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8/2/21

Puigdemont quiere un gobierno que fiscalice a los jueces... la Ley de transición hacia la república catalana preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.

 "La justicia, pilar básico de todo Estado democrático, vuelve a ser la gran olvidada en la campaña. Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero han obviado las mejoras necesarias en esta administración en sus debates. Por ello, es necesario acudir a sus programas electorales para conocer sus propuestas. Junts per Catalunya (JxCat), ERC y CUP dan un enfoque secesionista a la cuestión, con referencias a lo que consideran “represión” de los jueces.

El partido de Carles Puigdemont va más allá e incluso propone fiscalizar la labor de los profesionales de la justicia para evitar, según él, “actitudes antidemocráticas”. El resto de formaciones proponen medidas para modernizar los órganos judiciales, que todavía adolecen de carencias en digitalización, y reforzar las plantillas.

 JxCat: "Vigilancia del sistema judicial"

La Generalitat tiene competencias en materia de gestión en la Administración de Justicia, pero tanto jueces como fiscales son un cuerpo nacional. Los partidos secesionistas defienden una independencia judicial en la línea de lo apuntado en sus leyes de ruptura. Concretamente en la Ley de transición hacia la república catalana, que preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.

“En los últimos tiempos estamos viendo que el Estado utiliza la justicia como herramienta para reprimir la disidencia. Cataluña necesita, pues, la independencia también para liberarse de ese yugo”, indica el programa de los neoconvergentes.

Tras proponer una ley de amnistía para “3.000 personas represaliadas”, JxCat apuesta por un observatorio de la justicia para “detectar ineficiencias del sistema judicial y articular las correspondientes propuestas de solución”.

 Uso del catalán

Asimismo, la candidatura de Puigdemont está a favor de “vigilar el uso sesgado, antidemocrático o irrespetuoso con los derechos fundamentales del derecho y/o el sistema judicial para denunciar las vulneraciones y, en su caso, impulsar el ejercicio de las acciones que procedan". Como por ejemplo “denunciar las actuaciones de tribunales que no sean imparciales así como las investigaciones o actuaciones de la fiscalía carentes de neutralidad” y “promover el ejercicio de las acciones necesarias para defender a los catalanes y catalanas que se vean perseguidos por motivos ideológicos”.

JxCat exige “el pleno reconocimiento del uso del catalán en las instituciones judiciales y que su conocimiento sea un requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”, así como “exigir que el catalán sea la lengua vehicular de todos los procedimientos judiciales en Cataluña”.

ERC y la "judicialización" de la vida política

ERC también hace referencia en su programa a la "represión" judicial. “La legislatura actual ha estado marcada por la judicialización de la vida política a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre y de un proceso judicial en contra del movimiento independentista que no ha tenido nada que ver ni con la justicia ni con la separación de poderes”.

 Al igual que JxCat, dedica atención “reconocer y dignificar los derechos de las personas usuarias, consumidoras, litigantes y solicitantes al uso de la lengua para poder mantener en todos los ámbitos administrativos, judiciales y oficiales, dotando de recursos su promoción y aplicación en todos los ámbitos y en el software público y privado a partir de la reanudación de la dinamización lingüística”.

CUP y la "hostilidad" de la judicatura

La CUP quiere una reformulación del poder judicial ante “tanta hostilidad de la judicatura y la fiscalía que existe en este momento en Cataluña”. Por ello, quiere “garantizar el respeto de este colectivo hacia al proceso político que vive el país y no interferir en el campo de recuperación de soberanías, que además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura”.

En materia de seguridad, los antisistema proponen “auditar públicamente desde el Parlament el funcionamiento de la División de Información el Complejo Central de Egara (Comisaría General de los Mossos) para poder evaluar su funcionamiento y qué persecución política ilegal ha llevado a cabo desde la su creación”, así como “trabajar para desarticular las Unidades de Investigación, que funcionan como espacios de policía política destinada al control de los movimientos sociales y políticos y su criminalización. Proponemos la desaparición de las Unidades de Información”. La creación de un "Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de los cuerpos policiales en Cataluña” es otra de las propuestas de la CUP con la finalidad de asumir “funciones de control, denuncia y transparencia en relación con las vulneraciones de Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad”. (...)"                (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 06/02/21)

2/2/21

"El caso Pujol quedará en nada... han pasado muchos años después de que se abriera judicialmente el caso, y no han conseguido encontrar ningún testigo de cargo... Lo del rey emérito le viene de cine”

 "El periodista Xavier Horcajo ha asegurado en una entrevista en e-notícies que "el caso Pujol quedará en nada" y, en este sentido, ha señalado que la declaración presentada por el rei emérito Juan Carlos I a la Agencia Tributaria "le viene de cine".

El autor del libro "La pasta nostra", publicado en 2013, ha explicado "quería dejar una herencia a la gente joven que quisiera conocer de verdad lo que pasó con el pujolismo". Porque, claro, un chaval de veinte años dice '¿pero en el pujolismo nadie se dio cuenta de que estos tios eran unos trileros que vendían las decisiones de la Generalitat?'", ha expuesto.

Horcajo, autor de otros libros como "El hundimiento" y "Sindicatos S.A", entre otros; ha dicho que "lo lamentable es que han pasado muchos años después de que se abriera judicialmente el caso Pujol y, hasta donde yo sé, no han conseguido encontrar ningún testigo de cargo".

También ha dicho que esto es consecuencia de "con quién te coges la mano" porque, según él, "si tu te coges la mano para investigar eso del tal Villarejo o de la novia de Jordi Pujol, por allí no vas a llegar a nada positivo". "El tercero del que se cogieron de la mano era Javier de la Rosa", ha detallado.

