La OCDE ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado"

 "La OCDE recomendó este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. Además, el organismo ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado". 

 En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.

 La organización económica señala que es necesaria la subida de impuestos para "reducir las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones y financiar las reformas de los mercados de trabajo, la educación y la innovación", pero pide que se realicen cuando la economía se haya recuperado tras el impacto de la pandemia. (...)

Respecto a la unidad de mercado, la OCDE señala que "las diferencias normativas regionales suponen un obstáculo para la consecución de un verdadero mercado único y frenan el crecimiento de las empresas, obstaculizando la productividad y la creación de empleo". (...)"               (eldiario.es, 14/04/21)

La armonización fiscal no es un invento: los expertos a los que recurrió Rajoy en 2017 también la pedían

 "Aunque parezca nuevo por la pasión con la que sus defensores y detractores hablan estos días de la "armonización fiscal" entre comunidades autónomas, este debate es recurrente en la política española. 

No se lo ha inventado, pues, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, como condición para unir los 13 escaños de su formación al bloque parlamentario a favor de dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

 Al Partido Popular, sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el debate no le pilla de nuevas por mucho que su reacción haya sido la de advertir de que si se tocan "los bolsillos" de los madrileños para pagar "la corruptela al independentismo" ella se erigirá en la "peor pesadilla" de sus ejecutores.

 Evidentemente, respondía a Rufián, que había vendido como logro arañado al Gobierno en las negociaciones el que la Comunidad de Madrid deje de ser "un paraíso fiscal". En esta región existe una bonificación del 100% del impuesto sobre el Patrimonio.

A Ayuso, y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, les sonará este debate porque no hace mucho tiempo, con un Gobierno liderado por sus siglas y comandado por Mariano Rajoy se encargaba un informe a un grupo de expertos que, sobre la base de estudio de una reforma del sistema de financiación autonómica, concluía, entre otras cuestiones, que "sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente [a las comunidades]". 

La recomendación era hacerlo "restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota" y, al mismo tiempo, estudiando "la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales". Son extractos literales del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, que lleva fecha de julio de 2017, hace solo tres años y cinco meses. El ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, cuyos impuestos viven ahora sus últimos días.

La creación de este grupo de expertos fue uno de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró en el Senado el 17 de enero de 2017. Integrada por personas propuestas por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, recibió luz verde vía acuerdo en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017.

Tensa conferencia de presidentes

La Conferencia de Presidentes que dio pie a la creación de este grupo de expertos que trasladó a un Gobierno del Partido Popular la necesidad de la armonización fiscal había estado marcada precisamente por las críticas de los barones socialistas al régimen fiscal de la Comunidad de Madrid. Por aquellas fechas era Cristina Cifuentes la que estaba al frente del Ejecutivo regional.

Abanderó el debate la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) mientras Cifuentes se encastillaba en el "No tengo ninguna intención de subir los impuestos a los madrileños". Tres reducciones de impuestos desde 2007 habían convertido a Madrid en la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: la tarifa autonómica del IRPF más baja, bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales más exiguo de España y sin gravar el Patrimonio. Un caso de competencia desleal de libro, se quejaban los presidentes socialistas, que, entre otras cuestiones, abogaban por un tope máximo y un tope mínimo en estos impuestos cedidos a las comunidades.

Las demandas de Susana Díaz habían venido precedidas de la advertencia de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de que su presidenta iba a exigir acabar con el dumping fiscal entre comunidades. Montero hoy es la ministra de Hacienda del Gobierno de España. Comunidades también gobernadas por el PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha salieron después a respaldar la tesis de Susana Díaz, llegando incluso a hablar de que Madrid "es un paraíso fiscal" en España. 

No es pues Rufián quien se refiere por primera vez al régimen tributario de la Comunidad de Madrid recurriendo a expresiones como "dumping fiscal" o "paraíso fiscal".

En el citado informe de los expertos se destacaba que "un problema adicional en relación con los tributos cedidos totalmente [a las comunidades autónomas] ha sido la falta de atención por parte del Estado a la actualización de su normativa, que en algunos casos se remonta a hace más de treinta años".

Los ejes del acuerdo

Este jueves, desde ERC hicieron públicos los ejes del Acuerdo Gobierno-ERC para el voto favorable del Grupo Republicano a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Concretamente, el tema que afecta a la Comunidad de Madrid es el punto 9, el que se refiere a la "reforma del Impuesto sobre el Patrimonio". "El Impuesto sobre el Patrimonio debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario, contribuyendo a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes. La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual. El establecimiento de límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo puede evitar situaciones de competencia fiscal a la baja. Por ello, se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo para analizar la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio", puede leerse en el texto facilitado por la formación republicana.

