"La enmienda a ley Celaá, que
elimina al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha reabierto la
polémica sobre la inmersión lingüística. También, ha vuelto a revelar la
sumisión de la izquierda a las tesis homogenizadoras de los nacionalismos.
Desde 1992, fecha de la aprobación de los decretos de inmersión, esta
cuestión se replantea de modo recurrente, lo cual es un indicador que se trata
de un tema no resuelto. La tramitación de la enmienda se realizó en el marco de
la reforma LOMCE, conocida como ley Wert, que introdujo el castellano como
idioma vehicular en la enseñanza. En el debate de esta enmienda se observa un
hilo de continuidad de los gobiernos centrales respecto a la política
lingüística en Catalunya: a cambio de un apoyo táctico se realizan concesiones
estratégicas al nacionalismo catalán.
Esto ya se comprobó durante el primer
gobierno de José María Aznar que paralizó la recusación a cargo del Defensor
del Pueblo de la Ley de Política Lingüística (1999) para no comprometer el
apoyo de CiU a su precaria mayoría parlamentaria. Ahora, ERC ha aprovechado la
necesidad de apoyos del gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos
Generales del Estado para negociar una enmienda que ha sido correctamente
interpretada como un blindaje a la inmersión lingüística.
La inmersión lingüística responde
no tanto a una cuestión estrictamente pedagógica para garantizar el
conocimiento de lengua catalana entre los alumnos de idioma materno castellano,
sino a un planteamiento ideológico de carácter netamente nacionalista. El
objetivo implícito de esta legislación es impulsar la denominada “sustitución
lingüística”; es decir, que los alumnos castellanohablantes abandonen su lengua
materna por el catalán. Esto resulta del todo coherente con la lógica de la “(re)construcción
nacional”, según la cual en la nación catalana sólo debería existir una lengua
oficial y de uso público, mientras que el castellano debería relegarse a la
esfera privada.
Este fue el sentido del
Manifiesto Koiné (2016) que pretendía establecer el estatus de única lengua
oficial del catalán en la hipotética república independiente. De hecho, no
resulta casual que las tres últimas
conselleras de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, Mariàngels Villalonga y
Àngels Ponsa hayan sido firmantes de dicho
manifiesto. Villalonga se destacó durante su mandato por criticar que se
hablara demasiado castellano en TV3 y en el Parlament de Catalunya. Ponsa se
estrenó en el cargo manifestando que el castellano debía reservarse a los
espacios privados y que solo el catalán debía ser de uso público.
Dogmática lingüística
En torno a la inmersión se ha generado un cuerpo doctrinal de
carácter dogmático que se contradice con la realidad sociolingüística del país.
De este modo, se afirma que la inmersión es un modelo de éxito, cuando las
tasas de fracaso escolar en Catalunya son de las más elevadas de Europa y
afectan particularmente a los alumnos procedentes de los barrios obreros de la
periferia de lengua castellana.
Ciertamente, la lengua no es el único factor para
explicar este fenómeno ni quizás el más importante pues responde sobre todo a
la clase social. Sin embargo, la circunstancia de no poder estudiar en su
lengua materna añade una dificultad suplementaria a unos escolares que, dado el
bajo nivel cultural de sus familias, ya tendrían problemas para seguir la
enseñanza en castellano.
Aquí se revela el carácter instrumental de las
justificaciones de la política lingüística del nacionalismo catalán. Durante la
dictadura franquista, cuando toda la enseñanza se impartía en castellano, se
argüía –con razón- que este monolingüismo vulneraba los derechos de los niños
catalanohablantes a ser enseñados en su lengua materna. Ahora este argumento se
ha desechado
completamente, pues si se aplicase a los escolares
castellanohablantes impugnaría los presupuestos ideológicos sobre los que se
fundamenta la inmersión. Todo ello en aras del imperativo de la homogenización
cultural y lingüística propia de los nacionalismos identitarios.
