Adiós al mito del déficit fiscal catalán Los académicos y los propios dirigentes independentistas aparcan la cuestión, con Cataluña en la media de las comunidades de régimen común

"¿Déficit fiscal? El concepto aparece de forma periódica, pero sin la fuerza de años atrás. El independentismo ya no lo tiene como una reivindicación central. No le interesa. 

El mantra ahora es que España no es un estado democrático, que mantiene un legado franquista y que es incapaz de reconocer el derecho de autodeterminación. Pero ¿qué ha pasado con la cuestión económica? Los propios académicos y los dirigentes independentistas mantienen que existe el déficit fiscal, pero que queda lejos de la tragedia que se había denunciado.  (...)

Cataluña, en la media, con 100,7

Los últimos datos los han ofrecido el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el BBVA. Los dos organismos calculan las llamadas balanzas fiscales, y los números son similares. Cataluña aparece en la media de las comunidades autónomas, aunque parte de una posición alta, y aporta más recursos al conjunto que otras autonomías. Es lo lógico si se atiende la distribución de la renta de sus ciudadanos.

Si la media es 100, Cataluña aporta lo que sería equivalente a 122. Se trata de la tercera comunidad que más aporta. Cuando llegan todos los recursos a la caja común y se redistribuye, Cataluña se queda en 100,7, y eso la relega a la décima posición en el ranking. Al margen del montante de recursos que se podrían quedar en la comunidad --esa ha sido la petición histórica del nacionalismo y de una parte de los socialistas catalanes—, lo que se reclama realmente es que esa posición final se ajuste más al punto de partida. Es decir, se puede ser la tercera en aportar, y tal vez la quinta en recibir. ¿Pero la décima?

Madrid, con más riqueza, se queda en 100,8

Eso es lo que se ha llamado ordinalidad: no perder la posición inicial, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, autor del estudio para el BBVA, entiende que se podría atender esa reivindicación. Lo señala en esta entrevista para Crónica Global. En su trabajo, Cataluña se queda en el 100,9, casi igual que en el estudio del IEB, que ha dirigido Núria Bosch, junto a Maite Vilalta.

Madrid es la comunidad que más aporta. Parte de un índice de 143,7, y se queda en novena posición, en el 100,8, una vez se asignan todos los recursos.

Pagar por PIB y recibir por población

En el caso de Cataluña, en 2017 habría conseguido estar ligeramente por encima de la media. Lo señala el IEB, y también el informe del BBVA. En 2016, se había quedado en el 99,9. Eso, en recursos tributarios en euros, supone que Madrid produce unos 3.306 euros por ciudadano, y se queda, tras las transferencias, con 2.516 euros. Respecto a los catalanes, estos se quedan con 2.513 (casi igual que Madrid), partiendo de 2.807 euros.

Al margen de los dos modelos que existen para calcular esas balanzas fiscales, el del flujo monetario o el del flujo del beneficio, se ha acabado consensuando una idea: las comunidades deben pagar por PIB, y recibir en función al peso de su población, a partir de los servicios que necesiten. Ese criterio lo ha suscrito el exconsejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell, que entiende que, en ese caso, Cataluña presenta un déficit fiscal que podría ser asumible.

Débil identificación con España

Maite Vilalta, vicerrectora de la UB, y experta en el estudio de las balanzas fiscales desde el IEB, señala que, en ese caso –19% del PIB español, 16,1% de la población—, el déficit fiscal alcanza los 2.985 millones de euros, el 1,5% del PIB catalán, lejos de los 11.068 millones de euros, el 5,6% del PIB, que señala el método del flujo monetario sin neutralizar (que había sido el método al que se agarraba siempre el independentismo).

El problema de fondo es otro. Ya no es el llamado déficit fiscal, sino que ha aflorado la gran cuestión: la débil identificación de una parte notable de la sociedad catalana con el Estado-nación que es España. Es un problema político, que se ha adornado en los últimos años con esa cuestión económica.

Entre Quebec y Alberta

Lo ha apuntado Vilalta, en un trabajo para Política y Prosa, haciendo referencia a los estudios del profesor Mintz de la Universidad de Calgary, en Canadá. Mintz lo explica en Two Different Conflicts in Federal Systems: An Application to Canada, 2018. En los sistemas federales, señala, se pueden dar dos tipos de conflictos: uno de preferencias y otro de reclamaciones. 

En el primero, la población de una parte de un territorio, por distintos motivos, culturales e históricos, tiene preferencias diferentes al resto sobre cuestiones políticas básicas, como la propia configuración del Estado. El segundo caso surge cuando hay territorios con un nivel superior de riqueza que se espera que sea compartida. En Canadá, el primer caso afecta a Quebec, y el segundo a una provincia rica como Alberta.

Resulta que Mintz se refiere a Cataluña como un caso donde se producen las dos cuestiones mencionadas: el conflicto de reclamación (agravio fiscal) se refuerza por la poca identificación de una parte de la población catalana con el Estado-nación español. Y en eso estamos. Puede haber un déficit fiscal, más o menos tolerable, pero que se considera insoportable si se considera que España no es tu país. ¿Cómo se resuelve? Esa es la parte política principal, después de que el mito fiscal se haya diluido."                      (Manel Manchón, Crónica Global, 03/11/19)

Tabarnia (Barcelona+Tarragona) presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña, según un informe de CCC... o sea, Cataluña roba a Barcelona y Tarragona

" Uno de los grandes mantras del nacionalismo catalán era que España no publicaba las balanzas fiscales como sí hacían el resto de países europeos. 

Una vez se ha demostrado que la premisa no era cierta y que ningún Estado del continente las publica, desde el nacionalismo siguen denunciando una supuesta situación de agravio por un elevado déficit fiscal de la Administración central del Estado con Cataluña.

Con el objetivo de combatir esta otra premisa del nacionalismo, la entidad Convivència Cívica Catalana ha elaborado un informe que demuestra que la región ficticia de Tabarnia sufre un déficit fiscal de 4.659 millones de euros respecto a la Generalitat. “El déficit fiscal que tiene Tabarnia es similar al que tiene Cataluña con España”, explica a Crónica Global el coordinador del informe.

Se trata, en ambos casos, a una situación equiparable a la que existe en el resto de Europa entre las regiones más prósperas y las que menos. Y, aseguran, no tiene ningún elemento de "agravio" real más allá de la solidaridad interterritorial.

