El PSC pregunta si han desviado fondos covid para pagar los reportajes de Mediapro. Con acentos valleinclanescos se podría formular esa pregunta así: --¿Cuántas vidas nos cuesta cada episodio de esa serie? Budó no contesta

 "La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha evitado responder a la pregunta de la diputada del PSC, Beatriz Silva, que le ha preguntado si los "440.000 euros" que ha costado la serie 'El Judici', producida por Mediapro y que emite TV3, han salido de los fondos covid.

Silva ha recordado que ya se desvió anteriormente "una partida de fondos covid" para TV3. Del mismo modo, ha lamentado que la serie de TV3 "no responde a la pluralidad" y ha señalado que en el último capítulo "sólo se dedicó 8 segundos" a dar voz a contrarios al proceso.

Budó ha esquivado la pregunta sobre los fondos covidi y se ha limitado a responder que "al Govern le toca garantizar que TV3 se basa en el modelo de independencia, de pluralidad y de profesionalidad". También ha reivindicado la "libertad de información y no injerencia política" de TV3.

"No es competencia de esta consejera ni del Govern decidir la programación de TV3 o Catalunya Radio. Ni decidir ni controlarla", ha remarcado, además de asegurar que "este Govern no censura". No obstante, ha celebrado que "TV3 es líder de audiencia y de credibilidad".               (e-notícies, 29/04/21)

 

"Sin quererlo, la portavoz del Gobierno de la Generalitat, la señora Meritxell Budó, es una mina de información. 

Le preguntó este jueves la diputada socialista Beatriz Silva si el dinero con que se han financiado los reportajes de Mediapro que está emitiendo TV3% sobre el juicio del “procés” --cuyo sesgo propagandístico quedó bien claro en las conversaciones, felizmente filtradas, entre David Madí y Taxto Benet— salen del fondo para luchar contra el Covid.

O sea, hablando con crudeza: la diputada socialista preguntaba si el equipo de Pere Aragonès está engordando las cuentas bancarias de Tatxo Benet y Jaume Roures, esos dos grandes idealistas, con la vida de los enfermos catalanes. Con acentos valleinclanescos se podría formular esa pregunta así:

--¿Cuántas vidas nos cuesta cada episodio de esa serie?

Pero la señora Silva no quiso dar por prematuramente confirmadas sus sospechas, así que la pregunta exacta que formuló (según la excelente información de María Jesús Cañizares, ayer en Crónica Global) fue esta:

--Es mucho dinero. ¿Se han comprado con fondos Covid?

Es una pregunta clara, sencilla y tremenda.

La señora Budó, que como portavoz del Govern está perfectamente informada de este asunto que es piedra de escándalo desde hace meses y que tiene lógicamente ofendido, humillado e indignado al sector del documental catalán, podía haber respondido:

–No, ese dinero no se ha desviado de los fondos de la lucha contra el Covid. Viene de…

Y explicarlo claramente. O bien podía haber respondido:

--Pues mire usted, señora Silva, la verdad es que no lo sé. Espero que no. Lamento no poder responder ahora a su pregunta, pero voy a preguntarle a los señores Sanchis, Madí, Aragonès, Benet, y a quien haga falta, de dónde ha salido ese dinero de los que hace unos meses TV3% no disponía, y en la próxima rueda de prensa responderé a su pregunta.

Quizá la hubiéramos creído. O por lo menos le hubiésemos dado el beneficio de la duda.

Pero no, en vez de eso la señora Budó respondió proclamando “la independencia, profesionalidad y pluralidad” de TV3%.

A esta portavoz gubernamental (o “portavoza”, como diría la ministra de Igualdad), que no nos la cambien. Vale cada euro que le pagamos los contribuyentes. Ya que al pronunciar con tanto aplomo e impostada indignación embustes tan clamorosos, revela siempre la verdad que pretende velar. Es como el asesino nervioso que, antes de que la policía lo llame a declarar por la muerte de Rodrigo Tortilla, se presenta en comisaría, con las manos tintas en sangre, gritando: “¡Yo no maté al señor Tortilla!... ¡Yo no he matado a nadie!... ¿Puede alguien darme un klínex?”

Porque hasta el procesista más fanático sabe que TV% no es independiente, ni plural ni profesional, sino todo lo contrario. Todos, en Cataluña, sabemos que TV3%  es una fábrica de mentiras al servicio del Govern, o “una vergüenza nacional”, según la rigurosa definición de Ramón de España, a quien no le quedó más remedio que escribirlo así a pesar del aprecio personal o la curiosa debilidad que siente por el director de la cadena, el señor Sanchis.

Al faltar a la verdad Budó de forma tan manifiesta, crasa e indiscutible, no solo se retrata a ella y a sus compinches sino que da pie a que todos deduzcamos que la sospecha formulada por la diputada socialista es acertada y que esos documentales goebbelsianos de Benet/Roures se han pagado con fondos Covid, y cuestan vidas.

Esto, en caso de confirmarse, sería un asunto criminal muy grave, propio de Harry Lime, el traficante de penicilina adulterada en la Viena de postguerra de El tercer hombre.

Claro que es posible que no tengan culpa directa los señores de Mediapro, y en tal caso seguro que estarían encantados de que la justicia tomase cartas en el asunto y abriese una investigación."                (Ignacio Vidal-Folch , Crónica global, 30/04/21)

"El independentismo quería una frontera con España y ha levantado un muro entre catalanes... no se puede ceder con la celebración de un referéndum. Una vez se realiza, el independentismo no parará hasta alcanzar la victoria"

 "Gabriel Colomé (Barcelona, 1955) ha querido reflejar sus pasiones en el libro Silencio, se vota. Notas de campañas, 1999-2019 (Comares). (...)

Colomé, politólogo, profesor en la UAB, director académico del ICPS, ha protagonizado campañas electorales tan decisivas como la de 1999, con Pasqual Maragall a punto de desbancar, en aquel momento, a Jordi Pujol. No pudo ser. Ganó en votos, pero no en escaños. Y pudo haber sido un punto de inflexión. Ahora, la atención está puesta en el 14 de febrero.

 Colomé señala en esta entrevista con Crónica Global que el independentismo se ha equivocado en todos sus planteamientos: "El independentismo quería una frontera con España y ha levantado un muro entre catalanes". También reclama un De Gaulle que unifique, de nuevo, a los catalanes, y advierte del peligro de que Cataluña caiga en la decadencia y que Barcelona sufra el mismo proceso que Montreal, en Quebec, que perdió todo su protagonismo económico.

--Pregunta: ¿El independentismo continúa con su objetivo?

--Respuesta: El independentismo más vanguardista, por decirlo así, busca una república digital, siguiendo el modelo de Estonia, que significa que te puedes desconectar y llevarte la administración a otra parte. Por eso salen ahora con ese proyecto de los nanosatélites. No quieren estar controlados por el Estado español, al que consideran autoritario, cuando es un Estado democrático.

--¿Se intenta conscientemente?

--Sí, claro, quien tiene más claro lo que se debe hacer es Jordi Puigneró, el consejero de Políticas Digitales. Lo que se pretende es generar un espacio fuera del control del Estado, de la Unión Europea. La lógica es la de Estonia que, ante la posibilidad de una invasión de Rusia, ha apostado por una administración digital. En el caso de que el país fuera invadido, se cree que se podría desconectar la administración, desde los datos sobre la fiscalidad de todos los ciudadanos hasta todos los servicios que se prestan.

 Esa administración se podría controlar desde Estocolmo, por ejemplo. Lo ha explicado de forma muy clara Carles Puigdemont en su libro Reunim-nos. Lo que señala es que, entre 2012 y 2017 el Estado fue una pared, un muro, y que no iba a negociar nunca, que no se podría celebrar nunca un referéndum. Y ante eso se debía apostar por la confrontación, por la desobediencia, de forma pacífica, y que esa confrontación debía llevar a superar el muro para llegar a la independencia. Y, en su lógica, ese camino no se ha abandonado.

