El problema de Izquierda Española es su carácter profundamente identitario y prepolítico... Lo primero, por construirse a la contra de los nacionalismos periféricos, algo que ya pasó con UPyD y Ciudadanos, partidos de donde proceden algunos de sus componentes. Lo segundo, por fabular con que en España el centralismo puede ser funcional (Daniel Bernabé)

 "La última vez que discutí con miembros de lo que es hoy Izquierda Española les dije que se parecían a los niños de San Ildefonso, por lucir esa llamativa estética personal tan atildada, como de alguien que, definiéndose progresista, siente que tiene que pedir perdón desde lo textil. La razón de la polémica se hallaba en su enmienda a la totalidad de la recién aprobada reforma laboral, a la que calificaron de terrible cesión a los empresarios. No fueron los únicos que erraron en cargar contra uno de los grandes éxitos del Gobierno en favor de los trabajadores, aunque al menos ellos lo hicieron de manera diáfana.

La anécdota no es gratuita. Explica que quien quiere lanzar un nuevo partido necesita oponerse a lo existente para tomar una cierta relevancia. También presentarse antes de las elecciones europeas, esa magnífica pista de despegue por su circunscripción única y, además, conseguir toda la atención mediática posible. Si en la derecha husmean que de alguna forma vales para dividir el voto progresista tendrás su favor asegurado; hasta ahí nada nuevo que no ocurriera en 2014 con Podemos. Cada cual sabe con quién cena, con quién se acuesta y dónde busca la financiación

 El problema de Izquierda Española no es ese, sino su carácter profundamente identitario y prepolítico. Lo primero, por construirse a la contra de los nacionalismos periféricos, algo que ya pasó con UPyD y Ciudadanos, partidos de donde proceden algunos de sus componentes. Lo segundo, por fabular con que en España el centralismo furibundo puede ser funcional. Nuestra arquitectura institucional se pensó en la Transición para favorecer a la provincia sobre los núcleos urbanos, allá donde eran fuertes los comunistas. Los jarrones chinos a los que hoy se les llena la boca de la palabra traición son los mismos que prefirieron a Tarradellas antes que al PSUC.

 En el fondo, el valor de Izquierda Española no creo que sea siquiera electoral, sino de representar un sucedáneo progresista que se amolde a una peligrosa idea que circula en la Corte en los últimos tiempos: se debe acabar con los nacionalistas vascos y catalanes (desde el nacionalismo español). La pusieron en circulación Ayuso y Vox el pasado mayo, la retomó Génova en la jornada de los tres decretos. Ilegalizar partidos tiene difícil encaje constitucional, pero antes de que cualquier realidad acabe tomando cuerpo es necesario anticiparla en el imaginario colectivo.

 Una cosa son los pecados indepes, esa estomagante tendencia de Junts a tomarse esta legislatura como un todo o nada. Y otra bien diferente que las derechas, renuentes e incapaces de adaptarse a la realidad española de 2024, crean viable eliminar de la ecuación a una parte del electorado. Feijóo tuvo que matizar, pero se intuye que el objetivo de fondo es amputar a una parte de quien compone el Legislativo para permitir una involución reaccionaria sin contestación. Suena excesivo, pero piensen cuál debe ser la medida del exceso para los que se confabularon para impedir la pasada investidura al llamamiento de “el que pueda hacer, que haga”. (...)"               (Daniel Bernabé , El País, 22/01/24)

El peligro de la secesión de los ricos... Se está discutiendo en el Senado un proyecto de ley que allanaría el camino para conceder poderes y recursos financieros mucho más importantes a las Regiones que soliciten una autonomía diferenciada. Esto pondría en peligro la unidad de Italia y constituiría una "secesión de los ricos", empezando por la asistencia sanitaria... La palabra "secesión" se utiliza para recordar una separación que, aunque no sea de derecho, sí lo sería de hecho. Las Regiones con mayor autonomía se configurarían de hecho como Regiones Estatales, aunque formalmente todavía dentro del marco nacional. Disfrutarían de poderes muy amplios y de los recursos para ejercerlos, aunque de diferentes maneras. Al mismo tiempo, se produciría un debilitamiento de la capacidad del gobierno y del Parlamento italianos para abordar cuestiones vitales con las políticas públicas que se consideren más apropiadas... el proceso está impulsado por el deseo de los administradores de estas comunidades de poder disponer de una parte de los ingresos por impuestos pagados en sus Regiones superior a lo que gasta actualmente el Estado. en sus territorios. Recursos que, según la Constitución, deben utilizarse para proporcionar servicios públicos esenciales y, por tanto, garantizar los derechos de ciudadanía, a todos los italianos, independientemente de dónde vivan... El caso español resulta de especial interés, muestra los importantes riesgos de conflicto asociados con estas asimetrías... sin embargo, también hay ejemplos positivos: es el caso de la Lep relativa a las escuelas infantiles, fijada en 2022 y acompañada de financiación adicional para permitir que todos los municipios la apliquen. Un evento que muestra cómo una decidida voluntad política y un cuidado diseño técnico son necesarios para avanzar hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos

 "¿Cuáles son el marco y las perspectivas del regionalismo italiano y, más en general, del estado de la descentralización política y administrativa en nuestro país? Ésta es una cuestión importante que concierne al poder y los derechos de los ciudadanos en Italia: los niveles de gobierno que tienen la mayor posibilidad, debido a sus habilidades y recursos económicos, de tomar las decisiones más importantes sobre las principales políticas públicas; y cómo y en qué medida, dependiendo de la organización del poder, se pueden garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en los distintos territorios del país. 

Cuestiones de gran importancia política, que influyen tanto en los principios de igualdad de derechos ciudadanos de los italianos como en el funcionamiento de algunos grandes servicios públicos nacionales, empezando por las escuelas. La cuestión se analiza en mi volumen Contra la secesión de los ricos, cuyas tesis básicas son dos.  

La primera es que el gran proceso de descentralización de poderes, en particular en favor de las Regiones - iniciado en Italia en los años 1990 y fuertemente consolidado por la reforma constitucional de 2001 - ha resultado en un marco muy insatisfactorio, lleno de conflictos y problemas, lo que merece ciertamente una acción paciente e incisiva de mejora y reforma, sin desviaciones excesivas en direcciones opuestas de mayor centralización o mayor descentralización de poderes. 

 La segunda tesis es que el debate político de los últimos años no apunta a resolver estos problemas, sino a crear otros nuevos y graves. Se centra en las solicitudes de descentralización asimétrica y mayores facultades y recursos, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 116 de la Constitución.

 El regionalismo diferenciado, ya que las solicitudes fueron formuladas concretamente primero por tres regiones y luego por otras, es un proceso que debe evitarse porque empeoraría la situación general, concentraría demasiado poder en manos de unos pocos presidentes regionales y haría aún más difícil garantizar los derechos civiles y sociales de todos los ciudadanos. Por lo tanto, tendría consecuencias negativas para todo el país y sus ciudadanos, incluidos, en muchos sentidos, aquellos de las mismas regiones que desean nuevas habilidades. De hecho, no se trata de descentralización, sino de una sustancial "secesión de los ricos".

 "Secesión de los ricos" define el proceso que comenzaría con la concesión de nuevos poderes solicitados a las Regiones. La palabra "secesión" se utiliza para recordar una separación que, aunque no sea de derecho, sí lo sería de hecho. Las Regiones con mayor autonomía se configurarían de hecho como Regiones Estatales, aunque formalmente todavía dentro del marco nacional. Disfrutarían de poderes muy amplios y de los recursos para ejercerlos, aunque de diferentes maneras. Al mismo tiempo, se produciría un debilitamiento de la capacidad del gobierno y del Parlamento italianos para abordar cuestiones vitales con las políticas públicas que se consideren más apropiadas. Se quedarían con sobras de habilidades a cambio de sobras de territorios: Italia se convertiría en un país arlequín, confuso e ineficiente.

 La secesión pertenece a los ricos en dos sentidos. En sentido geográfico, porque los nuevos Estados-Región incluirían inicialmente a los más ricos, que han iniciado el proceso, con una ruptura respecto al resto del país. Es fácil responder a la objeción de que las disparidades territoriales ya son importantes hoy: son un hecho que, según la Constitución, estamos tratando de contrarrestar; con autonomía regional diferenciada se convertirían en disparidades previstas por las normas. Lo es en un sentido económico-social, ya que el proceso está impulsado por el deseo de los administradores de estas comunidades de poder disponer de una parte de los ingresos por impuestos pagados en sus Regiones superior a lo que gasta actualmente el Estado. en sus territorios. Recursos que, según la Constitución, deben utilizarse para proporcionar servicios públicos esenciales y, por tanto, garantizar los derechos de ciudadanía, a todos los italianos, independientemente de dónde vivan. En Italia existe una especie de ius domicilii, que vincula el derecho a la residencia.

 Para argumentar estas conclusiones, en primer lugar es útil una comparación internacional: la realidad de los países europeos es profundamente diferente. En las últimas décadas, el grado de descentralización ha aumentado en general, aunque sigue presentando grandes diferencias entre países como Alemania y España, por un lado, y Francia, por el otro. No es posible identificar un nivel óptimo de transferencia de poder del Estado nacional a las regiones y autoridades locales: existen, en teoría y en la experiencia internacional, ventajas y desventajas que deben tenerse cuidadosamente en cuenta. Luego hay experiencias de descentralización asimétrica, es decir, de diferentes competencias atribuidas a órganos del mismo nivel de gobierno, y éstas también van en aumento. Sin embargo, se refieren principalmente al gobierno de las ciudades y no a las regiones.

 El caso español resulta de especial interés, sobre todo porque en ese país existe una descentralización asimétrica de las competencias y mecanismos financieros de las comunidades autónomas (similar a las regiones italianas); pero precisamente los acontecimientos españoles del siglo XXI muestran los importantes riesgos de conflicto asociados con estas asimetrías. Europa ha visto secesiones reales, pero actualmente, en los países miembros de la UE, las dinámicas que pueden conducir a "secesiones de facto" mediante las cuales la unidad nacional se modifica sustancialmente, aunque no formalmente, son mucho más interesantes.

