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25/10/24

Manifiesto: 'Por una alianza popular contra la autonomía diferenciada de la ultraderecha y los "falsos amigos" del centroizquierda"... El proyecto de "autonomía diferenciada" permite evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos: se produciría una fragmentación cuyo efecto más peligroso residiría sobre todo en el empuje hacia una competencia a la baja, cuyos gastos correrían a cargo de las clases trabajadoras, tanto en el sur como en el norte del país. Hombres y mujeres trabajadores armados unos contra otros. En interés exclusivo de las clases dominantes... ¿Qué significa más autonomía regional? Ya lo hemos visto en la sanidad... ¿Hemos visto mejorar la protección de la salud o 20 centros de poder y enormes clientelas políticas regionales con 20 sistemas sanitarios distintos con servicios y prestaciones sanitarias profundamente diferentes? Por no hablar de los ahora extendidos seguros complementarios que permiten mejores servicios a quienes trabajan en determinadas empresas, especialmente en ciertos territorios económicamente más ricos... Queremos que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda en función de las regiones de pertenencia (Contropiano)

 "El proyecto de "autonomía diferenciada" lleva tiempo en marcha. La Liga, primero la de Bossi y luego la de Salvini, lo ha convertido en su bandera. Pero no ha estado ni mucho menos sola. Y si hoy hemos llegado a la aprobación de la ley Calderoli, es sólo gracias a una cadena de complicidades que se remonta a lo largo de los años y llega hasta nuestros días y que implica a casi todo el arco parlamentario, desde el PD -el 'renziano' de ayer y el 'schleiniano-bonacciniano' de hoy- hasta Forza Italia, pasando por los 'nacionalistas' de Fratelli d'Italia. Esos que se llaman a sí mismos "patriotas" y que no pierden ocasión de demostrar que la única patria que conocen es la que puede llenarles la cartera.

Cuatro regiones - Piamonte, Lombardía, Véneto y Liguria, todas ellas gobernadas por la derecha - ya han solicitado oficialmente la autonomía sobre las materias para las que no está prevista la determinación de los LEP (Niveles Esenciales de Rendimiento), prevista en el artículo 117 de la Constitución.

Materias que son todo menos secundarias, empezando por el comercio exterior y terminando por las funciones relacionadas con el bienestar complementario.

Esta petición improvisada permite evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos: se produciría una fragmentación cuyo efecto más peligroso residiría sobre todo en el empuje hacia una competencia a la baja, cuyos gastos correrían a cargo de las clases trabajadoras, tanto en el sur como en el norte del país.

Hombres y mujeres trabajadores armados unos contra otros. En interés exclusivo de las clases dominantes.

Oponerse a la autonomía diferenciada es, por tanto, estratégico para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

¿Qué significa más autonomía regional? Exactamente lo que ya hemos visto cuando una materia como la sanidad con la reforma del Título V se convirtió en legislación concurrente entre estado y regiones.

¿Hemos visto mejorar la protección de la salud o 20 centros de poder y enormes clientelas políticas regionales con 20 sistemas sanitarios distintos con servicios y prestaciones sanitarias profundamente diferentes?

Por no hablar de los ahora extendidos seguros complementarios que permiten mejores servicios a quienes trabajan en determinadas empresas, especialmente en ciertos territorios económicamente más ricos, con una buena tranquilidad para los principios universalistas de igualdad de acceso a la asistencia y a los servicios.

Queremos que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda en función de las regiones de pertenencia y de la renta personal.

Esto abre una ventana en la que el actor decisivo será la movilización popular. Creemos que este es el camino en el que debemos comprometernos colectivamente.

Pero, al mismo tiempo, no creemos que la alternativa pueda ser ese "campo amplio" -o incluso "muy amplio"- que se está construyendo en torno a la recogida de firmas para un Referéndum contra la Autonomía Diferenciada (lo decimos en preámbulo: apoyaremos el referéndum abrogativo total en caso de que se celebre y para el que sea posible firmar a través de una plataforma digital). De hecho, en este bando hay muchos, demasiados sujetos responsables de este estropicio (de iure, con la Reforma del Título V, y de facto, envileciendo la Carta Constitucional y sus conquistas sociales).

Si se necesita el quórum del 50% + 1 de los habilitados para votar para ganar el eventual referéndum, es porque se trataría de un referéndum ordinario y no constitucional. Responsabilidad de quienes promovieron la reforma del Título V de la Constitución. ¿Quiénes? El centro-izquierda de D'Alema y compañía.

Podría decirse que han pasado 25 años, que agua pasada, y que siempre es bueno cuando se admite un error y se pasa página.

Claro que Bonaccini -ahora eurodiputado y presidente del PD- fue, con Zaia y Fontana, uno de los tres presidentes regionales que pidieron al entonces primer ministro Conte que "se llegara por fin a la firma de los correspondientes entendimientos", es decir, a la aplicación de la autonomía diferenciada. Corría el año 2018. Ayer, políticamente hablando.

Existe la posibilidad de electrocutarse en el camino de Damasco. Pero resulta que los problemas residen en el presente y no sólo en el pasado más o menos reciente.

De hecho, los consejos regionales de cinco regiones administradas por el centro-izquierda han aprobado no una, sino dos preguntas de referéndum. La primera reclama la derogación total de la Ley Calderoli. El diablo, sin embargo, está en la segunda pregunta, con la que el centro-izquierda se limita a exigir una derogación absolutamente parcial.

La propia presentación de esta segunda pregunta debilita indirectamente la primera ante el juicio de admisibilidad del Tribunal Constitucional. Además -y sobre todo- revela la voluntad de fuerzas sustanciales del "campo amplio" de llegar a un acuerdo con la mayoría gubernamental (o partes de ella) sobre la cuestión de la autonomía diferenciada. Recortando los rasgos deteriorantes, pero salvaguardando la sustancia.

Por último, derogar la ley Calderoli sería un paso importante, pero no decisivo. Esta norma, de hecho, no es más que la forma específica ideada por la ultraderecha en el gobierno para declinar la autonomía indebidamente inscrita en la Constitución por un gobierno de centro-izquierda.

Para ser claros: una vez derogada la ley Calderoli, la autonomía diferenciada seguiría sobre la mesa. La petición en 2018 de Lombardía, Véneto y Emilia Romaña de llegar a acuerdos sobre el tema es prueba de ello.

Si queremos relegar al pasado los proyectos de Autonomía Diferenciada, debemos decir la verdad y tener el coraje de movilizarnos para cambiar el Título V de la Constitución.

Creemos que es importante iniciar un razonamiento que no acepte la falsa simplificación entre el gobierno "malo" y un centro-izquierda que de repente ha vuelto a ser "bueno".

Se trata, en realidad, de dos caras de la misma moneda. Las políticas belicistas, apoyadas por ambos polos políticos, las reformas antiobreras, promovidas indistintamente por la derecha y el centro-izquierda, la absoluta subalternidad respecto a EEUU y la OTAN, verdadero freno para cualquier fuerza política que quiera aspirar hoy a gobernar el país, están ahí para demostrarlo.

Es en este marco donde encaja la Autonomía Diferenciada, así como las reformas institucionales en ciernes.

Sobre estas cuestiones, creemos que es fundamental construir un momento de confrontación nacional en septiembre.