--¿Hay, entonces, independentistas consecuentes?

--Saben lo que quieren hacer, con la intención de llegar a un acuerdo, como lo intentó Artur Mas. El expresidente de la Generalitat quería negociar, pero se encontró con el muro de Mariano Rajoy, que es el mayor representante de la teoría del quietismo. No se movió, y eso derivó en un desastre. Se enquistó todo. Y cuando llegan los socialistas al poder se rompe la lógica, porque se invita a jugar a ese independentismo: reuniones bilaterales y mesa de diálogo, sabiendo que eso no es lo que quiere una parte de ese independentismo. Puigdemont no lo quiere, aunque sí ERC. Y el problema, entonces, es de Puigdemont, que debe rendir cuentas sobre un delito que no prescribe en 20 años y, por tanto, necesita mantener esa confrontación.

--¿Hay una salida, por tanto?

--Lo que ocurre es que hay una cuestión que distorsiona toda la ecuación. Es Waterloo. Puigdemont está allí y tiene influencia sobre la política catalana. Es lo que se jugará el 14 de febrero: si gana, si habrá mayoría independentista, y si estará o no en el Gobierno, con su influencia en Junts per Catalunya. Puigdemont necesita estar ahí, influir y fijar la estrategia, porque no tiene partido. Lo que ha logrado es un movimiento, que está cohesionado, pero que si se queda fuera del Govern no existirá. Lo que se juega el 14 de febrero no es votar en unas elecciones. Es mucho más, es saber si esa distorsión de Waterloo se mantendrá o no.

--¿Se juega el final de Puigdemont?

--Sí, en gran parte y todo lo relacionado con una mayoría independentista. Si Junts per Catalunya gana y repite la fórmula con ERC, se podría mantener la confrontación. Si gana, ERC no se atreverá a conformar un gobierno sin JxCat. Hay otra segunda pregunta y guarda relación con una posible victoria de ERC. En ese caso, los republicanos deberán decidir, advirtiendo ya de entrada que es muy difícil para ellos no repetir el acuerdo con JxCat. En ERC siguen conviviendo dos almas, la de Companys y la de Macià. Con el tripartito, triunfó la vía federalista de Companys. Pero con Oriol Junqueras impera de forma clara la vía independentista de Macià. Ahora parece claro que se apuesta por esa vía pragmática, pero las bases de ERC están al lado de Macià. Y esa es la pulsión interna que pervive en ERC.

--¿Puede hacer una cosa distinta ERC, que no sea un nuevo acuerdo con JxCat?

--ERC está pillada en un bucle y no sabe cómo salir. Es el bucle que construyó Artur Mas con ERC, y que ha consistido en dividir la sociedad en dos bloques. Cuando analizas lo que ha pasado en Estados Unidos, compruebas que la idea de Donald Trump de construir un muro con México, pagado por los mexicanos, ha servido en realidad no para realizarlo físicamente, sino para dividir a los norteamericanos. Y eso ha hecho el independentismo. Quería construir una frontera con España y ha levantado un muro entre catalanes.

 La transversalidad, que había caracterizado a esta sociedad, con orientaciones de voto distintas en función del tipo de elección y de cada momento, ahora ya no es posible. Estamos empatados a dos millones. Esa transversalidad sólo se produce a modo de ascensor: baja o sube una fuerza política dentro del mismo bloque. ERC, que tiene por una vez todos los astros alineados, podría alcanzar los 50 diputados si funcionara esa transversalidad, si se tuvieran en cuenta los dos ejes que siempre han funcionado: el eje nacional y el eje ideológico. En cambio, tiene un techo de cristal que no superará los 40 diputados, porque el electorado es compacto, hermético, casi solidificado, no permeable.  

--Porque ¿la entrada de ERC en el área metropolitana sigue siendo un mito?

 --ERC entra en el área metropolitana, pero de forma muy lenta. Es una idea de Enric Marín y Joan Manuel Tresserras, que influyen ideológicamente en ERC, y que están claramente orientados en esa vertiente Companys. Piensan que ERC no romperá nunca ese techo de cristal hasta que no tenga, por decirlo claro, un espacio obrero. Pero como se construye una emoción en base a una lengua, no puede abarcar ese espacio. Se han creado dos bloques, los que son de uno y de otro lado. Sólo se podrá romper si se pierde esa mayoría independentista y si se opta por geometrías variables. ERC tendría margen si gana por mucha ventaja a JxCat y el segundo partido es el PSC. 

Hay que recordar, en todo caso, que en 2017 quien ganó las elecciones fue Ciudadanos, y que hubo un pacto entre la segunda, la tercera y la quinta fuerza política. Hay que recordar, también, que el independentismo perdió ese supuesto plebiscito, con el 48% de los votos. Y que el referéndum importante es el que establece si se está dentro o fuera de la Constitución, y el independentismo se salió, dinamitando el Estado de derecho los días 6 y 7 de septiembre de 2017, con la ley de Transitoriedad. Provocaron el miedo, con medidas que ahora los expertos denominan iliberales, pero que se podrían calificar con otras palabras más gruesas.

--¿Qué errores ha cometido después el independentismo y, en concreto, Puigdemont?

--El independentismo no convocó las elecciones para el 4 de octubre que, tras el 1 de octubre --que no se sabía en agosto que quedaría en muy poca cosa-- hubiera podido mantener un clima emocional favorable a sus intereses. El gran error, después, es no comerse el PDECat, que ha salido vivo y que se presentará a las elecciones. 

El PDECat jugará sus bazas y tiene cuatro diputados en el Congreso. Si lo pensamos, esos cuatro más los diez de Ciudadanos, suman 14, uno más que los 13 de ERC. Y para el Gobierno es una alternativa viable, pensando en que no habrá elecciones en tres años. Es decir, el PDECat puede jugar con la geometría variable, y Puigdemont, si pierde las elecciones, no tendrá influencia y no la tendrá Junts per Catalunya en Madrid. El PDECat, según las últimas encuestas, ya le saca un 5% de los votos a JxCat, aunque no llegue al 3% para tener representación en el Parlament. Hay unos 300.000 votos que pueden ir en esa dirección, hacia el PDECat, o el PNC de Marta Pascal, un partido con el que nadie cuenta, pero que estará también ahí y le restará votos a Puigdemont.

--¿Y qué pasa en el otro lado, en el ámbito constitucionalista?

--Hay un partido, Ciudadanos, que puede liberar hasta 600.000 votos. Ya no puede explicar que estamos en un momento excepcional y no acogerá a todo el voto antiindependentista, no podrá actuar como dique como sí hizo en 2017. En cualquier caso, la temida abstención que se puede producir en ese bloque, también afectará al independentismo. Proclamar la unidad y hacer lo contrario puede tener efectos nocivos en ese electorado.

--¿Una abstención por igual?

--No por igual, pero que nadie piense que el independentismo seguirá confiando a ciegas en sus fuerzas políticas. La actuación del Govern, además, está resultando un desastre, con contradicciones permanentes en la gestión de la pandemia. Recordemos que el presidente Quim Torra decía en el mes de enero que este Govern estaba acabado. La alternativa no puede pasar, otra vez, por un mensaje antiindependentista, sino por la apuesta por una buena gestión. Una apuesta por un gobierno de verdad, que anteponga la independencia, que conlleva decadencia, a la gestión y a la apuesta por ser de nuevo la referencia y el motor de España.

 Porque si analiza en profundidad la situación, la disyuntiva es muy clara: o un cambio real o nos convertiremos en Montreal. Barcelona puede ser una gran ciudad turística, pero no la gran referencia en todos los ámbitos que exigen los nuevos tiempos. La alcaldesa Ada Colau es incapaz de ver esa disyuntiva. Quebec puede ser un referente, pero Barcelona no puede ser como Montreal, que ha perdido bancos, empresas y un enorme poder económico.

