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27/2/24

La visita de un grupo de eurodiputados para analizar la inmersión lingüística escolar obligatoria y la posible vulneración de derechos fundamentales ha levantado una reacción de urticaria en el nacionalismo... El problema con la inmersión es que todo es mentira. La escuela catalana no es ningún de modelo éxito, sino de fracaso palmario, los datos son irrefutables, aunque evidentemente no solo por culpa del monolingüismo... La defensa y promoción del catalán no pasa por la exclusión del castellano como lengua vehicular... la salud del catalán es buena, y no necesita del monolingüismo forzado. La finalidad de la inmersión es solo política: extranjerizar al castellano... Es contradictorio reclamar el plurilingüismo en España y no aceptar el bilingüismo en Catalunya

 "La visita de un grupo de eurodiputados para analizar la inmersión lingüística escolar obligatoria y la posible vulneración de derechos fundamentales ha levantado una reacción de urticaria en el nacionalismo. Para esquivar el fondo del problema, la imposición de una escuela “solo en catalán”, con exclusión del castellano como lengua vehicular, los argumentos se centran en la adscripción política de los visitantes, que mayoritariamente son de derechas, y en la repetición de una serie de consignas.

 El artículo de las consejeras Simó y Serret es un ejemplo de ese discurso, según el cual, el cuestionamiento del monolingüismo es una ofensiva nada menos que “contra Catalunya”. Seguidamente se enumeran los mantras de siempre, “modelo de éxito”, “consenso social, político y pedagógico”, “garantía de cohesión”, etc. El problema con la inmersión es que todo es mentira. La escuela catalana no es ningún de modelo éxito, sino de fracaso palmario, los datos son irrefutables, aunque evidentemente no solo por culpa del monolingüismo. 

La inmersión es una aberración pedagógica y un contra sentido en una sociedad que quiere ser bilingüe. La defensa y promoción del catalán no pasa por la exclusión del castellano como lengua vehicular. La cerrazón de los nacionalistas al impedir un mínimo del 25%, tal como estableció el TSJC, lo que revela es una profunda hispanofobia. Es evidente que se están vulnerando derechos lingüísticos. Qué no diríamos con razón si fuera al revés. No se trata en ningún caso de separar a los alumnos por lengua materna, sino de que ambos idiomas se utilicen con normalidad. La exclusividad del catalán no le favorece, pues se convierte en una lengua antipática, de imposición.

 Afortunadamente, la salud del catalán es buena, y no necesita del monolingüismo forzado. La finalidad de la inmersión es solo política: extranjerizar al castellano, cuando es la otra lengua de los catalanes, al igual que el catalán es tan español como el castellano. Es contradictorio reclamar el plurilingüismo en España y no aceptar el bilingüismo en Catalunya, que también pasa por la escuela."                    (Joaquim Coll , El Periódico,  24/12/23)              

4/2/21

Antonio Santamaría: Contra la inmersión lingüística en Cataluña. Por un modelo lingüístico democrático... desde la izquierda

"Réplica a Hèctor Xaubet .

En este artículo ampliamos el debate con el autor para profundizar en la crítica a la política lingüística de la Generalitat y a la inmersión. Asimismo planteamos algunos de los elementos fundamentales para construir un modelo lingüístico democrático, respetuoso con la pluralidad cultural del país y los derechos de la ciudadanía.

Comparto la petición de principio de Hèctor Xaubet de enfocar la cuestión de la política lingüística de la Generalitat en general y de la inmersión lingüística en particular desde el “rigor analítico”, orillando en la medida de lo posible los prejuicios ideológicos. Ateniéndonos a ello, constatamos que el autor incurre en algunas afirmaciones que no se corresponden con la realidad histórica.
 
Así, se ensalza “el activo papel que la izquierda catalana con el PSUC en la cabeza, partido de matriz comunista y en ningún caso nacionalista, jugó en favor de la inmersión lingüística y, por extensión, la normalización del catalán“. Una afirmación inexacta. Ciertamente, la izquierda catalana se opuso al proyecto original de CiU de crear una doble línea escolar en función de la lengua materna de los alumnos con el argumento de impedir la consolidación de dos comunidades lingüísticas. 
 
De hecho, la Ley de Normalización Lingüística (LNL) de 1983 fue, en expresión de Eduard Voltas[1], un “producto intelectual de la izquierda catalana” que permitía a los padres elegir la lengua vehicular en la enseñanza primaria, siempre que un número determinado de éstos del mismo centro lo solicitase.

Ahora bien, la inmersión lingüística estuvo impulsada por Joaquim Arenas, director de la Delegació d’Ensenyament Català (DEC) de Òmnium Cultural que en 1983 fue nombrado jefe del Servei d’Ensenyament del Catalá (SEDEC) de la Generalitat de Catalunya. Así, pues, si la LNL fue concebida por la izquierda catalana, no puede decirse lo mismo de la inmersión. En realidad, en esta cuestión la izquierda catalana fue a remolque de una de la iniciativa de la derecha nacionalista catalana. 
 
Una legislación aprobada mediante decretos (marzo-abril de 1992), aplicada con notable autoritarismo y sectarismo, sin consultar a los padres, ni a los claustros docentes y con la presión directa de los inspectores del SEDEC para doblegar las resistencias de los centros escolares remisos a su aplicación.

De hecho, por las mismas fechas en que se promulgaron los decretos de inmersión, se publicó una encuesta del Departament d’Ensenyament que catalogaba como “entranjeros” a los alumnos procedentes del resto de España y que acabó siendo retirada ante el gran escándalo generado. En otro orden de cosas, la aplicación de la inmersión lingüística desencadenó una agria polémica con una amplia resonancia en los medios de comunicación, nacionales e internacionales. 
 
Así, The Internacional Herald Tribune tituló: “Los catalanes inician una guerra lingüística en las escuelas. No más español”. Por tanto, la versión idílica del autor al presentar la inmersión como un resultado de la labor de la izquierda catalana para “construir un proyecto abierto e inclusivo” se corresponde más bien con sus ilusiones ideológicas que se contradicen con la cruda realidad. Especialmente, si tenemos en cuenta que la lengua es el principal factor de conformación de las identidades nacionales.