La manifestación del 1 de junio en Roma contra el gobierno Meloni demostró que existe un espacio político y social que puede representar una alternativa al bipolarismo liberal que se está reconfigurando en Italia. Es a partir de la capacidad de organizarnos en torno a las necesidades y proyectos que esa plaza expresó, que expresan los muchos momentos y espacios de conflicto que afortunadamente existen en este país, que podemos sentar las bases de una alternativa tanto al gobierno más derechista de la historia de la república, como a la oposición del "campo ancho". Es decir, a las dos caras de una misma moneda.

Primeros adherentes:

Comité Promotor del Primero de Junio, Potere al Popolo!, Partido Comunista Italiano, Resistencia Popular, Movimiento por el Derecho a la Vivienda, Oposición Estudiantil Alternativa, Cambiare Rotta, Unión de Sindicatos de Base, Movimiento de Migrantes y Refugiados, Ex OPG Je So' Pazzo, Spazio Catai Padova, Colectivo Universitario Autorganizado, Estudiantes Autorganizados de Campania."               (Contropiano, diario comunista, 07/08/24, traducción DEEPL)

8/8/24

Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de “ordinalidad” incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial... No es posible hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación territorial si no se habla simultáneamente de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas y acabe con el dumping tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha... La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan

 "(...) Saludamos los contenidos más sociales del acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas políticas, pero en especial nos congratulamos de los contenidos del acuerdo entre Comunes y PSC, en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda, que van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar 150.000 viviendas o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional.

Sin embargo Izquierda Unida discrepa del acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a  Cataluña.

Compartimos que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades autónomas, revisión que debe ponerse en marcha simultáneamente para todos los territorios del Estado y atendiendo a las diferentes problemáticas que tienen en la actualidad cada uno de ellos.

Este nuevo modelo de financiación territorial para Izquierda Unida tiene que descansar en los principios de solidaridad entre los territorios con más ingresos y renta per cápita y aquellos con ingresos y rentas per cápita más bajas. Un sistema de solidaridad entre territorios donde no solamente se cubran los gastos comunes generadas por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc…)  sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo.

Para una fuerza política de izquierdas, republicana y federal como Izquierda Unida, el desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuales sean sus nacionalidades o en que lengua se expresen.

Lo anterior significa que cualquier cesión de la capacidad normativa tributaria debe garantizar una tributación justa en todos los territorios sobre los ingresos empresariales, rendimientos del capital e inmobiliarios y grandes patrimonios, único mecanismo para evitar el dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas, evitando así modelos de tributación que pretendan recaudar principalmente sobre las rentas del trabajo o a través de los impuestos indirectos al consumo, que satisfacen igual los más ricos y los más humildes. Solamente desde esta premisa se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios y nacionalidades.

Cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe siempre garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación de distintas comunidades autónomas arrastrados desde hace años.

 

Por dicho motivo Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de “ordinalidad” incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial. No olvidemos que ya nuestro sistema tributario permite la gestión de determinados impuestos o tramos de impuestos por las comunidades autónomas y administraciones locales, precisamente para garantizar que buena parte de los recursos fiscales generados en las comunidades autónomas se invierten en estas y no se integran en mecanismos de compensación interterritorial. Por esto mismo, aplicar el criterio de “ordinalidad” a todos los impuestos recaudados en una comunidad autónoma excluye cualquier posibilidad de solidaridad de esta con el resto de comunidades o con las personas que vivan en otros territorios del Estado.

Izquierda Unida estamos de acuerdo con poner en marcha un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que atienda las necesidades generales de todos los ciudadanos y ciudadanas y también las necesidades específicas de los territorios que hayan sido infra financiados en los últimos años. No tenemos duda de que Cataluña también ha padecido este problema, habiendo existido déficit de financiación en importantes infraestructuras como por ejemplo el sistema eléctrico o el sistema ferroviario. Pero generalizar el modelo contenido en el acuerdo PSC-ERC al resto de comunidades autónomas, significaría imposibilitar la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad autónoma, lo que a su vez abriría la puerta a posteriores conflictos dentro de estas ante la tentación de pretender aplicar el mismo sistema en los límites de cada provincia o incluso comarca.

Izquierda Unida defiende soluciones generales que atiendan los problemas de todos los territorios del Estado, al entender que eso es precisamente la plurinacionalidad, atender las diferencias y definir el mejor marco para garantizar los derechos de las distintas nacionalidades, a la vez que construimos un modelo de convivencia común en un Estado federal. No es posible hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación territorial si no se habla simultáneamente de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas y acabe con el dumping tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha. Es decir, sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas, no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial.

 La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan. Solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y garantizando su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y a la vez frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia.

Izquierda Unida se felicita de que en Cataluña se haya alcanzado un acuerdo de gobierno entre fuerzas de izquierdas. Continuaremos trabajando para que las políticas de izquierda, también en materia tributaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado.

Fuente: Izquierda Unida"                (Mundo Obrero, 06/08/24)

25/3/24

Balanzas fiscales, otra vez... Si se defiende la eliminación de agravios comparativos toca replantearse los importes del cupo vasco y la aportación navarra, resolver los problemas de infrafinanciación en el régimen común y repensar el régimen especial canario... en todos los países del mundo hay regiones con balanzas fiscales positivas, que reciben más de lo que aportan, y negativas, que aportan más de lo que reciben... País Vasco, Navarra y Canarias disfrutan de un saldo fiscal sustancialmente más favorable de lo que cabría aguardar teniendo en cuenta su renta per cápita regional... si uno defiende la eliminación de agravios comparativos, converger con los países más avanzados de la Unión Europea y profundizar en la cohesión social, lo que toca son otras cosas. En particular: replantearse los importes del cupo vasco y la aportación navarra, resolver los problemas de infrafinanciación en el régimen común y repensar el régimen especial canario

 "En España llevamos 20 años hablando de forma recurrente sobre balanzas territoriales. Nos hemos convertido ya en campeones mundiales en cálculos y aportaciones metodológicas. Para que el lector no especialista comprenda mejor el alcance e interés del nuevo episodio al que parece que vamos a asistir, conviene incidir en algunas ideas.

La primera es que las balanzas fiscales son una estimación que requiere partir de hipótesis que admiten márgenes en su concreción, lo que influye en los resultados finales. No es como mirar un termómetro o calcular la cantidad de agua acumulada en un embalse. La existencia de un consenso metodológico previo es la única manera de evitar el baile y la confrontación de cifras aparentemente calculadas de forma objetiva.

Segundo, en todos los países del mundo hay regiones con balanzas fiscales positivas, que reciben más de lo que aportan, y negativas, que aportan más de lo que reciben. Exactamente igual que usted o yo no tenemos residuos fiscales nulos: dependiendo de su nivel de renta y de la demanda efectiva que hace de los servicios públicos su residuo será mayor o menor. Son las reglas del juego redistributivo de las sociedades democráticas que tanto nos ha costado construir.

Si la existencia de saldos negativos y positivos es inevitable, las preguntas relevantes son si existen agravios comparativos dentro de España y cómo nos situamos respecto a los países de nuestro entorno. La respuesta a la primera pregunta es que, en general, las estimaciones muestran que País Vasco, Navarra y Canarias disfrutan de un saldo fiscal sustancialmente más favorable de lo que cabría aguardar teniendo en cuenta su renta per cápita regional. Lo contrario ocurre en la Comunidad Valenciana y Murcia. Cataluña y la Comunidad de Madrid se sitúan muy cerca de donde cabría aguardar. Sobre la segunda cuestión, España no figura entre los países de la UE que despliegan una mayor redistribución interregional de la renta: la evidencia empírica disponible muestra que en España el efecto redistributivo interregional es muy inferior al que se constata en Dinamarca, Suecia, Países Bajos o Alemania.