"Al final -ha lamentado- han hecho una chapuza descomunal que, algún día, acabará en nada. Pudiera haber sido pero no fue por la ineficiencia de la fiscalía, de la UDEF, de Villarejo, de la novia, de De la Rosa". Xavier Horcajo está convencido de que "el caso Pujol acabará en nada" y ha preguntado "cómo es posible que el magistrado instructor lleve tres años sin hacer ni una sola diligencia".

También ha señalado que "creo que la resolución del problemita fiscal que ha tenido el rey emérito les viene de cine a los abogados de los Pujol que, en el fondo, tienen el mismo problema". "Si ahora le ponen el sello al emérito, a los Pujol, que también presentaron una paralela, más tarde o temprano, les tendrán que sellar el conforme de Agencia Tributaria", ha concluido."                  ( Entrevista a Xavier Horcajo, e-notícies, 11/12/20)

15/10/18

Los jueces de los altos tribunales del nuevo Estado Catalán serán nombrados por el presidente de la Generalitat y todos aquellos que tuviesen cuentas pendientes con la justicia española y fueran “buenos catalanes” les quedarán anuladas y sobreseídas sus causas... El que toda la corrupción pujolista quedaría lavada es la causa de todo el frenesí indepe

"(...) El nacional-catalanismo lleva años alimentando un proceso que necesariamente ha de culminar en esa ambicionada independencia. No hay nacionalismo moderado y nacionalismo radical… todo es cuestión de velocidad.

El procés no se inicia con la sentencia el Constitucional sobre el Estatuto ¡Para nada! Se inicia tras las acciones de “Rodea el Parlament” que realizó el movimiento 15M en respuesta a los recortes que la Generalitat de Artur Mas impuso a la sociedad catalana. Antes de que a la sociedad española lo hiciera Rajoy.

Ese es el verdadero punto de inflexión que da inicio a este proceso secesionista, inesperado ya que el mismo catalanismo lo tenía previsto para más adelante. Fue un error de cálculo. Ciertamente, consiguieron desmovilizar a la sociedad catalana que reivindicaba justicia social, sustituyendo la reivindicación por la culpabilización de España de todos los males que sufría Cataluña, males, que por otro lado, también sufría el resto de España.  (...)

¿Es el proces un movimiento republicano? yo puedo afirmar y afirmo taxativamente que no. (...)

En los días 6 y 7 de septiembre del año 2017 el nacional-secesionismo pretendió acabar con la legalidad de la Constitución y en uno de sus articulados determinaba que los jueces de los altos tribunales del nuevo Estado Catalán serían nombrados directamente por el presidente de la Generalitat y que todos aquellos que tuviesen cuentas pendientes con la justicia española y fueran “buenos catalanes” quedarían anuladas y sobreseídas sus causas. A eso le podemos llamar “república de pandereta”. (...)"                      

(Vicente Serrano, Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Grupo Promotor de IZQUIERDA EN POSITIVO. Crónica Popular, 29/08/18)

29/6/18

Margarita Riviére: Enrique Arias Vega, director de El Periódico de Catalunya, cuando se produjo todo el tema de Banca Catalana, me prohibió hablar de él. Hay que entender que había intereses empresariales. Así fué el 'pujolismo'...

"Cuando se le pide una definición personal explica que "ser catalana no es lo más importante que me ha pasado en la vida y no es garantía suficiente para hacer un buen trabajo". Dice que quiere mucho a Catalunya pero que no se siente nacionalista y considera una vergüenza utilizar el hecho de ser catalán o de ser español para hacer política. 

Que no tiene ninguna afición a las patrias y que no quiere nadie le diga qué tiene que hacer. Lo explicó ya en uno de los muchos libros que ha escrito a lo largo de una intensa trayectoria profesional, que, entre otros despachos, la llevó a la dirección de la agencia EFE en Catalunya.

Margarita Rivière es una periodista que vivió de cerca las dificultades para informar objetivamente durante los años de pujolismo, bautizados como "dictadura blanca". Sufrió censuras e insultos. Entre estos insultos recuerda los que le dedicó el activista nacionalista Miquel Sellarès a través del confidencial convergente "Noticia de Cataluña", de los que, curiosamente, la defendió una revista ultranacionalista, El Llamp. Cuando estalló el caso Banca Catalana trabajaba en El Periódico de Catalunya.

¿Qué pensó cuando supo que Jordi Pujol, responsable de muchas de las presiones y problemas que sufrió usted como periodista, confesó que ha tenido dinero escondido en el extranjero durante 34 años?

Me extrañó mucho que lo dijera, que confesara algo malo. Me extrañó menos cuando vi la forma. Pensé que era un acto de soberbia sublime. Pedía perdón porque había actuado mal, intentaba justificarse y nos pedía que fuéramos buena gente y lo perdonásemos. En el Parlament, en su comparecencia, volvió el Pujol que conocimos los periodistas de aquella época. 

Abroncó a los diputados. Sentí vergüenza. Y fue otro acto de soberbia. Este hombre es soberbio. Es muy inteligente, habla muchos idiomas, sabe maniobrar, tiene una memoria fantástica, pero es soberbio. Mala cosa para un político, que deben ser humildes.

¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Reinterpretar nuestra historia?

Sí, habría que reinterpretarla. Volver a mirar qué nos ha pasado, qué hemos hecho y por qué no nos hemos enterado de nada. Y los periodistas tenemos un trabajo absolutamente fundamental. No quiero ningún tipo de protagonismo pero a mí Enrique Arias Vega, director de El Periódico de Catalunya, donde yo tenía una sección diaria que se llamaba "La burbuja" cuando se produjo todo el tema de Banca Catalana, me prohibió hablar de él. Hay que entender que había intereses empresariales.