 En Italia, el papel de las autoridades locales y en particular de las regiones ha crecido fuertemente después de la reforma constitucional de 2001. Pero la estructura resultante es en gran medida insatisfactoria. El marco de poder es confuso y conflictivo; En los primeros veinte años del siglo, el nivel de gobierno nacional se debilitó y el papel de las regiones y sus presidentes aumentó considerablemente, con actitudes de "soberanía regional" encaminadas a aumentar su poder y su capacidad para intermediar recursos públicos. Las provincias y las áreas metropolitanas se encuentran en una situación de gran incertidumbre, mientras que los municipios, históricamente el centro del gobierno local en Italia y los más cercanos a los ciudadanos, se ven aplastados por la falta de recursos y el control que las Regiones ejercen sobre ellos. Además, las autonomías especiales existentes provocan desigualdades significativas e injustificadas. En este marco, los ciudadanos no tienen la oportunidad de conocer y juzgar lo que hacen sus administradores, y el nivel central no interviene para garantizar sus derechos, como es evidente en el caso de la salud. Sin embargo, a finales de los años 20, la pandemia de Covid mostró trágicamente los costes de esta situación, y la iniciativa de política económica más importante, el Pnrr, vio una fuerte centralización del poder en el ejecutivo nacional.

 Los aspectos económicos de la actual descentralización italiana están definidos por la ley 42 de 2009 - cuyo objetivo es aplicar los nuevos artículos de la Constitución relativos a la financiación de las regiones y de los entes locales -, incluidas las piedras angulares de todo el mecanismo: los niveles esenciales de rendimiento , es decir, el núcleo de los derechos sociales y civiles que deben definirse y garantizarse a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional; y fondos de equiparación, destinados a determinar la igualdad en el financiamiento de entidades administrativas que operan en territorios con distinta riqueza. Pero la ley ha avanzado muy poco. Casi ninguna en el caso de las Regiones, incluso considerando que la financiación de su principal partida presupuestaria, la asistencia sanitaria, no tiene en cuenta las necesidades sanitarias de la población: en la asistencia sanitaria los niveles esenciales de asistencia existen desde hace mucho tiempo, pero ya no existen. irrelevante para determinar las necesidades y el financiamiento. En cuanto a los municipios, sin embargo, la ley 42 se ha aplicado ampliamente, también gracias a un importante esfuerzo técnico. Pero durante mucho tiempo de forma distorsionada: en ausencia de la Lep, las necesidades estaban relacionadas con el gasto histórico; El fondo municipal de solidaridad avanza muy lentamente y no debería estar en pleno funcionamiento hasta treinta años después de la reforma constitucional. En este contexto, sin embargo, también hay ejemplos positivos: es el caso de la Lep relativa a las escuelas infantiles, fijada en 2022 y acompañada de financiación adicional para permitir que todos los municipios la apliquen. Un evento que muestra cómo una decidida voluntad política y un cuidado diseño técnico son necesarios para avanzar hacia una mayor igualdad entre los ciudadanos.

 Pero estos temas no están en la agenda política. Predominan los acontecimientos de autonomía diferenciada, que tuvieron su origen en las solicitudes de los consejos regionales de Véneto y Lombardía de adquirir todas las competencias posibles manteniendo una parte de lo que definen como su residuo fiscal en su territorio; y que cobró impulso cuando Emilia-Romaña, liderada por el Partido Demócrata, hizo solicitudes similares. A principios de 2018, el gobierno Gentiloni firmó preacuerdos de contenido muy cuestionable con las tres Regiones. El posterior gobierno de la Liga-Movimiento 5 Estrellas estuvo muy cerca de conceder todos los poderes y privilegios financieros solicitados, pero sólo se vio frenado por una reconsideración de la cuestión por parte del Movimiento 5 Estrellas. Tras haber abandonado las prioridades durante el período Covid, la autonomía regional diferenciada volvió al primer plano en 2022 con el gobierno Meloni, que adoptó una ley marco propuesta por el ministro Calderoli de la Liga Norte para favorecer al máximo las solicitudes regionales.

 ¿Por qué es una secesión de los ricos? Italia se transformaría radicalmente con el nacimiento de Regiones-Estados en su seno. De hecho, gozarían de poderes muy amplios en materias fundamentales, desde la escuela hasta la sanidad, desde las infraestructuras hasta el medio ambiente, pasando por las políticas industriales y en muchos otros ámbitos, como se reconstruye detalladamente en el volumen. El sistema de escuelas públicas italiano, el Servicio Nacional de Salud, la infraestructura unitaria y el sistema energético llegarían a su fin. Todo ello en un contexto de extrema confusión, dado que las competencias requeridas por las Regiones, a las que muy probablemente se sumarán inmediatamente todas las demás con estatuto ordinario, estarían en cualquier caso diferenciadas entre sí. El gobierno central tendría poderes residuales y jurisdicción sobre áreas geográficas. Italia se convertiría en un país arlequín, en el que sería imposible llevar a cabo políticas nacionales fundamentales, incluso en línea con las europeas; y en el que el sistema empresarial encontraría dificultades crecientes debido a la fragmentación legislativa y operativa que podría crearse en muchos mercados, desde la construcción hasta los productos alimentarios.

 La secesión de los ricos también se produciría por aspectos económicos. De hecho, las Regiones solicitantes pretenden obtener condiciones ventajosas completamente similares a las de las autonomías especiales. Véneto y Lombardía siempre han vinculado claramente las solicitudes de autonomía al deseo de retener para sí una parte del llamado "residuo fiscal regional", es decir, una cantidad hipotética igual a la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público que se realizan dentro de sus países. fronteras. Se trata del "dinero del Norte" de la tradición de la Liga Norte: un cálculo engañoso que no tiene en cuenta las disposiciones constitucionales relativas a la progresividad de la recaudación de impuestos y a la universalidad del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos: los residuos fiscales pertenecen a los individuos, no a los territorios. El instrumento para obtenerlo es técnicamente complejo, pero políticamente claro: la fijación de un tipo de reparto de los ingresos de los impuestos nacionales, que permitiría a las Regiones disfrutar de recursos garantizados sin tener que gravar a sus ciudadanos. Recursos que podrían crecer con el tiempo, en detrimento de otros italianos. Y no se sabe nada sobre otros posibles efectos financieros a su favor, por ejemplo relacionados con la libre transferencia de partes de los bienes públicos nacionales. El énfasis comunicativo en la determinación simultánea de los niveles esenciales de rendimiento (Lep) tiene poco valor: aparte de las dificultades técnicas, solucionarlos sin garantizar recursos adicionales muy importantes significa cristalizar las disparidades existentes.

 Los ministros de la Liga Norte a quienes se encomendó la cuestión - primero en el gobierno de Conte I, luego en el gobierno de Meloni - intentaron prever métodos procesales para lograr una autonomía diferenciada, lo más favorable posible para las Regiones. Se basan en la centralidad de la negociación entre los ejecutivos nacional y regional, en la marginación del papel del Parlamento, al que se encomendarían tareas de mero testimonio, en el máximo secreto posible sobre los contenidos específicos de los acuerdos Estado- Regiones , que debe mantenerse cuidadosamente alejado de la atención de la opinión pública, sobre la transferencia de decisiones fundamentales y detalladas a comisiones mixtas, siempre Estados-regiones, con decisiones también protegidas de la intervención del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El proyecto de ley del gobierno que pretende lograr estos resultados se encuentra actualmente (octubre de 2023) en discusión en el Senado.

 Italia necesita un proceso paciente de reescritura de sus estructuras descentralizadas, sin nostalgia centralista ni escapatorias hacia adelante. Deben rechazarse las solicitudes de mayor autonomía presentadas por las regiones de Véneto, Lombardía y Emilia-Romaña; el artículo 117 de la Constitución revisada, el tercer párrafo del artículo 116 eliminado, o al menos transformado radicalmente (como propone una ley de iniciativa popular impulsada por la Coordinación para la Democracia Constitucional, actualmente también en discusión en el Senado). El futuro de Italia en las próximas décadas depende de ello."          (Gianfranco Viesti , Sinistrainrete,  23/10/23; traducción google)

¿Podemos considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? ¿Puede Inglaterra abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas

 "Cada vez que en Gran Bretaña se habla de descentralización, se cita a Alemania como ejemplo de cómo hacerlo bien. En 2004, por ejemplo, Matthew Tempest, de The Guardian, calificó a Alemania como "quizá el ejemplo más avanzado de gobierno descentralizado". Y la semana pasada, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, sugirió, sin ninguna originalidad, que se aplicaran los métodos alemanes para resolver la agobiante desigualdad regional de Gran Bretaña. "Así es como se ve la verdadera nivelación", dijo Burnham, de nuevo en el (antes Manchester) Guardian: "una ley básica en la Constitución alemana que exige la igualdad entre los 16 estados".

Sus palabras se hacían eco de las del Ministro de Estado para Alemania Oriental, que acababa de visitar el país. Junto a Burnham en la Conferencia del Norte, Carsten Schneider declaró: "El objetivo de crear condiciones de vida iguales en toda Alemania se encuentra incluso en nuestra Constitución. Hay buenas razones para ello. Si las regiones se separan, es malo para todos. Si prosperan diversas regiones, prosperará todo el país".
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"Cuando uno visita Alemania", escribió Burnham, "puede ver y sentir el éxito de esta política allá donde vaya en los altos estándares de las infraestructuras de transporte y el espacio público". Obviamente, Burnham nunca ha viajado en Deutsche Bahn. Debido al envejecimiento de las infraestructuras y a un enorme retraso en las inversiones, los ferrocarriles alemanes ya no son muy puntuales. Una investigación de ARD en septiembre reveló que la red ferroviaria estaba "al borde del colapso". Y, como en el Reino Unido, es un símbolo de la incapacidad de Alemania para invertir por igual en todas sus regiones.

La política ensalzada por políticos de centro-izquierda como Schneider y Burnham es el gigantesco proyecto conocido como Aufbau Ost, la reconstrucción del antiguo Este comunista durante los últimos 30 años. Cuando ambos se reunificaron, el PIB del Oeste era un 50% superior al del Este; visitar este último cuando yo era adolescente era como viajar en el tiempo a un pasado vagamente distópico, con diminutos coches de plástico que chisporroteaban, el omnipresente olor a humo de carbón y una enorme escasez de pintura para casas y papel higiénico que no rayara. 