--¿El PSC puede cometer errores o pagar el precio de otras ocasiones, cuando el PSOE necesitaba socios y apoyaba al nacionalismo de Jordi Pujol en Cataluña?

--Eso pasó hace muchos años. No es comparable. La situación es diferente a la que vivió Raimon Obiols, cuando Felipe González viajaba a Barcelona y cenaba con Pujol sin avisar a Obiols. La llamada espiral del silencio se rompió en 1999, con la campaña de Pasqual Maragall. Se rompe en ese momento la omertá siciliana. Una omertá que se vuelve a romper, tras el intento del independentismo, con el discurso del Rey Felipe del 3 de octubre. Lo que señala es determinante: dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada. Los días posteriores también son clave, con la salida de Caixabank y de Banc Sabadell, y de miles de empresas, y con la manifestación del 8 de octubre.

 Es la primera manifestación, desde 1977, en la que la bandera española constitucional se exhibe en las calles con una idea clara: es la bandera de una España moderna, que no se puede asociar al franquismo ni a la derecha cerril. Lo que se debe poder jugar ahora es que si ERC dice que ha logrado 200 millones en tal inversión, el PSC puede exhibir que ha conseguido 2.000 millones, porque gobierna en España. Se trata de crear una autopista con Madrid que, ahora, circula entre Madrid y Valencia, ante la inoperancia del Gobierno de la Generalitat, que hasta se permite perder subvenciones para comarcas tan necesitadas e importantes como las Terres de l’Ebre.  Si no hay una reacción, Valencia puede ser de forma definitiva el Toronto de España, donde se fueron las inversiones que salieron de Montreal.

--¿Qué deberá hacer, entonces, el PSC?

--No se sabe, porque, antes, el 14 de febrero por la noche, algunos deberán expresar su valentía. Formar el gobierno no es lo importante. Lo decisivo es hacer las preguntas correctas a los electores sobre qué quieren realmente, fuera de ese realismo mágico del independentismo. En el Parlamento Europeo se acaba de aprobar que la autodeterminación no cabe en la Unión Europea. Y hay que recordar las lecciones de Stéphane Dion, cuando estuvo en Barcelona en 2014. Señaló que se debe gobernar para el máximo número de la población, aunque no esté de acuerdo un 20% o un 25%, que es el núcleo duro del independentismo. El resto, hasta llegar a ese 48% que se expresa en las urnas, es añadido, es circunstancial. 

Y puede ser recuperado, atendiendo a las políticas que sí se pueden solucionar: inversiones, reconocimiento, cuidado emocional…Y la otra gran lección que dejó clara es que no se puede ceder con la celebración de un referéndum. Una vez se realiza, el independentismo no parará hasta alcanzar la victoria. Esas lecciones son importantes para los socialistas, porque, en el caso del PP, se ha demostrado que puede ganar por mayoría en España sin necesidad de buenos resultados en Cataluña. El PSOE, en cambio, no puede. Y parece claro, con todos los matices que sean necesarios, que con la sentencia del Estatut se rompió una parte del pacto constitucional. Y eso, como se quiera hacer, hay que recuperarlo, con un nuevo pacto con el resto de España.

--¿Hay campañas electorales decisivas? ¿La de 1999, y la de ahora para el 14 de febrero en la que todas las opciones estarán sobre la mesa?

--Creo que en esta ocasión debería servir para romper los bloques, o eso es lo que yo prefería que ocurriera. La estrategia inteligente de los independentistas ha consistido en diluir el doble eje, el nacional y el de izquierda-derecha. Ha tenido la habilidad para hacerlo. Deberíamos poder votar al PDECat o a Ciudadanos, por ejemplo, sin un punto de partida identitario. Y eso es lo que hay que recuperar. El independentismo ha buscado un escenario calcado al de Irlanda, que es su inspiración de siempre, con unionistas y republicanos.

 Ha intentado que se produjera una reacción de tipo represiva, como ocurrió en 1916 en Irlanda. Es una lógica de insurrección, reacción, represión, que luego se identifica con un Estado autoritario, para poder justificar una nueva insurrección. Y esa lucha, ahora, está en el campo del independentismo, con republicanos que quieren pactar con el unionismo, y republicanos que quieren seguir hacia la república. Salvando las distancias, ¿es Rufián Gerry Adams y Junqueras McGuinness?

--¿Qué demuestran las reuniones de Josep Costa, el vicepresidente del Parlament, con partidos ultras?

--Nadie se acuerda de Plataforma per Catalunya, pero existe. Son electores que ahora votarán a Vox y veremos ese ascenso en muchas comarcas de interior. En los años 30 existían esas posiciones ultras, con los hermanos Badia, Estat Català y figuras como Dencàs. ¿Nadie se acuerda del tercio de Montserrat o de la burguesía franquista? Eso también existe en Cataluña. En Francia, esa división tan profunda la superó De Gaulle tras la II Guerra Mundial. Habla en nombre de todos, de la Francia resistente, todos son patriotas, sabedor de que la división era total, de que Francia estaba rota por la mitad y de que esos resistentes habían sido, en realidad, muy pocos.

--¿Cataluña necesita un De Gaulle?

--Si, exacto, alguien que unifique. Casi lo tuvimos en 1999, con Maragall. Y lo tuvimos con Tarradellas, que habla de "ciudadanos de Cataluña", y no de catalanes. Ese concepto de ciudadanos lo hemos perdido. No recordamos los valores republicanos, y hay que volver a decir que el pueblo no habla, no existe, son los ciudadanos los que hablan.

--¿Por qué perdió Maragall aquellas elecciones? ¿Qué falló en la campaña electoral?

--Había y hay un defecto en la ley electoral. Funcionamos con una ley transitoria de 1976, con un patrón demográfico muy distinto. Se fijó para Barcelona un máximo de 85 diputados, pero no se dijo nada del resto de provincias. Es decir, hay unas distorsiones monumentales. Dos o tres diputados de Lleida deberían pasar a Tarragona o Girona para compensarlo mejor. Y en aquella campaña, al margen de otros factores, fue determinante un diputado por Tarragona. Ese diputado determinó el resultado. Todo podría haber cambiado mucho. Era 1999. El momento de Maragall."                    (Entrevista a Gabriel Colomé, Manel manchón, Crónica global, 13/12/20)

Desfeudalizar el Estado autonómico... o la corriente subterránea de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos

 "Se llama Central Remota para las Operaciones de Socorro Sanitario (CROSS en su sigla) y tiene una tarea fundamental: cuando una región agota las camas disponibles en sus hospitales, el sistema se activa buscando soluciones para el traslado de los pacientes a estructuras hospitalarias de regiones limítrofes. ¿España? Va a ser que no: Italia. 

Un país que, al igual que el nuestro, tiene su sanidad descentralizada por mandato constitucional igual que el nuestro. En lo peor de la pandemia, durante los 67 días transcurridos desde el 9 de marzo hasta el 20 de mayo, fueron 116 los italianos pacientes de COVID-19 u otras enfermedades que, mediante ambulancia, helicóptero o avión, fueron transferidos de su lugar de residencia a una región que podía darles cuidado. También en Francia, al saturarse las capacidades sanitarias de París, se medicalizaron trenes de alta velocidad para trasladar pacientes a regiones menos golpeadas por el virus. 

Nada de esto ocurrió en España. El Ministerio de Sanidad español llegó a anunciar que contemplaba la movilidad intercomunitaria de pacientes y el Ministerio de Fomento dijo haber medicalizado vagones de tren que, sin embargo, nunca fueron usados. La falta de protocolos claros y conocidos dejó los casos de traslados entre comunidades en anecdóticos. En Murcia se recibieron dos pacientes de Albacete. El préstamo de equipamientos sanitarios tampoco fue un recurso optimizado. 

El presidente gallego Núñez Feijoo tuvo que defender en el parlamento de Galicia la decisión de enviar respiradores a Madrid en el pico de la crisis. Le reñía Antón Sánchez, el portavoz del Grupo Común da Esquerda: la izquierda.

