El origen de ETA fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente... ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España... otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil... Hoy el País Vasco vive relajado y feliz... la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población... Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?... Cabe preguntarse para qué tanta tragedia

 "Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara “el cese definitivo de su acción armada”. Fue una tarde memorable. Estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso (PP) y Emilio Olabarría (PNV). Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervezas con los asistentes. Siempre creímos que un día así nunca llegaría. (...)

Al comienzo de esta tragedia, muchos creyeron que había razones para su lucha. Fue el primero de muchos errores. Nunca lucharon por la democracia española. Es más, luego la combatieron a sangre y fuego. (...)

Su origen fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente. Situarlos en el marxismo-leninismo fue también equivocado. Creer que su lucha era revolucionaria engañó a demasiados, demasiado tiempo.

Su error, su inmenso error, fue despreciar la enorme generosidad de la amnistía, que no dejó ni uno solo de sus presos en la cárcel y las enormes avenidas de libertad y de autogobierno que configuraron la Constitución y el Estatuto de Gernika a finales de los años setenta. Desprecio agresivo y brutal porque su estadística asesina es elocuente: 74 asesinatos entre 1968 y 1977 y casi 800 entre 1978 y 2011, con particular incidencia en los años 1978 a 1984 con 390 asesinatos.

 Nunca se les ha llamado así, pero ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España. Sus intencionados ataques a mandos militares y a políticos y guardias civiles, día sí, día también, buscaban objetivamente provocar a los aparatos fácticos del Estado, en una espiral “acción-represión” en la que, desgraciadamente, también cayó una democracia débil, asediada y demasiado aislada en el País Vasco de entonces.

El gran salto de paz lo dimos con el Pacto de Ajuria Enea. Otorgar al nacionalismo vasco el liderazgo en la deslegitimación social de la violencia (Ardanza: “No compartimos con ellos ni métodos ni fines”), e introducir en el país una nueva línea divisoria entre demócratas y violentos que sustituyó a la nefasta separación entre nacionalistas y no nacionalistas, fue definitivo en la superación del magma social que promovía o amparaba la violencia. Aquel Gobierno de coalición, PNV-PSE (PSOE), construido en gran parte sobre la generosidad socialista, inició otra etapa que resultó clave en la derrota final del terrorismo.

 Durante muchos años la democracia permitió la coexistencia del brazo político de la banda, creyendo y esperando que la violencia desaguara a la política. La disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años ochenta y la creación de Euskadiko Ezkerra (gracias a Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón) animaron esta convicción. Hasta que descubrimos que esa confianza era ingenua. En 2002, fruto del Pacto antiterrorista, decidimos ilegalizar su partido y su entorno social. Rectificar fue un acierto. 

La experiencia nos había demostrado que aprovechaban los espacios legales para retroalimentar y reforzar socialmente su violencia. De hecho, la ilegalización y la persecución judicial de su entorno ayudó a que emergiera en Batasuna una fuerte corriente política interna que reclamaba el fin de la violencia, antes de que esta arruinara su causa. Ellos ayudaron también a buscar el final.

Han pasado muchos años y mucho sufrimiento, pero el final ha sido extraordinario. Mirando atrás, con la perspectiva de estos 10 años que han hecho irreversible la paz, nadie puede dudar de que la democracia española también superó este difícil reto. No hubo concesiones políticas. Sus presos cumplen sus penas y las víctimas ocupan la centralidad del relato. Ningún país de los que han sufrido fenómenos semejantes ha logrado un final tan limpio, tan rotundo, sin perjuicio ninguno a la justicia y al Estado de derecho. 

Que su entorno político participe de la democracia y de sus instituciones es la mejor manifestación de nuestra superioridad moral. “O votos o bombas”, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con esa inteligente sencillez con que resumía ideas complejas. Su renuncia a la violencia les otorgaba el derecho a la representación política que obtuvieran con sus votos. Por eso, resulta lamentable que algunos se empeñen en conceder a la violencia un triunfo que nunca obtuvo y devaluar, o peor, cuestionar así, la victoria de la democracia sobre el terror.

 Otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil. Muchos vivimos la soledad de las víctimas y la frialdad política y eclesiástica del país durante muchos años como para poder decirlo. La reacción social contra ETA comenzó realmente en julio de 1997 cuando secuestraron y mataron a Miguel Ángel Blanco y se organizó en defensa de las víctimas con la creación del ¡Basta Ya! a principios del nuevo siglo. 