El Canciller Helmut Kohl prometió "paisajes florecientes" en el Este cuando cayera el Muro de Berlín. Ocurrió lo contrario. La producción industrial cayó un 70%. Se cerró un tercio de las fábricas del Este, muchas de las cuales se vendieron por una miseria a los occidentales. El desempleo se disparó. Las inversiones no pudieron frenar la hemorragia. En 1995, el gobierno de Kohl, alarmado, elaboró un plan para financiar adecuadamente la Aufbau, al que denominó Solidarpakt: el "pacto de solidaridad". El plan se diseñó para cumplir la cláusula constitucional de la que alardeaba Burnham, que responsabiliza al gobierno federal de la "creación de condiciones de vida equivalentes" en todo el país.

Lo que constituye condiciones equivalentes está, por supuesto, abierto a la interpretación. Los conservadores suelen entender que significa igualdad de infraestructuras públicas: carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones. Pero la izquierda suele insistir en que también debe significar niveles similares de salarios y pensiones. Periódicamente, los gobiernos de los estados se pelean por los detalles de las fórmulas, sugiriendo retoques que les favorecerían. No obstante, el principio de redistribución federal se ha mantenido firme.

 Al fin y al cabo, el Solidarpakt impulsó un sistema que ya existía desde 1949, cuando se creó la República Federal bajo la atenta mirada de los aliados ocupantes. Ese sistema se conoce como Länderfinanzausgleich (literalmente: "Igualación financiera de los Estados"), y surgió de otro artículo de la Constitución, que establece que "se garantizará por ley... que se compense adecuadamente la diferente capacidad financiera de los Länder". Básicamente, regula la transferencia de ingresos fiscales de los Länder (estados) más ricos a los más pobres.

Pero en los años noventa, el Länderfinanzausgleich no proporcionó ni de lejos el dinero suficiente para evitar el colapso económico total en el Este. Para ello se necesitaban cientos de miles de millones. Un nuevo "recargo de solidaridad" temporal para financiar el Este apareció en las nóminas como el 7,5% del impuesto sobre la renta de los alemanes. Se subieron los impuestos sobre la gasolina. Además, se crearon grandes fondos especiales para financiar la cultura, la policía y las infraestructuras de Berlín, acordes con el estatus de la ciudad como nueva-vieja capital del país reunificado. Otros cientos de miles de millones de euros fluyeron hacia el Este, en forma de pensiones estatales que reconocían la vida laboral de los orientales, aunque hubieran trabajado en un sistema que se había hundido y cuya moneda casi no valía nada.

Nadie sabe exactamente cuánto "costó" la reunificación, porque hay muchas formas diferentes de calcularlo, pero sin duda supera con creces el billón de euros. Aufbau Ost supuso una enorme carga para la economía, pero significó que los "nuevos Estados federados" recibieron pronto autopistas lisas y estaciones de tren relucientes. Los centros urbanos y los castillos, desde el Báltico hasta la frontera checa, se renovaron impecablemente. Poco a poco se fue reduciendo el impuesto de solidaridad. Hoy, sólo las rentas altas pagan el recargo.

 ¿Aceptarían alguna vez los ingleses semejante carga? A pesar de las quejas de la prensa, en general los alemanes occidentales lo consideraban un deber hacia sus hermanos que sufrían bajo el comunismo. La caída del Muro de Berlín dio al proyecto una urgencia histórica sin precedentes. Sencillamente, no había alternativa. ¿Se puede imaginar realmente que Londres y los países del interior tomen una por el Norte? ¿Durante el tiempo necesario para marcar la diferencia?

¿Y hasta qué punto debería inspirarnos Alemania? Länderfinanzausgleich es complicado de una forma que sólo Alemania puede hacer complicada: Sueddeutsche Zeitung escribió una vez que sólo unas pocas docenas de personas entienden realmente cómo funciona, lo que no debería ser el caso en una democracia.

 Y aunque la labor de "nivelación" de Alemania ha recorrido un largo camino, no está ni mucho menos terminada. Muchas ciudades del Este - Leipzig, Dresde, Berlín - son más prósperas que algunas de sus equivalentes occidentales. La capital ya no es la peor parada del país en materia de desempleo, sino Bremen, en el noroeste. Pero los niveles de renta en el Este siguen siendo obstinadamente más bajos: en 2020, el salario bruto medio, de 36.499 euros, seguía siendo 7.440 euros inferior al del Oeste.

Otros vectores apuntan también a la desigualdad. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, un think tank vinculado al SPD de centro-izquierda, la mayoría de las zonas rurales del Este se encuentran en una "crisis estructural duradera", debido a la despoblación, los bajos salarios y la falta de banda ancha. Muchas pequeñas ciudades occidentales también se enfrentan a la desindustrialización y al aumento de la pobreza, al igual que el norte de Inglaterra. La nivelación no ha evitado su declive. No obstante, la mayoría de los beneficiarios netos del Länderfinanzausgleich siguen estando en el Este.

Luego está la capital -ese extraño engendro de Este y Oeste- que, aunque ahora muestra un crecimiento superior a la media, sigue recibiendo la mayor ayuda del bote: 3.600 millones de euros de un total de 17.000 millones en 2021. También recibe miles de millones adicionales de un fondo federal separado para regiones con problemas, porque de lo contrario la ciudad no podría pagar su deuda de 60.000 millones de euros. Esto ha suscitado quejas en algunas partes del país. Aunque Berlín se ha recuperado, el resto del país la sigue considerando destartalada, decrépita y anárquica. Cuando, en Nochevieja, unos jóvenes atacaron e hirieron a policías y socorristas con fuegos artificiales en escenas bélicas en las calles de Berlín, los dirigentes bávaros arremetieron contra la "caótica" capital. Baviera, antaño un reino rural pobre poblado por paletos con pantalones de cuero, fue un receptor neto de transferencias financieras hasta finales de los años ochenta. En la actualidad, es líder de Alemania en turismo, tecnología y educación.

¿Por qué, se preguntan los bávaros, deberían financiar al "Estado fallido" de Berlín, que ni siquiera puede mantener el orden y tiene que repetir unas elecciones locales el mes que viene debido a las irregularidades rampantes?

Del mismo modo, cuando hace unos años Berlín decidió convertirse en el primer y único Estado alemán en ofrecer guarderías gratuitas, las protestas procedentes de Múnich fueron sonoras: ¿por qué debemos pagar por algo que esos berlineses perdedores, con sus 60.000 millones de euros de deuda, apenas pueden permitirse? En tales ocasiones, los políticos de los Estados más ricos exigen inevitablemente una reforma: una especie de antinivelación. La semana pasada, el ministro bávaro de Finanzas, Albert Füracker, dijo que no quería seguir financiando los "programas de bienestar" de Berlín y anunció que Baviera recurriría el Länderfinanzausgleich ante el Tribunal Constitucional. ¿Alguien debería decírselo a Andy Burnham?

Al igual que en Gran Bretaña, la capital alemana recibe indudablemente más de lo que le corresponde. ¿Podemos, entonces, considerar realmente a la nación como un modelo de nivelación? Y, lo que quizá sea más importante: ¿es el hercúleo reto de injertar un antiguo país comunista en bancarrota en una economía capitalista moderna comparable de algún modo a la tarea de abordar el declive industrial y la falta de inversión en regiones como el noreste de Inglaterra o Gales? ¿Puede Gran Bretaña aprender de Alemania, o la solución alemana es demasiado, bueno, alemana?

Para responder plenamente a esta pregunta, tenemos que mirar más allá del nacimiento del Länderfinanzausgleich, a la historia de la que surgió la política. Esa historia es radicalmente distinta de la de Inglaterra. Hasta que Prusia reunió la mayor parte de las tierras de habla alemana en un imperio (el Segundo Reich) en 1871, el lugar que llamamos Alemania comprendía docenas de reinos y ducados. Ninguna metrópoli se enseñoreaba del resto. Inglaterra, por su parte, se convirtió en país en el año 927. El gobierno monárquico lleva más de un milenio recaudando impuestos desde su percha en Londres. Sólo con el Tercer Reich Alemania centralizó realmente el poder (y las finanzas) en Berlín. Ya sabemos cómo acabó aquello.

Tras la guerra, el país se reformó a propósito para que no tuviera un centro fuerte. Aunque Berlín está empezando a florecer económicamente de nuevo -atrae más capital de nueva creación que ninguna otra ciudad alemana-, nunca será un Londres, que genera la mayor parte de la riqueza de la nación y luego la distribuye como un rey caprichoso. Para alterar estructuras tan arraigadas hace falta una catástrofe, o bien décadas de lentos cambios. La "devolución" alemana se impuso originalmente por la fuerza de unas pocas palabras en una constitución, dictada por las potencias ocupantes, habiendo sido el país escenario de algunos de los dramas más desgarradores del siglo XX. La caída de dos dictaduras exigió medidas drásticas. Inglaterra no ha conocido convulsiones tan graves en los tiempos modernos.

La conciencia de la historia y un profundo deseo de estabilidad hacen que el Estado alemán haya estado dispuesto a asumir enormes tareas -y a gastar mucho dinero en ellas- de una forma que puede parecer extraña y exagerada para algunos en Westminster. No estoy seguro de que Andy Burnham sea consciente de la magnitud del cambio necesario para transformar el sistema inglés en algo parecido al alemán. Uno podría soñar con transformar el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en una federación. Quizá sea eso lo que realmente haga falta para lograr más igualdad. Pero, ¿accedería alguna vez Londres a una medida tan radical? Es probable que a la capital le convenga salir del paso y que las provincias mendiguen migajas."                    (Maurice Frank ,  UnHerd, 31/01/23; traducción DEEPL)

Entrevista a Josep Maria Fradera, historiador: el mundo empresarial catalán prosperó gracias a dos condiciones... un mercado español en el que tenía el casi monopolio de la industria ligera y los bajos salarios de los trabajadores... aquellos que les explicaron qué significaba de verdad una sociedad industrial eran auténticos outsiders, Monlau, Figuerola, Cerdà y Jaime Balmes... todos acabaron alejados de Cataluña... La patronal catalana se cierra en sí misma, atemorizada por el conflicto social. En consecuencia, aquel grupo social no se propuso nunca ni la reforma social de la sociedad catalana ni la de la española. Reclamó en todo caso soluciones de orden. Las pocas reformas que se introducen en Cataluña (educación o sanidad) proceden tardíamente, y poco o mucho, de los gobiernos de Madrid

 "Josep Maria Fradera es catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra. Tiene una experiencia dilatada y muy variada en universidades internacionales. Ha escrito de historia catalana, española latinoamericana y de los Estados Unidos. El año 2009 recopiló algunas intervenciones puntuales y ensayos más extensos en un volumen que lleva por título La pàtria dels catalans. Història, política i cultura. (La patria de los catalanes. Historia, política y cultura). (...)