Lengua e ideología

Xaubet realiza grandes esfuerzos para desvincular la política lingüista de la Generalitat y la inmersión con los postulados ideológicos y objetivos políticos de los partidos nacionalistas/independentistas. Un esfuerzo tan inútil como los trabajos de Sísifo, pues no se avienen con la práctica totalidad de las tesis de los tratadistas que han estudiado los nacionalismos como E. Hosbawm, A. Smith, E. Gellner o J. Breuilly. Todos ellos han señalado la importancia de la homogenización y la asimilación lingüística como un elemento fundamental de los movimientos nacionalistas.

Por otro lado, el riguroso trabajo, Evolución y legados de la aventura secesionista en Cataluña, firmado por Josep Mª Oller, Albert Sotorra y Adolf Tobeña, elaborado a partir de cruzar las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) entre 2006 y 2019, revelaron como las familias de lengua vehicular catalana eran predominantemente favorables a la secesión, mientras que aquellas de lengua castellana se mostraban contrarias a la independencia de Catalunya[1]. 
 
Un estudio que demuestra la estrecha correlación existente entre la lengua y las opciones políticas de los encuestados. Las evidencias son tan abrumadoras que el propio autor acaba reconociéndolo, pero realizando una notable contorsión (ideo)lógica para desvincular política lingüística y nacionalismo que llega a calificar de “trampa del procesismo”. 
 
De este modo sostiene que “cualquier proceso histórico de construcción burguesa de un estado-nación ha sido un proceso de imposición de un patrón centralista como modelo de la nación toda, lo que incluye notablemente a la lengua. Evidentemente, eso ha pasado también en España y con el castellano con respecto al catalán –y las otras lenguas peninsulares- y no en relación inversa”.

Aquí Xaubet, incurre no solo en una palmaria negación de la realidad, sino en una notable contradicción lógica. El movimiento nacionalista catalán, que aspira a la construcción un Estado-nación, sería el único caso en el mundo donde éste no se plantea la homogenización lingüística, cuando toda su política lingüística se orienta en este sentido. Ello, además, cuando los líderes del movimiento nacionalista/independentista no han ocultado que este es su objetivo; es decir, que el catalán sea el único idioma de uso público, relegando al castellano al uso privado de sus hablantes. Por otro lado, la historia está llena de ejemplos de cómo antiguas naciones oprimidas se convirtieron en opresoras cuando dispusieron los medios para ello. 
 
Polonia, repartida y ocupada por alemanes, austríacos y rusos, sufrió agresivas políticas de germanización y rusificación de carácter asimilacionista; sin embargo, prohibió la enseñanza en lituano, bielorruso y ucraniano al acceder a la independencia después de la Primera Guerra Mundial. Los rumanos, oprimidos por Hungría en Transilvania bajo dominación del Imperio Austro-Húngaro, ejercieron ese mismo papel al incorporar al Estado rumano a la minoría húngara transilvana tras la Gran Guerra. Más recientemente, se observó ese mismo comportamiento en los países bálticos con sus minorías rusas tras la implosión de la Unión Soviética.

Cuestiones de sociolingüística

La realidad sociolingüística de Catalunya presenta numerosas singularidades de cuyo análisis debería desprenderse un modelo democrático, respetuoso con su pluralidad cultural del país y con los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

En Catalunya están en contacto dos idiomas neolatinos. Uno de ellos, el castellano, hablado por centenares millones de personas en dos continentes y otro, el catalán, utilizado por unos pocos millones de individuos en una reducida área geográfica. Además, el catalán, fue objeto de persecución durante gran parte de los siglos XIX y XX en el intento del Estado español por construir un Estado-nación homogéneo culturalmente. 
 
Por ello, la lengua catalana debe gozar de una especial protección por parte de las autoridades españolas, catalanas y europeas. Desde esta perspectiva, el catalán es la lengua débil y el castellano la fuerte que no precisa de medidas de protección especial.

Desde el punto de vista de la composición social, el castellano es la lengua vehicular de una minoría de la alta burguesía, especialmente en Barcelona, que se castellanizó en el siglo XIX, aunque sobre todo el grueso de sus hablantes radica en la clase obrera procedente de la emigración del sur de España en las décadas centrales del siglo XX. Por el contrario, el catalán suele ser la lengua vehicular de gran parte de la burguesía y las clases medias. En este sentido, el catalán es la lengua fuerte y el castellano la débil.

Desde la perspectiva de la distribución territorial, el uso del castellano se concentra en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, aunque no debe olvidarse que prácticamente no existe ninguna localidad de la Catalunya interior donde no haya núcleos de población de lengua castellana procedente de la emigración.

Por el número de hablantes, según los datos de la minuciosa Encuesta de Usos Lingüísticos de la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat del 2019, el catalán es la lengua inicial o materna el 31,5 % de la población (dos millones de personas) y el castellano del 52,7 % (3,4 millones). 
 
En ambos idiomas, respecto al 2003, ha bajado el porcentaje de la población que la tiene como lengua materna; el castellano ha descendido del 56,1 % al 52,7 % y el catalán del 36,2 % al 31,5%. Un 2,8 % dicen emplear las dos lenguas indistintamente y un 10,8% otros idiomas. Sobre la denominada “lengua de identificación”; es decir, aquella que los hablantes consideran como suya, un 46,6% se pronuncian por el castellano y un 36,3% por el catalán. 
 
Unas cifras que indican que un 6,1 % de la población se identifica con la lengua catalana, a pesar que su lengua materna sea la castellana. Respecto a los usos lingüísticos, según esta misma encuesta, el 94% entiende el catalán, el 81% sabe hablarlo, el 85,5% leerlo y el 65,3 % escribirlo. Además, un 76,4 % dice usar la lengua catalana, lo cual supone un ligero incremento del 1,8% respecto al 2013; aunque de éstos un 24,9% reconoce emplearla de modo muy escaso y un 15,5 % “medianamente” (frente a un 93,2% que utiliza el castellano). 
 
Otro dato a considerar es el relativo a la frecuencia con la que se inician la conversación en catalán que ha subido del 67,9 % del 2013 al 70,6% en el 2019.
Las personas que nunca comienzan la conversación en catalán han bajado del 29,6 % al 26,9 % en el 2019.

Todos estos datos corresponden a la media. Territorialmente estos porcentajes descienden en la Vall d’Aran, donde también se utiliza el aranés, y en el Área Metropolitana de Barcelona. Teniendo en cuenta que la media de quienes dicen saber hablar catalán es del 81,2%, en la primera, el porcentaje desciende al 77,1% y en la segunda hasta el 78,4%.