Fue importante en la fase final de la violencia, pero a ETA la venció la policía, desarticulando sus comandos y sus cúpulas, y convenciéndoles así de la imposibilidad de su triunfo y por tanto de la inutilidad de su lucha. En ese contexto, la aparición del terrorismo yihadista, el fin de la violencia en Irlanda, la presión interna de sus cuadros políticos y una escenificación internacional hábilmente gestionada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, hicieron el resto.

 Hoy el País Vasco vive relajado y feliz. Tal y como pensábamos muchos, la pulsión radical se ha atenuado. El nacionalismo es mayoritario, pero su mayoría está limitada por la moderación y condicionada a su pragmatismo. Los sentimientos identitarios siguen siendo muy fuertes, pero la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población, algo menos de la mitad de lo que las encuestas mostraban hace 10 años.

Cabe preguntarse para qué tanta tragedia. En No digas nada, una buena fotografía literaria del terrorismo irlandés, Patrick Radden narra el momento en el que los dirigentes del IRA dan cuenta a sus militares de los Acuerdos de Viernes Santo. Dolours Price, una de las históricas militantes, pregunta finalmente: “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”. Los paralelismos son evidentes.

Al final de Patria, una excelente novela de Fernando Aramburu y una buena serie de televisión, las dos mujeres protagonistas de la historia, la viuda del asesinado y la madre del etarra, amigas antes y enemigas después, se cruzan en la plaza del pueblo, a la salida de misa, y se dan un abrazo. Es un abrazo ligero, tenue, casi obligado por el encuentro fortuito. Parece un abrazo de reconciliación, de perdón, pero no llega a tanto. Sin embargo, expresa bien dos sentimientos que inundan la sociedad vasca a los 10 años del final del terrorismo. 

De una parte, cierta generosidad que impregna el corazón de la mayoría, deseosos de construir una sociedad que supere las heridas abiertas por esta tragedia de cuarenta años. De otra, el olvido, la huida del pasado, una especie de fuga hacia el futuro que aleje de nuestros recuerdos tanta desgracia y tanta culpa. Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?"                   (Ramón Jaúregui, El País, 13/10/21)

La impunidad y la injusticia, esa doble victimización de las personas asesinadas por el terrorismo

"... durante bastante tiempo padecí el error de considerar que el final de ETA pm fue modélico, pero no siempre y no es cierto que no quiera hablar de ello.

 Entre mis defectos no está el de empecinarme en los errores contra la evidencia, ni el de negarme a rectificar. En este que señala Fernando Altuna recuerdo perfectamente el momento en que me caí del guindo: fue un domingo de julio de 2006.

Una de las veces que reconocí esto en público fue ante su madre, Ángela Urcelay y su hermano, Angel Altuna. El 23 de mayo de 2010 presenté el acto de entrega del premio de Covite de ese año a Florencio Domínguez, Rogelio Alonso y Marcos García Rey, por su libro ‘Vidas rotas’, al que asistieron su madre y su hermano.

 La primera, Ángela Urcelay, iba a entregar el premio a Marcos García Rey. Yo le di paso con estas palabras, en las que contaba el preciso momento en que yo me caí del caballo, gracias, precisamente, al hermano de Fernando, Angel Altuna :

“En primer lugar ruego que se adelante Ángela Urcelay, viuda del policía nacional Basilio Altuna, asesinado por ETA en Erentxun, el 6 de septiembre de 1980.

En el mes de julio de 2006, me llamó Jorge Martínez Reverte. Había recibido el encargo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de hacer un documental sobre las víctimas y me convocaba, con otras personas, para una tormenta de ideas, una discusión abierta sobre la cuestión, para sentar las bases del documental

Una de aquellas personas era un joven psicólogo llamado Ángel Altuna Urcelay. Me impresionó mucho por su serenidad, su equilibrio y por la sencillez con la que contó una circunstancia fundamental del  asesinato de su padre.

“Cuando lo mataron”, dijo, con una simplicidad extraordinaria, “el Gobierno de UCD había empezado a negociar con Euskadiko Ezkerra la disolución de los polimilis. El asesinato de mi padre no fue investigado y sus asesinos siguen impunes.”

