Albert Soler: Al parecer, quedan todavía ayuntamientos que nombran 'personas non gratas'... El domingo estuve de paella con mi amigo Martí, el dueño de un cámping de L’Escala al que los 'lacistas' sometieron a escraches... Además, quisieron nombrarlo 'persona non grata' en el municipio donde nació, donde trabaja y donde crea empleos. Martí confiesa que eso le dolió, cosa que a mí me sorprende, porque ninguna medalla tiene más valor que ser nombrado 'persona non grata' por el lacismo. Yo lo intento con ganas y no hay manera... Nunca he tenido tarjeta, pero esta vez las imprimiría a miles, para presentarla en todo sitio al que tuviera que acudir: «Albert Soler. 'Persona non grata'». Con una tarjeta de visita así, se te abren todas las puertas... un ayuntamiento, con todo el pleno municipal decidiendo nombrarte no grato mientras uno sigue las votaciones desde la primera fila, rodeado de la familia, emocionado ante tan gran honor, al borde de las lágrimas... Nombrar a alguien 'persona non grata' no tiene otro valor que el de ofrecer diversión gratuita al galardonado. Martí se lo debería repensar

 "El domingo estuve de paella con mi amigo Martí, el dueño de un cámping de L’Escala al que los 'lacistas' sometieron a escraches cuando el 'procés' todavía coleaba, el pobre (el 'procés', no Martí). Además, quisieron nombrarlo 'persona non grata' en el municipio donde nació, donde trabaja y donde crea empleos. Martí confiesa que eso le dolió, cosa que a mí me sorprende, porque ninguna medalla tiene más valor que ser nombrado 'persona non grata' por el lacismo. Yo lo intento con ganas y no hay manera, en cambio Martí, que tuvo en su mano tamaño honor, lo evitó in extremis. Dios da pan a quien no tiene dientes.

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Cierto es que el caso de Martí es distinto al mío, porque él ama a su pueblo, que es el de sus padres y abuelos. En cambio, para alguien a quien le importa un bledo su ciudad, su región, su país y el mundo entero, ser designado 'persona non grata', de donde sea da igual, vale por toda una vida. Nunca he tenido tarjeta, pero esta vez las imprimiría a miles, para presentarla en todo sitio al que tuviera que acudir: «Albert Soler. 'Persona non grata'». Con una tarjeta de visita así, se te abren todas las puertas. Sí que hay personas individuales a las que no soy grato, y espero conseguir que haya muchas más, pero son pobres diablos que a nadie importan. No son lo mismo que un ayuntamiento, con todo el pleno municipal decidiendo nombrarte no grato mientras uno sigue las votaciones desde la primera fila, rodeado de la familia, emocionado ante tan gran honor, al borde de las lágrimas.

Al parecer, quedan todavía ayuntamientos que nombran 'personas non gratas', supongo que de la misma manera que mantienen el derecho de pernada o los azotes en público. Pero mientras a estas dos últimas costumbres uno les imagina cierta utilidad, no acierto a comprender de qué sirve declarar no grato a alguien. Un no grato mantiene todos sus derechos, no es expulsado de la ciudad, sigue trabajando como siempre y no sufre ningún aumento en tributos e impuestos. En cambio, las risas que debe de proporcionar tal título honorífico, alegran las cenas familiares y de amigos. Nombrar a alguien 'persona non grata' no tiene otro valor que el de ofrecer diversión gratuita al galardonado. Martí se lo debería repensar y solicitar que le revisen la concesión de ese honor. Lo que nos vamos a reír."               (Albert Soler , El Periódico, 14/06/22)

Marta Etura, cuyo padre fué amenazado por ETA, ve "conflicto asegurado" en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí...

"La actriz vasca Marta Etura (San Sebastián, 1978) que presenta la película 'Legado en los huesos', admite en una entrevista en El Mundo que "me pregunto qué gana Cataluña siendo independiente" y augura en este sentido un "conflicto asegurado".

"En mi adolescencia ETA mataba cada 15 días. Afortunadamente, en Cataluña no hay terrorismo, pero sí encuentro algo muy negativo en común: en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí, es un conflicto asegurado. Yo me pregunto ahora lo que me preguntaba entonces: ¿qué ganan siendo independientes? En el siglo XX vivimos un montón de nacionalismos y no trajeron nada bueno", defiende.

El padre de Etura vivió amenazado por ETA y la actriz recuerda en este sentido que "fue terrible. Un miedo permanente. Mucha gente ahora pasa por encima de aquello y me da mucha pena. No saben lo que fue".

También habla de Otegi y considera que "una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no tiene nada de normal. Estoy a favor de la convivencia y el respeto de todas las ideologías, pero ellos no respetaron nada. Para generar una sociedad de respeto en mi tierra necesitamos que los jóvenes sepan que, si coges un arma, no vas a tener un final feliz y un cargo".            (e-notícies, 05/12/19)

Xavier Rius, director de e-notícies, tras las amenazas recibidas: Espero no ser el primer muerto

"El pasado lunes, mientras estaba cubriendo el acto oficial del Rey en Barcelona, recibí un mail en mí correo personal con el siguiente mensaje: “Que sàpiga el Rius que com molts altres periodistes ‘catalans’ es un venut més a les èlits de l'Estat. I per això ho denunciem al carrer. Prou de botiflers”.

No sé si precisa traducción: “Que sepa Rius que como muchos otros periodistas ‘catalanes’ es un vendido más a las élites del Estado. Y por eso lo denunciaremos en la calle. Basta de traidores”.

Acompañaba el mail con fotos de los cartelitos en los que aparecían también Xavier Sarda, Joan Guirado, Mayka Navarro, Laura Fábregas y Estefanía Moreno.

Y el lema “Terroristes de la Informació. Al servei de l’Íbex. Sicaris del poder”. Creo que en este caso no precisa traducción.

Aclarar, de entrada, que los señalados no formamos ni una peña ni un contubernio ni una conspiración.

Con algunos no he cruzado nunca una palabra y sólo los he visto en TV3. Supongo como cuota constitucionalista. Otros ni siquiera sabía de su existencia porque no soy telespectador habitual de las tertulias de La Sexta.

Tampoco entiendo la clasificación. Xavier Sardà es una estrella y yo soy un mindundi de la información. Cosa que, por otra parte, aspiro a seguir siendo.

En mi caso ponían -además del cargo- mi localidad de residencia y la condición de “ex-convergente”. El Ayuntamiento de Martorell debería agradecerme la publicidad gratuita.

El día de autos recibí la llamada de dos personas, ambas me perdonaran la indiscreción: la delegada del Gobierno español, Teresa Cunillera -a la que he metido caña en más de una ocasión-; y el maestro de periodistas Arturo San Agustín.

Duran se ofreció, por mail, de escolta. Le respondí que daría la talla como ministro de Exteriores, de Fomento e incluso de Economía pero que tenía mis dudas como guardaespaldas.

Eso sí: tuve innumerables muestras de apoyo públicas o por whatsapp. Gracias a todos ellos desde aquí.

Por lo que respecta a la calificación de “exconvergente” no lo he ocultado nunca que, entre los catorce y los dieciocho -quizá un poco más tarde pero seguro que antes los veinte- fui un indisciplinado militante de la JNC y de Convergencia. Hasta coincidí con Carles Puigdemont, entre otros que ya recordaré en otra ocasión. De esto hace casi treinta años. Hoy cumplo 56. Como pasa el tiempo.  (...)

