Xavier Rius, director de e-notícies: Queridos indepes: Si no os lo dicen vuestros líderes os lo diré yo: el Estado ha derrotado al proceso. Puede todavía prolongarse. Criticar, berrear, llorar... La "Agenda para el reencuentro" sólo habla del Mobile, el cambio climático y la lucha contra el machismo...

 "La victoria del Estado.

 Queridos indepes:

Si no os lo dicen vuestros líderes os lo diré yo: el Estado ha derrotado al proceso. Puede todavía prolongarse. Criticar, berrear, llorar. Pero està dat i beneït.

Sólo hay que ver la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra este jueves en Palau. Iván Redondo, el cerebro del sanchismo, se ha inventado un documento de 44 puntos. Artur Mas llevó uno a Rajoy de 23. Carles Puigdemont otro de 46. El pastisser boig no iba a ser menos. Torra uno de 21 cuando fue a la Moncloa.

¿Quién da más?

No sé si os habéis dado cuento pero el documento en cuestion se llama “Agenda para el Reencuentro”. Un reencuentro no es la república ni la independencia ni siquiera la autodeterminación. Parecía una reconciliación matrimonial. El reencuentro es el que vuelve a casa.
Más allá de vaguedades -“abrir vías de diálogo”, “evitar la judicialización de la política”, “regeneración democrática”- hay poca chicha. Bueno, sí, anular el juicio a Companys. Debe ser para contentar a Esquerra.

A mí me ha llegado al alma cuando Pedro Sánchez ha ofrecido apoyo para el Mobile, el cambio climático o la lucha contra el machismo. ¡Faltaría más!

Por supuesto ha insistido en varias ocasions en la palabra “diálogo”. Y en que “no va a ser fácil”. Pero que hay que dejar el "cansancio" atrás. Hasta el "hastío". Lo he dicho siempre: un presidente del Gobierno español -sea del PSOE, del PP, de Vox e incluso de Podemos- no se saldrá nunca de los márgenes marcados por la Constitución y las leyes.

No quiere ni puede.

En todo caso, no hay derrota si el otro contrincante no lo admite. Y Torra se la ha tragado por toda la escuarda. Ha empezado dando las gracias al personal de Palau por el recibimiento. No me extraña. ¡Parecía Donald Trump de visita! Luego lo de siempre: la amnistía, el fin de la represión, el regreso de los exiliados. Aunque esto tampoco es la DUI ni la independencia ni la autodeterminación.

Esto es salvar los muebles. 

Además, proceso parece a veces un simple ataque de cuernos. Torra quiere “una relación bilateral”. Marcar paquete. Y que Cataunya sea considerada “un sujeto político que toma sus propias decisiones”. Como el presidente de la comunidad de vecinos. También decide si hay que llamar al fontanero o al del ascensor. “Lo que está en juego es cuanta democracia es capaz de asumir el Estado español”, ha añadido en tono solemne.

No, lo que estaba en juego era la República catalana. Han provocado todo el estropicio para nada.

Los dirigentes independentistas tendrían, pues, dejar de sacar pecho. Y decir la verdad. Ser recibidos como héroes en el Parlament o en TV3 no ayuda.

Cualquier solución política pasa porque reconozcan al menos el daño causado.

Y, por cierto, incluso TV3 ha empezado a dorar la píldora. Tras la reunión estaban más suaves que nunca. Toca cambio de tercio."           (Xavier rius, director de e-notícies, 06/02/20)

"Iván Redondo se los lleva la huerto. La "Agenda para el reencuentro" sólo habla del Mobile, el cambio climático y la lucha contra el machismo.

 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, una "Agenda para el reencuentro", un documento de 44 puntos -ideado previsiblemente por su jefe de gabinete, Iván Redondo- que obviamente excluye la independencia e incluso el referéndum de autodeterminación.

Sánchez sólo ofrece el apoyo del Estado a la permanencia del Mobile World Congress en Barcelona y la lucha contra el cambio climático o el machismo. También garantiza su "apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030"

De este modo, el Gobierno español propone "abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Catalunya", "evitar la judicialización de la política" así como un "compromiso con la memoria democrática" que incluiría "anular las condenas y sanciones" del ex presidente de la Generalitat, Lluís Companys.

