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16/4/24

En la Cataluña del ‘postprocés’ y sin presupuestos, en la que la pobreza crece pero mengua el número de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo único que sigue su camino sin pestañear es el Hard-Rock y su macrocasino... las 104 hectáreas del Hard Rock, que la Caixa compró a 30 euros el metro cuadrado en régimen de expropiación forzosa y ahora se prevé que sean adquiridas por la Generalitat por 115 euros el metro cuadrado

 "La ruleta ha acabado con los presupuestos para 2024. Y ese es un mal dato en un país que viene del agitado decenio del procés y en el que las políticas sociales han tenido un carácter meramente retórico, pues el soberanismo hegemónico las ha limitado a alimentar el mantra populista de que la independencia acabaría a con todos los males.

Lo cierto es que la pobreza crece mientras en la campaña electoral hay quienes siguen agitando el reclamo de esa Arcadia tan feliz como inalcanzable. En Cataluña, según la estadística de la propia Generalitat (Idescat), el 8,9% de la población se halla en situación de pobreza social y material severa lo que supone 80.000 personas más que en 2022. En Cataluña hay más de 700.000 pobres, según datos de 2023.

Y pese a esas cifras, entre enero del año pasado hasta febrero de 2024 el número de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) –tanto íntegra como complementaria– ha menguado: ha pasado de 165.371 a 157.520. Es decir, la Generalitat apenas da cobertura al 20% de la población que según ella misma está en situación de pobreza severa.

Por añadidura, el accidentado fin de legislatura ha dado al traste con la modificación de la ley que regula la citada renta, reforma en teoría apoyada por toda la izquierda y que en la práctica se dilata en el tiempo una y otra vez. El embrollo de convocar elecciones anticipadas y estar sin presupuestos tiene consecuencias. Y, más allá del cálculo político, para la ciudadanía resulta incomprensible. Los agentes sociales, que ya expresaron su perplejidad ante la no aprobación de las cuentas de la Generalitat, ahora ven como se esfuman 800 millones de euros en sanidad, como se posterga la rebaja de las tasas universitarias o como quedan en el cajón de los buenos propósitos los 1.700 pisos sociales previstos en Barcelona. No es que las cuentas permitieran declarar el estado de felicidad permanente, pero no tenerlas por meros cálculos políticos es peor.

PSC y Esquerra culpan de todo ello a los comunes y recuerdan que dieron luz verde a dos presupuestos –en 2022 y 2023– en los que figuraba el desarrollo del macro-casino Hard Rock e incluso se llegaba a incluir una partida de 120 millones de euros para el polémico complejo de juego. Eso tan cierto como que el PSC quiso que Hard Rock, la ampliación del aeropuerto del Prat y la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa figuraran como condiciones sine qua non para aprobar los presupuestos. Se trata de un catálogo de macroproyectos en una Cataluña en crisis climática. Con restricciones a la vista para el consumo de agua de boca, el Hard Rock emplearía 15.000 millones de litros anuales. Eso sí, la gran piscina del complejo de Salou -de ampliarse el aeropuerto del Prat– podría albergar las aves expulsadas del delta del Llobregat y evocar de esta forma los manglares de la Florida del Hard Rock. La política de vuelo gallináceo del independentismo está contagiando gravemente a la izquierda.

No deja de ser paradójico que cierto progresismo catalán –que arquea preocupado la ceja ante lo que considera chalaneo para conseguir prestaciones sociales– aborde con suma indulgencia el negocio urbanístico con 104 hectáreas del Hard Rock, que la Caixa compró a 30 euros el metro cuadrado en régimen de expropiación forzosa y ahora se prevé que sean adquiridas por la Generalitat por 115 euros el metro cuadrado. En la Cataluña del postprocés y sin presupuestos lo único que sigue su camino sin pestañear es el macrocasino de Salou."            (Francesc Valls, El País, 14/04/24)

23/3/23

El independentismo se pringa con la basura de Tarragona por 220 millones de euros