Cuarta y última idea: las balanzas fiscales sí tienen que ver con el sistema de financiación autonómica. Las posiciones tan favorables de País Vasco y Navarra son, sobre todo, resultado de la aplicación del sistema foral. Y la mala posición de Murcia y la Comunidad Valenciana son explicadas en buena medida por la infrafinanciación derivada de la deficiente aplicación del sistema de régimen común.

Entiendo que una parte de las fuerzas políticas de Cataluña presione por alcanzar un status similar al de las comunidades forales. Pero si uno defiende la eliminación de agravios comparativos, converger con los países más avanzados de la Unión Europea y profundizar en la cohesión social, lo que toca son otras cosas. En particular: replantearse los importes del cupo vasco y la aportación navarra, resolver los problemas de infrafinanciación en el régimen común y repensar el régimen especial canario."

(Santiago Lago Peñas es catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. El País, 20/03/24)

26/2/24

Juan Francisco Martín Seco: Pocas cosas más estúpidas que un andaluz, un extremeño o un gallego independentista... Eliminar la política redistributiva del Estado puede ser beneficioso para regiones ricas como Cataluña, pero pernicioso para las menos opulentas como Galicia... las transferencias gracias al papel redistributivo de la Hacienda pública estatal llega se eleva al 15,60% de su PIB para Extremadura, para Asturias el 8,40%; Canarias el 8,58%; Galicia el 7.21%; y Andalucía el 6,02%... ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

 "In illo tempore, aquel en el que los sindicatos tenían protagonismo y los problemas sociales ocupaban el centro de la actividad política, se decía que «no hay cosa más tonta que un obrero de derechas». Hoy ya no se oye, pero no porque no haya obreros, sino porque no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde terminan las derechas. Sin embargo, tal vez cabría acuñar otra que dijese algo así: «No hay cosa más tonta que un andaluz, un extremeño o un gallego secesionista».

La semana pasada dediqué mi artículo a relatar lo que se entiende por balanza fiscal que, sin demasiada consistencia teórica y sin apenas uso en otros países, se ha puesto de moda en España de la mano del supremacismo catalán, que la ha adoptado como arma arrojadiza en contra de toda política redistributiva a nivel territorial.

Analicé en ese mismo artículo los problemas que presentaban su elaboración y las múltiples versiones que podía adoptar según las hipótesis y los presupuestos que se asuman. No obstante, todas las realizadas hasta la fecha por distintas instituciones u organismos vienen a coincidir en líneas generales. Hay una excepción, la que la Generalitat ha confeccionado con una finalidad claramente partidista en aras de utilizar el victimismo, afirmando que «España nos roba».

El resto presenta convergencia en los resultados. Como no podía ser de otra manera, todas aquellas comunidades cuyas rentas per cápita están por debajo de la media muestran saldo positivo, mientras que lo tienen negativo aquellas cuya renta per cápita se encuentra por encima. País Vasco y Navarra constituyen dos excepciones ya que, a pesar de estar situados en el puesto segundo y tercero en el ranking, exhiben saldos positivos. La razón radica en el especial sistema de financiación de estas dos autonomías.

Fue en agosto de 2016 la última vez que el Ministerio de Hacienda publicó las balanzas fiscales, y lo hizo con datos de 2012. Se siguió una metodología ajena al ministerio y elaborada por varios profesores de las universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. En sus conclusiones esenciales coincide con las elaboradas por el propio ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o con las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.

Los resultados muestran la inconsistencia del victimismo de los independentistas, puesto que si, como es lógico, Cataluña presenta un déficit fiscal, este no es mayor, sino quizá menor del que lógicamente le correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que Baleares, arroja en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase de tal amplitud como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).

Pero quizás la conclusión más relevante a resaltar en este momento es que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura, que es la autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60% de su PIB; Asturias el 8,40%; Canarias el 8,58%; Galicia el 7.21%; Andalucía el 6,02% y así sucesivamente.

El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

Con esto retornamos al principio. No resulta demasiado coherente que haya gallegos que reclamen la independencia. Mal les iría. Pero menos congruente es aún que se engloben en el entramado Frankenstein, que se orienta a conceder más y más ventajas a la Generalitat y al País Vasco.

La concesión a Cataluña de un régimen especial de financiación, tal como quieren no solo los soberanistas sino también el PSC, conduce a la ruptura de la política redistributiva entre las regiones y por lo tanto al hundimiento aun mayor de comunidades tales como la de Galicia.

La postura, por ejemplo, de Iceta afirmando que no pide nada para los catalanes que no pida para los demás resulta hipócrita y un poco cínica. Eliminar la política redistributiva del Estado puede representar importantes beneficios para las regiones ricas como Cataluña, pero efectos perniciosos para las menos opulentas como Galicia. Ser independentista gallego es bastante incoherente, pero más ser gallego y defender la independencia (aunque solo sea la fiscal y presupuestaria) de Cataluña.

Se entiende mal que los habitantes de las regiones más deprimidas, que lógicamente son beneficiarias de los mecanismos redistributivos del Estado, sean independentistas, como resulta también difícil de explicar que desde la izquierda se persiga la desintegración del Estado cuando, a pesar de todos sus defectos, es el único baluarte contra el poder económico. (...)

No hay nada reprobable en la querencia a las tradiciones y a la cultura de cada territorio, aunque en verdad ello es tanto más difícil en este mundo globalizado en el que se da la movilidad de todos los medios de producción. Nada que objetar en que se reivindiquen los hechos diferenciales, aunque en la sociedad actual, sometida por ejemplo a importantes fenómenos migratorios, es fácil que estos se diluyan progresivamente.

El problema surge cuando hay quienes intentan mantenerlos artificialmente para convertirlos en privilegios con repercusiones sociales y políticas. Es la postura de ciertos nacionalismos afincados en las regiones ricas. Es una actitud egoísta, innoble y muy poco de izquierdas, pero hasta cierto punto nadie podrá decir que es irracional. La cosa cambia cuando nos movemos en territorios menos agraciados. Allí a los nacionalismos y a los que con ellos fraternizan no se les puede tildar precisamente de egoístas, pero me temo que la calificación que más les cuadre es la de tontos."             ( Juan Francisco Martín Seco , TheObjective, 13/02/24)

25/9/23

En cualquier país (y en una Cataluña independiente también pasaría) se recauda más en unas zonas que en otras y la inversión, siempre, responde a necesidades concretas. Nunca corresponde a cálculos realizados a partir del aporte de cada unidad territorial. ¿Por qué en el ideario procesista no se entiende tal cosa? Muy sencillo: porque el procesismo divide y considera la solidaridad entre iguales un agravio

"Al procesismo le empieza a pasar lo mismo que a los hijos consentidos de padres separados a los que se les da todo lo que piden. Primero pidieron los indultos y se los dieron. Luego, convirtieron en realidad su sueño de llenar el Congreso de ‘pinganillos’ y, al final, conseguirán la amnistía más pronto que tarde.