También una "reforma del sistema de Financiación autonòmica" y estudiar "los planteamientos tributarios de la Generalitat". De la misma manera, apuestan por dar un "impulso a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat" y dan un "sí, con matices" a las 'embajadas' catalanas en el exterior, que "deben ajustarse" a la ley española."                       (e-notícies, 06/02/20)


 "Torra cuela que Sánchez acepta la autodeterminación.

 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reconoce el derecho a la autodeterminación y el referéndum aunque el camino sea largo". "Es interesante que haya usado esta expresión", ha subrayado.

Sin embargo, ha lamentado que "no he tenido respuesta sobre el fin de la represión" y que "todavía hoy no sabemos cuál es la propuesta del Gobierno español". En este sentido, ha pedido "pasar de la cordialidad a las propuestas".

Durante su comparecencia posterior al encuentro en el Palau de la Generalitat, también ha expuesto que "sin resolver prisión y exilio no resolveremos el conflicto político" y ha reclamado que "Cataluña debe ser reconocida como un sujeto político que toma decisiones".

Quim Torra ha dejado claro que "no nos levantaremos nunca de la mesa del diálogo y la negociación", pero advirtió que "si hacemos una negociación, debe ser para abordar los problemas reales de fondo". "El presidente Sánchez ha hablado de esperanza de diálogo y lo celebro", ha sentenciado."              (e-notícies, 06/02/20)

Una confederación no es un Estado. Es una organización de estados independientes, y cada uno de ellos mantiene su soberanía y personalidad internacional... como la Unión Europea... Un Estado federal es sustancialmente distinto. Es un Estado, y mantiene una personalidad y una soberanía únicas. Internamente, se organiza en territorios que gozan de autonomía...

"(...) Empecemos por la teoría. Una confederación no es un Estado. Es una organización de estados independientes, y cada uno de ellos mantiene su soberanía y personalidad internacional. Lo que les une es un tratado internacional en el que se especifican las finalidades del mismo, así como las atribuciones que los estados ceden a un órgano común para alcanzar los objetivos propuestos. 

Los tratados tienen cláusulas que establecen los procedimientos por los que uno de los miembros de la confederación puede abandonarla. Puede hacerlo unilateralmente, ya que mantiene su soberanía, y, en caso de que el tratado que le vincula a la confederación no prevea una vía específica de salida de la misma, se aplican normas generales del derecho internacional público.

 El ejemplo más a mano de todo ello es el 'brexit', que nos permite ver la Unión Europea como una confederación. El Reino Unido comunicó a la UE en el 2017 su decisión de abandonarla, y, trabajosamente, se está aplicando lo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Sin contemplar la secesión

Un Estado federal es algo sustancialmente distinto. Es un Estado, y, desde el punto de vista internacional, mantiene una personalidad y una soberanía únicas. Internamente, se organiza en territorios que gozan de autonomía. Esa autonomía, que permite que esos territorios, o estados miembros, deriva de una constitución común. 

Es la constitución federal la que crea la federación, no un tratado internacional, y de ella se deriva la distribución de competencias. Por ella sabemos sobre qué materias puede legislar el Parlamento federal, y cuáles corresponden a las asambleas legislativas de los estados miembros. 

Además, la constitución federal dispone una garantía jurisdiccional de la distribución de competencias: los conflictos que surjan los decide un tribunal, según los casos el Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos, o el Tribunal Constitucional, como en la República Federal Alemana. Por último, un Estado federal es permanente: a diferencia de lo que ocurre en una confederación, las constituciones federales no prevén la secesión de sus miembros. 

 Las de San Cristóbal y Nieves (artículo 115), en el Caribe, y la de Etiopía (artículo 39), son excepciones a esa regla general.

Establecidas las diferencias, es importante recalcar que Estado federal responde a una técnica de distribución de competencias, a la que da rango constitucional y garantía jurisdiccional, pero esa técnica no implica que, necesariamente, se distribuyan muchas competencias. Si el Estado de las autonomías se convierte alguna vez en un Estado federal (soñar no cuesta nada), no tenemos que dar por supuesto que automáticamente las comunidades autónomas gozarán de mayores competencias. 

La centralización puede ser mayor, igual o menor que la que ahora existe; todo dependerá de cómo quede la distribución de competencias en la nueva Constitución. Incluso una confederación como la que puede considerarse la UE tiene un mercado interior con mayor homogeneidad económica y jurídica que federaciones como Estados Unidos y Canadá.