Por eso, tampoco entiendo la calificación de "botiflers". Echo en falta en la lista a colegas con muchos más méritos que yo -profesionales, no ideológicos- como Albert Soler, Miguel Giménez, Gregorio Morán, Manuel Trallero, Arturo San Agustín, Salvador Sostres, Cristian Segura, Guillem Martínez o Sergi Fidalgo, entre otros.

Y perdonen si me dejo alguno porque siempre es un riesgo hacer listas. Pero que sepan todos, incluso los que haya podido olvidar, que sería para mí un honor estar en una lista negra junto a todos ellos.

Además, ya puestos, Joan Guirado, -que como el presidente Torra empezó en e-notícies- es un exconvergente más reciente. Todavía le recuerdo en el congreso del partido celebrado en Reus con una estelada (a la derecha de la imagen). Y luego, si no recuerdo mal, de jefe de prensa de Pere Macias cuando andaba por Madrid.

El día que coincidí con él en la primera rueda de prensa del conseller Buch tras los disturbios ya le pregunté: “¿Joan, has visto la luz?” porque, en el turno de preguntas, se lanzó a la yugular. Me confesó entonces, para mi sorpresa, que estaba en Ok Diario, el periódico de Eduardo Inda.

No pasa nada porque todo el mundo tiene derecho a evolucionar ideológicamente. Siempre que expreses por las ideas que dejas atrás el mismo respeto que por las nuevas.

De hecho, el proceso se ha nutrido de conversos: políticos (Ernest Maragall, Comín, Romeva, el propio Mas), mediáticos (Pepe Antich) e incluso intelectuales (Josep Ramoneda) aunque, en la mayoría de los casos, permítanme dudar de que su conversión sea sincera.

Respecto a Mayka Navarro es conocida en la profesión como la correveydile porque es la periodista que el entonces directdor general de los Mossos, Manuel Prat, recogió en su coche oficial tras haberse entrevistado con el director de Método 3, Francesc Marco, en los turbulentos tiempos de aquella agencia de detectives conocida por poner micrófonos en el restaurante La Camarga. Supongo que de algo debían de hablar en el coche.  (...)

Pero, volviendo a los jodidos carteles, lo que más me duele son dos cosas: la primera es que a mí ya sólo me insultan en catalán. Incluso en las redes.

A mí que, en octavo de EGB, compraba cada día el Avui e iba a la escuela con una señera gigante en forma de bufanda que me había zurcido mi abuela.

Como era privada y estaba llena de fachas -era moda llevar el aguilucho en la parte posterior de la cadena del reloj- recibí en más de una ocasión. Creo que era el catalanista oficial de la escuela. Probablemente el único.

La bufanda acabó en más de una ocasión en el water y recibí también algún cachete aunque en esa época ni siquiera sabíamos que a estas cosas se le llamaba bullying. Yo tenia trece años, los que abusaban -algunos repetidores crónicos- diecisiete. Todos, por cierto, miembros de buenas familias de Barcelona.

Y cuando me casé nos compramos, como regalo de bodas, la Gran Enciclopedia Catalana. Creo que nos costó 250.000 pesetas a pagar en cómodos plazos que nunca se acababan. En una época en la que, supongo que como todos, íbamos apurados.

Luce muy bien en el comedor. Nadie nunca ha abierto un volumen. Ahora no la quieren ni los libreros de viejo.

En fin, volviendo el cartelito en cuestión: no le di importancia al principio. Simplemente un detalle desagradable. Aunque ya me planteé entonces presentar denunciar. Cosa que al final hice este viernes ante el juzgado de guardia. Fueron más diligentes que los Mossos.

Pero al día siguiente, otro de los aludidos, me dijo que estaba circulando el tema y me mandó una foto distinta a las que yo ya tenía. Le di entonces visos de verosimilitud.

El problema, en todo caso, no son unos carteles: el problema es el caldo del cultivo que han creado.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, diciendo que los últimos disturbios hacen “visible” el conflicto.

Laura Borràs afirmando, en una entrevista en El País, que no considera violencia “quemar un contenedor”. ¿Entonces qué es? ¿Una calçotada? ¿un foc de camp? ¿Una excurisón campestre?

O Míriam Nogueras proclamando, en un míting en el camping de la Plaza Universidad, que algunos jueces, policías y periodistas son como “ratas” al servicio de “las cloacas del estado”.

Nogueras, además de candidata de JxCat, es la número dos del PDECAT. A efectos prácticos equivale al Miquel Roca de mi juventud.

Como ha degenerado Convergencia. Yo la conocí en una tertulia de BTV tras el estallido del caso Pujol en la que afirmó sin pestañear que era culpa de España. Tuve que recordarle que Jordi Pujol (1930) era nacido en Barcelona.

O Merixell Budó que, en la rueda de prensa del martes, cuando le pregunté sobre los incidentes con Josep Bou mientras intentaba acceder al Palau de Congressos aseguró que no “visualizó” imagen concreta “de ningun agresión”.

Obvió también la del empresario del zapato Antonio Castañer, que recibió un puñetazo en la nariz. Mientras que a Josep Ramon Bosch le oí en Intereconomía -antes de una conexión- haciendo una descripción pormenorizada de los escupitajos, chillidos y empujones que sufrió junto a su mujer. Su esposa, por cierto, era de Convergencia.

Y que conste que Josep Bou es un cargo electo. Me da igual que sea del PP o de la CUP. Con la ley en la mano representa no sólo a sus votantes sino a todos los barceloneses.

¡Pero si el presidente Torra tardó 48 horas en condenar los disturbios en Barcelona! ¿Cómo no va a haber jóvenes que confeccionan carteles o -lo que es mucho peor- tiran adoquines a la policía y queman contenedores?

Eso es lo grave: Están contemporizando, banalizando la violencia. La tentación de la vía eslovena.

Hay una generación frustrada -la generación del proceso- de jóvenes que tenían 10 o 12 años y que ahora tiene 17 o 19 a los que les han dicho repetidamente que España es Turquía o que la independencia està “a tocar”.

Peor aún: en los dos últimos años no han parado de decirles -incluso a través de medios públicos como TV3 o Catalunya Radio- que “son presos políticos y exiliados”.

Como si esto fuera la dictadura de Franco, la de Pinochet, la de Videla o la de la URSS. ¡Contra las dictaduras está legitimada la violencia! ¡Cómo no van a salir a la calle!

Todavía me ha sorprendido otra cosa. El silencio de los medios más afines al proceso: TV3, el Ara, El Punt-Avui, entre otros.

En TV3 ya les debía tocar muchos los cojones tener que hablar de un cartelito en el que salía el Rius. No salimos ni en el Tot és mou y eso que no se pierden detalle de los vericuetos del proceso.

Pero sospecho que el problema es que informar del cartelito en cuestión rompe la imagen de Catalunya idílica que quieren vendernos: la de todo un pueblo en marcha hacia la independencia. Una Catalunya que, en el fondo, no existe.

Creo que esta Catalunya soñada -la misma con la que sueñan Albert Batet o Eduard Pujol- no existía ni en la Catalunya medieval. Había Cortes sí pero estaban muy lejos de los cánones democráticos del siglo XXI.

En fin, si me permiten abusar de su paciencia, una última reflexión.

El independentismo catalán, incluso el más radical, tiene que dejar de denostar el Íbex.