 "Algo huele mal en Tarragona. El contrato de la basura del Ayuntamiento finaliza este 2023 pero, tras quedar desierto en la primera licitación, el consistorio independentista encabezado por el republicano Pau Ricomà ha decidido ofrecérselo a dedo a tres empresas, todas involucradas en famosos casos de corrupción en Cataluña, como el 3% de comisiones ilegales. El plan pretendería poder abrir la licitación antes de las elecciones municipales de mayo. Detrás de estos movimientos estaría la construcción de una nave industrial que serviría de base operativa para la nueva contrata y el despido de personal para ajustar los costes para los nuevos licitadores. Sindicatos y PSC se plantean denunciar el caso ante la Fiscalía.

Dicen que todo se pega y estos años de ‘procés love‘ entre ERC, la CUP y la periclitada Convergencia (Junts per Catalunya) han servido para que los republicanos (ERC) y los cupaires (CUP) aprendiesen lo peor de los discípulos de la familia Pujol. Ahora se detestan, pero parece que el virus de la mala praxis ya sería pandémico en el seno del independentismo y Tarragona aparece como el Wuhan de algunos malos vicios, pues se da el hecho de que el gobierno municipal de Tarragona está compuesto por ERC, Junts (municipalizado) y la CUP.

Los medios de comunicación de Tarragona vienen publicando informaciones que apuntarían a una gestión de la licitación del nuevo contrato de la basura llena de ángulos oscuros. Se trata del contrato público de mayor cuantía de la ciudad, pues hablamos de más de 220 millones de euros por un periodo de 10 años.

 Concurso desierto, concurso ‘a dedo’

La actual concesión finaliza este año 2023 y el gobierno independentista de Tarragona, encabezado por el republicano Pau Ricomà, decidió licitar la nueva contrata a finales de 2022, con el resultado de quedar desierto, pues ninguna empresa ofertó, siendo la primera capital de provincia española que ocurría que algo así.

Este hecho provocó la airada reacción del Comité de Empresa y de la oposición, que acusaron al gobierno de Ricomà y, especialmente, al primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny, de incompetencia y de una gestión de la licitación poco menos que cuestionable, ya que el Ayuntamiento decidió prescindir de los servicios de la ingeniería que previamente había ganado el concurso público municipal para confeccionar el pliego de condiciones técnicas que serviría de base para la licitación.

Tras quedar el concurso desierto, lo habitual en estos casos es solicitar los servicios técnicos expertos que auditasen el pliego de condiciones y la estructura de costes para detectar los errores de dimensionamiento de la licitación desierta. Lejos de esto, el gobierno municipal decidió seleccionar a dedo a una serie de empresas, convocarlas a consultas, animarlas a presentarse al nuevo concurso y, en base a esas consultas, reeditar la licitación con un calendario implacable, a la carrera, que buscaría sí o sí poder abrir la licitación antes de la celebración de las elecciones municipales.

Según informa el digital larepúblicacheca, los técnicos municipales, siguiendo instrucciones del primer teniente alcalde, Jordi Fortuny, y bajo criterios alejados del normal protocolo administrativo, habrían convocado arbitrariamente a una serie de empresas implicadas en casos de corrupción.

 Tres empresas bajo sospecha

Una de ellas, Urbaser, realizó donaciones al CatDem, en cuantía superior a los 400.000 euros, a cambio, presuntamente, de ser adjudicataria de servicios de recogida y limpieza de basuras. CatDem son las siglas de la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem), investigada por la Guardia Civil por hacer de vehículo entre las empresas contratistas con la administración pública y Convergencia. Según los investigadores, se dedicaría a cobrar el famoso 3% de comisión ilegal que le pagarían los empresarios para después hacerlo llegar al partido de diversas formas.

Otra empresa convocada por los servicios municipales de Tarragona sería Acciona, a la que también se le investiga por el caso del metro de La Sagrera de Barcelona.