Para que el País Vasco o Catalunya tuvieran una relación verdaderamente confederal con España haría falta que esas tres entidades fueran soberanas, y, de mutuo acuerdo, establecieran un tratado internacional. Sin garantía de conseguirlo, porque dos no se confederan si uno no quiere, ya que ambos son soberanos. 

Creo que, en realidad, cuando se habla de un modelo confederal se está pensando en un modelo bilateral. Mejor dicho, para el caso del País Vasco, en un modelo aún más bilateral, si tenemos en cuenta la opacidad con la que se negocia el “cupo” que aporta el País Vasco a las arcas del Estado en virtud del concierto económico. Y cómo se aprueba en Madrid y en Vitoria, sin enmendarla, la ley que lo concreta. 

La bilateralidad es incómoda para el Estado porque no puede negarse a prestar en el País Vasco sus servicios, aunque entienda que el cupo ofrecido es insuficiente para sufragarlos. No imagino un modelo confederal con ese desequilibrio."                      (Xavier Arbós, El Periódico, 29/09/19)

País Vasco y Navarra ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. En mucha mayor medida el País Vasco, que presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

"La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco.  (...)

El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”.

Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. 

Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. 

Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. 

Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable. (...)

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. 

El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. 

Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. 

En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas.  (...)

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. 

Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). 

No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. 

El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. 

A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. 

Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que  puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado.

 Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamás la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas."                    (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 30/11/17)

El problema no es étnico ni cultural ni lingüístico; reducido a lo esencial, podría formularse así: Barcelona quiere más poder y Madrid no quiere dárselo

"EL 6 DE OCTUBRE pasado se publicó en el suplemento en catalán de este periódico una entrevista con Santi Vila, consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, que me imagino que la mayoría de ustedes no leyó porque, que yo sepa, no se ha traducido al castellano. 

Es una lástima. Si la hubieran leído, habrían comprendido que muchas ideas que campan por sus respetos en España sobre el independentismo catalán son equivocadas. Ahora bien, no hay forma de resolver un problema cuando se tiene una idea equivocada de él: es como intentar curar una úlcera gastroduodenal con un tratamiento contra el catarro. 

Si se quiere curar una úlcera, lo primero es saber que se tiene una úlcera; lo segundo, querer curarla. Hay razones para pensar que, en el caso del independentismo catalán, no se da ninguna de las dos condiciones. Y que por eso estamos como estamos. (...)

Por supuesto que en Cataluña aún hay gente apegada a una concepción étnica, cultural y lingüística del independentismo; la ha habido desde hace más de un siglo, y la seguirá habiendo. Lo nuevo, lo que ha provocado la crisis actual, es que a los independentistas de siempre se han sumado otros que no comparten esa anticuada visión de las cosas: para ellos, la independencia no es una cuestión primordialmente identitaria, sino económica y política.

Uno de estos independentistas de nuevo cuño es Santi Vila, quien asegura que llegó al independentismo “a rastras”.

 Es verdad que Vila es un personaje singular: en el contexto de su partido (la antigua Convergència), exhibe una insólita independencia de criterio, y por momentos algunos pensaron en él para que sustituyera a Artur Mas y tratara de evitar que ese político calamitoso se llevara por delante lo que quedaba de su partido y de Cataluña; pero precisamente por eso las opiniones de Vila son más significativas: él se atreve a decir lo que muchos callan. Lo que dijo, por ejemplo, en la entrevista que mencionaba al principio. 

Allí declara: “Sería un error construir una cultura propia. Defiendo el proceso soberanista sólo por razones políticas, de reparto y de organización del poder. Hay una atrofia de organización y reparto del poder del Estado que ha llevado a que Cataluña se sienta incómoda. Hay un reparto económico y político injusto y distorsionado que disloca.

 Es evidente que la cultura catalana siempre será españolísima, y espero –y esto es un deseo político– que cada vez sea más mestiza, abierta y plural. No imagino ningún escenario político con un posicionamiento monocolor en relación con la lengua, la historia, las tradiciones”. 

Y cuando le insisten sobre la cuestión de la lengua, responde que el catalán necesita protección, pero las políticas culturales del Gobierno no pueden ser monolingües. “El nuestro es un país bilingüe”, zanja, taxativo.

Ahí lo tienen: ni sólo catalán, ni sardanas, ni mel i mató, ni pan con tomate (ni siquiera el pobre Lluís Llach). Más claro, imposible: el problema no es étnico ni cultural ni lingüístico; reducido a lo esencial, podría formularse así: Barcelona quiere más poder y Madrid no quiere dárselo. 