Cataluña roba a Tabarnia

De acuerdo con el informe, titulado Las balanzas fiscales dentro de Cataluña, la Administración catalana obtiene de Tabarnia el 82% de sus ingresos, pero sólo retorna a la región el 66% de sus gastos.

Tabarnia es la región más desarrollada, industrial y que más riqueza genera y, ateniendo a la lógica del nacionalismo, verían cómo todos sus esfuerzos se van a las zonas improductivas de la Cataluña interior. Este argumento, como todo el ideario que hay detrás de la idea de Tabarnia, saca a relucir las contradicciones del nacionalismo catalán. “La Generalitat no publica las balanzas fiscales que tanto reclama al Estado español, ocultan los flujos fiscales dentro de Cataluña”, sostienen.

Un tabarnés aporta 838 euros más

Los ciudadanos y empresas de Tabarnia aportan 23.843 millones a las arcas catalanas. Sin embargo, el Govern únicamente destina 19.184 millones en gastos e inversiones. En términos per cápita, de media cada tabarnés aporta al Govern 838 euros más de lo que recibe.

El informe también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia representan un 78% del PIB catalán, pero en infraestructuras reciben menos de la mitad (47%): “El Gobierno catalán incumple claramente esa regla dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, de modo que las comarcas más dinámicas obtienen un retorno en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB", explican.

La misma metodología

Los autores del análisis explican que han utilizado la misma metodología que emplea el nacionalismo catalán para calcular su déficit fiscal respecto al Estado central. No obstante, destacan que hay “más información a nivel autonómico” que a “nivel provincial”.

Su conclusión principal es que existe una “transferencia fiscal” muy relevante desde Tabarnia hacia la Cataluña interior y que, en términos relativos, genera "un déficit fiscal equiparable al de Cataluña dentro de España”. Insisten en que su objetivo es sacar a relucir las “incoherencias” del nacionalismo, que tampoco da a conocer ni comparte sus balanzas fiscales internas."          (Crónica Global, Laura Fábregas, 19/07/18)

"En los últimos tiempos ha aparecido un concepto nuevo en la política catalana, que ha ido cobrando fuerza tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Se trata de Tabarnia, un territorio que agruparía a las comarcas de Cataluña en torno a las ciudades de Barcelona y Tarragona caracterizadas por un mayor nivel de desarrollo industrial y población urbana junto con un menor porcentaje de voto nacionalista.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) analiza en un informe algunas de las principales variables a nivel económico de este territorio, incluida su balanza fiscal con el gobierno de Cataluña.

Una de las principales conclusiones del análisis efectuado es que la administración catalana obtiene de Tabarnia el 82% de sus ingresos pero destina a este territorio sólo el 66% de sus gastos.

Ello significa, en términos relativos, que el gobierno catalán impone a Tabarnia un déficit fiscal más elevado que el de Cataluña dentro de España.

En valores absolutos, Tabarnia presenta un déficit fiscal de 4.659 millones de euros dentro de Cataluña. Sus ciudadanos y empresas aportan al gobierno catalán 23.843 millones pero solo reciben de él en gastos e inversiones 19.184 millones.

En términos per cápita, de media cada ciudadano de las comarcas que componen Tabarnia aporta al gobierno de Cataluña 838 euros más de lo que recibe.

El estudio de las balanzas fiscales dentro de Cataluña evidencia en términos generales que el gobierno catalán extrae recursos de forma significativa desde las zonas no nacionalistas de Cataluña para transferirlos hacia las de voto más nacionalista.

Por otra parte, el análisis también pone de relieve que las comarcas que conforman Tabarnia aportan más de tres cuartas partes del PIB de Cataluña (en concreto, un 78%), pero reciben menos de la mitad (47%) de las inversiones reales del gobierno autonómico de Cataluña en materia de infraestructuras.

Se trata de una diferencia muy sustancial: 30 puntos porcentuales por debajo de la aportación al PIB. Ello es políticamente relevante ya que, como es conocido, una de las principales exigencias del gobierno catalán al gobierno central es que invierta en infraestructuras en Cataluña en una proporción igual al PIB de Cataluña dentro de España.

Sin embargo, el gobierno catalán incumple claramente esa ‘regla’ dentro de Cataluña en la distribución de sus propias inversiones, invirtiendo en las comarcas más dinámicas económicamente en una proporción sustancialmente por debajo de su PIB.

Convivencia Cívica Catalana lamenta “que el ejecutivo autonómico catalán se niegue a publicar las balanzas fiscales de las provincias y comarcas catalanas”.

“No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña”, concluye esta entidad cívica."          (El Catalán, 19/07/18)

No es creíble que Alemania, Holanda, etc. estén dispuestas a transferir el 9% de su PIB a los países del Sur, tal como hace Madrid dentro de España

"Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda ha publicado los resultados para 2012 de lo que ha denominado sistema de las cuentas públicas territorializadas. En realidad, otro intento más de los muchos que ha habido de presentar las llamadas balanzas fiscales.

En esta ocasión siguiendo una metodología ajena al propio Ministerio de Hacienda, elaborada por varios profesores de las Universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. Es una estadística de la que carece la mayoría de los países, y solo ha tenido aceptación en aquellos en los que se dan fuerzas secesionistas, normalmente pertenecientes a regiones prósperas, que las han popularizado para quejarse de su elevada contribución al resto de los territorio.

 

 En España ha sido el nacionalismo catalán el que principalmente las ha utilizado como instrumento para justificar su victimismo y esa proclama de “España nos roba”.

El concepto de balanza fiscal se refiere al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada Comunidad contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos. 

 

Entendido de tal manera, el concepto tiene un vicio de partida: no son los ciudadanos los que aparecen como contribuyentes y receptores, sino las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la equidad no puede medirse en clave territorial, sino personal.

 

 La cuestión no es tanto si una Comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y reciben los mismos servicios y prestaciones. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las Autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.

Las múltiples versiones que se han venido haciendo de las balanzas fiscales indican bien a las claras la dificultad en su elaboración y el margen de relatividad que todas ellas tienen. En una economía interrelacionada y con una hacienda pública en gran parte centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. La Comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la Comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.

En cuanto a los gastos, sí es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia Comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la Administración central. 