 Ante un señor como Pujol, de quien dependían algunos ingresos publicitarios... No era la primera vez que me pasaba. Ya me pasó muchos años antes, en 1973, con El Corte Inglés en el Diario de Barcelona. Y El Corte Inglés entonces no es el de ahora. No pude publicar una información muy sencilla de una chapuza que habían hecho.

Carlos Jiménez Villarejo ha explicado muy bien que salir sin un rasguño de Banca Catalana le dio a Pujol una impunidad absoluta. Mena lo ha corroborado.

¿Cómo reaccionó?

En mi caso sólo podía hacer una cosa: guardarme mis opiniones. Publiqué un articulito en el otro lugar donde escribía, la revista El Món, donde defendía a los ocho magistrados que no apoyaron que Pujol no rindiera cuentas ante la Justicia. Había una omertà con Jiménez Villarejo y Mena y contra los que no habían pasado por el aro del señor Piqué Vidal, que era uno de los abogados de Jordi Pujol. 

Años después, Piqué Vidal pasó por la cárcel. En mis años en la agencia EFE intenté probar -pero no lo conseguí nunca- que la Audiencia había sido, de alguna manera, convenientemente satisfecha en cierto tipo de necesidades por una de las partes. Nunca se pudo probar periodísticamente.

Ahora habría que saber la verdad de la herencia de Pujol, de donde sale el dinero y una serie de cuestiones que todos sospechamos en ese momento pero que no podíamos expresarlo. Yo lo hice en El Món y Arias Vega me dijo que me había equivocado.

 Y era un artículo de colegio de monjas que ahora nos haría reír, pero en ese momento era el colmo de la crítica a Pujol. Los periodistas lo que detectábamos era la gente que hablaba "por boca de". Yo tenía unas fuentes y escuchaba determinadas expresiones que luego me las repetían mis jefes del diario. Y salían de Lluís Prenafeta, el secretario general de la Presidencia.

Ahora se ha difundido la idea de que todo el mundo lo sabía...

A mí me sorprendió. Es la primera vez que he visto a Pujol autoinculparse. Me han comentado que lo hizo aconsejado por unos abogados que ya no tiene. Creo que se ha equivocado porque ha confirmado algo él solo. Ahora le podemos llamar defraudador, lo que antes no hubiéramos podido hacer, porque él mismo se ha delatado. 

¿Porque lo ha hecho? Caben todo tipo de especulaciones. Dejémoslas para los que especulan y los periodistas jóvenes que tienen mucho que investigar. Yo ya estoy fuera de circulación y, por suerte, no es trabajo mío.

¿Qué decir de los periodistas que a lo largo de estos años han vivido al calor del pujolismo?

A los que no vivíamos de ese calor nos ponían verdes y nos desacreditaban en confidenciales pagados por Convergència. Por ejemplo, para desacreditar mi independencia, decían que era del PSOE. Miquel Sellarès, fundador de la Asamblea Nacional Catalana y personaje de larga historia que siempre ha vivido del presupuesto público, dirigía estos confidenciales. 

En una revista de Euskadi escribió un artículo donde a Enric Bastardes, Ernest Udina y a mí nos calificaba de "fascistas blancos". Demencial. Sellarès, mano derecha de Pujol desde el comienzo, fue fundador de la Escuela de Policía, los Mossos d'Esquadra e, incluso, jefe de una especie de servicio secreto de la Generalitat, que se conocía como "los mortadelos".

Me puso tan verde Sellarés que tuvo que salir en mi defensa un medio radical-nacionalista, El Llamp, que en 1987 ya utilizó un titular profético: "Catalunya, un estado dentro de Europa". Criticaron desde el anonimato y la falta de respeto a profesionales solventes. Se dice pronto. Había una guerra de confidenciales, la mayoría de los cuales venían de la parte nacionalista, que eran los que tenían dinero y desacreditaban a los periodistas que no controlaban.

Jordi Pujol estuvo 23 años siendo presidente de la Generalitat sabiendo que tenía dinero escondido en el extranjero.

Yo no tenía nada personal contra los nacionalistas. Respetaba aunque no compartía que hubiera gente que tenía el nacionalismo como ideología. ¡Cómo no tenía que respetarlo en un país plural! Lo que era terrible es que si no estabas con ellos, estabas contra ellos. No se podía aguantar. Y a los que nos atrevíamos a distanciarnos, nos la tenían jurada. Yo tuve problemas de todo tipo. El primero que me llevó a la radio en catalán fue Josep Cuní, porque tiene criterio propio y se lo agradezco mucho.

La mayor parte de los periodistas que se beneficiaron del pujolismo están muy bien situados ahora, en la nueva situación política que vive Catalunya.

Todo el respeto que me merecen las ideologías no me lo merecen los oportunistas y esta profesión está llena de ellos. Nos hemos equivocado mucho como colectivo no educando bien a la gente en ética. Pero tampoco tenemos tanta culpabilidad. Yo soy fundadora de El Periódico y sé cómo determinada generación nos esforzamos para que hubiera empresarios decentes en el mundo de la prensa. ¡Y mira como estamos! Ahora los diarios los controlan los bancos, como explica muy bien Pere Rusiñol en su libro Papel mojado.

Si cuando estalló el caso Banca Catalana Jordi Pujol hubiera dimitido, ¿qué habría pasado?

Habríamos creído todos un poco más en la democracia. Lluís Foix escribió hace unos días en El Ciervo que "en un verano de los años noventa le comenté a Pujol que se decía por Barcelona que su hijo Jordi cobraba comisiones. Me razonó que todo el mundo lo hacía pero que su hijo lo hacía mucho mejor, más rápido y con mejores resultados". Es muy interesante. Es otra autoinculpación.