Otro dato interesante es el relativo a las preferencias de la juventud. Según esta encuesta, frente a las opciones monolingües en una u otra lengua, prefieren las compartidas en castellano y catalán, pero también en otros idiomas. Un 45,8 % de los encuestados afirma entender el inglés y un 37,5 % hablarlo.

Un dato favorable a la extensión del uso de la lengua catalana radica en la denominada “transmisión generacional”. En torno al 55% de los encuestados dice hablar sólo en castellano a sus abuelos y el 28% en catalán; un 50 % lo hace sólo en castellano con sus padres y un 30 % en catalán. Sin embargo, con los hijos, un 36,6% utiliza únicamente el castellano y un 35,4% sólo el catalán, dándose un 28 % de otras combinaciones lingüísticas.

Esquemáticamente, éstos son los mimbres con los que debemos construir el mencionado modelo lingüístico democrático.

Los principios de la UNESCO A nuestro juicio, la inmersión no resulta en absoluto respetuosa ni con la pluralidad lingüística del país, ni con los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Se trata de un sistema educativo monolingüe que sólo se utiliza como idioma vehicular uno de los dos que emplea mayoritariamente la población del país y que responde a los postulados ideológicos asimilacionistas del nacionalismo/independentismo hegemónico en Catalunya.

Como punto de partida deberían aceptarse los criterios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que “entiende por enseñanza en la lengua materna el empleo de la lengua materna de los educandos (UNESCO, 2003: 14)”. Esta organización propugna que “para que los niños puedan adquirir unas bases sólidas de lectura, escritura y aritmética, las escuelas deben impartir la enseñanza en una lengua que los niños entiendan.
 
 Los sistemas educativos bilingües (o multilingües) basados en la lengua materna, en los cuales se enseña la lengua materna del niño con la introducción de un segundo idioma, pueden mejorar los resultados en el segundo idioma, así como en otras asignaturas.” (UNESCO, 2016:3) Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (Informe GEM) del 2016 en los países que han invertido en programas bilingües se observan mejoras en los resultados del aprendizaje. 
 
En opinión de Aaron Benavot, director del Informe GEM de la UNESCO, la lengua puede ser una espada de doble filo: “si bien refuerza los lazos sociales y el sentido de pertenencia a un grupo étnico, también puede convertirse en un factor de marginación. La política educativa debe velar por que todos los educandos, incluidos los hablantes de lenguas minoritarias, accedan a la educación en un idioma que conozcan”. Por su parte, Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO), manifestó: “Enseñar en una lengua diferente de la materna

afecta negativamente en el aprendizaje. Añade una dificultad en entornos donde ya existe pobreza, marginación, analfabetismo de los padres o desconocimiento de ellos de la lengua predominante.”

Resulta evidente que la inmersión lingüística vulnera estos principios de la UNESCO, particularmente si tenemos en cuenta que ésta se aplica mayoritariamente a un sector del alumnado procedente de familias con bajo nivel de renta y escaso nivel cultural. Ciertamente, el sistema educativo debe proporcionar las herramientas para que los alumnos de lengua materna castellana aprendan y sepan desenvolverse en catalán. No obstante, la falacia de los defensores de la inmersión, entre lo que se cuenta Xaubet, radica en sostener que la inmersión es el único método para aprenderlo. De hecho, los únicos lugares del mundo donde se practica la inmersión obligatoria a la catalana es en Groenlandia y las islas Feroe.

El modelo finlandés

Examinemos el modelo lingüístico de Finlandia, en la medida que puede servir de referente para hallar una solución democrática al pleito de las lenguas en España. En Finlandia, con una población de cinco millones de habitantes, existe una minoría de lengua sueca de alrededor del 5,7% de la población del país concentrada en las cuatro provincias de la costa occidental y meridional del país. 
 
La Constitución finlandesa establece que el suomi (finés) y el sueco son los idiomas oficiales y nacionales del país, de familias lingüísticas tan alejadas como el castellano del euskera. En este país rige el denominado “principio de autodeterminación lingüística”, según el cual cada ciudadano debe registrarse como suecófono o finesófono.

En virtud de este principio sólo los distritos administrativos, incluso el Estado, pueden ser bilingües, pero no los ciudadanos quienes, no obstante, tienen la obligación de definirse.

Los municipios del país deben establecer si son monolingües o bilingües. Se consideran bilingües a aquellos donde al menos el 8% de la población tiene como idioma materno el suomi o el sueco o esta población alcance a 3.000 habitantes. En los municipios bilingües existe la obligación que todos los documentos y comunicaciones oficiales se realicen en ambas lenguas. En las ciudades de estatus monolingüe sólo existe el derecho individual del ciudadano a ser atendido en su idioma. Si trasladásemos estos principios a Catalunya, prácticamente todos sus municipios deberían publicar sus documentos y emitir sus comunicaciones en castellano y catalán, cosa que no sucede en la actualidad.
 
 En municipios de regiones monolingües como Castilla o Andalucía, el distrito administrativo del cual dependen tendría que disponer de al menos una persona capaz de atender en catalán, euskera o gallego. Los municipios bilingües deben disponer de escuelas públicas en ambos idiomas. En la práctica los padres, que previamente se han inscrito en el registro lingüístico, eligen el idioma en que quieren escolarizar a sus hijos. Un alumno suecofóno inicia la enseñanza primaria en lengua sueca y progresivamente se le introducen asignaturas en finés de manera que al acabar la enseñanza obligatoria sepa desenvolverse en ese idioma. 
 
No obstante, todos los alumnos del país estudian como segundo idioma el sueco o el finlandés. Si trasladásemos este sistema a España un alumno de Aragón a Extremadura debería estudiar el catalán, gallego o euskera como segunda lengua y una familia de Albacete que se trasladase a Catalunya tendría el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano si residiese en un municipio con al menos el 8 % de la población de lengua castellana. Por otro lado, en las universidades de Finlandia se disponen de cuotas mínimas en lengua sueca.

La sección 14 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos finlandeses, de lengua sueca o finesa, a utilizar su propio idioma en los tribunales y ante las autoridades. Estos derechos están garantizados en pie de igualdad para los ciudadanos de ambos grupos lingüísticos. Estas disposiciones constitucionales están basadas en el principio de igualdad y en el de personalidad, no en el de mayoría. De este modo una persona de lengua finesa residente en un municipio de mayoría sueca estaría protegida por la misma legislación que protege a su homónimo suecófono que vive en un municipio de lengua mayoritariamente finesa.