¿Qué queda pues por pedir a ese padre manirroto que es PSOE y no se habla con la ex? Pues el Scalextric del que nadie se acuerda. Nos referimos, claro, al déficit fiscal, que completa el póker. Por eso, Pere Aragonès vuelve a la carga con el Espanya ens roba.

La guinda del pastel

Con Junts convertido en el hijo mayor que todo lo consigue, a ERC le quedan cuestiones menores para el procesista fetén, pero valiosas para ERC. Y es que ERC, no lo olvidemos, es la facción pragmática de este carlismo redivivo que es el nacionalismo catalán. Según el Govern, el decalaje entre lo que se recauda en Cataluña y lo que se gasta ascendió a 21.982 millones de euros en 2021.

¿Cómo hacen el cálculo? Desde el Principat se aportan a las arcas del Estado 75.436 millones, pero éste sólo luego invierte aquí 53.454. Del total de impuestos recaudados en España, los recaudados en Catalunya representan el 19,2% y el gasto público del Estado en el Principat equivale al 13,6% del total. Según el Govern, tal déficit equivale al 10% del PIB catalán. Los números, bien trabados, siempre dicen lo que se quiera.

Argumento falaz

En sí, y hora es ya de decirlo, lo del Espanya Ens Roba es, como poco, cuestionable. Parte de un a priori :considerar anomalía algo que se da en cualquier territorio con subdivisiones. En cualquier país (y en una Cataluña independiente también pasaría) se recauda más en unas zonas que en otras y la inversión, siempre, responde a necesidades concretas. Nunca corresponde a cálculos realizados a partir del aporte de cada unidad territorial.

¿Por qué en el ideario procesista no se entiende tal cosa? Muy sencillo: porque el procesismo divide y considera la solidaridad entre iguales un agravio. Con Pere Aragonès, con todo, mejor no romperse la cabeza: lleva creyendo que Espanya ens Roba más de veinte años."              (I. A. Pérez, e-notícies, 20/09/23)

31/5/23

El PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas... defienden que la "fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas"

 "El PSOE propone un mismo trato fiscal a toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que vivan o actúen, pues considera "necesario" lograr un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre los impuestos, según la batería de propuestas para el programa marco autonómico de las elecciones del 28M, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, los socialistas defienden que la "fiscalidad no distorsione las decisiones de los proyectos vitales de la ciudadanía o las decisiones de inversión de las empresas", así como avanzar en una "fiscalidad justa, que tenga un efecto beneficioso para los ingresos de las Comunidades Autónomas y permita impulsar los cambios necesarios para afrontar los retos presentes y futuros".

Por su parte, el PSOE ha propuesto becas para la preparación de oposiciones para menores de 30 años, destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la función pública.

"Trabajar para convertir de forma efectiva a la vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, atendiendo a la diversidad territorial, las circunstancias específicas que afectan a la España despoblada y las singularidades de las zonas degradadas", es otra de las cuestiones tratadas por los socialistas este sábado en Ferraz.

El PSOE ha planteado el impulso de planes de prevención, detección y corrección del fraude y de la corrupción, el conflicto de intereses y la posibilidad de doble financiación, de forma que operen como "mecanismos de alerta temprana ante conductas indeseadas", ha recalcado el partido de Pedro Sánchez en la propuesta. En el marco de la trama Mediador, ha llegado a Ferraz esta propuesta, después de que el PSOE y sus aliados de ERC y Bildu rechazaran el martes pasado en la Junta de Portavoces del Congreso poner fecha al debate de la comisión de investigación planteada por el PP sobre el caso.(...)"          (InfoLibre, 18/03/23)

21/11/22

Bolivia en combate contra el secesionismo... No ha sido un secreto político el interés secesionista de corrientes políticas dentro de Bolivia desde hace muchos años... la región de Santa Cruz ha sido la zona con más tendencia en procesos de corte secesionista. Desde otros departamentos y regiones como Beni, Pando y Tarija también se han impulsado procesos afines... En estas regiones o sectores han sido recurrentes las pujas separatistas, justamente porque son regiones con más fuerza en la agroindustria, la ganadería y la extracción de hidrocarburos... Sin duda si hay un liderazgo en este proyecto de secesión lo tiene la oposición derechista santacruceña. Aunque sus argumentos rayan en el endoracismo al refererirse a las diferencias culturales o étnicas como elementos disparadores del separatismo, la verdad es que ha quedado clara su intención de controlar uno de los territorios más grandes y poderosos económicamente del país... suena a Escocia, suena a Cataluña... suena a 'nacionalismo de ricos'

 "El interés secesionista

No ha sido un secreto político el interés secesionista de corrientes políticas dentro de Bolivia desde hace muchos años, incluso antes del proyecto plurinacional. El oriente del país, la región de Santa Cruz ha sido la zona con más tendencia en procesos de corte secesionista. Desde otros departamentos y regiones como Beni, Pando y Tarija también se han impulsado procesos afines a lo largo de la historia. La media luna boliviana.

En estas regiones o sectores han sido recurrentes las pujas separatistas, justamente porque son regiones con más fuerza en la agroindustria, la ganadería y la extracción de hidrocarburos. Luis Britto (2008) resalta que todas esas regiones representan en territorio más de la mitad del país.

Sin duda si hay un liderazgo en este proyecto de secesión lo tiene la oposición derechista santacruceña. Aunque sus argumentos rayan en el endoracismo al refererirse a las diferencias culturales o étnicas como elementos disparadores del separatismo, la verdad es que ha quedado clara su intención de controlar uno de los territorios más grandes y poderosos económicamente del país.

Para orientar el proyecto separatista se creó el Comité Cívico pro Santa Cruz para ejercer lo que ellos mismos denominan “el Gobierno Moral de los cruceños”, velando por el engrandecimiento moral y material del departamento como su fin supremo, tal como lo establece el Artículo 1 de sus estatutos.

 En su portal web queda expreso que el Comité es una organización cívica institucional con la mayor jerarquía en el departamento. Agregando que es “esencialmente apartidista, sin fines de lucro y de bien común” aunque es vox populi que está conformada por miembros de partidos de ultra derecha, instituciones religiosas, organizaciones ultra conservadoras y grandes consorcios empresariales. Desde su fundación en 1950 siempre ha estado dirigido por importantes políticos o empresarios del departamento, todos de derecha.

Los proyectos secesionistas empezaron a ser el programa de unificación del Comité, es por eso que en su haber se cuentan grandes movilizaciones contra los gobiernos nacionales, participación en golpes de estado como el ejecutado contra la fórmula Evo Morales y García Linera durante el año 2019, campañas mediáticas desestabilizadoras y lo que Britto García calificó como “promoción de la ingobernabilidad” a través de huelgas y protestas, o a través de la desobediencia tributaria al desvincularse de procesos fiscales, o incluso a través de la política de desobediencia a la institucionalidad del Estado.

La autonomía controlada por la derecha conservadora

Desde el Comité Cívico de Santa Cruz es justamente que en la actualidad se está impulsando una campaña por la imposición del federalismo, fase primaria o previa del proyecto separatista. Y aunque Bolivia es un país unitario con autonomías, el gobernador del departamento, abogado y empresario Luis Fernando Camacho, anterior presidente y miembro activo del Comité Cívico ha arreciado contra el gobierno nacional de Luis Arce por su “centralismo asfixiante”, promoviendo un discurso de odio contra la institucionalidad democrática boliviana y lanzando los que podrían denominarse como insumos narrativos que arengan la lucha por la secesión de la región.