Otro de los puntos aboga por la creación de "un comité de personas expertas para establecer las bases para una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice y aumente la eficiencia del sistema tributario del Estado".

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre aseguran que no manejan un plazo aproximado para este punto. Mantienen que todavía es demasiado pronto para fijar un calendario y defienden que esta cuestión de la armonización fiscal no ha ir obligatoriamente de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque este no es un escenario descartable. El acuerdo no se articulará en los Presupuestos que Sánchez quiere tener aprobados antes de fin de año y para los que ya cuenta con una mayoría sobradísima, por encima de la absoluta.

Sánchez pide a Ayuso que hable "con dirigentes del PP"

Hace unas semanas, en un acto público en la Comunitad Valenciana, el president Ximo Puig exigió la "armonización fiscal", que se acabase con los "paraísos fiscales", el "dumping fiscal" y el "efecto capitalidad" de Madrid. Y el presidente recogió el guante. "Me parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal".

La resaca del 'sí' de Rufián a los Presupuestos y el enfado, sobre todo en Madrid, pilló al presidente del Gobierno en Palma, en la XIX Cumbre hispano-italiana. Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior, Sánchez abogó por la "armonización fiscal" para acabar con la desigualdad entre territorios y advirtió a Ayuso de que hasta dentro del PP hay quienes están de acuerdo con eso. 

"Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan", subrayó. "Si hablan con dirigentes del PP les dirán que hay que resolver el problema de armonización fiscal", recalcó.

En 2017, el gallego Alberto Núñez-Feijóo se mostró partidario de una horquilla "de máximos y mínimos" en impuestos. En una entrevista concedida a la cadena Ser, el dirigente conservador dijo ser partidario de la autonomía fiscal de las comunidades pero no vio con malos ojos que se marcasen unos límites.

También recordó el presidente del Gobierno el citado informe con las recomendaciones de los expertos de la etapa de Rajoy.

La dirección nacional del PP va a dar la batalla en este campo para respaldar las posiciones de Ayuso, según ha podido saber este diario en fuentes de la sede nacional de la calle Génova.

Pero no sólo hay críticas desde la derecha. Desde la izquierda, el diputado de Más País Íñigo Errejón aseguró que ERC se equivoca en el planteamiento de supeditar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, dado que así "le hace el juego" a Ayuso y supone también "un flaco favor al Madrid progresista".              (Yolanda González, InfoLibre, 26/11/20)

La gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena

"Ahora se constata que hubiese sido más útil adaptar para Cataluña modelos tan sucintos y transparentes como el suizo o el escandinavo. Se prefirió reclamar el máximo de competencias posibles, en imitación del Estado, emulando excesos de protocolo para no ser menos, cuando en realidad, siendo conveniente cierto empaque institucional, lo que legitima verdaderamente es la gestión eficaz, transparente y comedida en el gasto público. 

Seguramente, a la ciudadanía de Cataluña le hubiese convenido más asemejarse a la gestión de lo público de Dinamarca. Muy al contrario, se imitó, si no se duplicó, la tan malquerida formación de la administración pública del Estado.

 

Es por ausencia de un modelo racionalizado de administración pública puesta al día que la gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena, como fue en el caso de los dos gobiernos tripartitos, con mención especial que se merece ERC.

Con el dinero del contribuyente, la reproducción de formas de Estado ex nihilo tiene sus riesgos. Y cuanto más Estado se reproduce, menos se confía en los órdenes espontáneos, que son los propios de una sociedad civil que en buena medida se autorregula. 

Nunca hubo en Cataluña tantas regulaciones, tanta reglamentación, tantas páginas de legislación normativa, hasta llegar al carné de boletaire y a algunas disrupciones de la naturaleza del mercado único que tan beneficioso ha sido y es para la economía catalana.

 En algún ente preautonómico de cuyo nombre preferimos no acordarnos, la propuesta de aplicar métodos de racionalización administrativa de modo previo a la futura transferencia de competencias estatutarias mereció muchas carcajadas, porque en los nichos anacrónicos de la memoria institucional lo de menos era racionalizar, sino contratar a un sinfín de familiares.

 Ha ocurrido y algunos de los que se carcajearon tanto hoy entran y salen de los tribunales. En el menos ambiguo de los casos, se produjo una reproducción de sistemas administrativos que ya eran obsoletos, una mímesis absurda y muy cara.

 El intríngulis de la administración autonómica, como no lo atribuyamos a una enrevesada voluntad política, ha incidido también en el endeudamiento, bastante al margen de la atribución victimista de todos los males al gobierno central.  (...)