El problema no es que algunos supuestamente estemos al servicio del Íbex. Por favor, díganle a Florentino Pérez que ya puestos pasaré a cobrar.

Si cobrara de todos los sitios que dicen que cobró -el CNI, la Guardia Civil, Fomento, la patronal, etc.- ficharía a Luis Bárcenas para que me llevara las cuentas. Yo soy de letras.

Me acuerdo que hasta decían que cobraba de Unió cuando este partido ya había cerrado la barraca con 22 millones de euros de deuda.

Lo peor, en efecto, es el descenso de empresas catalanas en el Íbex. Algunas -como BancSabadell o Gas Natural- porque han trasladado su sede social. Otras -como Abertis- porque han dejado de ser catalanas. En la lista deberíamos incluir a firmas emblemáticas como Codorníu o Freixenet aunque no estén en el Íbex. Una muestra del inevitable declive catalán.

Y no sólo eso. El otro día vi un adhesivo -firmado por Endavant, uno de los grupúsculos de la CUP- que me aterró. “La Caixa ens roba”, decía.

Hemos pasado del “Espanya ens roba” a “La Caixa ens roba”.

!Otro tiro en el pie!

Utilizando la fórmula de Vargas Llosa: ¿Cuando se jodió esto?

Quizá, por lo que se refiere al ámbito universitario, el día que unos estudiantes esgrimieron carteles a las puertas de su facultad con el lema “Fuera las empresas de la universidad” durante una huelga general.

¡Cómo se van a integrar luego en el mercado laboral!

El proceso se ha cargado muchas cosas -la neutralidad de TV3, la función pública, los Mossos, la escuela catalana- pero tambien una generación de jóvenes. Y estos son los que, en teoría, deberían sacar el país adelante después de la nuestra.

En fin, si hay gente que me odia tanto, espero no ser el primer muerto del proceso. Por causas naturales o inducidas.

Bueno, de hecho el primer muerto fue la víctima del antisistema Rodrigo Lanza aunque fuera en Zaragoza. Presuntamente porque el juicio todavía no ha terminado. 

Y si no también podemos incluir en la relación al turista francés al que le dio un infarto tras cuatro kilómetros en tierra de nadie cargado de maletas durante la reciente ocupación del aeropuerto. Pese a que ni uno ni el otro son indepes.

Pero aprovecharé para transmitir todo mi apoyo a aquel guardia urbano al que el mencionado Lanza dejó tetrapléjico.

No conozco al agente en cuestión. Ni siquiera sé su nombre. Pero no hay derecho de que por dejarte tetrapléjico le caigan sólo siete años al agresor. La tetraplejía es para toda la vida. Si nunca necesita algo aquí me tiene.

Todavía recuerdo las muestras de apoyo de la ahora alcaldesa de Barcelona y entonces candidata, Ada Colau, a raíz del reportaje “Ciutat Morta” cuando denunció “la corrupción política, policial, mediática” en su cuenta de twitter.

O la del ahora cabeza de lista de los Comunes en Madrid, Jaume Assens, que también cargó contra la “banalización de la tortura y la impunidad de los crímenes de Estado". No los he oido hablar ahora que se celebra la vista oral. Ni siquiera retractarse. Por la boca muere el pez."              (XAVIER RIUS. Director d'e-notícies, 09/11/19)

Tsunami Democràtic: se propone realizar, y ya ha empezado, “escraches” a personajes concretos; ataques a “eventos” de gente normal; “boicots” a empresas comerciales (preferentemente creadas en Cataluña) y bancos desafectos... y sobre todo, contra Zara (¿por gallega? ¿Por no pagar el impuesto revolucionario?)... el brazo de Waterloo

"Si alguien cree que Waterloo —o sea, la conjura unilateralista, ilegal y desordenada de Carles Puigdemont y Quim Torra— se rendirá sin preparar nuevos atentados contra la democracia española y la autonomía catalana, se equivoca de medio a medio.

Su última iniciativa se llama Tsunami Democràtic. Es una suerte de gran piquete totalitario y clandestino montado desde la Red, para organizar toda suerte de fechorías desestabilizadoras en ocasión de la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés.

¿Es una exageración definirlo como piquete, totalitario, clandestino? Vayamos por partes.

Es un gran piquete (magmático) porque sus acciones son las de un piquete: se propone realizar, y ya ha empezado a realizar, “escraches” a personajes concretos; ataques a “eventos” de gente normal; “boicots” a empresas comerciales (preferentemente creadas en Cataluña) y bancos desafectos a la ciénaga; “retirada de depósitos”; “intervenciones”; “ocupaciones” de espacios públicos; “interrupciones” de servicios públicos y demás desmanes.

Es totalitario porque aspira a que la totalidad se identifique con sus posturas rupturistas de la legalidad. Aunque asegura que sus intervenciones serán “no violentas”, no se fíen. La línea fronteriza entre pacifismo y violencia de los escraches, las ocupaciones o los boicots de esta gente es muy delgada.

Y es clandestino porque deliberadamente carece de identificación, de portavoz y de registro legal. ¿Por qué, pues, su paternidad corresponde al expresident fugitivo y al president inane? Porque en esas circunstancias su filiación corresponde a la sociedad digital que lo ha creado en un paraíso fiscal, la misma que opera para la célula de Waterloo. Y porque sus primeros propagandistas han sido Puigdemont y Torra. Este último, con un tuit en el que se declara “comprometido” con su causa y que lo jalea con un “suerte y adelante”.

Es clamoroso el silencio del Parlament ante tal muestra de confianza. Nadie inquiere a Torra hasta dónde alcanza la complicidad de la institución que encarna con esa iniciativa clandestina. La prensa no se sorprende. Esperemos que la ministra de Defensa en funciones sea más espabilada y haya ordenado al servicio de espionaje de que por una vez en la vida se entere de qué pasa con las conjuras ilegales del secesionismo catalán. E identifique al menos a los sospechosos habituales."              (Xavier Vidal-Folch, El País, 23/09/19)


"Alerta facha: Tsunami Democràtic. ¿Aún hay alguien que se pregunte por qué se fueron las empresas y por qué la economía catalana creció por debajo de la media española en el primer semestre?

 Tsunami Democràtic es el brazo ejecutor de la campaña puesta en marcha por la ANC y aplaudida por Quim Torra y la Cámara de Barcelona destinada a boicotear a las empresas que no cedan al chantaje independentista.

¿Qué es y en que consiste Tsunami Democràtic? Primero, la ANC creó una web donde las empresas controladas por separatistas pueden registrarse para que así los socios de esta organización muy gubernamental puedan comprar con toda paz, sin riesgo de que el envase esté fabricado por odiosos oscenses o el producto proceda de una contaminada huerta murciana.

Tras la presentación de la campaña ha llegado la ejecución analógica de la misma. Cero innovación, todo tradición, (...) los aguerridos miembros de la ANC, mutados a Tsunami Democràtic, se han lanzado a la calle amparados en el manto mezcla de silencio y temor que reina en las calles catalanas cuando se trata de responder al facherío indepe.

(...)  ahora la ANC empapela oficinas bancarias, empresas de servicios, gasolineras y tiendas de ropa, todo ello propulsado por una web muy patriótica que está alojada en un servidor de un paraíso fiscal del Caribe. La culpa de estas empresas: no pagar el impuesto revolucionario.