Otro mantra de los defensores de la inmersión radica en que
este método favorece la “cohesión social” al impedir la separación de los
alumnos en función de su lengua vehicular. Un argumento capcioso pues la
inmersión lingüística produce el efecto contrario; es decir, genera cantidades ingentes
de segregación. De este modo se expulsa de las aulas el idioma de los alumnos
de lengua castellana, lo cual desde el punto de vista pedagógico es
especialmente grave en los primeros años de escolarización. A esto se añade un
marcado sesgo nacionalista, no tanto en el temario docente en el sentido
estricto, sino en el conjunto del entorno escolar que tiende a romper con los
vínculos históricos y afectivos con el resto de España.
El tercer puntal de las tesis de los defensores de la
inmersión radica en la denominada “igualdad de oportunidades”. Se postula que
la inmersión es el único método que garantiza el correcto aprendizaje de la
lengua catalana, lo cual resulta una afirmación infundada. Existen muchas maneras
de aprender un idioma y diversos modelos de enseñanza en territorios donde
existen dos o más lenguas vehiculares como ha mostrado brillantemente Mercè
Vilarrubias. De hecho, la inmersión, que excluye el idioma materno de una parte
importante de la población, es un caso insólito en Europa.
Ahora bien, en torno a esta cuestión conviene resaltar el
carácter clasista de esta argumentación, según la cual si un alumno de lengua
castellana no conoce el catalán, la lengua de las clases dominantes en el país,
sería objeto de discriminación y no podría acceder a ciertos puestos de trabajo
que estarían reservados a quienes hablan el catalán.
Asimismo se asegura que existe un amplio consenso social de
apoyo a la inmersión, lo cual se contradice con el hecho que Cs, la primera
fuerza política del Parlament de Catalunya con 1,1 millones de votos, se
muestra radicalmente contrario a la misma, que se habría de añadir a los
votantes del PP y una parte importante de los electores del PSC.
Colateralmente, se aduce el escaso número de familias que solicitan el 25 por
ciento de las clases en castellano como dictaminó el Tribunal Constitucional.
Un argumento perverso si se tienen en cuenta los grandes obstáculos y presiones
a que deben enfrentarse las familias si quieren ejercer ese derecho y que temen
no sin razón que sus hijos resulten estigmatizados.
Otro argumento capcioso, éste de naturaleza pedagógica,
radica en que con la inmersión, todos los alumnos acaban su formación con un
nivel de conocimiento del castellano igual o incluso superior al de otras
comunidades en que toda la enseñanza se imparte en este idioma. Una aseveración
insultante para la inteligencia, pues no es creíble que sea equiparable el
aprendizaje de un idioma cuando toda la enseñanza se imparte en esa lengua que
cuando sólo se le dedican dos horas a la semana.
La izquierda abducida
Resulta, pues, del todo coherente que las formaciones
nacionalistas/independentistas defiendan con uñas y dientes este modelo. Ahora
bien, causa profundo estupor que desde la izquierda catalana y española se
repitan estos mismos argumentos. Así, el profesor de secundaria y diputado
catalán de los Comunes, Joan Mena, se ha especializado en la defensa a ultranza
de estas tesis, lo cual le ha valido ser frecuentemente solicitado por los
medios de comunicación nacionalistas para entonar el del discurso de defensa de
la inmersión, al que también se han sumado Jéssica Albiach, portavoz del grupo
parlamentario de los Comunes y el aragonés Pablo Echenique.
Los portavoces de Podemos y los Comunes, además de repetir
los argumentos arriba descritos, acusan al PP, Cs y Vox de atizar el conflicto
lingüístico e identitario contra un modelo de “excelencia”. Aquí, no solo
vuelven a alinearse con las tesis de los nacionalistas, operando como un inestimable
factor de legitimación de esta política lingüística sino que les hacen el
inmenso favor de dejar el campo libre a la derecha españolista.
Asimismo debemos apuntar a la responsabilidad del PSC,
superior a la de los Comunes, debido a su mayor peso electoral e implantación
en los barrios obreros. Durante largo tiempo también se mostraron acérrimos
defensores del modelo de inmersión lingüística con los argumentos arriba
citados. En el último congreso del partido se aprobó una enmienda, que levantó
fuertes críticas en los medios independentistas, para propugnar una
flexibilización del modelo de la inmersión, sin llegar a impugnarlo.
