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15/11/23

Moreso, ex-rector de la Pompeu Fabra: "El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como Matrix... Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían"... creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas... Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible... Lo que se debería hacer es una clarificación de competencias, con impuestos federales

 "Josep Joan Moreso (Tortosa, 1959), fue rector de la Universidad Pompeu Fabra (2005-2013) y es catedrático de Filosofía del Derecho. Respetado por la comunidad académica y política, Moreso se ha involucrado en el problema político catalán, buscando un consenso que parece todavía lejano. Centrado en el estudio de los fundamentos filosóficos de la Constitución, es autor de Constitución, modelo para armar (Marcial Pons, 2009). Presidente de la agencia para la calidad de las universidades catalanas, AQU, y buen conocedor de la política italiana, Moreso considera que se necesita "mitezza", que no tiene una traducción exacta, pero que es una especie de mezcla entre “paciencia más templanza”, o “la capacidad de evitar la ira, y si llega, la capacidad de atemperarla”. Para un profesor centrado en la filosofía del derecho, lo que ha ocurrido es difícil de comprender, y señala que “el soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix”. En una entrevista con Crónica Global, Josep Joan Moreso apuesta por una reforma constitucional, y por recomponer la situación, sin dejar de criticar a los “intelectuales orgánicos” que han sustentado el proceso, pero también a los que han confiado únicamente en la capacidad del derecho y han “olvidado” la fuerza de la política.

--En todos estos años en Cataluña se han constituido relatos propios que han servido para justificar las posteriores acciones. ¿Cómo se construyen los relatos, que son, además, antagónicos?

 --Soy filósofo del derecho y utilizamos el lenguaje, que es algo esencial. Y, ciertamente, se han creado relatos a medida que se iba avanzando en el conflicto político, y eso ha sido determinante. El Gobierno central, desde hace años, ha decidido afrontar el problema aplicándolo sin apostar por la política, y eso plantea muchas carencias, porque existe un problema político. Hay, también, un incumplimiento constitucional de un principio democrático en contra de todas las voces, en un Estado que es claramente protofederal. Se veía venir desde 2012, pero se acelera con las decisiones en el Parlament en los días 6 y 7 de septiembre. Entonces se decide lo contrario: hacer política marginando el derecho. Yo digo que el derecho sin la política está vacío, pero la política sin él es ciega, y sobre eso estamos. Obviamente, el relato del proceso soberanista ha mostrado mucha resiliencia ante la realidad, porque las cosas que prometía y que eran centrales no se han cumplido. No ha habido reconocimiento internacional, por ejemplo. Muchos decíamos que sin eso no se podía hacer nada, pero parece que no es suficiente para que cambie ese relato.

--El movimiento soberanista ha ido reivindicando la existencia de una doble legitimidad, basada en una nueva legalidad. ¿Cómo se crea una legalidad?

 --Es verdad que la legalidad se soporta sobre la aceptación social, sobre hechos que están más allá de la cuestión jurídica. En la transición, el acuerdo es aceptado por la población, y eso da legitimidad, al margen de la calidad política que existía. Pero aquí se ha jugado con eso. El filósofo Herbert Hart, un intelectual de primera, explicó en su libro El concepto del derecho (1961) que para que un derecho exista en una sociedad es necesario una regla compartida para saber las que rigen el sistema. En España es la Constitución y lo que emana de esa Constitución. Por eso digo y he comentado de forma reiterada que no hay dos legalidades, porque todas las asociaciones de jueces y fiscales, todos, dijeron que la única regla era esa, la Carta Magna. En ningún momento hubo dos legalidades.

--¿Cómo se puede superar esa legalidad, entonces?

--Una legalidad se puede superar a través de una ruptura revolucionaria, cambiando a los jueces. No veo otra forma. Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían. El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix. Cuando la CUP dice que se debería aplicar la república, yo pregunto, ¿se dan las condiciones? No se daban, ni se dan, pero eso parece que no cambia la voluntad política.

--Pero el movimiento independentista reclama que se le ofrezca una vía posible cuando tenga una mayoría suficiente. ¿Cambiarían las condiciones con mayorías más sólidas?

--Yo creo que sí, que eso puede ser determinante. Si un día el independentismo tiene el 60% de apoyo, por poner un porcentaje importante, eso creo que provocaría un cambio de otros elementos y facilitaría una opción negociada, como no puede ser de otra manera dentro de la Unión Europea, forzando al Gobierno español a negociar, que podría pasar, incluso, por un referéndum pactado o por otra fórmula. Yo soy muy partidario de la opinión consultiva del Tribunal Supremo de Canadá, de 1998, un documento extenso, serio, bien fundamentado. Responde a tres preguntas del Gobierno del Quebec, sobre si tiene derecho a la autodeterminación según la Constitución del Canadá, o de acuerdo a la legalidad internacional, y, en caso de respuestas diferentes a las anteriores preguntas, ¿cómo resolver el conflicto? La respuesta es no, en los dos casos, y entonces la tercera no se plantea. Pero ofrece una salida: si se reitera en el tiempo esa petición, el Gobierno de Canadá debería abordar la cuestión, y plantear un referéndum con una pregunta clara. Pero se insiste en que no sería vinculante y que se debería negociar, junto con el resto de provincias del Canadá. Las lecciones canadienses lo que nos dicen es que aquí no se ha hecho bien, que se ha apostado por una vía unilateral, pero también nos dicen que el Gobierno central no ha aceptado el problema político, que existe.

--Es decir, que el Gobierno español no se ha tomado en serio lo que ha ocurrido en los últimos años en Cataluña.

--Eso es. Porque hay que analizar el por qué hemos llegado hasta aquí, cuando históricamente el secesionismo nunca ha superado el 20%, y ahora se ha llegado el 48%. Hay muchos factores en juego que no se han tenido en cuenta. La sentencia del Estatut de 2010 es uno de ellos. Pero también una cuestión que resultó muy negativa, y que se ha dejado de lado: las condiciones en las que el PSOE llega al poder en 2004, tras los atentados terroristas. El PP nunca aceptó esa victoria como normal, y negó su legitimidad. En ese momento, se centró en dos frentes, en que los atentados se podían relacionar con ETA, algo indefendible, y en Cataluña, que se dibujaba en el horizonte. En el PP se estableció un debate, mientras el PP catalán quiso participar, con enmiendas a la propuesta del Estatut en comisión, desde Madrid se consideró que era mejor abandonar. El PP catalán argumentó que en ese caso perdería la centralidad, pero en Madrid el PP determinó que, en cambio, lograría la centralidad en el conjunto de España.

--¿Y el PSOE qué responsabilidad tiene?