Los separatistas animan a la población a boicotear las empresas que ellos consideran españolas y colaboradoras con la represión y ensucian las oficinas de Caixabank, una entidad con más de 1.500 sucursales en Cataluña y negocio con las administraciones catalanas por encima de los 4500 millones de euros.

Quizás hoy los dirigentes de la Caixa hagan una reflexión sobre si las décadas de complacencia o el silencio con el nacionalismo ha sido la mejor política corporativa que se podía llevar desde las torres de la Diagonal, dado que el separatismo gobernante no ha tenido suficiente con expulsarles de Cataluña sino que ahora ataca sus oficinas a pie de calle.

La campaña impulsada desde el paraíso fiscal caribeño y planificada desde magnificos chalets en la Cerdanya o la Costa Brava, muchos de ellos hipotecados por el banco que atacan y empapelan. Su ira también se dirige a la empresa que paga más impuestos en España: Inditex. La empresa de Amancio Ortega tiene sedes de cuatro de sus firmas más importantes en Tordera, donde da empleo a 2.400 personas y realiza encargos regulares a 1.050 empresas catalanas que facturan a Inditex alrededor de 1.800 millones de euros anuales, el 50% de sus compras en España.

Como no podía ser de otra manera, la campañita de Palazuie y sus colegas pardos no deja de lado a El Corte Inglés. Seguramente muchos de los que hoy ensucian las cristaleras de El Corte Inglés   aprendieron a bailar sardanas en las clases que los grandes almacenes daban gratis en la Plaza Cataluña cuando ni existía TV3.

Todo aquel que no se doblega al fasseparatismo es señalado, ya sea Repsol presidida por el catalán Antoni Brufau o el BBVA que, a lo largo de décadas, le ha dado por salvar de la quema a casi todos los desastres financieros de Cataluña, desde la Banca Catalana en la arqueología de la corrupción pujolista, a Caixa Catalunya acabando por Unnim por no hablar del Banco Santander con más de 400 oficinas en Catalunya y generador de miles de empleos en Cataluña. (...)

Mientras se vierten ríos de tinta sobre si habrá elecciones, una huelga "de país" o cualquier otra alteración del orden público en respuesta a una sentencia dictada por un tribunal independiente que ha celebrado un juicio emitido en directo por TV, a mí me asalta la inquietud de vivir en una sociedad silente en la que decenas de personas llenas de odio y vacías de conocimiento pueden ir de forma impune, a pleno día, por el centro de las ciudades atentando contra propiedades privadas por motivos ideológicos y que lo hagan no solo con la complicidad, sino con la colaboración activa y el aliento de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma.

¿Aún hay alguien que se pregunte por qué se fueron las empresas y por qué la economía catalana creció por debajo de la media española durante el primer semestre de 2019?"              (Joan López Alegre, Economía Digital, 21/09/19)


"Tsunami Democràtic señala a entidades bancarias.

La plataforma creada para responder a la sentencia del Supremo por los hechos del proceso, 'Tsunami Democràtic', ha señalado a varias empresas que consideran que "se sirven del miedo para recortar derechos colectivos" pegando carteles donde se puede leer: "Esta empresa financia la represión" en sus sedes.

El movimiento ha pegado los carteles en entidades bancarias como La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA y también a sedes de Telefónica. "Las instituciones del Estado, incluido el Ibex 35, se sirven del miedo para recortar derechos colectivos y rebajar expectativas democráticas. Nosotros utilizamos la desobediencia y la no violencia porque ustedes son arriba, ¡pero nosotros estaremos en todas partes!" escribieron desde la plataforma en un tuit.

La plataforma -que se presentó hace unas semanas en las redes sociales- tiene como objetivo dar una respuesta "no violenta y basada en la desobediencia civil" en la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo español sobre el juicio contra el proceso, tal como aseguran en su web."              (e-notícies, 17/09/19)

Empiezan a marcar comercios al estilo nazi: “Esta empresa financia la represión”

 

"Dice Vilaweb que “Tsunami Democràtic es una iniciativa que se ha presentado en las redes sociales, surgida de la sociedad civil y con la complicidad de todos los partidos independentistas y entidades. El objetivo es dar una respuesta a la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo”.  (...)

Pues te va a pasar lo que hemos visto hoy en la calle Anselmo Clavé de Granollers: comercios señalados con amenazas. “Aquesta empresa finança la repressió. Drets, llibertat, autodeterminació. #TsunamiDemocràtic”, dice un cartel. “Vosotros estáis arriba, pero nosotros en todas partes”, dice otro. El mensaje es claro: te espiamos, te controlamos y sabemos lo que haces; si no eres nacionalista, prepárate.  (...)"               (Dolça Catalunya, 18/09/19)

Así presionó ERC para asaltar ‘El Periódico’: cronología del boicot al ‘enemigo’

"Las elecciones del 27 de septiembre de 2015 estaban marcadas en rojo dentro de la hoja de ruta independentista. Se plantearon en clave plebiscitaria y sirvieron para medir la fuerza que tenían en Cataluña los partidos que habían promovido el proceso soberanista. El problema es que estas formaciones no pudieron alcanzar el 50% de los votos, por lo que, al día siguiente, El Periódico de Catalunya tituló su edición impresa con un titular rotundo: ‘Amarga victoria’.

Ese titular sentó como un tiro en la cocina del soberanismo, hasta el punto que el jefe de campaña de Junts pel Sí, Oriol Soler, explotó unas horas después de los comicios y definió a este diario como “un museo del antiperiodismo y la indignidad”, dado que, entre otras cosas, se había dedicado durante toda la campaña electoral a exponer los riesgos que implicaría una posible independencia de Cataluña.

Pasaron los meses, Carles Puigdemont llegó a la presidencia, las posiciones se radicalizaron aún más y la Generalitat comenzó a trabajar para organizar un referéndum de autodeterminación. Al contrario que la poderosa brunete mediática del soberanismo, encabezada por TV3 y respaldada por decenas de medios impresos y digitales, El Periódico se opuso a esta vía y así lo manifestó en sus editoriales.

La tensión alcanzó su cenit en agosto de 2017, tras el atentado de La Rambla de Barcelona. Entonces, El Periódico dejó en evidencia al independentismo, al publicar que la CIA había avisado a finales de mayo de ese año a los Mossos d’Esquadra sobre el riesgo de que se produjera un atentado en esta ciudad. Fuentes de la dirección del Grupo Zeta inciden en que esa información se la proporcionó el propio Puigdemont a Antonio Asensio. Posteriormente, Asensio se la trasladó a Enric Hernández –director de El Periódico-, sin embargo, desde la Consellería de Interior –entonces encabezada por Jordi Jané- pidieron al rotativo que no difundiera ese dato para no generar alarma social. Y así ocurrió durante varias semanas.

Tras el atentado, Hernández y Asensio decidieron hacer pública esta información, que Joaquim Forn, sucesor de Jané, desmintió, a sabiendas de que era verídica. El mismo día en que El Periódico relató estos hechos, un miembro de la Generalitat llamó al consejero delegado del Grupo Zeta, Agustín Cordón, y le trasladó un mensaje: o cesaba a Enric Hernández o el diario sufriría un boicot sin precedentes, según explican los mismos informantes.

Entonces, el aparato independentista comenzó una campaña para disuadir a los suscriptores de El Periódico de renovar su abono. Desde el Grupo Zeta, tuvieron constancia de que una delegación de la Asamblea Nacional Catalana trasladaron a los miembros de la publicación ‘El 9 Nou’ la conveniencia de que rompiesen el acuerdo de distribución conjunta que tenían con El Periódico. Así se decidió.

