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19/2/26

Jordi Pujol acuñó el famoso lema identitario: "Es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña". Años después le impuso un estrambote crucial: "...y quiere serlo".... Tan crucial, que el ser catalán ya no era una condición objetiva, sino un acto de la voluntad... A partir de entonces el nacionalismo pudo legislar con seca tranquilidad moral y dictaminar que un ciudadano no podía ser catalán si no se le aceptaban las pruebas de su voluntad inequívoca de serlo... Sílvia Orriols, de Ripoll, tuvo la audacia de rasgar el velo de la clásica hipocresía nacionalista y dijo: "Hay mucha gente que vive y trabaja y nace en Cataluña que nunca podrá ser catalana". Al fin un nacionalista dice la verdad, con lenguaje recto... Cuando hace unos años Marta Ferrusola habló de "la Cataluña catalana" quería decir exactamente lo mismo: que ni el suelo ni el trabajo ni el merecimiento —ese rasgo que el nacionalismo vergonzante del Partido Popular invoca para poder ser español— deciden la nacionalidad. Ni la sangre, siquiera, fruto de la mezcla insidiosa puede contener proporciones de impureza. Todo ello debe agradecerse... El objetivo principal del nacionalismo ha sido siempre disfrazar su carácter de ideología para tratar de actuar y de ser juzgado con la irreversibilidad e inocencia de un fenómeno natural (Arcadi Espada)

 "En plena posguerra, y ya visible el impacto migratorio del campo a la ciudad, Jordi Pujol acuñó el famoso lema identitario: "Es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña". Años después le impuso un estrambote crucial: "...y quiere serlo". Tan crucial, que lo convirtió en un oxímoron en sí mismo. El ser catalán ya no era una condición objetiva, sino un acto de la voluntad. Para mí fue agua de mayo, porque ya no queriéndolo pude quitarme. Pero la matización no estaba hecha para mí, sino para la autoridad. A partir de entonces el nacionalismo pudo legislar con seca tranquilidad moral y dictaminar que un ciudadano no podía ser catalán si no se le aceptaban las pruebas de su voluntad inequívoca de serlo. La sutileza del asunto se ve bien si se piensa en el misterioso caso alemán. Aunque los judíos que allí vivían y trabajaban bien que lo hubieran querido, no cumplían todos los requisitos para ser alemán. Su ardiente voluntad naufragaba en la condición necesaria de que dejaran de ser judíos. Y eso es lo que dejaron de ser, entre otros abandonos fatales, en número aproximado de 170 mil.   

Este martes, en el Fórum Nueva Economía, Sílvia Orriols, de Ripoll, tuvo la audacia de rasgar el velo de la clásica hipocresía nacionalista y dijo: "Hay mucha gente que vive y trabaja y nace en Cataluña que nunca podrá ser catalana". Al fin un nacionalista dice la verdad, con lenguaje recto. Cuando hace unos años Marta Ferrusola habló de "la Cataluña catalana" quería decir exactamente lo mismo: que ni el suelo ni el trabajo ni el merecimiento —ese rasgo que el nacionalismo vergonzante del Partido Popular invoca para poder ser español— deciden la nacionalidad. Ni la sangre, siquiera: fruto de la mezcla insidiosa puede contener proporciones de impureza. Todo ello debe agradecerse. El objetivo principal del nacionalismo ha sido siempre disfrazar su carácter de ideología para tratar de actuar y de ser juzgado con la irreversibilidad e inocencia de un fenómeno natural. La fechoría trascendente de Orriols no es lo que dice sobre los españoles o los moros —uno y lo mismo—, sino lo que desvela sobre los catalanes que nunca podrán ser otra cosa que catalanes. La irrupción de la ripollense, con su ingenuidad catastrófica y su gramática moral de pasado simple, describe la evolución última del nacionalismo. Este paso audaz y verídico de la catalanidad a la catalanez."               (Arcadi Espada , El Mundo, 19 febrero 2026)

15/5/23

El Parlamento de Lituania prohíbe a ciudadanos rusos y bielorrusos adquirir bienes inmuebles

"El Parlamento de Lituania ha aprobado este martes un proyecto de ley con el que se prohíbe a ciudadanos rusos y bielorrusos adquirir bienes inmuebles, siendo el país báltico uno de los que más medidas legislativas ha aprobado contra Rusia en represalia por su invasión de Ucrania.

El Parlamento de Lituania –Seimas– ha aprobado este martes un proyecto de ley con el que se prohíbe a ciudadanos rusos y bielorrusos adquirir bienes inmuebles, siendo el país báltico uno de los que más medidas legislativas ha aprobado contra Rusia en represalia por su invasión de Ucrania.

El proyecto ha contado con 76 votos a favor, trece en contra y 34 abstenciones. Las excepciones a la norma se aplicarán en aquellos ciudadanos rusos y bielorrusos con permiso de residencia permanente, o bien hayan adquirido dichos inmuebles a modo de herencia, recoge el portal de noticias báltico Delfi. (...)

En las últimas fechas, el Seimas ha legislado para prohibir a los ciudadanos rusos en el país poder portar armar y retirar toda referencia a su pasado soviético, ha incluido a Rusia en su lista de patrocinadores del terrorismo, ha aprobado resoluciones para pedir a la ONU cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania, o presionar a Occidente para «aislar a Rusia»."             (diario dia, 04/04/23)

31/10/19

La Cataluña independiente sería el primer Estado de la historia con más de la mitad de sus habitantes “extranjeros”. De esa realidad, evidente, de que la mitad de sus ciudadanos no acompañan al proceso, irremediablemente paraliza la independencia, dada su imposibilidad sociológica...

"(...) La independencia de Cataluña es un imposible. Y las alternativas a la quimera fantaseada pasan por actos de honestidad pública ante la gente que nadie quiere o puede asumir. (...)

Levantarse ante todos para decir: me he equivocado yo y os he equivocado a vosotros. Eso es algo que le está reservado solo a los grandes estadistas. Y en el movimiento independentista no los hay. (...)

Pujol pudo haberlo sido, pero cedió a trapicheos que le costaron la estima de todos. Construir la confianza puede llevar años pero se pierde en un día. En cuanto se hace público que la vista puesta en el ideal cohabita con la mano en el cajón del pan. Hay quien afirma que para tapar esto se fabuló todo el relato de la independencia. 

Pero ¿quién va a ser capaz ahora de decirles a tantos y tantos que la independencia fue entonces, es hoy y será mañana pura y simplemente imposible? Sí, imposible. Jurídica, sociológica y económicamente imposible. No hace falta mucho talento para llegar a esa conclusión. Y los que lo han negado desde la intelligentsia catalana no han protagonizado sino una nueva y nuevamente deplorable trahison del clercs.  (...)

Timothy Endicott, de la Universidad de Oxford, lo definió muy sucintamente: el Estado es aquello que emite pasaportes. Pero, claro, los pasaportes solo sirven si son reconocidos por los demás Estados. Si no lo son, valen para poco. Y ese reconocimiento no depende de nuestra mera voluntad, sino de la aceptación de los demás en la comunidad internacional. Pues bien, la independencia de Cataluña no puede pasar ese filtro. 

Ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea de las Naciones Unidas reconocerían a un Estado nuevo con esos atributos. Ni sería posible apelar para conseguirlo a ninguna Corte internacional. Cualquier pretensión de este tipo iría en contra del principio que rechaza la ruptura parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país plenamente democrático y la haría incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Tampoco en la Unión Europea sería posible perseguirlo. Por razones en parte similares, pero que incluyen también, por supuesto, las normas jurídicas que la rigen. Si Cataluña se independiza, Cataluña se va de la Unión. Aquella ocurrencia de Artur Mas de que seguiría dentro porque los catalanes conservarían la nacionalidad española, no resiste ni una mirada somera. Ser español no es un halo o un carnet; es simplemente ser el destinatario de las normas del orden jurídico español, tener sus derechos y sus obligaciones. 

Y siendo esto es así, si uno es español no es independiente del orden jurídico español: está sometido a sus leyes. Y si uno, por algún hechizo inesperado, resulta ser independiente y no estar sometido a ellas, entonces no es español y, por lo tanto, deja de ser ciudadano europeo. Y ahí se acabó la historia.

Por lo que respecta al derecho español, un proceso de autodeterminación de tal naturaleza no está contemplado, naturalmente. Ni directa ni indirectamente. La apelación a criterios interpretativos de las normas de derechos humanos para traérselo a casa hace agua por ambos lados: porque no es un derecho individual protegido por la Constitución, y porque Cataluña no es un pueblo en las circunstancias exigibles para demandarlo. Esto está ya tan asentado en la cultura jurídica internacionalista que da vergüenza recordarlo.

Y luego está, claro, la imposibilidad jurídica subjetiva. La que resultaría de la negativa de una buena mitad de los habitantes de Cataluña a renunciar a su nacionalidad española y asumir la nueva. 