Bien mirado, es un debate perfectamente legítimo, que, si de verdad hay ganas de enderezar el tuerto, se puede y se debe tener (y que es mucho más fácil que un debate imposible sobre identidades). Todo lo demás es atacar un problema del siglo XXI con antídotos no ya del siglo XX, sino del XIX. Todo lo demás es ornamento, flatus vocis y gesticulación. Todo lo demás es perder el tiempo."             (Javier Cercas, El País, 04/12/16)

Ningún problema de estructura del Estado se va a poder abordar sin el concurso del conjunto de las comunidades autónomas. La negociación bilateral no es una alternativa para desactivar el independentismo

"(...) La posibilidad de la bilateralidad como vía interpretativa de la Constitución desapareció en el momento de la construcción inicial del Estado con base en dicha Constitución.

 El resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica en Andalucía, el 28 de febrero de 1980, extendió el certificado de defunción de dicha posibilidad. A partir de entonces, la bilateralidad es un espejismo. Pretender gestionar la diversidad territorial de España a partir del principio de bilateralidad es desconocer la historia constitucional democrática del país.

Me temo que el nacionalismo catalán no ha acabado de entenderlo. Políticamente España no es la que ellos piensan que es. Ningún problema de estructura del Estado se va a poder abordar sin el concurso del conjunto de las comunidades autónomas. Ya no se puede ni siquiera intentar abordarlo como se hizo en el momento de inicial puesta en marcha de la Constitución. 

En el otoño de 1979, cuando se pactaron entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la representación parlamentaria vasca y catalana los estatutos de ambas nacionalidades, todavía se podía intentar buscar solución a los problemas de estructura del Estado con base en una negociación bilateral. Hoy ya no es posible. Dejó de serlo inmediatamente después de que se produjera el intento.

La reacción que se ha producido ante el simple indicio de que se pudiera estar pensando en dar una respuesta singularizada a la financiación de Cataluña ha venido a confirmarlo. Ningún Gobierno de España puede hacer frente a la mera sospecha de parcialidad territorial. Ni siquiera en las filas de su propio partido. La recepción que ha tenido en el interior del PP la propuesta de Alicia Sánchez-Camacho habla por sí sola.

La negociación bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de la Nación, a fin de reconducir el debate independentista a unos términos aceptables para ambas partes, es una posibilidad que no existe. 

Tengo dudas de si, a estas alturas del guión, sería posible poner en marcha una iniciativa de esta naturaleza en el Parlamento de Cataluña, pero estoy convencido de que sería imposible hacerlo en las Cortes Generales. La negociación bilateral no es una alternativa para desactivar el independentismo.

La única alternativa para definir de manera distinta la posición de Cataluña en el Estado español pasa por la reforma de la Constitución. En mi opinión, sería la mejor de las posibles. Pero, me temo, que ni el PP ni los partidos más representativos del nacionalismo catalán están por seguir ese camino. En consecuencia, es una vía tan pensable jurídicamente como imposible en términos políticos. (...)

Nos hemos instalado en el disparate y cada día parece más difícil imaginar siquiera como se puede salir de él. Nada me gustaría más que equivocarme y que se pudiera encontrar una vía de solución en la que nadie se sintiera humillado. Pero cada vez lo voy viendo más difícil."                 ( Javier Pérez Royo , El País, 18 OCT 2013 )

¡¡ Nos roban los catalanes !!

"José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura, el 23 de enero de 2010 en relación a la reunión entre el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara:

“No olvidamos que quien nos ha quitado y nos ha robado la cartera y buena parte del futuro a los extremeños ha sido el gobierno catalán que ha supeditado una financiación autonómica hecha a su medida.

[El viernes Vara y Montilla] bailaban la sardana [mientras que los extremeños] han perdido recursos del Estado y recursos necesarios para el legítimo desarrollo [de la región], de sus servicios públicos y de sus personas”. (lavozdebarcelona.com, 24/01/2010)

Ver respuesta de Pilar Rahola: e-noticíes, 26/01/2010

O sea, que el 36% de los catalanes no pueden imponer la ley que elijan, democraticamente, al resto de los españoles

"Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, el 21 de enero de 2010 en La Vanguardia:

‘La base teórica de estas equivocadas apreciaciones es la consideración del Estatut no como una norma jurídica sino como un pacto político, un acuerdo entre dos sujetos diferenciados, Catalunya y España, cada uno de ellos con sus propias normas supremas. Es obvio que ello no es así. La Constitución es una norma suprema eficaz en todo el territorio estatal y jerárquicamente superior al resto de normas, entre ellas los estatutos de las comunidades autónomas. Ambos tipos de normas son, pues, válidas y vigentes, con la diferencia de que la Constitución es aplicable en todo el territorio nacional y el Estatut sólo en el territorio de Catalunya.