Llama la atención que en 2017 la cantidad de dinero que este rotativo ingresó por publicidad institucional fuera el 40% menor que el año anterior. En 2018, ocurrió igual. Las fuentes de la dirección de Zeta consultadas por este periódico inciden en que el recorte se debió en el primer ejercicio a una represalia por la línea editorial del diario, mientras que, en el segundo, con el presupuesto publicitario ya en manos de ERC, a un intento de asfixiar al grupo.

Este punto es importante, dado que el enfrentamiento que mantuvo Zeta con el independentismo se recrudeció en un momento en el que se aceleró su proceso de venta, tras la última refinanciación de su deuda por parte de las entidades bancarias. Casi en paralelo, se plantearon duros recortes a las plantillas de sus diarios –el juicio por el ERE de Sport sigue aún pendiente de resolución- y se cerraron Tiempo e Interviú. Mientras tanto, los soberanistas llevaban su desafío al Estado hasta las últimas consecuencias y realizaban el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

Acuerdo de venta

El proceso de venta avanzó lento, entre otras cosas, por la imposibilidad de los grupos de prensa, con una economía de guerra, para abordar una operación de estas características. No era el caso de Jaume Roures, cuyo negocio va viento en popa y quien presentó una potente oferta antes del final de año que era bastante más alta que la que había propuesto Javier Moll.

En esas fechas, Enric Hernández recibió una oferta de Rosa María Mateo para sustituir a Eladio Jareño como director de TVE e inició conversaciones para desvincularse de El Periódico, a sabiendas de que la llegada de Roures –amigo de Oriol Junqueras y el candidato perfecto para ERC- supondría su cese fulminante. Cuando esto sucede, los directivos de Zeta le comunicaron que su intención era la de vender el grupo a Moll, quien tenía previsto ofrecer a Hernández -según le trasladaron- un puesto ejecutivo en el diario, por encima del director.

En febrero de 2019, con ERC presionando para que El Periódico pasar a formar parte del ‘imperio Roures’, Antonio Asensio y Javier Moll alcanzaron un principio de acuerdo para la venta del grupo, explican las mismas fuentes de la Dirección de Zeta. Poco después, el pool bancario que mantenía un crédito sindicato de 100 millones de euros con la sociedad editora llegó a un acuerdo con Moll para traspasarle la titularidad de la deuda, a cambio de una quita del 70%.

En este grupo de bancos se encontraban entidades como CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, que tenían reticencias a vender a Roures uno de los pocos aliados mediáticos del constitucionalismo en Cataluña, como es El Periódico. A la vista de estos hechos, el dueño de Mediapro pasó al ataque y denunció la existencia de “fuerzas oscuras” que habían decantado la operación del lado de Moll.

El problema es que esta operación de quita de deuda requería la aprobación del 85% de los miembros del pool bancario, tal y como exige la ley; y entre los deudores -13,2 millones de euros- se encontraba el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, que en un primer momento dijo que no estaba dispuesto a aceptar.

Finalmente, lo hizo, lo que implicó una pérdida de 9,2 millones de euros para el erario público. Poco después, se confirmó la venta del grupo y se anunció el nombramiento de Anna Cristeto como directora de El Periódico de Catalunya y de Joan Tapia –exdirector de La Vanguardia y bien visto por CaixaBank- como responsable editorial-. 

A Enric Hernández se le ofreció un cargo de una menor responsabilidad al “ejecutivo” que iba a ocupar en un primer momento, para satisfacción de ERC, que le tenía vetado. Fuentes del staff de El Periódico inciden en que el mensaje que se ha transmitido es que el rotativo defenderá el constitucionalismo, pero evitará conflictos innecesarios con la Generalitat.

Este tema ha ocasionado suspicacias dentro del independentismo, hasta el punto que desde la CUP han pedido explicaciones al Govern por la quita de deuda y las condiciones que lleva aparejadas. Incluso miembros de Junts per Catalunya han cuestionado esta operación, dado que Roures llegó a presentar una oferta 'mejor' a la banca a acreedora. La Generalitat, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes del Parlament no descartan que este tema obligue a algún miembro del Govern o del Instituto Catalán de Finanzas a comparecer en la Cámara. Todo puede pasar."         (Rubén Arranz, Vox Populi, 12/06/19)

La novia del teniente agredido en Alsasua: “Me da miedo volver a Alsasua, perdí mi vida, lo perdí todo”. La vida de mis padres comienza a ser un infierno, con pancartas frente a casa, en el portal, se nos raja el coche, se nos destroza la máquina de bolas del bar...

"María José, la novia del teniente de la Guardia Civil que se llevó la peor parte de la agresión multitudinaria en el bar Koxka de Alsasua el 15 de marzo de 2106, ha relatado este martes en la Audiencia Nacional el ambiente de opresión y vacío social a que la izquierda abertzale somete a los agentes del instituto armado, y a sus familias y allegados en la localidad navarra.

 Tras el ataque y la posterior denuncia, la joven ha “tenido que abandonar” el pueblo en el que vivía desde los tres años y donde sus padres, que regentan un bar, siguen viviendo “un infierno”, según ha manifestado.

 “Me da miedo volver a Alsasua, no he vuelto desde aquel día, perdí mi vida, mi hogar, todo. Lo perdí todo”, ha asegurado María José a preguntas del fiscal José Perals, que reclama penas de entre 12 y 62 años de prisión para los ocho acusados por delitos de lesiones y amenazas con carácter terrorista.

La joven, de 21 años, ha identificado sin dudar y “al 100%” a los siete hombres que ocupan el banquillo de los acusados como los autores materiales de la paliza, en la que su novio sufrió la fractura de un tobillo y diversas contusiones. En el ataque fueron también víctimas la propia María José, un sargento de la Guardia Civil recién llegado a Alsasua y la pareja de este. 

“Hay personas que participaron en la agresión a las que no he acusado porque no estoy 100% segura de que estuvieran allí ese día. De hecho, estoy seguro al 90% que varios testigos de la defensa que van a venir a declarar estuvieron”, ha afirmado.

La testigo ha ratificado el supuesto papel protagonista en el ataque de Jokin Unamuno, a quien la investigación vincula con Alde Hemendik y Ospa, movimientos de la izquierda abertzale para lograr la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional del País Vasco y Navarra. 

Este, según ha dicho, entró en el bar Koxka dispuesto a enfrentarse con los guardias, que estaban fuera de servicio. “Si no hubiese iniciado o alentado la agresión no estaríamos aquí, nos agredió tanto dentro como fuera del bar”, ha afirmado.

María José ha dado detalles de los agarrones, puñetazos, empujones y patadas que recibió el grupo. “Recuerdo el odio y la saña con la que daban a Óscar [el teniente] en la cabeza. Protegí a Óscar más que a mí misma, porque si no Óscar hubiese tenido secuelas mucho más graves”, ha dicho. “Nadie salió en nuestro auxilio, nadie trató de frenar el ataque o de llamar a la policía o la ambulancia. La gente lo alentaba y aplaudía. Temí por mi integridad y sobre todo por la vida de Óscar”, ha añadido.