Comoquiera que la nacionalidad no es un estatus que se pueda imponer a nadie, la Cataluña independiente sería el primer Estado de la historia con más de la mitad de sus habitantes “extranjeros”, lo que daría muchos quebraderos de cabeza hasta al jurista más entregado, pero no dejaría de alimentar cotidianamente el ingenio de los cómicos.

 De esa realidad evidente de que la mitad de los ciudadanos de Cataluña no acompañan al proceso irremediablemente paralizado de independencia, surge la imposibilidad sociológica. Hace años que venimos siendo testigos de la fragmentación social que se está produciendo en Cataluña. 

De un lado están los fieles al mensaje; de otro, los contrarios a él. Y mucha gente amedrentada por el espeso caldo de cultivo que se ha generado autoritariamente. No dicen nada; prefieren mirar a otro lado antes que “significarse”, aquel término que definía tan bien los miedos ante la posibilidad del ostracismo político o social. 

Si imaginamos una situación en que cualquiera de ambos bandos consigue la hegemonía política, tendremos delante el panorama de una convivencia atormentada, y por ello imposible. Probablemente con choques físicos cotidianos, y más seguramente con desacuerdos tan hondos que harán imposible suturar las grietas para imaginar soluciones idóneas de cooperación. 

Una sociedad, en fin, incapaz de tomar esas decisiones colectivas tácitas que configuran cualquier convivencia. Es esa imposibilidad de cooperación que se ha manifestado en los últimos años lo que hace del futuro de la sociedad catalana una incógnita sombría. Lo que determina que pueda acabar por ser una sociedad desconfiada, recelosa de sí misma, aposentada siempre en la sospecha, una sociedad enferma, imposible.

Y luego está, claro, la imposibilidad económica. Solo si se inventa un panorama idílico en el que todo su entorno internacional y nacional acoge con una sonrisa benevolente la singladura de la nueva nación catalana, y los agentes económicos y sociales se abandonan confiados a la aventura, puede suponerse que su peripecia económica va a ser sostenible. Pero eso, como es obvio, no va a suceder. 

En el ambiente de incertidumbre que ese seísmo normativo puede producir, la economía de Cataluña entrará inmediatamente en recesión. El efecto frontera, las desastrosas cuentas públicas que la transición dejará abiertas, la desconfianza financiera internacional, las obligaciones que la nueva situación hará gravitar sobre el nuevo Estado (defensa, pensiones, deuda pública, etcétera), la pérdida del respaldo europeo, y la oportunidad de otros destinos más seguros y cálidos para emprendedores y ciudadanos (también turistas), determinarán que algunos de los indicadores más importantes de su economía se alteren aceleradamente.

Y entonces, como ahora, se pretenderá trasladar la responsabilidad a los demás, en lugar de levantarse ante el pueblo catalán para repetirle: me he equivocado yo y os he equivocado a vosotros. El único paso singular que se necesita para empezar a caminar hacia la solución de nuestro común problema."                        

(Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. El País, 29/10/19)

16/7/19

Los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana

"Un informe de la Guardia Civil entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sitúa al ex magistrado y presidente del Consejo Asesor de Transición Nacional Carles Viver Pi Sunyer en el epicentro de creación de un futuro Estado catalán como "ideólogo e incluso promotor del proceso de secesión a los representantes políticos" quienes debían implementar las "normas jurídicas" en las que trabajaba. 

A partir de la documentación que se le incautó, los agentes creen que Viver Pi Sunyer, que fue exculpado por la juez en su ato de procesamiento, presentó varias propuestas para actuar una vez declarada la independencia como tener preparado un personal con el que contaría el nuevo estado.

Según el informe entregado al juzgado, Viver Pi Sunyer determinó que los funcionarios españoles en territorio catalán tras la independencia se les repatriase y no pudieran acceder a la nacionalidad catalana. Para los que se quedasen pretendía exigir "una serie de niveles y pruebas lingüísticas" y la contratación de altos cargos se podría "camuflar a través de cargos de confianza y fórmulas de derechos privado a través de fundaciones o sociedades" sin "publicidad ni formalización previa a la desconexión". Además contemplaba la "externalización" de servicios de la administración como recaudación de tributos o control aéreo.

También para la contratación de determinadas obras y servicios se planteaban alternativas si se debía camuflar antes de la secesión como "una doble contratación público y privada para ciertos temas polémicos, fraccionamiento de la contratación, promesa de contrato" o "bajo promesa de ser legalizado en el futuro en base al nuevo ordenamiento". 

El informe detalla que Viver Pi Sunyer y sus colaboradores para incentivar a los inversores propusieron negociar "grandes infraestructuras" con estas empresas y para desincentivarlos "recordarles que se podría legislar ex novo sobre expropiación forzada o presionar a las empresas y grandes fortunas de las consecuencias de tener al nuevo estado en contra".

Por eso la Guardia Civil concluye que estas propuestas alentarían "a la violación del ordenamiento jurídico, a instaurar prácticas que vulnerarían los más elementales fundamentos de contratación pública y los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública. es decir, pudiera estarse institucionalizando prácticas de corrupción en la administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes en posiciones de poder en el momento de la secesión".

Entre la documentación intervenida a Viver i Pi Sunyer en el registro de su casa y su despacho, el 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil halló un informe en que se defendía que ningún catalán de origen español residente en Cataluña con anterioridad a la independencia tendría que superar examen alguno o someterse a ningún tipo de juramento de fidelidad. Este documento, titulado "La atribución de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña", es un archivo de agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios y la Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) que presidía Viver i Pi Sunyer.

A partir del contenido de este informe, la Guardia Civil concluye que el arquitecto jurídico del procés "contemplaba" que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana. El informe también apuntaba que mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el tratado de Schengen a través de la nacionalidad española.

El informe también advierte a la juez de que Viver i Pi Sunyer disponía de un informe de la plataforma Secretarios, Interventores y Tesoreros por la independencia en que se planteaba suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y tribunales, por lo menos en relación con el referéndum."            (Germán González, El Mundo, 09/07/19)

29/3/19

La república que planeaba Puigdemont: los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados...

"El Govern de Carles Puigdemont planeó para los primeros momentos de una Catalunya independiente captar 4.200 millones de euros en cotizaciones sociales a las empresas, gastar 499 millones de euros en activar un fisco propio y confiscar bienes inmuebles al Estado español por valor de 19.134 millones de euros.

Tales cifras se desprenden del conjunto de informes y otras aportaciones de la Guardia Civil a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por delitos conectados con la preparación de la independencia. Entre los elementos de prueba presentados, un borrador de constitución catalana que preveía importantes limitaciones de derechos políticos para los partidos y los funcionarios que no compartiesen el independentismo.

Por ejemplo, y para restar legitimidad a posibles recursos o protestas desde dentro, el proyecto de constitución catalana incautado a Vidal preveía la limitación de derechos a quienes implícitamente considera enemigos interiores: "No podrán obtener, ni conservar, la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero".

Además, la norma básica de la nueva república impondría, según los papeles incautados, a todos los funcionarios la obligación de elegir una sola nacionalidad, y les daría seis meses para decidir si ejercer en Catalunya como ciudadanos catalanes o no serlo, pero tampoco ejercer.

En la república que manejaba el independentismo no todas las ideas podrían ser defendidas. En el boceto de Santi Vidal figura un artículo que preveía permitir "la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Catalunya como Estado ni contra esta Constitución". 

En materia de seguridad interna, los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados.

Al letrado del juzgado que intervino en el registro, tanto como a los guardias que lo llevaron a cabo y que analizaron la documentación, les llamó la atención el chocante detalle de que, para los apuntes de la constitución catalana, Vidal utilizó cientos de folios de la Administración de Justicia de España, papel oficial, con el escudo del Estado, proveniente del juzgado en el que ejercía.

 

La seguridad social, clave


Las pesquisas han puesto de manifiesto la participación de importantes firmas de asesoría, tecnología e informática para preparar las bases de gestión de datos necesarias para crear una seguridad social catalana. No han trascendido hasta el momento pagos realizados a esas empresas, entre ellas Deloitte, IT-Sistems e IBM, pero sí presupuestos de técnicos de la Generalitat.

Con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote, bajo la dirección política de la consellera de Trabajo Dolors Bassa y su secretario general Josep Ginesta, y con técnicos del centro expertos en redes informáticas, el Govern diseñó un sistema de captación de recursos sociales para los inicios de una Catalunya separada de España.

Los planes, intervenidos por la Guardia Civil en sus registros llevados del 20 de septiembre de 2017 -Operación Anubis- por orden del Juzgado 13, incluyen preparativos tecnológicos que ya estaban muy avanzados antes de que el Parlament promulgara las leyes de desconexión que luego suspendió el Tribunal Constitucional.

