Gonzalo Bernardos: ¿Por qué estoy en contra de un concierto económico para Cataluña? Los cálculos sobre las balanzas fiscales tienen una limitada credibilidad... la solidaridad entre las autonomías debe continuar... la solidaridad no puede quedar limitada por la ordinalidad... las balanzas fiscales no tienen en cuenta la aportación de la AGE al sistema de pensiones. si la contribución de Cataluña al PIB español fue del 19%, los residentes en la autonomía obtuvieron a través del sistema de pensiones una financiación adicional de la AGE por valor de 13.285 millones

 "El 29 de julio, los negociadores del PSC y ERC llegaron a un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre los temas acordados, el más relevante fue la concesión de un concierto económico a Cataluña. Si lo aprueba el Congreso, la anterior asignación equipararía fiscalmente a la autonomía catalana con el País Vasco y Navarra y supondría la creación de un nuevo régimen especial (una financiación singular).

En un próximo futuro, la Agencia Tributaria Catalana recaudaría la totalidad de los impuestos generados en la autonomía, abonaría una parte a la Administración General del Estado (AGE) por los servicios prestados directa e indirectamente a los residentes en Cataluña (el importe conocido como cupo) y pagaría una cuota, denominada de solidaridad, para ayudar al desarrollo de las comunidades con menos recursos.

Indudablemente, el concierto económico aumentaría los ingresos a disposición de la Generalitat y, como catalán residente en la autonomía, podría resultarme beneficioso. Por un lado, por una reducción de los impuestos sufragados. Por el otro, debido al incremento del gasto público efectuado en sanidad, educación, infraestructuras, etcétera.

A pesar de ello, estoy en contra de la concesión del concierto a Cataluña, tanto por motivos económicos como políticos. Los primeros son los siguientes:

a) los cálculos sobre las balanzas fiscales tienen una limitada credibilidad. Las balanzas fiscales constituyen un magnífico ejercicio académico, pero tienen una limitada credibilidad para cuantificar lo que una comunidad autónoma aporta a la AGE y lo que recibe de ella. En primer lugar, porque hay dos tipos de balanzas (las observadas y las neutralizadas) y múltiples métodos para calcularlas.

En segundo, debido a los numerosos supuestos que deben hacerse para llegar a algunas conclusiones. Por un lado, no existe la suficiente información desagregada. Por el otro, el gasto efectuado por la AGE beneficia a la comunidad donde se realiza y también al resto del país. Así ocurre con las inversiones efectuadas en el puerto de Barcelona, en el AVE a su paso por Castilla y León o en las instalaciones militares de Zaragoza.

En tercero, por las grandes diferencias observadas en los resultados proporcionados por las distintas balanzas y métodos. Así, por ejemplo, en 2009, el saldo fiscal de Cataluña con la AGE oscilaba entre un superávit de 4.015 millones y un déficit de 16.410 millones. El primer dato era obviado por la Generalitat y el segundo publicitado una y otra vez. Desde mi perspectiva, ninguno de los dos se ajustaba a la realidad.

b) la solidaridad entre las autonomías debe continuar. En nuestro país, casi nadie cuestiona que las personas con mayores ingresos tengan un saldo fiscal negativo. En otras palabras, la cuantía pagada en impuestos supere a la obtenida en prestaciones públicas. Los partidos independentistas catalanes también son partidarios de la solidaridad, pero únicamente en el ámbito de Cataluña. Por dicho motivo, les parece muy bien que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona financien a los del resto de la autonomía.

No obstante, es sorprendente que un partido progresista como el PSOE apoye un concierto económico en Cataluña, a pesar de que tal posibilidad no figura en la Constitución.

Especialmente porque está a favor de la redistribución de rentas entre los ciudadanos a través de los impuestos y el gasto público. Una concesión que hará más rico a un territorio próspero y empobrecerá a las autonomías con un menor PIB per cápita.

c) la solidaridad no puede quedar limitada por la ordinalidad. En el acuerdo entre PSC y ERC, ambas formaciones limitan la solidaridad de los catalanes con el resto de España a la ordinalidad. En la clasificación de las autonomías, según lo que aportan y reciben de la AGE, dicho acuerdo establece que Cataluña jamás ha de ocupar una posición más baja en el segundo apartado que en el primero. Si así sucediera, la contribución efectuada al resto de territorios sería escasa y sustancialmente inferior a la calculada por FEDEA (2.168 millones en 2021).