--El PSOE llega un momento que abandona, que no puede resistir, y decide que el trabajo lo haga el Tribunal Constitucional, que frene el Estatut, y eso tuvo consecuencias importantes. Pero todo se incendia con la crisis económica. Hay que decir, además, que en el relato independentista se ha ido abandonando el discurso economicista. Pero no ha habido autocrítica sobre aquellos mensajes tan duros, que nos hacía a los catalanes muy poco estimables en Europa, donde el independentismo sólo ha conseguido el apoyo de los partidos xenófobos, de ultraderecha. Pero no ha habido autocrítica.

 

--¿Se puede vislumbrar una salida ahora?

--Se ha creado un clima preocupante. Releí en verano El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y me provocó una reflexión profunda. Zweig no podía entender que se creara un ambiente prebélico, que provocaría la I Guerra Mundial. No veía las razones por las que se matarían los jóvenes europeos. Y creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas.

--Las decisiones judiciales, ¿lo complican todo más, imposibilitan una solución?

--Hay un uso excesivo de la prisión provisional. Es necesario un gobierno, pero todo está condicionado por los jueces, que impiden cuestiones básicas a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras que les concede la Constitución y que el juez no ha tenido en cuenta. La representación política es el núcleo de la democracia. Creo que los delitos que se imputan no se sostienen. Se intenta construir un relato, porque eso es una instrucción, y se basa en anotaciones en la libreta de un alto cargo, y en el documento Enfocats y distintas reuniones, y creo que eso es frágil.

--Para encontrar soluciones, es necesario antes compartir un diagnóstico, ¿es posible?

--Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible.

 --¿Se debería recurrir, aunque parezca algo superado, a aquellas conversaciones entre intelectuales de Madrid y Barcelona de los años cincuenta?

--Tal vez. Particularmente me gusta releer aquellas conversaciones que se produjeron entre un Dionisio Ridruejo y Carles Riba, por ejemplo. En mi etapa de rector de la Pompeu Fabra lo intenté, con la colaboración de cuatro universidades, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Por ejemplo, se puso en marcha un grado compartido de filosofía política y economía para 60 estudiantes. Y fue realmente sorprendente y muy positivo. He sido profesor en este grado, en un seminario he planteado directamente el problema de la secesión. El conocimiento que los estudiantes tienen entre ellos ha hecho, sin duda, que los catalanes comprendan mejor la opinión de los no catalanes y viceversa. También lo intentó el exconsejero Antoni Castells, reuniendo gente como Josep Maria Colomer con Daniel Innerarity o Álvarez Junco y Emilio Lamo de Espinosa.

 --¿Se debe implicar, por tanto, mucho más la sociedad civil?

--Yo creo que sí. Personalmente me he sentido interpelado por esa responsabilidad. La academia, a veces, se ha distanciado, pero en mi etapa de rector fui muy consciente de llevar nuestras reflexiones al foro público. La filosofía política es un refinamiento del debate político, pero está conectada, debe estarlo. Si no somos capaces de establecer esa conexión, no tendremos una sociedad vigorosa. En la Pompeu Fabra, en mi etapa de rector, en 2013, se hizo con debates en los que estuvieron presentes todos los posicionamientos: Ángel de la Fuente y Jordi Galí, con Ferran Requejo y Félix Ovejero, por ejemplo. 

--La llamada clerecy, intelectuales, profesores, altos cargos de la administración, ¿qué papel cree que ha jugado?

--Hay una clerecy que ha jugado a favor del proceso, es una evidencia. Pero mi impresión es que en Cataluña hay una sociedad plural, con voces diferentes, algo que se ha negado desde el soberanismo. Y ese mismo soberanismo, ciertamente, ha impulsado una serie de intelectuales orgánicos que sólo aplauden y ponen la letra a la música que suena. Pero no es la única. Desde el soberanismo se insiste en que España es plural, como si Cataluña fuera monolítica, y desde el constitucionalismo se insiste en que Cataluña es plural, como si España fuera monolítica. Afortunadamente la pluralidad está en los dos lados, y esa idea se debe recuperar y potenciar.

 --¿Y por parte de la izquierda española? ¿Se ha impuesto un "contra Rajoy vale todo" que comporta abrazar la causa independentista?

--La izquierda española ha vuelto a reflejar sus contradicciones, con un alma jacobina y una federalista. Es la historia de la España contemporánea. Pero además se ha sumado la idea de que contra el PP todo vale, y es cierto, también, que el cansancio contra el PP es muy grande. Recuerdo a una persona que me dijo que estaba muy contenta de haber votado a la CUP, porque consiguió echar a Artur Mas. Ahora todo vale para echar a Rajoy, pero se ha llegado a un punto en el que el PP no sabe cómo gestionar la corrupción, con un horizonte de gran incertidumbre por la irrupción de Ciudadanos, que ha entrado de nuevo en el debate de la lengua, cuando parecía que lo había superado.

--¿Se puede confiar en una reforma de la Constitución con esa situación?

--Creo que sí, que se deberá resolver con una reforma constitucional. Muchas cuestiones no se podían decir en 1978, cuando no se sabía cuáles serían las autonomías, cuando sólo se tenía en cuenta la provincia. A partir de ahí, se podría entrar en una reforma del Senado y del título VIII de la Constitución en clave federal. Lo que se debería hacer es una clarificación de competencias, con impuestos federales. Un Estado federal, en definitiva. (...)"           (Manel Manchón, Crónica Global, 04/03/2018)

2/11/23

La Corte Suprema de Canadá fijaba condiciones draconianas para celebrar el referéndum... ERC no se ha leído el acuerdo de claridad... La verdad sobre el Acuerdo de Claridad

 "El acuerdo de claridad que propuso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debate de política general se inspira, como él mismo dijo, en el Acuerdo de Claridad de Canadá, que se creó como respuesta a los dos referéndum de independencia de Quebec y que una de las consecuencias que ha tenido es que desde hace más de veintisiete años no se ha celebrado ningún otro.

Esta norma tiene su origen en el referéndum de 1995 y se basa en la respuesta que la Corte Suprema de Canadá, que también actúa como Tribunal Constitucional, dio a las preguntas planteadas al respecto por el gobierno federal del primer ministro canadiense Jean Chrétien el 1998 y en los debates posteriores.

En el 2000, con el independentismo en contra, el Parlamento canadiense aprobó la ley que sienta las bases para que el Ejecutivo pueda negociar la secesión de una de sus provincias tras un referéndum. El acuerdo deja claro que es necesaria "una pregunta clara y que constituya una mayoría clara" y da todo el control del referéndum en la Cámara de los Comunes de Canadá.

El texto da a la Cámara de los Comunes de Canadá -su equivalente en el Estado español sería el Congreso de los Diputados- la potestad de decidir si la pregunta es "clara". En caso de que considere que el enunciado puede dar pie a confusiones, éste debe reformularse.