Para la Guardia Civil, era "clave en la desconexión asumir el sistema de la seguridad social", dice en un informe. Los planes apuntaban la necesidad de contar con la adhesión -o el acatamiento- de al menos 100 empresas principales de Catalunya. Con las cotizaciones a la Seguridad Social de esas empresas, más las de 233 entidades del sector público controlado por la Generalitat, los diseñadores del plan preveían reunir una masa crítica de ingresos de 4.200 millones de euros.

Pero eso era en una primera fase. El objetivo en materia de Seguridad Social era recaudar y gestionar las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes y controlar a 690.000 empresas, incluidos los autónomos, y las pensiones de un millón de jubilados.

Entre la documentación incautada por la Guardia Civil en la sede del Departamento de Trabajo en la tensa jornada del 20 de septiembre, figuran apuntes del técnico David Palanques que prevén que la Generalitat se erige en "la autoridad que exige en Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de cualquier tipo del sistema de seguridad social y clases pasivas".

El organismo que los administraría sería una Agencia Catalana de Protección Social. Para el diseño técnico de esa agencia la Generalitat pidió bocetos a la firma Deloitte, según apuntes intervenidos al técnico de Trabajo David Franco. Su participación estaba presupuestada en 197.508 euros, aunque en los apuntes se preveía también un precio "sense IVA": 163.230. En esos apuntes hay también alusiones a la participación en los trabajos de HP; IBM, Itteria y el Cesicat.

Se las necesitaba para implementar un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) que iba a tener un presupuesto de 1.471.247 euros en 2017 y de 2.537.561 en 2018. El CPD tendría que ser capaz de gestionar los datos de los mencionados 3,2 millones de contribuyentes y 300.000 afiliaciones al año.

 

Hacienda catalana


Más allá de la famosa Moleskine de Josep Lluís Salvadó, secretario del Departamento de Economia y Hacienda, la Guardia Civil ha analizado también un pendrive de Salvadó con un solo documento, “Activitats i mesures adreçades a la creació de l’Estat Catalá”, que contiene una cuantificación de los recursos necesarios para el despliegue del fisco de una Catalunya independiente en el mismo día 1 de la ruptura.

Según los cálculos que hizo Salvadó, eso supondría gastar 499.860.737 de euros, e incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria catalana en 7.000 personas. Todo ello, aclara la Guardia Civil sin contar con "el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de la propiedad inmobiliaria", el que sería el catastro catalán.

Y todo ello calculado como presupuesto solo de extensión, sin contar los recursos ya empleados, en fase autonómica, en crear un sistema tributario independiente: "Se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán", aseguran los invesigadores a la jueza Alejandra Gil, continuadora de la instrucción que inició el fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.

 

Confiscación de bienes del Estado


La apropiación de otros recursos por parte de un gobierno catalán ya separado de España iba a tener una cobertura legal en el más alto nivel normativo de la nueva república catalana.

Entre los papeles incautados al exjuez Santiago Vidal en su domicilio aquel 20 de septiembre, un remedo de constitución catalana. El último artículo es una "Disposición confiscadora", así titulada y que dice: "Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Catalunya, pertenecientes al Reino de España".

El secretario de Hacienda Salvadó tuvo a un equipo de 10 personas, investigado por las Fuerzas de Seguridad, trabajando en elaborar un inventario de bienes inmuebles del Estado y su valor. La cifra que les salió fue 19.134 millones de euros. La confiscación de los bienes del Estado por una Generalitat desconectada había sido objeto de debates abiertos en la Assemblea Nacional Catalana, cuando en conferencias o coloquios se elucubraba sobre los primeros pasos de una Catalunya separada de España."                     (Juan José Fernández, El Periódico, 08/03/19)

3/9/18

Arzalluz: ¿Los españoles en Euskadi? Pues como los alemanes en Mallorca”. Urkullu acaba de suscribir un acuerdo con Bildu para lograr, justamente, que los españoles sean en Euskadi como extranjeros en cualquier zona turística española... pretende una Euskadi con dos clases de ciudadanos... los que tienen derecho a todos los servicios públicos, y los que sólo accedan a los que asignados por residencia... como los alemanes de Mallorca

"Corría noviembre del año 2000. Xabier Arzalluz, a la sazón presidente del EBB del PNV, hacía unas llamativas declaraciones al semanario alemán ‘Der Spiegel’. En ellas se explayaba sobre el nacionalismo vasco y su coincidencia con ETA sobre la independencia del País Vasco. 

Preguntado por los “españoles en Euskadi”, el líder nacionalista respondió con rapidez: “Serán tratados como los alemanes en Mallorca”. 

Y es que el PNV y el ‘abertzalismo’ de siempre han querido un país en el que quedase claro quiénes eran vascos y quiénes no. Y 18 años después de aquellas declaraciones, los ‘moderados’ Ortuzar —sucesor de Arzalluz al frente del PNV— y Urkullu —sucesor también de Ibarretxe— acaban de suscribir un acuerdo con Bildu para lograr, justamente, que los españoles sean en Euskadi como extranjeros en cualquier zona turística española.  

Tras el fracaso del Plan Ibarretxe en 2005, PNV y Bildu acaban de consensuar unas bases para la reforma del autogobierno vasco. En ellas —que luego se plasmarían en un Estatuto— se recoge la “identidad nacional” del pueblo vasco; se proclama el “derecho a decidir”, aduciendo que el principio de legalidad no puede vulnerar los deseos sociales; se prevé una vinculación confederal con España (“de igual a igual”); se establece la potestad de las instituciones vascas para convocar consultas y referéndums, y se distingue entre la ciudadanía, ligada a la vecindad administrativa, y la nacionalidad vasca. Unos, por tanto, serían ciudadanos con residencia y otros nacionales vascos.  (...)

Este planteamiento no lo aceptan ni los podemitas en Euskadi, que son de la cuerda de Íñigo Errejón. Por supuesto, tampoco el PP ni el PSE. Los socialistas, alarmados, han presentado un voto particular a esta ponencia calificando todo lo anterior como inconstitucional. 

Dicen los socios del PNV en su escrito que “a todo ello se suma una cuestión extraordinariamente preocupante, que ni siquiera estaba en las propuestas originales de los grupos y que se incorpora en esta fase con una ambigüedad deliberada, como es el capítulo 2.8 sobre ‘Ciudadanía y nacionalidad’. 

Con apariencia inocua, dado que se reconoce a toda la vecindad administrativa la condición ciudadana con preservación de sus derechos, se prevé que se distinga esta condición de ‘nacionalidad’. Esto, de forma incuestionable, plantea una categorización de quienes residen en Euskadi, entre quienes tienen derecho a disponer de todos los servicios públicos y lo que se determinará en ese futuro texto” (en referencia al nuevo Estatuto).

Este planteamiento del nacionalismo llamado ‘moderado’ y la izquierda ‘abertzale’ es netamente supremacista y pretende una Euskadi con dos clases de ciudadanos: los nacionales vascos y los que no lo son. Tenemos que ver ahora cómo se desarrolla esta impresentable dicotomía que remite a las sociedades medievales. (...)

 La diferencia estriba en la sociedad vasca que, tras casi 50 años de terrorismo etarra (terrorismo nacionalista), no está por recorrer caminos de incertidumbre. En el último Euskobarómetro (13 de julio), solo el 28% de los consultados percibía una necesidad de reformar el actual Estatuto, y no llegaban a una décima parte quienes deseaban una ruptura soberanista con España. 

El movimiento independentista, que ya se percibió en la cadena humana que unió las tres capitales vascas el pasado 10 de junio con la participación de toda la dirigencia del PNV (partido y cargos institucionales), imitando las iniciativas del ‘procés’ catalán, sería en Euskadi una iniciativa de las élites nacionalistas como lo fue el plan Ibarretxe. 

La demanda no existe pero se crea. Como ha ocurrido en Cataluña. (...)"          (José Antonio Zarzalejos, El Confidencial, 17/07/18)

30/9/17

¿Por qué no vale el 50% más uno de los votos de un referendo secesionista? Porque la secesión hace extranjeros a tus conciudadanos... ¿Se puede situar fuera de España a millones de catalanes que desearían seguir siendo españoles? ¿Por un voto? En democracia la mayoría tiene que respetar los derechos básicos de la minoría

"(...) P. ¿Por qué no le vale a usted el 50% más uno de los votos de un referendo secesionista?

R. Porque es una decisión extremadamente grave y probablemente irreversible que afectaría también al resto de los ciudadanos del Estado. Lo que está en juego es el derecho de los quebequeses y de sus descendientes a ser canadienses. 

Pedir, luego, el reingreso en la federación sería muy difícil e improbable. Una decisión tan trascendental exige un consenso muy serio y no una mayoría ocasional que puede cambiar según sople el viento de la política o de la economía.  (...)