 Evitemos la demagogia. Trasladar un paciente a larga distancia no es fácil y a menudo ni siquiera es aconsejable. Pero si hay un país donde hubiera ayudado la existencia de protocolos que lo facilitaran ese es España. Pero España, como quien dijo, is different. En 2018, el Congreso tumbó, con los votos en contra de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas, la propuesta de Ciudadanos de crear una tarjeta sanitaria única y un historial clínico digital accesible desde cualquier punto del país. 

No es que la propuesta se juzgase centralista, que también: es que se juzgó “retrógrada”: “Qué poco entiende usted el Estado autonómico”, reprochó la representante socialista a Francisco Igea, a la sazón portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria. Cierto: los sistemas pueden ser “interoperables”, pero mejor que eso, para facilitar la vida al usuario, es que sean comunes. Pero “común” es, ay, la palabra tabú en España, que enciende todas las sirenas, eriza todos los cabellos, borra todas las sonrisas y amotina, ay, a todas las izquierdas (o al menos, a los partidos que se presentan bajo esa advocación espacial). 

No, si es común no se puede. Trabajoso y problemoso ha sido ya que el app de rastreo de contagios del Covid-19 fuese común, aunque, a la vista está, dada su deficiente implantación, que decir “interoperabilidad” no equivale a conseguirla. (Con esta nota esquizofrénica añadida: los partidos que rehúsan como gato panza arriba los procesos de armonización y comunitarización en el marco español, los promueven y celebran en el ámbito europeo como signo de progreso; como si el rancho aparte que pide Puigdemont fuera bueno y malo el que pide Orban). 

Pero cosamos todavía un botón más en esta muestra: ante el debate en torno a si hay profesionales de la medicina en número bastante en España para capear la crisis sanitaria, me entero, leyendo a Rafael Matesanz (ABC, 27 de septiembre) que no existe en España un registro estatal de médicos, “algo tan elemental que nos permitiera saber en cada momento las disponibilidades, prever jubilaciones y planificar las necesidades con antelación, ha sido reiteradamente solicitado por las organizaciones profesionales, prometido por distintos ministros y nunca llevado a cabo”. 

La autoridad de Matesanz proviene, dicho sea de paso, del prestigio que le otorga haber llevado a la excelencia mundial una de las pocas cosas que los españoles aún tenemos en común, la Organización Nacional de Trasplantes. Por ahora los órganos vitales de los ciudadanos españoles no sufren tacha de “invadir competencias”. Se ve que el centralismo no es obstáculo para que te donen un riñón.

Se equivocará quien piense que este escribano es un porfiado jacobino, cuyo escaso caletre no le alcanza para saber que España es un país plural y diverso. Antes al contrario, el que suscribe, sin creer que el centralismo sea anatema, se cuenta entre los españoles que consideran que la planta organizativa federal es la que más se adapta a la estructura territorial del país. 

A condición, claro, de que ese federalismo sea racional, a veces cooperativo y otras competitivo, pero siempre en beneficio de los ciudadanos; respetuoso de las diferencias, pero no al servicio de ellas. Que en eso ha derivado el Estado autonómico: en el teatro donde, en lugar de permitir que lo propio y lo común afloren de manera espontánea, lo privativo de cada parte se fuerza y compele y escenifica, y donde lo común español, que sin duda existe tras de una convivencia vieja de siglos, se ahoga y sofoca y estigmatiza cuando no se prohíbe directamente. 

Incluso, se echa de ver, en ámbitos aparentemente distantes de la identidad histórica, como es la salud de las personas. Y lo que antes era tabú es ya una no pequeña corriente subterránea de opinión: que el Estado autonómico, tal y como se ha configurado -es decir, al sabor de los nacionalismos subestatales- trae ventajas a las elites regionales creadas al cobijo de su presupuesto, pero empieza a perjudicar no solo la convivencia sino también las oportunidades de reforma y relanzamiento económico del país.

 Un reflejo de esta tendencia aislacionista de las comunidades autónomas podría estar en los datos que certifican la escasa movilidad interna de los españoles. Y digo “podría” porque no hay, que yo sepa, estudios que examinen si los niveles de migración interna dentro de España, ciertamente bajos en un análisis comparado, guardan relación con el progresivo enroque autonómico. 

Lo que sabemos, gracias a las cifras que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal, es que la tasa de movilidad entre comunidades autónomas, esto es, la proporción de contratos que obligan a cambiar de lugar a una persona, oscila entre el 8% y el 12% según el año (y el porcentaje baja por debajo del 5% cuando se refiere solo a desempleados que buscan empleo). 

Considerando que la mayor parte de esos contratos se agrupan en actividades de temporada (hostelería y agricultura) el panorama es el de un español medio que se mueve poco o nada, acusando acaso atributos estables de una cultura sedentaria, pero quizá también por los pocos incentivos que el sistema autonómico genera para moverse de una comunidad a otra. 

De hecho, no es temerario afirmar que desde ciertos gobiernos no se hace ningún esfuerzo por atraer gente de otras regiones, y eso cuando el esfuerzo no es por ahuyentarlos. Los procesos de las administraciones públicas autonómicas, que cada vez traen más trabas al candidato foráneo, son indicio de que la intención no es fomentar la movilidad. Por sectores, el caso más claro quizá sea el universitario: en España un 70% de profesores trabaja en el centro donde obtuvo el doctorado. 

 Y si de los discentes se trata, empieza a ser habitual que alumnos de distintas regiones de España traben relación entre ellos antes en Pisa, Lovaina, Estocolmo o la ciudad europea donde el Programa Erasmus les lleve, que en alguna bella localidad de ese país cuasi extranjero llamado resto-de-España. Por regiones, el caso más conspicuo de ensimismamiento es el catalán: conforme los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre saldo migratorio entre comunidades, se da el curioso (pero poco sorprendente) fenómeno de una comunidad de renta alta como Cataluña que empieza a comportarse como un demógrafo esperaría que lo hiciese una región de renta baja: expulsando gente. 

Cualquiera que sea la explicación de este fenómeno, un factor insoslayable es lo poco que apetece vivir allí donde la construcción de una identidad que excluye por decreto todo lo español se ha convertido en el molesto sonido omnizumbante que acompaña a la vida familiar y profesional.

Cuius autonomia, eius identitas

 La deriva adquiere un aspecto medieval. Más que taifas musulmanas, en las que, al fin y al cabo, hasta donde sabemos, había cierta libertad de culto y tolerancia con fieles de otras religiones, las comunidades autónomas españoles adoptan la fisonomía de dogmáticos feudos medievales (no en balde los líderes de las franquicias autonómicas de los partidos reciben el remoquete de “barones”) donde impera una nueva gleba, la de la “identidad”, que como argolla en el tobillo, ata al nuevo siervo, el ciudadano, a un territorio al que se atribuyen por ley rasgos culturales unívocos y prefijados, contrayendo la libertad y autonomía de las personas para realizar su plan de vida. 

Hasta algo tan íntimo con la lengua que uno desea hablar y transmitir a sus hijos está sujeta a la terca interferencia del señor autonómico. Hemos sabido de campañas de ayuntamientos que envían cartas a sus hijos invitándoles a que a la hora del registro, se usen nombres vernáculos y cambien la grafía de los apellidos a “la lengua propia”, no vaya a ser que el niño o la niña no se adapte. Lo mismo sucede con la pertinaz querella en torno a la lengua vehicular. 

Huelga decirlo, pero digámoslo tantas veces como sea necesario para atravesar la empalizada de mentiras que rodea este debate: la exclusión legal de la lengua española de su condición de lengua vehicular en buena parte del Estado, vaciándolo efectivamente de contenido su condición de lengua co-oficial de algunas comunidades, es una barrabasada educativa y política sin parangón en democracias plurilingües. También aquí parece haberse impuesto el principio de que manda el territorio sobre el ciudadano. Lo ha explicitado con gran claridad la portavoz del gobierno, Maria Jesús Montero. 