También permite decidir cuál es el porcentaje en caso de que ganara el sí. Con este punto, se da a entender que es necesaria una mayoría reforzada, es decir, que un proceso de independencia necesitaría un apoyo bastante más amplio que un 50%.

En definitiva, no dice explícitamente qué mayoría es necesaria y el Parlamento canadiense se reserva, a posteriori, decidir si la mayoría ha sido suficientemente "clara", o bien decir si la pregunta lo ha sido suficiente. Además, tiene el poder de anular una decisión si considera que se han violado algunos de los principios del Acuerdo de Claridad.

Finalmente, y en caso de que una provincia de Canadá como Quebec se posicione a favor de la secesión, el Acuerdo de Claridad de Canadá también establece que es necesario modificar la Constitución y que esto, a su vez, necesita unas negociaciones en las que participen todos los gobiernos provinciales y el propio gobierno de Canadá."                (e-notícies, 27/12/22)


"(...) hay que destacar las alusiones al Acuerdo de Claridad para arreglar el “conflicto político”.

No en vano cita, en un discurso de dos páginas y media, hasta cuatro veces la palabra “conflicto”. En buena parte es un “conflicto” que crearon ellos. Luego lo alimentaron. Ahora piden que Sánchez les saque las castañas del fuego con un referéndum pactado.

¿No decían que el bueno era el del 2017? El "mandato democrático" y toda la pesca. En realidad, el propio Aragonès y presentó una propuesta en el último debate de política general y obtuvo un gran éxito. Sólo lo votó a favor, una vez más, los Comunes. Pese a que La Vanguardia lo vendió a bombo y platillo.

Hablan del Acuerdo de Claridad de Canadá como si fuera una sesión de yoga o de taichi. En cuanto pudiésemos saldríamos más relajados.

Han insistido tanto en lo de “volem votar” que ahora tienen que votar algo.

Lo que no dicen es que, con la Clarity Act, la pelota está en el tejado de la Cámara de los Comunes, el equivalente en España sería el Congreso de los Diputados.

Que la propia ley establece que “proceder unilateralmente” a la secesión -como hicieron- o al “desmembramiento de un Estado democrático” es una cuestión de “extema gravedad”.

Es cierto que admite el derecho a decidir del Quebec pero bajo unas condiciones draconianas que imposibilitan, de hecho, cualquier referéndum.

La prueba es que no lo han vuelto a plantear y que el propio Partido Quebequés se opuso a la ley.

Entre otras cosas porque exige una “mayoría reforzada” para empezar a negociar la secesión. No basta el 51%. También … ¡la reforma de la Constitución!

Y, en caso de secesión, participarían todas las provincias de Canada en las mencionadas negociaciones.

Pero lo más importante -que aquí tampoco dicen- es que la citada “mayoría reforzada” significa que “todos los partidos políticos” con representación parlamentaria en la provincia secesionista tiene que aprobar resoluciones o declaraciones oficiales a favor de la independencia.

La verdad: no imagino al PSC, Vox, Ciudadanos, PP haciendo lo mismo. Ni siquiera los Comunes de Ada Colau.

Fin del debate."                    (Xavier Rius, director de e-notícies, 26/12/22)

27/10/23

El Acuerdo de Claridad permite Tabarnia... El Gobierno de Canadá puede negociar "cualquier modificación de las fronteras de la provincia"... pues se tendrán en cuenta "los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Canadá, así como la protección de los derechos de las minorías"

 "El Acuerdo de Claridad de Canadá, que se creó como respuesta a los dos referéndum de independencia de Quebec y que una de las consecuencias que ha tenido es que desde hace más de veintisiete años no se ha celebrado ningún otro, establece que el Gobierno de Canadá podrá en modificar las fronteras de la provincia durante el proceso de negociación para la independencia de la misma.

 El último punto del Acuerdo de Claridad canadiense, que inspiró al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para hacer su propuesta al Parlament durante el debate de política general se inspira; permitiría Tabarnia, la escisión de Barcelona y Tarragona de una supuesta Catalunya independiente y su reingreso en España como autonomía.

La ley de claridad del Supremo canadiense no dice concretamente que todos los territorios o zonas de Quebec con unas características específicas y en desacuerdo con la independencia quebequense, tendrían también derecho a un referéndum para su eventual separación de la provincia francófona, en caso de que consiguiese la independencia de Canadá.

Sin embargo, sí abre la puerta a esta posibilidad, cuando afirma que, si triunfa un referéndum independentista en Quebec, las negociaciones posteriores deberían incluir "las condiciones de separación aplicables a las circunstancias, incluido tanto el reparto de activos y pasivos como cualquier modificación de las fronteras de la provincia". 

Este último punto también pide que se tengan en cuenta "los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Canadá, así como la protección de los derechos de las minorías".   (e-notícies, 28/12/22)

11/1/23

Xavier Rius: El President nos enreda con el Acuerdo de Claridad... Clarity Act impide, de facto, la celebración de un nuevo referédum con garantías de éxito La prueba es que el Partido Quebequés se opuso. Nunca la ha aceptado. Debate cerrado... El proceso ha terminado suprimiendo la sedición y rebajando la malversación para salvar el culo a una treintena de altos cargos de Esquerra... Pero no era eso, compañeros

 "El presidente nos enreda con el Acuerdo de Claridad.  

No habrá referéndum en el 2023. Ni más adelante. No se han leído Clarity Act. Esquerra debe vender algo a su electorado.  

De entrada deja claro que Quebec no tiene derecho a “proceder unilateralmente” a la secesión. Que "el desmembramiento de un Estado democrático" -nos guste o no España lo es- es "una cuestión de extrema gravedad".  

Sí admite el derecho a decidir de Quebec. Pero, no se engañemos, el Acuerdo de Claridad lo hizo el Tribunal Supremo canadiense. Es evidente que nunca pondrá las cosas fáciles. De hacerse un tercer referéndum -y con las comdiciones fijadas- no era la independencia automática sino que se abriría un proceso para “negociar la secesión”. 

 Ahora bien, para que sea “legal”, es necesaria también “una modificación de la Constitución de Canadá”. Y una eventual negociación, en caso de que ganara el sí, participarían "el conjunto de las provincias de Canadá". Aquí, las comunidades autónomas. 

 La Cámara de los Comunes -el Congreso de los Diputados en el caso español- tiene "un rol importante que jugar" para determinar "la mayoría suficientemente clara" a favor de la independencia. Es necesaria “una mayoría reforzada”. El 51% no sería suficiente.  

Por otra parte, tendría en cuenta "todos los partidos políticos" parlamentarios de "la provincia que quiere la secesión. Aquí, PSC, Vox, Ciudadanos y PP. Incluso los Comunes. ¿Los Comunes están a favor de la indepedencia? Yo creo que ni Jaume Asens. 