Sin
embargo, desde entonces, no se ha vuelto a percibir que esta sea una cuestión
relevante para la política del partido. Ahora, en la polémica de la ley Celaá,
han preferido guardar un espeso y ominoso silencia, acaso sabedores del coste
electoral de una defensa cerrada de este modelo a tres meses de las elecciones
autonómicas. En una línea semejante, ERC planteó una flexibilización de la
inmersión, en la lógica de ampliar la base social del independentismo, de la
que tampoco se ha vuelto a saber nada,.
En efecto, podríamos convenir con el carácter espurio de las
críticas a la inmersión planteadas desde la óptica del nacionalismo español que
nunca ha asumido de grado la pluralidad lingüística y cultural del Estado y que
no ha erradicado totalmente sus pulsiones centralistas. También, podríamos
estar de acuerdo con la utilización partidista por parte de la derecha españolista
de sus críticas a la inmersión. Ahora bien, esto no es óbice para plantear,
desde la izquierda, una impugnación de fondo a un modelo lingüístico sectario,
nada respetuoso con la pluralidad cultural y lingüística de Catalunya, ni
tampoco con los derechos de los escolares de lengua castellana.
Esta
subordinación de la izquierda catalana a las tesis del nacionalismo lingüístico
resulta aún más incomprensible cuando se realizan contra el sentir de sus bases
sociales, mayoritariamente procedentes de los barrios obreros de lengua
castellana. Una sumisión que les impide disputar la hegemonía ideológica y
política al nacionalismo burgués y pequeño-burgués lo cual resulta un factor
fundamental para explicar tanto las reiteradas mayorías de los partidos nacionalistas
como el crecimiento de Cs en estos medios sociales.
Ciertamente, el franquismo reprimió con dureza a las culturas
y lenguas no castellanas de España. Por ello, las fuerzas democráticas y
progresistas defendieron que estos idiomas tuvieran el reconocimiento de la
oficialidad y de su uso en todas las instituciones y ámbitos sociales de sus
respectivos territorios. Sin embargo, una cosa es defender estos derechos
democráticos de las nacionalidades y otra bien distinta asumir como propia la ideología
nacionalista en materia lingüística. Además, por si esto fuera poco, contribuyen
activamente a conferir una patina progresista a unos objetivos homogenizadores
de naturaleza reaccionaria.
Repliegue identitario
El blindaje de la inmersión se desarrolla sobre un
inquietante telón de fondo social. El fracaso de la vía unilateral para acceder
a la independencia está generando una enorme frustración entre los sectores más
hiperventilados del movimiento secesionista. Un malestar no se está dirigiendo hacia
sus dirigentes políticos que les prometieron acceder a la independencia en 18 meses,
frente a un Estado fallido, que gozaría de un amplio reconocimiento
internacional, sino contra la otra mitad de la población del país que no apoya
su proyecto secesionista.
De este modo, en una especie de movimiento compensatorio, se
está extiendo y adoptando carta de naturaleza, un discurso de odio, xenofobia y
supremacismo contra España y todos aquellos que en Catalunya se sienten
españoles o simplemente hablan en castellano. Para ellos se ha acuñado el
calificativo insultante de “ñordo” o
se les tacha de colonos. Por solo poner un ejemplo, en el pregón en las fiestas
de la Mercè de Barcelona, el payaso Tortell Poltrona tachó de “inadaptados” a
los catalanes de lengua castellana sin que desde las filas del independentismo
nadie se haya atrevido a contradecirlo.
Es más, la alcaldesa Ada Colau lo
disculpó como una muestra de la libertad de expresión en una enésima
demostración de la sumisión de la izquierda catalana a los dogmas del
nacionalismo lingüístico, incluso cuando éstos se adentran en el terreno de la
xenofobia, pero también expresan una particular doble vara de medir ya que unas
manifestaciones en sentido contrario hubieran desencadenado la más enérgica
protesta.
El aspecto más ominoso de esta oleada de intolerancia
lingüística, sin duda favorecido por los discursos de dirigentes políticos
independentistas, radica en la creciente práctica de militantes de base del
movimiento de señalar en las redes sociales a aquellos trabajadores que cara al
público emplean la lengua castellana como en el caso de la camarera del
Parlament de Catalunya a quien se exigió que fuera fulminantemente despedida.