En recientes declaraciones, al arrimo de la polémica suscitada por la nueva ley de educación, ha formulado con inusitada nitidez la doctrina que subyace a la supresión del español como lengua vehicular: “Hay que dialogar para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad y diversidad de nuestro país”, para que así “cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. Repitamos: “que cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. En la primera frase se nos promete libertad. En la segunda esa libertad ha marchitado y hay que obedecer el telúrico mandato de la tierra.

 Al oír estas declaraciones, de inmediato recordé el viejo lema de la Europa anterior a la Revolución Francesa: Cuius regio, eius religio. Quiere decir: a cada uno la religión de su rey. No hay elección. Si uno vive bajo un monarca o señor católico, pues católico. Si lo hace bajo un señor o monarca protestante, pues protestante. La confesión religiosa del príncipe será la de todos sus súbditos. Tal fue el arreglo pactado en la Paz de Augsburgo en 1555 para poner fin a las guerras de religión en Europa. 

Un principio antipluralista abolido siglos más tarde por la Europa liberal, fundadora de la libertad de conciencia y de culto. La deriva neomedieval de la España autonómica rescata el principio para la nueva religión del siglo: la de la identidad, que en nuestro país se concreta sobre todo en identidad etnolingüística. La nueva divisa, en latín macarrónico, podría ser esta: Cuius autonomia, eius identitas. ¿Y bien? podría decir alguien. ¿No es cierto acaso que en nuestro país se hablan varias lenguas y todas ellas merecen nuestra estima, y las minoritarias, protección y fomento? Tan razonable y cierto es que tal fue el acuerdo del 78: que todas las lenguas de nuestro país eran españolas y que todas las tradiciones culturales que se expresan esas lenguas tenían cabida en él.

 Pero no es lo mismo un país plural y mestizo, donde cada cual tiene libertad para conjugar diversos niveles de pertenencia, que una sucesión de uniformidades yuxtapuestas en régimen de monocultivo identitario. Esta es la perversión: querer conjugar la máxima cantidad de diferencia entre comunidades con la máxima cantidad posible de uniformismo dentro de la comunidad. Es decir, la destrucción de la pluralidad española, que, por fuerza, ha de apoyarse en una unidad previa, base necesaria de la mezcla. 

Común y propio: tal es el binomio determinante de la realidad histórica de España cuando se la permite respirar en paz: si falta lo propio, la comunidad es injusta; si falta la común, no hay comunidad. La España del 78 dijo que todas las lenguas del país eran españolas y, con justicia y buen sentido, abrió escuelas en catalán, vasco y gallego. Algunas comunidades han dicho: solo una de las lenguas aquí habladas es propia, y cierran las puertas a la enseñanza en español, que también es, digo yo, lengua española. Ese no era el trato. 

Ese no era el trato, y aunque aún se hallan doctores Pangloss del Estado autonómico, que insisten en lo mucho bueno que la descentralización ha aportado a nuestra vida (y no les falta razón en ciertos casos), cada vez, como decía, son más quienes creen que el saldo entre lo bueno y lo malo se vence de lo malo. 

Personas que están de acuerdo con Benito Arruñada -catedrático de organización de empresas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y una de las voces críticas- cuando escribe que “dejando a un lado el interés de los propios políticos y funcionarios en multiplicar sus empleos, empieza a estar claro que el único motivo para mantener las autonomías es el de reforzar nuestras identidades regionales” (Autonomías, ¿para qué? Voz Pópuli, 6 de septiembre) O léase también al eurodiputado de Ciudadanos y prestigioso economista Luis Garicano (El fracaso del Estado autonómico, El Español, 5 de septiembre), que observa, menos tajante que Arruñada, como “la deslealtad de los que promovieron el desmantelamiento del Estado y el cortoplacismo y la ceguera de quienes lo permitieron han pasado factura durante la pandemia”. 

Como se ve, el malestar va en aumento. Un nuevo motivo de queja, por cierto, es la desigualdad fiscal. Así es: desde 1997, las comunidades autónomas de régimen común tienen poder para modificar impuestos. Y aunque las reglas y los márgenes son los mismos para todas, la política de baja presión impositiva de la Comunidad de Madrid viene siendo tachada de desleal por parte de otras comunidades. Doble incongruencia: la queja proviene de las regiones más celosas de su autonomía, aquellas que querrían descentralizar hasta los arreglos del himno, mientras se calla piadosamente sobre las muy discutibles ventajas privativas de las dos comunidades forales, egregio caso de desigualdad fiscal en el Estado. 

En fin, sean cuales fueren las razones, si llevamos tiempo escuchando que el Estado autonómico es insuficiente para las élites de los nacionalismos subestatales, tanto se ha tensado la cuerda, que ahora la tenemos rota también por el otro cabo: la que agrupa a los españoles que consideran que el equilibrio territorial pactado del 78, tal y como se ha plasmado en sucesivas rondas descentralizadoras sin aparente final, tampoco les vale a ellos: desean más autonomía, sí… pero para la Administración General del Estado. Ya hay un partido, Vox, que crece casi exclusivamente al calor de ese renacido anti-autonomismo que los analistas harían mal en creer fenómeno únicamente mesetario. El desenlace de esta querella política no está escrito. 

Merece la pena insistir: uno puede seguir pensando que la mejor planta organizativa para el Estado, la que más se ajusta a la constitución histórica del país, es la federal o autonómica, y al mismo tiempo creer que de no proceder a una rápida desfeudalización del Estado autonómico realmente existente, la corriente subterránea (y cada vez más terránea) de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos. 

Si todavía hay en España unitaristas que desean salvar el pacto autonómico o persuadir a la opinión pública de que el federalismo es la fórmula más apta de reparto territorial de poder, mi consejo es que admitan sin más demora la deriva neomedieval del Estado de las autonomías hoy vigente y propongan mecanismos de corrección para que, en la mejor tradición del principio de subsidiaridad, el autogobierno vuelva a ponerse al servicio de las personas y deje de estarlo al de las identidades “históricas” y sus autodesignados fideicomisarios.

 Juan Claudio de Ramón Jacob (Madrid, 1982) es escritor. Se licenció en Derecho y en Filosofía. Le interesan la historia de las ideas políticas y el futuro de España y de Europa. Colabora en medios como El Mundo, El País, The Objective, Letras Libres, Revista de Libros, Jot Down, Claves de Razón Práctica, Nueva Revista y El Ciervo. En 2018 publicó Canadiana: viaje al país de las segundas oportunidades (Debate) y Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña (Deusto). Participó en la obra colectiva Anatomía del procés: claves de la mayor crisis de la democracia española (Debate). Con Aurora Nacarino-Brabo coordinó La España de Abel: 40 jóvenes españoles contra el cainismo en el 40.º aniversario de la Constitución española (Deusto). Su artículo “El final del paradigma Ortega-Cambó” mereció el VIII Premio Antonio Fontán de Periodismo Político."               (Juan Claudio de Ramón Jacob, Notario del s.XXI, Nov-Dic 2020, nº 94)

"Hay una guerra fratricida entre independentistas... que se ocupen de la pandemia, que no se pasen todo el día peleándose unos con otros"

  "El periodista y escritor, Manuel Trallero, ha afirmado que "hay una guerra fratricida entre independentistas" y ha reclamado "que se ocupen de la pandemia, que no se pasen todo el día peleándose unos con otros y no les quede tiempo de ocuparse de la pandemia. Al final dejaremos de hablar de la pandemia porque estos señores están peleando" ha lamentado.

Trallero ha criticado las medidas y los mensajes contradictorios emitidos por el Govern en la lucha contra la proliferación de la pandemia. Trallero, que ha participado en una entrevista a e-notícies, ha pedido "que no se contradigan entre ellos, que haya un portavoz autorizado que hable en nombre del Govern, pero que no se contradigan entre ellos".