 Clarity Act impide, de facto, la celebración de un nuevo referédum con garantías de éxito La prueba es que el Partido Quebequés se opuso. Nunca la ha aceptado. Debate cerrado.  

Pero ya entiendo que Esquerra debe vender algo a su electorado. Insistieron tanto con el “queremos votar” que algo deben ofrecer. El propio Pedro Sánchez ha dejado claro, en su comparecencia que "en la Constitución no se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio". Sí, ya sé que Pere Aragonès, en su mensaje de Navidad, sacó pecho. "Se dijo que era imposible derogar la sedición" y se derogó "Se dijo que era imposible modificar el delito de malversación" y se modificó. Pero un referendo es una línea roja.  

Ciertamente, no cabe en la Constitución. Y Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. Además nacido en Madrid. Como sus antcesores eran nacidos en Santiago de Compostela (Rajoy), León (Zapatero) o Madrid (Aznar). Es evidente que no estarán a favor de la independencia de Catalunya ni de los Països Catalans. Además, siempre dijeron que el referendo bueno era el del 2017.  

¿Entonces? La zanahoria. Presionada por Junts y la CUP, Esquerra necesita aferrarse a una esperanza. Antes, ellos eran los indepes en serio y los convergentes eran el partido de los tenderos. Ahora se han invertido los papeles. Pero los de Junts tampoco hicieron nada. Puigdemont suspendió la independencia porque existían “iniciativas de negociación”. Incluso dijo que había "internacionales". No era verdad. A lo sumo el PNV. El lendakari Urkullu como quedó patente en el juicio del Supremo.  

Todavía ni siquiera esto era una “negociación” era una muestra de buena voluntad. No negocian si dos no quieren y Rajoy también dejó claro. Nunca un presidente del Gobierno español, del color que sea, negociaría con una 'comunidad autónoma' a través de otra comunidad autónoma.  

Recuerdo que cuando Trump se entrevistó con Kim Jong-il, el líder norcoreano, lo hizo sin intermediarios y eran enemigos enconados. Mientras que los de la CUP siempre dan lecciones, pero no tuvieron a nadie en prisión. Incluso a Anna Gabriel -la que iba con camisetas de “Sin miedo” por el Parlament ha agachado la cabeza. Y se marchó porque quiso: el delito de desobediencia de lo que la acusaban no está penado en penas de prisión, sino de inhabilitación. 

 El problema de fondo es que la independencia era imposible. No porque España no quisiera, que también, sino porque más de la mitad de los catalanes no la querían. En un censo electoral de 5,5 millones aproximadamente siempre salían dos millones más o menos: el 9-N, el 2015, el 2017, el 2021. En las últimas elecciones subió al 51%, pero perdieron 600.000 votos por el camino: 1,4 millones. Y así resulta muy difícil declarar la independencia de un territorio cuando la mitad de la gente no quiere.  

¿Qué hacemos con éstos? ¿Los ignoramos? ¿Los escondemos bajo la alfombra? ¿Los expulsamos? ¿Los encarcelamos? Por eso se han dado casos de supremacismo, de mirar por encima del hombro. Éstos no eran buenos catalanes. Pero, con la ley en la mano, un votante de Vox es tan catalán como uno de la CUP. 

 De hecho, como sabéis, en las últimas elecciones Vox sacó más votos y escaños que la CUP, que siempre ha ido de conciencia nacional del proceso.  

Pero dejadme decir otra cosa: lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que esto saldría mal. No sólo porque el deseo de independencia no era unánimo o casi.

 También porque la Unión Europea no quiere dolores de cabeza. La UE la han realizado los estados, no las naciones sin estado o las regiones. Y la hicieron, al terminar la II Guerra Mundial, para evitar otro conflicto en Europa. La UE ya tenía suficientes problemas entre la crisis económica, los refugiados, Putin o su propio futuro como para hacer caso a la reivindicación de los catalanes o parte de los catalanes.  

Me ahorro otros comentarios, pero los festejos con Rusia -yo creo que fue hacer volar palomas- tampoco ayudaron. En efecto, lo sabía todo el mundo Al menos los de arriba, las tres o cuatro mil familias -Gobierno, consejeros, dirigentes de Esquerra, de Junts, de la CUP-, altos cargos de la Generalitat y lo que podríamos llamar 'cooperadores necesarios' para inflar el globo.  

Desde Pilar Rahola a Carlos Viver Pi-Sunyer pasando por Franesc-Marc Álvaro o Vicent Sanchis. ¿Creéis que gente de su nivel, de su background, de sus contactos no lo sabían? Claro que lo sabían Pero es más fácil apuntarse al carro que nadar contracorriente.  

En fin, han dejado todos juntos a un país malparado. Sería demasiado largo realizar un balance de los daños políticos, económicos, sociales, culturales e incluso deportivos.  

Hemos estado -han estado- mareando la perdiz durante 10 años. Veinte si se añade el debate del Estatut.

Lo pagarán nuestros hijos porque, en plena revolución tecnología, el resto de países no esperarán a que los catalanes se pongan las pilas.  

Basta con ver el bloqueo político. Un gobierno en minoría que no puede aprobar ni los Presupuestos. O el hecho de que, en los últimos años, nunca se hayan presentado a la vez. Sin olvidar las elecciones anticipadas. Más que en Grecia. Maragall, unas. Mas, dos. Luego, Puigdemont. Esto tampoco es bueno.

Hemos convertido a Cataluña en un país inestable políticamente. Como aquellos países que tienen la desgracia de vivir en territorios sismológicamente peligrosos. 

 De hecho, después de la aplicación del 155 retrocedimos 40 años. Volvimos a los inicios de la Transición cuando se pedía "libertad, amnistía y Estatuto de Autononomía".  

Terminaré con dos preguntas: 

 - ¿Vamos bien? No, por supuesto 

 - ¿Estamos mejor o estamos peor? Peor, también es evidente.  

Ahora insisten en solucionar el "conflicto político". En buena parte lo crearon ellos o le alimentaron. El proceso ha terminado suprimiendo la sedición y rebajando la malversación para salvar el culo a una treintena de altos cargos de Esquerra. 

Pero no era eso, compañeros."           (Xavier Rius, director de e-notícies, 27/12/22; traducción google)

25/11/20

La decadencia puede llevar a Barcelona a ser “la Birmingham” de España. Barcelona fue el centro económico de España bajo el franquismo con una descentralización del poder inexistente. En el momento en el que se constituyó el Estado de las autonomías, ha sido la Comunidad de Madrid la más beneficiada

 "España ha logrado algo que otros países de su entorno han sido incapaces de sostener: dos grandes áreas económicas que mueven el país, Madrid y Barcelona y su área metropolitana, que es casi como decir Cataluña. No ocurre en Francia, ni en el Reino Unido, con grandes capitales como Londres y París que lo copan todo. Pero esa realidad puede ser diferente en los próximos años. 