La anterior restricción extrapolada al ámbito del IRPF implicaría que cualquier español cuyos ingresos anuales ascienden a 300.000 euros debería recibir más prestaciones públicas que los perceptores del salario mínimo (15.876 euros), a pesar de que los segundos las necesitan mucho más que los primeros. Una opción que públicamente ningún partido, incluidos los de carácter neoliberal, se atrevería a proponer.

d) las balanzas fiscales no tienen en cuenta la aportación de la AGE al sistema de pensiones. Los ingresos por cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social y las clases pasivas son insuficientes para sufragar los pagos en concepto de pensiones contributivas y los gastos derivados de su gestión. Según Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en 2023 el desfase entre unos y otros ascendió a 69.919 millones.

En el pasado año, si la contribución de Cataluña al PIB español fue del 19%, los residentes en la autonomía obtuvieron a través del sistema de pensiones una financiación adicional de la AGE por valor de 13.285 millones. Una cuantía más de seis veces superior a la aportada por dicho territorio al régimen común de financiación en 2021 (2.168 millones)

Los motivos políticos son los siguientes:

a) ninguna comunidad autónoma debería tener un régimen de financiación especial. Desde mi perspectiva, todas las comunidades deberían forman parte del régimen común y ninguna de ellas disponer de uno especial. Por eso, estoy en contra del concierto económico catalán, pero también del vasco y navarro. No obstante, los dos últimos están contemplados en la Constitución, pero no así el primero. Indudablemente, una diferencia esencial.

El régimen especial del País Vasco y Navarra les permite recibir financiación del resto de España, siendo ambas autonomías más ricas que el conjunto del país. Por eso, el gasto social por habitante en dichas comunidades supera al observado en cualquier otra. Una situación derivada de dos factores: la inexistencia de solidaridad con el resto de la nación y la negociación política del cupo.

Una y otra vez, el Gobierno español de turno, para contentar al PNV y obtener sus votos en el Congreso, acepta que la AGE reciba un importe inferior al que le correspondería por los servicios prestados a los residentes en el País Vasco y Navarra. Indudablemente, un agravio comparativo para Cataluña, una comunidad que en el verano de 1980 prefirió continuar en el régimen común de financiación a disponer de uno especial, y también para el resto de España.

b) el concierto económico facilitaría la independencia de Cataluña. En esta ocasión, los dirigentes de ERC tienen razón. De ninguna manera, constituye un farol lo que dicen. La recaudación y gestión de los ingresos tributarios originados en el territorio catalán constituye un paso hacia adelante en la ruta hacia la independencia.

En primer lugar, porque el día después de la declaración podrán continuar financiando los servicios públicos básicos. En segundo, debido a que les permite disponer de más capital para promocionar sus supuestas ventajas, tanto en Cataluña como en el resto del mundo. Con el concierto económico, la Agencia Tributaria Catalana tendrá unas características similares a las de cualquier otra de un país desarrollado.

c) constituye un agravio comparativo respecto a las otras comunidades ricas. La concesión de un concierto económico a Cataluña impediría negárselo a las otras dos autonomías (Madrid y Baleares) que aportan más de lo que reciben de la AGE, según FEDEA. Si se les otorgara, la redistribución de rentas entre territorios sería escasa o nula y el país iniciaría un incierto camino, cuyo distinto final probablemente sería la creación por la puerta de atrás de una confederación de naciones. Una posibilidad para nada contemplada en la Constitución.

En definitiva, constituye una sorpresa que un partido de implantación estatal como el PSOE acceda a concederle a Cataluña un concierto económico. No obstante, ya no lo es que sus dirigentes negaran tal posibilidad solo unos días antes. Indudablemente, supone una contradicción que dicha formación sea favorable a la redistribución de rentas entre las personas, pero no entre las autonomías, cuando las segundas están integradas por ciudadanos.

A pesar de que el concierto me beneficiaría, pues soy catalán y residente en la comunidad, soy contrario a él. En primer lugar, porque soy solidario con los que menos tienen. En segundo, debido a que mi solidaridad con los de Lleida es idéntica a la que tengo con los de Badajoz. Para nada, tal y como sucede con los independentistas, tiene como límite el territorio catalán.