Se habla ahora de una pérdida de peso de la economía, de una pérdida de dinamismo de la sociedad catalana. Se suele situar en estos últimos años. ¿Está de acuerdo con ello? Si la respuesta es sí, ¿comienza ahora o antes?

 (...) El mercado interior continuó siendo vital para los intereses de la industria catalana hasta la década de 1960. La situación comenzó a variar en esta década, cuando el Plan de Estabilización y la liberalización económica relativa permitida por el franquismo impulsaron los intereses económicos catalanes a relacionarse de otra manera con los diversos núcleos de actividad económica del resto de España. Por otra parte, es entonces cuando la industria catalana recibe un estímulo poderoso gracias a la mano de obra abundante que llega del resto de España, un mundo laboral que, además, carecía de capacidad contractual en condiciones de dictadura.

No es una casualidad que una parte muy relevante de los arquitectos del Plan de Estabilización fueran catalanes, un hecho que reforzó los vínculos entre las élites económicas catalanas y la política económica de la Dictadura. Estos vínculos no se aflojarán en la etapa posterior, basta con recordar que fue Carles Ferrer Salat quien fundó la CEOE. Bien al contrario, seguía siendo importantísimo tener una relación privilegiada con el poder central. La paradoja de todo esto es que en los últimos años se nos ha intentado vender una historia de desacoplamiento o de conflicto permanente con el poder central. Una visión como mínimo parcial si no directamente falsa.

Vistas así las cosas, el declive no es tal. Lo que pasa es que, a la debilidad financiera tradicional, agravada por razones bien conocidas, se le añade que hay que competir con otros y no siempre de forma ventajosa, ni siempre con armas políticas adecuadas. Es una cuestión de dimensión, pero también de pérdida de oportunidades en un mundo competitivo, comenzando por el marco estrictamente español donde hay otros jugadores y un árbitro no del todo imparcial. Cuando los catalanes dicen «Madrid», tendríamos que proceder inmediatamente a múltiples distinciones. Desgraciadamente, esto exige un matiz y detalle que no se puede permitir una política fracasada.

 Sin embargo, es un tipo de vínculo que no implica una responsabilización catalana en la gobernación del Estado. Entonces, ¿a través de qué vectores se produce la relación?

Efectivamente, hay una responsabilización débil de las élites catalanas en la definición de las políticas económicas. La respuesta del porqué es necesariamente compleja. Para influir, para inclinar el Estado hacia una dirección determinada, se necesitan dos condiciones: mantener la continuidad y la autonomía real en la dirección de las políticas económicas y, dos, construir un cuerpo de civil servants que estén dispuestos a invertir una parte del capital social que la región puede generar en la cosa pública. Esta segunda condición implica formar escuelas de pensamiento, ensanchar los márgenes del debate público, enviar a los hijos al extranjero con una idea de retorno ordenado. No consta que la burguesía catalana haya hecho esto ni durante el siglo XIX ni en la primera mitad del XX.

 Dicho de manera simplificada, los industriales traspasaron la fábrica a los hijos pero no formaron una casta de enarcas, es una forma de hablar, dedicados al servicio público de forma colectiva, meditada, a medio y largo plazo. La única burguesía industrial que hizo esto fue la vasca, en buena parte porque el negocio bancario lo exige. Lo había hecho desde mucho antes en realidad. No en vano Bilbao era una de las salidas al mar de la lana castellana, vinculándose después muy activamente a las reformas borbónicas del siglo XVIII. Es una tradición que no se rompe (Deusto). Por esto Madrid es en buena medida la ciudad vasca que Josep Pla observó en el año 1921.

Mientras tanto, el mundo empresarial catalán prosperó gracias a dos condiciones: un mercado español en el que tenía el casi monopolio de la industria ligera y los bajos salarios de los trabajadores a los que empleaba (las «bullangas», para simplificar, no dejan de ser un reflejo de ello). Llama la atención que aquellos que les explicaron qué significaba de verdad una sociedad industrial eran auténticos outsiders, Monlau, Figuerola, Cerdà y Jaime Balmes, éste último un cura protegido por los jesuitas que miró hacia Bélgica e Inglaterra. Todos acabaron alejados de Cataluña.

La patronal catalana, mientras tanto, se cierra en sí misma, atemorizada por el conflicto social. En consecuencia, aquel grupo social no se propuso nunca ni la reforma social de la sociedad catalana ni la de la española. Reclamó en todo caso soluciones de orden. Las pocas reformas que se introducen en Cataluña (en términos de educación o de sanidad) proceden tardíamente y poco o mucho de los gobiernos de Madrid, cosa que no quiere decir que en su diseño y organización no participaran catalanes.

Y en este esquema, ¿cómo queda la Mancomunitat?

Fue un gran salto en el tiempo y duró poco. Hay dos elementos que efectivamente intentan romper esta dinámica de desinterés por la cosa pública: una es la Mancomunitat, indiscutiblemente, por hipercatólica y escasamente liberal que fuera, es decir, que ofrecía una obertura de compás limitada; la otra, es un grupo de intelectuales y profesionales catalanes que no tienen ningún prejuicio en salir a formarse o a hacerlo en instituciones no controladas por los poderes locales, y volver luego si pueden o los dejan. Personajes algunos que ya hemos citado como Cerdà o Figuerola en el siglo XIX, los hermanos Pi Sunyer, Bosch Gimpera o Manuel Reventós en el XX.

Las caídas en desgracia de d’Ors o de Torres García ejemplifican muy bien tanto la condición formativa de la Mancomunitat como la piel tan fina del catolicismo rural. En cualquier caso, las dos son experiencias débiles, breves y siempre sujetas a los avatares tempestuosos de la política real, que implican siempre recelos tanto en Barcelona como en Madrid. No se puede caer en la trampa de la inculpación exclusiva. Tampoco se puede caer en el tópico rancio de la modernidad catalana en contraste con el reaccionarismo castizo al otro lado del Ebro.

¿Cree que este desinterés catalán juega un papel en el hecho de que finalmente el poder real en España no se haya ido repartiendo geográficamente, saliendo de Madrid?

Una parte de la responsabilidad depende de la debilidad de las finanzas públicas españolas, un hecho que explica la correlativa del sistema educativo o de las políticas de salud pública hasta muy entrado el siglo XX. No consta que los catalanes hubieran pedido nunca pagar más, ser más vigilantes sobre cómo se gastaba lo que se recaudaba. En este sentido, la redistribución del poder y del presupuesto tendría que haber sido el resultado de una competencia positiva entre diferentes polos a lo largo del siglo XIX más que el resultado de un simple acuerdo político de mínimos entre diversos grupos regionales.

 La reflexión es de mayor actualidad de lo que parece: la sociedad española en su conjunto tampoco se reconcilia fácilmente de la guerra civil entre carlistas y liberales del XIX que se prolonga hasta el siglo pasado. Los catalanes o los vascos no fueron en absoluto ajenos a este pleito. Es más fácil lanzar una cerilla que apagar después el incendio. Los historiadores nos tendríamos que preocupar por estudiar el pleito y las consecuencias: ¿por qué no hubo una competencia virtuosa que acabara redistribuyendo poder? Barcelona no es toda Cataluña ni Madrid es toda España; ni Madrid es sólo la máquina de gobierno-ministerios, magistratura y ejército.

Hay más jugadores en la partida. Hoy es del todo evidente: están Valencia y Zaragoza, Sevilla y Málaga, Vigo y La Coruña. Los podremos ver jugar si los nacionalismos historiográficos, insisto en el plural, no nos impiden observarlo. Todos hubiéramos querido que España tuviera un DF por capital –un Escorial puesto al día– o que Barcelona y Madrid hubiesen competido lealmente como las grandes ciudades que son. Nuestra generación no verá esta rectificación. Ni tampoco un juego federal consistente, algo incompatible con cualquier forma de nacionalismo, central o periférico. (...)"                                

(Entrevista al historiador Josep Maria Fradera,  Paola Lo Cascio  , Política y Prosa, 17/05/21)

Piketty: la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal

  " (...) En España le ha dedicado un capítulo al independentismo catalán.

Creo que el problema político en Catalunya es muy complejo, no tengo dudas de que los motivos políticos del independentismo son muy variados pero me llamó la atención la adhesión de rentas altas al movimiento independentista y su excesivo discurso contra la solidaridad fiscal. 

No soy contrario a la descentralización política pero la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal y donde se intensifica una relación perniciosa entre frontera y propiedad. (...)"   

(Entrevista a Thomas Piketty, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 14/12/19)

El nacionalismo puede arruinar la Reforma Laboral ¿Dónde está la razón del desacuerdo de lo pactado, de las exigencias de ERC y PNV? La razón no es laboral, ni sindical, ni económica, es partidista... Ni es por el bien de los trabajadores y trabajadoras, ni incluso para las empresas. Porque es difícil entender que unas empresas que estén en Tarragona o en Valencia tengan que tener un convenio colectivo distinto... Frente a ello, ahí está la realidad de todos los países europeos con negociación colectiva sólida cuya base son los convenios de sector nacionales... el Convenio Colectivo ha de ser también un factor que debe contribuir a defender la competencia leal entre las empresas del mismo sector, a la vez que la solidaridad entre los trabajadores del mismo... levantar barreras que impidan o debiliten la unidad de los trabajares y trabajadoras de una empresa o de un sector

 "Tras largos meses de negociación, de tira y afloja, entre gobierno, patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo para la Reforma Laboral, surgen ahora serias dificultades para su aprobación en el Congreso de los Diputados. 

Algunos, que por lógica deberían apoyarlo y dar su voto a favor porque han coincidido en las críticas a la política en materia laboral del Partido Popular y han reclamado cambios en el actual mercado de trabajo, nos dicen ahora que votarán en contra si no se aceptan sus enmiendas al acuerdo alcanzado desde el diálogo social tripartito.

 ¿A qué responde su posición?, ¿es porque minusvaloran el peso de un acuerdo fruto del diálogo social y los acuerdos entre los agentes sociales y el gobierno? No, ni mucho menos, porque cuando ellos, desde el Gobierno de Catalunya o de Euskadi, alcanzan un acuerdo en su ámbito, incluso cuando no es más que una declaración de intenciones (como sucede en más de una ocasión), resaltan su mérito y valor, convirtiéndolos en un éxito político trascendental y un ejemplo de su “estilo positivo de gobierno”.