Aquí, la novedad no radica tanto en el contenido de estas afirmaciones, que
tienen una larga historia en el nacionalismo catalán -como por ejemplo en los
escritos del expresident Quim Torra- sino en el cambio de valoración de estas
manifestaciones. Si anteriormente eran objeto de crítica y rechazo, ahora son
consideradas normales y políticamente correctas.
Como demuestran numerosos estudios sociológicos, las clases
medias catalonohablantes constituyen el grueso de la base social del
independentismo. De este modo, a la xenofobia identitaria se une el odio de
clase hacia los trabajadores de lengua castellana, calificados de colonos, por
negarse a utilizar la lengua de sus amos y no sumarse al proyecto secesionista.
Ley de Lenguas
Desde el punto de vista pedagógico, la inmersión no ha
conseguido su propósito inconfeso de extender la sustitución lingüística. Por
el contrario está provocando reacciones de rechazo entre muchos adolescentes y
jóvenes castellanohablantes quienes a pesar de poder expresarse en catalán, se
niegan a hacerlo en una suerte de afirmación identitaria. Tanto es así que
desde ciertos sectores del nacionalismo lingüístico se propugna la
implementación de la llamada “policía de patio” para vigilar y castigar a los
alumnos que fuera de las aulas hablen en castellano.
Desde el punto de vista político, el refuerzo al modelo de la
inmersión que supone la aprobada enmienda en la ley Celaá, expresa la ausencia
de sentido de Estado de las dos grandes formaciones en este delicado tema y su
predisposición a realizar concesiones estratégicas a cambio de apoyos
tácticas.
También pone de manifiesto la
sumisión de la izquierda catalana y española respecto a los dogmas del
nacionalismo lingüístico donde se confunde la defensa de las lenguas de las
nacionalidades con el modelo homogenizador de los partidos nacionalistas. Así
incurren en la flagrante contradicción de propugnar la pluralidad cultural y
lingüística en el conjunto del Estado, al tiempo que la niegan en el interior
de estas nacionalidades.
Asimismo, la polémica generada en torno a la citada
enmienda, ha mostrado la implacable pugna entre ERC y Junts per Catalunya por
la hegemonía del movimiento independentista. Mientras ERC ha sido la promotora
de esta enmienda y ha votado a favor, Junts se ha opuesto, votando en contra, al
considerar que no blinda suficientemente el modelo, pero que no oculta su voluntad de
no conceder este triunfo a su principal oponente en el campo independentista
que, además, demostraría la utilidad de la vía negociadora de Esquerra, frente
a las críticas de Junts a su inutilidad.
Mercè Vilarrubias ha planteado la conveniencia de elaborar
una Ley de Lenguas a nivel estatal que contribuya a establecer unos principios
justos y ecuánimes para regular la coexistencia entre las cuatro lenguas
cooficiales de este país. A nuestro juicio, esta Ley de Lenguas debería
compaginar una específica protección al catalán, euskera y gallego, de la cual
no precisa el castellano hablado por centenares de millones de personas, con
los derechos a los hablantes de estos cuatro idiomas, en todos los ámbitos
sociales e institucionales. Una normativa que debería estar presidida por el
respeto a la pluralidad cultural, tanto en el conjunto del Estado como en el
interior de las nacionalidades.
Lamentablemente, hasta ahora, ha dominado una relación de
hostilidad y competencia en los territorios donde se utilizan dos idiomas,
según la lógica que uno debe desplazar al otro. En Catalunya esto ha derivado
desde los medios nacionalistas/independentistas en una impugnación del
bilingüismo como una alternativa nociva para la supervivencia de la lengua
catalana.
Hasta que no se promulgue una legislación que respete estos
principios democráticos, la cuestión lingüística continuará generando polémicas
y polarizando a la población para beneficio de los nacionalismos español,
catalán, gallego y vasco. Un terreno donde la izquierda siempre llevará las de
perder. " (Antonio Santamaría: El Viejo Topo – Revista nº 395 (diciembre, 2020)