Ha pasado lo que ha pasado. Me da igual. Y ha pasado por culpa, un poco, de haber confiado en una clase política que se merecía nuestra confianza como ciudadanos. Habíamos pasado del franquismo a una democracia y deseábamos que la clase política fuera demócrata. Todo se aprende en la vida. Me doy cuenta ahora que soy mayor. A veces, cuando eres joven, eres ingenuo por falta de saber que el ser humano tiene unas debilidades inconfesables. De Pujol nadie lo pensaba, pero ha pasado.

Habríamos deseado que nuestros políticos fuesen honestos, pero resulta que muchos de ellos no lo han sido. Con lo cual, los que lo han sido pasan desapercibidos. Aquí tenemos nuestro papel los medios de comunicación, a los que sólo interesa el conflicto. Siempre digo que si las mujeres hubiéramos dirigido los medios, el conjunto de valoración de las noticias habría sido otro.

Hay un momento especial en nuestra historia reciente que es cuando Jordi Pujol salió al balcón del palacio de la Generalitat y dijo que "a partir de ahora de ética y moral hablaremos nosotros, no ellos". ¿Como lo vivió?

No estaba en el Parlament pero seguí con atención lo que pasaba. Hubo un asedio al Parlament. Entonces no se llamó asedio: se llamó patriotismo. Cuando los del 15M rodearon el Parlament lo trataron de sitio. Ese día gritaban "Pujol, presidente; Catalunya independiente". 

Yo tenía una tía muy carca, que se ponía de rodillas ante la tele franquista para ver las charlas de monseñor Guerra Campos, obispo de extrema derecha. Ese día fue a la manifestación a favor de Pujol.

Ahora no me extraña. He leído y estudiado historia y esto suele ocurrir en este tipo de "movidas" históricas. Siento compararlo con Hitler, pero es así. Hemos sido víctimas de la propaganda. Lo fuimos también en la Guerra Fría y en otros momentos del siglo XX. Nos han engañado por todas partes.

¿Cómo acabará el caso Pujol?

Me gustaría saberlo. En este caso, preferiría el derecho a saber más que el derecho a decidir. Saber qué pasó, cuál es la historia de verdad. Porque de lo contrario estamos al albur de especulaciones absurdas. No sé si lo conseguiremos. Tampoco sabemos la verdad del asesinato de Kennedy.

La única frustración de mi vida profesional es no haber podido hacer nunca un reportaje de un consejo de administración de un banco. Explicarle a la gente cómo funciona el consejo de administración de un banco o de una gran empresa. Es un sueño que he tenido como periodista y no he podido realizar.

¿Ve el proceso independentista como la continuación lógica del pujolismo o habríamos llegado aquí aunque Pujol no hubiera existido?

Es pura especulación pero encaja como narración, como relato que dicen ahora los finos. Este señor ha estado amenazando toda la vida con convertir Catalunya en independiente y ha ido parando esta reivindicación mientras pactaba con los gobiernos del PP y el PSOE. Hasta que le han tocado la prole. 

En el momento que le tocan la prole, como si estuviéramos en Texas o en el Oeste, sale a defenderla y hace esa confesión espectacular que nadie preveía. Me pensaba que era más inteligente. Se ha comportado como un vulgar Millet.

Se acusa las cloacas del Estado de estar detrás de la presión que ha forzado la confesión de Jordi Pujol. ¿Lo cree posible?

¿Y si fuera al revés? Las posibilidades son infinitas. La especulación no tiene límites. ¿De dónde sale el dinero que lo ha pagado todo, desde Miquel Sellarès a la Asamblea Nacional Catalana?

El Gobierno de Madrid lo ha hecho peor, pésimo. Rajoy está sosteniendo a Mas, ERC y la Asamblea Nacional Catalana con su mala gestión, su inmovilismo y dejando de forma impertérrita que llegáramos a estos extremos.

Estamos ante una campaña electoral interesante tanto por parte de Mas como de Rajoy. Mas nos puede llevar a unas elecciones autonómicas cuando quiera y Rajoy tiene las municipales a la vista. A ERC le interesan muchísimo más las elecciones municipales que la consulta. Barcelona no responde tanto como otros lugares, pero a ERC le interesa más controlar el país desde los ayuntamientos para continuar la trayectoria actual.

¿Cómo ve el panorama periodístico actual en Catalunya?

Por suerte, tenemos los digitales. Y algún periódico que cuenta las cosas lo mejor que sabe. Tampoco podemos pedir héroes. Ni héroes ni mártires.

¿Y el papel de los medios de comunicación públicos en relación al "proceso" soberanista?

Últimamente he dejado de mirar TV3. Catalunya Ràdio poco y Catalunya Informació, de vez en cuando y si no tengo otro remedio, para seguir la actualidad.

¿Es estimulante ser periodista hoy?

Sí. Esto siempre vale la pena. Te tiene que gustar la gente. Sino, dedícate a otra cosa. Si te gusta la gente, entenderla, entender dónde vives, es lo mejor que hay. Cuando me dediqué a esto no sabía qué era. Ahora lo sé y volvería a ser periodista.

¿Se imagina una Catalunya independiente? ¿Qué y cómo sería?

Es muy difícil en un mundo tan interconectado la mera idea de la independencia. Es como la felicidad. Todos queremos la felicidad, la libertad, pero todos tenemos nuestros límites. Si yo empiezo a preocuparte me pararás. A los sesenta años me he sacado un doctorado en Sociología para entender todo esto. Vivimos relacionados con los demás y eso no nos permite hacer siempre lo que nos viene en gana.