A nosotros nos parece lo más civilizado recurrir a los tribunales para clarificar los aspectos jurídicos. Pero si el Gobierno de Canadá solicitó el dictamen del Tribunal Supremo no fue con el ánimo de preguntarle si la secesión de Québec, que es un asunto político, estaba bien o mal.

 Lo hicimos para saber cómo podía llevarse a cabo la secesión desde el punto de vista jurídico, para saber si la escisión podía llevarse a cabo por la simple voluntad del Gobierno de esa provincia, que entonces era independentista. 

Lo que nos respondió el Tribunal Supremo fue que ni el derecho internacional ni el derecho canadiense avalaban esa pretensión porque Québec no es obviamente una colonia. También nos dijo que, de todas formas, el Gobierno de Canadá no debería retener contra su voluntad a una parte de la población y que si se acredita una voluntad clara de separación, todos los integrantes de la federación canadiense tendrían que entrar a negociar la forma más justa para todos de llevar a cabo la separación. 

P. ¿Qué es lo que habría que negociar exactamente?

R. El reparto del activo y del pasivo, las modificaciones de las fronteras, los derechos y reivindicaciones de los pueblos aborígenes y la protección de los derechos de las minorías. Eso es lo que ya se especifica en el artículo 4 de la Ley sobre la Claridad, pero para avalar la separación habría que negociar muchísimas más cosas.

P. ¿En esa negociación debería garantizarse la posibilidad de que una parte de la población de ese nuevo Estado independiente pueda, a su vez, separarse?

R. Claro, el principio de que no se puede retener a nadie contra su voluntad tiene que aplicarse en todas las direcciones. Los secesionistas declaran la divisibilidad de Canadá, al tiempo que proclaman la indivisibilidad de su futuro Estado. 

Es una contradicción inherente a todos los secesionismos. Ellos tienen que saber que si entramos a negociar la escisión, tendrán que contar con la posibilidad de que una parte de su territorio opte por quedarse con Canadá. Hay que evitar las dos varas de medir. (...)

P. El hecho de que un Gobierno ignore las reglas de juego comúnmente establecidas ¿le invalida moralmente para plantear propuestas de ruptura?

R. Si envía a sus ciudadanos el mensaje de que se puede burlar la ley, ¿cómo conseguirá luego que esos mismos ciudadanos acaten sus leyes? Es el problema de la secesión unilateral. ¿Se puede situar fuera de Canadá a millones de quebequeses que desearían seguir siendo canadienses y hacerlo burlando las leyes constitucionales? 

Esos ciudadanos podrían denunciar a ese Gobierno ante los tribunales. ¿Y el Gobierno de Canadá tendría que ignorar esa tentativa ilegal de secesión o debería quedarse responsablemente, pacíficamente, en territorio quebequés? ¿Qué podría hacer el Gobierno independentista? ¿Utilizar a la policía? Es una locura. 

No es así como se funciona en la democracia. Tenemos que regirnos por el derecho. Si hay que negociar la separación, lo haremos, por muy triste y lamentable que sea, pero siempre de acuerdo con la ley y en el respeto a todas las partes.

P. ¿Cree que la dinámica secesionista es difícil de conciliar con la democracia?

R. En la democracia caben necesariamente todos los ciudadanos. No se puede relativizar la solidaridad en función de la lengua, la religión o la pertenencia territorial. La secesión, por el contrario, obliga a elegir entre tus conciudadanos, a optar entre los que consideras los tuyos y los que quieres transformar en extranjeros. Nadie tiene vocación de extranjero en una democracia. Y por eso no ha habido secesiones en las democracias bien establecidas. 

Eso es algo que únicamente se ha producido en los contextos coloniales o en la transición a la democracia de un régimen totalitario.

P. Pero también hay algún ejemplo reciente de países independizados por procedimientos legales...
R. Bueno, el caso de Checoslovaquia, pero hay que recordar que la división se produjo a la salida del régimen comunista y que fue una decisión tomada por los primeros ministros de las dos regiones, sin consultar a la ciudadanos que, según algunos sondeos, estaban mayoritariamente por continuar unidos.

P. ¿Desde el punto de vista económico es viable la secesión en un país desarrollado?

R. Podría ser viable. El eslogan de los separatistas de Italia del norte era que si permanecían unidos al sur se convertirían en África y que si se independizaban serían Suiza. Pero los italianos del norte quisieron seguir siendo italianos y eso les honra. Además, la historia está llena de ejemplos de regiones que han pasado de ser ricas a pobres o menos ricas y viceversa.

 La vida de los Estados es muy larga y las cosas cambian. Si empezamos a elegir en función de la riqueza, siempre encontraremos a otras regiones más ricas. Pero la idea sobre la que descansa un Estado democrático es la solidaridad entre ciudadanos y entre regiones.  (...)

P. Usted ha dicho que al nacionalismo no se le calma con nuevas concesiones, sino que se le combate ideológicamente.

R. Una precisión antes de nada. El nacionalismo no es lo mismo que el separatismo. Los quebequeses francófonos son todos nacionalistas en el sentido de que queremos conservar nuestra lengua y nuestra cultura, pero mantener esa solidaridad entre nosotros no es incompatible, en absoluto, con mantener la solidaridad con los otros canadienses. 

Hay canadienses, por cierto, muy orgullosos de financiar con sus impuestos el mantenimiento de la lengua francesa, aunque ellos no la hablen, porque piensan que es una manera de enriquecer a Canadá. Lo que yo combato es el secesionismo, sin perder de vista que hay, efectivamente, nacionalismos muy peligrosos.

P. ¿Y cómo los combate usted?

R. Demostrando que la separación es un grave error, tratando de convencer a la gente de que somos complementarios, de que las identidades no se restan, se suman; que ser quebequés y canadiense es maravilloso y que si me quitan a Canadá mutilan algo mío, porque hay una dimensión canadiense en mi pertenencia quebequesa.

P. ¿La actitud de conciliación es eficaz?

R. Parto de la idea de que un conciudadano partidario de la separación no es, en absoluto, mi enemigo. Busco dialogar con él y convencerle. En estos ocho años de ministro yo he sido insultado y caricaturizado por determinados secesionistas, pero nunca he respondido en el plano personal. 

A la injuria no se le combate con la injuria, que no deja de ser el arma del débil. Se le combate con argumentos y con la pasión de la razón desde el respeto más escrupuloso y la máxima cortesía. Además, nuestros argumentos son muy poderosos."                   (Entrevista:STÉPHANE DION, , El País, 25/11/2003) 

28/9/17

¿Pero cómo que no va a haber frontera? Pues claro que va a haber. Y aduana. Ese es el problema, que la gente no quiere verlo, pero aquí aparecería una aduana y tendríamos que pagar aranceles. ¿Atravesar una frontera para irte a un centro comercial a Lleida? Es que lo veo absurdo

"Francisco Juste está cambiando las ruedas a un tractor. Lo hace a las puertas de su taller, a la salida de Massalcoreig, un pueblo catalán de 500 habitantes en la provincia de Lleida. Es el último pueblo de Cataluña antes de entrar en Aragón. 

El taller de Francisco está a cuatro kilómetros del límite autonómico. Desde su entrada se puede ver el río Cinca que sirve de frontera y, detrás, los primeros pueblos aragoneses.

Además de mecánico, Francisco ejerce también como alcalde de esta localidad. “¿Ves todo esto?”, dice mostrando su taller, repleto de motores, piezas y herramientas. “Todo está comprado en Aragón y es todo para clientes de los pueblos de Aragón. Si mañana a mí me plantan una frontera aquí, me hunden”.

Francisco es uno de los cientos de vecinos que está siguiendo con preocupación -con verdadera preocupación- el proceso de tentativa de independencia de Cataluña. “Sí, en Madrid y en Barcelona hablan mucho y dicen que les preocupa mucho, pero aquí estamos pendientes porque nos cambiaría la vida de un día para otro. 

Aquí hay gente trabaja en Aragón y vive en Cataluña, o al revés. O vecinos que van de compras de un lado a otro, o que tienen una finca. Agricultores que venden de un lado a otro, estudiantes universitarios, comerciantes… Aquí no hay frontera, estamos conectados de todas las maneras. Si meten una división aquí, no quiero ni imaginar las consecuencias”.

 

La Franja


La frontera entre Cataluña y Aragón es conocida como La Franja (La Francha, en aragonés). La mayoría de pueblos aragoneses que se sitúan cerca de la frontera son catalanófonos. Un paseo por cualquiera de ellos sirve para darse cuenta de que, a pesar de estar en Aragón, aquí las conversaciones, los carteles y las señales son en catalán. La Franja es como una extensión de Cataluña fuera de sus límites autonómicos.  (...)