Si Barcelona arrancaba en la Transición como el gran motor económico de España, ahora una suave decadencia, pero continua, la podría llevar a ser la “Birmingham” de España, en alusión a la tercera ciudad del Reino Unido. Es la visión del economista Andrés Rodríguez-Pose, profesor de la London School of Economics que, junto con Daniel Hardy, ha elaborado un amplio trabajo sobre la evolución de los dos grandes centros económicos de España.

La explicación de por qué Barcelona ha sido superada por Madrid sigue creando un gran malestar en la élite política y económica de Cataluña. En gran medida, el inicio del proceso soberanista, en 2012, se quiso justificar, por una parte de esa élite, como una reacción para recuperar el pulso económico. Pero ha habido otros muchos factores. Rodríguez Pose lo ha señalado en un acto organizado por la Societat d'Amics del País, conducido por el economista Martí Parellada.

Efecto capitalidad, pero no sólo eso

La idea central de Rodríguez Pose es que la falta de una clase política y económica más homogénea, a diferencia de la catalana, en los años 70 y 80 provocó un clima propicio en Madrid para el dinamismo económico posterior. El hecho de que “grupos distintos tuvieran que conectar con otros, sin que ninguno tuviera la hegemonía” permitió ese salto adelante, que llegaría a partir de los años 90.

 El profesor de la London School of Economics no esconde que Madrid “se ha beneficiado del efecto capitalidad”, y que eso nadie lo puede poner en duda, pero Barcelona partía con una clara ventaja, justo después de los Juegos Olímpicos de 1992, para ser la gran referencia económica de España. “Hubo diversas cuestiones, y es que esas clases económicas, más coordinadas, que eran una ventaja a principios de los 80, lo dejaron de ser, porque se cerró el paso a muchos otros”. El problema se estableció entre “los de dentro y los de fuera”, con una clase política --nacionalista-- que “cooptó” a la clase económica y cultural, algo que ocurrió también en Quebec, en Canadá, un caso que sirve para entender la situación en Cataluña.

“Hubo costes de entrada, y costes de transición, y el aumento de rentas se buscó con un acercamiento al poder”, señala el economista, que indica que, pese a todo, “a Barcelona no le ha ido nada mal, el problema es el potencial que tenía y cómo podría haber avanzado”. Eso le lleva a Rodríguez Pose a afirmar que Barcelona “pudo ser la Milán de España y puede derivar en la Birmingham del país, aunque no tenga nada contra esa ciudad porque, de hecho, allí estudia mi hijo”.

¿Dónde está el capital humano?

Pero el sentido fue claro. La dinámica de la economía mundial, al margen de la situación actual provocada por la pandemia, lleva a la concentración del poder económico en unas pocas capitales. En el Reino Unido es Londres, que ha arrasado con el resto de ciudades británicas, que quedan a mucha distancia. Sólo Londres concentra el 30% del PIB británico, mientras que en España la Comunidad de Madrid ha alcanzado el 19,2%, un poco superior al 19% de Cataluña.

Lo que falta es “capital humano, inversión en innovación y no tantas infraestructuras”, ha señalado Rodríguez Pose, que lo ha asegurado con convicción, a modo casi de provocación: “el corredor mediterráneo no es necesario, en España se concentran las mejores infraestructuras del mundo, pero se ha descuidado la innovación, la formación a jóvenes que dejaban de estudiar tras la secundaria, y con una muy poca capacidad de innovación empresarial”. Ese es el talón de Aquiles del conjunto de España, que afecta también a los dos grandes núcleos económicos, Madrid y Barcelona.

"Osificación" también en Madrid

Hay una cuestión política, sí, y también puramente económica, de concentración de capital y de inversiones. Madrid es el centro de las inversiones directas del extranjero en España, con un porcentaje humillante para el resto, hasta el 62%, por el 16% de Cataluña. Pero será necesario algo más. Para este economista, Madrid ha concentrado sectores económicos, como el financiero o el mundo de los seguros, “con poca capacidad de innovación”, incidiendo, por ejemplo, en que las fintech no están en Madrid. El problema es también la "osificación" de las elites madrileñas.

La cuestión es que es el futuro de España el que está en juego. “Si en los 80 y 90 España fue un modelo, ahora y en función de cómo reaccione, puede aparecer como un enfermo de Europa, porque es incapaz de transformar todo su potencial en un gran dinamismo”.

Los problemas internos catalanes

El reto es que tanto Madrid como Barcelona sepan tirar del carro y conseguir otros polos económicos en España, siguiendo el modelo de Alemania. Pero Rodríguez Pose no es partidario de hacerlo casi por decreto, o con una redistribución del poder que ahora se concentra en la capital española, como defiende el IVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. “Si se hace, si se llevan organismos o agencias estatales a otros puntos de España que se diga que es por criterios políticos, pero no económicos, porque éstos tendrían un efecto muy menor”.

La lección de todos estos años, desde la Transición, resulta una gran paradoja. Barcelona fue el centro económico de España bajo el franquismo con una descentralización del poder inexistente. En el momento en el que se constituyó el Estado de las autonomías, ha sido la Comunidad de Madrid la más beneficiada, al reunir una serie de características propias, y sin olvidar el llamado efecto capitalidad. 

En Barcelona, y por ende en Cataluña, las relaciones de poder, con el nacionalismo y las pugnas de poder internas y administrativas --problemas de Fira de Barcelona, dando pie a Ifema en Madrid, diferencias para diseñar el recorrido del AVE, entre muchas otras-- han conducido a una cierta parálisis. Se mantiene el 19% del PIB, mientras Madrid ha pasado en todos esos años, del 14% al 19%, pero la cuestión es el potencial que se ha perdido. Para Rodríguez Pose, mayúsculo.  "        (Manel Manchón, Crónica Global, 29/10/20)

14/9/20

¿El procés soberanista continúa su curso o ha finalizado? Ahora hay 4 procés: Lliga Democràtica se ubica en el espacio del catalanismo autonomista, PNC en el ámbito que va del autonomismo al independentismo no unilateralista, JxCat representa al nacional-populismo hiperventilado, independentista y unilateralista y el PDeCat cuyo alineamiento se presenta incierto... El procés soberanista se ha revelado como una máquina trituradora de partidos y figuras políticas, así como por dividir profundamente a la sociedad catalana en dos bloques antagónicos

 "En ocasiones surge la pregunta sobre si el procés soberanista continúa su curso o ha finalizado. Desde una perspectiva de estricta racionalidad política,  todo apunta a que el procés concluyó tras el fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la sentencia condenatoria a los líderes del movimiento secesionista. 

Sin embargo, desde un punto de vista emocional, el sector más hiperventilado del independentismo actúa como si el procés continuase operativo. Y hemos de tener en cuenta que para el movimiento secesionista los factores sentimentales pesan infinitamente más que los racionales. 