Yo me he sentido engañada por la iglesia, por una familia burguesa que me inmunizó para no ser como ellos. Me gusta estar rodeada de cosas que no están mal pero el afán del dinero y la incultura de la burguesía barcelonesa que conocí, no la quiero ni para mi peor enemigo. 

Lamentablemente, es quizás lo que desea mucha gente que llega a nuevo rico. La vida no es desear ser independiente sino jugar con lo que tienes en tu entorno y adaptarte y tener empatía. Las mujeres sabemos mucho de esto."                 (Entrevista a Margarita Riviere, Siscu Baiges, eldiario.es, 07/10/14)

4/7/17

El nuevo borrador mantiene al poder judicial catalán bajo el control de los políticos

"Los cambios en la ley que la Generalitat prepara para romper con España no han alcanzado ninguno de los principales aspectos referentes al sistema judicial de manera que, de aplicarse, permitirían al Govern tener bajo su control la elección de los jueces y arrebatar al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramitan en la actualidad.

 Los redactores de la ley dan por hecho que el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña.

Como ya se observaba en el primer borrador de la ley de transitoriedad, las fuerzas políticas independentistas siguen muy preocupadas por ejercer un férreo control del poder judicial. Las promesas de esos partidos para “despolitizar la justicia” y para acabar con los actuales “vicios” del sistema quedan en nada.

El presidente catalán se reserva la facultad para nombrar el fiscal general de Cataluña (una potestad que también tiene en España el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán. Esta última institución será la heredera del actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el presidente de la Generalitat nombrará a su máximo responsable a propuesta de un nuevo organismo, también muy politizado. 

 La propuesta partiría de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo catalán, por el ministro de Justicia de una Cataluña independiente (sería el vicepresidente de la comisión), por cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se garantizarían designar quién está al frente de la cúpula judicial catalana.

El mismo control político alcanzará también al nombramiento de jueces del Supremo de la nueva república, de manera que este queda en manos de una sala de gobierno integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil, administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por mayoría absoluta. El control del Parlament que en estos momentos tienen los independentistas les ayudaría a controlar esta operación.

En los últimos meses, numerosos juristas han advertido en Cataluña sobre la flagrante ilegalidad del referéndum unilateral y han aumentado los temores de parte de la judicatura sobre el futuro que les espera ante una eventual independencia. 

Algunos de estos juristas han nutrido los manifiestos que han circulado alertando de que la secesión unilateral no tiene cabida en la Unión Europea. Precisamente por esto, las fuerzas independentistas han decidido que hay que atar en corto a estos profesionales.

La fiscalía tampoco escapa de los mecanismos de control. El segundo borrador ratifica lo que ya aparecía en el primero: que el presidente de la Generalitat designará al fiscal general después de escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia catalán la elección del resto de fiscales. Mientras no se apruebe una legislación propia en esta materia se sigue aplicando en Cataluña la legislación sobre el Ministerio Fiscal existente. 

El nuevo borrador tampoco corrige las injerencias políticas en la creación de una sala constitucional que revisaría recursos de amparo y resoluciones contrarias a la ley fundacional. Esta sala estaría formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados elegidos por el Parlamento catalán.

El proyecto legal sigue subrayando que los juzgados catalanes asumirán todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitiría extinguir de cualquier responsabilidad penal a todos los altos cargos catalanes que ahora están bajo sospecha.

Entre los escasos cambios que se aprecian entre los dos primeros borradores que han trascendido de la ley de transitoriedad está el que vela por la lengua de los procesos judiciales. En el segundo borrador ha desaparecido toda referencia a esta cuestión que, tradicionalmente, ha sido especialmente espinosa debido a que el castellano es hoy en día la lengua habitual en los procesos judiciales que se siguen en Cataluña.

 El texto reafirma que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que ocupan plaza en los órganos judiciales en el momento de la independencia continuarán en sus plazas —“manteniendo sus derechos económicos y profesionales”— salvo que renuncien a la integración."                 ( , , El País, 03/07/17) 

15/5/17

¿Inviable la desconexión legal que promete el independentismo? Porque ni los 6.000 jueces de Cataluña, ni los 17.000 Mossos, dejarán de aplicar la ley (española, vaya por dios)

"El independentismo catalán fía toda su estrategia a una carta que se vende como la panacea que permitirá construir la nueva república catalana. Es la ley de desconexión, el secreto mejor guardado en Cataluña, de la que no se conoce su contenido y que, según se repite machaconamente desde hace meses, permitirá pasar de la legalidad española a una nueva legalidad catalana y amparar la convocatoria del referéndum de independencia. Se trata, sin embargo, de una promesa inviable en la práctica, según todos los analistas consultados.

El Tribunal Constitucional suspenderá previsiblemente esa ley —llamada de Transitoriedad Jurídica— en cuanto salga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat. Además, el Gobierno catalán no dispondrá de la capacidad para hacerla cumplir, con lo que todo acabará siendo poco menos que un brindis al sol, coinciden en señalar diversos constitucionalistas consultados por EL PAÍS.

“La carga de credibilidad del nuevo ordenamiento le toca demostrarla a quien quiere romper el ordenamiento vigente”, explica el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. En su opinión, la aprobación de la ley catalana “dará legitimidad a sus instigadores, pero a ojos de la legalidad española, que seguirá vigente en Cataluña, no producirá ningún efecto”.

Este catedrático entiende que la Generalitat no podrá hacer efectiva la desconexión legal, entre otros motivos porque los colectivos encargados de velar por esa legalidad catalana no la aplicarán a corto, medio, ni largo plazo.

En este sentido, Arbós recuerda que la inmensa mayoría de los cerca de 6.000 jueces que trabajan en Cataluña no dejarán de aplicar las leyes que aplican ahora, ni los más de 17.000 mossos d’esquadra se pondrán al servicio del nuevo escenario político.