En tercero, porque estoy a favor de la justicia social y deseo que en España todos los ciudadanos dispongan de los recursos necesarios para obtener un nivel de vida digno. En cuarto, debido a que todas las autonomías no poseen las mismas cartas. Las que disponen de una mayor inversión privada (Madrid y Cataluña) siempre tienen en su mano uno o varios comodines. En cambio, la que tienen menos acceso a ella, difícilmente poseen dos o más naipes cuyos números sean correlativos o idénticos.

La historia reciente muestra claramente la insaciabilidad de los políticos independentistas. Les den lo que les den los partidos españoles, jamás se conformarán, excepto si les ofrecen la independencia. La concesión del concierto económico supondría un gran paso adelante en la ruta que conduce a su objetivo y probablemente comporte la aparición de un nuevo procés. Si así sucede, espero y deseo que no sea tan dañino para Cataluña como el anterior. De él, aún no nos hemos recuperado ni social ni económicamente."                 (Gonzalo Bernardos , , Crónica Global, 03/08/24)

Urkullu, el del concierto, se queja de que Madrid se lleva a los vascos más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga! ¡Y pide que se limite la autonomía de Madrid! Urkullu y Aragnés piden a Hacienda que elabore ya una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización... El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos... cousas veredes, pues fueron los nacionalistas vascos y catalanes los que con sus peticiones crearon el sistema autonómico

 "El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos. Pero la reforma es cada vez más urgente. Hay muchas propuestas y los académicos han llegado a consensuar tanto el diagnóstico como las posibles recetas. Las decisiones, sin embargo, las toman los dirigentes políticos y no es el mejor momento para abordar, por ejemplo, una reforma constitucional. En todo caso, tampoco es estrictamente necesaria para solucionar algunas graves disfunciones como la financiación de las comunidades autónomas o los agujeros que presenta el sistema fiscal.

La gran paradoja es que los dos presidentes de las dos comunidades históricas por las que se organizó, de hecho, el Estado de las autonomías, el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, piden a gritos que el Estado actúe. Para proteger sus propios intereses necesitan que el Gobierno central se implique y tome decisiones atrevidas en beneficio del conjunto. ¿Por qué? Pues, y la paradoja aumenta en intensidad, porque una comunidad, Madrid, ha decidido tomarse en serio el federalismo fiscal y como en su momento el ministro de Economía, Pedro Solbes, no quiso saber nada acerca de posibles armonizaciones fiscales, ha tomado una vía directa para captar inversiones y personas físicas con patrimonio.

La importancia de esa política ha alcanzado tal dimensión que Urkullu ha pedido que se limite la propia autonomía de Madrid. Resulta que en el País Vasco son las diputaciones forales las que recaudan impuestos y las que compiten, incluso entre ellas, para bajar tasas y porcentajes. El hecho diferencial con el resto de españoles lo marca el Concierto Económico, un sistema perverso, no por su propia naturaleza --aunque también para muchos expertos-- sino por el sistema de cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado es mucho menor de lo que correspondería y se trata de un precio “político”. Pues bien, Urkullu, a pesar de esas circunstancias favorables, se queja de que Madrid se lleva a los vascos y vascas más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga!

En el caso de Aragonès la petición no es tan directa. Es más compleja. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la rebaja del IRPF en las rentas más bajas, una medida que la Generalitat aprobó en 2020. El argumento del Constitucional, como ha ocurrido con otras decisiones del Govern, es que el Ejecutivo catalán invade competencias que no le corresponden. 

Si esa interpretación jurídica se mantiene, al Govern de Aragonès no le quedará más remedio que hacer como Urkullu y reclamar que se repartan de nuevo las cartas: fijar un mínimo y un máximo en determinados impuestos, y que cada autonomía juegue con un cierto margen en impuestos como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, aunque también podría decidir la supresión directa de ese último impuesto.

 Las comunidades se están organizando y cooperan, por primera vez, en función de sus intereses: las más pobladas o las que tienen una mayor dispersión de habitantes se unen para buscar estrategias conjuntas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación. El presidente valenciano, Ximo Puig, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de partidos distintos, se apoyan mutuamente. Y el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, está al lado de Castilla-León, con problemas similares: población envejecida y dispersa en el territorio.