Este sistema ha sido criticado por su gran coste económico y el enorme esfuerzo administrativo que comporta y que en España aún sería superior, pues de adaptarse se aplicaría no a dos, sino a cuatro lenguas. No obstante, esta política lingüística ha conseguido la desaparición de las fuertes tensiones nacionalistas existentes cuando se proclamó la independencia de Finlandia del Imperio ruso (1919) y los territorios de lengua sueca reclamaron la independencia. 
 
Ahora, por el contrario, entre la población de lengua sueca existe un intenso sentimiento de pertenencia a la nación finesa. Ciertamente, no pueden trasladarse mecánicamente unos modelos lingüísticos que se corresponden a realidades sociales y políticas bien diferentes. Ahora bien, pensamos que la experiencia finlandesa ofrece algunos elementos valiosos que pueden servir para la construcción del modelo lingüístico democrático que necesita nuestro país.

Contra la inmersión

La política lingüística de la Generalitat y la inmersión lingüística en particular responden a las exigencias ideológicas del movimiento nacionalista/independentista catalán cuyo objetivo confeso es la homogenización cultural de la población como fundamento de la construcción de un Estado-nación independiente. De hecho, Xaubet resulta un buen ejemplo de esa izquierda abducida por el nacionalismo lingüístico, tanto por su argumentación en defensa de la inmersión como por su terminología al emplear conceptos como “normalización”, “lengua minorizada” o “lengua propia” que sólo tienen un significado en el marco mental del nacionalismo.

Así, rechaza el principio de elección de los padres, calificado de “argumento típicamente liberal”, cuando no se trata de eso, sino del derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua materna siguiendo, como hemos indicado, los principios de la UNESCO.
 
 Esto le conduce a afirmar que “la inmersión lingüística y la normalización del catalán son la forma de oponerse a la diferenciación de identidades y la segregación de comunidades”, cuando justamente persiguen el efecto contrario, al tratarse de un modelo asimilacionista que pretende la eliminación de una de las identidades del país. Según su razonamiento, la minoría sueca en Finlandia debería renunciar a la enseñanza en su lengua materna y ser educada mediante la inmersión en finlandés, lo cual provocaría el efecto contrario de alimentar las tensiones nacionalistas.

Finalmente, el autor me imputa –sin ningún fundamento- alinearme con las “tesis de la derecha españolista”, cuando en mi primer artículo sobre el tema denunciaba el carácter espurio de las críticas de la derecha españolista a la inmersión enunciadas desde otro nacionalismo. Se trata de uno de los típicos y poco originales recursos, que el autor comparte con los nacionalistas catalanes, para descalificar a quienes desde la izquierda rechazamos la política lingüística de la Generalitat y la inmersión.

Esta falaz acusación recuerda la polémica entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus al conocerse, a finales de la década de 1940, la existencia de campos de concentración para disidentes en la Unión Soviética. En opinión de Sartre no se debía denunciar el Gulag, pues era hacerle el juego a la derecha que lo estaba utilizando profusamente en clave anticomunista. Por el contrario, Camus consideraba inaceptable la existencia del Gulag y un deber de las izquierdas denunciarlo. En un momento del debate, Camus afirmó: “Si la verdad es de derechas, yo soy de derechas”.

Hasta que el problema de las lenguas en España no se desvincule de planteamientos identitarios esta cuestión continuará generando un clima de confrontación y división que siempre beneficiará a las formaciones nacionalistas de uno u otro signo en perjuicio de las izquierdas. A nuestro juicio, un modelo lingüístico democrático debe basarse en los derechos de la ciudadanía y en el respeto a la pluralidad cultural, combatiendo los proyectos homogenizadores y asimilacionistas de uno u otro signo. Un combate donde, lamentablemente, en demasiadas ocasiones brilla por su ausencia la izquierda catalana. "

[1] VOLTAS, Eduard, La guerra de la llengua. Ed. Empúries, Barcelona, 1996.

[2] https://conversesacatalunya.cat/es/exlusiva-inedito-estudio-sobre-las-caracteristicas-del-independentismo/

( Antonio Santamaría , El Viejo Topo – Revista nº 397 (febrero, 2021)

4/12/20

El Viejo Topo: La inmersión lingüística y la izquierda abducida... La inmersión lingüística responde a un planteamiento ideológico de carácter netamente nacionalista. El objetivo implícito de esta legislación es impulsar la “sustitución lingüística”... es decir, que los alumnos castellanohablantes abandonen su lengua materna por el catalán

 "La enmienda a ley Celaá, que elimina al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha reabierto la polémica sobre la inmersión lingüística. También, ha vuelto a revelar la sumisión de la izquierda a las tesis homogenizadoras de los nacionalismos. 

Desde 1992, fecha de la aprobación de los decretos de inmersión, esta cuestión se replantea de modo recurrente, lo cual es un indicador que se trata de un tema no resuelto. La tramitación de la enmienda se realizó en el marco de la reforma LOMCE, conocida como ley Wert, que introdujo el castellano como idioma vehicular en la enseñanza. En el debate de esta enmienda se observa un hilo de continuidad de los gobiernos centrales respecto a la política lingüística en Catalunya: a cambio de un apoyo táctico se realizan concesiones estratégicas al nacionalismo catalán. 

Esto ya se comprobó durante el primer gobierno de José María Aznar que paralizó la recusación a cargo del Defensor del Pueblo de la Ley de Política Lingüística (1999) para no comprometer el apoyo de CiU a su precaria mayoría parlamentaria. Ahora, ERC ha aprovechado la necesidad de apoyos del gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para negociar una enmienda que ha sido correctamente interpretada como un blindaje a la inmersión lingüística.

La inmersión lingüística responde no tanto a una cuestión estrictamente pedagógica para garantizar el conocimiento de lengua catalana entre los alumnos de idioma materno castellano, sino a un planteamiento ideológico de carácter netamente nacionalista. El objetivo implícito de esta legislación es impulsar la denominada “sustitución lingüística”; es decir, que los alumnos castellanohablantes abandonen su lengua materna por el catalán. Esto resulta del todo coherente con la lógica de la “(re)construcción nacional”, según la cual en la nación catalana sólo debería existir una lengua oficial y de uso público, mientras que el castellano debería relegarse a la esfera privada.