En Cataluña, cuando se reclaman estructuras propias de un Estado, quizás se posterga la opción de reformas administrativas que han sido objeto de demora desde las primeras transferencias, fruto de la redistribución territorial del Estado, hasta prácticamente ahora. 

Un método aconsejable para la administración de lo público es la eficacia y la transparencia. Un método muy distinto se ciñe todavía a la identidad ultrajada. Las instituciones requieren algo más, sobre todo credibilidad, gobierne quien gobierne. En el fondo, tal vez sea más fácil añorar la irrealidad de un Estado propio que administrar la vulgar y cruda realidad de todos los días."          ( Valenti Puig , El País,  10 MAR 2013)

En España hay más de 65.000 leyes autonómicas

"Las cifras son estremecedoras. En España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico. ¿Cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. 

 Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas. Es decir, que cada año las ‘novedades’ oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa.

Las cifras proceden de un informe que ha realizado la patronal CEOE sobre la unidad de mercado, en el que se pone de relieve que los gobiernos autonómicos, lejos de simplificar la legislación, cada vez la complican más, con lo que ello supone de coste adicional para las empresas.

Se pone como ejemplo el caso de las máquinas tragaperras, cuya regulación ha sido transferida a las comunidades autónomas. Pues bien, según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cada región impone las dimensiones de algunas de sus piezas, lo que encarece los procesos de fabricación y aumenta los costes de gestión.

 La maraña legislativa y burocrática llega a tales extremos que en algunas regiones, por ejemplo, se obliga a los profesores de autoescuela a realizar un informe posterior a cada clase siempre que esta dure más de una hora, lo cual añade costes de enseñanza.

Lo peor, con todo, es que ni la crisis ha detenido esta hemorragia legislativa. Si en 2008 los diarios oficiales de las regiones publicaron 697.344 páginas, en 2010 ya se había alcanzado las 867.466.

 Y aunque CEOE no ha cerrado todavía los datos de 2012, es muy probable que se haya superado ampliamente el millón de páginas. Algo parecido sucede con el Gobierno central: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba al comenzar la crisis 68.506 páginas, muy por debajo de las 258.068 de 2010, según datos de CEOE. 

Como sostiene el presidente de la patronal, todo es tan increíble que tan sólo en 2012 la ley del impuesto sobre la renta ha sufrido nada menos que 55 modificaciones. No es de extrañar, por lo tanto, que recientemente la consultora PwC, que canaliza buena parte de la inversión extranjera en España, se quejara de los continuos cambios normativos que impiden la planificación tributaria y la seguridad jurídica. 

Ya sea modificando en medio de un ejercicio fiscal los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, eliminando la libertad de amortización por inversión en activos fijos o cambiando las limitaciones a la compensación de bases imponibles. “La imagen que se da no es la de una mayor seguridad jurídica, al contrario”, aseguraba Jaume Cornudella, socio fiscal."       (Cinco Días, El Confidencial, 18/12/2012)

La UE advierte a España de que la proliferación de normas autonómicas frena la competitividad del país

"La Comisión Europea ha advertido a España de que la multiplicación de normas autonómicas, ‘las grandes fluctuaciones’ y ‘la politización de la Admnistración pública’ suponen un freno para la competitividad de la economía del país.

‘Además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la Administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios’, ha señalado el Ejecutivo comunitario.

Y ha añadido que ‘hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad’.     (lavozdebarcelona.com, 11/10/2012)

Tanto Tarradellas como Pujol eran conscientes de que los símbolos no solo simbolizan, sino que hacen, producen realidad. El truco funcionó.

"Marçal Sintes, periodista y próximo director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en un artículo publicado este martes en El Periódico: (...)


Desde su exilio en Saint-Martin-le-Beau, Josep Tarradellas se ocupó de proyectar una imagen de lo que él representaba que trascendía su precaria posición, la cual quedaba restringida casi a un tampón y un sello con el escudo de la Generalidad.

Al volver a Cataluña, continuó comportándose como si el autogobierno fuera mucho más de lo que era.

Jordi Pujol -a pesar de su falta de sintonía con Tarradellas- actuó de forma parecida. La Generalidad de Tarradellas -en el exilio y la restaurada- y la Generalidad de los primeros años de Pujol era una Generalidad mucho más simbólica que real. Tanto Tarradellas como Pujol eran conscientes de que los símbolos no solo simbolizan, sino que hacen, producen realidad. El truco funcionó.