 

Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién. Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias Comunidades Autónomas, ¿en qué proporción deben ser atribuidas a ellas o a los puntos de origen y destino? ¿Cómo se reparten los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos entre las distintas Autonomías? ¿Las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían imputarse a estas? 

 

Los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la Autonomía en la que están situados o repartirse entre todas ellas? ¿Cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública?

El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones, excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria, se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan.

 

 Las que el Ministerio de Hacienda ha presentado la semana pasada coinciden en sus conclusiones esenciales con las elaboradas por el propio Ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.

En líneas generales y salvo algunas excepciones, existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional. El mal llamado déficit o superávit fiscal de una Comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. 

 

La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, por regla general, a que las Autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit; este no tiene otra significación más que indicar que nos encontramos ante una Comunidad rica y más próspera que el resto.

Se produce una grave y enorme excepción con el País Vascoy Navarra que, a pesar de tener una renta per cápita muy superior a la media (segunda y tercera en el ranking), presentan saldo negativo, es decir, son receptoras de recursos del resto de la Autonomías.

 

 La razón hay que buscarla sin lugar a dudas en el especial régimen fiscal que se les otorgó en la Constitución y que es propio de la Edad Media, pero difícilmente tiene encaje en un Estado moderno, entre cuyas principales funciones está la redistributiva.

Se manifiesta también la inconsistencia del victimismo catalán, pues si, como es lógico, tienen lo que denominan un déficit fiscal, este no es mayor sino quizá menor del que lógicamente les correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que la de Baleares, presenta en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase tan amplio como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).

El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la Comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha Comunidad o que se considere a la Autonomía de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la Administración central.

 

Más bien al contrario, el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio, que atribuye cada partida a la Comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.

Por último, hay que resaltar que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas Comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. 

 

Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura que es la Autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60 % de su PIB, Asturias el 8,40%, Canarias el 8,58, Galicia el 7.21, Andalucía el 6,02%, y así sucesivamente.

El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

En realidad, todo esto tiene poco de sorprendente y se produce, en mayor o menor medida pero de forma generalizada, entre los territorios de un mismo Estado. Donde está ausente, sin embargo es en la Unión Europea en la que se han integrado los mercados de productos y servicios y los financieros y en la que se ha gestado la Unión Monetaria con ausencia de una hacienda pública central que pueda asumir dicha función redistributiva.

 

 Esta carencia es la que hace imposible la moneda única, porque no resulta creíble que Alemania, Holanda, Austria, etc. estén en algún momento dispuestos a transferir anualmente el 9% de su PIB a los países del Sur, tal como hace Madrid dentro de España." (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 11/08/16)

Borrell: las cuentas y los cuentos de los 16.000 millones... que Mas-Colell deja en 3.228 millones, el 1,6% del PIB

"El conseller Mas-Colell ha querido tranquilizar a los partidarios de la independencia diciendo que con los impuestos que pagan los catalanes se cubrirán sin problemas los costes de los servicios públicos que ahora reciben del Estado y aún quedaría un «petit excedent». ¿Cómo que un «petit excedent»? ¿Pero Mas y Junqueras no habían asegurado que eran 16.000 millones?

¿Pero no se han hartado de decir que con esos 16.000 millones, contantes y sonantes, no habrían sido necesarios los recortes y se podría liquidar rápidamente la deuda? Junqueras debe corregir rápidamente al conseller, porque ha llenado las hemerotecas con declaraciones según las que Catalunya tendría el mayor superávit presupuestario de Europa y la independencia traería el equivalente a cuatro veces los recortes en el gasto. Mas ha ido contando cuentos parecidos por medio mundo.

Un informe presentado por Mas-Colell el diciembre pasado estimaba que, en el 2015, la diferencia entre los impuestos que los catalanes aportan al Estado y lo que reciben a cambio sería de 3.228 millones, del orden del 1,6% del PIB. 

Y, curiosamente, nadie pareció sorprenderse por la gran diferencia entre esta cifra y los míticos 16.000 millones. El mismo periodista que daba la noticia, al día siguiente le preguntaba sin inmutarse a Pablo Iglesias si podía comprender que disponer de 16.000 millones era un poderoso argumento a favor de la independencia.

Y, en efecto, si fuera cierto, lo sería. Pero no lo es. La cifra de 16.000 millones está calculada por un método muy particular que la sobrevalora de forma injustificada, basado en supuestos nada realistas y que confunden a la opinión pública con su significado. Las cuentas mal hechas y peor explicadas -o mejor dicho, presentadas con la manifiesta voluntad de engañar sobre su significado- han generado un cuento que mucha gente se ha creído de buena fe.

Hay que reconocer que la venta de esta fábula a la opinión pública ha sido un gran éxito de comunicación política para los independentistas. Pero es un engaño tan grande como la inventada comparación con las balanzas fiscales alemanas que nunca existieron. 

Se podría decir en descargo de Mas y Junqueras que no entienden la particular forma en que se ha fabricado ese cuento, contando el déficit fiscal de una forma muy particular, el llamado método monetario y con neutralización del déficit publico estatal por los ingresos. Algo difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos, pero nada equivalente a los recursos adicionales de los que se podría disponer con la independencia. 

Sí, es posible que ni Mas ni Junqueras entendieran de dónde salía esa cifra, pero les daba igual, se limitaban a repetir un eslogan exitoso. No sería la primera vez. Quizá Junqueras recuerde la carta que escribió en el 2011 a todos los eurodiputados pidiendo que Catalunya tuviese el mismo trato fiscal que un land alemán, ya que, según él, una sentencia del Tribunal Constitucional había limitado el déficit de los länder al 4,5% de su PIB.  

Mas lo repetía poco después en una entrevista en Le Monde: «Alemania calcula cada año las balanzas fiscales de sus länder y limita el déficit al 4% de su PIB; queremos ser tratados como los alemanes».

Durante años se ha estado creando un sentimiento de agravio usando el argumento de esa comparación y de las famosas balanzas fiscales alemanas. Todavía hoy en las tertulias hay indocumentados que las reclaman. Pero en realidad el Gobierno alemán nunca ha calculado las balanzas fiscales de sus länder. Y no existe en ninguna parte de la legislación alemana ningún límite a su déficit fiscal. Llevamos años invocando algo que no existe. 