Magda, la alcaldesa de Mequinenza, lo resume: “Nosotros somos aragoneses. Y la mayoría de gente aquí se siente aragonesa, aunque hable catalán y aunque haya una parte que sí es catalanista. El sentir general es que estamos vinculados a ambos territorios, así que tenemos el corazón partido”. (...)

A cuatro minutos en coche, del otro lado de la frontera, las localidades catalanas como Granja d’Escarp, Massalcoreig y Seròs son de mayoría independentista. Sus calles lucen banderas esteladas y llamadas al referéndum.  (...)

Cada parte, pues, se quedaría en su lado. Pero José Vilella, vecino de Mequinenza, da una vuelta de tuerca más: “Yo me quedaría en Aragón, pero nací en Lleida. ¿Tendría nacionalidad catalana también, no? ¿Y tendría derecho a votar en el referéndum como catalán que soy, no? Lo digo porque a mí no me ha llegado ninguna información para votar”, dice con una mueca cínica. 

La pregunta se repite a la inversa en el lado catalán. Mauricio, vecino aragonés residente en Seròs (Lleida) se pone serio y cuestiona: “¿Y si mañana esto es una república catalana, los vecinos de nacionalidad española tenemos nuestros derechos garantizados? A mí nadie me ha explicado nada. Pasaría a pertenecer a una minoría de nacionalidad española y, como tal, tendrían que garantizarme que mis hijos puedan estudiar en español y que yo pueda seguir usándolo. Pero nadie habla de esto”, afirma.

Jaume Navarra es el otro lado del espejo. Es un jubilado catalán que se ha trasladado a vivir a una finca en Aragón. “Pasaremos a ser dos Estados distintos, pero entiendo que podré seguir viniendo y podré vivir aquí. Lo que no sé es si cruzar la frontera sería más complicado. Espero que no”.

 

La vida divididos


Si en algo coinciden todos los vecinos de ambos lados de La Franja es que no quieren una frontera separando sus pueblos, separando sus vidas. Eso sí, coinciden desde perspectivas diferentes.

Los vecinos independentistas se niegan a creer que vaya a existir una frontera o una aduana entre una hipotética República de Cataluña y España. “¿Frontera? Aquí no habría frontera, hombre. Si somos el mismo país. Lo que pasa es que pasaríamos a ser dos estados distintos”, dice José, vecino de Granja d’Escarp. Jaume, el vecino catalán residente en Aragón, coincide: “No queremos fronteras, no tiene que haber ninguna separación, somos pueblos hermanos y no queremos alejarnos”.

Pero Francisco Juste, el alcalde que abre este relato desde su taller, adopta un tono de incredulidad cuando se expresa: “¿Pero cómo que no va a haber frontera? Pues claro que va a haber. Y aduana. Ese es el problema, que la gente no quiere verlo, pero aquí aparecería una aduana y tendríamos que pagar aranceles. 

La gente que hoy comercia con Aragón, las cooperativas de fruteros que venden en Huesca, los agricultores que van de un lado a otro… Todos tendrían que atravesar frontera, pagar aranceles, aduanas… Es que nadie está pensando en esto seriamente”.

Sí lo ha hecho Francisco Jové, vecino de Seròs, quien, a pesar de ser independentista, admite que la vida sería más difícil. “Se me haría muy raro que hubiera una frontera aquí”, dice apoyado en su bastón, frente a una enorme estelada que cubre la fachada del Ayuntamiento. “Mi hija trabaja en Aragón, mi yerno también y ambos viven aquí en Cataluña. Me preocupa lo que podría pasar con ellos”.

La otra perspectiva es la de los aragoneses. José Vilella, de Mequinenza, reflexiona sobre el daño que haría una división. “Habría que reorganizar los estudiantes que están en Lleida. También las cooperativas que venden fruta y hasta la gente que va de compras. ¿Atravesar una frontera para irte a un centro comercial a Lleida? Es que lo veo absurdo”.

El sentido común lo pone en forma de conclusión la alcaldesa de Mequinenza: “Es que todo esto es tan hipotético... Es que no hay elementos ni información para imaginar el escenario que resultaría. Por eso estamos tan preocupados. Porque no entendemos cómo se ha llegado hasta aquí y tenemos miedo del deterioro que pueda dejar esto”.                ( , El País, 24/09/17) 

8/6/17

Tras la secesión, hay que elegir, o ciudadanía española o catalana... porque si se conservara la ciudadanía española, habría un Estado con 7,5 millones de catalanes, de los que 7,5 ¡¡¡serían españoles!!! Esto no es serio.

"En La Vanguardia de hoy se hacía referencia al artículo “Nacionalitat catalana i/o nacionalitat espanyola. I l’europea?“, de Mariona Illamola Dausà, profesora de Derecho Internacional Público (Derecho de la UE) en la UdG, que he leído con avidez. (...)

El tema de las hipotéticas consecuencias sobre la nacionalidad en caso de una supuesta secesión han sido tratadas en el blog casi hasta la náusea. Evidentemente, nadie puede asegurar al cien por cien qué pasaría, pero con un poco de razonabilidad, honestidad y algunas referencias se puede llegar a la hipótesis con más números de ser cierta: aquella que sostiene que, en el caso de secesión efectiva y con todas las letras (no con infantilismos del tipo “¿y si no nos reconocen?”), probablemente habría que acabar optando entre la nacionalidad española y la supuesta catalana. 

Para quien todavía no lo haya leído, enlazo al “clásico” artículo de este blog: “La secesión de Cataluña y la nacionalidad española: ¿Se podría perder la nacionalidad española?”, en el que se desarrollan multitud de argumentos. No es la única solución, por supuesto.

Sobre el artículo de Illamola, comentaré una parte de sus conclusiones (el apartado 8 de su artículo), con argumentos de sobra conocidos, así que no expondré novedad alguna que no hayamos examinado mil y una veces:

1.”Crec que no hi ha una resposta clara i unívoca o sense matisos a la pregunta de si els catalans [la negrita es mía] mantindrien la ciutadania europea en el supòsit que Catalunya aconseguís la independència i no fos al mateix moment Estat membre de la Unió“.

 Admitamos que nadie tiene toda la verdad; ahí estoy de acuerdo. Si quieres aportar matices, también de acuerdo. Ahora bien, si la ciudadanía europea es complementaria de la nacional, y esta ciudadanía depende de ostentar la nacionalidad de un Estado miembro, es poco discutible que, de inicio, si Cataluña fuera un estado independiente y no fuera miembro de la Unión Europea, los ciudadanos nacionales catalanes no serían titulares de la ciudadanía europea. Solo lo serían en tanto que, hipotéticamente, españoles; siempre y cuando sean españoles tras la secesión, claro.

Artículo 9 del Tratado de la UE: “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla“.

Artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE: “1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.“

O sea: si la hipotética Cataluña independiente no es miembro de la Unión Europea, sus nacionales, catalanes, tampoco serán ciudadanos de la Unión Europea.

De momento, esto parece lo más coherente.

2. “Si Catalunya després de la seva independència no fos Estat membre de la Unió Europea, els seus nacionals continuarien sent ciutadans de la UE perquè continuarien tenint la nacionalitat espanyola, tret que ells, personalment, decidissin revocar-la o que Espanya els la retirés.“.

En primer lugar: la pregunta que he lanzado “al aire” cientos de veces, que más que con el Derecho, tiene que ver con la honestidad: ¿le parece a usted lógico que se cree un nuevo Estado (Cataluña) y sus ciudadanos continúen ostentando la nacionalidad española?

 O sea: se crea un Estado con 7,5 millones de catalanes, de los que 7,5 ¡¡¡son españoles!!! Disculpad, pero no es serio. Aparte de que sería discutible que ese “nuevo Estado” contase con el elemento personal, es decir, “nacionales” propios. ¿Si todos somos españoles, existiría un Estado catalán?

Ahora, el Derecho: comparecencia de Gregorio Garzón Clariana, en el Parlament de Catalunya, explicando que el fenómeno de la doble nacionalidad tras una Sucesión de Estados NO HA OCURRIDO NUNCA. Admite, por descontado, que sería posible, pero que es de una “ingenuidad que mata“. Que todavía tenga que citar a Don Gregorio Garzón (han pasado más de tres años) es que da hasta un poco de grima.  (...)

Ahora, más sentido común: dicen los que quieren independizarse de España ROMPIENDO el orden constitucional, que una vez ROTO ese Orden Constitucional, al que NO se acogen, que no reconocen y repudian, SE ACOGERÁN A ÉL PARA MANTENER SU NACIONALIDAD ESPAÑOLA. Sin comentarios. 

Repito: sin comentarios. ¡Ah! Que a día de hoy, Código Civil en mano, no perderían la nacionalidad. Claro. Igual de cierto es que, Constitución Española en mano, la secesión es imposible. Pero perder la nacionalidad es imposible y, en cambio, la secesión está legitimada y es posible. Claro, claro. Sin comentarios, de nuevo.