El carácter de religión laica del nacionalismo catalán le hace prácticamente inmune a los argumentos racionales. Si nos permite la metáfora tomada de la astrofísica, el procés sería como una estrella que se apagó hace decenas de años luz pero cuya desaparición no se detectó en la Tierra hasta pasado ese tiempo.

Estos distintos posicionamientos se reflejan en la profunda división del independentismo. Por un lado, Carles Puigdemont y el president vicario Quim Torra –bajo las siglas de Junts per Catalunya (JxCat) en disputa con el PDeCat- postulan la continuidad del procés mediante la denominada “confrontación inteligente” con el Estado. Una línea compartida por la CUP que aboga por proseguir con el enfrentamiento hasta generar una situación insostenible que obligue al Estado a negociar las condiciones del ejercicio del derecho de autodeterminación. 

Aunque desde Waterloo se ha lanzado una OPA contra la CUP al ofrecerle un puesto preferente en la lista de JxCat. De esta manera se busca dividir a esta formación de la izquierda independentista, ya que el sector más nacionalista, Terra Lliure, podría aceptar la envenenada propuesta, frente a la negativa del sector de Endavant de mayor sensibilidad social.

Justamente, esta orientación irredenta de Waterloo ha provocado la implosión del espacio de la antigua Convergència con la aparición del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) y la Lliga Democràtica, así como por la ruptura entre el PDeCat y Junts per Catalunya. Así, una parte muy notable de los cargos públicos en las cámaras legislativas española y catalana y en el Govern han abandonado el PDeCat para integrarse en el proyecto de Puigdemont. Ello no resulta extraño dado el férreo control de Puigdemont en la confección de las listas electorales, donde se purgó a los desafectos, y acaso por el oportunismo de ciertos dirigentes que perciben en esta formación al caballo ganador. 

Además, Torra, sin duda siguiendo las directrices de Waterloo, ha realizado una remodelación sorpresa de su gobierno cuyo objetivo principal es expulsar del ejecutivo a Àngels Chacon, la única consellera que no ha roto con el PDeCat y que se perfila como la cabeza lista de esta formación, pero también para ajustar cuentas con Miquel Buch, conseller de Interior, a quien ya intentó cesar tras la actuación de los Mossos d’Esquadra a raíz de los disturbios de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. También ha sido purgada –acaso para compensar- Mariangels Villallonga, consellera de Cultura, quien criticó la excesiva presencia de la lengua castellana en TV3 y en el Parlament. Todos ellos sustituidos por fervientes puigdemontistas como Ramon Tremosa, ex eurodiputado conocido por sus reiterados fake news. 

 Todo ello resulta congruente con el carácter autoritario de Puigdemont que no acepta la menor crítica ni discrepancia y que fulmina a quienes se atreven a hacerlo, como denunció en su día Marta Pascal, ex secretaria general del PDeCat y actual líder del PNC. En otro orden de cosas, está por ver si la purga de Chacón puede comportar una ruptura con Junts de los diputados que han permanecido fieles al PDeCat, lo cual podría comprometer la actual mayoría parlamentaria en la Cámara catalana y favorecer la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

De modo que este ámbito político se encuentra escindido en cuatro fracciones: Lliga Democràtica se ubica en el espacio del catalanismo autonomista, PNC en el ámbito que va del autonomismo al independentismo no unilateralista, JxCat representa al nacional-populismo hiperventilado, independentista y unilateralista y el PDeCat cuyo alineamiento se presenta incierto, en un espacio intermedio entre el PNC y JxCat. Está por ver si PNC, Lliga y PDeCat alcanzan algún tipo de acuerdo de coalición preelectoral el cual, de conseguir representación parlamentaria, podría romper con la actual mayoría absoluta independentista en la Cámara catalana.

El procés soberanista se ha revelado como una máquina trituradora de partidos y figuras políticas, así como por dividir profundamente a la sociedad catalana en dos bloques antagónicos. Esa lógica infernal ha llegado a sus propias filas entre durísimas acusaciones de traición a la causa patriótica hacia aquellos que se niegan a someterse al liderazgo autoritario de Puigdemont y a los dogmas crecientemente xenófobos y supramacistas de esa versión catalana del nacional-populismo europeo.

Por otro lado, ERC, entre numerosas contradicciones y sometida a la fuerte presión de Torra y Puigdemont, apuesta –comprobado el fracaso de la vía unilateral- por apurar la vía de negociación con el Estado, en la línea de ampliar la base social del movimiento independentista a fin de superar la barrera del 50% de los votos. Ahora bien, su propuesta estelar, la mesa de diálogo con el gobierno español, que fue una de las condiciones sine qua non para que ERC se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez, está siendo saboteada por Torra y Puigdemont al plantear condiciones inasumibles como la amnistía o el calendario para la autodeterminación. Por parte del ejecutivo español, el apoyo de ERC al ejecutivo español ha perdido valor de cambio, a raíz del viraje de Ciudadanos que parece dispuesto a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo cual haría prescindibles los votos de Esquerra.

En cualquier caso, Oriol Junqueras se ha desmarcado de la línea de confrontación de Puigdemont y Torra con el argumento de que ahora profundizar en esta orientación conduciría a una derrota segura, además de reclamar una concreción, de momento inexistente, en esta línea de enfrentamiento con el Estado.

En este sentido, resulta muy significativo, en la media que ejerce como portavoz de las elites catalanas, el artículo Cal ser pragmàtics https://www.ara.cat/opinio/Cal-pragmatic_0_2517948211.html de Andreu Mas-Colell, conseller de Economia en el gobierno de Artur Mas, donde argumenta que la vía de la confrontación no conduce a ninguna parte (es darse cabezazos contra la pared). Ni el gobierno español está dispuesto a aceptar la separación de Catalunya, ni ésta cuenta con apoyos en Europa. En conclusión, ante la enorme crisis económica que se avecina es preciso implementar una vía pragmática y de negociación con el Estado, a la manera del PNV, y dejar para tiempos mejores la aspiración a la independencia que el autor comparte.  (...)

Como hemos apuntado, el fracaso de la vía unilateral y la ausencia de objetivos tangibles tras una década de procés soberanista han derivado en una enorme frustración en los sectores más hiperventilados del movimiento independentista. Una frustración que se ha resuelto en hispanofobia y supremacismo, así como en actitudes sumamente excluyentes tanto respecto a la ciudadanía que no comparte su proyecto político como contra aquellos que aunque se declaren independentistas son considerados tibios o poco radicales en su actuación política.