"El Gobierno español tendrá muchos defectos, pero al menos hay un portavoz, aquí todo el mundo dice algo diferente de lo que ha dicho la otra. Pedirle a la población responsabilidad cuando los primeros irresponsables son ellos, me parece una catástrofe" ha considerado el periodista, que ha criticado el hecho de que "al consejero Samper le gusta mucho salir en la tele". "Hay muertos, estamos hablando vidas humanas, me parece dramático" ha expuesto, apuntando que "son una banda de mamarrachos que sólo les interesa salir en la televisión".

Trallero también ha explicado que el independentismo "es un movimiento populista al 100%". "Pujol fue un populista, desde el primer momento" ha manifestado el escritor en la entrevista. "El personalismo de Pujol no viene por inspiración del Espíritu Santo, es lo que se estaba mascando, a partir de ahí el independentismo lógicamente es un movimiento populista al 100%, con todos los elementos típicos del populismo de Trump" ha apuntado."              (Entrevista a Manuel Trallero, e-notícies, 12/12/20)

Albert Soler: No es sólo que sean unos inútiles, que eso está fuera de discusión. El peor problema, el pecado original de nuestra clase política, es que nunca, nunca jamás, han trabajado de verdad. Cuando todo un consejero pretende que los bares y restaurantes puedan abrir las terrazas de 13 a 16 h, y lo anuncia como si hubiera encontrado la solución al teorema de Poincaré, está gritando que vive en otro mundo. Para él, las terrazas son sólo aquel lugar donde ir a tomar el aperitivo después de dos reuniones, y con tres horas tiene tiempo de sobra para tragarse dos raciones de berberechos y una de anchoas

 "No es sólo que sean unos inútiles, que eso está fuera de discusión. El peor problema, el pecado original de nuestra clase política, es que nunca, nunca jamás, han trabajado de verdad. Nunca se han levantado a las seis de la mañana para recibir los proveedores y despegar la persiana, nunca han sabido qué es sufrir por si los ingresos, restados los gastos, permitirán pagar los libros del colegio del niño.

 Nunca han visto como una miserable ayuda dependía de ser los primeros que la pidieran, peor aún, dependía de un sistema informático que se diría creado expresamente para reírse de ellos. Tener Ramon Tremosa de consejero de Empresa es tener un hombre que no sabe qué es tratar de aguantar un negocio. 

Cuando todo un consejero pretende que los bares y restaurantes puedan abrir las terrazas de 13 a 16 h, y lo anuncia como si hubiera encontrado la solución al teorema de Poincaré, está gritando que vive en otro mundo. Para él, las terrazas son sólo aquel lugar donde ir a tomar el aperitivo después de dos reuniones, y con tres horas tiene tiempo de sobra para tragarse dos raciones de berberechos y una de anchoas, más un par de cañas para ayudar a pasar todo cuesta abajo. 

¿Por qué necesitan abrir más tiempo, si todo un consejero le basta para quedar harto como un verraco? Y por la tarde, todo cerrado, que por experiencia propia él sabe que por las tardes no se trabaja, son horas que se dedican a jugar al golf, ir a paseo con la familia o escribir una fabulosa tesis sobre el mundo del empresa, que él conoce tan bien, siempre desde la teoría.

 Tremosa no es una excepción. Ni lo es la consejera de Salud, Alba Vergés. Ni la desmesurada candidata de JxCat, Laura Borràs, a la que hasta desde el Congreso recuerdan que lleva años luciendo chaquetas de 1.000 euros y bolsos de Michael Kors, sea eso lo que sea.

 ¿Qué saben, de trabajar? Basta con mirar el currículo del gobiernillo y de la mayoría de diputados, para ver que sus ingresos no han dependido de si trabajan o no. O se han dedicado siempre a la política, o han tenido un pequeño intervalo de tiempo en una universidad, el caso es que sólo se han levantado antes de las 9, un día para aliviar la vejiga. Y otro para ir a esquiar. 

Es de ilusos esperar que una tropa que nunca ha hecho nada de productivo, entienda qué pasa fuera de su palacio de cristal. Hace tantos años que están fuera de la realidad, que están convencidos de que en Cataluña todo el mundo vive como ellos.

 - ¿De qué se queja esta gente? Encima que les ayudamos a tener una excusa para no trabajar, encima protestan.

 No es que nos estén llevando a la ruina a los catalanes por incompetencia. O no sólo. Es que desconocen la palabra «ruina», acostumbrados como están a cobrar un sueldo que no depende ni de producir ni de trabajar ni de esforzarse, que depende sólo de no haberse equivocado al dar el número de cuenta corriente donde les deben ingresar la más que generosa nómina, extraída de nuestros impuestos.

Es inútil que autónomos y pequeños empresarios protesten, griten y lloren. La relación entre trabajo e ingresos para vivir dignamente es tan imposible de hacer entender a los políticos catalanes como a una tribu de la Amazonia que nunca ha tenido contacto con la civilización. 

¿Ingresos? ¿Trabajar? ¿De qué está hablando? En la plaza de Santiago, al igual que en la Amazonia, sólo tienen que estirar la mano para coger todo lo que necesitan para vivir bien. El resto, que espabile. Haberse metido en política."                     (Albert soler, Diari de Girona, 12/11/20)

A nadie importa hoy más una estrategia nacional solvente contra la Covid-19 que a las familias de trabajadores humildes... Sin una estrategia nacional, que no la suma de minifundios soberanistas, será imposible enderezar la catástrofe... lo que hoy le piden los españoles a la izquierda para dirigir el país es alguien progresista, sí, pero también capaz de tranquilizar a electores conservadores y moderados

 "(...) A nadie importa hoy más una estrategia nacional solvente contra la Covid-19 que a las familias de trabajadores humildes, especialmente, aquellos con empleos temporales o atrapados en la economía sumergida. Que se abandone en las comunidades autónomas la competencia indelegable del Gobierno sobre la lucha contra una pandemia –“que se coordinen entre ellas”-, a nadie perjudica más que a ellos.

Los resultados de tanto despropósito son demoledores. Que hoy España lidere los contagios en la UE, con 310 por 100.000 habitantes cada 14 días, frente a Italia –sí, Italia-, con 33 casos, debería llevar a los de “nosotros, la izquierda” a pensar que no hay burladero argumental en el que refugiar las responsabilidades del Gobierno de Sánchez e Iglesias. (...)

No hay disculpa, y menos si quienes menos recursos tienen son los que más sufren los males de la crisis.

Sin una estrategia nacional, que no la suma de minifundios soberanistas, será imposible enderezar la catástrofe de la caída récord mundial del PIB, las mayores dificultades anticipadas para la recuperación o el liderazgo europeo en crecimiento de la tasa de paro. La izquierda que gobierna debe ir asumiendo el coste político de resultados nefastos, que muerden como víboras, y que un problema nacional solo puede ser resuelto a escala nacional.

Las emociones ideológicas, y los evidentes fracasos en la gestión de las comunidades autónomas, no podrán disimular una realidad tan demoledora, que agobia a las familias con menos recursos. Ni los relatos fabricados cada día por el gurú del sanchismo en La Moncloa, sí, Iván Redondo, el de la campaña racista –“Limpiar Badalona”-, el que nos ha convertido a tantos en “fachas de mierda”. Él de izquierdas, padre, yo de derechas. ¡Porca miseria!

Nada perjudica más a la “clase obrera” que la desunión nacional. Para sus intereses, no hay peor clase política que la divisiva, la que “desafía a la ley y desanima a la Nación”, en Cataluña, en Madrid o en Galicia. Cómo va a entender ningún Iván Redondo que lo que hoy le piden los españoles a la izquierda para dirigir el país es alguien progresista, sí, pero también capaz de tranquilizar a electores conservadores y moderados. No, Sánchez e Iglesias no se parecen a Franklin Delano Roosevelt; ni por el forro, que diría el camarada Ortuzar del PNV.  (...)