[…] Por todo ello, el cometido de la sentencia sobre el Estatut no es configurar un nuevo Estado de las autonomías para los próximos años, como algunos desean y otros temen. Esta no es la función de los jueces constitucionales sino de los poderes políticos, incluyendo entre estos al poder constituyente, el poder de quien tiene la facultad de reformar la Constitución. La función del TC se limita a declarar si los preceptos estatutarios caben o no dentro del ámbito de la Constitución’." (lavozdebarcelona.com, 22/01/2010)

El Estado deja de ingresar 2.500 millones por el cupo del País Vasco

"El sistema foral vasco de impuestos ha permitido a esta Comunidad Autónoma no pagar a las arcas del Estado unos 2.500 millones de euros, en concepto de cupo y ajuste del IVA, entre los años 2002 y 2006, según un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, afirma en el ensayo hecho público este lunes que de ahí parte la capacidad del País Vasco para ofrecer privilegios fiscales a las empresas para conseguir su implantación en la región, en detrimento de las comunidades de régimen común limítrofes con el País Vasco, lo que ha sido cuestionado en la Unión Europea.

Según ha informado La Nueva España, el estudio, en el que también ha intervenido Ignacio Zubiri Oria, señala que el sistema foral ’supone un caso claro de federalismo asimétrico, y más concretamente un caso de asimetría de iure, en el doble sentido de disponer de un sistema de negociación específico, que otorga importantes ventajas comparativas y de gozar de una amplísima autonomía en el terreno tributario, que la coloca más cerca de una Hacienda nacional soberana que de una hacienda regional‘." (lavozdebarcelona.com, 23/06/2009)

El federalismo asimétrico, es insostenible... y va contra la base social socialista

"El informe sobre la democracia en España 2009 editado por la Fundación Alternativas, dirigido por el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, en su apartado sobre la financiación autonómica, señala como "poco probable" que el nuevo modelo de financión que está negociando estas semanas el Gobierno con las comunidades autónomas "esté vigente durante un largo periodo de tiempo".

En el texto se afirma que este modelo, vigente durante 10 años, está abocado a una "inestabilidad crónica", y lo atribuye al peso de las relaciones bilaterales en la negociación y a que las desigualdades en la financiación por habitante entre las comunidades forales y el resto de las comunidades autónomas están lejos de desaparecer. (...)

Subrayan, a este respecto, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "está obligado a negociar con un escaso margen de maniobra debido a las restricciones que imponen los nuevos estatutos, la contradicción de intereses entre las comunidades autónomas que componen la base electoral socialista y la menor capacidad del partido de vertebrar un debate en el que las alianzas se establecen alrededor de los intereses territoriales, no del color político".

El informe destaca que "estas limitaciones pueden acabar desvirtuando el contenido del acuerdo de financiación", y a ellas hay que añadir las derivadas de la coyuntura económica, que "no facilitan precisamente la negociación concreta".

El nuevo sistema de financiación autonómica implicará un aumento de la corresponsabilidad fiscal, de la reducción del mecanismo de nivelación entre los territorios, mayores compensaciones a las comunidades con un mayor aumento de población, la garantía de que todas las comunidades recibirán mayor financiación con el nuevo sistema y la creación de fondos ad hoc que sirvan de compensación. Estas medidas nuevas, según los expertos, tienen un precio, que es "la ausencia de transparencia y la improvisación". (...)

Pero se destaca por encima de todo ello que la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo representa un cambio cualitativo en la nivelación de los servicios no esenciales -los que no corresponden a sanidad, educación y servicios sociales-en las comunidades autónomas, pues pasa de ser un mecanismo basado en la redistribución de recursos de unos territorios a otros a ser fundamentalmente una responsabilidad de la Administración central.