Sin embargo, al margen de los detalles del ataque, la declaración de la testigo María José ha sido rica en pinceladas sobre el ambiente de rechazo a la Guardia Civil que se vive en Alsasua, un municipio de 7.000 habitantes con una notable implantación de la izquierda abertzale y en el que todo el mundo se conoce, aunque solo sea de vista. 

La joven, que antes no había tenido contacto con guardias civiles, comenzó a salir con el teniente Óscar en marzo de 2016. “Yo sé dónde vivo, sé que iba a tener represalias, pero al final no puedes dejar que te impongan lo que puedes hacer o no, aunque mucha gente me retira el saludo”, ha dicho. Sin embargo, este ambiente pesaba. Según ha relatado, en septiembre de 2016, en una feria de la cerveza, María José estaba con sus amigos. “Una persona se me acercó y me preguntó si salía con un madero, y lo negué por miedo, me sentí intimidada”, ha reconocido.

Tras la agresión que supuestamente realizaron sus vecinos, María José perdió a todo su círculo social en Alsasua. “Todo el mundo se alejó de mí por miedo, me hicieron la vida imposible”, ha afirmado. “A día de hoy me da miedo volver a Alsasua, no he podido pasear a mi perra sola, y tardé siete meses a volver al bar de mis padres, que era mi hogar”.

Uno de los momentos en los que la joven ha perdido la entereza ha sido al acordarse de sus progenitores. “Su vida comienza a ser un infierno, con pancartas frente a casa, en el portal, se nos raja el coche, se nos destroza la máquina de bolas del bar, pancartas día sí día no… Lo que más se me ha quedado clavado es una pancarta que pegaron grande al lado de mi casa y que ponía “Herriak ez du barkatuko” [“El pueblo no perdonará”, en euskera].

María José ha detallado las secuelas psicológicas que le ha dejado la agresión y por las que está recibiendo tratamiento. “Llegué a un punto de mi vida en el que no veía salida, me veía sola, se destrozó mi vida por completo, me vi humillada y traicionada, y llegué al límite de no ver salida y pensar en quitarme de en medio, era la única forma que yo pensaba que esto iba a parar y dejar el sufrimiento”, ha dicho."                    (Fernado J. Pérez, El País, 30/04/18)

Cartas de extorsión, sentencias de muerte...

"Cómo y por qué ETA extorsionó, aterrorizó y asesinó a empresarios vascos y navarros.

El destino trágico de José Legasa comenzó a fraguarse en noviembre de 1976 cuando recibió una carta de extorsión de ETA. A este empresario de Irún le exigían 10 millones de pesetas, 520.000 euros de hoy. En la misiva se le pedía que cruzara la frontera hasta la localidad francesa de Bayona y entregara el dinero en el bar Euskaldun a un tal Otxia.

El constructor guipuzcoano lo denunció a la Policía Nacional y acompañado de varios agentes se dirigió cierto día al encuentro del tal Otxia, que resultó ser Francisco Javier Aya Zulaica, jefe del aparato de extorsión de ETA. Lo halló jugando tranquilamente a las cartas en el bar. El terrorista fue detenido allí mismo y posteriormente fue condenado a tres años de prisión en Francia.

José Legasa fue valiente en tiempos de pocas heroicidades. No solo denunció y colaboró para condenar a un terrorista, sino que también evitó que su oro lo convirtiera ETA en plomo. Pero lo pagó caro porque la venganza no se hizo esperar. 

“Después del juicio en Francia, mi tío cambiaba de hábitos y horarios constantemente porque era consciente del peligro. Protegía como podía a su familia, pero él tenía claro que no quería emigrar, quería ser libre en su tierra a pesar del miedo”, cuenta su sobrina Lourdes Legasa a este diario. Su padre Miguel trabajaba con José en el negocio familiar y siempre andaban juntos.

Uno de los empleados de la empresa resultó ser confidente de ETA y facilitó la información necesaria para que se consumara la tragedia. Corría noviembre de 1978 cuando el francés Henri Parot, el etarra más sanguinario con 26 asesinatos a sus espaldas, llegó a Irún acompañado de otro pistolero. Sorprendieron a José y a Miguel a pie de obra. “Mi padre forcejeó con Parot y recibió un tiro en la pierna. A mi tío le dispararon hasta la muerte”, narra Lourdes.

 “La familia ha estado muy callada, pero es el momento de hablar porque no podemos dejar que este caso y otros muchos se queden en el olvido. Ojalá hubiera habido más valientes como mi tío”, explica con templanza Lourdes.

En un nuevo libro, con igual mesura y mucho rigor también nos cuentan nueve autores cómo y por qué ETA aterrorizó a los empresarios, principalmente vascos y navarros. En ‘La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial’ se lee que entre 1993 y 2010 fueron 10.000 las personas a las que exigieron el ‘impuesto revolucionario’. 

Se sabe por el descifrado de los códigos alfanuméricos que la organización terrorista añadió a las cartas a partir de 1993. Hablar del número de extorsionados antes de ese año “es pura especulación”, apunta el periodista Florencio Domínguez, quien viene a ser como la ‘enciclopedia de ETA’. 

El estudio de Domínguez le lleva a asegurar que las fuentes de financiación de ETA fueron principalmente los secuestros (106 millones de euros), los atracos (19 millones) y la extorsión (21 millones). Los valores están actualizados. Asegura este periodista, ahora director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que “la aportación de los simpatizantes, según la documentación analizada, es irrisoria".

"El ‘merchandising’ de pulseritas y medallitas apenas les aportó fondos”. Dada la ‘omertà’ impuesta por el miedo a ETA y el silencio mayoritario de los afectados, la cifra conservadora obtenida mediante el ‘impuesto revolucionario” la fundamenta Domínguez en el análisis de la documentación incautada en la empresa Sokoa de Bayona (1986), en la localidad francesa de Bidart (1992) y a Mikel Antza en 2004.

Otra de las cifras llamativas que aporta el libro es que el terrorismo de ETA tuvo un impacto negativo de 25.000 millones de euros en la economía vasca, actualizado el valor a hoy. El coordinador del libro, Josu Ugarte, afirma que “ese coste directo estimado ha sido pagado en su mayor parte por el conjunto de los españoles”. 

Añade Ugarte: “Tan solo la paralización que provocó ETA de la central de Lemóniz supuso un sobreprecio de entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los recibos de la luz pagados por los ciudadanos”. El coste de la incidencia en el PIB del País Vasco y Navarra es incalculable, sostienen los autores.

Respecto a las causas de la violencia sistemática contra el empresariado, Ugarte señala que “la búsqueda de fondos para llevar a cabo su actividad terrorista es la causa que prevaleció en la práctica de la extorsión”. ETA colocó bombas contra las instalaciones de las compañías, realizó atracos, envió miles de cartas de extorsión, secuestró a 86 personas entre 1973 y 1997 y cometió 55 asesinatos en sus atentados contra el empresariado.

El coordinador del libro cuenta a El Confidencial que “en los primeros años de ETA, su ideología anticapitalista y de odio hacia los empresarios en tanto que explotadores y enemigos del pueblo vasco provocó ciertos episodios de violencia, pero ya desde finales de los setenta lo que marcó la extorsión fue conseguir dinero”.

Florencio Domínguez añade que también hubo otros motivos por los que ETA atentó contra el mundo empresarial. Señala, por ejemplo, que hubo ataques contra intereses económicos franceses para que París dejara de cooperar con Madrid en la lucha antiterrorista. O casos en los que la banda terrorista se arrogó la defensa del ecologismo, como en el caso de la central nuclear de Lemóniz que paralizó o el de la autovía de Leizarán que uniría Navarra y Guipúzcoa, proyecto este último cuyo sobrecoste por la amenaza terrorista fue de casi 100 millones de euros.

