido el silencio por respuesta tanto del Estado esloveno como de la
Unión Europea, a la que han pedido ayuda en varias ocasiones, a pesar de
que el Tribunal Constitucional de Eslovenia emitió dos sentencias (la
última en 2003) contra la ley que permitió el borrado.
No fue un simple error administrativo. “El
borrado de estas personas se hizo en secreto”, explica Blaz Kovac,
gerente de proyectos de Amnistía Internacional Eslovenia, una de las
organizaciones más activas en la lucha por restaurar los derechos
humanos de los ‘izbrisani’, como se les conoce en Eslovenia.
Muchos
afectados aseguran que el borrado fue una maniobra para crear un estado
solo con “eslovenos puros”, y sobre esto Kovac destaca
que cuando la Ley de Extranjeros fue aprobada en 1992 “el problema ya
era conocido por el Parlamento”. “De hecho, antes de que se aprobara la
ley un grupo de diputados propuso una enmienda para que los otros
yugoslavos recibieran el permiso de residencia permanente en Eslovenia y
fue rechazado por un voto”, apunta.
Solo en 2010, dieciocho año después, el
Parlamento y el Gobierno esloveno han pedido disculpas por lo que
reconocen que ha sido “una injusticia” y “un doloroso capítulo en la
historia” del joven país. “Esta es la mayor violación de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales desde que Eslovenia obtuvo su
independencia”, ha reconocido el Ejecutivo.
En junio de este año el Gobierno de
centro-izquierda promulgó una nueva Ley de Extranjeros que pretende
corregir los errores del pasado y “restaurar la dignidad humana de los
borrados”. Ahora tienen tres años para demostrar que Eslovenia es “el
centro de sus intereses vitales”, es decir, el lugar donde tienen (o
tenían en 1992 pero se vieron a obligar a abandonar el país) su familia,
su trabajo o su vivienda. De esa forma obtendrán la residencia
permanente de manera retroactiva a partir del el día en que fueron
eliminados del registro.
¿Es este el final del problema?
“A los ojos del Estado, probablemente. A los ojos de la sociedad, en su
mayoría. A los ojos de los borrados, rotundamente no. La nueva ley solo
devuelve estatus legales y no provee medidas adicionales, apoyo social,
integración, vivienda o compensaciones”, afirma Kovac.
El Gobierno ha reconocido el daño causado a
los borrados, pero ha rechazado establecer indemnizaciones o cualquier
tipo de compensación para los afectados. De hecho, la ministra del
Interior, Katarina Kresal, tuvo mucho cuidado en insistir en ello, ya
que los conservadores eslovenos auguraban una avalancha de denuncias
que, estimaban, acabaría costándole al país más de 400 millones de
euros. (...)
En todo caso, a muchos todavía les queda
enfrentarse a “nuevos y complicados” procedimientos legales para obtener
la residencia en Eslovenia de forma retroactiva. Aunque suponga un paso
de gigante comparado con lo que se ha hecho hasta ahora, lo cierto es
que mientras el borrado de hizo de manera automática y masiva, la
restauración del estatus se lleva a cabo caso por caso y con muchas
trabas.
“Se necesita una solicitud especial, hay
que pagar tasas administrativas, hay que demostrar que todo lo afirmado
es cierto y cumplir todos los requisitos”, dice Kovac, y quienes lo
tienen más difícil son las alrededor de 13.000 personas que abandonaron
el país dejándolo todo tras ser eliminadas del registro.
El Gobierno asegura que con la nueva
legislación se ha flexibilizado el antiguo requisito de vivir en
Eslovenia sin interrupción para restaurar el estatus de residentes, pero
el portavoz de Aministía Internacional dice que se puede interpretar
que la ausencia máxima permitida es de diez años, lo que deja a muchos
fuera. Además, alerta la organización, toda la información sobre el
proceso se ha distribuido solo en esloveno, una lengua que no todos los
borrados dominan.
“Si nuestros temores son ciertos, a la
mayoría de los borrados que aún viven fuera se les denegará la
re-entrada y la estancia. Esperamos que nos estemos equivocando, aunque
otros tres abogados que tratan temas de sociedad civil piensan de la
misma manera”, asegura Kovac.
Así que todavía hoy miles de personas lo
tienen muy difícil para que se reconozca la injusticia que se hizo con
ellos y que ha sido ignorada durante años. Se estima que 1.300 de ellos
murieron sin que ni siquiera se les restaurara el permiso de residencia,
y todo ello en un Estado miembro de la Unión Europea.
Y ni siquiera se
ha hecho una
investigación para encontrar a los culpables,
algo que muchas ONG reclaman pero que quizás haya quedado aparcado para
siempre con una ley que se limita a lo legal y deja de lado por
completo la dimensión humana del problema." (
Pilar López, Periodismo Humano)
"
Los borrados como legitimadores del nuevo Estado esloveno.
La cuestión de los borrados y la
limpieza étnica administrativa llevada a cabo por el aparato estatal
esloveno comienza a inicios de 1992, sin que nadie, ni tan siquiera los
propios afectados, se dieran cuenta inmediatamente de lo que estaba
sucediendo.