 Nos lo habían advertido académicos alemanes de paso por aquí. Y, para estar seguro de lo que digo en un libro que aparecerá en septiembre sobre las cuentas y los cuentos de la independencia, me lo ha confirmado por escrito la embajada de la RFA en España.

Tras hacer el ridículo contando cuentos por estos mundos de Dios, Mas y Junqueras ¿van a reconocer su error, o vamos a pasarnos la campaña electoral apelando a fantasmagóricos argumentos? Se han contado muchos más cuentos como estos, entre ellos el de la permanencia automática en la UE o el reconocimiento universal del derecho a la autodeterminación. Se trata de vender una independencia-sin-costes. La presentan envuelta en datos falsos para calcular los beneficios y en la ficción de una estimación cero de los costes.

Es posible, y respetable, que para algunos la independencia sea una cuestión de dignidad cualesquiera que sean sus costes. También debe ser respetable querer saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una decisión tan trascendental. Y muchos querrán que no les cuenten cuentos haciendo mal las cuentas."            (Josep Borrel, El Periódico, 04/08/2015)

La Vanguardia manipula descaradamente y a toda plana estas declaraciones:

 "Sí, ya lo sabemos: sólo en subvenciones directas de la Generalitat a finales de 2014 unos 1.008.000€. Y ahí no contamos las subvenciones por la edició en català, los ejemplares gratuitos que compran la Gene y sus empresas ni la publicidad institucional.

Lean la noticia de La Vanguardia del Règim y comparen con el titular de la foto:

“El exministro socialista y expresidente del Parlament Europeu, Josep Borrell, ha admitido que la independencia puede tener algunas ventajas para Cataluña, como por ejemplo los recursos de que dispondría el nuevo estado catalán. Según ha señalado en una entrevista a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, Borrell ha comentado que Catalunya dispondría de más recursos: “Calculando de una manera homologable a atros cálculos que se hacen, cuando usamos el mismo método que dan los 16.000 millones que equivalen a un 8,5% del PIB, Catalunya estaría más cerca del 5% que del 8,5% del PIB” aportado al conjunto del Estado.

Sin embargo, Borrell ha avisado de que las estructuras del nuevo estado le costarían unos 6.000 millones de euros, es decir, 3.000 millones más de lo que ha reconocido el president de la Generalitat, Artur Mas. En este sentido, ha criticado que en Catalunya se vive en “una especie de realismo mágico donde los hechos no cuentan“, y ha sostenido que el presidente catalán, no ha formulado correctamente los cálculos sobre las estructuras de Estado.

Ha contrastado lo que denomina realismo mágico con el hecho de que una declaración unilateral de independencia haría que Catalunya “ni siquiera pudiera presentar la demanda de adhesión” a la UE.

Borrell ha añadido que un Estado catalán “no sería de forma automática miembro de la UE”, y que, para entrar un nuevo Estado, hace falta una solicitud y aprobarlo todos los miembros.

En cuanto a la financiación autonómica, el exministro ha considerado que Catalunya tendría que aportar respecto a su renta y recibir de acuerdo con su población, y esto le reportaría entre “1 punto y 1,5” más que ahora. “¿Por un punto y medio se tiene que declarar la independencia?”, se ha preguntado, y ha reiterado que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y necesitaría la unanimidad de todos los Estados para volver a entrar”.

   

¿Esto es realismo mágico o puro engaño, sr Grande de España? Qué vergüenza, señor Conde.

Dolça i manipulada Catalunya…"                          (Dolça Catalunya, 03/09/2015)

En Estados Unidos las diferencias entre estados acaban siendo considerables y las balanzas fiscales para los ricos, mucho peores que para Cataluña o Madrid

"Los nacionalistas catalanes a menudo critican las propuestas federalistas debido a su carácter homogeneizador. Si todos los estados dentro de un país tienen las mismas competencias, dicen, eso se traducirá en una serie de instituciones uniformes que no respetan las diferencias entre regiones y sus preferencias políticas.

Estos días andaba mirando datos presupuestarios en Estados Unidos, comparando la carga fiscal de Connecticut con otros lugares del país (para los curiosos, este es el motivo). Estados Unidos es una federación completamente simétrica: la escueta constitución no da ningún trato o nivel competencial especial a ningún territorio.

 Eso no impide, sin embargo, que cada estado tome decisiones completamente distintas sobre sus niveles de gasto público, haciendo que veamos gráficos como este:

Los datos están sacados de la oficina del censo, y cubren gasto estatal y municipal, ya que muchos servicios públicos (educación, bomberos, policía) son prestados a nivel local bajo regulación estatal. Los datos del PIB vienen del BEA; he excluido Alaska por los ingresos derivados del petróleo.

Las diferencias entre los estados que más recaudan (Vermont) y los que menos (Texas) en porcentaje del PIB son enormes, casi 2 a 1. Los votantes de Vermont (el estado más izquierdoso del país bajo muchas métricas) han decidido dar sanidad a más gente, gastar más dinero en colegios y básicamente hacer del estado un lugar con más servicios públicos. Texas es Texas; si eres pobre y estás enfermo, buena suerte.

Las cifras, sin embargo, pueden dar una idea un poco extraña sobre qué estados son más progresistas, ya que las diferencias de renta entre Connecticut y Mississipi son realmente enormes (2 a 1, según como se midan).

Otros estados, Como Delaware, tienen PIBs absolutamente enormes ya que son la sede de muchísimas compañías (Delaware, el lugar más barato para abrir una empresa) o albergan medio gobierno federal (Virginia). Para ver las diferencias entre estados hay otra métrica, midiendo el nivel fiscal como porcentaje de la renta personal media:

 

Dakota del Norte y Wyoming, como Alaska, son estados extractores de recursos naturales (petróleo, gas), así que el gráfico de nuevo tiene sus inconvenientes, pero la escala de preferencias políticas es bastante obvia, así como las diferencias. Oregon, Vermont o Minnesota son progresistas propensos al gasto; New Hampshire es el cuñado de derechas de Nueva Inglaterra. 

De nuevo, algunos estados pobres tienen una presión fiscal considerable, ya que el nivel de renta de sus ciudadanos es más limitado (esto a menudo lo compensan teniendo sistemas fiscales horrendamente regresivos, por cierto); podríamos controlar por riqueza, pero basta para darse una idea.