El relato era turbador para mí, porque yo había considerado en su día que la disolución de ETA Político-Militar había sido un proceso modélico. Lo era, desde luego, si lo comparamos con el proceso de Lizarza, pero había tenido un coste en términos de impunidad que hoy las víctimas no soportarían.

Ángela Urcelay va a entregar el premio a Marcos García Rey.”

Seré ahora más explícito. Aquel proceso estuvo lleno  de trampas, de prevaricaciones judiciales y de periodistas que nos callamos para favorecer aquel proceso. Conocí un caso clamoroso cosas que deberíamos haber contado.

 Uno de los polimilis que se reinsertaron después contó que al volver del exilio y comparecer ante la Audiencia Nacional, el juez le preguntó (las palabras del juez son aproximadas, pero el sentido de las mismas, no):

-Diga si es cierto que usted, en compañía otros secuestró la noche de tal día al director del Banco Herrero en Oviedo , para que les abriera la sucursal, donde de hicieron con cien millones de pesetas.

-Sí, es cierto.

Entonces, el juez se volvió hacia el secretario y dijo: “Aquí, evidentemente, ha querido decir que no”.

 Aunque el llamado proceso de paz de Zapatero ha sido peor, porque ni siquiera ha conseguido la disolución de la banda terrorista, hubo prevaricación y jueces que mancharon las togas con el polvo del camino y periodistas que callamos como putas, ignorantes de que nuestra contribución a las buenas causas está en el cumplimiento del deber que nos impone nuestro oficio: contar la verdad.

 El resultado es siempre la impunidad y la injusticia, esa doble victimización de las personas asesinadas por el terrorismo y relegadas después al olvido: Ángela Urcelay y sus hijos no sabrán nunca quién mató a Basilio Altuna, al igual que los familiares de otras 325 víctimas mortales de ETA, el 38% del total."               (El blog de Santiago González, 11/11/2013)

España es el único país de la Unión Europea, con Portugal, que no tiene cadena perpetua, revisable o no. De ahí la doctrina Parot

"Después del llanto y crujir de dientes producido por el fallo del Tribunal de Estrasburgo, bastante justificados, conviene recuperar la compostura y recordar unas cuantas cosas que ayuden a superar la tendencia patriótica a la autoflagelación (y de paso cuestionen el júbilo de los proetarras y asimilados, a los cuales podíamos hacerles la misma pregunta que a la hiena necrófaga: “¿De qué coño se ríen?”) . 

La llamada doctrina Parot no ha sido tumbada ni desautorizada y sigue siendo tan razonable como siempre. Es una respuesta lógica a la necesidad de adecuar proporcionalmente la pena al delito cometido. No tendría ningún sentido condenar a un asesino a miles de años de cárcel si la remisión de su condena a todos los efectos solo pudiera operar sobre los 30 años —ahora 40— de cumplimiento máximo de la pena.

 Ya sabemos que nadie va a estar mil años encarcelado, pero esa enorme condena no pude tener otro objetivo que garantizar que los beneficios penitenciarios que puedan corresponder al reo no abreviarán su estancia en prisión como si sus delitos fueran de menor cuantía. (...)

A fin de cuentas, podemos enorgullecernos de que España no ha sido castigada por tener una legislación atroz, sino, al contrario, por no haber aceptado la legislación más dura vigente en otros lugares. Junto con Portugal, España es prácticamente el único país de la Unión Europea que no tiene cadena perpetua, sea revisable o no. 

Muchos nos alegramos de ello y queremos que siga siendo así, pero en casos como el que nos ocupa comprendemos la comodidad que ofrece a los jueces esa condena a perpetuidad. Nadie puede creer que un criminal que hubiese causado decenas de víctimas en las fuerzas de seguridad de Inglaterra o Francia iba a salir en libertad tras 20 años de cárcel, ni tras 40 ni probablemente nunca.

 Es cierto que esas condenas son revisables y que se tiene en cuenta el arrepentimiento del recluso, pero tal arrepentimiento nada tiene que ver con un pesar de corazón por las fechorías cometidas, sino que exige demostrarse colaborando activamente con la policía para detener a los cómplices o esclarecer otros delitos. 

 Los pentiti de la Mafia italiana no se limitan a llorar sus pecados, sino que denuncian y dan testimonio contra los capos: así se salvan a veces de la cadena perpetua. 

Por eso no hace mucho 18 condenados a reclusión de por vida en Francia pidieron que para ellos se reimplantase la pena de muerte: porque sus delitos atroces no eran del tipo que permite delatar a jefes o cómplices y por tanto no les cabía esperar razonablemente abreviamiento de su prisión. 