3. “De tota manera, en el cas que Espanya no reconegués la independència de Catalunya, aquest territori i els seus habitants continuarien, des del punt de vista de les autoritats espanyoles, formant part d’Espanya, i per tant de la UE, la qual cosa implica que no perdrien la nacionalitat.”

 Como cuestión temporal o transitoria, vale, pero académicamente la hipótesis deja mucho que desear: ¿toda la Comunidad internacional reconocería a Cataluña excepto España? O sea: ¿Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido o los Estados Unidos de América reconocen un hipotético Estado catalán y España no? ¿Me dicen eso? En esa fantasiosa hipótesis, quizá la cosa aguantaría un día, una semana o un mes. No creo que más.

Así que: ¿qué pasa tras el reconocimiento? Como he señalado antes, la hipótesis de una secesión se debe formular con todas las letras y no sobre un hipotético estadio transitorio o temporal que un día u otro se acabaría. Y eso, como de costumbre, no se afronta de cara. Ni siquiera académicamente.

4. “Si hi hagués un procés d’independència pactat amb Espanya i Catalunya quedés fora de la Unió Europea es podria valorar la possibilitat d’una doble nacionalitat, amb la qual cosa en ser nacionals espanyols els catalans serien ciutadans europeus. També hi hauria la possibilitat, si no hi hagués doble nacionalitat, que Espanya ampliés el concepte de qui són els seus ciutadans en termes de ciutadania europea per motius històrics, tal com va fer el Regne Unit, incloent-hi els catalanoespanyols“.

Con perdón, pero este párrafo no resiste la sana crítica: se formula una hipótesis ¡¡¡sobre lo que haría o debería hacer España ante una secesión!!! Aquí expliqué, para dummies, alguna razón por la que sospecho que la categoría de catalanoespañol no parece muy plausible ni razonable.

 Puestos a teorizar, si no hubiera doble nacionalidad, cabría la posibilidad de que “Cataluña ampliase el concepto de quiénes son sus ciudadanos en términos de ciudadanía europea por motivos históricos, incluyendo a todos los españoles que hasta el momento de la secesión habían tenido una nacionalidad común con los catalanoespañoles“. Suena coherente y lógico, ¿verdad?

5. “Així mateix, el resultat d’una decisió presa democràticament de modificar la definició política d’un territori part d’un Estat membre no hauria de comportar que ciutadans europeus passessin a ser tractats com nacionals de tercers països. Seria l’equivalent a una sanció, que podria considerar-se una vulneració dels principis del dret de la Unió. En aquest sentit, hi hauria d’haver una aplicació anàloga al procediment de retirada d’un Estat membre“. 

Una sociedad adulta, formada por adultos y no por niños, debe estar dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones “democráticas“. Te separas de un país, rompes el vínculo jurídico y político con España, y calificas como sanción las consecuencias de esa ruptura; concretamente, es una “sanción” romper el vínculo jurídico y político que tú mismo has propugnado. Una autosanción de la que tendría la culpa España. Ya me perdonarán, pero ese no es un argumento jurídico, sino pueril.

CONCLUSIÓN. Esto ya es cosecha mía. Artículos académicos que teorizan sobre la secesión de Cataluña y llegan a la conclusión de que la nacionalidad efectiva que utilizarían los ciudadanos catalanes sería… la española, en un complicado proceso que pasa por romper con la Constitución Española y, a la vez, suplicar su aplicación. O sea, que el hipotético Estado catalán no tendría ciudadanos propios. 

Y si los tuviera, serían tan pocos que no podría afirmarse que existe un Estado con su elemento personal imprescindible: ciudadanos. Tanta secesión y tanta historia para seguir siendo españoles. Lo dicen los artículos académicos, y no tan académicos, de la secesión, no yo.

Esto decía Araceli Mangas (citada en el artículo de Illamola), interrogada sobre la cuestión por EL PAÍS en septiembre de 2015:

“La catedrática de la Universidad Complutense Araceli Mangas explica que, en el Derecho Internacional, todo Estado tiene “competencia discrecional amplísima para determinar quiénes son sus nacionales y los criterios para adquirir o perder [la nacionalidad]“. 

Ante una secesión, si no hay acuerdo entre España y el hipotético Estado catalán, “el Estado que sufre la pérdida territorial (España) tiene derecho a retirar, y se hace así prácticamente siempre, su nacionalidad a las personas que adquieran la nacionalidad del Estado nuevo”. 

Para ello, explica, “debe modificar la Constitución”, en concreto el artículo 11.2, en el que se establece que no se puede privar a nadie de su nacionalidad contra su voluntad,pero que estaba “concebido en un contexto de normalidad constitucional”, arguye. “Cuando hay una modificación territorial hay que poner a cero el contador constitucional de la nacionalidad y aplicar reglas nuevas”, señala la catedrática. 

El Estado español también tendrá derecho a regular “libremente en qué casos y condiciones admite o no admite la doble nacionalidad con el nuevo Estado escindido”.“

Por favor, de verdad, maduren y asuman los temas de frente, aunque quizá esto sea en vano."                      (Cita falsa, 06/06/17)

26/5/17

Cataluña será el primer país que niega a la mayoría (el 55%) de sus ciudadanos el derecho a desarrollar su ciudadanía en su propia lengua

"(...) Al parecer, y ateniéndome a la digestión que hace la prensa, el documento revela cosas tales como que Cataluña será el primer país que niega a la mayoría (el 55%) de sus ciudadanos el derecho a desarrollar su ciudadanía en su propia lengua (¡en nombre de su ‘lengua propia’!). 

Como lo suyo es la tolerancia, parece que van a permitir hablar en castellano en la calle y en el hogar (“se garantiza el mantenimiento de los usos vigentes -sic- de la lengua catalana y la lengua castellana”), pero que se olviden los españolitos de estudiarlo o de usarlo en su trato con cualquier órgano administrativo.

 Ya no será sólo cuestión de protocolos de hospital: al médico, si no es en catalán o en inglés, se le deberán dirigir los pacientes por señas. El castellano en Cataluña será tan respetable como el urdú, para hacernos una idea.

Una Constitución, la catalana, que entre otras peregrinas pero terroríficas sandeces, pretende arrebatar la nacionalidad a los españoles que llevan empadronados ahí dos años. Por lo demás, lo importante lo tienen claro. Puesto que hay que amnistiar a los Pujol y a todos los golpistas, “el presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Presidente de la Generalitat”. 

Y, como de lo que se trata es de no pagar la fiesta a los vagos españoles, “la potestad para exigir tributos y otras contribuciones públicas obligatorias y la potestad para sancionar el incumplimiento corresponden a la Generalitat, sin perjuicio de las potestades atribuidas por ley a las administraciones públicas locales”.

Con semejante amenaza tan avanzada, cualquiera diría que va a haber sangre. Pero, quién sabe, quizás lo arregle un editorial de Gabilondo; o, mejor, una canción de amor a Cataluña del flamante Secretario Snchz. No obstante, su empeño por señalar al PP como fábrica de independentistas no ofrece mucha esperanza. La culpa de todo la tuvo Yoko Ono… (...)"              (Mikel Arteta, FRONTERA D 23/05/17)

26/4/17

Dice Puigdemont que el día después de la secesión, los catalanes seguirían siendo ciudadanos europeos gracias al pasaporte español... pero admite que, para ostentar la doble nacionalidad de forma automática, se requeriría un Tratado internacional... o sea, Una secesión real y efectiva comporta la salida de la Unión Europea y la pérdida de la nacionalidad española, automaticamente, y despúes se negocia el tratado

"Como es habitual, el asunto se explica solo. Un fragmento de la entrevista en Aljazeera a Carles Puigdemont. 
 Dice que el día después de la secesión, los 7,5 millones de catalanes seguiríamos siendo ciudadanos europeos gracias a nuestro pasaporte español (él dice europeo, pero sería pasaporte español). No obstante, a continuación, explica cuál es la única posibilidad para que ello no sea así. La explicación NO OS SORPRENDERÁ.