Entonces, ¿dónde está la razón del desacuerdo de lo pactado, de las exigencias de ERC y PNV? La razón no es laboral, ni sindical, ni económica. Es partidista, es ésta una buena ocasión que quieren aprovechar para poner un ladrillo más en el muro, en la división y separación de Euskadi y Catalunya con los demás pueblos y territorios de España en lógica con sus respectivos proyectos nacionalistas. 

Por ello su condición, dicen sine qua non, es poder blindar por ley que los convenios estatales de sector no sean de aplicación, ni se puedan articular con los convenios autonómicos, en Catalunya y Euskadi. Muy coherente con su proyecto de “Marco Autónomo de Relaciones Laborales”, o dicho con mayor claridad para que se entienda: quieren un marco de relaciones laborales exclusivamente vasco y catalán.

 Una estrategia que en el caso de Euskadi se argumenta por su particular mapa sindical con ELA y LAB, pero también porque estos sindicatos son conscientes de que los resultados electorales de CCOO y UGT son mucho mejores en aquellas empresas vascas regidas por convenios de empresas intercentros o por convenios de sector de ámbito estatal. Y en Catalunya, a pesar de la hegemonía absoluta de CCOO y UGT, se entiende que, para construir un marco exclusivamente catalán de relaciones laborales, es imprescindible que germinen y crezcan esos proyectos de sindicatos ligados al independentismo, como reclama la ANC sin complejos en su última resolución.

 Para ello, los convenios catalanes no deberían tener relación alguna con el resto de España; los consideran imprescindibles como “herramienta de país”, también para debilitar el sindicalismo confederal que representan UGT y CCOO por su visión solidaria con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de España, de Europa y del mundo.

 La condición por parte de PNV y ERC para votar a favor no es laboral, ni sindical, ni económica. Ni es por el bien de los trabajadores y trabajadoras, ni incluso para las empresas. Porque la realidad hoy, tanto en Euskadi y Catalunya como en el resto de España, es que son mayoritarios los convenios provinciales, unos convenios que por cierto constituyen una reliquia del pasado franquista.

 Cualquier proyecto, necesario y pendiente, de racionalización de la estructura de la negociación colectiva debería conseguir superar esta situación, pues es difícil entender dónde está el sentido y la especificad qué aporta, en cualquier sector industrial, que unas empresas que estén en Tarragona o en Valencia, por poner un ejemplo, tengan que tener un convenio colectivo distinto.

Frente a ello, ahí está la realidad de todos los países europeos con negociación colectiva sólida cuya base son los convenios de sector nacionales. También la positiva experiencia de nuestros convenios de la Industria Química, de la Construcción, del Textil-Confección, de Banca,… Porque el Convenio Colectivo ha de ser también un factor que debe contribuir a defender la competencia leal entre las empresas del mismo sector, a la vez que la solidaridad entre los trabajadores del mismo.

Resulta llamativo que, mientras se habla de la necesidad de avanzar en la regulación y negociación de materias a nivel europeo, en el ámbito de las empresas globales y de los sectores de la producción, en España haya quien siga defendiendo regar la pequeña maceta de cada provincia y de cada autonomía como exclusivo ámbito de relaciones laborales. Y sorprende que para sectores que se definen como progresistas el objetivo hoy, su prioridad, sea levantar barreras que impidan o debiliten la unidad de los trabajares y trabajadoras de una empresa o de un sector.

 Esperemos que no llegue a expresarse, en la votación del próximo 7 de febrero en el Congreso de los Diputados, la insolidaridad y el egoísmo que representaría la pérdida de derechos de la clase trabajadora. Esperemos que el nacionalismo no arruine los importantes avances que sin duda representa el acuerdo alcanzado por Gobierno, sindicatos y patronal en la Reforma Laboral."               (Quim González Muntadas  , Nueva Tribuna, 27 de enero de 2022)

En España una de las expresiones de la crisis del Estado es el agotamiento del modelo autonómico... es evidente que tiene problemas de diseño... ha puesto en marcha el agravio comparativo como motor del Estado... se ha visto la debilidad de la gestión descentralizada de la Sanidad... es necesario crear espacios de cooperación: Agencias públicas estatales potentes donde se encuentren las agencias autonómicas, por ejemplo...

 "(...)  Joan Coscubiela (Barceloneta, 1954) alcanzó en noviembre de 2017 gran relevancia nacional por sus diatribas en el Parlament contra la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que votaron los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras junto a la CUP poco después del 1-O.  Lo malo de esa inesperada fama es que Coscubiela dejaría la política tras la DUI. En su primer año de retiro presentó un libro, Empantanados. Y ahora vuelve a la carga con su segunda obra, La pandemia del capitalismo (Planeta). (...)

PREGUNTA: Aunque en La pandemia del capitalismo hay una reflexión global sobre los servicios públicos, el modelo económico o la democracia, hay un elemento que aparece en todo el libro: el agotamiento del modelo autonómico.

RESPUESTA. He trazado una línea entre la crisis de la democracia y otras crisis más locales, y en el caso de España una de esas expresiones de la crisis del Estado es el agotamiento del modelo autonómico. Éste ha recibido ataques injustos alentados por el humo del procès, pero es evidente que tiene problemas de diseño. Ante la falta de un modelo federal, se ha puesto en marcha el agravio comparativo como motor del Estado.

P: Dice que el federalismo sufrió un varapalo en el referéndum por el Estatuto de Andalucía de 1980.

R: No, no tanto el federalismo sino la Constitución, cuyo artículo 2 ["La Constitución se fundamenta en la disoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"] es absolutamente polimórfico: unidad de Estado a la par que autonomía territorial. Se podía haber resuelto de otra manera: un tratamiento diferencial a las nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña, frente a otros territorios que ni siquiera se habían planteado tener siquiera comunidad autónoma. El referéndum de Andalucía supone un momento decisivo: se ve lo complicado que iba a ser la construcción de un estado autonómico asimétrico que podía haber sido un estado federal.

P: Y de ahí parte el agravio comparativo.

R: Al no tener las fuerzas políticas y sociales un modelo de Estado... la derecha tiene uno, el Estado centralizado; el nacionalismo catalán tiene otro, la independencia; el foralismo vasco y navarro, otro. Pero la izquierda no tiene un modelo de estado que defienda el federalismo. El agravio comparativo se vio en su esplendor en la reforma de los estatutos de autonomía, en la etapa de Zapatero.

P: ¿Cree que el modelo autonómico ha fracasado en la lucha contra el coronavirus?

R: Aquí veo dos cosas que pueden parecer contradictorias pero que para mí no lo son: a nivel político ha habido muchas trabas, pero también creo que ha habido más prácticas federales de las que se reconocen a nivel sanitario, técnico u otras. Pedro Sánchez de repente convocó tantas conferencias de presidentes de golpe... no hay una cultura federal. El federalismo es una cultura.

 P: En el libro lamenta la inexistencia de “mecanismos de cooperación federal”.

R: Hay algo evidente: se ha visto la debilidad de la gestión descentralizada de la Sanidad, la falta de coordinación entre los organismos de Salud Pública. Apunto en el libro a cosas imprescindibles en una reforma del Estado: la necesidad de crear espacios de cooperación. Agencias públicas estatales potentes donde se encuentren las agencias autonómicas, por ejemplo. ¡Y no he dicho que las agencias deban ser simétricas! La masa crítica ciudadana es distinta en un lado y en otro.

P: Es muy crítico con el procés durante la pandemia, al haber este “compartido la estrategia [de la ultraderecha] de desestabilizar a los responsables científicos, técnicos y políticos” del Gobierno central.

R: Quim Torra y Díaz Ayuso, desde lugares contrapuestos, ejercieron el mismo papel: debilitar los espacios de cooperación y descreditar a los técnicos responsables de salud pública. E incluso veo similitudes entre ambos y Trump. Esto no atañe a sus partidos: dirigentes del PP como Feijóo han hecho gala de una actitud responsable. E incluso en Cataluña tras la dimisión forzada de Torra ha habido un cambio en ese sentido a mejor. (...)"                                (Entrevista a Joan Coscubiela, Pablo García, InfoLibre, 26/02/21)

Juan Torres, Manolo Monereo: Manifiesto por un republicanismo solidario e inclusivo... rechazamos en todo caso con contundencia el levantamiento de la bandera republicana como estrategia de destrucción de nuestro país. El republicanismo de los independentistas resulta incompatible con las ideas de libertad, igualdad y solidaridad pues se basa en el enfrentamiento entre territorios e identidades, y es utilizado como instrumento para la destrucción del demos común y solidario que pretendemos construir los republicanos

  Manifiesto por un republicanismo solidario e inclusivo

Los abajo firmantes nos declaramos republicanos. Algunos hemos sostenido y sostenemos una defensa más activa y política del proyecto, otros nos limitamos a defender un republicanismo más teórico o cultural. Algunos somos progresistas y nos consideramos de izquierdas, otros somos liberales o conservadores. Algunos no somos creyentes, otros tenemos convicciones religiosas, aunque apostemos por una separación entre Iglesia y Estado. 

Por mucho que nuestros argumentos y puntos de vista sobre muchas cuestiones sean distintos, todos queremos lo mejor para nuestro país y pensamos que los ideales de igualdad, libertad y solidaridad son la mejor forma de conseguirlo. 

Podemos discutir si resulta apropiado o no exigir en este momento el advenimiento de la República, pero consideramos en todo caso que una jefatura del Estado no votada por la ciudadanía no es la mejor forma de gobierno: las conductas insolidarias del ex Jefe del Estado nos refuerzan en nuestras convicciones.

Pero rechazamos en todo caso con contundencia el levantamiento de la bandera republicana como estrategia de destrucción de nuestro país. El republicanismo de los independentistas resulta incompatible con las ideas de libertad, igualdad y solidaridad pues se basa en el enfrentamiento entre territorios e identidades, y es utilizado como instrumento para la destrucción del demos común y solidario que pretendemos construir los republicanos. 

De alcanzar sus objetivos provocaría la balcanización de la Península Ibérica y bloquearía cualquier proyecto de solidaridad entre aquellos que hoy convivimos en España haciendo imposible durante generaciones un proyecto civilizado de coexistencia. Los republicanos también tenemos que combatir las opciones políticas secesionistas porque propician que muchos ciudadanos que no simpatizan con la monarquía se abstengan de apoyar una opción republicana de manera más explícita. 