A más terror, mayor recaudación

“Mi secretaria captaba con la mirada qué quería el empresario extorsionado cuando venía a entrevistarse conmigo porque el terror se le veía en los ojos”, explica José Manuel Ayesa, que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra entre 1989 y 2010 y que vivió con escolta durante 14 años por las amenazas de muerte recibidas.

El terror facilitaba el pago del chantaje. Así, desde finales de los setenta la banda le dio una gran importancia estratégica a crear un aparato de extorsión que perfeccionó en los ochenta y que se profesionalizó del todo en los noventa con un archivo informático cifrado. 

La jefatura de ese aparato siempre estuvo en Francia, pero “necesitaba una red de personas legales vinculadas a la trama política de ETA [Herri Batasuna y sindicato LAB] que hacían las labores de inteligencia, además de una red de informantes entre trabajadores de la banca que registraban los movimientos de las cuentas o empleados públicos que proporcionaban datos clave para el chantaje”, explica Josu Ugarte.

Luego había otra red de colaboradores que mantenían los primeros contactos con los extorsionados y también una trama de intermediarios que negociaban los pagos que se realizaban normalmente en el País Vasco francés o que directamente recogían el sobre y lo llevaban al país vecino.

Una correlación siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por extorsión; y a más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad asesina

ETA entendió muy pronto que la intimidación sistemática y la violencia extrema favorecían el pago del ‘impuesto revolucionario’, un ingreso básico para los terroristas. “Hubo factores que interactuaban: a mayor violencia, más ingresos; a más ingresos, más recursos humanos para atentar y más capacidad de conseguir dinero de la extorsión. De modo que sí, hubo una relación directa entre el miedo y la capacidad de recaudar”, detalla Florencio Domínguez.

Así, no fue casualidad que en 1977 ETA secuestrara, torturara y asesinara a sangre fría al importante industrial y político Javier de Ybarra y Bergé. Cinco días después de su secuestro, la familia Ybarra recibía una carta que rezaba: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de mil millones de pesetas [50 millones de euros hoy]. En caso contrario, J. Ybarra será ejecutado”.

Gaizka Fernández, historiador y coautor de ‘La bolsa y la vida’, explica lo siguiente: “El secuestro y asesinato de Ybarra fue un mensaje para la oligarquía de Neguri, que era la oligarquía española en contraposición con la burguesía del PNV, la aliada nacional: ‘Si no pagáis, os vamos a matar’. Eso aceleró el proceso de extorsión y de pago”.

Fue un punto de inflexión. Como consecuencia, desde finales de los setenta y durante la década de los ochenta el presupuesto de ETA se incrementó exponencialmente gracias en gran parte a los ingresos por el ‘impuesto revolucionario’. Sus acciones terroristas sufrieron un gran auge. No en vano solo entre 1980 y 1989 los terroristas asesinaron a 412 personas del total de 858, número del balance mortífero de su medio siglo de acción violenta. Una correlación siniestra que funcionó: a más terror, más ingresos por extorsión; y a más pago del ‘impuesto revolucionario’, mayor capacidad asesina.

Esa relación también se ve claramente en 2000 tras el asesinato con coche-bomba del empresario José María Korta, entonces presidente de la patronal guipuzcoana Adegi. Florencio Domínguez comenta a este diario que esa acción “conllevó un efecto de intimidación entre los empresarios extorsionados, lo que llevó ingresos a las arcas de ETA”. Un documento intervenido en 2004 a la jefa de extorsión, Soledad Iparraguirre, confirmaba esa correlación: “En el 2000 el efecto Korta tiene su influencia; hay dos años buenos, fructíferos”.

El desamparo del empresariado

Todas las víctimas de la extorsión con las que ha hablado este diario —unas quieren aparecer, otras no— manifiestan una queja común: el desamparo que sufrieron por parte del conjunto de las administraciones del Estado mientras hacían frente al chantaje y la violencia de ETA.

“No tengo ninguna duda de que el silencio de los empresarios, que no denunciaran y el hecho de que muchos pagaran, es consecuencia del desamparo que sentían ante el comportamiento de los medios gubernamentales”, explica José Manuel Ayesa.

Este expresidente de la patronal navarra sostiene que, salvo la Guardia Civil, que tenía un equipo contra le extorsión, los gobiernos e instituciones no dieron importancia alguna al sufrimiento de los empresarios chantajeados y sus familias: “Mientras mis hijos no me dejaban pasear con mis nietos por temor a que pasara algo, los diferentes cuerpos policiales no eran capaces de coordinarse para ayudarnos”.

Hasta los ochenta, Francia era la retaguardia segura de los etarras, que celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados

Cuenta Ayesa una anécdota que le ocurrió en la Semana Santa de 2007 mientras compartía hotel con Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Interior. “Un amigo mío —relata Ayesa— había recibido una carta de extorsión esos días y aparecí en todos los telediarios nacionales para denunciar la situación, aunque estuviera de vacaciones. 

Pérez Rubalcaba sabía que desayunábamos a cinco metros uno del otro, pero me miraba y no decía nada. Una mañana quise acercarme a él para comentar el asunto, pero no dio permiso a su escolta para que me dejara hablar con él”. Concluye Ayesa: “No les interesaba en absoluto el sufrimiento de los empresarios”.

A finales de los setenta y los ochenta, el panorama era peor. Francia era la retaguardia segura de los etarras, quienes celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados, y en el País Vasco aún no había una conciencia social e institucional para combatir a los terroristas.

“Tras el asesinato de mi tío, no sufrimos una especial estigmatización social, pero tampoco sentimos un apoyo de las instituciones”, asegura Lourdes Legasa. Cuando ocurrió el atentado, a los pocos días ETA exculpó a su padre (herido) en un comunicado de la denuncia de su tío que había propiciado la condena de un terrorista. “En ese momento pensé que ya estábamos vacunados, pero en los ochenta, que fueron muy duros, me volvió la inquietud: ‘A ver si estos vuelven a por nosotros”, confiesa Lourdes.

Carta de extorsión. ETA impone un recargo del 5% por demora en el pago (2002).

La diáspora

La situación de violencia y falta de protección institucional que sufrieron los empresarios llevó a no pocos a emigrar a otras regiones de España y al extranjero. La tentación de irse era muy grande.

Los Ortuzar emigraron a Reino Unido tras el asesinato de Javier de Ybarra y Bergé en 1977. Una de las personas que encabezaron el grupo familiar de negociadores para intentar su liberación fue Gaizka Ortuzar, casado con una de las hijas del empresario vizcaíno e hijo del fundador de la Ertaintza en 1936, Luis de Ortuzar.

 “Cuando mi padre estaba negociando la liberación de mi abuelo, los etarras le dijeron que el siguiente sería él. Nos obligaron a mudarnos y varios familiares míos siguieron apareciendo en las listas de objetivos de la banda terrorista”, contó su hijo Iban a El Confidencial.