Así, a diferencia de lo que sucedió en Croacia en 1991 o lo
que comenzaría a suceder en Bosnia y Herzegovina a partir de 1992, no se
observaron grandes y largas filas de personas errando sin rumbo tras
haber sido expulsadas de las principales ciudades del país como
Ljubljana, Maribor, Kranj o Koper. Incluso en un acto tan reprobable y
despreciable como es el de la limpieza étnica, los eslovenos siempre
supieron estar un paso por delante a sus antiguos compatriotas
yugoslavos –serbios, croatas, musulmanes de nacionalidad y albaneses– y
llevar a cabo la operación con gran sigilo y pulcritud administrativa,
algo que el resto tan solo pudieron acometer a través del monopolio de
las armas.
La historia de los borrados comienza
justo el día después de la declaración de independencia de las
autoridades eslovenas. Eslovenia pasaba a ser un estado independiente y
como tal, todos aquellos que no tenían el permiso de residencia en regla
por no ser nacionales eslovenos debían solicitar la nueva nacionalidad
eslovena, siendo la fecha límite el 26 de diciembre de 1991, esto es,
justo seis meses después la independencia. Según números oficiales, la
medida afectó a 18.305 personas, aunque existen otras cifras que sitúan
el número de afectados entre 25.000 y 40.000.
Más allá de las cifras, es relevante
comprender que las personas que se vieron afectadas por esta limpieza
administrativa procedían de alguna zona de la antigua Yugoslavia. La
importancia de la nacionalidad radica en que para las minorías italianas
y húngaras, las autoridades eslovenas bien se cuidaron de garantizarles
derechos, especialmente en el terreno cultural, con el objetivo de
poder recorrer el camino de ingreso a la Unión Europea sin sobresaltos o
problemas añadidos. (...)
Sin embargo, en lo referente a las minorías serbias, croatas o
musulmanas de nacionalidad (bosniacos), que eran superiores
numéricamente en 1991
a las minorías italianas y húngaras,
las autoridades ejecutivas y legislativas de Eslovenia hicieron todo lo
posible para borrar su presencia de suelo esloveno, aunque tuviese que
ser a nivel administrativo.
En otras palabras, Eslovenia llevó a cabo el
proceso de limpieza étnica administrativa con el objetivo de fortalecer
su recién obtenida soberanía nacional a costa de erosionar los derechos
de ciertas minorías étnicas y así eliminar todo recuerdo de que
Eslovenia había formado parte de la Federación de los Eslavos del sur. (...)
En conclusión, las autoridades eslovenas reforzaron la soberanía
nacional obligando a la mayoría de los antiguos ciudadanos yugoslavos a
tomar la ciudadanía eslovena si querían vivir en el país alpino y
borrando a aquellos que por diversas razones no pudieron completar los
trámites en el plazo fijado. Para estos últimos, para los borrados,
comenzaba un camino de sufrimiento que aún a día de hoy existe.
Todos aquellos que fueron eliminados del registro de residentes de
Eslovenia se convirtieron en ciudadanos ilegales con todo lo que ello
suponía. Sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos
fueron substraídos y tirados a la basura en un plan premeditado y bien
ejecutado por las autoridades eslovenas y ante la indiferencia de las
principales instituciones internacionales, especialmente la Unión
Europea, que en ningún momento formuló comentario alguno sobre la
situación de esas 18.350 personas. (...)" (
Marcos Ferreira, EOM, 28/01/16)
"Tribunal falla contra Eslovenia en el caso de ciudadanos "Borrados".
Antes de que Eslovenia recuperara su independencia el 25 de junio de
1991, Mustafa Kurić y siete otros querellantes eran ciudadanos de la ex
República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY). Como ciudadanos de
la RSFY, ejercitaron su derecho legal de residencia en Eslovenia, a
pesar de no ser de esa región originalmente.
Sin embargo, no se
postularon para la ciudadanía antes de la fecha límite señalada del 25
de diciembre de 1991. De esa manera, el 26 de febrero de 1992, sus
nombres fueron borrados del registro de residentes.
En su denuncia, señalaron que el haber borrado sus nombres resultó en
consecuencias graves y de largo plazo para ellos. Fueron privados de sus
documentos, algunos fueron desalojados de sus viviendas, ya no podían
trabajar ni viajar, fueron privados de sus pertenencias y pasaron varios
años en condiciones que amenazaba su salud.
El número de ciudadanos sin el derecho a residir en Eslovenia en 1992
superó los 25.000. Algunos de los "borrados" dejaron Eslovenia por su
propia cuenta, algunos fueron deportados, mientras que otros han
adquirido el derecho de residencia basada en una decisión de la Corte
Constitucional del1999 y cambios legislativos en el 2010.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en una sentencia de
Cámara (que cuenta con siete jueces) del 13 de julio de 2010, falló que
las autoridades eslovenas habían violado el derecho a la vida privada y
familiar de los "borrados" (artículo 8) y no proporcionó un
procedimiento que permita reclamar sus derechos (artículo 13).
El caso
fue remitido a la Gran Sala del tribunal, que confirmó el 26 de julio
por unanimidad el veredicto de la Cámara y señaló que sí existía un caso
de discriminación de personas apátridas. Los jueces destacaron que los
querellantes fueron privados de una personalidad jurídica, que les
garantizaba el acceso a los numerosos derechos - seguro de salud,
derecho a una pensión, prestaciones sociales, el derecho a renovar sus
papeles (como tarjetas de identificación o licencias de conducir). Por
otra parte, han perdido la posibilidad del empleo legal. (...)" (
Liberties, mayo, 2014)