 Una tercera compañía invitada a las sesiones de masaje independentista sería la leridana Soriguè, también vinculada a la trama de corrupción del 3% y del caso Bárcenas. Lo llamativo y alarmante del caso es que estas tres empresas anunciaron que se presentarían conjuntamente en UTE (Unión Temporal de Empresas) a la contrata de la basura de Tarragona.

Denuncias ante la Fiscalía

El mismo digital larepúblicacheca, ha informado de que a esta forma de proceder nada habitual se suma que el gobierno independentista de Tarragona quiera adjudicar, justo ahora, la construcción de una nave industrial que serviría de base operativa para la nueva contrata, cuando dicha nueva contrata está en fase de prelicitación.

Los representantes sindicales ya amenazaron con llevar el conflicto a la Fiscalía y ahora se suma el PSC, que también estaría valorando esta posibilidad. Para acabar de adornar este tenebroso panorama, el último informe del interventor municipal estaría admitiendo las acusaciones sindicales de eliminar puestos de trabajo y masa salarial para “acomodar” los costes y hacerlos viables para las empresas en esta segunda licitación, ya que se estaría pasando de 350 puestos de trabajo actuales a 329 como máximo y se rebajaría la masa salarial en torno a los 400.000 euros."           ( , Crónica Libre)

4/11/20

Vendrell comió hace un mes con la consellera de Salud para "hacerle algunas reflexiones" sobre un concurso público al que optaba su empresa

 "Los negocios del exconseller de ERC Xavier Vendrell con la Generalitat también forman parte de la investigación de un juez de Barcelona. Los investigadores han documentado cómo el exconseller comió el pasado 2 de octubre con la consellera de Salud, Alba Vergés, durante más de tres horas, para, en las propias palabras de Vendrell, "hacerle algunas reflexiones" sobre un concurso al que optaba una de sus empresas y que permanecía en suspenso tras detectarse irregularidades.

Al margen de la supuesta trama rusa en favor del procés y su participación en Tsunami Democràtic así como en un presunto caso de corrupción urbanística, el juez Joaquín Aguirre investiga si Vendrell contactó con el Govern para “obtener contratos de emergencia” por la COVID-19 así como si usó su influencia en ERC para ganar otros concursos de la conselleria de Salud.

El contrato en el que se han fijado los investigadores fue licitado por el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM, por sus siglas en catalán) y versó sobre el servicio de visitas médicas y pruebas complementarias que las mutuas realizan para la Generalitat durante los años 2018 y 2019. La empresa de la que Vendrell es representante formó parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuvo cuatro lotes del concurso por importe de 442.672 euros.

Sin embargo, una de las empresas rivales en el concurso recurrió la licitación en marzo de 2018, y el Instituto Catalán de la Salud le dio la razón, al suspender la adjudicación de los cuatro lotes a la UTE de la empresa de Vendrell. Alegaba la firma rival que la UTE vencedora del concurso, de la que formaba parte Vendrell, solo se había formado para "falsear la competencia" y "repartirse el mercado".

Pese a que en un primer momento se suspendió la licitación del contrato, en junio de 2019 el Instituto Catalán de la Salud lo adjudicó a la UTE vinculada a Vendrell. La mesa de contratación, expone la Guardia Civil tras el análisis de la documentación, concluyó que la UTE de Vendrell sí cumplía con los requisitos técnicos del concurso y que venía prestando desde 2014 el mismo servicio "sin incidencias".

Pero la empresa competidora fue más allá y también recurrió en octubre de 2019 el concurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, el ente al que las empresas acuden antes de la vía judicial Contencioso–Administrativa para resolver los litigios en la contratación pública. En marzo de 2020, el Tribunal de Contratos del Sector Público dio la razón a la competidora de Vendrell y dejó sin efecto la adjudicación a la UTE del exconseller. Concluyó el tribunal que la adjudicación "no fue ajustada a derecho" y retrotrajo el concurso al momento anterior a la concesión del contrato.