Urkullu no tiene nada que ver en esa negociación, porque ya tiene el Concierto Vasco, y Pere Aragonès ha decidido que no estará presente en ninguna batalla múltiple. Pero los dos se pueden ver claramente afectados y piden --no se atreven a expresarlo de forma tan clara y directa-- que los expertos que ha convocado el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elaboren ya y cuanto antes una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización que supuso el Estado de las autonomías. Así que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otras y otros dirigentes del PP que gobernaron la Comunidad de Madrid, deberían dar las gracias a los viejos dirigentes nacionalistas vascos y catalanes que, con sus peticiones en la Transición, provocaron el actual Estado de las autonomías. ¡Que cosas!"               (Manel Manchón, Crónica Global, 09/11/21)

El ‘cuponazo’ vasco: un privilegio imposible de generalizar

“La justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo”. Según esta conocida sentencia del jurista romano Ulpiano, ¿es justo el cupo vasco o es un privilegio? La forma más sencilla de contestar a esta pregunta es determinar si el sistema vasco de financiación, el denominado concierto económico, es una buena idea, generalizable en consecuencia a todas las Comunidades Autónomas, como ahora proponen el PNV, el PSC y parte de los dirigentes del PSOE; o si esto es un desiderátum imposible.

Generalizar este sistema supondría pasar de cinco Haciendas en España, las tres forales vascas, la navarra y la Agencia Estatal, a cincuenta, y otra estatal para coordinar. O, en la versión de Miquel Iceta, pasaríamos a tener una Hacienda por cada Comunidad Autónoma, que son diecisiete, más otra estatal. 

Los inspectores de Hacienda consideran que esto restaría dramáticamente eficacia a la Administración Tributaria y perjudicaría notablemente la lucha contra el fraude. Alemania, único país con un sistema parecido, gasta el doble que España en Administración Fiscal por cada euro recaudado en impuestos. El PNV y los actuales dirigentes del PSOE y el PSC están proponiendo copiar a Alemania en una de las pocas cosas en que es menos eficiente que España.

Más allá de las disfunciones evidentes que tiene un modelo en el que una Hacienda provincial inspecciona a una multinacional o un grupo consolidado de sociedades, la justicia del sistema depende fundamentalmente del cálculo del cupo, que determina la contribución a la solidaridad. Sin embargo, este cálculo adolece de una enorme opacidad. En una opinión compartida de forma generalizada por los expertos, Ángel de la Fuente señalaba recientemente que “el cálculo del cupo es magia. Nadie sabe de dónde sale”.

Aún así, aunque calcular un cupo correcto sea complicado, es bastante sencillo demostrar que el anterior cupo -previo al actual cuponazo pactado por el PP y el PNV, que lo disminuye en unos 300 millones- es injusto y no generalizable. Lo mínimo que tendría pagar una comunidad sería su parte en el gasto de los ministerios, unos 40.000 millones de euros, y de los intereses de la deuda, unos 28.000 millones de euros. 

El País Vasco supone aproximadamente un 6 por ciento del Producto Interior Bruto, y en consecuencia, como mínimo debería aportar unos 4.000 millones de euros. El anterior cupo bruto estaba en 1.600 millones. 

Esta cuantía, que si se generalizase en todas las Comunidades Autónomas no permitiría ni siquiera pagar los intereses de la deuda, tampoco es lo que realmente aportan las Instituciones Forales Vascas al Estado.

No sólo es que al cupo “bruto” se le resten múltiples ajustes, sino que, además, a la recaudación de IVA de las Haciendas Forales se le añade una parte de la recaudación por este impuesto de la Agencia Tributaria.

 Este ajuste según los expertos, como el exdirector de financiación autonómica con Zapatero, Alain Cuenca, va en dirección contraria: las empresas vascas venden más fuera de Euskadi que lo que venden las del resto de España en el País Vasco. Esto es lógico tratándose de la Comunidad más industrializada de España y la segunda en renta per cápita.