Este sector del movimiento independentista se ha revelado inmune a la situación creada por la pandemia, la cual parecería favorecer la tendencia a decretar una especie de tregua en el conflicto político e identitario a fin de buscar una suerte de colaboración puntual con las instituciones del Estado para combatir la crisis sanitaria y socioeconómica. Por el contrario, para estos sectores el coronavirus ha sido percibido como una oportunidad para profundizar en la confrontación con afirmaciones del tipo “España nos mata” o que en Catalunya habría habido menos muertos de ser un Estado independiente, las cuales han sido desmentidas por la pésima gestión de la Generalitat de la crisis sanitaria.

Las elecciones en ciernes permitirán evaluar no solo la correlación de fuerzas entre formaciones independentistas y no independentistas, sino entre las diferentes facciones del movimiento secesionista. Desde luego, sería una pésima noticia que el sector más nítidamente nacional-populista, autoritario, supremacista y excluyente, se alzase con la posición hegemónica no solo dentro del movimiento secesionista, sino que se convirtiese en la fuerza más votada del país.

En condiciones de mínima racionalidad política, este sector del independentismo debería sufrir un severo varapalo en las urnas. Sin embargo, su carácter mesiánico y de religión laica impide validar este pronóstico. En cualquier caso, aunque no se vislumbren las condiciones para la efectiva independencia de Catalunya, el procés soberanista ha conseguido revitalizar al movimiento nacionalista cuando durante el pujolismo prácticamente había alcanzado todos sus objetivos históricos, acaso con la excepción de la financiación autonómica. Eso sí, a costa de generar una profunda fractura en la sociedad catalana y con la desaparición de la escena pública del denominado “catalanismo integrador”, sustituido por el independentismo excluyente.

 En definitiva, nos esperan unos meses sumamente convulsos en los que el sector más hiperventilado del movimiento secesionista intentará aprovechar los efectos de la crisis económicos derivada de la pandemia y de la inhabilitación de Quim Torra para profundizar con el conflicto e intentar destruir tanto las aspiraciones hegemónicas de ERC como de las formaciones que se reclaman tanto del catalanismo autonomista como del independentismo no unilateralista."                    (Antonio Santamaría, El Viejo topo, 10/09/20)

29/10/19

El Bloque Quebequés se reinventa tras aparcar las demandas de independencia: “Seguimos vivos”

"Y un año después, resucitó... “Yo diría que seguimos vivos”, se felicitó sonriente Yves-François Blanchet, líder del Bloque Quebequés (BQ) tras conocerse los resultados de las elecciones federales del lunes en Canadá . Tendrán 32 diputados, 22 más que en la última legislatura. 

El resultado –impresionante para un partido que hace un año se daba por muerto, víctima de las divisiones internas sobre la independencia– tiene mucho que ver con el liderazgo de Blanchet y su capacidad para entender cuáles son las verdaderas inquietudes de los quebequeses.

Casi un cuarto de siglo después del último referéndum de independencia en la provincia francófona, el porcentaje de quebequeses que apoyan la secesión ronda el 35%. La causa ha perdido fuelle, sobre todo entre los jóvenes. En este contexto, la insistencia de la anterior líder del BQ, Martine Ouellet, de defender la independencia en el Parlamento federal provocó hace un año la dimisión de siete de sus diez diputados. Al final, Ouellet se fue.

 Con el partido hecho añicos (“cadáver”, dijeron algunos), no hubo más candidaturas a sucederle que la de Blanchet, exministro de Medio Ambiente en el gobierno regional y exmanager de la mayor estrella de rock quebequés, reinventado como comentarista de televisión. “Defender los intereses de Quebec en Ottawa o defender la independencia de la provincia en la ciudad de Quebec no está muy de moda” pero “para mí es imprescindible no renunciar a ideas que son importantes”, decía antes de ser proclamado líder del partido en enero.  (...)

 Para seguir siendo relevante, concluyó, el partido debía aparcar las demandas de independencia para dar respuesta a las preocupaciones reales de los quebequeses. Principalmente, la defensa del medio ambiente y su identidad nacional frente a lo que perciben como ataques de otras provincias, en especial las del Oeste del país, que exigen a Ottawa inversiones y menos trabas para explotar los recursos petroleros del país.

“En Quebec hay entre un 30 y un 35% de la población que no se reconoce en los partidos políticos federalistas, (…) electores menos ligados a Canadá pero que quieren enviar un mensaje de oposición a la política federal”, ha explica a la agencia AFP François Rocher, politólogo de la Universidad de Ottawa. Bajo el nuevo liderazgo de Blanchet, el BQ ha sabido asumir los elementos más nacionalistas del discurso de la Coalition Avenir Québec, que se resumen en cuestiones identitarias”, dejando la cuestión del estatus de Quebec “completamente fuera” del debate hasta el final de la campaña, señala Rocher.

“Entendemos la profundidad de nuestro mandato pero también sus limitaciones”, dijo Blanchet el martes en la sede del partido. “Nuestro trabajo no es hacer que el federalismo canadienses funcione pero tampoco crear problemas. La gran diferencia entre el sentimiento de nación de Canadá y el de Quebec es que este no necesita ser exacerbado”, añadió. “¡Queremos un país!”, le respondió la multitud. “Yo también... Pero la soberanía no está en nuestro mandato”, respondió Blanchet, que sólo habló de independencia en la campaña a instancias de sus rivales, que decían que un voto por el BQ era un voto por la vuelta a debates del pasado.

La orientación ideológica del BQ ha cambiado a lo largo de su historia pero en los últimos años se había inclinado a la izquierda. Blanchet, sin embargo, lo ha acercado al partido regional de centro-derecha Coalition Avenir Québec, responsable de la ley sobre símbolos religiosos que quiere garantizar la laicidad de la administración pública. Muy popular en este territorio, la norma va en abierta oposición con la tradición multiculturalista de Canadá y el resto de partidos del país la consideran inconstitucional; sus ataques a la ley hicieron parte del trabajo a Blanchet en Quebec.

El nuevo BQ defiende sin fisuras esta y otras medidas tomadas por la provincia para asegurarse que los inmigrantes y refugiados hablan francés. Después de años a medio gas por la incertidumbre del debate independentista, la recuperación de la economía quebequesa ha aumentado la demanda de mano de obra, a la vez que la ansiedad de muchos ciudadanos sobre el futuro de su identidad nacional como único territorio francófono de Norteamérica. Blanchet les ha convencido de que el BQ les defenderá. (...)