Este fue el sentido del Manifiesto Koiné (2016) que pretendía establecer el estatus de única lengua oficial del catalán en la hipotética república independiente. De hecho, no resulta casual que las tres últimas conselleras de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, Mariàngels Villalonga y Àngels Ponsa hayan sido firmantes de dicho  manifiesto. Villalonga se destacó durante su mandato por criticar que se hablara demasiado castellano en TV3 y en el Parlament de Catalunya. Ponsa se estrenó en el cargo manifestando que el castellano debía reservarse a los espacios privados y que solo el catalán debía ser de uso público.

Dogmática lingüística

En torno a la inmersión se ha generado un cuerpo doctrinal de carácter dogmático que se contradice con la realidad sociolingüística del país. De este modo, se afirma que la inmersión es un modelo de éxito, cuando las tasas de fracaso escolar en Catalunya son de las más elevadas de Europa y afectan particularmente a los alumnos procedentes de los barrios obreros de la periferia de lengua castellana.

Ciertamente, la lengua no es el único factor para explicar este fenómeno ni quizás el más importante pues responde sobre todo a la clase social. Sin embargo, la circunstancia de no poder estudiar en su lengua materna añade una dificultad suplementaria a unos escolares que, dado el bajo nivel cultural de sus familias, ya tendrían problemas para seguir la enseñanza en castellano. 

Aquí se revela el carácter instrumental de las justificaciones de la política lingüística del nacionalismo catalán. Durante la dictadura franquista, cuando toda la enseñanza se impartía en castellano, se argüía –con razón- que este monolingüismo vulneraba los derechos de los niños catalanohablantes a ser enseñados en su lengua materna. Ahora este argumento se ha desechado

completamente, pues si se aplicase a los escolares castellanohablantes impugnaría los presupuestos ideológicos sobre los que se fundamenta la inmersión. Todo ello en aras del imperativo de la homogenización cultural y lingüística propia de los nacionalismos identitarios.

Otro mantra de los defensores de la inmersión radica en que este método favorece la “cohesión social” al impedir la separación de los alumnos en función de su lengua vehicular. Un argumento capcioso pues la inmersión lingüística produce el efecto contrario; es decir, genera cantidades ingentes de segregación. De este modo se expulsa de las aulas el idioma de los alumnos de lengua castellana, lo cual desde el punto de vista pedagógico es especialmente grave en los primeros años de escolarización. A esto se añade un marcado sesgo nacionalista, no tanto en el temario docente en el sentido estricto, sino en el conjunto del entorno escolar que tiende a romper con los vínculos históricos y afectivos con el resto de España.

El tercer puntal de las tesis de los defensores de la inmersión radica en la denominada “igualdad de oportunidades”. Se postula que la inmersión es el único método que garantiza el correcto aprendizaje de la lengua catalana, lo cual resulta una afirmación infundada. Existen muchas maneras de aprender un idioma y diversos modelos de enseñanza en territorios donde existen dos o más lenguas vehiculares como ha mostrado brillantemente Mercè Vilarrubias. De hecho, la inmersión, que excluye el idioma materno de una parte importante de la población, es un caso insólito en Europa. 

Ahora bien, en torno a esta cuestión conviene resaltar el carácter clasista de esta argumentación, según la cual si un alumno de lengua castellana no conoce el catalán, la lengua de las clases dominantes en el país, sería objeto de discriminación y no podría acceder a ciertos puestos de trabajo que estarían reservados a quienes hablan el catalán.

Asimismo se asegura que existe un amplio consenso social de apoyo a la inmersión, lo cual se contradice con el hecho que Cs, la primera fuerza política del Parlament de Catalunya con 1,1 millones de votos, se muestra radicalmente contrario a la misma, que se habría de añadir a los votantes del PP y una parte importante de los electores del PSC. Colateralmente, se aduce el escaso número de familias que solicitan el 25 por ciento de las clases en castellano como dictaminó el Tribunal Constitucional. Un argumento perverso si se tienen en cuenta los grandes obstáculos y presiones a que deben enfrentarse las familias si quieren ejercer ese derecho y que temen no sin razón que sus hijos resulten estigmatizados. 

Otro argumento capcioso, éste de naturaleza pedagógica, radica en que con la inmersión, todos los alumnos acaban su formación con un nivel de conocimiento del castellano igual o incluso superior al de otras comunidades en que toda la enseñanza se imparte en este idioma. Una aseveración insultante para la inteligencia, pues no es creíble que sea equiparable el aprendizaje de un idioma cuando toda la enseñanza se imparte en esa lengua que cuando sólo se le dedican dos horas a la semana.

La izquierda abducida

Resulta, pues, del todo coherente que las formaciones nacionalistas/independentistas defiendan con uñas y dientes este modelo. Ahora bien, causa profundo estupor que desde la izquierda catalana y española se repitan estos mismos argumentos. Así, el profesor de secundaria y diputado catalán de los Comunes, Joan Mena, se ha especializado en la defensa a ultranza de estas tesis, lo cual le ha valido ser frecuentemente solicitado por los medios de comunicación nacionalistas para entonar el del discurso de defensa de la inmersión, al que también se han sumado Jéssica Albiach, portavoz del grupo parlamentario de los Comunes y el aragonés Pablo Echenique.

Los portavoces de Podemos y los Comunes, además de repetir los argumentos arriba descritos, acusan al PP, Cs y Vox de atizar el conflicto lingüístico e identitario contra un modelo de “excelencia”. Aquí, no solo vuelven a alinearse con las tesis de los nacionalistas, operando como un inestimable factor de legitimación de esta política lingüística sino que les hacen el inmenso favor de dejar el campo libre a la derecha españolista.

Asimismo debemos apuntar a la responsabilidad del PSC, superior a la de los Comunes, debido a su mayor peso electoral e implantación en los barrios obreros. Durante largo tiempo también se mostraron acérrimos defensores del modelo de inmersión lingüística con los argumentos arriba citados. En el último congreso del partido se aprobó una enmienda, que levantó fuertes críticas en los medios independentistas, para propugnar una flexibilización del modelo de la inmersión, sin llegar a impugnarlo.