La experiencia con el estado autonómico, y últimamente la pandemia del Covid-19, han puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en fórmulas más estables y decididas de cooperación territorial. Pensamos que la arquitectura institucional más idónea sería el de una República diversa y solidaria, pues generaría un marco de convivencia diferente a la realidad cuasi-confederal del país a la que nos ha arrojado la dinámica competitiva entre territorios, lenguas e identidades.

Pensamos, además, que el proyecto republicano tiene que ser políticamente inclusivo y opuesto al sectarismo. No debe ser patrimonializado por proyectos políticos determinados, sino tener un fundamento abierto plural, con capacidad de incluir a sectores amplios de la sociedad española, incluyendo las izquierdas, el centro político, el liberalismo y sus sectores conservadores. 

Una de las causas del fracaso de la última experiencia republicana fue justamente el sectarismo practicado por muchas de las organizaciones que la apoyaban, un sectarismo que pretendemos dejar atrás pues sólo así será posible consolidar en España un proyecto solidario, plural y sostenible de base republicana, en definitiva un proyecto civilizado y justo de coexistencia entre todos y todas.

Primeros firmantes

Alberto Limón Aguado (...); Antonio Santamaría; Armando Fernández Steinko (...); Carlos Jimenez Villarejo; Juan Torres (...); Manolo Monereo; Marc Luque (...); Martín Alonso Zarza; Miguel Candel (...); Salvador López Arnal (...); Victoriano Fernández...

Lo peor del nacionalismo es que termina aplicando la doctrina política de Carl Schmitt. Basar todo en la dialéctica Amigo-enemigo... los nacionalistas pretenden traducir el sentimiento en formulaciones políticas concretas, y lo que llaman hechos diferenciales en privilegios diferenciales, especialmente cuando se da, como siempre ocurre, en las regiones más ricas de los países

"(...) Son numerosas sus críticas al nacionalismo .Cat. Los nacionalistas, por su parte, suelen afirmar que, de hecho y aunque lo disimulemos, todos somos nacionalistas, que no hay nadie que se salve de la etiqueta. Sólo nos diferencia el adjetivo: nacionalistas catalanes, vascos, españoles, etc. Dos preguntas sobre este nudo: si tuviera que resumir en un solo argumento su principal crítica al nacionalismo, ¿cuál sería su comentario?

España será quizá uno de los países con menos conciencia nacional o en el que, al menos, el orgullo nacional es más débil. Se carece totalmente de chovinismo. Solo hay que leer a nuestros autores de finales del siglo XIX y principios del XX para comprobar que si la sociedad española peca de algo es de autoflagelación. De forma quizás irreflexiva, hemos introyectado parte de la leyenda negra.

Hay hasta un cierto complejo de inferioridad, pensando que los muchos errores y defectos que suceden en España no ocurren en el resto de los países. Esa frase tan socorrida de “En este país” a la que ya Larra dedicó un artículo, y que en la actualidad se continúa usando con frecuencia es la confirmación, en primer lugar, del desconocimiento que a menudo tenemos del extranjero y, en segundo lugar, de nuestra mala opinión acerca de todo lo español.

Es cierto que el franquismo, al igual que todo movimiento fascista, abrazó y pretendió exaltar el nacionalismo español, pero pienso que fue una planta que nunca llegó a arraigar en la mayoría de la sociedad. Es más, por esa identificación con la dictadura, despertó en amplias capas de españoles un rechazo incluso inconsciente a todo lo que se asociase a patriotismo y a símbolos nacionales, tan habituales, sin embargo, en otros países.

Confirma lo anterior el entusiasmo con el que abrazamos la Unión Europea. Las encuestas han mostrado siempre que nuestro país se encuentra a la cabeza en la aceptación del proyecto europeo y los que lo criticamos y nos oponemos a él es precisamente por no constituir una verdadera unión política.

Tal vez es esta debilidad de la conciencia nacional de España la que ha originado a lo largo de los dos últimos siglos el alumbramiento de los nacionalismos periféricos. Así al menos lo contempló Ortega en su “España invertebrada”. Paradójicamente, sin embargo, es posible que en estos momentos el proceso se haya invertido y que la extrema proliferación de fuerzas centrífugas y, en concreto, el mantenimiento de un golpe de estado que se mantiene vivo en Cataluña haya despertado un nacionalismo que estaba dormido.

España era de las pocas naciones de Europa que no tenía un partido de extrema derecha. Pues bien, parece que ya lo tiene y que ha venido para quedarse. Los que se rasgan las vestiduras ante el crecimiento exponencial de Vox harían bien en preguntarse cuáles son las razones y las causas que lo han hecho posible.

En principio, no tengo nada contra el nacionalismo mientras quede reducido a un sentimiento, a aspectos puramente culturales o a tradiciones; si acaso, lo considero en ocasiones un poco pueblerino, paleto, retrógrado. Pero lo malo es cuando los nacionalistas pretenden traducir el sentimiento en formulaciones políticas concretas, y lo que llaman hechos diferenciales en privilegios diferenciales, especialmente cuando se da, como siempre ocurre, en las regiones más ricas de los países; y no digamos ya cuando el nacionalismo se transforma en golpismo y pretende imponer sus formulaciones políticas por la coacción y la fuerza. Lo peor del nacionalismo es que termina aplicando la doctrina política de Carl Schmitt. Basar todo en la dialéctica Amigo-enemigo

La segunda pregunta: ¿su libro está escrito, como probablemente afirmarán, desde el punto de vista de un nacionalista español?

Cada uno puede afirmar lo que quiera, pero yo de nacionalista no tengo apenas nada. En lo poco que coincido con Zapatero es en eso de que la nación es un concepto discutido y discutible. Lo que sí soy es un acérrimo defensor del Estado, mientras sea democrático, social y de derecho, de la república (en el sentido de res pública). Lo considero en el momento actual el único contrapeso a las fuerzas económicas y al mercado.

Por ello estoy en contra de todo lo que pueda debilitarlo por abajo (su desintegración) o por arriba, la Unión Europea. No se me entienda mal. Estaría totalmente a favor de un Estado europeo. Mi oposición a la UE va precisamente en esa dirección, que integra los mercados y unifica la moneda, sin hacer lo mismo con el presupuesto, la fiscalidad y se carezca de unión política.

Sostiene usted que tal vez el único factor que ha jugado por completo en contra de lo que llaman procés o procesismo ha sido la justicia, una institución que, son palabras suyas, no se ha doblegado frente a los que llama soberanistas. ¿Sigue pensando que es la única institución que no se ha doblegado? ¿No ha errado reiteradamente en el ámbito europeo?

Soy consciente de los defectos que presenta la justicia española. Por otra parte, ni más ni menos de los que tienen las de los otros países europeos. Pero lo cierto es que esta institución ha sido la única que ha mantenido a raya a los golpistas y es la que está impidiendo que el golpe se repita. La razón hay que buscarla no tanto en ella, como en la parálisis de los otros poderes del Estado, ocasionada por el travestismo del PSOE y de Sánchez. Incluso el gobierno Frankenstein pretende neutralizar a la justicia. Primero ha sido con la abogacía del Estado y, en estos momentos, con la Fiscalía.

En cuanto a la justicia europea, creo que en el tema hay una equivocación buscada. Las pocas veces que se han pronunciado los tribunales europeos, propiamente dichos, ha sido en contra de los golpistas, excepto la interpretación que el Tribunal de Justicia de la UE ha hecho a instancias del Tribunal Supremo, acerca de cuándo se adquiere la condición de eurodiputado. Por cierto, cambiando la doctrina que regía hasta ese momento.

Cuando los golpistas hablan de la justicia europea se refieren maliciosamente a los tribunales de otros países, tribunales normalmente de segunda categoría cuyos fallos se han referido exclusivamente al proceso de extradición y que son señal más bien de los defectos y contradicciones que tiene la UE en este tema. Dejan a las claras los fallos de la euroorden de detención.

Intelectuales orgánicos del nacional-secesionismo suelen usar el siguiente argumento: desearíamos respetar la Constitución pero no resulta posible porque está construida de forma tal que, de facto, resulta inmodificable en asuntos sustantivos como nuestro inalienable derecho de autodeterminación. No nos queda otra: o la revuelta o la sumisión. El apoyo de la ciudadanía catalana a la Constitución fue en 1978 y han pasado muchos, muchos años desde entonces, añaden. ¿Qué opinión le merece este punto de vista del “no queremos pero nos vemos obligados…”?

El argumento tiene poco de intelectual. Estaría bueno que cada vez que a un conjunto de personas no les gustase una ley y no dispusieran de representatividad suficiente para cambiarla estuviesen legitimados para hacerlo por la fuerza. La Constitución española puede modificarse, en este tema como en cualquier otro, pero siguiendo los pasos reglados por la propia Carta Magna.

Ahora bien, la soberanía reside en la totalidad del pueblo español. Fue el mismo argumento que empleó el Tribunal Constitucional alemán para rechazar la pretensión del independentismo bávaro de convocar un referéndum de autodeterminación. La soberanía, afirmó el Tribunal, se encuentra en el pueblo alemán en su conjunto. El hecho de que la Constitución española lleve muchos años en vigor no puede servir de justificación para defender que está obsoleta y que se precisa el cambio. No creo que haya que envidiar -y mucho menos copiar- el proceso seguido en el siglo XIX, en el que cada pocos años se aprobaba una nueva Constitución.

No hay nada que objetar a que se pueda reformar la Carta Magna en determinados aspectos. Lo que no creo es que en estos momentos exista el consenso suficiente para introducir cambios de calado. Por ejemplo, en el título VIII. Seríamos muchos los que, en contra de lo que algunos proponen, abogaríamos por un régimen mucho más restrictivo del estado autonómico. El valor de la Constitución del 78 es que es de todos y no es de nadie, porque nadie quedó conforme al cien por cien. Todos aceptamos determinamos aspectos con los que no estábamos de acuerdo para que otros hiciesen lo mismo.

Pero esto que acabar de señalar es la filosofía política que guió la transición y muchos, incluidas muchas fuerzas de izquierda, consideran que el que llaman “Régimen del 78” está en crisis, está superado, ya no sirve. Es una piedra que nos ahoga a todos, especialmente, afirman, a la ciudadanía más vulnerable.