Los resultados de un Gobierno que necesita dividirnos para conservar el poder ya se pueden leer, negro sobre blanco, en todos los informes, pero, quienes sufren los peores daños son quienes viven en los barrios obreros de Madrid, de Barcelona, de Palma, o de cualquier ciudad española. Por eso, padre, hoy te preguntarías qué izquierda es esa que da la espalda a quienes dice representar. Yo tampoco lo entiendo."                         (Jesús Cuadrado, Cuarto Poder, 25/09/20)

Se dijo no hace mucho que una Cataluña independiente debería gestionar mucho mejor la crisis sanitaria. ¿Los hechos así lo demuestran? En lugar de preparar Cataluña para cuando llegaran los rebrotes, Torra se limitó a criticar al Gobierno central y no tenía preparadas las estructuras sanitarias necesarias

 "(...) JxCat está usando el gobierno para hacer una vendetta con sus enemigos internos, principalmente PDeCAT, así como prepararse para la campaña electoral. Además, esta remodelación está haciendo girar aún más el gobierno hacia la derecha, como indica el nombramiento de Ramon Tremosa consejero.

No me dirá que hasta ahora el gobierno era de izquierdas.

No, por eso digo «más a la derecha» (ríe).

Pero hay más peleas internas. ¿Como nos afectan las que hay entre JxCat y ERC?

Estas peleas internas están colapsando los departamentos. Hubo problemas en la negociación de los presupuestos porque parecía que cada uno quería hacer lucir más su departamento. Tantas rencillas nos han llevado a la actual inacción.

Desde el Gobierno se dijo no hace mucho que una Cataluña independiente debería gestionado mucho mejor la crisis sanitaria. ¿Los hechos así lo demuestran?

(Carcajada) Durante los meses más duros de pandemia, el presidente Torra y buena parte de los consejeros se dedicaron sistemáticamente a confrontar con el Gobierno central en lugar de cooperar. En lugar de preparar Cataluña para cuando llegaran los rebrotes, se limitaban a criticar al Gobierno central y no tenían preparadas las estructuras sanitarias necesarias. Perdieron el tiempo en críticas y no en prepararnos lo que podía venir.

Estamos a punto de tener un presidente inhabilitado. Él aboga por dejar el cargo vacante.

Lo que venimos pidiendo nosotros es que convoque elecciones antes de que llegue el caso. Si ya en una situación ordinaria el país no puede estar sin presidente, aunque menos nos podemos permitir que ante una crisis sin precedentes, al volante no haya nadie. No se puede seguir con esta política de simbolismo que en realidad sólo lleva al país al abismo.

Recientemente un estudio mostraba que Cataluña es la autonomía que más ha recortado en políticas sociales los últimos años.

Cataluña ha sido desde hace diez años la región que ha sufrido más recortes, y la que menos las ha ido revirtiendo posteriormente. Lo empezaron a hacer los gobiernos de Artur Mas. El coronavirus ha sido un fenómeno inesperado, pero ha puesto sobre la mesa todas las carencias que tenemos no sólo en tema sanitario sino también en educación y en residencias de ancianos. 

No sólo ha habido recortes, sino también privatizaciones y externalizaciones. Si alguien tenía dudas, la pandemia ha demostrado que necesitamos unos servicios públicos fuertes y blindados por ley para que, gobierne quien gobierne, no les pueda recortar. (...)

Cataluña necesita un cambio de fase, no podemos seguir atascados en los conflictos de siempre. Debemos tener presentes las diferentes crisis que está sufriendo Cataluña. Por lo tanto, apuesta por la resolución política del conflicto entre Cataluña y España, y por otra parte, blindaje de los servicios públicos, acabar con este desmantelamiento industrial que está generando una auténtica sangría de puestos de trabajo, y la transición ecológica. 

El país no puede seguir boca abajo, tengo la sensación de que estamos cayendo por una pendiente. Cataluña se merece un futuro, hace muchos años que estamos anclados en unos hechos que ya hace tiempo que pasaron. Tenemos el derecho de salir adelante. (...)"                

(Entrevista a Jessica Albiach - Presidenta del grup parlamentari En Comú Podem, Albert Soler, Diari de Girona, 05/09/20)

El vicepresident del Parlament culpa a Madrid del "descontrol" del Covid... otra vez el 'madrid nos mata'... otra vez la miseria moral

 "El vicepresident del Parlament y dirigente de JxCat, Josep Costa, en twitter, ha reprochado a Madrid su gestión del Covidien y ha lamentado que los catalanes pagarán las consecuencias.

"Con todo el mundo de vacaciones, las personas hospitalizadas por Covid en Madrid han aumentado un 170% en sólo 15 días. Me parece que, para variar, de este descontrol pagaremos todos las consecuencias", ha lamentado."               (e-notícies, 29/08/20)

Los gobiernos autonómicos descubren desolados que Sánchez ha abandonado el presidencialismo... ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores... algunos presidentes autonómicos ya están sudando

 "La prensa de derechas decía que había un «clamor» para que el Gobierno central asumiera el liderazgo en la lucha contra el coronavirus y pasara por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas. Era también el mensaje del PP, preocupado por el impacto de la enfermedad en la reputación de sus gobiernos autonómicos. 

Ambos eran los mismos que desdeñaron primero y rechazaron después las últimas prórrogas del estado de alarma, ese instrumento legal excepcional que concede todo el poder al Gobierno central. Por la gravedad de la situación y por las decisiones contradictorias o simplemente absurdas de algunos jueces metidos en el papel de expertos en pandemias, se decía que varias autonomías exigían «instrumentos jurídicos» de los que carecían.

Tanto marear con la Constitución y ahora resulta que algunos de sus principios básicos son sólo unas simples directrices.

Ya tienen una respuesta de Pedro Sánchez. ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores y acometierais inversiones. ¿Queréis que Moncloa y Sanidad asuman el control absoluto y por tanto asuman las consecuencias negativas? «El Estado autonómico no es un invento de quita y pon. Está en el Título VIII de la Constitución», explicó el presidente.

Sánchez regresó de sus vacaciones dispuesto a mantener la apuesta. El desgaste brutal sufrido en primavera no pareció notarse mucho en las encuestas, pero es un error pensar que eso va a continuar siendo así. En especial, cuando los datos de contagios en España son ahora muy malos, mucho peores que en el resto de Europa y todavía no ha llegado el otoño cuando el riesgo será mucho mayor, aunque algunos hayan tenido ahora mucha prisa en decretar la inauguración oficial de la segunda oleada de la pandemia. 

Todos los esfuerzos y sacrificios del confinamiento corren el riesgo de quedar amortizados. Lo mismo se puede decir de los gobiernos que no se pongan las pilas.  (...)

Mientras los hospitales aguanten en la mayor parte del país, Moncloa ha decidido que es mejor volver al sistema parlamentario y autonómico. Las autonomías cuentan con las competencias y los recursos, después de que hayan recibido la ayuda del Estado, para ejecutar sus funciones. Si hay que ir más lejos, ahí está la opción del estado de alarma para los valientes, que no conlleva necesariamente un confinamiento generalizado.

No se sabe cuándo empezaron a sudar algunos presidentes autonómicos ante el dilema. Algunos ya han salido corriendo para negar que eso sea necesario. Otros más inteligentes se limitan a no precipitarse y afirman que tomarán las medidas necesarias en cada momento. Cuando alguien con mando en plaza dice que cada palo aguante su vela, es conveniente que cada uno tenga claro cuánto pesa esa vela.  (...)

Más promesas en el tema que más preocupa ahora mismo a millones de españoles. Aunque las competencias de educación sean de las autonomías, Sánchez utilizó la primera persona del plural en este caso. «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid», prometió. «Les garantizo a los padres y madres y al personal docente que los centros educativos van a ser libre de Covid». Eso es poner el listón muy alto y, por otro lado, es lo que esperan escuchar los progenitores.