 Sin embargo, desde entonces, no se ha vuelto a percibir que esta sea una cuestión relevante para la política del partido. Ahora, en la polémica de la ley Celaá, han preferido guardar un espeso y ominoso silencia, acaso sabedores del coste electoral de una defensa cerrada de este modelo a tres meses de las elecciones autonómicas. En una línea semejante, ERC planteó una flexibilización de la inmersión, en la lógica de ampliar la base social del independentismo, de la que tampoco se ha vuelto a saber nada,.   

En efecto, podríamos convenir con el carácter espurio de las críticas a la inmersión planteadas desde la óptica del nacionalismo español que nunca ha asumido de grado la pluralidad lingüística y cultural del Estado y que no ha erradicado totalmente sus pulsiones centralistas. También, podríamos estar de acuerdo con la utilización partidista por parte de la derecha españolista de sus críticas a la inmersión. Ahora bien, esto no es óbice para plantear, desde la izquierda, una impugnación de fondo a un modelo lingüístico sectario, nada respetuoso con la pluralidad cultural y lingüística de Catalunya, ni tampoco con los derechos de los escolares de lengua castellana. 

Esta subordinación de la izquierda catalana a las tesis del nacionalismo lingüístico resulta aún más incomprensible cuando se realizan contra el sentir de sus bases sociales, mayoritariamente procedentes de los barrios obreros de lengua castellana. Una sumisión que les impide disputar la hegemonía ideológica y política al nacionalismo burgués y pequeño-burgués lo cual resulta un factor fundamental para explicar tanto las reiteradas mayorías de los partidos nacionalistas como el crecimiento de Cs en estos medios sociales.        

Ciertamente, el franquismo reprimió con dureza a las culturas y lenguas no castellanas de España. Por ello, las fuerzas democráticas y progresistas defendieron que estos idiomas tuvieran el reconocimiento de la oficialidad y de su uso en todas las instituciones y ámbitos sociales de sus respectivos territorios. Sin embargo, una cosa es defender estos derechos democráticos de las nacionalidades y otra bien distinta asumir como propia la ideología nacionalista en materia lingüística. Además, por si esto fuera poco, contribuyen activamente a conferir una patina progresista a unos objetivos homogenizadores de naturaleza reaccionaria.

Repliegue identitario

El blindaje de la inmersión se desarrolla sobre un inquietante telón de fondo social. El fracaso de la vía unilateral para acceder a la independencia está generando una enorme frustración entre los sectores más hiperventilados del movimiento secesionista. Un malestar no se está dirigiendo hacia sus dirigentes políticos que les prometieron acceder a la independencia en 18 meses, frente a un Estado fallido, que gozaría de un amplio reconocimiento internacional, sino contra la otra mitad de la población del país que no apoya su proyecto secesionista.

De este modo, en una especie de movimiento compensatorio, se está extiendo y adoptando carta de naturaleza, un discurso de odio, xenofobia y supremacismo contra España y todos aquellos que en Catalunya se sienten españoles o simplemente hablan en castellano. Para ellos se ha acuñado el calificativo insultante de “ñordo” o se les tacha de colonos. Por solo poner un ejemplo, en el pregón en las fiestas de la Mercè de Barcelona, el payaso Tortell Poltrona tachó de “inadaptados” a los catalanes de lengua castellana sin que desde las filas del independentismo nadie se haya atrevido a contradecirlo.

 Es más, la alcaldesa Ada Colau lo disculpó como una muestra de la libertad de expresión en una enésima demostración de la sumisión de la izquierda catalana a los dogmas del nacionalismo lingüístico, incluso cuando éstos se adentran en el terreno de la xenofobia, pero también expresan una particular doble vara de medir ya que unas manifestaciones en sentido contrario hubieran desencadenado la más enérgica protesta.

El aspecto más ominoso de esta oleada de intolerancia lingüística, sin duda favorecido por los discursos de dirigentes políticos independentistas, radica en la creciente práctica de militantes de base del movimiento de señalar en las redes sociales a aquellos trabajadores que cara al público emplean la lengua castellana como en el caso de la camarera del Parlament de Catalunya a quien se exigió que fuera fulminantemente despedida. 

Aquí, la novedad no radica tanto en el contenido de estas afirmaciones, que tienen una larga historia en el nacionalismo catalán -como por ejemplo en los escritos del expresident Quim Torra- sino en el cambio de valoración de estas manifestaciones. Si anteriormente eran objeto de crítica y rechazo, ahora son consideradas normales y políticamente correctas.

Como demuestran numerosos estudios sociológicos, las clases medias catalonohablantes constituyen el grueso de la base social del independentismo. De este modo, a la xenofobia identitaria se une el odio de clase hacia los trabajadores de lengua castellana, calificados de colonos, por negarse a utilizar la lengua de sus amos y no sumarse al proyecto secesionista.

Ley de Lenguas

Desde el punto de vista pedagógico, la inmersión no ha conseguido su propósito inconfeso de extender la sustitución lingüística. Por el contrario está provocando reacciones de rechazo entre muchos adolescentes y jóvenes castellanohablantes quienes a pesar de poder expresarse en catalán, se niegan a hacerlo en una suerte de afirmación identitaria. Tanto es así que desde ciertos sectores del nacionalismo lingüístico se propugna la implementación de la llamada “policía de patio” para vigilar y castigar a los alumnos que fuera de las aulas hablen en castellano.

Desde el punto de vista político, el refuerzo al modelo de la inmersión que supone la aprobada enmienda en la ley Celaá, expresa la ausencia de sentido de Estado de las dos grandes formaciones en este delicado tema y su predisposición a realizar concesiones estratégicas a cambio de apoyos tácticas. 

 También pone de manifiesto la sumisión de la izquierda catalana y española respecto a los dogmas del nacionalismo lingüístico donde se confunde la defensa de las lenguas de las nacionalidades con el modelo homogenizador de los partidos nacionalistas. Así incurren en la flagrante contradicción de propugnar la pluralidad cultural y lingüística en el conjunto del Estado, al tiempo que la niegan en el interior de estas nacionalidades.

Asimismo, la polémica generada en torno a la citada enmienda, ha mostrado la implacable pugna entre ERC y Junts per Catalunya por la hegemonía del movimiento independentista. Mientras ERC ha sido la promotora de esta enmienda y ha votado a favor, Junts se ha opuesto, votando en contra, al considerar que no blinda suficientemente el modelo, pero que no oculta su voluntad de no conceder este triunfo a su principal oponente en el campo independentista que, además, demostraría la utilidad de la vía negociadora de Esquerra, frente a las críticas de Junts a su inutilidad.