No sé muy bien qué es eso del Régimen del 78. Sé lo que es la Constitución del 78. Muy similar a la de otras naciones europeas. En buena medida se copió de ellas, constituciones basadas en la idea de un Estado social y democrático de derecho. Fundamentadas, de alguna manera, en el pensamiento socialdemócrata, ya que en los años cuarenta y cincuenta los partidos conservadores habían terminado por aceptar muchos de los principios de la socialdemocracia.

Hasta los años ochenta esas constituciones propiciaron los niveles de mayor igualdad en Europa. Quien quiera puede consultar el último libro de Piketty. Y si a partir de los ochenta se produjo un cambio no fue porque las constituciones se hubiesen modificado, sino porque el pensamiento del neoliberalismo económico fue ganando posiciones hasta hacerse casi hegemónico. Es ese neoliberalismo económico que ha impuesto la globalización el que se ha adueñado del proyecto de la Unión Europea, el que crea en buena medida los problemas sociales y políticos, no las constituciones.

En cuanto a lo de ahogados, permítame que me ría. Quien diga eso no ha vivido una dictadura. Hoy en España los niveles de libertad están por encima de los de la mayoría de los países europeos, quizás por nuestro complejo al provenir del franquismo. Si de algo se peca en estos momentos, es por exceso. Todo el mundo exige poder hacer lo que quiera sin percatarse de que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Sin leyes y sin derecho, la libertad desaparece.

Uno de sus artículos lleva por título “Mas miente y lo sabe”. Le pregunto más en general: ¿los nacionalistas .Cat han mentido a la ciudadanía de Cataluña y eran muy conscientes de que estaban engañando y manipulando a sus mismos seguidores?

Todo nacionalismo se suele basar en una serie de mentiras. El catalán no puede ser una excepción. Limitándonos a los cincuenta últimos años, desde que Pujol llegó a la presidencia de la Generalitat, lo que se impuso en Cataluña fue un adoctrinamiento basado en falsear la historia e intoxicar a los catalanes asegurándoles que España les roba. Ahora se ha modificado por el mantra de España nos oprime. Mas logró transformar lo que era una contestación social en un enfrentamiento territorial. Tuvo éxito. La confrontación social ha desaparecido de Cataluña.

Son muchas las referencias que hace a la Unión Monetaria en el libro. Una de ellas: “La Unión Monetaria no solo está en la disparidad y el enfrentamiento entre los países de la Eurozona, sino que propicia las fuerzas centrífugas de cada país.”. ¿Por qué? De hecho, como se sabe, la UE se manifestó, aunque fuera tardíamente, contra el secesionismo .Cat.

La Unión Europea en esto como en casi todo mantiene una gran contradicción. Por una parte, se ve obligada a oponerse e impedir todo intento de independencia de algunas de sus regiones. Juncker lo dijo claramente. “Ya es difícil coordinar 27 o 28 países. No quiero que estos se me conviertan en quince años en 98”. Pero, por otra parte, su configuración como unión mercantil y monetaria sin conllevar el coste para los países ricos de participar en una política redistributiva es un aliciente para que las regiones ricas de los estados quieran emular el sistema.

¿Por qué Cataluña va a querer financiar a Extremadura, o la Italia del norte a la Italia del sur, cuando Alemania u Holanda que participan de los beneficios del mismo mercado no lo hacen? Picketty en su último libro afirma algo parecido refiriéndose a Europa y a Cataluña. Por cierto, que lo he transcrito en mi artículo del 17 de septiembre en republica.com. Al que le interese puede ir a consultarlo.

Doy la referencia: “Piketty, Europa, España y Cataluña”https://www.republica.com/contrapunto/2020/09/17/piketty-europa-espana-y-cataluna/. (...)

En su opinión, tanto el PCE como IU, Podemos y Unidas Podemos se han dejado enmarañar (uso su palabra) en el concepto del ‘dret a decidir’. ¿No ha habido voces críticas en esas formaciones? ¿Nadie se ha levantado en pie de cordura y fraternidad? ¿Convicción o dependencia de la representación o aliados de esas fuerzas en Cataluña?

El derecho a decidir es tan solo una forma vergonzante de referirse al derecho de autodeterminación, que solo existe como tal para las colonias y las regiones explotadas, y creo que difícilmente se puede considerar así a Cataluña. Estoy totalmente fuera de la vida de los partidos y desconozco por completo si existen voces críticas. Si existen, desde luego no se las oye. (...)"                              (Entrevista a Martín Seco, Salvador López-Arnal,Crónica Popular, 18/01/21)

Desfeudalizar el Estado autonómico... o la corriente subterránea de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos

 "Se llama Central Remota para las Operaciones de Socorro Sanitario (CROSS en su sigla) y tiene una tarea fundamental: cuando una región agota las camas disponibles en sus hospitales, el sistema se activa buscando soluciones para el traslado de los pacientes a estructuras hospitalarias de regiones limítrofes. ¿España? Va a ser que no: Italia. 

Un país que, al igual que el nuestro, tiene su sanidad descentralizada por mandato constitucional igual que el nuestro. En lo peor de la pandemia, durante los 67 días transcurridos desde el 9 de marzo hasta el 20 de mayo, fueron 116 los italianos pacientes de COVID-19 u otras enfermedades que, mediante ambulancia, helicóptero o avión, fueron transferidos de su lugar de residencia a una región que podía darles cuidado. También en Francia, al saturarse las capacidades sanitarias de París, se medicalizaron trenes de alta velocidad para trasladar pacientes a regiones menos golpeadas por el virus. 

Nada de esto ocurrió en España. El Ministerio de Sanidad español llegó a anunciar que contemplaba la movilidad intercomunitaria de pacientes y el Ministerio de Fomento dijo haber medicalizado vagones de tren que, sin embargo, nunca fueron usados. La falta de protocolos claros y conocidos dejó los casos de traslados entre comunidades en anecdóticos. En Murcia se recibieron dos pacientes de Albacete. El préstamo de equipamientos sanitarios tampoco fue un recurso optimizado. 

El presidente gallego Núñez Feijoo tuvo que defender en el parlamento de Galicia la decisión de enviar respiradores a Madrid en el pico de la crisis. Le reñía Antón Sánchez, el portavoz del Grupo Común da Esquerda: la izquierda.

 Evitemos la demagogia. Trasladar un paciente a larga distancia no es fácil y a menudo ni siquiera es aconsejable. Pero si hay un país donde hubiera ayudado la existencia de protocolos que lo facilitaran ese es España. Pero España, como quien dijo, is different. En 2018, el Congreso tumbó, con los votos en contra de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas, la propuesta de Ciudadanos de crear una tarjeta sanitaria única y un historial clínico digital accesible desde cualquier punto del país. 

No es que la propuesta se juzgase centralista, que también: es que se juzgó “retrógrada”: “Qué poco entiende usted el Estado autonómico”, reprochó la representante socialista a Francisco Igea, a la sazón portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria. Cierto: los sistemas pueden ser “interoperables”, pero mejor que eso, para facilitar la vida al usuario, es que sean comunes. Pero “común” es, ay, la palabra tabú en España, que enciende todas las sirenas, eriza todos los cabellos, borra todas las sonrisas y amotina, ay, a todas las izquierdas (o al menos, a los partidos que se presentan bajo esa advocación espacial). 

No, si es común no se puede. Trabajoso y problemoso ha sido ya que el app de rastreo de contagios del Covid-19 fuese común, aunque, a la vista está, dada su deficiente implantación, que decir “interoperabilidad” no equivale a conseguirla. (Con esta nota esquizofrénica añadida: los partidos que rehúsan como gato panza arriba los procesos de armonización y comunitarización en el marco español, los promueven y celebran en el ámbito europeo como signo de progreso; como si el rancho aparte que pide Puigdemont fuera bueno y malo el que pide Orban). 

Pero cosamos todavía un botón más en esta muestra: ante el debate en torno a si hay profesionales de la medicina en número bastante en España para capear la crisis sanitaria, me entero, leyendo a Rafael Matesanz (ABC, 27 de septiembre) que no existe en España un registro estatal de médicos, “algo tan elemental que nos permitiera saber en cada momento las disponibilidades, prever jubilaciones y planificar las necesidades con antelación, ha sido reiteradamente solicitado por las organizaciones profesionales, prometido por distintos ministros y nunca llevado a cabo”. 

La autoridad de Matesanz proviene, dicho sea de paso, del prestigio que le otorga haber llevado a la excelencia mundial una de las pocas cosas que los españoles aún tenemos en común, la Organización Nacional de Trasplantes. Por ahora los órganos vitales de los ciudadanos españoles no sufren tacha de “invadir competencias”. Se ve que el centralismo no es obstáculo para que te donen un riñón.

Se equivocará quien piense que este escribano es un porfiado jacobino, cuyo escaso caletre no le alcanza para saber que España es un país plural y diverso. Antes al contrario, el que suscribe, sin creer que el centralismo sea anatema, se cuenta entre los españoles que consideran que la planta organizativa federal es la que más se adapta a la estructura territorial del país. 

A condición, claro, de que ese federalismo sea racional, a veces cooperativo y otras competitivo, pero siempre en beneficio de los ciudadanos; respetuoso de las diferencias, pero no al servicio de ellas. Que en eso ha derivado el Estado autonómico: en el teatro donde, en lugar de permitir que lo propio y lo común afloren de manera espontánea, lo privativo de cada parte se fuerza y compele y escenifica, y donde lo común español, que sin duda existe tras de una convivencia vieja de siglos, se ahoga y sofoca y estigmatiza cuando no se prohíbe directamente. 

Incluso, se echa de ver, en ámbitos aparentemente distantes de la identidad histórica, como es la salud de las personas. Y lo que antes era tabú es ya una no pequeña corriente subterránea de opinión: que el Estado autonómico, tal y como se ha configurado -es decir, al sabor de los nacionalismos subestatales- trae ventajas a las elites regionales creadas al cobijo de su presupuesto, pero empieza a perjudicar no solo la convivencia sino también las oportunidades de reforma y relanzamiento económico del país.

 Un reflejo de esta tendencia aislacionista de las comunidades autónomas podría estar en los datos que certifican la escasa movilidad interna de los españoles. Y digo “podría” porque no hay, que yo sepa, estudios que examinen si los niveles de migración interna dentro de España, ciertamente bajos en un análisis comparado, guardan relación con el progresivo enroque autonómico. 

Lo que sabemos, gracias a las cifras que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal, es que la tasa de movilidad entre comunidades autónomas, esto es, la proporción de contratos que obligan a cambiar de lugar a una persona, oscila entre el 8% y el 12% según el año (y el porcentaje baja por debajo del 5% cuando se refiere solo a desempleados que buscan empleo). 