Lo mismo sucede, añade el informe, con el hecho de que por primera vez se plantee la reducción de la nivelación del sistema a los servicios esenciales, pues ello puede abrir la vía a futuras disminuciones del grado de nivelación de las políticas." (El País, ed. Galicia, 14/06/2009)

El Vall d'Aran se independiza... de Cataluña

Los tres grupos políticos del Conselh Generau d'Aran –los socialistas de Unitat d'Aran, Convergència Democràtica Aranesa y el Partit Renovador d'Arties i Garòs– reclaman a las instituciones catalanas que reconozcan al valle como "realidad nacional con entidad propia", además de una autoridad lingüística aranesa y asumir la autogestión de sus impuestos.

Lo que no logró Catalunya en la última reforma del Estatut --ser reconocida como nación--, espera conseguirlo el Vall d'Aran con la nueva ley especial de la comarca, presentada al público esta semana. Los tres grupos políticos del Conselh Generau d'Aran --los socialistas de Unitat d'Aran (UA), Convergència Democràtica Aranesa (CDA) y el Partit Renovador d'Arties i Garòs (PRAG)-- han consensuado un borrador en el que reclaman a las instituciones catalanas que reconozcan al valle como "realidad nacional con entidad propia".

También piden crear una autoridad lingüística aranesa, formar una veguería propia --distinta a la del Alt Pirineu-- y, sobre todo, asumir la autogestión de sus impuestos.

La propuesta de ley del régimen especial, que será enviada a la Generalitat para que revise su contenido y le dé trámite parlamentario, establece, en el artículo 3 de su preámbulo, que "los ciudadanos de Catalunya y sus instituciones políticas reconocen a Aran como una realidad nacional como una entidad propia, dotada de identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística, defendida por los araneses a los largo de los siglos". En el mismo punto también se dice que Aran es una "comunidad política y entidad de naturaleza territorial", donde el autogobierno ejerce "funciones propias del Govern de la Generalitat" y funciones de la Administración local.

COMISIÓN BILATERAL

El documento reclama la constitución de una comisión bilateral entre la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran y reivindica la creación de un fondo de cooperación específico para el valle pirenaico dentro de los presupuestos autonómicos. También prevé que el Conselh Generau pueda "proponer al Parlament de Catalunya el establecimiento de tributos propios de Aran, siempre que no se incurra en duplicidad impositiva". De esta manera, recoge el borrador, se logrará una "suficiencia de recursos para el Conselh Generau". El objetivo es crear un modelo propio de financiación y, por tanto, garantizar el ejercicio adecuado del autogobierno, explicó ayer un portavoz del Conselh.

Otra petición que puede generar controversia es la negativa de los araneses a formar parte de "ninguna otra división territorial ni administrativa de Catalunya, que no sea ella misma". (Fundación para la Libertad, citando a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, 5/6/2009)

¿Pedirá tener una Seguridad Social propia, o la compartirán con el resto de Cataluña? En el caso de no poder sostenerla... claro, que si no...

Nota: unos comentarios anónimos me indican que el Vall d'Aran puede tener la misma Seguridad Social que Andorra. No lo creo. Que Europa le deje convertirse en un paraíso fiscal o un centro de distribución de contrabando. Y sin ese peculiar "modelo andorrano" no creo que el turismo y sus recursos le alcancen para montar una Seguridad Social digna de tal nombre.

¿Todos iguales... o desiguales?

"Fracesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, el 23 de abril de 2009 en La Vanguardia:

‘Somos una nación. Bien. Catalunya tiene, además del castellano, una lengua propia y un derecho civil antiguo, hoy de muy escasa aplicación, y casi nada más que nos diferencie del resto de España. Todo ello se reconoce y protege en la Constitución. Sin embargo, creemos tener derechos, inalienables por supuesto, a ser tratados por el Estado de forma distinta al resto de los ciudadanos españoles. ¿Por qué? No lo entiendo, precisamente un Estado democrático significa, antes que nada, la igualdad de derechos. ¿Tenemos los catalanes un derecho a la autonomía de más alcance que el resto de los españoles? No, por supuesto. Como demócrata no puedo sostenerlo’." (lavozdebarcelona.com, 23/04/2009)

La bilateralidad... defensiva

"La reforma empieza en Cataluña y se extiende. Se les pregunta a los catalanes: "¿Para qué quieren reformar su Estatuto?", y responden: "Para defenderme del Estado". Y luego vienen otras comunidades y dicen: "Queremos reformar el Estatuto para defendernos de Cataluña". (JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA: "Con el Príncipe en el trono sería un buen momento para un nuevo pacto institucional". El País, Domingo, 09/11/2008, p. 6/7)

La bobada del derecho a la autodeterminación

"Por su parte, el senador Anasagasti contaba en su blog su encuentro en Barajas con un empresario vasco que le recomendó dejar de lado el derecho a decidir "porque la gente está muy preocupada por su empleo, por sus depósitos, por sus pensiones".