Lo importante, en todo caso, no son tanto los detalles particulares de Estados Unidos, sino cómo un sistema federal simétrico puede albergar comunidades políticas con preferencias completamente distintas sin requerir excepciones o regímenes especiales.

 La clave es permitir que cada unidad tenga libertad para escoger su nivel de ingresos y gasto (que deben ser el mismo, ya que están obligadas a tener déficit cero) y tenga las herramientas para recaudar cómo y cuánto quieren para pagar por esos servicios.

 El gobierno federal se ocupa de aquellos programas que deben ser nacionales por necesidades técnicas (seguro de depósitos bancarios, parte de las prestaciones de desempleo durante recesiones, pensiones) o porque así lo decide el Congreso (Medicare, ACA). En materias en que el gobierno central quiere establecer un mínimo de servicios estatales, Washington debe pagar ese tramo de los servicios (Medicaid, por ejemplo).

Las diferencias entre estados acaban siendo considerables (y las balanzas fiscales para los estados ricos, por cierto, mucho peores que para Cataluña o Madrid), pero nadie parece exclamarse demasiado. El federalismo, cuando funciona, genera esta clase de disparidades, porque eso es lo que quieren los votantes. 

Los políticos del centro no deberían preocuparse por el hecho que los habitantes de una región quizás quieren más impuestos y servicios, y los de la periferia no deberían tener miedo que el tener la misma capacidad de decisión que el resto represente la muerte de las diferencias.

En los gráficos de arriba, por cierto, se ve que Connecticut está lejos de ser un infierno impositivo socialista. Es un estado riquísimo, así que puede pagar muchos servicios con impuestos relativamente bajos. Lo hace, por cierto, de forma espectacularmente regresiva, gravando a las familias de rentas bajas y al trabajo muy por encima que a los ricos y las empresas. Pero eso es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión. "        (Politikon, 20 jul, 2015 - Roger Senserrich)

La Comunidad de Madrid aporta al Estado más del doble que Cataluña

"La Comunidad de Madrid tiene un saldo fiscal negativo con el resto del territorio nacional por valor de 19.015 millones de euros, lo que equivale al 9,57% de su PIB, mientras que en Baleares la contribución asciende a 1.330 millones, un 5,08% de su PIB, y en Cataluña a 7.439 millones, un 3,75% de su PIB.

Estos datos corresponden a 2012 y aparecen incluidos en el informe 'Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas', difundido este martes por el Ministerio de Hacienda y elaborado a partir de una metodología diseñada por Ángel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel.

El informe, en el que se evalúa la relación entre cargas y beneficios como consecuencia de la incidencia en cada territorio de los presupuestos públicos, muestra que Madrid, Baleares y Cataluña, junto a Valencia, que aporta 1.453 millones (1,48% del PIB), son las cuatro regiones contribuyentes netas, con unos flujos de salida equivalentes a una media del 5,6% del PIB.

En el caso de las regiones receptoras netas, los flujos de entrada equivalieron a una media del 5,5% de su PIB. En total, los flujos redistributivos entre diferentes regiones ascendieron en 2012 a 26.000 millones de euros, un 2,8% del PIB de España.

Dentro de las regiones receptoras por orden de peso sobre el producto interior, Ceuta y Melilla recibieron 721 millones, un 24,5% de su PIB, por delante de Extremadura, que tuvo un saldo positivo de 2.655 millones, un 15,6% de su PIB. El saldo de Canarias fue favorable por valor de 3.479 millones (8,58% del PIB), frente a los 1.828 millones de Asturias (8,4%) y los 3.946 millones de Galicia (7,21%).

La sexta región con un saldo fiscal positivo más elevado en términos de PIB es Andalucía (6,02%, 8.531 millones), por delante de Castilla-La Mancha (6%, 2.291 millones), Castilla y León (5,42%, 2.933 millones), País Vasco (2,43%, 1.562 millones), Cantabria (2,19%, 270 millones), Navarra (2,09%, 371 millones), Aragón (1,54%, 509 millones), La Rioja (0,54%, 42 millones) y Murcia (0,36%, 98 millones).

En términos per cápita, la comunidad autónoma que más aporta es Madrid, con 2.927 euros por persona, por delante de los 1.192 euros de Baleares, los 984 euros de Cataluña y los 284 euros de Valencia.

Los ciudadanos que más reciben son los de Ceuta y Melilla (4.336 euros per cápita), frente a los 2.401 euros de Extremadura, los 1.704 de Asturias, los 1.642 de Canarias, los 1.423 de Canarias y los 1.158 de Castilla y León.

A continuación se encuentran los 1.085 euros de Castilla-La Mancha, los 1.010 euros de Andalucía, los 713 euros de País Vasco, los 576 euros de Navarra, los 377 euros de Aragón, los 456 euros de Cantabria, los 131 euros de La Rioja y los 66 euros de Murcia.

LOS "MÁS RICOS" APORTAN MÁS

Entre las conclusiones del estudio, Hacienda destaca que, "como cabría esperar, el saldo fiscal tiende a empeorar según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficit fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits".

Hacienda, que defiende el "esfuerzo notable de transparencia" de este trabajo, que no se publica en ningún otro país, asegura que "los impuestos soportados por los residentes de los distintos territorios aumentan con el nivel de renta, aunque con altibajos significativos que revelan diferencias en niveles de presión fiscal entre territorios, mientras que los gastos no muestran una relación sistemática con esta variable".

También señala que casi el 70% de los saldos fiscales regionales se debe a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos que en los más pobres, mientras que el 30% restante es "más problemático" y procede de "políticas de gasto, en algunas de las cuales podría haber una mayor discrecionalidad".             (La Voz Libre, 21/07/2015)

Girona, Lleida y Tarragona le roban a Barcelona. Las balanzas fiscales catalanas

"Balanzas fiscales dentro de Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana ha publicado las balanzas fiscales dentro de Cataluña, de acuerdo al enfoque de “carga-beneficio” para el último ejercicio con información disponible, el año 2012. 

El análisis efectuado permite constatar el significativo déficit fiscal que aplica el gobierno catalán a la provincia de Barcelona mientras las restantes tres demarcaciones, Gerona, Lérida y Tarragona, muestran un saldo de superávit fiscal.