En nuestro país las cosas están establecidas de otro modo, hemos intentado compensarlo con medidas suplementarias y nos han pitado fuera de área jueces representantes de los países que no se andan con tantas contemplaciones.  (...)

Y ahora volvamos a una cuestión más de fondo. Es evidente que España, el último país de Europa que ha padecido un largo y sanguinario terrorismo que ha amenazado seriamente el desarrollo de su democracia, podía esperar una comprensión distinta de los países europeos que durante décadas permanecieron ajenos a nuestra tribulación, miraron para otro lado o hasta mostraron mayor tolerancia social para los criminales que para sus víctimas. Algo no hemos debido explicar bien, no solo en Europa sino en América (...)

Supongo que de nada servirá recomendarles a ellos y a otros —incluyendo españoles, desde luego, cuya buena voluntad en casos como este ya es más difícil suponer— un repaso de lo que ha sucedido en el País Vasco y de lo que pasa ahora como el que lleva a cabo Teo Uriarte en su reciente libro Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA (editorial Ikusager). Recuérdalo tú y recuérdaselo a otros, como se ha dicho en ocasiones semejantes…"                    (Fernando Savater, El País, 25/10/2013, Kairoi)

Violadores, asesinos y presos etarras, los beneficiados por el fin de la Parot. Otro agujero, ahora judicial. Tampoco habrá dimisiones. Desde el Arropiero, tuvieron tiempo de solucionar un simple problema penal. Pues no...

"(...) La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la consecuencia de todo lo que han hecho mal los partidos políticos españoles y vascos durante demasiado tiempo por ser incapaces de enfrentarse políticamente a ETA, a su terror y a su proyecto político, en todo momento, sin cálculos electorales ni instrumentalización para la gloria política.

Es la constatación de un gran fracaso político democrático en forma de sentencia con la única luz dentro de ese fracaso de haber conseguido forzar a ETA a dejar de matar. Pero, con todo lo que ello significa, a nada más, renunciando a dotar a esa derrota de todo el significado político democrático que debiera haber tenido.

Walter Benjamin, quien se hizo regalar un ángel pintado por Paul Klee y lo llevaba siempre consigo, también cuando se suicidó, veía la Historia desde la perspectiva de un ángel que volaba hacia el futuro mirando hacia atrás con sus alas extendidas y veía que en la Historia humana sólo había desastres y tragedias, sólo había perdedores. Las víctimas van a tener que encomendarse al ángel de Walter Benjamin."       (JOSEBA ARREGI, Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco, EL MUNDO 22/10/13, en Fundación para la Libertad)


Ver:  ¿Qué hacer con el Arropiero cuando cumple la condena? 

"(...) Algunas de las reformas aprobadas en algunos países se acercan, sin embargo, a este tipo de planteamiento, aunque con las garantías del proceso democrático. Estados Unidos, Australia y Reino Unido han introducido diferentes formas de internamiento de duración indeterminada para agresores sexuales que ya han cumplido condena pero presentan alto riesgo de reincidencia. 

También Alemania aprobó en 2004 la figura de la custodia de seguridad posterior, que permite el internamiento forzoso tras el cumplimiento de la pena si el juez estima que representa un grave peligro para la colectividad. Otros países, como Francia o Canadá, discuten sobre ello. La cuestión está, pues, en el debate internacional. (...)” 

 (MILAGROS PÉREZ OLIVA: ¿Qué hacer con los violadores y asesinos?.El País, ed. Galicia, Opinión, 25/01/2008, p. 29)


"(...)  Pero el caso es que la maraña de leyes que tenemos en el Estado, unida a la alegría con que unos y otras las han ido interpretando según conveniencias, ha hecho posible que Inés de Río, junto con unas decenas más de presos, pueda ser de aquí en adelante la persona que tenga usted delante en la cola de la pescadería comprando género para preparar luego una merluza en salsa verde.

Hemos dispuesto de leyes absurdas, y más absurda ha sido aún su aplicación. Aplicación a la que no han contribuido solo los jueces. También esos beneficios por estudios o por actividades que siempre recibían el visto bueno de forma automática han ido acortando, de forma discreta y callada, los años de cumplimiento.