Mercè Vilarrubias ha planteado la conveniencia de elaborar una Ley de Lenguas a nivel estatal que contribuya a establecer unos principios justos y ecuánimes para regular la coexistencia entre las cuatro lenguas cooficiales de este país. A nuestro juicio, esta Ley de Lenguas debería compaginar una específica protección al catalán, euskera y gallego, de la cual no precisa el castellano hablado por centenares de millones de personas, con los derechos a los hablantes de estos cuatro idiomas, en todos los ámbitos sociales e institucionales. Una normativa que debería estar presidida por el respeto a la pluralidad cultural, tanto en el conjunto del Estado como en el interior de las nacionalidades. 

Lamentablemente, hasta ahora, ha dominado una relación de hostilidad y competencia en los territorios donde se utilizan dos idiomas, según la lógica que uno debe desplazar al otro. En Catalunya esto ha derivado desde los medios nacionalistas/independentistas en una impugnación del bilingüismo como una alternativa nociva para la supervivencia de la lengua catalana.

Hasta que no se promulgue una legislación que respete estos principios democráticos, la cuestión lingüística continuará generando polémicas y polarizando a la población para beneficio de los nacionalismos español, catalán, gallego y vasco. Un terreno donde la izquierda siempre llevará las de perder. "                      (Antonio Santamaría: El Viejo Topo – Revista nº 395 (diciembre, 2020)

12/12/19

Inger Enkvist: "La inmersión lingüística es cruel, no tenemos derecho a hacerle eso a los niños"

"La educadora e hispanista sueca Inger Enkvist ha visitado Es la Mañana de Federico para hablar del fracaso del modelo educativo basado en la inclusión y cómo la inmersión en zonas como Cataluña es negativa para el alumno. Ha contado que, actualmente, hay una reflexión y que se están viendo los resultados tras años de implantación de este modelo que llegó a presentarse como científico.

 Cree que "la gente es consciente de que hay que hacer algo, hay un cambio mental, pero todavía no hay un cambio real", porque los pedagogos que impusieron ese modelo "siguen dominando y siguen estando cerca del poder".

Esas consecuencias son, por ejemplo, "un descenso del nivel de conocimientos" y que "estamos en una fase de transición". Enkvist, que se ha mostrado partidaria de "un cambio", ha dicho que éste no se produce porque "los pedagogos que impusieron estas reformas siguen en el poder dominando la formación docente y como consejeros de los gobiernos".


Sin embargo, "está habiendo una reacción por parte de algunos padres" unido a la "reflexión de numerosos colegas, pero hay miedo entre los profesores" quienes "no se atreven decir que eso de la inclusión tal como se acepta no funciona". Además cree que muchos de los responsables políticos piensan que es una cuestión de gasto por alumno. "La inversión es muy importante, pero falta algo", asegura Enkvist sobre la educación actual. En este sentido remarca que "hay algo autodestructivo" en el actual sistema educativo, y que "no es cuestión de dinero, hablan mucho de dinero pero no es cuestión de dinero". (...)


Una de las cosas que más ha criticado ha sido el sistema de inmersión que se lleva aplicando desde hace décadas en algunas zonas de España. En este sentido, Enkvist comenta que el asunto del bilingüismo en Cataluña tiene dos lados: "Uno es si Cataluña tiene derecho a imponer el catalán si no quieren, y luego está cómo funciona tanto para aprender los idiomas como en el aprendizaje en general". Ha recordado la experiencia en Canadá donde se hizo un programa similar, pero que éste era voluntario, "y eso cambia todo".


Cree que "imponer la inmersión a los alumnos con problemas de aprendizaje es cruel porque no aprenden bien ninguna de las dos lenguas ni tampoco los conocimientos en el resto de materias, no tenemos derecho a hacerles eso a los niños".


Además ha puesto el foco en una de las propuestas de partidos como Ciudadanos para intentar acabar con el problema que ha creado el bilingüismo: el trilingüismo. Para la educadora sueca "no tiene sentido la educación trilingüe, es pura política a costa de los niños". Asegura que los colegios con educación trilingüe son "los de élite" en los que se pueden permitir "clases de refuerzo", por lo que "imponer esto en un barrio que no corresponde es una locura y es cruel porque los niños se van a sentir fracasados"(...)"              (Libertad Digital, 01/02/19)

4/12/19

El PSC ha empezado a romper el marco mental del proceso cuestionando la inmersión

El PSC ha empezado a romper el marco mental del proceso cuestionando la inmersión
8:22 a. m. · 3 dic. 2019Twitter Web App

"El proceso independentista ha hecho saltar por los aires casi todo en Cataluña. 

La crisis política e institucional ha crispado la convivencia, dañando la imagen de Barcelona y restando oportunidades económicas.


No obstante, también está sirviendo para dinamitar algunos falsos consensos sobre los que el soberanismo ha construido su hegemonía. El más importante es la cuestión lingüística, como se está poniendo de manifiesto con el nuevo rumbo que propone el PSC.

En la ponencia para su 14 Congreso, que se celebrará dentro de dos semanas, se denuncia "la instrumentalización de la lengua" que han hecho los nacionalistas, rompiendo el pacto de convivencia, especialmente en la escuela. Frente a ello, apuestan por un modelo plurilingüe donde catalán y castellano se refuercen en función de cada realidad sociolingüística concreta.


Sobre el papel los socialistas no renuncian a la inmersión, que presupone que toda la enseñanza obligatoria se hace solo en catalán, sino que llaman a flexibilizarla. Se trata del inicio de un cambio largamente reclamado por una parte de la sociedad, que hasta ahora solo defendían Cs y PP o entidades cívicas como Asamblea por la Escuela Bilingüe.

Durante años ha sido imposible abrir ese debate porque cuestionar la inmersión, para que el castellano también pudiera ser lengua vehicular en el aprendizaje, se consideraba un atentado al catalán y al mito de un sol poble.


Lo más paradójico es que para "flexibilizar" el modelo actual no hace falta ningún cambio legislativo porque la praxis de una escuela monolingüe que el nacionalismo ha impuesto es ilegal e incumple los porcentajes que fijó el TSJC sobre un mínimo del 25% en castellano tras la heroica reclamación de algunas familias.