Concretamente, la administración catalana obtiene de Barcelona el 81.5% de sus ingresos pero destina a esta demarcación sólo el 65.5% de sus gastos, resultando, como diferencia de ambas magnitudes, un déficit fiscal en términos relativos del 16%.

Esto implica que de cada 100€ que pagan en impuestos ciudadanos y empresas de Barcelona al gobierno catalán, 19€ no retornan a la provincia.

Por el contrario, la demarcación de Gerona muestra un saldo de superávit fiscal del 5%, la de Tarragona del 5.3% mientras Lérida presenta el superávit fiscal más elevado, el 5.7%.

El estudio pone de relieve que, como cabría esperar, el gobierno catalán ejerce una labor muy relevante de redistribución territorial y transferencia de flujos de solidaridad dentro de Cataluña, desde las zonas más dinámicas económicamente a las menos dinámicas, de manera similar al gobierno español dentro de España.

En este sentido, creemos desafortunado e incoherente que se califique de “expolio” o “maltrato fiscal” al trato de Cataluña dentro de España cuando el propio gobierno catalán está aplicando un trato fiscal similar a Barcelona dentro de Cataluña.

La entidad apela al ejecutivo autonómico catalán para que publique anualmente las balanzas fiscales de las demarcaciones catalanas como lleva a cabo el presente estudio. No parece coherente reclamar transparencia para conocer los flujos fiscales dentro de España mientras se oculta esa misma información dentro de Cataluña.

Puede descargarse el dossier de prensa en este enlace. ( http://files.convivenciacivica.org/Los%20saldos%20fiscales%20dentro%20de%20Catalu%C3%B1a%202012.pdf )                    (Convivencia Cívica Catalana)

Mas-Colell reconoce que el déficit no es de 16.000 millones... sino de 3.000

"Años diciendo espanyansroba. Y ahora Mas-Colell dice que el estado obtendrá de Cataluña €3.200 millones más de los que gastará. Lo normal en una región con rentas altas e infraestructuras desarrolladas. O sea, que de los famosos €16.000 nada de nada.  

O tal vez es que ahora toca calcularlo todo de manera diferente, según convenga. Recuerden el baño que le dio Borrell a la Terribas en este vídeo, diciendo cosas muy parecidas a lo que ahora dice Mas-Colell.

Pues muy serio no parece. ¿Por qué no nos lo aclara, profesor? Au, sigui atent i baixi de la pissarra per explicar-nos-ho. (...)"         (Dolça Catalunya, 10/12/2014)

"El Estado obtendrá el año que viene un superávit de 3.228 millones de euros en Catalunya como consecuencia de que ingresa más de lo que gasta en la comunidad. 

Esta cifra, que equivale al 1,6% de la riqueza de Catalunya (PIB), surge de un análisis de los presupuestos consolidados de todas las administraciones que actúan en la autonomía (Administración central, Generalitat y entes locales) elaborado por la Conselleria de Economia y que supone un elemento más para negociaciar con el Ejecutivo central.

A la luz de los datos, el titular del departamento, Andreu Mas-Colell, destaca que en Catalunya "no está subisidiada. No hay nada que recibamos que no hayamos pagado". (...)

El nuevo estudio complementa el de las balanzas fiscales, que relaciona lo que Catalunya aporta y lo que recibe del Estado e incluye a su vez el nuevo endeudamiento en el que incurre el Estado (déficit) y la proporción que deben asumir los catalanes.

 El nuevo análisis es presupuestario y a corto plazo para exhibir las cuentas públicas como si se tuvieran que presentar ante inversores y para demostrar que la comunidad es solvente y dependiente de la adminisración central, que controla sus bases fiscales.

Según el estudio, las administraciones de Catalunya registrarán el año que viene un superávit de 2.405 millones, el 1,2% del PIB. Para determinarlo se han territorializado los presupuestos del Estado de acuerdo con las balanzas fiscales con el método de carga beneficio es decir, contando la proporción que corresponde a Catalunya también por servicios que no recibe directamente, como las embajadas o la defensa.

El conjunto de las administraciones ingresarán el año que viene 78.239 millones de euros, lo que supone el 38% del PIB, mientras que gastarán 76.420 millones, el 37,2% PIB. Como resultado de ello, la Administración central registrará un superávit del 1,6% del PIB y los entes locales, del 0,3% del PIB. 

En cambio, la Generalitat aportará un déficit del 07% del PIB.En estas cifras se da por hecho que el Estado pagará los 2.500 millones que la Generalitat reclama para cuadrar sus cuentas dle 2015.  (...)

Los ingresos impositivos, 69.693 millones, suponen el 33,9% del PIB. Destacan los impuestos directos, con 51.525 millones y el 25,1% y, dentro de estos, las cotizaciones sociales, con 24.839 millones y el 12,1% del PIB catalán. 

Por su parte, en el apartado de los gastos de las adminsitraciones públicas en Catalunya sobresalen las pensiones, con 22.870 millones, el 29,9% del PIB; y la sanidad, con 8.882 millones y el 11,6% del PIB."       (El Periódico, 04/12/2014)

Las comunidades con concierto (País Vasco y Navarra) deberían aportar un 9% y un 7% de su PIB (aunque hoy en día son receptoras netas del resto de España)

"Decía alguien que no hay mejor manera para comenzar a explicar las balanzas fiscales que con un poco de filosofía. (...)

Vaya por delante, no pretende este post esclarecer todos los subterfugios de la discusión. Ni siquiera entraremos en el debate sobre cuál es el mejor método para calcular las balanzas.  (...)

Nuestro objetivo es mucho más humilde. La pregunta es conocida, por repetida, no por bien respondida. ¿Qué transferencias autonómicas son grandes y cuáles son pequeñas? Como “lo grande y lo pequeño son necesariamente categorías relativas”, es difícil sacar conclusiones sin un punto de referencia. Así que hemos intentado encontrar alguno.

Para que no se nos acuse de estar a sueldo de nadie, hemos decidido aplicar un principio del comunismo libertario, donde los empleados – por definición – no existen. “De cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad”, o lo que es lo mismo, que las comunidades autónomas aporten por PIB y reciban por población.

 Además de evitar asociaciones peligrosas, este método para calcular el “benchmark” de las balanzas tiene la ventaja de respetar el orden relativo antes y después de las transferencias, a lo que se suele referir con la cacofónica palabra “ordinalidad”.