Este y otros ajustes que se contemplan determinan un cupo cada vez más negativo. Esto supone que los ciudadanos del resto de España financian una parte del gasto público en la Comunidad Autónoma con mejor financiación per cápita de España. Esto no es precisamente solidario, ni cumple con el principio de equilibrio territorial y de prohibición de privilegios, derivados de la organización territorial que consagra el artículo 138 de la Constitución.

Esto finalmente se materializa en cuestiones tangibles, como la extensión en 14 semanas del permiso de paternidad a los funcionarios vascos, o la rebaja de cuatro puntos en el impuesto de sociedades a las empresas vascas. Esto no sólo es una cuestión de autonomía, sino fundamentalmente de tener dinero para poderlo pagar.

Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda (2014) la Comunidad de Madrid, la más rica, aportó más de 19.000 millones de euros a la solidaridad interterritorial, Cataluña cerca de 10.000, Valencia 1.735 y Baleares 1.516. Estas fueron las Comunidades que aportaron, mientras que el País Vasco recibió 3.387 millones, lo que supone un 30 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Esto no indica precisamente solidaridad en el sistema, y desde luego, mucho menos en el cálculo del cupo y de los ajustes. Como poco se puede decir que el cupo y sus ajustes están pésimamente calculados. Por supuesto, diga lo que diga el lehendakari Urkullu, esto no equilibra una aportación de 27 millones de euros en 2017 al Fondo de Compensación Interterritorial, el 6,24 por ciento de 432 millones. (...)"                (Francisco de la Torre Díaz, El Economista, 17/02/18)

El sistema de conciertos propuesto por Urkullu no existe en ningún país y sería irresponsable adoptarlo en España. Daría a Madrid un 36,5% más que a la media (datos de 2016), al País Vasco un 32,7% más... y tendríamos a Extremadura con un 31,7% menos, y a Andalucía con un 26,4% menos... ¿Quién podría explicar a la gente que entre la comunidad mejor tratada y la peor tratada exista una brecha de más de 68 puntos de porcentaje?

"El sistema de financiación autonómica que surja de la próxima reforma debería ser sencillo y susceptible de ser explicado a la gente. Para conseguirlo no es necesario inventar nada, nos basta con el modelo canónico de igualación de la capacidad fiscal, que está basado en un principio de equidad eminentemente razonable e inteligible: si dos comunidades tienen las mismas competencias y exigen de sus ciudadanos el mismo esfuerzo fiscal, ambas deberán disponer de los mismos recursos. 

 La gente acepta este principio de justicia distributiva y desconfía de propuestas que se separan del mismo.

 La sugerencia del lehendakari Urkullu (EL PAIS, 4/12/2017) sobre la posible generalización del sistema de concierto a todas las comunidades autónomas es un buen ejemplo del tipo de propuestas que se separan del principio de equidad aquí defendido. 

La generalización del concierto plantea dos problemas serios. 

El primero es que debilita de forma muy significativa la autonomía financiera del gobierno central. No hay ningún país federal que no asigne a su gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de poder desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. 

El segundo es la ausencia de un mecanismo de igualación.

 Los recursos que, para las mismas competencias y el mismo esfuerzo fiscal, este sistema pondría a disposición de las comunidades se distribuirían aproximadamente según la productividad de las mismas. Con datos de 2016 esto daría a Madrid un 36,5% más que a la media, al País Vasco un 32,7% más, a Navarra un 24,4% más y a Cataluña un 19,3% más. 

En el otro extremo de la distribución tendríamos a Extremadura, con un 31,7% menos, Andalucía un 26,4% menos, Castilla La Mancha un 22,4% menos y Murcia un 19,0% menos. Un sistema así no existe en ningún país y sería irresponsable adoptarlo en España

 ¿Quién puede explicar a la gente que entre la comunidad mejor tratada y la peor tratada exista una brecha de más de 68 puntos de porcentaje? ¿Quién puede explicar que para financiar servicios públicos deba existir entre comunidades diferencia de capacidad financiera alguna?

El sistema de concierto es un ejemplo extremo, pero da una idea muy concreta de cuán difícil es justificarlo ante la opinión pública. Y lo es porque la desigualdad resultante debe competir con una idea poderosa y de notable tradición en los países federales, cual es que dentro de un Estado los ciudadanos deben tener acceso a los mismos servicios públicos con independencia del territorio en el que residan.

