"La enmienda a ley Celaá, que elimina al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha reabierto la polémica sobre la inmersión lingüística. También, ha vuelto a revelar la sumisión de la izquierda a las tesis homogenizadoras de los nacionalismos.
Desde 1992, fecha de la aprobación de los decretos de inmersión, esta cuestión se replantea de modo recurrente, lo cual es un indicador que se trata de un tema no resuelto. La tramitación de la enmienda se realizó en el marco de la reforma LOMCE, conocida como ley Wert, que introdujo el castellano como idioma vehicular en la enseñanza. En el debate de esta enmienda se observa un hilo de continuidad de los gobiernos centrales respecto a la política lingüística en Catalunya: a cambio de un apoyo táctico se realizan concesiones estratégicas al nacionalismo catalán.
Esto ya se comprobó durante el primer gobierno de José María Aznar que paralizó la recusación a cargo del Defensor del Pueblo de la Ley de Política Lingüística (1999) para no comprometer el apoyo de CiU a su precaria mayoría parlamentaria. Ahora, ERC ha aprovechado la necesidad de apoyos del gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para negociar una enmienda que ha sido correctamente interpretada como un blindaje a la inmersión lingüística.
La inmersión lingüística responde no tanto a una cuestión estrictamente pedagógica para garantizar el conocimiento de lengua catalana entre los alumnos de idioma materno castellano, sino a un planteamiento ideológico de carácter netamente nacionalista. El objetivo implícito de esta legislación es impulsar la denominada “sustitución lingüística”; es decir, que los alumnos castellanohablantes abandonen su lengua materna por el catalán. Esto resulta del todo coherente con la lógica de la “(re)construcción nacional”, según la cual en la nación catalana sólo debería existir una lengua oficial y de uso público, mientras que el castellano debería relegarse a la esfera privada.
Este fue el sentido del Manifiesto Koiné (2016) que pretendía establecer el estatus de única lengua oficial del catalán en la hipotética república independiente. De hecho, no resulta casual que las tres últimas conselleras de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, Mariàngels Villalonga y Àngels Ponsa hayan sido firmantes de dicho manifiesto. Villalonga se destacó durante su mandato por criticar que se hablara demasiado castellano en TV3 y en el Parlament de Catalunya. Ponsa se estrenó en el cargo manifestando que el castellano debía reservarse a los espacios privados y que solo el catalán debía ser de uso público.
Dogmática lingüística
En torno a la inmersión se ha generado un cuerpo doctrinal de carácter dogmático que se contradice con la realidad sociolingüística del país. De este modo, se afirma que la inmersión es un modelo de éxito, cuando las tasas de fracaso escolar en Catalunya son de las más elevadas de Europa y afectan particularmente a los alumnos procedentes de los barrios obreros de la periferia de lengua castellana.
Ciertamente, la lengua no es el único factor para explicar este fenómeno ni quizás el más importante pues responde sobre todo a la clase social. Sin embargo, la circunstancia de no poder estudiar en su lengua materna añade una dificultad suplementaria a unos escolares que, dado el bajo nivel cultural de sus familias, ya tendrían problemas para seguir la enseñanza en castellano.
Aquí se revela el carácter instrumental de las justificaciones de la política lingüística del nacionalismo catalán. Durante la dictadura franquista, cuando toda la enseñanza se impartía en castellano, se argüía –con razón- que este monolingüismo vulneraba los derechos de los niños catalanohablantes a ser enseñados en su lengua materna. Ahora este argumento se ha desechado
completamente, pues si se aplicase a los escolares castellanohablantes impugnaría los presupuestos ideológicos sobre los que se fundamenta la inmersión. Todo ello en aras del imperativo de la homogenización cultural y lingüística propia de los nacionalismos identitarios.