  “Un día, en el momento que los quebequeses decidan y como ellos decidan, es posible que vuelvan a considerar convertirse en un país” pero no será el BQ quien decida cuando lanzar otro referéndum de independencia, afirma Blanchet, que ha prometido ser una voz por el “consenso” en el nuevo parlamento. "                       (Beatriz Navarro, La Vanguardia, 23/10/19)

11/10/19

Tambores de independencia en la provincia petrolera de Alberta. Un movimiento separatista se abre paso en Canadá, y no procede de Quebec, sino de la rica, conservadora y rebosante de petróleo Alberta... El hastío fiscal de un número creciente de sus ciudadanos tiene que ver con los pagos de ecualización o solidaridad para reducir desigualdades entre las provincias... vamos, con las balanzas fiscales

"Desde hace algunos meses, la palabra independencia aparece con cada vez mayor frecuencia en medios de comunicación de Canadá. Sin embargo, Quebec no es esta vez su punto de origen, sino la rica provincia de Alberta, una suerte de Texas canadiense con actividad ganadera, pujanza conservadora y, por encima de todo, petróleo a raudales. 

Según un sondeo publicado a principios de año por el instituto Angus Reid, el 50% de los habitantes de Alberta, en el oeste del país, veía posible la separación de Canadá. Otra encuesta, esta de Abacus el pasado julio, situaba en un 25% los habitantes de esta provincia —la más acaudalada del país, con una renta por habitante que roza los 80.000 dólares canadienses (algo más de 54.000 euros)— que votarían sí a la independencia de Alberta en un potencial referéndum. 

Pocas semanas después, la encuestadora Research Co. elevó esa cifra hasta el 30%, ligeramente por encima de la preferencia independentista entre los ciudadanos de Quebec, la provincia que hasta ahora había liderado el movimiento separatista en Canadá.

 ¿Qué hay detrás de este fenómeno? “Hemos sufrido por la caída de los precios del petróleo. Son miles de empleos perdidos. Sin embargo, el Gobierno federal no nos apoya para exportarlo. Al contrario: pone trabas a la construcción de oleoductos, restringe el libre comercio e impone regulaciones medioambientales que no funcionan”, se queja Peter Downing, fundador de Wexit Alberta, una plataforma que busca la independencia y que hace, con su nombre, un guiño claro al Brexit, jugando con el término west (oeste). 

Surgido en febrero, este grupo organiza reuniones en distintas poblaciones para difundir la idea. “Otras provincias, especialmente Quebec, se benefician del dinero que enviamos a la federación. La solución es la independencia”, dice a EL PAÍS. “Cuando abandonemos Canadá, tendremos una economía fuerte, una sociedad estable y buenos servicios”.

El hastío fiscal de Downing y de un número creciente de ciudadanos de Alberta tiene que ver con los pagos de ecualización o solidaridad, un sistema creado en 1957 —y que tiene rango constitucional desde 1982— para reducir desigualdades entre las provincias. El año pasado, Alberta aportó unos 20.000 millones de dólares canadienses (13.500 millones de euros) a la caja común.

Los deseos de independencia no son nuevos en Alberta. Ya fueron considerables en los años ochenta, cuando el plan nacional de energía —creado por Pierre Elliott Trudeau, padre del actual primer ministro— fue percibido como una intromisión federal. Las aguas se calmaron por la desaparición del plan y la presencia en Ottawa de algunos Gobiernos conservadores. Con la llegada de Justin Trudeau, sin embargo, la idea de la secesión ha vuelto a tomar fuerza con mensajes como “este país está roto” o “Alberta debe tomar su propia ruta” por la vía más tradicional —carteles— y por la más moderna —redes sociales—.

Downing no oculta su cólera hacia Trudeau hijo, aunque comenta que los problemas van más allá del Gobierno liberal: “Los pagos de solidaridad tienen ya muchos años. Además, Alberta cuenta únicamente con 34 asientos en el Parlamento federal, frente a los 121 de Ontario y los 78 de Quebec. Estas provincias imponen la agenda. No les importa nuestra opinión”. El líder de Wexit Alberta obvia, en cambio, que la población de Alberta supera por poco los cuatro millones de habitantes —la mitad que Quebec y la tercera parte que Ontario— y en Canadá el sistema de reparto de la representación política obedece fundamentalmente a criterios demográficos. 

En el plano fiscal, si bien Alberta contribuye abundantemente a la caja común, también es cierto que sus ciudadanos pagan —en promedio— menos impuestos que el resto de canadienses y la mitad que los quebequenses. Además, la provincia recibe fondos federales para ciertos programas sociales.

Frédéric Boily, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Alberta, señala que el sentimiento de alienación, muy propagado en el oeste canadiense —no solo en esta provincia, sino también en Saskatchewan y Manitoba—, no es un asunto menor ni reciente. Sin embargo, subraya, la situación por la que atraviesa la industria petrolera y la llegada de un Gobierno liberal en Ottawa en 2015 —con políticas mal vistas en este punto del mapa— han reavivado la llama independentista.

En el lado contrario, paradójicamente, también han crecido las voces que reprochan a Trudeau su apoyo a las empresas de hidrocarburos, la nacionalización del oleoducto Trans Mountain y el posterior anuncio de su ampliación. Y que piden que los gravámenes al carbono sean más ambiciosos.

Fuerza en las calles, pero no en las urnas

La traslación de los tambores de independencia que se escuchan en la calle al poder político real está siendo, sin embargo, muy lenta. El conservador Jason Kenney arrasó en las urnas en las últimas elecciones provinciales, la pasada primavera, y el Partido de la Independencia de Alberta obtuvo solo el 0,7% de los votos. “Los electores tenían en mente mostrar su descontento hacia la primera ministra Rachel Notley”, justifica Boily. “El resultado muestra que el impulso independentista actual proviene más de un sentimiento que de un verdadero programa político”. Y es que el principal reto para Wexit Alberta es, justamente, convertirse en la fuerza que lidere el movimiento independentista, que por ahora no representa una amenaza real para la integridad territorial de Canadá.

“Deben ocurrir tres cosas para que nuestro proyecto se posicione: unificar esfuerzos, que Trudeau consiga la reelección y que Kenney no cumpla sus promesas”, sostiene Downing. El nuevo premier de Alberta ha anunciado que celebrará un referéndum provincial en 2021 sobre los pagos de solidaridad si el Gobierno federal y algunas provincias siguen sin apoyar la construcción de un oleoducto hacia la costa atlántica, lo que desactivaría buena parte del sentimiento secesionista. “Da la sensación de que Kenney infla la amenaza independentista para aumentar la presión sobre el Gobierno de Trudeau en algunos asuntos”, analiza Daniel Béland, director del Instituto de Estudios sobre Canadá de la Universidad McGill. El objetivo de Kenney, opina, es presentarse como un interlocutor creíble y moderado.

También expresa que los resultados de las elecciones federales del próximo día 21 (cuya campaña arrancó el 11 de septiembre) marcarán en buena medida el futuro de las tensiones entre Alberta y la federación. “Si Trudeau consigue la reelección, las tensiones pueden continuar. En caso de un triunfo conservador, el panorama debería calmarse, ya que ese partido goza de mayor popularidad en la provincia”, afirma."                         (Jaime Porras Ferreira, El País, 08/10/19)