Todo el mundo sabía que el dinero que ingresaba ETA era para matar, un castigo terrible para la conciencia de quien pagaba

Unos años más tarde, en 1987, la hoy galerista Blanca Soto montó un espacio multicultural en la céntrica calle donostiarra de Urbieta. Pero al día siguiente de la inauguración, ella y su socio oyeron unos ruidos que les sobresaltaron mientras trabajaban. “De repente, nos vimos rodeados por ocho chicos de Jarrai, habían entrado en el local y echado el cierre”, afirma Soto. 

“Nos interrogaron sobre nuestras personas, el origen del dinero para abrir el negocio y qué actividades pretendíamos hacer. Nuestras explicaciones no les convencieron, así que destrozaron el local en apenas cinco minutos y nos dieron una paliza de muerte”, explica esta empresaria hoy afincada en Madrid.

Los socios denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, cuyo caso llevó personalmente el inspector jefe de San Sebastián, Enrique Nieto.

“A los pocos días identifiqué a los ocho jóvenes en una rueda de reconocimiento. Entonces comenzaron a pasar por el negocio los padres pidiéndome que los perdonara, a lo que me negué, por lo que también ellos me amenazaron”, narra Soto. A continuación, comenzaron a llegarle cartas que incluían amenazas de muerte, hasta siete. 

“Me sentía aterrorizada. No podías hablar con nadie porque la gente allí estaba acostumbrada a la violencia y a la muerte, solo podía hablar de esto con el psiquiatra, como tantas otras víctimas”, cuenta atribulada. La banalidad del mal también afectó a la sociedad del País Vasco.

Una de las cartas para ella le llegó al político del Partido Popular Gregorio Ordóñez cuando estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián. “Pensaban que era mi amigo —señala la galerista—, pero no lo era. Entonces, Gregorio me dijo: ‘Tú eres una ciudadana normal, no te inquietes’; pero yo tenía mucho miedo porque las cartas también llegaban al buzón de mi casa”.

La mayor parte del tiempo los empresarios extorsionados se vieron solos ante el peligro

La violencia continuó. Con la misma pistola, en 1995, ETA segó las vidas del inspector Enrique Nieto y de Gregorio Ordóñez. “En 2000 me marché, tenía por entonces dos hijos muy pequeños y el ambiente seguía siendo insoportable. Además, no quería que ellos crecieran en una sociedad enferma como aquella”, dice Blanca Soto.

La mayor parte del tiempo los empresarios extorsionados se vieron solos ante el peligro. La sociedad, las instituciones y las propias patronales les dieron la espalda en demasiadas ocasiones. El que no pagaba, se sumía en la angustia; el que lo hacía, arrastraba el sentimiento de culpa. “Todo el mundo sabía que el dinero que ingresaba ETA era para matar y eso era un castigo terrible para la conciencia de quien pagaba”, concluye José Manuel Ayesa."                        (Marcos García, El Confidencial, 05/02/18)

"Reconozco que no era nada valiente. Cada vez que llegaba una carta no paraba de llorar”.

“Reconozco que no era nada valiente. Cada vez que llegaba una carta no paraba de llorar”. La empresa de pinturas de Carlos, en Vitoria, tenía once personas en nómina. Las cartas le comenzaron a llegar en 1994 y no pararon, en varias oleadas hasta 2008. 

 La posibilidad de que le asesinaran si no contribuía a alimentar la maquinaria sangrienta de ETA pesaba demasiado. La sensación de estar jugando a la ruleta rusa cada vez que trituraba una carta de ETA le torturaba. Cada carta del mal llamado “impuesto revolucionario” le acercaba al de la ejecución de la sentencia de muerte que le había impuesto ETA.

En cinco décadas de violencia fueron asesinados 49 empresarios y directivos, otros 52 fueron secuestrados, y entre 10.000 y 15.000 fueron extorsionados, alguno más de un millar en Navarra, según informes prácticamente coincidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Universidad de Deusto. Creen que en torno al 8% de media de los extorsionados pagaron, en Gipuzkoa más.

Como Carlos, muchos empresarios no se lo decían ni a la familia. Preferían sufrirlo solos, ocultarse en segundas residencias alejados de sus seres queridos, o marcharse de Euskadi. El miedo se cebó hasta tal punto en ellos que tuvieron que pasar seis años desde que la banda anunciara el cese de sus acciones violentas, en octubre de 2011, para que los empresarios comenzaran a verbalizar sin tapujos que fueron víctimas de las cartas de extorsión de la banda. 

En octubre de 2017 la patronal Confebask, y las tres asociaciones provinciales, Cebek, Adegi, y SEA, homenajearon en un acto en Bilbao a todos los que murieron por no pagar, a los que sobrevivieron con la angustia de contar los días que les quedaban, y a quienes se ocultaban entre los muros de sus casas para pasar inadvertidos en un contexto en el que significarse era como ponerse en la primera línea.

El terror y el miedo se trufaron además con la desconfianza. Cualquiera podía ser el soplón de la banda que describía tus rutinas en la empresa, en los trayectos en coche a casa, o el que te hacía los seguimientos y avisaba a loa asesinos cuando y donde estabas solo, para pegarte un tiro o secuestrarte

. Al principio los pagos se hacían sin problemas, en los "círculos abertzales habituales", hasta que la presión policial desmanteló varios comandos dedicados al cobro.

De los 52 secuestros de empresarios y directivos de empresas, ETA asesinó a dos, Angel Berazadi en 1976 y Javier Ybarra en 1977. Pero fueron secuestrados muchos más. 

 El propietario de Avidesa, Luis Suñer fue secuestrado en 1981 y un año después José Lipperhide y Saturnino Orbegozo. Diego Prado y Colón de Carvajal cayó en manos de ETA en 1983, Juan Pedro Guzmán Uribe en 1985, Lucio Aguinagalde en 1986 y Emiliano Revilla en 1989. 

Este último fue liberado tras el supuesto pago de algo más del equivalente en pesetas a siete millones de euros. En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada y el último fue Cosme Delclaux, hijo del presidente de Vidrieras de Álava, que coincidió algunas semanas con José María Aldaya, quien sufrió el secuestro más largo de los sufridos por empresarios, desde el 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996. Algunos estudios cifraron en 115 millones de euros el dinero recaudado por ETA entre 1978 y 2008 a través de los secuestros.

Todavía a día de hoy es un tema incómodo. “Algún día se lo diré a mis tres hijos, y al resto de mi familia, pero no pueden enterarse por el periódico”, explica Carlos durante un paseo por la zona de la Universidad, junto al monolito en recuerdo del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000. 

En una de las misivas ETA le acusaba de promover la corrupción para, “en descarada connivencia con los diferentes sectores políticos en el poder y sectores de la burguesía regionalista vasca, arrojar sin escrúpulo al paro y a la miseria a miles de ciudadanos vascos”. Las cantidades que pedían oscilaban

Otros se han atrevido a decir, con mucho pesar, que habían pagado a la banda. Jesús Mari Korta, de Grúas Goierri vio cómo asesinaron a dos de sus amigos, el empresario de la construcción, Isidro Usabiaga, en 1996 y al presidente de la patronal guipuzcoana, Joxe Maria Korta en 2008, y claudicó. “No pude más”, reconoció con motivo del homenaje a los empresarios en octubre de 2017.

 Una de las conclusiones del estudio sobre el chantaje de ETA realizado por la Universidad de Deusto es que además del terror que generaban las cartas, sometían a los industriales a un terrible dilema: no pagar y arriesgarse a morir, o pagar para otros siguieran muriendo."                       (Pedro Gorospe, El país, 02/05/18)