Otro mantra de los defensores de la inmersión radica en que este método favorece la “cohesión social” al impedir la separación de los alumnos en función de su lengua vehicular. Un argumento capcioso pues la inmersión lingüística produce el efecto contrario; es decir, genera cantidades ingentes de segregación. De este modo se expulsa de las aulas el idioma de los alumnos de lengua castellana, lo cual desde el punto de vista pedagógico es especialmente grave en los primeros años de escolarización. A esto se añade un marcado sesgo nacionalista, no tanto en el temario docente en el sentido estricto, sino en el conjunto del entorno escolar que tiende a romper con los vínculos históricos y afectivos con el resto de España.
El tercer puntal de las tesis de los defensores de la inmersión radica en la denominada “igualdad de oportunidades”. Se postula que la inmersión es el único método que garantiza el correcto aprendizaje de la lengua catalana, lo cual resulta una afirmación infundada. Existen muchas maneras de aprender un idioma y diversos modelos de enseñanza en territorios donde existen dos o más lenguas vehiculares como ha mostrado brillantemente Mercè Vilarrubias. De hecho, la inmersión, que excluye el idioma materno de una parte importante de la población, es un caso insólito en Europa.
Ahora bien, en torno a esta cuestión conviene resaltar el carácter clasista de esta argumentación, según la cual si un alumno de lengua castellana no conoce el catalán, la lengua de las clases dominantes en el país, sería objeto de discriminación y no podría acceder a ciertos puestos de trabajo que estarían reservados a quienes hablan el catalán.
Asimismo se asegura que existe un amplio consenso social de apoyo a la inmersión, lo cual se contradice con el hecho que Cs, la primera fuerza política del Parlament de Catalunya con 1,1 millones de votos, se muestra radicalmente contrario a la misma, que se habría de añadir a los votantes del PP y una parte importante de los electores del PSC. Colateralmente, se aduce el escaso número de familias que solicitan el 25 por ciento de las clases en castellano como dictaminó el Tribunal Constitucional. Un argumento perverso si se tienen en cuenta los grandes obstáculos y presiones a que deben enfrentarse las familias si quieren ejercer ese derecho y que temen no sin razón que sus hijos resulten estigmatizados.
Otro argumento capcioso, éste de naturaleza pedagógica, radica en que con la inmersión, todos los alumnos acaban su formación con un nivel de conocimiento del castellano igual o incluso superior al de otras comunidades en que toda la enseñanza se imparte en este idioma. Una aseveración insultante para la inteligencia, pues no es creíble que sea equiparable el aprendizaje de un idioma cuando toda la enseñanza se imparte en esa lengua que cuando sólo se le dedican dos horas a la semana.
La izquierda abducida
Resulta, pues, del todo coherente que las formaciones nacionalistas/independentistas defiendan con uñas y dientes este modelo. Ahora bien, causa profundo estupor que desde la izquierda catalana y española se repitan estos mismos argumentos. Así, el profesor de secundaria y diputado catalán de los Comunes, Joan Mena, se ha especializado en la defensa a ultranza de estas tesis, lo cual le ha valido ser frecuentemente solicitado por los medios de comunicación nacionalistas para entonar el del discurso de defensa de la inmersión, al que también se han sumado Jéssica Albiach, portavoz del grupo parlamentario de los Comunes y el aragonés Pablo Echenique.
Los portavoces de Podemos y los Comunes, además de repetir los argumentos arriba descritos, acusan al PP, Cs y Vox de atizar el conflicto lingüístico e identitario contra un modelo de “excelencia”. Aquí, no solo vuelven a alinearse con las tesis de los nacionalistas, operando como un inestimable factor de legitimación de esta política lingüística sino que les hacen el inmenso favor de dejar el campo libre a la derecha españolista.
Asimismo debemos apuntar a la responsabilidad del PSC, superior a la de los Comunes, debido a su mayor peso electoral e implantación en los barrios obreros. Durante largo tiempo también se mostraron acérrimos defensores del modelo de inmersión lingüística con los argumentos arriba citados. En el último congreso del partido se aprobó una enmienda, que levantó fuertes críticas en los medios independentistas, para propugnar una flexibilización del modelo de la inmersión, sin llegar a impugnarlo.