Lo vienen anunciando desde hace meses las asociaciones judiciales y los principales sindicatos policiales, y parece que no servirán de mucho las amenazas del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach de que la Generalitat sancionará a los funcionarios que no cumplan la nueva ley en el caso de que llegue a ser aprobada.

 “La cuestión no es que tú desconectes de la legalidad española, sino que puedas hacer cumplir la tuya y que los demás te la reconozcan, y eso no pasará”, insiste Arbós.

El comunicado que anunció el pasado 29 de diciembre el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP sobre la ley de desconexión explicaba que esta abordaría, entre otras cuestiones, la sucesión de ordenamientos y de administraciones, el poder judicial y las finanzas catalanas, así como el sistema institucional con una serie de plazos y períodos de transición en cada caso para aplicar el nuevo ordenamiento legal. Sin embargo, Xavier Arbós considera que todo eso se quedará en papel mojado.

 “La ley de desconexión no es un escudo magnético y la Generalitat no puede pretender un blindaje unilateral porque no tiene competencias para ello. Es un salto al vacío, un desafío al sentido común”, reitera el constitucionalista.

“Es un disparate”

Mucho más contundente se muestra José Antonio Montilla, director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. “A los alumnos de primero se les explica en las primeras semanas de la carrera lo que no se quiere entender por los gobernantes de Cataluña”, dice.

“Es un disparate lo que quieren hacer, un absurdo jurídico, porque no existe ninguna posibilidad de aplicarlo y porque no se puede decir que se va a pasar de una legalidad a otra como si no pasara nada”, afirma Montilla.

En su opinión, la ley de desconexión catalana quedará suspendida desde el momento en que lo acuerde el Tribunal Constitucional, por lo que cualquier acto de aplicación que derive de ella será nulo. Y cualquier funcionario público que la aplique podría incurrir en prevaricación, por lo que, concluye, la ley será inaplicable.

Montilla recuerda lo que los juristas denominan “sistema de fuentes del derecho”, que garantiza la seguridad jurídica por encima de las opciones políticas, con la Constitución en la cúspide de la legalidad, y en virtud del cual “una comunidad autónoma no puede suspender la aplicación de la Constitución”.

Para Víctor Ferreres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la aprobación de la ley de desconexión no producirá ningún vacío de poder porque el Tribunal Constitucional ya ha advertido que será ilegal y en ningún momento dejará de estar vigente la legalidad española. Este jurista rebate, además, dos argumentos muy usados por el independentismo: que esa hipotética ruptura de Cataluña con el resto de España sería un proceso pacífico y que tendría reconocimiento internacional.

“Si yo salgo a la calle, delinco y espero que la policía no me detenga no puedo decir que soy pacífico, porque la policía tiene la obligación de intervenir y lo hará”, señala Ferreres, que da por sentado que el Gobierno y el resto de instituciones del Estado no se quedarán de brazos cruzados.

En su opinión, además, ni el derecho internacional público ni el comunitario ampararán “jamás” la pretendida legalidad catalana porque se pretende imponer quebrantando unilateralmente la legalidad española. “Mi madre, que no sabe nada de derecho, entiende a la primera que no se puede desconectar de la ley así, a la brava”, remacha Ferreres."                  (Pere Rios, El País, 08/05/17)

27/3/17

Comisión de Venecia: los funcionarios que desobedecen al Tribunal Constitucional vulneran el imperio de la ley

"Cuando se dio a conocer que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había emitido un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) del año 2015 los nacionalistas catalanes se apresuraron a trasladar la imagen de que dicho informe suponía un varapalo a la reforma y que desautorizaba la instrumentalización del Tribunal Constitucional (TC) que, según ellos, se pretendía con ella.

Ahora disponemos del texto completo del informe (se dio a conocer el 13 de marzo) y vemos que lo que dice la Comisión de Venecia no se corresponde con lo que deseaban los nacionalistas. Al revés, el informe es un alegato contundente a favor del necesario cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y si desautoriza a alguien es a quienes pretenden situarse por encima de ellas y no acatarlas.

 La impresión que se saca es de que se trata de uno de los textos más lúcidos que se han producido sobre la espinosa cuestión de la ejecución de las sentencias del TC. (...)

La reforma de la LOTC del año 2015 intentó dotar al Alto Tribunal de nuevos instrumentos para la ejecución de sus resoluciones. Las dudas que, sin embargo, en algunos planteaba la reforma acabaron materializándose en una petición por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que la Comisión de Venecia examinara la adecuación de la reforma.

La conclusión del informe es la de que la reforma de la LOTC no contradice ningún estándar europeo y en ese sentido avala la modificación efectuada. Ahora bien, en tanto que órgano asesor, la Comisión de Venecia no deja pasar la oportunidad de realizar un incisivo análisis sobre las exigencias y mecanismos de la ejecución forzosa de las decisiones del TC, aportando algunas reflexiones que deberían ser cuidadosamente consideradas por quienes tengan interés en la materia, y especialmente por los actores políticos en nuestro país.

El punto de partida de la Comisión de Venecia es la constatación de que las sentencias del TC son obligatorias para todos y que deben ser ejecutadas. El rechazo hacia quienes rehúsan aplicar estas decisiones es explícito. 

Así se afirma que los funcionarios que no cumplan tales decisiones vulneran el principio del imperio de la ley, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos del Estado (página 4 del informe) y se afirma con rotundidad que quien se niegue a cumplir “debe ser forzado a obedecer la decisión del Tribunal Constitucional (página 11)”.