Los pinchazos telefónicos del sumario del caso muestran la preocupación de Vendrell por el resultado del contrato. Otra de las investigadas en la causa, la subdirectora general de evaluaciones médicas de la conselleria de Salud, Lidia Domingo, advirtió a Vendrell en una conversación de que "tuvieran cuidado con los tiempos de entrega de realización de pruebas porque por eso habían ganado".

Solo unas semanas después, Vendrell reacciona con enfado a uno de sus socios al descubrir el recurso de la empresa competidora. "Sin el contrato del ICAM la empresa no vale nada", lanzó Vendrell, para a renglón seguido cargar contra su rival: "Si quieren pleitear que pleiteen, que hagan lo que les dé la puta gana y como me hinchen mucho los huevos les enviaré a un colombiano y les daré dos hostias a cada uno porque no hay derecho....".

Finalmente, en una conversación del pasado 2 de octubre por la mañana, su interlocutor le pregunta "si el concurso está encallado", a lo que Vendrell responde que ese día comía con Vergés "porque es muy desesperante todo eso y ella no es consciente de la mafia que tiene ahí metida".

Unas horas después los investigadores localizaron efectivamente a Vendrell comiendo con Vergés en un restaurante. A su interlocutor le había explicado, según transcribe la Guardia Civil de la conversación, que ya "había explicado" la situación del contrato "a la secretaría general" del departamento, pero que la secretaría "había cambiado".

Como varias área de la conselleria, la secretaría general de Salud sufrió cambios durante la crisis del coronavirus y a principios de septiembre Marc Ramentol sustituyó en el cargo a Laura Pelay. Al "haber cambiado" la secretaría general, Vendrell asegura que en el departamento "no hay nadie que sea consciente" de una "situación" que tilda de "muy bestia". "Nadie tiene una reacción clara, con este tema están así y le tengo que explicar cosas", apostilló Vendrell.

Sobre el resultado de la comida con Vergés en el sumario solo consta que Vendrell, el mismo día del encuentro, le comentó a su esposa que había tenido una comida "de tres horas y veinte minutos" con la consellera y que "había ido muy bien".

Por otro lado, en una conversación telefónica de enero de 2020 Vendrell se jactó de que tras el nombramiento de Salvador Illa en el Gobierno iba a tener "acceso" al ministerio de Sanidad, algo que "considera clave porque ha puesto mucho tiempo y dinero y llega la hora de recoger", sin que la Guardia Civil haga constar en el sumario ningún contrato de Vendrell con el Ministerio.

Al margen del caso concreto de la adjudicación investigada, en noviembre de 2018 la Agencia Catalana de la Competencia abrió un expediente sancionador a la empresa de Vendrell precisamente por lo mismo que había denunciado su competencia: "coordinar" las ofertas entre varias empresas para formar una UTE que se quedara con los contratos."                (Oriol Solé, elDiario.es, 02/11/20)

2/11/20

ERC ante la sombra de la corrupción

 "Poco tiene que ver la Esquerra Republicana de Catalunya que lidera desde la cárcel Oriol Junqueras con la que en 1996 heredó Josep Lluís Carod Rovira. Mientras que ahora el partido batalla para hacerse por primera vez con el trofeo de la Generalitat, la de Carod Rovira tuvo que pelear duro por hacerse un hueco entre las dos grandes formaciones de la época: Convergència y el Partit dels Socialistes. 

Pero si algo no ha cambiado es la obsesión de sus dirigentes para presentar al partido como un territorio libre de corrupción. “Mans netes!” [¡Manos limpias!] proclamaba en los mítines Josep Lluís Carod Rovira ante las corruptelas que solían afectar a sus rivales. “Somos el único partido sin casos de corrupción”, señala Junqueras todavía hoy cada vez que el 3% o el caso Palau asoman en el horizonte de lo que fue Convergència.