Perjudica a catalanohablantes y castellanohablantes


Lo cierto es que el modelo actual, intocable para los nacionalistas, hace aguas. Perjudica a los jóvenes catalanohablantes, sobre todo de la Cataluña interior, pues no les garantiza suficiente competencia lingüística en castellano.

Este es un hecho reconocido por la propia Conselleria de Educación de la Generalitat, que el año pasado en un documento de expertos también proponía flexibilizar la inmersión, aunque dio marcha atrás ante la ola de críticas dentro del independentismo.


Pero el modelo actual también discrimina a los castellanohablantes, privados de derechos lingüísticos, cuya lengua no recibe ningún reconocimiento afectivo. Una sociedad bilingüe como la catalana, que en la globalización requiere de un alto dominio del inglés, necesita una escuela plurilingüe y libre de injerencias políticas como las que ha sufrido con el procés."          (Joaquim Coll, 20Minutos, 26/11/19)


"Los expertos aplauden el cambio del PSC respecto a la inmersión.

La apuesta de la dirección del PSC por tomar un nuevo rumbo en la política lingüística que se debe aplicar en el ámbito escolar --pendiente de su ratificación o modificación en el congreso que los socialistas catalanes celebran los próximos 13, 14 y 15 de diciembre-- ha generado una sorpresa positiva entre algunos de los principales expertos en este tipo de cuestiones y entre los analistas especializados en esta formación.

El borrador de la ponencia marco del 14º Congreso del PSC denuncia la “instrumentalización” de la lengua por parte de los nacionalistas, “especialmente en la escuela”, y apela a la diversidad lingüística “defendiendo el catalán y el castellano a través de un modelo plurilingüe en la escuela” con la “flexibilidad” que requiera la “realidad sociolingüística”.  (...)

“Esperado por los simpatizantes del PSC”


La catedrática de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y especialista en el análisis del modelo lingüístico educativo catalán Mercè Vilarrubias considera ampliamente “satisfactorio” el movimiento del PSC. “El documento plantea un mayor reconocimiento de la realidad bilingüe de Cataluña, así como mejorar la promoción del catalán con la inclusión del español en los diferentes ámbitos públicos”, explica. Algo que, además, “esperaban muchos votantes y simpatizantes del PSC”.


Sin embargo, la ensayista también alerta de que avanzar en esa línea será “complicado” porque “hay mucha oposición” mediática y política que trata la inmersión como “una cosa sagrada y la convierte en una cuestión casi religiosa”. Vilarrubias insiste en que “todo debe poder ser analizado para mejorarse” y denuncia que “en la actualidad hay una vulneración de derechos lingüísticos de los ciudadanos y un rechazo de las instituciones, de la administración y de la escuela al español”. “Espero que el texto del PSC vaya adelante”, concluye.


“Pasos pequeños” pero “en la buena dirección”


El diplomático y analista Juan Claudio de Ramón califica el borrador de la ponencia como “una muy buena noticia”. “Lo único que está haciendo el PSC es adaptar el modelo a las exigencias del sentido común y llevarlo hacia un terreno donde seguramente esté hoy el consenso”, señala. Y subraya que “la política lingüística de un partido federalista no ha de ser coincidente con la de un partido nacionalista”.


De Ramón admite que se trata de “pasos pequeños” pero, en todo caso, valora positivamente que vayan “en la buena dirección” y que sirvan para desmarcarse de la “visión intransigente y dogmática del modelo de inmersión lingüística” que se había impuesto. “Me gustará ver cómo los paladines de la inmersión defienden que el sistema puede incorporar el inglés y el francés pero no el español. Cuando eso ocurre, queda patente que hay una voluntad de excluir y que la falta de presencia del español en las aulas no responde a ninguna motivación pedagógica sino política”, sentencia el diplomático.


“Ni alarmismo ni melodrama”


El catedrático de literatura y escritor Jordi Gracia considera que “después de 30 años tiene sentido hacer un análisis técnico de la cuestión, sin ningún alarmismo ni melodrama”.

“Si hay desequilibrios visibles, porque por suerte Cataluña no es ni homogénea ni monolítica, convendría revisarlos sin embadurnar la educación con miserias políticas y mejorar las condiciones para que en Cataluña la población tenga y mantenga un dominio competente de ambas lenguas”, explica en declaraciones a Crónica Global.


“Tarde pero celebrado”


El historiador Manuel Peña valora positivamente el giro de la dirección de los socialistas catalanes en lo que habían sido sus planteamientos lingüísticos tradicionales, aunque considera que este viraje se ha realizado con retraso.


“Llega tarde, pero hay que celebrar que el PSC reconozca que el castellano también es lengua propia de Cataluña, y que por fin haya puesto la convivencia por encima del dogma de la nación”, explica.


“Salvar el consenso”


Para el periodista y articulista Jordi Mercader es “evidente que después de 40 años se tiene que poder flexibilizar la aplicación” de la ley educativa para “mejorar el conocimiento de las lenguas”. Algo que se puede debe hacer “en función de las condiciones sociolingüísticas”.


Sin embargo, el analista político destaca que es fundamental “salvar el consenso sobre la inmersión y sobre el catalán como lengua vehicular”. “Quedan pocos consensos en cataluña y perderlos sería negativo”, insiste. En todo caso, como “padre del modelo”, “el PSC se siente autorizado a mejorarlo, no de destruirlo”, añade.


“El catalán ya está normalizado”


El historiador y analista político Joaquim Coll ve “muy positivo” que el PSC “se atreva a revisar un modelo --que en realidad es un método-- que no puede ser un dogma o un tabú sino que debe estar en función de la realidad sociolingüística sobre la que se actúa”. 

“Hay que reconocer que la normalización del catalán se ha culminado, el catalán ya es una lengua normalizada en el marco de una sociedad bilingüe y, por tanto, es lógico que se normalice también el castellano en la escuela, manteniendo el catalán como centro de gravedad del sistema educativo, administración y medios de comunicación públicos puesto que es una lengua minoritaria y hace falta defenderla en la aldea global.

 Algo que no puede ir en contra del castellano ni esconder la realidad castellanohablante en Cataluña”, explica.

Coll señala que el modelo lingüístico escolar “es un debate que hace tiempo que estaba encima de la mesa” y “era el momento en que se abriera con normalidad”. “Pretender que el inglés se aprenda como lengua vehicular es contradictorio con impedírselo al castellano”, concluye."            (Alejandro Tercero, Crónica Global, 23/11/19)