Aquí van los cálculos, asumiendo el déficit neutralizado:

 Fuente: Informe de las Cuentas Públicas Territorializadas, MinHAP (2014)

La tabla^[1] muestra el porcentaje de PIB regional que cada comunidad autónoma tendría que tener de déficit (-) o de superávit (+) según dos cálculos, el realizado por Ángel de la Fuente y su equipo, y el cálculo que hemos llamado “comunista libertario”. Con esta comparación, y su resultado (en la columna derecha), únicamente queríamos tener una idea de las implicaciones que tendría la aplicación de nuestro método. Bueno, y generar un poquito de debate también.

Según nuestro análisis, las comunidades con concierto (País Vasco y Navarra) deberían aportar un 9% y un 7% de su PIB (aunque hoy en día son receptoras netas del resto de comunidades autónomas), mientras que Extremadura debería recibir transferencias e inversiones de las demás comunidades por valor de un 15.5% de su PIB, menos de lo que recibe actualmente. 

Andalucía sería la región más infra-financiada, recibiendo 6 puntos de PIB menos que en el ideal de referencia. Cataluña y Madrid se quedarían más o menos como están. A otros como Aragón, Asturias o Castilla y León les tocaría aportar bastante más.

Hemos evitado hablar de balanzas justas e injustas. Ahora, no escondemos que sí hay un “juicio de valor” en nuestro cálculo: el comunista libertario de la solidaridad. Por supuesto, este principio lleva implícito que se quiere compartir “demos”. Sin voluntad de compartir no hay comunidad, y sin comunidad, no hay balanza fiscal.

^[1] En esta tabla el déficit del Estado (4.5% del PIB estatal en el año en cuestión, 2011) se ha repartido per cápita entre las comunidades autónomas para obtener las balanzas neutralizadas."

( Nacho Plata  ,  Politikon, 20/11/2014)

Para conocer la diferencia entre lo que los ciudadanos de una comunidad aportan y lo que reciben hay que calcular el saldo por el método carga-beneficio; confunde quien, como la Generalitat, utiliza el flujo monetario

"(...) En la elaboración de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con respecto a la Administración central en los últimos años solamente se han aplicado en España dos enfoques metodológicos: el de carga-beneficio y el de flujo monetario.

 En 2006 la Comisión de expertos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) —de la que formamos parte— identificó dos finalidades distintas de las balanzas fiscales, una para cada uno de esos enfoques: la valoración del efecto redistributivo entre territorios ocasionado por los ingresos y gastos públicos se atribuye al enfoque de carga-beneficio; el análisis de la influencia de la acción del sector público sobre la actividad económica de un territorio, al enfoque de flujo monetario. 

Posición que coincide con la adoptada en 2005 por el Grupo de trabajo creado por la Generalitat de Cataluña para actualizar la metodología y las cifras de la balanza fiscal de esta comunidad. Lo importante de este consenso es que reconoce que los enfoques no son intercambiables para dar respuesta a una misma pregunta y, por tanto, que la elección de la metodología depende de la cuestión que se quiera esclarecer y no del capricho del investigador o del usuario.

Teniendo esto claro, no hay ningún problema en que se calculen los saldos por ambos enfoques o solo por uno de ellos, siempre que se utilicen para la finalidad establecida. Lo que no resulta aceptable es dar al saldo obtenido por un enfoque la interpretación del otro. Precisamente esto último es lo que se viene haciendo por la vía de los hechos y de modo sistemático en la difusión de los resultados de la balanza fiscal de Cataluña que cada año elabora la Generalitat. 

Un claro ejemplo se da en la presentación de los resultados de 2010, donde se dice que el objetivo de la balanza fiscal es medir el efecto redistributivo entre territorios de la política fiscal de la Administración central.

 De esta afirmación parece desprenderse que la Generalitat se decanta muy claramente por el método de carga-beneficio; sin embargo, en la difusión de los resultados da una prioridad absoluta a los saldos obtenidos por el método de flujo monetario que, como hemos expuesto, no reflejan para nada los aspectos redistributivos.

En realidad, el saldo calculado según el enfoque de flujo monetario no se utiliza para valorar el impacto de los ingresos y gastos estatales sobre la actividad económica porque no sirve para ello, según se dejaba entrever en el informe de la Comisión de expertos del IEF y es ampliamente reconocido por los economistas. 

Esta finalidad del enfoque de flujo monetario queda reducida a un mero pretexto para legitimar una metodología que permite engordar artificialmente el déficit fiscal de algunas regiones. A esto se suma que el debate social está centrado exclusivamente en la equidad de la redistribución entre territorios, por lo que cualquier resultado de la balanza fiscal tiende a interpretarse desde esa perspectiva. En consecuencia, sería deseable prescindir de este enfoque, tal y como se ha hecho en el SCPT, para evitar equívocos en la interpretación de sus resultados.

Sin embargo, desde una óptica soberanista, algunos autores defienden la aplicación del enfoque de flujo monetario por considerar que el saldo obtenido muestra el “dividendo fiscal de la independencia”. Obviamente esta interpretación tiene un interés limitado desde la perspectiva general, ya que constituye una simulación de lo que pasaría si cada una de las comunidades autónomas españolas fuera independiente, y no justifica la adopción de este enfoque en el SCPT.

Además, esta interpretación debe matizarse. La principal peculiaridad del flujo monetario es, grosso modo, que no se reparten las cargas generales del Estado (como política exterior, defensa, altas instituciones del Estado, servicios centrales de ministerios y numerosos organismos autónomos que operan de modo centralizado) entre todas las comunidades autónomas. 

Ciertamente, cualquier comunidad que accediese a la independencia no tendría que pagar la parte alícuota de esas cargas, pero a cambio debería asumir otras nuevas para crear servicios y desarrollar políticas que las sustituyesen. Es decir, el saldo de flujo monetario es más propiamente una simulación del “dividendo fiscal bruto de la independencia” que permite estimar los recursos financieros adicionales de que dispondría una comunidad si fuera independiente pero que no incluye los gastos adicionales en que necesariamente tendría que incurrir.

 Por otra parte, el debate sobre las balanzas fiscales se complica y oscurece porque en algunos estudios —como los realizados recientemente por la Generalitat— no se difunden los saldos reales sino solamente los saldos “neutralizados”. Con la operación de neutralización se pretende eliminar las oscilaciones cíclicas de las series de saldos.