Tanto es así que Pujol nunca abandonaría esta apuesta por generar una cierta ficción –de una especie de Estado dentro del Estado–, como tampoco, a pesar de las dificultades, quisieron hacerlo los presidentes Maragall y Montilla. (...)

El Gobierno [autonómico], el Parlamento [autonómico] y todos los catalanes deberíamos ser conscientes del peligro. Y conjurarnos para evitar que el Estado español, ayudado por la crueldad de la crisis, convierta la Generalidad en un mero ente territorial.
 
Deberíamos evitar la provincialización del autogobierno. No se puede olvidar que los símbolos, como decían antes, tienen el extraño poder de transformar la realidad, de hacerla diferente de lo que es; para agrandar y fortalecer, pero también para empequeñecer y debilitar’."       (lavozdebarcelona.com, 27/12/2011)

Lluís Llach reivindica la secesión de Cataluña y registra su fundación en Madrid para no pagar a la Generalidad

"El cantautor dice que “siendo solidario catalán cuesta el doble que siendo solidario en Madrid”, pero ignora que las competencias en materia de fundaciones están transferidas a las CCAA, por lo que esto ocurre porque así quiere que sea la Generalidad.

Lluís Llach ha presentado este jueves su fundación, que lleva su nombre, y tiene como objetivo ayudar a los más desfavorecidos del Senegal construyendo escuelas y ayudando a la comunidad rural. Una loable acción. Sin embargo, el cantautor catalán, que no duda en mostrar sus opciones políticas, ha confesado que ha registrado su fundación en Madrid.

En Madrid, más barato

En el programa de TV3 Els Matins, Llach ha asegurado estar “indignado” porque “siendo solidario catalán cuesta el doble que siendo solidario en Madrid”. La Generalidad, “tal y como lo tiene montado, bloquea diez millones [de pesetas] y en Madrid te pide [el Gobierno autonómico] cinco y solo te piden que pongas uno”. Es decir, registrar una fundación en la Comunidad de Madrid es más barato que en Cataluña.

Sin embargo, en lugar de criticar a la Administración autonómica, ya que las competencias en esa materia están transferidas y no dependen del Gobierno, Llach ha reivindicado la secesión de Cataluña -si bien ha mostrado cierto escepticismo- asegurando que con España “la soberanía no es posible”.

Para Llach, “el camino español está definitivamente barrado” y se ha remontado a la II República para recriminar “a España” no haber hecho “un ejercicio de aprendizaje” con los nacionalistas cediendo en todas sus demandas." (lavozdebarcelona.com, 03/03/2011)

La Cámara de Comercio Alemana en España denuncia ‘quejas’ de sus conciudadanos por la inmersión lingüística en catalán

"El director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España, Walther von Plettenberg, ha alertado este martes sobre los perjuicios de la imposición del catalán como única lengua vehicular en las escuelas y asegura que ha recibido ‘quejas’ de alemanes que viven temporalmente en Cataluña y que han llegado a ‘asustar’ a personas e inversiones.

Von Plettenberg ha declarado a ACN que “es algo político, pero yo creo que hay que atreverse a decirlo, es el tema de la lengua, del idioma. Yo escucho quejas de que la insistencia con que se dice que hay que aprender la lengua de allí, el catalán, hace que gente con niños se asuste un poco, porque si a los cuatro o cinco años vuelven a salir a otro destino, los niños, salvo que les hayan mandado a un colegio extranjero, tiene quizás bastante cogido el catalán, que es una maravilla saber una lengua más, pero les falta un idioma, digamos, de talante internacional, como puede ser el inglés, el español, el alemán, hasta cierto punto, porque somos 100 millones de germanoparlantes”.

“Yo creo que Cataluña tiene que llegar a una situación mucho más desenfadada, es decir, es una maravilla tener una lengua propia, una cultura propia, hay que cuidarla pero sin forzarlo en exceso, hasta el punto de llegar a asustar a alguna persona, a alguna inversión, que puede dejarse orientar también por este tema”, ha añadido.

También ha subrayado que otra de las cuestiones “de la que se quejan mucho los empresarios, es la multiplicidad de trabas administrativas. Si yo quiero hacer algo en Aragón y algo en Cataluña me encuentro con duplicidad de permisos, duplicidad de controles.

Yo creo que esto, la unidad de mercado, que sería el tópico que tocamos ahí, es una tarea por hacer. Existía antes y nuestra España de regiones, de CCAA, ha llevado a una cierta ruptura de este mercado y los empresarios se quejan que duplican, triplican, cuadruplican el gasto que tienen que acometer para llevar una empresa adelante aquí”. (lavozdebarcelona.com, 08/02/2011)