 La administración de los recursos centralmente es para éste un robo a los recursos que se genera desde las regiones, por eso ha hecho sistemáticos llamados públicos a que las regiones de la media luna emulen el modelo de desarrollo cruceño, y se sumen a la erradicación del centralismo, reemplanzándolo por un Estado Federal.

No podremos dejar de recordar que este mismo personaje, Luis Fernando Camacho, lideró la violencia en las calles de Santa Cruz que iniciaron el golpe de Estado del año 2019, que además de dejar más de 37 muertos según investigaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmanteló así mismo al Estado Plurinacional.

La impunidad sobre la participación de Camacho en estos hechos permitió que ascendiera a gobernador del departamento durante el año 2021, a pesar de los numerosos escándalos que le envuelven relacionados al lavado dinero, a la evasión de impuestos, al ocultamiento de fortunas, publicados en los polémicos Pánama Papers, así como a la particpación de su padre y de él mismo en el golpe de estado del 2019.

El Censo Nacional de Población y Viviendas como excusa para actuar al margen

Desde la gobernación, además de la campaña federalista, Camacho inició recientemente una convocatoria a paro indefinido, tal como lo hizo en 2019, esta vez bajo la excusa de no permitir la reprogramación del Censo Nacional de Población y Viviendas, pautado originalmente para el año 2022, y trasladado ahora para el año 2024 al no contar con todas las garantías técnicas para su desarrollo.

Camacho desde la Gobernación junto al Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista –esta última catalogada como una organización paramilitar–, ha obligado a la aplicación de este método de agresión, presionando al Gobierno Plurinacional a realizar el Censo en el 2023, justificando que de no realizarlo el departamento perdería una gran cantidad de recursos provenientes de la distribución de los tributos, así como perdería puestos en la Cámara de Diputados que dan por ganados, esto debido a que en Bolivia la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística INE, acopiada en los censos nacionales, sirve por ley para la toma de decisiones en materia de distribución de recursos públicos y redistribución de los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El punto central es que la ultra derecha cruceña vuelve a ponerse al margen del sistema democrático boliviano deslegitimando al Estado Plurinacional, en lo que Emira Lindo (2022) determina como una política basada en agotar institucionalmente el Estado, hastiando a la población y haciéndola dudar de absolutamente todo, como las denuncias sobre fraudes electorales, fiscales, políticos y hasta censales pues “cuando la mecánica ya se ha instalado, todo es objeto de sospecha”.

Se trata de inocular en la población que el gobierno toma la decisión de postergar la realización del Censo para sabotear la aparente posibilidad de los partidos de oposición de ampliar su participación en el parlamento, manteniéndose la mayoría de los curules oficialistas actuales, influenciando también las elecciones generales y presidenciales del 2025.

Las geopolítica del poder y los intereses externos

Decenas de pruebas existen en la realidad geopolítica de América Latina que exponen la injerencia imperialista norteamericana en asuntos soberanos e internos a las naciones de esta parte del continente. Bolivia no es la excepción.

 Lo que denominamos anteriormente como la cristalización de una oposición de ultraderecha conservadora caracterizada por una praxis generalmente al margen del sistema democrático, secesionista, racista y corrompida no es solo fruto de la voluntad de grupos nacionalistas, está clara la participación de intereses y hasta financiamientos exógenos.

Dominar el territorio boliviano, desgajarlo y expoliarlo es materia de definición política del imperialismo europeo y norteamericano. El interés permanente de los gobiernos y transnacionales europeas y estadounidenses por reprivatizar la industria gasífera, la segunda reserva más importante del hemisferio, así como la industria de hidrocarburos, o la propia industria agrícola y ganadera, está demostrado a lo largo de la historia política del país.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (Center for Economic and Policy Research, CEPR), “Bolivia es un importante receptor de ayuda monetaria de la USAID. La agencia canaliza millones de dólares a varios grupos”, a pesar de que la Cancillería en un comunicado publicado en septiembre de este año aseguró que la USAID fue expulsada de Bolivia desde el año 2013 por actos de presunta injerencia en los asuntos internos del país. Aquí las ONG´s, Fundaciones afines y Think Tanks como el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) son las fachadas para las transferencias. La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y organizaciones relacionadas han financiando también el golpismo y el secesionismo en Bolivia, como es el caso del propio Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, que ha recibido formación directa en institutos norteamericanos.

El contexto de tensión producto del paro indefinido promovido desde Santa Cruz de Bolivia presionando por la realización del Censo, no es espontáneo. El Gobierno Plurinacional de Luis Arce ha llamado a diferentes mesas de diálogo, encuentros y consultas para canalizar la situación, escuchar a las partes y lograr un consenso, pero Camacho se niega a participar. Se conoce también que el paro se ha concentrado en las zonas clases altas y medias altas debido a que han perdido capacidad de convocatoria, por lo que algunos autores han reseñado el paro como un encierro de la oposición “en su propia desestabilización”. Las grandes pérdidas económicas mantienen preocupados a los sectores productivos y comerciales. A pesar de esto el llamado golpista se ha mantenido ¿qué otra demostración de que el imperialismo tiene las manos metidas se necesita?"                 (Jessica Pernía , El viejo topo, 20/11/22)

26/11/20

Dumping fiscal vasco, dumping fiscal navarro, dumping fiscal madrileño... y ahora, dumping fiscal para Rufián... ERC cuestiona a Madrid pero no a Euskadi

 "ERC ha anunciado un “preacuerdo” con el Gobierno español para apoyar los Presupuestos y el portavoz de la formación en Madrid, Gabriel Rufián, ha resumido en cuatro logros las cesiones arrancadas en la negociación.

El preacuerdo establece el "fin del control financiero a la Generalitat existente desde el 2015", la "prórroga de la moratoria para autónomos hasta marzo del 2021", la "liquidación de la deuda en Becas desde el 2005" y la "creación grupo de trabajo para poner fin al dumping fiscal en Madrid".

Este último punto prevé crear un comité bilateral para el estudio de una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Y ahí se incluye un grupo de trabajo sobre el impuesto más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid ya ha reaccionado a este acuerdo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado que "es una vergüenza que un pacto entre socialistas e independentistas pretenda subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños".

"Si los socialistas y los independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, como Sucesiones o como Patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente, directamente, a los madrileños", ha sentenciado."                      (e-notícies, 25/11/20)

 

"El vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonés, en rueda de prensa, ha justificado el acuerdo de los Presupuestos con el Gobierno español para ”acabar con el dumping fiscal" al considerar que Madrid hace "competencia desleal" desde el punto de vista fiscal .

En cambio, ha evitado referirse a los casos de las comunidades de Navarra y Euskadi y se ha limitado a decir que "Euskadi y Navarra tienen un sistema diferente, porque ellos recaudan, están fuera del sistema de financiación".

"Lo que es discriminatorio es que nosotros nos pongan dentro del grupo de financiación, pero que haya una situación de ventaja para territorios como la comunidad de Madrid. Euskadi y Navarra es otro ámbito", ha asegurado.

Aragonès ha denunciado que la capital del Estado se beneficia de "la localización de la mayor parte de los funcionarios, del sector regulado del Ibex-35". "Se han acabado los privilegios. Si nos quieren dentro, sin privilegios", ha añadido.