A ver:
  1. Es de suponer que una fantasiosa hipotética Cataluña independiente pretendería el reconocimiento mundial, incluido el de España. De hecho, si la secesión se llegara a imponer, tarde o temprano llegaría el reconocimiento. Otra cosa es si eso tarda un año, dos o los que sean y lo que sucede en ese tiempo de incertidumbre. No me interesa lo que sucedería en el periodo provisional. Me interesa lo que sucedería con carácter DEFINITIVO (dicho sea de paso: el separatismo sueña con una provisionalidad infinita, lo que le permite jugar siempre en el campo de la ambigüedad).
  2. Reconocimiento = fuera de la Unión Europea. No es difícil de entender. Si Cataluña, de hecho y de derecho, dejase de ser España, ya no formaría parte de la Unión Europea. Puigdemont lo confirma. [por cierto, mención aparte merece el lenguaje no verbal y el retintín con que dice que esa posibilidad pasa por que España “reconociera” la secesión; muestra adicional de la frivolidad e irresponsabilidad con que el separatismo afronta todo el Prusés™]
  3. La nacionalidad. Obviemos tecnicismos. Puigdemont admite que, para ostentar la doble nacionalidad de forma automática, se requeriría un Tratado internacional (la hipótesis de doble nacionalidad automática NUNCA se ha dado en el Derecho Internacional). Aquí se ha explicado en múltiples ocasiones lo remoto de una doble nacionalidad automática. Puigdemont lo confirma.
CONCLUSIÓN. No hay más preguntas. Una secesión real y efectiva comporta la salida de la Unión Europea y la pérdida de la nacionalidad española. A Puigdemont casi le da la risa porque sueña con que España nunca reconozca una hipotética (y fantasiosa) secesión, que es una forma muy adulta y madura de afrontar un proceso separatista. Me pregunto si también desea que Francia o Alemania no reconozcan nunca esa hipotética (y fantasiosa) secesión.

Frivolidades aparte, Puigdemont confirma el “discurs de la por”: si Cataluña dejase de formar parte de España, quedaría fuera de la Unión Europea y no habría doble nacionalidad automática. Gracias por la confirmación, President, pero eso se sabe desde hace años."                (Cita falsa, 02/04/17)

25/5/16

La constitución de una futura Cataluña independiente será excluyente desde el punto de vista identitario, centralista respecto a la distribución del poder territorial y presidencialista

"El pasado miércoles, Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, recibió solemnemente el borrador de la Constitución catalana elaborado por la entidad Construïm. (http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/constitucion-catalana-texto-completo-pdf-5123613). (...) 

En primer lugar, resulta anómalo que el borrador de la Constitución del hipotético Estado catalán sea redactado por una entidad privada, cuando se trataría de la principal función del Parlament, expresión de la soberanía popular. (...) 

Desde el primer punto de vista, el borrador resulta una codificación articulada de los lugares comunes del nacionalismo catalán. En el artículo 3 proclama que las lenguas oficiales serán únicamente el catalán y el aranés, mientras que al castellano, idioma materno y vehicular de, al menos, la mitad de la población del Principado, se le reserva un “estatus jurídico especial”. 

Éste se concreta en la disposición transitoria primera donde se específica que sólo podrán emplear el castellano en sus relaciones con las instituciones públicas los catalanes nacidos antes de 1977 que se supone no tuvieron la oportunidad de gozar de las excelencias de la inmersión lingüística.

 Un planteamiento en consonancia con el esencialismo lingüístico del grupo Koiné, que ha sido rechazado por dirigentes de ERC como Joan Tardà, quien propugna un régimen de cooficialidad para el castellano. Aquí el borrador constitucional resulta claramente discriminatorio para los catalanes de lengua castellana y constitucionaliza el criterio nacionalista de la homogenización lingüística de la población. (...) 

Un punto de vista semejante preside la cuestión de la nacionalidad catalana (art. 13), que concede la nacionalidad a los residentes en Catalunya, pero que realiza una distinción perversa. Como se lee en la disposición transitoria segunda, “todos los ciudadanos que en la fecha de la declaración de independencia tengan la nacionalidad española y la vecindad administrativa catalana, o los que acrediten la residencia habitual legal en Catalunya por plazo superior a los cinco años, son reconocidos como catalanes de origen a todos los efectos”. 

Sin embargo, en el caso de que el Estado español no establezca un convenio de doble nacionalidad con la República catalana, quienes quisieran conservar la nacionalidad española tendrían que renunciar a la catalana y ser considerados extranjeros. Por el contrario, los ciudadanos de los Països Catalans gozarían de la nacionalidad catalana, incluso si sus Estados de referencia no suscribiesen convenios de doble nacionalidad. 

Así podría darse el caso que un habitante de Perpiñán podría gozar de la nacionalidad catalana sin vivir en Cataluña, y que una persona nacida en el Principado fuese considerado extranjero si quisiese conservar la nacionalidad española con la pérdida de derechos que ello supone, como el derecho al voto o a trabajar en la administración pública.

 O que un ciudadano de Valencia o las Baleares pudiese tener la nacionalidad catalana y conservar la española, pero no uno de Andalucía. Ello sin contar con el elevado porcentaje de extranjeros que tendría la República catalana si muchos ciudadanos no quisiesen renunciar a su nacionalidad de origen.

 Respecto al derecho de autodeterminación sólo se le reconoce al Valle de Arán (art. 6). De modo que si un territorio del país, como por ejemplo las Tierras del Ebro, quisiese ejercerlo lo tendría taxativamente prohibido, incluso si una mayoría de su población quisiera hacerlo. En esto queda toda la cacareada retórica sobre el “derecho a decidir”, restringida al principio identitario. (...) 

Desde el punto de vista político-constitucional, el borrador resulta, en el capítulo de los derechos fundamentales, muy semejante al resto de las constituciones democráticas del mundo, aunque se obvia el derecho del aborto para las mujeres. No obstante, se constitucionaliza la “economía de mercado” como el régimen económico del país (art. 62). 

En este sentido es aun más regresiva que la Constitución española que instituye el correctivo la “economía social de mercado”. Además instaura un régimen presidencialista, que reúne en la misma persona las funciones de jefe del Estado y presidente del Gobierno, por elección directa y circunscripción única, dotado de amplios poderes que favorecen una dirección autoritaria de los asuntos públicos, a diferencia de los sistemas parlamentarios. (...) 

El borrador constitucional presenta un proyecto excluyente respecto a la pluralidad cultural y lingüística del país, donde prima la homogenización identitaria de la población. Asimismo deja entrever que quienes no se adapten a ella no gozarán de la ciudadanía catalana y tendrían la condición de extranjeros, a pesar de haber nacido en el país. 

Esto resulta evidente en el tratamiento de la cuestión lingüística, donde se apuesta claramente por la eliminación del castellano de la vida pública. El sistema político institucional promueve una República centralista, con escasa autonomía de las comarcas y con un poder ejecutivo fuerte, en comparación con los sistemas parlamentarios, que podría resolverse en un creciente autoritarismo presidencial. (...) 

En definitiva, el texto presentado no cumple con algunos de los mínimos requerimientos democráticos. Desde el punto de vista procedimental por haber sido elaborado por un grupo de notables; desde una perspectiva de contenidos por plantear un modelo excluyente en lo identitario, autoritario en la concepción del sistema político y centralista respecto a la distribución del poder territorial.

 Afortunadamente para los demócratas catalanes, dadas las crecientes disensiones entre los socios de gobierno en la coalición Junts pel Sí y el progresivo declive de los apoyos al independentismo, resulta muy improbable que esta Constitución llegue a ver a la luz como texto legal. Aunque también podría tratarse de un globo-sonda destinado a pulir las aristas más polémicas del borrador si se percibe un claro rechazo ciudadano a algunos de sus preceptos.(...)"                                         (Antonio Santamaría, El Viejo Topo, 15/05/16)

20/5/16

Después de la independencia catalana, si 40 millones de españoles entran en Cataluña, serán extranjeros, pero si 6 millones de catalanes entran en España, serán considerados españoles... pues no, como se puede ver

"De vez en cuando cae en mis manos, o en mi pantalla, alguna mención sobre la nacionalidad, la secesión y la doble nacionalidad que defienden los secesionistas. Las razones para descartar con altas probabilidades esa opción están ya más que trilladas. (...)