No está el horno para bollos, podría resumirse; o para bobadas: "El derecho de las naciones a la autodeterminación parece un principio que podría llevarse a la práctica y generar soluciones únicas y especialmente vinculantes en diversas situaciones concretas de conflicto, pero no es más que una bobada".

Ernest Gellner es seguramente el más conocido estudioso del nacionalismo de las últimas décadas. Poco antes de su fallecimiento, en 1995, sintetizó en una obra breve, Nacionalismo, sus conclusiones de muchos años dedicados al análisis de esa ideología. Es en ese libro donde aparece la frase citada. Suena bien, parece una idea obvia, la autodeterminación; pero no pasa de ser "una bobada" porque no resuelve ningún problema que no pueda solucionarse por los procedimientos democráticos ordinarios; mientras que su invocación puede contribuir, y con frecuencia contribuye, a hacer irresolubles esos mismos problemas.

Entre otras cosas, dice Gellner, porque "los principios implicados en su aplicación no se respetan entre sí". ¿Por qué tiene ese derecho Euskadi y no lo tiene Álava? ¿Por qué cinco referendos contrarios a la separación son provisionales pero uno a favor sería definitivo? (PATXO UNZUETA: No estamos para bobadas. (El País, ed. Galicia, España, 24/10/2008, p. 18 )

¡El trasvase del Tajo-Segura es nuestro! ¿Y el Segura también?

"Castilla-La Mancha amenaza con retirar el Estatuto si el Congreso lo devalúa.
La unanimidad de las Cortes de Castilla-La Mancha, en las que el PSOE y el PP se congratularon de aprobar un nuevo Estatuto para su región en el que destaca la exigencia del fin del trasvase del Tajo al Segura en 2015, se truncó ayer en el Congreso. (...)

El malestar de los socialistas se mitigó en parte por solidaridad con Barreda ante el ataque directo y personal que le lanzó el portavoz adjunto del PP, Arturo García Tizón, diputado por Toledo y firme defensor del fin del trasvase. "Usted no ha hecho hoy el discurso adecuado, ha hecho el discurso del agua y no del Estatuto de Castilla-La Mancha, mostrando a nuestra región insolidaria con el resto de España"

El Estatuto dice: "Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que, en todo caso, se producirá en 2015". (El País, ed. Galicia, España, 15/10/2008, p. 14)

"El debate tuvo como testigo mudo y en posición incómoda a María Dolores de Cospedal, número dos del PP, líder de la oposición en Castilla-La Mancha y senadora. Renunció a intervenir para defender el Estatuto que pactó y juró defender. Cuando el portavoz del PP, Arturo García-Tizón, arremetía en la tribuna contra Barreda ella miraba incómoda. Cuando los diputados del PP aplaudían a García-Tizón, ella cruzó los brazos, puso cara de circunstancias y bajó la cabeza." (El País, ed. Galicia, España, 15/10/2008, p. 14)

""El trasvase es nuestro" Un grupo de regantes lleva al Congreso 120.000 firmas en apoyo del Tajo-Segura.

Nos jugamos mucho, por eso nos vamos al Congreso de los Diputados. Queremos presentar las 120.000 firmas que hemos recogido en Murcia, Alicante y Almería en favor del trasvase, para que sepan que no somos unos pocos, sino que además de los 70.000 agricultores que riegan sus campos desde hace más de 30 años si todos los habitantes del sureste español nos apoyan". (...)

Los regantes, casi todos de unos 50 años, no querían ni oír hablar de la caducidad de trasvase. "Sin el Tajo-Segura tendríamos que volver a marchar a otras partes de España o de Europa, como tuvieron que hacer muchos, que gracias al agua han podido volver a su tierra", explicó Tarsicio Ruiz, de Abanilla (Murcia). Este regante es de los que apuesta por la construcción de una nueva toma del Tajo-Segura en el pantano extremeño de Valdecañas. (...)

"¿Alguien entiende que la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente pague y nos haga pagar millones para modernizar nuestros regadíos y meses después no nos garanticen el elemento básico?", se preguntaba otro de los regantes." (El País, ed. Galicia, España, 15/10/2008, p. 15)