El dirigente de ERC ha dicho que "impulsaremos que termine la competencia desleal en el impuesto de patrimonio para romper esta dinámica diabólica". "Como no tenemos los recursos que nos corresponden, como no los tenemos tomamos medidas fiscales y se benefician compitiendo deslealmente en materia fiscal", ha criticado.

Finalmente, Pere Aragonés ha dicho que "nuestro modelo es totalmente opuesto al modelo neoliberal, nacionalista español y centralista del PP y de la señora Ayuso". "Estamos en las antípodas y seguiremos trabajando para revertir esta situación", ha concluido."                (e-notícies, 25/11/20)

23/1/20

Las balanzas fiscales internas de Cataluña... si Cataluña es expoliada, más lo es Barcelona por la propia Cataluña... El gobierno catalán aplica proporcionalmente a la provincia de Barcelona un déficit fiscal muy superior al que Cataluña tiene con el resto de España...


"La dualidad de Cataluña se aprecia bien en las balanzas fiscales internas, esto es, en la comparación en las diversas comarcas de Cataluña de los ingresos impositivos regionales con el gasto público regional.

A este propósito, por ejemplo, Dolça Catalunya escribe: “Juguem a les balances fiscals, Srs. nacionalistes? [Los separatistas] nos han explicado hasta la extenuación el expolio fiscal que sufre Cataluña a manos del resto de España. Poco importa que el bueno de Borrell les haya explicado mil y más veces que sus cálculos son absurdos. Poco importa que si Cataluña es expoliada, más lo sea Madrid. Pero como estos separatistas son de ideas fijas, quizás sea bueno pagarles con la misma moneda y recordarles que siCataluña es expoliada, más lo es Barcelona por la propia Cataluña.”

La estimación de las balanzas fiscales provinciales dentro de Cataluña, de acuerdo con el enfoque de “carga-beneficio”,muestra que la provincia de Barcelona sufre un significativo déficit fiscal mientras que Girona, Lleida  y Tarragona, muestran un importante superávit fiscal. 

 El gobierno catalán aplica proporcionalmente a la provincia de Barcelona un déficit fiscal muy superior al que Cataluña tiene con el resto de España.

De este modo, según se ve en la Figura 1, la Generalitat obtiene de Barcelona el 82,8 % de sus ingresos propios, pero destina a esta provincia sólo el 65,9 % de sus gastos. La diferencia entre ambas magnitudes es un déficit fiscal de Barcelona del 16,9 % de su PIB provincial. De cada 100 € que los ciudadanos y las empresas residentes en la capital pagan en impuestos al gobierno catalán, 17 € no retornan a la provincia.

Los sujetos fiscales residentes en las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona aportan porcentajes muy pequeños del total de ingresos de la Generalitat (entre el 4 y el 7 % cada una) pero reciben hasta tres veces más en gastos.

Por otra parte, la inversión por habitante del gobierno catalán en la provincia de Barcelona, cifrada en 115 € por persona, es un 36% inferior a la del resto de catalanes, 180 € por persona. La Generalitat practica, pues, dentro de Cataluña una redistribución territorial con transferencia de flujos de solidaridad desde las zonas más dinámicas económicamente a las menos dinámicas, y lo hace de manera semejante no muy distinta a lo que ocurre entre Cataluña y el resto de España.

Por consiguiente, además de muy desafortunado, es incoherente calificar como “expolio” y “maltrato fiscal” a la relación de Cataluña con el resto de España cuando el mismo gobierno de la Generalitat aplica en Cataluña un trato fiscal mucho peor a la provincia de Barcelona.
Considerados los saldos fiscales con la Generalitat de Cataluña por comarcas (según se observa en el Panel B de la figura 1), las aportaciones se concentran en 6 comarcas (Barcelonès, Vallés Occidental y Oriental, Maresme, Baix Llobregat y Garraf) mientras que las 36 restantes comarcas reciben aportaciones de las primeras a través del presupuesto de la Generalitat.

Retomando los dulces y sabios términos de Dolça Catalunya, ¡Catalunya ens roba als barcelonins! Efectivamente:
  • El saldo fiscal de Barcelona con la Generalitat es de -17 %. Gerona (+5 %), Tarragona (+5 %) y Lérida (+7 %) tienen un saldo fiscal positivo gracias a Barcelona.
  • La Generalitat invierte 44 € por habitante en el resto de Cataluña, pero sólo 27 € por barcelonés.
  • Barcelona recibe de la Generalitat el 80 % de lo que aporta, mientras que el resto de Cataluña recibe el 82 % de lo que contribuye.
  • Cada barcelonés tendría disponibles 829 € más al año si no tuviera que pagar a la Generalitat más de lo que recibe de ésta.
  • Las comarcas con más proporción de voto nacionalista son las que más transferencias reciben de la Generalitat.
Se comprenderá el sentimiento de frustración de los barceloneses con la Generalitat y que se elucubre con una secesión de Barcelona (Tabarnia) en caso de ruptura.

La Cataluña costera barcelonesa y tarraconense aporta el 73 % de los ingresos a la Generalitat, pero solo recibe el 59 % de los gastos. En concreto, Barcelona aporta a la Generalitat 22.468 M €, pero sólo recibe 17.888 M € de ésta: el saldo fiscal negativo es de 4.580 M €. Y es que el 80 % del PIB catalán se hace en comarcas donde el separatismo no llega ni al 41 %.

La Cataluña profunda sólo aporta el 27 % pero recibe el 41 % del dinero que reparte la Generalitat. Y es que las 10 comarcas más separatistas sólo suman el 4 % del PIB catalán. Igualmente, las comarcas con mayoría separatista reciben 10 veces más subvenciones de la Generalitat que las comarcas constitucionalistas. Conclusión: la resta de Cataluña ens roba o, por mejor decir, la Generalitat ens roba!

Conclusiones

Al territorializar los ingresos propios y los gastos de la Generalitat en forma de balanzas fiscales internas de Cataluña se observa un importantísimo déficit fiscal (aportación neta) de la provincia de Barcelona y un importante superávit fiscal (subvención neta) de las otras.
Los sujetos fiscales (personas y empresas) residentes en las zonas costeras catalanas de mayoría constitucionalista financian a los habitantes residentes en las zonas interiores de mayoría separatista."             (Ferran Brunet, El Liberal Cat, 20/01/20)

21/1/20

La Generalitat nunca ha calculado el desequilibrio fiscal dentro de Cataluña... el desequilibrio entre Barcelona, la rica, y las provincias más pobres

"Denunciar el déficit fiscal que sufre Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas ha sido una constante en el discurso soberanista. Sin embargo, el Govern enmudece cuando se habla de los desequilbrios fiscales dentro de la comunidad catalana. Esto es, sobre lo mucho que aporta Barcelona, por ejemplo, respecto a otras zonas.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès confiesa que ese cálculo interno “no se ha hecho nunca”, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos, José María Cano.

Explica el número dos del Ejecutivo catalán que para tener significación “el cálculo de la balanza fiscal debe ser “suficientemente amplio para tener una significación”. El motivo es que “cuanto más bajo sea el ámbito territorial, más hipótesis de traslación de los ingresos y los gastos se deberían hacer, con lo que se perdería poder explicativo de los resultados”.

Además, añade Aragonès, “se debe tener en cuenta que la territorialización de los datos de base de los gastos estatales es a nivel de comunidad autonómica, lo que impide disponer de cualquier detalle de las cifras de base”.
“Por todo ello –concluye— el cálculo de las balanzas fiscales solicitadas no se ha hecho nunca”. (...) 