Voy a prescindir de aburridas cuestiones legales y nos situaremos en escenarios hipotéticos.  A ver:
  1. Pongamos que dos millones de españoles residentes en Cataluña (o sea, catalanes, no voy a andarme con circunloquios que compliquen la explicación; es para dummies) logran la secesión y crean un nuevo Estado, llamado República de Cataluña.
  2. Los catalanes (ahora ya son siete millones y medio, aunque mayores de edad no llegan a cinco millones y medio) deciden que sólo quienes residen en Cataluña en la fecha de la secesión acceden a la nacionalidad catalana otorgada por el Estado catalán.
  3. Por lo tanto, los catalanes deciden que, en cuanto crucen la frontera en dirección a Cataluña, cuarenta millones de españoles con los que hasta la fecha han compartido nacionalidad, serán considerados extranjeros.
  4. Esos mismos catalanes que han extranjerizado a cuarenta millones de españoles (y no cuento a los que, residiendo en Cataluña, probablemente acabarían siendo extranjeros también) afirman que, en cambio, cuando cruzan la frontera en dirección a España, ellos son españoles porque tendrán la doble nacionalidad automática.
  5. A la vista de lo que se expone en los puntos 3 y 4, conteste el lector: ¿qué decisión le parece más probable que tomarían 40 millones de españoles, extranjerizados en Cataluña?: A) Los cuarenta millones de españoles deciden que si los catalanes los extranjerizan, alguna decisión recíproca deben tomar al respecto, como obligar a escoger entre la nacionalidad española y la catalana, y extranjerizar a aquellos que tomen la nacionalidad del Estado catalán. B) Los cuarenta millones de españoles se alegran de ser extranjeros en Cataluña y celebran que 7,5 millones de catalanes les consideren extranjeros en Barcelona; no sólo eso: celebran que todos esos catalanes serán connacionales cuando vengan a Zaragoza, por lo que no adoptarán ninguna decisión que pueda extranjerizar a los catalanes.
  6. Justifique el lector, en todo caso, su respuesta en caso de haber escogido la letra B. Si lo desea, también puede justificar la respuesta A."               (Cita falsa, 08/12/16)

24/9/15

La ciudadanía europea no despliega efectos fuera de la Unión Europea

"(...) La Constitución dice en su artículo 11 que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”, y el Código Civil puntualiza que, incluso si un español decide adquirir una nacionalidad extranjera, puede mantener la original si así lo solicita en un plazo de tres años. Es decir, aparentemente, si el ciudadano no quiere perderla, la nacionalidad española no se pierde nunca.

Esa es la letra de la Constitución y de la ley. Pero ni la Constitución ni el resto de las leyes españolas, que derivan de ella, contemplan el escenario de la secesión de una parte del territorio. De hecho, ese escenario está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Constitución, que proclama la “indisoluble unidad de la nación española”.

Por eso, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco pide ser cuidadosos en este caso, en el que se está apelando a la Constitución cuando precisamente la independencia supondría romper con ella. “Cuando estamos hablando de una hipótesis tan fuera de toda ley como la secesión de una parte de España, creo que no debemos atender solo a la letra de la ley sino también a su contexto histórico.

 Y en el contexto de los constituyentes no estaba, de ninguna forma, la secesión de una parte del territorio”, dice Blanco. “Yo interpreto que la imposibilidad de perder la nacionalidad estaba pensada para otros casos, como el de que alguien se vaya a vivir de forma permanente a otro país, o evitar que por una sentencia penal se declarase apátrida a un ciudadano español”.

La primera pregunta —¿perderían los catalanes la nacionalidad española?— quedaría así a interpretación de los constitucionalistas. Pero hay después una segunda pregunta: en caso de mantener la nacionalidad española, ¿conservarían por tanto la europea? Y si así fuera, ¿qué efectos tendría eso y cuáles no tendría?

Los ciudadanos de los países miembros de la UE no tienen una nacionalidad europea, pero sí un estatus de “ciudadano europeo”, según las leyes de la UE. El artículo 9 del Tratado de la UE dice que “será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro”.

El estatus de ciudadano europeo conlleva ser beneficiario de los derechos y obligaciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que es jurídicamente vinculante desde el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009. En el hipotético caso de que Cataluña se independizara y los catalanes pudieran conservar la nacionalidad española, podrían seguir siendo ciudadanos europeos, porque esa ciudadanía está ligada a la nacionalidad.

Pero sería una ciudadanía europea que habría quedado “vacía de contenido”, interpreta Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y exsecretario de Estado para la UE.

 ¿Por qué? Porque esos derechos a los que hace referencia la Carta no podrían hacerse valer ante el hipotético Estado catalán, ya que, al dejar de ser un Estado miembro de la UE, “el derecho de la Unión no es aplicable en su territorio, no está vinculado por él”. De igual forma, las resoluciones de los tribunales de la UE tampoco podrían ser aplicables en Cataluña, “porque dejarían de tener jurisdicción en ese territorio”.           ( /   , El País, Madrid 23 SEP 2015)

29/1/14

Apátridas en su país, en Europa

"(...) En dicho artículo hacía referencia a los más de 300.000 apátridas de Letonia aunque de manera muy somera. Sigamos pues, con el tema de las repúblicas bálticas. 

A los letones hay que sumar los no-ciudadanos o "pasaportes grises" estonios, que tienen reconocida la residencia legal en Estonia pero no la ciudadanía (ni tampoco ninguna otra) y los ciudadanos rusos, ambos grupos sin derecho a voto (entre una quinta y una cuarta parte de residentes) y en tal situación de acoso y discriminación tanto en materia lingüística como de derechos sociales que han sido denunciados por numerosas ONG, entre ellas Amnistía Internacional.

 Un poco mejor es la situación de Lituania ya que desde el principio facilitó la naturalización de los residentes. Y, aun así, es uno de los países con más apátridas del mundo. Según las palabras de Francisco Rubio Llorente, catedrático emérito de Derecho Constitucional, entre el 30% y 40% de la población de estos tres países pudieron votar en el referéndum de independencia pero, a día de hoy, no pueden votar en otros comicios porque ya no son ciudadanos y, por lo tanto, no tienen derecho a voto. (...)"               (Sonia Sierra, Crónica Global, Lunes, 27 de enero de 2014)

27/1/14

¿Y si la mayoría prefiere la nacionalidad española (y europea)? Por si las moscas...

"(...) Creo que sería muy pertinente que la Assemblea Nacional Catalana especificara hasta dónde llega el magisterio de las tres ex repúblicas soviéticas. ¿Se va a copiar también lo de otorgar la nacionalidad a partir de cierta fecha de nacimiento? Si es así, cabe recordar que ellos escogieron 1940. 

¿Y qué pasa con las lenguas? ¿Van a imitar la falta de respeto al español que ellos muestran ante el ruso? En Letonia, la única lengua oficial es el letón pese a que el ruso es la lengua materna de casi el 30% de la población y, por poner un ejemplo, Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural está en esa misma línea.

 ¿Quieren ella y Carme Forcadell que la sociedad civil catalana sea a imagen y semejanza de la sociedad civil báltica? Lo cierto es que jamás les he visto criticar a estos tres países por estos aspectos, más bien al contrario, todo son parabienes y demostraciones de gratitud por las palabras de Algirdas Butkevicius, primer ministro de Lituania, por su apoyo al soberanismo catalán (aunque luego dijo que la ACN había realizado una interpretación tendenciosa de sus declaraciones) y las del por entonces primer ministro letón, el populista Valdis Dombrovskis.

Pero no quiero que se me acuse de caer en el discurso del miedo así que apartemos de nuestras mentes estos feos ejemplos bálticos –que luego los del Ara me castigan- y pensemos en positivo. Después de todo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya ha dicho que todo el que lo desee podrá tener la doble nacionalidad. Lástima que, en realidad, esto no esté en sus manos.

 Para empezar, pese a que él afirma que hay muchos ciudadanos en el mundo que tienen la doble nacionalidad esto no es exactamente así pues, estadísticamente, son una auténtica minoría y, según el Derecho Internacional, las doble nacionalidad es una fuente de conflictos y debe ser reducida. Además, para que esto suceda, tienen que estar de acuerdo los dos países lo cual, de entrada, ya resulta imposible si la secesión se realiza mediante una declaración unilateral, como el propio Junqueras propone. 

Pero, qué caramba, he dicho que voy a ser optimista así que vamos a ponernos en el mejor de los casos, en una secesión amistosa y con el reconocimiento de Cataluña como país por parte de España.

 Parece evidente que gran parte de la población querría esa doble nacionalidad, que no hace falta ni haber cursado 1º de Publicidad para saber del poder de un 2x1. Imaginemos que, por ejemplo, unos seis millones de personas deciden solicitarla. ¿Alguien se imagina un país que tiene semejante cantidad de súbditos viviendo en el país de al lado?

Descartado el modelo de Letonia, Estonia y Lituania, y con nuestras nuevas gafas de color de rosa, damos por hecho que el nuevo Estado dará a todos los actuales ciudadanos la posibilidad de adquirir la nacionalidad catalana –sin decantarse ni por el ius solis ni por el ius sanguinis que suelen ser los principio usuales para adquirir la nacionalidad- según reza la propaganda de CiU, pero lo que no sabemos es cuántas personas estarían dispuestas a aceptarla.

 Parece que ya ha quedado bastante claro que si un país se secesiona, queda fuera de la Unión Europea y tiene que volver a pedir el ingreso por lo que es posible que mucha gente, más allá de los lazos sentimentales con España, quiera mantener la nacionalidad española por puro pragmatismo, para poder seguir siendo miembro de la UE, lo cual nos podría llevar al mayor de los absurdos: Cataluña convertida por fin, según el sueño de unos cuanto, en un Estado independiente pero con una gran parte de la población que sigue siendo española. 

Al final del camino, ¿podríamos encontrarnos con un Estado… sin nacionales?"                (Sonia Sierra, Crónica Global, Lunes, 27 de enero de 2014)