 Durante años ha sucedido así, sin que haya pasado nada, hasta que con Parot saltan de repente todas las alarmas, y el Gobierno central y los tribunales se dicen que esto no se puede permitir. Y, miren por dónde, tanto el Supremo como el Constitucional, esos tribunales que deberían velar para que no se produjesen arbitrariedades ni interpretaciones de trazo grueso por parte de nadie, dan con la clave y comienzan a interpretar la ley, de un día para otro, de forma distinta a la que se había utilizado hasta el momento

. Solo con el objetivo de que Parot y el resto se chupasen unos cuantos años más, aplicando criterios que hasta entonces no se habían utilizado. Fue otro ejemplo más de la arbitrariedad con que a veces actúan nuestros tribunales superiores, sin que parezcan sentir vergüenza ajena alguna.(...)"                   (PELLO SALABURU, EL CORREO 23/10/13, en Fundación para la Libertad)


"(...)  La Constitución (art. 25.2) abona la reinserción de los condenados. Y el Código Penal da coherencia a un sistema que no prevé la prisión perpetua; distinto, por ejemplo, del americano que castiga, tira la llave y se olvida del hombre.

 La decisión del legislador español es política y moralmente discutible. Lo indiscutible, por el contrario, es la inmoralidad de querer cambiar esos principios por la puerta de atrás, sin asumir las consecuencias políticas correspondientes.

 Este es el sentido de la decisión de Estrasburgo, cargada de derecho y de razón, por utilizar el título de la célebre obra de Luigi Ferrajoli, no solo una obra clave del garantismo, sino también una denuncia de la misma i-rresponsabilidad política que dio origen a Parot. (...)"          (ARCADI ESPADA, EL MUNDO 22/10/13, en Fundación para la Libertad)

"Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor es uno de los 61 reclusos de la banda que pueden salir de la cárcel tras derogarse la doctrina Parot. 

A ellos se añaden una decena de delincuentes con tres o más condenas como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser.

Seis meses después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) analizara el recurso de España contra el fallo del tribunal, -en julio avaló excarcelar e indemnizar con 30.000 euros a la etarra Inés del Río-, los 17 magistrados de la Corte Europea han rechazado la petición de la Abogacía del Estado.

De esta forma, vuelven a dar la razón a Del Río, miembro del 'comando Madrid' condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos. Su puesta en libertad estaba prevista en julio de 2008. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional decidió que saldría de prisión en 2017 en aplicación de la doctrina Parot, avalada dos años antes por el Tribunal Supremo.

Una jurisprudencia -toma su nombre del etarra Henri Parot- que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.

Y aunque Estrasburgo solo ha dictaminado sobre el caso Del Río en la práctica su decisión tendrá consecuencias en todos aquellos supuestos que se encuentran en la misma situación jurídica que Del Río, si bien son los tribunales españoles los que tienen que aplicar lo que dicta la corte europea.

Entre los beneficiarios figuran además de los mencionados, una lista de más de 60 presos etarras, seis miembros de los Grapo, o quince delincuentes con tres o más condenas.

De los presos etarras que recurrirán su puesta en libertad de inmediato están Juan José Zubieta, condenado a 1.309 años por el atentado en 1991 contra la casa cuartel de Vic (Barcelona) que causó la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niños.

También Juan José Legorburu 'Txato', condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta (Vizcaya) en 1979; Juan Carlos Arruti 'Paterra', que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos, o José Antonio López "Kubati", condenado, entre otros atentados, por el asesinato de la etarra "Yoyes".

Santiago Arrospide 'Santi Potros', jefe del aparato militar y condenado como inductor del atentado de Hipercor, o Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 'Txikierdi', con seis asesinatos y 374 años de condena, también figura entre los 61 presos.

De la derogación de la doctrina Parot también podrán beneficiarse criminales como Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años de prisión por 74 violaciones entre 1990 y 1993, conocido junto con Antonio Barroso como los "violadores del portal" porque agredían a las mujeres cuando entraban en sus domicilios.

Otro ejemplo es el de Juan Manuel Valentín Tejero que secuestró, violó y asesinó a la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid).

El pasado mes de marzo el Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia de Valladolid de que Valentín Tejero cumpliera cárcel hasta 2025 en virtud de la doctrina Parot, aunque inicialmente su condena (50 años) quedaba extinguida en marzo de 2012.