 En nuestra opinión —que coincide con la expresada por la Comisión de expertos del IEF— es imprescindible que se publiquen los saldos reales y es inaceptable que se difundan solo los saldos neutralizados. En el caso de Cataluña y utilizando únicamente datos de la Generalitat, la media de los saldos reales (no publicados) del enfoque de carga-beneficio para los años 2009-2011 da un déficit de 264 millones de euros, mientras que los saldos neutralizados (publicados) dan un déficit de 11.202 millones de euros según ese mismo enfoque y de 15.986 millones de euros según el enfoque de flujo monetario. 

La confusión generada con este modo de proceder es equivalente a la que se produciría si los portavoces del Gobierno al dar la información sobre el paro dijeran que la tasa (neutralizada) es, digamos, del 10% en la actualidad y desplazaran a un lugar secundario o no hablaran para nada de la tasa real que ronda el 25%.  (...)

La respuesta a la cuestión de cuál es la diferencia entre lo que los residentes en una comunidad aportan y reciben del Estado solo la ofrece la balanza fiscal calculada según el enfoque de carga-beneficio y, en concreto, su saldo real sin ajuste alguno para neutralizar el impacto de la coyuntura en los presupuestos públicos. Solo a partir de estos datos, confrontados con los de renta per capita, puede valorarse si el tratamiento fiscal del Estado a los distintos territorios autonómicos es o no equitativo."            ( Ramón Barberán Ortí / Ezequiel Uriel ,  El País,   22 OCT 2014)

La ideología soberanista de las balanzas fiscales

"Leí con asombro el artículo de Guillem López Casasnovas Veinte y cinco años de balanzas (21 de junio) porque, entre otras cosas, esconde al lector el elemento esencial: el carácter eminentemente ideológico de las balanzas fiscales que elabora desde hace años la Generalitat y que constituye hoy un caso único. Ningún otro Gobierno del mundo se autoimpone el cálculo de estos saldos anualmente como anexo al proyecto de ley de presupuestos. 

Además, el cálculo de las balanzas se sostiene en este caso en dos premisas falsas: que los catalanes no nos beneficiamos de determinados servicios públicos que presta la Administración central y que abonamos cada año por delante nuestras deudas con impuestos que en realidad no hemos pagado.

Acumulando los dos efectos (sumar a la elección del llamado enfoque de flujo monetario la neutralización del déficit presupuestario) se obtiene una imagen muy distorsionada de nuestra contribución fiscal. 

 López Casasnovas lo disfraza bajo un consenso académico que no existe y fabrica un edulcorado relato sobre la historia de las balanzas y sus protagonistas. Para quien tenga interés en otra visión, recomiendo el reciente libro del catedrático Ramón Barberán Economía y política de las balanzas fiscales en España.

Vamos primero a los hechos. No es cierto que la Generalitat haya facilitado todos los detalles de las balanzas de 2011, publicadas a mediados de este junio. Nuevamente, la Consejería de Economía vuelve a ocultar el saldo contable real tanto del método de flujo monetario, enfoque que el Gobierno privilegia en su discurso político, como del método de carga-beneficio. 

Si restamos los impuestos ficticios que los catalanes no hemos pagado y que no sabemos cuándo ni cómo se pagarán (más de 7.000 millones), el déficit se reduce al 4% para el de flujo monetario y hasta el 2,1% para el de carga -beneficio. 

A esta distorsión se añaden otros, principalmente la de inflar ingresos e impuestos pagados en Cataluña cuando los pagan otros ciudadanos no residentes aquí, particularmente en el caso del IVA e impuestos especiales.

EL que los ciudadanos tenemos derecho a saber-y las cifras del Gobierno no nos lo facilitan, es cuánto aportamos en tributos y cuánto recibimos en servicios de la Administración central, y cuánto aportan y reciben los demás. Es decir, nos interesa conocer los efectos redistributivos entre territorios. 

Este es precisamente el objeto del enfoque de carga-beneficio. En cambio, la finalidad del método de flujo monetario es mucho más confusa. Pretende valorar cómo impactan estos ingresos y gastos en las macromagnitudes de una región. 

Ahora bien, nos dice sólo donde se materializa el gasto del Gobierno central, pero no donde se producen los bienes y servicios que éste adquiere. Nos informa de donde se localiza el objeto imponible sometido a gravamen, pero no donde impactan los impuestos. 

 En rigor, el flujo monetario no sirve para examinar los impactos macroeconómicos, y menos aún los efectos redistributivos de los ingresos y los gastos públicos. Los dos métodos no son sustitutivos, sino que cuentan cosas diferentes. Y es aquí donde subyace la ideología de las balanzas que elabora la Generalitat. 

Lo que el Gobierno calcula cada año, con la entusiasta asesoramiento de académicos como Nuria Bosch o Marta Espasa, no son las balanzas fiscales sino otra cosa: el dividendo fiscal que obtendría el Gobierno autonómico si asumiera la responsabilidad de financiar el gasto con las bases tributarias actuales. Es el llamado enfoque soberanista. 

Una metodología que sirve tanto para calcular el escenario de un sistema de concierto económico foral como la hipótesis de la secesión. Lo que pasa es que en ambos casos tanto el capítulo de ingresos como el de gastos podrían variar sustancialmente. Es erróneo suponer que después de un cambio de estatus, sobre todo con la independencia, los ingresos fiscales serían los mismos, teniendo en cuenta el riesgo y la incertidumbre de un escenario de ruptura.  

Y por el lado de los gastos, es lógico que se computaran servicios que ahora presta la Administración central y que de alguna forma serían sustituidos por gasto adicional del nuevo Estado.

En definitiva, es falso que en 2011 una Cataluña independiente hubiera podido disponer de un cheque de 15.000 millones o que cada catalán contribuyera con 2.000 euros de más, tal como difunde el Gobierno. Y es pura propaganda decir que la economía catalana ha sufrido un choque negativo del 7,7% en su PIB por el déficit fiscal. 

 Lo que resulta sorprendente es que profesionales de prestigio como López Casasnovas hayan contribuido en el pasado a difundir de alguna manera la idea populista del expolio y ahora justifiquen expresiones igualmente chovinistas como la «España nos frena» del consejero Andreu Mas-Colell ."               (Joaquim Coll, El Periódico, 02/07/2014)