La Comisión de Venecia es de una claridad meridiana sobre este punto, el de la necesidad de que las decisiones del TC deban ser ejecutadas; pero, evidentemente, la dificultad está en encontrar las maneras eficaces para lograrlo. En este sentido, la Comisión trae a colación ejemplos de regulaciones en otros países europeos que parecen coincidir en que la ejecución de las decisiones del TC tiene que encargarse a otros poderes del Estado diferentes del propio Tribunal. 

Así, se explica que en Austria esta función la asume el Presidente, quien incluso está habilitado para utilizar el ejército para hacer cumplir tales decisiones (página 6). Se destaca, además, que esta atribución a otras autoridades o instituciones facilita que el Tribunal sea percibido como un árbitro neutral, facilitando un mejor equilibrio entre los distintos poderes del Estado.

Más allá de este argumento, la Comisión pone de relieve que en los casos de incumplimiento por parte de una autoridad podría ser inútil pretender que dicha autoridad obedeciera las órdenes ejecutivas que le dirigiera el propio TC. Una nueva desobediencia, tal como indica el informe, redundaría en un desprestigio del Tribunal (página 11).

A partir de esta consideración, el informe señala que de las medidas que prevé la LOTC para el efectivo cumplimiento de las decisiones del TC, ningún problema plantean aquellas que implican el auxilio bien del Gobierno (ejecución sustitutoria de las medidas) o de los tribunales ordinarios (persecución penal de los infractores); pero sí que podrían presentar dificultades aquellas otras que tuviesen que ser impuestas directamente por el Tribunal (multas pecuniarias o suspensión de ciertos funcionarios o autoridades). 

No surgen tales problemas del hecho de que la adopción de dichas medidas suponga una privación de garantías para los afectados, ya que la regulación española evita situaciones de indefensión (apartados 50 y 57 del informe), sino por lo que antes se ha señalado: porque es dudoso que el TC disponga de los medios para imponer coactivamente sus propias decisiones y, además, tal como se ha adelantado, esta función ejecutiva podría perjudicar su percepción como árbitro e intérprete de la Constitución.

En definitiva, el informe muestra con claridad lo que en España, en ocasiones, cuesta ver: es inadmisible que no se acaten las decisiones del TC y es preciso adoptar medidas para que ese cumplimiento sea efectivo. 

Ahora bien, no se puede cargar al Tribunal Constitucional con el peso de asumir esta imposición coactiva que en la mayoría de los sistemas es competencia de otros poderes, en especial el poder ejecutivo. Es éste el que está en mejor disposición para imponer coactivamente el cumplimiento de las decisiones del TC y, por tanto, ha de ser su responsabilidad conseguir ese cumplimiento.  (...)"                 (Rafael Arenas García, El País, 23/03/17)

16/3/17

La sentencia de Artur Mas desprende el aire contaminado del juicio político... demuestra hasta qué punto de eficacia ha llegado la intimidación nacionalista sobre el Estado democrático

"(...) Sobre el núcleo de estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó ayer sentencia. Su desoladora conclusión es que Mas desobedeció al Estado, pero que no queda probado que estuviera en su ánimo el hacerlo: «No puede descartarse [así lo dice la página 73 de la sentencia] un juicio interpretativo, en todo caso erróneo, que se represente la posible legalidad del proceso de participación ciudadana en los términos en que se produjo el de 9 de noviembre de 2014».

La inmoralidad se expresa por lo general en términos tortuosos. 

Los jueces sostienen que la desobediencia no implica ánimo de delinquir y así, mientras castigan el delito de desobediencia (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, dice la canción popular), absuelven del de prevaricación, lo que rebaja considerablemente la pena. No puede descartarse un juicio interpretativo que se represente la posible legalidad del proceso. No puede descartarse, han dicho tres jueces en su sano juicio, que Mas creyera estar actuando en plena legalidad.

Semejante bula interpretativa no puede desaprovecharla nadie. ¡Si sirve para la sentencia, cómo no va a servir para la crónica! Quizá los magistrados observen complacidos que la sentencia no ha gustado a nadie, salvo a estos dos inefables partidos que responden al nombre de Ciudadanos y Partido Popular de Cataluña, cuyos portavoces han dicho que el que la hace la paga, sin pararse a pensar qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha pagado. 

Pero no hay ninguna garantía de que en esa equidistancia judicial estén la verdad y la razón. Lo que está claramente en la equidistancia es el pacto, es decir, la política. Ya lo estuvo cuando ni siquiera llegó a juicio el delito de malversación, que suponía penas de cárcel. Es fama que los catalanes tienen desde Francesc Pujols los gastos pagados y que al nacionalismo todo le sale gratis.  (...)

La sentencia no es más que el último episodio de la actitud grisácea, gaseosa, indolente, de bajo perfil y de baja gramática que el Estado ha aplicado al abierto desafío del Gobierno de Cataluña. Una actitud que, por otro lado, es la que mantuvo durante 40 años de negociación ininterrumpida con el siempre gaseoso catalanismo político.

 Pero que sigue manteniendo a pesar de que al otro lado ya no hay catalanismo político ni meandros, sino separatismo en línea recta. Mas hizo el 9 de noviembre de 2014 lo que el 25 de septiembre de 2012 dijo que iba a hacer. 

Y ayer, nada más conocerse su leve condena, no es que dijera sólo que no se arrepentía de nada y que lo volvería a hacer; es que llevaba una chapa en la solapa, chulapón, que decía: «Ho tornaria a fer». Debo traducírsela al magistrado Barrientos, por si se diera algún juicio interpretativo erróneo: «Lo volvería a hacer». Al fiscal prefiero traducírselo en mi latín: In bis, idem. 