José María Cano Navarro @JoseMariaCanoCs
En el análisis del modelo de financiación autonómica tenemos que considerar dos principios básicos a equilibrar, el de igualdad de todos los ciudadanos de un país y el de autonomía de las CCAA, con una premisa básica, la justicia social es entre ciudadanos no entre territorios.
   

13/1/20

Borrell: Los mitos del 'independentismo económico': ni déficit fiscal, ni balanzas fiscales de Alemania

"Uno de los argumentos utilizados por el independentismo catalán para captar adeptos a su causa es el del supuesto maltrato fiscal que sufriría Cataluña por parte del Gobierno.


Desde la Generalitat, es habitual apelar a un déficit fiscal multimillonario, que cifra en alrededor de 16.000 millones de euros anuales, mientras que la mayoría de los economistas señalan que ese dato es incorrecto.


Este martes -un día después de la convocatoria del 27S-, el ex presidente del Parlamento Europeo, ex ministro de Obras Públicas y ex secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, ha salido de nuevo a desmentir este y otros mitos que el indepedentismo catalán se ha encargado de difundir con cierto éxito.


La Generalitat previó un déficit fiscal 1,6% del PIB


En un artículo publicado este lunes en El Periódico, titulado 'Las cuentas y los cuentos', Borrell utiliza para desmentir el supuesto déficit fiscal de 16.000 millones de euros los datos de la propia Generalitat.


El ex dirigente socialista recuerda que en diciembre pasado el propio consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, estimaba en un informe que en 2015 "la diferencia entre los impuestos que los catalanes aportan al Estado y lo que reciben a cambio sería de 3.228 millones, del orden del 1,6% del PIB".


"Manifiesta voluntad de engañar" por parte del independentismo


Borrell recuerda que "los míticos 16.000 millones" es una cifra que "está calculada por un método muy particular que la sobrevalora de forma injustificada, basado en supuestos nada realistas y que confunden a la opinión pública con su significado". De hecho, otros cálculos de la Generalitat -que acostumbra a esconder- muestran saldos muy inferiores.

"Las cuentas mal hechas y peor explicadas -o mejor dicho, presentadas con la manifiesta voluntad de engañar sobre su significado- han generado un cuento que mucha gente se ha creído de buena fe", añade.


El Gobierno alemán no calcula las balanzas fiscales


Otra "fábula" que de vez en cuando aparece en los medios catalanes es "la inventada comparación con las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron", un "cuento" al que Mas y Junqueras también apelan cada cierto tiempo, y que consiste en asegurar que la solidaridad interterritorial en Alemania estaría limitada al 4% o al 4,5% de su PIB.


"Durante años se ha estado creando un sentimiento de agravio usando el argumento de esa comparación y de las famosas balanzas fiscales alemanas. Todavía hoy en las tertulias hay indocumentados que las reclaman. Pero en realidad el Gobierno alemán nunca ha calculado las balanzas fiscales de sus länder. Y no existe en ninguna parte de la legislación alemana ningún límite a su déficit fiscal. Llevamos años invocando algo que no existe. Nos lo habían advertido académicos alemanes de paso por aquí. Y, para estar seguro de lo que digo en un libro que aparecerá en septiembre sobre las cuentas y los cuentos de la independencia, me lo ha confirmado por escrito la embajada de la RFA en España", denuncia Borrell.


Y sentencia: "Tras hacer el ridículo contando cuentos por estos mundos de Dios, Mas y Junqueras ¿van a reconocer su error, o vamos a pasarnos la campaña electoral apelando a fantasmagóricos argumentos? Se han contado muchos más cuentos como estos, entre ellos el de la permanencia automática en la UE o el reconocimiento universal del derecho a la autodeterminación. Se trata de vender una independencia-sin-costes. La presentan envuelta en datos falsos para calcular los beneficios y en la ficción de una estimación cero de los costes".                (Josep Borrell, Crónica Global, 04/08/2015)

7/11/19

Adiós al mito del déficit fiscal catalán Los académicos y los propios dirigentes independentistas aparcan la cuestión, con Cataluña en la media de las comunidades de régimen común

"¿Déficit fiscal? El concepto aparece de forma periódica, pero sin la fuerza de años atrás. El independentismo ya no lo tiene como una reivindicación central. No le interesa. 

El mantra ahora es que España no es un estado democrático, que mantiene un legado franquista y que es incapaz de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero ¿qué ha pasado con la cuestión económica? Los propios académicos y los dirigentes independentistas mantienen que existe el déficit fiscal, pero que queda lejos de la tragedia que se había denunciado.  (...)

Cataluña, en la media, con 100,7


Los últimos datos los han ofrecido el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el BBVA. Los dos organismos calculan las llamadas balanzas fiscales, y los números son similares. Cataluña aparece en la media de las comunidades autónomas, aunque parte de una posición alta, y aporta más recursos al conjunto que otras autonomías. Es lo lógico si se atiende la distribución de la renta de sus ciudadanos.


Si la media es 100, Cataluña aporta lo que sería equivalente a 122. Se trata de la tercera comunidad que más aporta. Cuando llegan todos los recursos a la caja común y se redistribuye, Cataluña se queda en 100,7, y eso la relega a la décima posición en el ranking. Al margen del montante de recursos que se podrían quedar en la comunidad --esa ha sido la petición histórica del nacionalismo y de una parte de los socialistas catalanes—, lo que se reclama realmente es que esa posición final se ajuste más al punto de partida. Es decir, se puede ser la tercera en aportar, y tal vez la quinta en recibir. ¿Pero la décima?
Madrid, con más riqueza, se queda en 100,8


Eso es lo que se ha llamado ordinalidad: no perder la posición inicial, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, autor del estudio para el BBVA, entiende que se podría atender esa reivindicación. Lo señala en esta entrevista para Crónica Global. En su trabajo, Cataluña se queda en el 100,9, casi igual que en el estudio del IEB, que ha dirigido Núria Bosch, junto a Maite Vilalta.


Madrid es la comunidad que más aporta. Parte de un índice de 143,7, y se queda en novena posición, en el 100,8, una vez se asignan todos los recursos.

Pagar por PIB y recibir por población


En el caso de Cataluña, en 2017 habría conseguido estar ligeramente por encima de la media. Lo señala el IEB, y también el informe del BBVA. En 2016, se había quedado en el 99,9. Eso, en recursos tributarios en euros, supone que Madrid produce unos 3.306 euros por ciudadano, y se queda, tras las transferencias, con 2.516 euros. Respecto a los catalanes, estos se quedan con 2.513 (casi igual que Madrid), partiendo de 2.807 euros.


Al margen de los dos modelos que existen para calcular esas balanzas fiscales, el del flujo monetario o el del flujo del beneficio, se ha acabado consensuando una idea: las comunidades deben pagar por PIB, y recibir en función al peso de su población, a partir de los servicios que necesiten. Ese criterio lo ha suscrito el exconsejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell, que entiende que, en ese caso, Cataluña presenta un déficit fiscal que podría ser asumible.