Considerando que la mayor parte de esos contratos se agrupan en actividades de temporada (hostelería y agricultura) el panorama es el de un español medio que se mueve poco o nada, acusando acaso atributos estables de una cultura sedentaria, pero quizá también por los pocos incentivos que el sistema autonómico genera para moverse de una comunidad a otra. 

De hecho, no es temerario afirmar que desde ciertos gobiernos no se hace ningún esfuerzo por atraer gente de otras regiones, y eso cuando el esfuerzo no es por ahuyentarlos. Los procesos de las administraciones públicas autonómicas, que cada vez traen más trabas al candidato foráneo, son indicio de que la intención no es fomentar la movilidad. Por sectores, el caso más claro quizá sea el universitario: en España un 70% de profesores trabaja en el centro donde obtuvo el doctorado. 

 Y si de los discentes se trata, empieza a ser habitual que alumnos de distintas regiones de España traben relación entre ellos antes en Pisa, Lovaina, Estocolmo o la ciudad europea donde el Programa Erasmus les lleve, que en alguna bella localidad de ese país cuasi extranjero llamado resto-de-España. Por regiones, el caso más conspicuo de ensimismamiento es el catalán: conforme los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre saldo migratorio entre comunidades, se da el curioso (pero poco sorprendente) fenómeno de una comunidad de renta alta como Cataluña que empieza a comportarse como un demógrafo esperaría que lo hiciese una región de renta baja: expulsando gente. 

Cualquiera que sea la explicación de este fenómeno, un factor insoslayable es lo poco que apetece vivir allí donde la construcción de una identidad que excluye por decreto todo lo español se ha convertido en el molesto sonido omnizumbante que acompaña a la vida familiar y profesional.

Cuius autonomia, eius identitas

 La deriva adquiere un aspecto medieval. Más que taifas musulmanas, en las que, al fin y al cabo, hasta donde sabemos, había cierta libertad de culto y tolerancia con fieles de otras religiones, las comunidades autónomas españoles adoptan la fisonomía de dogmáticos feudos medievales (no en balde los líderes de las franquicias autonómicas de los partidos reciben el remoquete de “barones”) donde impera una nueva gleba, la de la “identidad”, que como argolla en el tobillo, ata al nuevo siervo, el ciudadano, a un territorio al que se atribuyen por ley rasgos culturales unívocos y prefijados, contrayendo la libertad y autonomía de las personas para realizar su plan de vida. 

Hasta algo tan íntimo con la lengua que uno desea hablar y transmitir a sus hijos está sujeta a la terca interferencia del señor autonómico. Hemos sabido de campañas de ayuntamientos que envían cartas a sus hijos invitándoles a que a la hora del registro, se usen nombres vernáculos y cambien la grafía de los apellidos a “la lengua propia”, no vaya a ser que el niño o la niña no se adapte. Lo mismo sucede con la pertinaz querella en torno a la lengua vehicular. 

Huelga decirlo, pero digámoslo tantas veces como sea necesario para atravesar la empalizada de mentiras que rodea este debate: la exclusión legal de la lengua española de su condición de lengua vehicular en buena parte del Estado, vaciándolo efectivamente de contenido su condición de lengua co-oficial de algunas comunidades, es una barrabasada educativa y política sin parangón en democracias plurilingües. También aquí parece haberse impuesto el principio de que manda el territorio sobre el ciudadano. Lo ha explicitado con gran claridad la portavoz del gobierno, Maria Jesús Montero. 

En recientes declaraciones, al arrimo de la polémica suscitada por la nueva ley de educación, ha formulado con inusitada nitidez la doctrina que subyace a la supresión del español como lengua vehicular: “Hay que dialogar para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad y diversidad de nuestro país”, para que así “cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. Repitamos: “que cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. En la primera frase se nos promete libertad. En la segunda esa libertad ha marchitado y hay que obedecer el telúrico mandato de la tierra.

 Al oír estas declaraciones, de inmediato recordé el viejo lema de la Europa anterior a la Revolución Francesa: Cuius regio, eius religio. Quiere decir: a cada uno la religión de su rey. No hay elección. Si uno vive bajo un monarca o señor católico, pues católico. Si lo hace bajo un señor o monarca protestante, pues protestante. La confesión religiosa del príncipe será la de todos sus súbditos. Tal fue el arreglo pactado en la Paz de Augsburgo en 1555 para poner fin a las guerras de religión en Europa. 

Un principio antipluralista abolido siglos más tarde por la Europa liberal, fundadora de la libertad de conciencia y de culto. La deriva neomedieval de la España autonómica rescata el principio para la nueva religión del siglo: la de la identidad, que en nuestro país se concreta sobre todo en identidad etnolingüística. La nueva divisa, en latín macarrónico, podría ser esta: Cuius autonomia, eius identitas. ¿Y bien? podría decir alguien. ¿No es cierto acaso que en nuestro país se hablan varias lenguas y todas ellas merecen nuestra estima, y las minoritarias, protección y fomento? Tan razonable y cierto es que tal fue el acuerdo del 78: que todas las lenguas de nuestro país eran españolas y que todas las tradiciones culturales que se expresan esas lenguas tenían cabida en él.

 Pero no es lo mismo un país plural y mestizo, donde cada cual tiene libertad para conjugar diversos niveles de pertenencia, que una sucesión de uniformidades yuxtapuestas en régimen de monocultivo identitario. Esta es la perversión: querer conjugar la máxima cantidad de diferencia entre comunidades con la máxima cantidad posible de uniformismo dentro de la comunidad. Es decir, la destrucción de la pluralidad española, que, por fuerza, ha de apoyarse en una unidad previa, base necesaria de la mezcla. 

Común y propio: tal es el binomio determinante de la realidad histórica de España cuando se la permite respirar en paz: si falta lo propio, la comunidad es injusta; si falta la común, no hay comunidad. La España del 78 dijo que todas las lenguas del país eran españolas y, con justicia y buen sentido, abrió escuelas en catalán, vasco y gallego. Algunas comunidades han dicho: solo una de las lenguas aquí habladas es propia, y cierran las puertas a la enseñanza en español, que también es, digo yo, lengua española. Ese no era el trato. 

Ese no era el trato, y aunque aún se hallan doctores Pangloss del Estado autonómico, que insisten en lo mucho bueno que la descentralización ha aportado a nuestra vida (y no les falta razón en ciertos casos), cada vez, como decía, son más quienes creen que el saldo entre lo bueno y lo malo se vence de lo malo. 

Personas que están de acuerdo con Benito Arruñada -catedrático de organización de empresas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y una de las voces críticas- cuando escribe que “dejando a un lado el interés de los propios políticos y funcionarios en multiplicar sus empleos, empieza a estar claro que el único motivo para mantener las autonomías es el de reforzar nuestras identidades regionales” (Autonomías, ¿para qué? Voz Pópuli, 6 de septiembre) O léase también al eurodiputado de Ciudadanos y prestigioso economista Luis Garicano (El fracaso del Estado autonómico, El Español, 5 de septiembre), que observa, menos tajante que Arruñada, como “la deslealtad de los que promovieron el desmantelamiento del Estado y el cortoplacismo y la ceguera de quienes lo permitieron han pasado factura durante la pandemia”. 

Como se ve, el malestar va en aumento. Un nuevo motivo de queja, por cierto, es la desigualdad fiscal. Así es: desde 1997, las comunidades autónomas de régimen común tienen poder para modificar impuestos. Y aunque las reglas y los márgenes son los mismos para todas, la política de baja presión impositiva de la Comunidad de Madrid viene siendo tachada de desleal por parte de otras comunidades. Doble incongruencia: la queja proviene de las regiones más celosas de su autonomía, aquellas que querrían descentralizar hasta los arreglos del himno, mientras se calla piadosamente sobre las muy discutibles ventajas privativas de las dos comunidades forales, egregio caso de desigualdad fiscal en el Estado. 

En fin, sean cuales fueren las razones, si llevamos tiempo escuchando que el Estado autonómico es insuficiente para las élites de los nacionalismos subestatales, tanto se ha tensado la cuerda, que ahora la tenemos rota también por el otro cabo: la que agrupa a los españoles que consideran que el equilibrio territorial pactado del 78, tal y como se ha plasmado en sucesivas rondas descentralizadoras sin aparente final, tampoco les vale a ellos: desean más autonomía, sí… pero para la Administración General del Estado. Ya hay un partido, Vox, que crece casi exclusivamente al calor de ese renacido anti-autonomismo que los analistas harían mal en creer fenómeno únicamente mesetario. El desenlace de esta querella política no está escrito. 

Merece la pena insistir: uno puede seguir pensando que la mejor planta organizativa para el Estado, la que más se ajusta a la constitución histórica del país, es la federal o autonómica, y al mismo tiempo creer que de no proceder a una rápida desfeudalización del Estado autonómico realmente existente, la corriente subterránea (y cada vez más terránea) de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos. 

Si todavía hay en España unitaristas que desean salvar el pacto autonómico o persuadir a la opinión pública de que el federalismo es la fórmula más apta de reparto territorial de poder, mi consejo es que admitan sin más demora la deriva neomedieval del Estado de las autonomías hoy vigente y propongan mecanismos de corrección para que, en la mejor tradición del principio de subsidiaridad, el autogobierno vuelva a ponerse al servicio de las personas y deje de estarlo al de las identidades “históricas” y sus autodesignados fideicomisarios.

 Juan Claudio de Ramón Jacob (Madrid, 1982) es escritor. Se licenció en Derecho y en Filosofía. Le interesan la historia de las ideas políticas y el futuro de España y de Europa. Colabora en medios como El Mundo, El País, The Objective, Letras Libres, Revista de Libros, Jot Down, Claves de Razón Práctica, Nueva Revista y El Ciervo. En 2018 publicó Canadiana: viaje al país de las segundas oportunidades (Debate) y Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (Deusto). Participó en la obra colectiva Anatomía del procés: claves de la mayor crisis de la democracia española (Debate). Con Aurora Nacarino-Brabo coordinó La España de Abel: 40 jóvenes españoles contra el cainismo en el 40.º aniversario de la Constitución española (Deusto). Su artículo “El final del paradigma Ortega-Cambó” mereció el VIII Premio Antonio Fontán de Periodismo Político."               (Juan Claudio de Ramón Jacob, Notario del s.XXI, Nov-Dic 2020, nº 94)