Efectivamente, ERC ha quedado al margen de los casos de enriquecimiento ilícito que han empantanado la política catalana. Pero la sombra de la corrupción ha alcanzado el partido justo cuando se dispone a hacer buenas las encuestas que la sitúan al frente de la Generalitat a partir de febrero. La operación policial ordenada por un juez de Barcelona, el pasado miércoles, contra la supuesta financiación ilegal del procés ha puesto a ERC en el centro de las miradas por las presuntas irregularidades de Xavier Vendrell, histórico ex secretario de organización y exconsejero del Govern.

Vendrell, ahora militante de base y reconvertido en hombre de negocios pero que sigue ejerciendo una poderosa ascendencia en los despachos de ERC, aparece en las grabaciones de la investigación presumiendo de su influencia sobre varios consejeros. “Con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto”, dice Vendrell en una conversación con su socio, con el que pretendía agilizar la construcción de una escuela concertada en unos terrenos de su propiedad en Cabrera de Mar (Barcelona).

 En la conversación, Vendrell cita a varios consejeros de ERC en el actual Govern, a los que, supuestamente les está exigiendo favores. “Agilizar esto un poco... Llama a la consejera de Salud [ALBA VERGÉS]por todo el tema de los laboratorios, llama al Bargalló [Josep Bargalló, consejero de Educación] y llama al Chakir [Chakir El Homrani, consejero de Asuntos Sociales] por todo el tema de… de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal…”. De una tacada Vendrell pretendía agilizar, no solo su escuela concertada, sino también un negocio relacionado con un laboratorio de análisis y la recalificación de sus terrenos.

Vendrell no es el único político reconvertido a empresario que sale mal parado de las grabaciones. David Madí, ex hombre fuerte de la Convergència de Artur Mas, también aparece en la investigación con sus intentos para utilizar su influencia en la Administración catalana.

¿Cómo puede afectar todo ello en la recta final hacia unas elecciones previstas para el 14 de febrero en Cataluña? Las conversaciones de David Madí son una más de las sospechas que recaen sobre el espacio político convergente, ahora agrupado mayoritariamente en Junts per Catalunya. Las de Vendrell resultan más novedosas para ERC, especialmente por referirse a un exdirigente que sigue teniendo gran ascendencia sobre la actual cúpula. Madí ya tuvo que dimitir en 2003, acusado de falsificar encuestas públicas en beneficio de Artur Mas.

 Vendrell declaró ante la Fiscalía cuando, en 2006, como secretario de organización de ERC, intentó que trabajadores de la Generalitat colaborasen en la financiación del partido. El caso fue archivado y Vendrell aseguró ayer en Catalunya Ràdio que ahora todo acabará igual: “Desmontaré las acusaciones una a una”

Lo que resulta más novedoso del caso de Vendrell es que, pese a la contundencia de las grabaciones, el partido no haya tomado medidas de disciplina interna como suele hacer con gran celeridad en estos casos. De momento no ha anunciado ni siquiera la apertura de un expediente informativo. El hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès, ha minimizado el caso con el argumento de que la operación policial del miércoles no es creíble por contener grabaciones de otros detenidos como las que hacen referencia a un supuesto apoyo de Rusia a la causa independentista ni más ni menos que con 10.000 soldados.

Otras fuentes del partido descartan medidas drásticas contra Vendrell. El impacto electoral que ello pueda tener es una incógnita. Según Àngels Pont, directora del instituto de estudios políticos Gesop, no hay que esperar grandes terremotos: “A ERC no le favorecen este tipo de episodios porque tiene electorado fronterizo con partidos como los comunes, pero en Cataluña han pasado cosas muy gordas en los últimos meses y de momento las encuestas siguen muy estables”. Y dicha estabilidad no parece amenazada. “De momento no ha aparecido ningún líder político suficientemente transversal como para romper la dinámica de los dos bloques”, resalta Pont."                  (Miquel Noguer, El País, 01/11/20)