Sin embargo, desde entonces, no se ha vuelto a percibir que esta sea una cuestión relevante para la política del partido. Ahora, en la polémica de la ley Celaá, han preferido guardar un espeso y ominoso silencia, acaso sabedores del coste electoral de una defensa cerrada de este modelo a tres meses de las elecciones autonómicas. En una línea semejante, ERC planteó una flexibilización de la inmersión, en la lógica de ampliar la base social del independentismo, de la que tampoco se ha vuelto a saber nada,.
En efecto, podríamos convenir con el carácter espurio de las críticas a la inmersión planteadas desde la óptica del nacionalismo español que nunca ha asumido de grado la pluralidad lingüística y cultural del Estado y que no ha erradicado totalmente sus pulsiones centralistas. También, podríamos estar de acuerdo con la utilización partidista por parte de la derecha españolista de sus críticas a la inmersión. Ahora bien, esto no es óbice para plantear, desde la izquierda, una impugnación de fondo a un modelo lingüístico sectario, nada respetuoso con la pluralidad cultural y lingüística de Catalunya, ni tampoco con los derechos de los escolares de lengua castellana.
Esta subordinación de la izquierda catalana a las tesis del nacionalismo lingüístico resulta aún más incomprensible cuando se realizan contra el sentir de sus bases sociales, mayoritariamente procedentes de los barrios obreros de lengua castellana. Una sumisión que les impide disputar la hegemonía ideológica y política al nacionalismo burgués y pequeño-burgués lo cual resulta un factor fundamental para explicar tanto las reiteradas mayorías de los partidos nacionalistas como el crecimiento de Cs en estos medios sociales.
Ciertamente, el franquismo reprimió con dureza a las culturas y lenguas no castellanas de España. Por ello, las fuerzas democráticas y progresistas defendieron que estos idiomas tuvieran el reconocimiento de la oficialidad y de su uso en todas las instituciones y ámbitos sociales de sus respectivos territorios. Sin embargo, una cosa es defender estos derechos democráticos de las nacionalidades y otra bien distinta asumir como propia la ideología nacionalista en materia lingüística. Además, por si esto fuera poco, contribuyen activamente a conferir una patina progresista a unos objetivos homogenizadores de naturaleza reaccionaria.
Repliegue identitario
El blindaje de la inmersión se desarrolla sobre un inquietante telón de fondo social. El fracaso de la vía unilateral para acceder a la independencia está generando una enorme frustración entre los sectores más hiperventilados del movimiento secesionista. Un malestar no se está dirigiendo hacia sus dirigentes políticos que les prometieron acceder a la independencia en 18 meses, frente a un Estado fallido, que gozaría de un amplio reconocimiento internacional, sino contra la otra mitad de la población del país que no apoya su proyecto secesionista.
De este modo, en una especie de movimiento compensatorio, se está extiendo y adoptando carta de naturaleza, un discurso de odio, xenofobia y supremacismo contra España y todos aquellos que en Catalunya se sienten españoles o simplemente hablan en castellano. Para ellos se ha acuñado el calificativo insultante de “ñordo” o se les tacha de colonos. Por solo poner un ejemplo, en el pregón en las fiestas de la Mercè de Barcelona, el payaso Tortell Poltrona tachó de “inadaptados” a los catalanes de lengua castellana sin que desde las filas del independentismo nadie se haya atrevido a contradecirlo.
Es más, la alcaldesa Ada Colau lo disculpó como una muestra de la libertad de expresión en una enésima demostración de la sumisión de la izquierda catalana a los dogmas del nacionalismo lingüístico, incluso cuando éstos se adentran en el terreno de la xenofobia, pero también expresan una particular doble vara de medir ya que unas manifestaciones en sentido contrario hubieran desencadenado la más enérgica protesta.
El aspecto más ominoso de esta oleada de intolerancia lingüística, sin duda favorecido por los discursos de dirigentes políticos independentistas, radica en la creciente práctica de militantes de base del movimiento de señalar en las redes sociales a aquellos trabajadores que cara al público emplean la lengua castellana como en el caso de la camarera del Parlament de Catalunya a quien se exigió que fuera fulminantemente despedida.