Figuran también Pedro Gallego, el violador del ascensor, con 18 violaciones y dos asesinatos, o Miguel Ricart, uno de los autores del asesinato de las tres niñas de Alcàsser condenado a 170 años de prisión.

Además de estos, podrían ser excarcelados siete miembros de los Grapo, entre ellos Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Gijón en 1989.

Lo mismo ocurriría con Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando de los GAL que asesinó a un ciudadano francés en 1985, o con Josefa Rodríguez Porca, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego (EGPG) y condenada a 84 años de prisión por el asesinato de un guardia civil en 1989."                (La Vanguardia, 21/10/2013)

Apoyo judicial al terrorismo (catalán)

"La sentencia por la que se aprueban los honores que el ayuntamiento de un pueblo de Cataluña, Santa Coloma de Cervelló, ha decidido conceder a Jaume Martínez Vendrell (1915-1989), condenado por los asesinatos del industrial Bultó (1977) y del matrimonio Viola (1978). Le pusieron placa y calle al terrorista y el heredero de una de las víctimas protestó. La Audiencia no ha admitido la protesta. El auto tiene un interés proteico. Por desgracia debo administrarme y sólo me ocuparé de la patria.

La placa dice: «Carrer de Jaume Martínez i Vendrell, Patriota català» Y el auto sentencia: «Desde un abordaje histórico, resulta plenamente admisible pasar a un segundo plano la controvertida imputación judicial al Sr. Martínez Vendrell del terrible asesinato del Sr. Bultó y, en el momento de confeccionar su biografía, hacer prevalecer o resaltar, según los fines, otros factores o valores, como son el del patriotismo catalán del personaje o su buen comportamiento ciudadano.»

Yo no puedo oponerme a la escisión que los jueces plantean entre el hombre y el asesino. Cierto. Dillinger fue un sonrosado bebé. ¡Y no iban a tener razón los de Melilla cuando argumentaban que la estatua de Franco que querían derribarles honraba al joven comandante, antes de volverse malo! La escisión es muy necesaria. (...)
Sin embargo, no puedo consentir la escisión entre patria y muerte. No sólo yo: estoy seguro de que tampoco el homenajeado lo consentiría. Dejar a la patria fuera de sus crímenes supondría algo ominoso: que los crímenes tuvieran que justificarse por sí mismos. Los ilustrísimos magistrados no pueden ignorar que Jaume Martínez Vendrell mandó matar por la patria y que lo contrario sería deshonrarlo. La patria, y lo patriótico, tienen estas cosas. Uno puede mandar que maten a dos compatriotas y conseguirse una placa póstuma donde le llamen patriota.
Ésa es la principal diferencia entre la patria y la ciudadanía. Aunque en Cataluña todo es posible, no parece fácil que a uno que manda asesinar le pongan en la placa que fue un buen ciudadano. No en vano los munícipes promotores eligieron patriotismo, y no ciudadanía, en su léxico de homenaje. La patria tiene… cómo lo diría… una flexibilidad criminal. O sea que en este punto han llegado, ilustrísimos, algo mas lejos que los munícipes. «Su buen comportamiento ciudadano», han escrito ustedes, haciéndolo suyo, en este auto de choque.
Leo que la sentencia dictada es irrevocable. Me parece muy pertinente. Así está a la altura del crimen." (Diarios de Arcadi Espada, 28/05/2010)

José García Domínguez, periodista, en relación a la decisión de la Audiencia Nacional de considerar que es legal que una calle lleve el nombre de un terrorista, en un artículo publicado en Libertad Digital el 27 de mayo de 2010.

‘[...] Será que, al modo de las hipotecas basura y el queso en lonchas, los actos morales de la vida de un hombre pueden dividirse y empaquetarse en porciones separadas e independientes. ¿Dónde residirá el inconveniente, entonces, a inaugurar una Avenida Adolfo Hitler en Barcelona? “Exterminó a seis millones de judíos, pero fue un ecologista ejemplar, amén de cuidar con infinito cariño a su fiel perrito Blondi”, habría de rezar la placa. ¿Y por qué no una plaza en reconocimiento a las muchas virtudes cívicas del violador del Ensanche? “A nuestro convecino Francisco López Maíllo, que jamás tiró un papel a la calzada y, galante, cedía siempre el paso a las damas. El Ayuntamiento agradecido”. ¿O acaso tendría algo que objetar la Audiencia?’." (lavozdebarcelona.com, 27/05/2010)