Débil identificación con España


Maite Vilalta, vicerrectora de la UB, y experta en el estudio de las balanzas fiscales desde el IEB, señala que, en ese caso –19% del PIB español, 16,1% de la población—, el déficit fiscal alcanza los 2.985 millones de euros, el 1,5% del PIB catalán, lejos de los 11.068 millones de euros, el 5,6% del PIB, que señala el método del flujo monetario sin neutralizar (que había sido el método al que se agarraba siempre el independentismo).


El problema de fondo es otro. Ya no es el llamado déficit fiscal, sino que ha aflorado la gran cuestión: la débil identificación de una parte notable de la sociedad catalana con el Estado-nación que es España. Es un problema político, que se ha adornado en los últimos años con esa cuestión económica.


Entre Quebec y Alberta


Lo ha apuntado Vilalta, en un trabajo para Política y Prosa, haciendo referencia a los estudios del profesor Mintz de la Universidad de Calgary, en Canadá. Mintz lo explica en Two Different Conflicts in Federal Systems: An Application to Canada, 2018. En los sistemas federales, señala, se pueden dar dos tipos de conflictos: uno de preferencias y otro de reclamaciones. 

En el primero, la población de una parte de un territorio, por distintos motivos, culturales e históricos, tiene preferencias diferentes al resto sobre cuestiones políticas básicas, como la propia configuración del Estado. El segundo caso surge cuando hay territorios con un nivel superior de riqueza que se espera que sea compartida. En Canadá, el primer caso afecta a Quebec, y el segundo a una provincia rica como Alberta.


Resulta que Mintz se refiere a Cataluña como un caso donde se producen las dos cuestiones mencionadas: el conflicto de reclamación (agravio fiscal) se refuerza por la poca identificación de una parte de la población catalana con el Estado-nación español. Y en eso estamos. Puede haber un déficit fiscal, más o menos tolerable, pero que se considera insoportable si se considera que España no es tu país. ¿Cómo se resuelve? Esa es la parte política principal, después de que el mito fiscal se haya diluido."                      (Manel Manchón, Crónica Global, 03/11/19)

20/7/18

Tabarnia (Barcelona+Tarragona) presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña, según un informe de CCC... o sea, Cataluña roba a Barcelona y Tarragona




" Uno de los grandes mantras del nacionalismo catalán era que España no publicaba las balanzas fiscales como sí hacían el resto de países europeos. 

Una vez se ha demostrado que la premisa no era cierta y que ningún Estado del continente las publica, desde el nacionalismo siguen denunciando una supuesta situación de agravio por un elevado déficit fiscal de la Administración central del Estado con Cataluña.

Con el objetivo de combatir esta otra premisa del nacionalismo, la entidad Convivència Cívica Catalana ha elaborado un informe que demuestra que la región ficticia de Tabarnia sufre un déficit fiscal de 4.659 millones de euros respecto a la Generalitat. “El déficit fiscal que tiene Tabarnia es similar al que tiene Cataluña con España”, explica a Crónica Global el coordinador del informe.

Se trata, en ambos casos, a una situación equiparable a la que existe en el resto de Europa entre las regiones más prósperas y las que menos. Y, aseguran, no tiene ningún elemento de "agravio" real más allá de la solidaridad interterritorial.

Cataluña roba a Tabarnia

De acuerdo con el informe, titulado Las balanzas fiscales dentro de Cataluña, la Administración catalana obtiene de Tabarnia el 82% de sus ingresos, pero sólo retorna a la región el 66% de sus gastos.

Tabarnia es la región más desarrollada, industrial y que más riqueza genera y, ateniendo a la lógica del nacionalismo, verían cómo todos sus esfuerzos se van a las zonas improductivas de la Cataluña interior. Este argumento, como todo el ideario que hay detrás de la idea de Tabarnia, saca a relucir las contradicciones del nacionalismo catalán. “La Generalitat no publica las balanzas fiscales que tanto reclama al Estado español, ocultan los flujos fiscales dentro de Cataluña”, sostienen.

Un tabarnés aporta 838 euros más

Los ciudadanos y empresas de Tabarnia aportan 23.843 millones a las arcas catalanas. Sin embargo, el Govern únicamente destina 19.184 millones en gastos e inversiones. En términos per cápita, de media cada tabarnés aporta al Govern 838 euros más de lo que recibe.

El informe también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia representan un 78% del PIB catalán, pero en infraestructuras reciben menos de la mitad (47%): “El Gobierno catalán incumple claramente esa regla dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, de modo que las comarcas más dinámicas obtienen un retorno en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB", explican.

La misma metodología

Los autores del análisis explican que han utilizado la misma metodología que emplea el nacionalismo catalán para calcular su déficit fiscal respecto al Estado central. No obstante, destacan que hay “más información a nivel autonómico” que a “nivel provincial”.

Su conclusión principal es que existe una “transferencia fiscal” muy relevante desde Tabarnia hacia la Cataluña interior y que, en términos relativos, genera "un déficit fiscal equiparable al de Cataluña dentro de España”. Insisten en que su objetivo es sacar a relucir las “incoherencias” del nacionalismo, que tampoco da a conocer ni comparte sus balanzas fiscales internas."          (Crónica Global, Laura Fábregas, 19/07/18)


"En los últimos tiempos ha aparecido un concepto nuevo en la política catalana, que ha ido cobrando fuerza tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Se trata de Tabarnia, un territorio que agruparía a las comarcas de Cataluña en torno a las ciudades de Barcelona y Tarragona caracterizadas por un mayor nivel de desarrollo industrial y población urbana junto con un menor porcentaje de voto nacionalista.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) analiza en un informe algunas de las principales variables a nivel económico de este territorio, incluida su balanza fiscal con el gobierno de Cataluña.

Una de las principales conclusiones del análisis efectuado es que la administración catalana obtiene de Tabarnia el 82% de sus ingresos pero destina a este territorio sólo el 66% de sus gastos.

Ello significa, en términos relativos, que el gobierno catalán impone a Tabarnia un déficit fiscal más elevado que el de Cataluña dentro de España.

En valores absolutos, Tabarnia presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña. Sus ciudadanos y empresas aportan al gobierno catalán 23.843 millones pero solo reciben de él en gastos e inversiones 19.184 millones.

En términos per cápita, de media cada ciudadano de las comarcas que componen Tabarnia aporta al gobierno de Cataluña 838 euros más de lo que recibe.

El estudio de las balanzas fiscales dentro de Cataluña evidencia en términos generales que el gobierno catalán extrae recursos de forma significativa desde las zonas no nacionalistas de Cataluña para transferirlos hacia las de voto más nacionalista.

Por otra parte, el análisis también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia aportan más de tres cuartas partes del PIB de Cataluña (en concreto, un 78%), pero reciben menos de la mitad (47%) de las inversiones reales del gobierno autonómico de Cataluña en materia de infraestructuras.

Se trata de una diferencia muy sustancial: 30 puntos porcentuales por debajo de la aportación al PIB. Ello es políticamente relevante ya que, como es conocido, una de las principales exigencias del gobierno catalán al gobierno central es que invierta en infraestructuras en Cataluña en una proporción igual al PIB de Cataluña dentro de España.

Sin embargo, el gobierno catalán incumple claramente esa ‘regla’ dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, invirtiendo en las comarcas más dinámicas económicamente en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB.

Convivencia Cívica Catalana lamenta “que el ejecutivo autonómico catalán se niegue a publicar las balanzas fiscales de las provincias y comarcas catalanas”.
“No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña”, concluye esta entidad cívica."          (El Catalán, 19/07/18)