Aquí, la novedad no radica tanto en el contenido de estas afirmaciones, que tienen una larga historia en el nacionalismo catalán -como por ejemplo en los escritos del expresident Quim Torra- sino en el cambio de valoración de estas manifestaciones. Si anteriormente eran objeto de crítica y rechazo, ahora son consideradas normales y políticamente correctas.
Como demuestran numerosos estudios sociológicos, las clases medias catalonohablantes constituyen el grueso de la base social del independentismo. De este modo, a la xenofobia identitaria se une el odio de clase hacia los trabajadores de lengua castellana, calificados de colonos, por negarse a utilizar la lengua de sus amos y no sumarse al proyecto secesionista.
Ley de Lenguas
Desde el punto de vista pedagógico, la inmersión no ha conseguido su propósito inconfeso de extender la sustitución lingüística. Por el contrario está provocando reacciones de rechazo entre muchos adolescentes y jóvenes castellanohablantes quienes a pesar de poder expresarse en catalán, se niegan a hacerlo en una suerte de afirmación identitaria. Tanto es así que desde ciertos sectores del nacionalismo lingüístico se propugna la implementación de la llamada “policía de patio” para vigilar y castigar a los alumnos que fuera de las aulas hablen en castellano.
Desde el punto de vista político, el refuerzo al modelo de la inmersión que supone la aprobada enmienda en la ley Celaá, expresa la ausencia de sentido de Estado de las dos grandes formaciones en este delicado tema y su predisposición a realizar concesiones estratégicas a cambio de apoyos tácticas.
También pone de manifiesto la sumisión de la izquierda catalana y española respecto a los dogmas del nacionalismo lingüístico donde se confunde la defensa de las lenguas de las nacionalidades con el modelo homogenizador de los partidos nacionalistas. Así incurren en la flagrante contradicción de propugnar la pluralidad cultural y lingüística en el conjunto del Estado, al tiempo que la niegan en el interior de estas nacionalidades.
Asimismo, la polémica generada en torno a la citada enmienda, ha mostrado la implacable pugna entre ERC y Junts per Catalunya por la hegemonía del movimiento independentista. Mientras ERC ha sido la promotora de esta enmienda y ha votado a favor, Junts se ha opuesto, votando en contra, al considerar que no blinda suficientemente el modelo, pero que no oculta su voluntad de no conceder este triunfo a su principal oponente en el campo independentista que, además, demostraría la utilidad de la vía negociadora de Esquerra, frente a las críticas de Junts a su inutilidad.Mercè Vilarrubias ha planteado la conveniencia de elaborar una Ley de Lenguas a nivel estatal que contribuya a establecer unos principios justos y ecuánimes para regular la coexistencia entre las cuatro lenguas cooficiales de este país. A nuestro juicio, esta Ley de Lenguas debería compaginar una específica protección al catalán, euskera y gallego, de la cual no precisa el castellano hablado por centenares de millones de personas, con los derechos a los hablantes de estos cuatro idiomas, en todos los ámbitos sociales e institucionales. Una normativa que debería estar presidida por el respeto a la pluralidad cultural, tanto en el conjunto del Estado como en el interior de las nacionalidades.
Lamentablemente, hasta ahora, ha dominado una relación de hostilidad y competencia en los territorios donde se utilizan dos idiomas, según la lógica que uno debe desplazar al otro. En Catalunya esto ha derivado desde los medios nacionalistas/independentistas en una impugnación del bilingüismo como una alternativa nociva para la supervivencia de la lengua catalana.
Hasta que no se promulgue una legislación que respete estos
principios democráticos, la cuestión lingüística continuará generando polémicas
y polarizando a la población para beneficio de los nacionalismos español,
catalán, gallego y vasco. Un terreno donde la izquierda siempre llevará las de
perder. " (Antonio Santamaría: El Viejo Topo – Revista nº 395 (diciembre, 2020)
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