«Mi pregunta es: ¿cómo lo va a garantizar?», le respondió un escéptico Casado abriendo los brazos. Resulta que es el mismo compromiso que había anunciado Isabel Díaz Ayuso. «No mandamos a los alumnos a lugares de riesgo. Mandamos a los alumnos a lugares seguros», dijo la presidenta madrileña. (...)

Póngame todo lo que hayan pedido Euskadi y Catalunya. Esa fue la tendencia de los gobiernos autonómicos cuando optaron por aumentar sus competencias hasta el límite. Ahora algunos desearán no estar tan expuestos. Es lo malo de llevar tatuada la palabra Constitución en la frente. Lo puede ver todo el mundo."                   (Guerra Eterna, 26/08/20)

Mientras los catalanes seguimos cayendo como moscas por culpa del coronavirus, nuestro presidente, que ha recuperado las competencias, pero no se ha recuperado de su incompetencia, dedica su tiempo a las cosas realmente importantes, como (intentar) cesar al letrado del Parlament Xavier Muro. Lo fundamental es no reconocer jamás la propia irrelevancia... Torra es, por encima de todo, un pelmazo impresionante, un brasas descomunal, un cansino insuperable...

 "Mientras los catalanes seguimos cayendo como moscas por culpa del coronavirus, nuestro presidente, que ha recuperado las competencias, pero no se ha recuperado de su incompetencia, dedica su tiempo a las cosas realmente importantes, como (intentar) cesar al letrado del Parlament Xavier Muro (sin éxito hasta el momento: su condición de cesante contribuye a que los de ERC no le hagan el más mínimo caso) y amenazar (¿a quién?) con trasladar a Europa esa mesa de negociación con el gobierno español que no se pone en marcha ni a tiros, tal vez porque las partes implicadas saben que no va a ninguna parte.

 Torra quiere hablar de autodeterminación y amnistía para los presos patrióticos, pero Sánchez se muestra dispuesto a abordar cualquier tema a excepción de esos dos que tanto preocupan al pre-inhabilitado vicario del ausente Puigdemont. Conclusión: los unos por los otros, la casa sin barrer. De ahí que nuestro conducator haya alumbrado la brillante idea de trasladar la mesa a Europa, algo muy fácil de decir, pero no sé si tanto de llevar a cabo.

Para empezar, hace falta que haya alguien en Europa dispuesto a escuchar las quejas de nuestro Cansino en Jefe, lo cual no parece muy probable en la actual situación sanitaria y económica del continente, agravada por problemas puntuales más serios que los de Cataluña, como la situación en Bielorrusia. 

Me temo que nadie comparte la teoría del señor Alay, sicofante de referencia de Puigdemont, según la cual el problema catalán es más grave y más urgente que el de los bielorrusos. Así pues, esa difusa amenaza de llevarse la mesa (¿qué mesa?) a Europa no parece preocupar mucho al Gobierno español, lógicamente interesado en retrasar la tabarra catalana todo lo posible: es evidente que Sánchez leyó aquel libro de Dilbert que se titulaba Always postpone meetings with time wasting morons (Pospón siempre las reuniones con merluzos que te hacen perder el tiempo).

Mientras los ciudadanos pillan un virus malévolo a manadas y hay que tirar a la basura la última campaña publicitaria de la Grossa por sobredosis de cinismo, Torra se dedica a empujar una mesa inexistente hacia la frontera con Francia y más allá. No nos explica cómo piensa organizar la cosa porque lo más probable es que no tenga ni idea al respecto. De momento, con una frase rimbombante ("¡me llevo la mesa a Europa!"), vamos que chutamos.

 Lo fundamental es no reconocer jamás la propia irrelevancia y hacer como que se va a eternizar en el cargo. Lamentablemente, nadie se lo cree, y de ahí la displicencia española con su mesa de marras y el cachondeo de ERC ante su conato de acabar con la separación de poderes en Cataluña. 

Ante semejante tesitura, lo suyo sería convocar elecciones e irse a casa antes de que lo envíe la justicia española, pero Torra es, por encima de todo, un pelmazo impresionante, un brasas descomunal, un cansino insuperable: de ahí la venganza contra el letrado Muro, la absurda amenaza de llevarse a Europa una supuesta mesa de diálogo, la insistencia cerril en amnistías y referendos.

 Torra ya puso el broche de oro a su administración subiendo la pensión de los expresidentes de la Generalitat (es decir, subiéndosela a sí mismo), así que todo lo que haga hasta que le toque abandonar el cargo es perfectamente inútil. Alguien de su entorno más inmediato debería hacérselo ver para que dejara de alargar eso que en el lenguaje deportivo anglosajón se conoce como los minutos de la basura (aunque en su caso creo que se puede hablar, directamente, de la presidencia de la basura)."             (Ramón de España, Crónica Global, 20/08/20)

Xavier Rius: "El independentismo tiene que dejar de ver el castellano como especie invasora. El proceso acelerará la decadencia de Cataluña"

(Entrevista a Xavier Rius, director de e-notícies, 08/07/20)

Revés judicial a los confinamientos domiciliarios de Lleida decididos por Torra. La Juez recuerda al presidente Torra que la ley le permite solicitar al gobierno de España la declaración del estado de alarma

"Una juez de la capital del Segrià dice que el gobierno catalán emitió una resolución desproporcionada para evitar "la aplicación de un estado de alarma parcial", que es una competencia estatal.

 La juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha rechazado ratificar el confinamiento domiciliario que había decidido aplicar el gobierno de la Generalitat  en varios municipios de la comarca del Segrià después de los últimas rebrotes de Covid-19. En su auto, juzga desproporcionada la resolución del gobierno que preside Quim Torra y considera que el objetivo de la misma es "eludir la aplicación del estado de alarma parcial", que es una competencia estatal.

La misma resolución judicial recuerda al presidente Torra que la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, le permite solicitar al gobierno de España la declaración del estado de alarma. Además, indica que la Generalitat puede adoptar medidas alternativas como el confinamiento domiciliario únicamente de personas contagiadas y las recomendaciones de confinamiento.

La juez, asimismo, rechaza que se pueda esgrimir a favor de la decisión de la Generalitat los precedentes de confinamiento en la comarca del Segrià y, antes, en la cuenca de Òdena, ya que las medidas en ambos casos no han incluido confinamientos domiciliarios generales, por lo que han afectado de manera mucho menos intensa el ejercicio de derechos fundamentales.

El gobierno de la Generalitat había prohibido desde este lunes las salidas y entradas a los municipios de Lleida, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig y Torres de Segre, y a las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat. Ahora esta decisión, que obtuvo la conformidad del Plan territorial de protección civil de Cataluña (Procicat), queda en el aire, si bien la resolución del juzgado de Lleida puede ser recurrida."                   (El Triangle, 13/07/20)

Quim Torra, sobre la pandemia: "La culpa es de Madrid, es evidente"

"El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han chocado este miércoles en el Parlament a propósito de la gestión de las residencias, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, durante la actual pandemia de coronavirus.

En una pregunta a Torra, Iceta ha afirmado que no confían en el Govern porque "intenta derivar las responsabilidades a otros", y le ha afeado que a día 7 de abril el ejecutivo catalán no tuviera datos de dos de cada diez residencias: "¿Cómo confiamos en un gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias? La única manera de transmitir confianza es con transparencia y eficacia".

A lo que Torra le ha respondido que "no tenemos ni idea de lo que ha pasado en las residencias españolas", ya que el Gobierno ha sido "incapaz" de dar los datos de muertos en estos centros.

"Algún día saldrá: en España hay el doble de muertos por COVID, porque todavía no han contado los muertos en residencias. Este dato de las residencias no me lo saque a mí", ha aseverado el presidente de la Generalitat.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado a Torra de culpar de todo "a Madrid" por las consecuencias de la crisis del coronavirus en aspectos como la gestión de las residencias.

A lo que Torra ha contestado que "es un axioma que le compro: la culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independientes".              (Cadena SER, 08/07/20)