La sentencia desprende el aire contaminado del juicio político: cuando se sospecha que son los hechos los que han debido adaptarse a la sentencia y no a la inversa. Y supone un éxito notable para Mas y el resto de desleales. Obra el milagro de mantener viva la llama victimista al tiempo que demuestra hasta qué punto de eficacia ha llegado la intimidación nacionalista sobre el Estado democrático."              (Arcadi Espada, El Mundo, 14/03/17)

14/2/17

Independentistas radicales acosan e insultan a la fiscal jefe de Barcelona tras el juicio del 9N... será de los fiscales que se tengan que ir

Ana Magaldi

"Independentistas radicales insultaron a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, tras la última sesión del juicio al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta, Joana Ortega, y a la exconsejera Irene Rigau por la organización del 9N.

 La jefa del ministerio público barcelonés tuvo que salir escoltada el viernes del palacio de justicia de Barcelona por un agente de los Mossos d'Esquadra ante la avalancha de improperios que le lanzó un grupo de unos 40 separatistas. El suceso ha causado un gran malestar entre el colectivo de fiscales.

Según ha podido conocer Crónica Global de fuentes judiciales, Magaldi salía de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras finalizar la última vista cuando se le acercaron y la acorralaron una cuarentena de independentistas.

El grupo empezó a insultarla a gritos de fascista, vete a la mierda e hija de puta. Aunque no llegaron a tocarla, el nivel de violencia verbal fue tal que obligó a intervenir a uno de los policías de los Mossos d'Esquadra que vigilan y gestionan el control de accesos del palacio de justicia.

El agente acompañó a Magaldi y a otro compañero --no era Emilio Sánchez Ulled, fiscal de la acusación en el proceso-- hasta la esquina del edificio, donde la pareja pudo finalmente zafarse de los acosadores.

Fuentes judiciales han subrayado el profundo malestar en la fiscalía de Barcelona por el suceso, del que han agregado que "hacía años que no se veía".

De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que muchos de los miembros de carrera del ministerio público tuvieron que llevar escolta durante la larga campaña terrorista de ETA.
Ana Magaldi es la fiscal jefe de Barcelona y la tercera profesional en el jerarquía de la fiscalía de Cataluña.

Conocida por su carácter decidido, Magaldi es miembro de la Asociación de Fiscales, la entidad conservadora que agrupa a miembros de carrera del ministerio público."           (Crónica Global)


"El exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal es un caso de manual de doble personalidad política. 

Por un lado, es hombre cercano, amable, parlanchín y chistoso. Por el otro, se dedica a observar el comportamiento de sus excolegas de cara a las purgas posteriores a la proclamación de independencia.

 Como se recordará, en un arrebato de chispeante sinceridad advirtió a los asistentes a una conferencia de su partido de que, en materia fiscal, todos los catalanes estaban fichados; y de que, en la ideológica, jueces, fiscales y los abogados más importantes, también.

Marta Pascal, la coordinadora general del PDEcat (la nueva Convergencia o Pedocat, según los críticos), también viene con dos versiones de serie: la diputada joven y modosita con vocación de reconstruir la virginidad moral del partido del 3% y la vocera que considera que llamar “puta”, “hija de puta” y “fascista” a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, es libertad de expresión. (...)

Magnífico. Llegará lejos esta individua. De momento, ya ha superado al poste de normalizar que a una mujer se le escupa “puta” a la cara siempre que la aludida no sea de su cuerda. Cabe recordar, por ejemplo, el caso de Anna Gabriel, que a separatista no la gana nadie, pero que recibió ese insulto y otros más por parte de la parte convergente de las redes sociales cuando vetó con éxito que Mas fuera designado de nuevo presidente de la Generalidad.

Uno de los mantras del catalanismo, excepto la CUP, es que el proceso separatista es “cívico, pacífico y festivo”, pero lo cierto es que menudean las excepciones. (...)"            (Pablo Planas, Libertad digital, 14/02/17, en Fundación para la libertad)

27/1/17

De los 801 jueces españoles que hay en Cataluña sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente quiénes se quedarán y cuáles se irán... o echaremos

"(...) El senador insiste en que no puede revelar la manera “absolutamente ilegal” con la que han accedido a los datos: “Tenemos todos vuestros datos tributarios, estáis todos fichados. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio, os damos la palabra de honor de que sabréis adonde va cada euro”. (...)

Control de la judicatura

En otro momento de sus intervenciones explica cómo controlan el aparato judicial. “De los 801 jueces españoles que hay en Cataluña sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente quiénes se quedarán y cuáles se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República. Para el día siguiente ya sabemos con qué jueces podemos contar".

Según el magistrado suspendido, también tienen esos mismos datos del resto de los empleados de la Administración de Justicia. "Sabemos cuál será la persona, en caso de que ese juez marche el viernes a España, que abrirá el lunes el juzgado".

Los filtros

Los jueces que podrían quedarse representan algo más del 30% de la plantilla actual, aunque para seguir administrando justicia en Cataluña deberían pasar tres filtros. El primero será acreditar un nivel suficiente de catalán oral y escrito. 

Además, deberá conseguir una buena evaluación profesional del poder judicial y del Consell Consultiu --el equivalente al Consejo de Estado de Madrid--.

“Y un último filtro, que este es el que tengo que ser más prudente: evidentemente no habrá ninguna depuración ideológica, ninguna, pero el compromiso de que estos que se quieran quedar, deben asumir que el poder legislativo es el Parlamento de Cataluña y ya no es España. 

Sobre todo en el primer período de transición jurídica, en los tres años que durará la transición, deben tener un compromiso absoluto. Y, por supuesto, habrá un organismo disciplinario externo a la judicatura".       (Declaraciones de Santi Vidal, Crónica Global, 26/01/17)