 Una idea que no ha impedido el avance de dos argumentos, que sin duda jugarán un papel en la discusión de la próxima reforma, en favor de una mejor financiación para las comunidades más ricas.

El primer argumento dice que del total de recursos del sistema, una parte debe distribuirse de forma igualitaria, con el fin de financiar unos servicios llamados esenciales, y el resto debe distribuirse según la capacidad fiscal de cada comunidad, con el fin de financiar las demás competencias. 

Este planteamiento da necesariamente más dinero a las comunidades ricas que a las pobres, pero los proponentes aducen que mientras las comunidades dispongan de los mismos recursos para financiar los servicios esenciales, lo que ocurra con la financiación total no debe preocuparnos. El argumento es un despropósito de los pies a la cabeza.

 Es absurdo decir que la educación, sanidad y servicios asistenciales son más esenciales que la seguridad y la justicia, como lo es pretender que una cosa son los servicios públicos y otra las estructuras administrativas y políticas que los sustentan. Segmentar competencias no tiene sentido en un sistema en el que los recursos son no finalistas. 

En tal caso, dada la fungibilidad del dinero, lo único que importa es la cantidad total de recursos que las comunidades acaben teniendo a su disposición. Si una comunidad tiene menos recursos, todas sus competencias, las llamadas esenciales y las demás, sufrirán las consecuencias de esta escasez.

El segundo argumento en favor de la financiación desigual es el llamado principio de ordinalidad, según el cual el orden de las comunidades en términos de su capacidad fiscal y el orden según el volumen de recursos que el sistema pone a su disposición después de la nivelación deben ser el mismo. 

Tres consideraciones respecto a este argumento. 

Primera, dado el principio de equidad más arriba enunciado, la condición que establece el principio de ordinalidad es redundante. El principio de equidad lleva a la igualdad de recursos por unidad de necesidad entre comunidades y por tanto, en el límite, no altera el orden de las mismas en términos de financiación por unidad de necesidad. 

Segunda, mientras que el principio de equidad realmente implica un particular modelo de financiación (el de igualación de recursos para todas las comunidades), el de ordinalidad es compatible con un número infinito de modelos que van desde el de igualación de la capacidad fiscal a modelos claramente regresivos, pasando por el sistema de concierto. 

Y tercera, el principio de ordinalidad es equívoco cuando presenta la distribución de recursos entre comunidades como una mera cuestión de grado, porque con ello enmascara las dos opciones políticamente sustantivas que se abren al legislador, que no son otras que optar por la igualdad entre comunidades en lo que a la provisión de servicios públicos se refiere, o admitir que las ricas deben poder prestar más y mejores servicios que las pobres.

La igualación de la capacidad fiscal no anula la autonomía de gasto e ingreso de las comunidades. En materia de gastos, el sistema pone a disposición de cada comunidad una cantidad total de dinero cuya asignación entre políticas de gasto corresponde al gobierno regional.

 En materia de tributos, los gobiernos regionales que dentro de sus competencias quieran subir sus impuestos por encima de la referencia, dispondrán euro por euro del exceso de recaudación obtenido y, a cambio de este mayor esfuerzo fiscal, podrán ofrecer más y mejores servicios. Los que bajen sus impuestos, perderán también euro por euro la merma de recaudación y tendrán que restringir la cantidad y/o calidad de los servicios públicos. 

A la baja hay el límite impuesto por la regulación estatal de base sobre la calidad mínima de los servicios; al alza el límite que decidan los ciudadanos como electores de los gobiernos regionales.

Un Estado como España, descentralizado y territorialmente desigual en lo económico, debe velar por su cohesión social y por la creación de una ciudadanía común con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El acceso a servicios públicos de la misma calidad con independencia del lugar de residencia es, entre otras, una condición necesaria para esta cohesión. 

En un Estado con privilegios territoriales significativos, el concepto de ciudadanía común se difumina y pierde significado y la estabilidad social, por la vía de presiones migratorias excesivas, puede verse dañada."                (Antoni Zabalza es catedrático de economía la Universidad de Valencia, El País, 04/01/18)

Si se le concede el concierto vasco a Cataluña, España dejará de ser un Estado y la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones serán insostenibles

"El PNV, para apoyar los presupuestos de 2017, exigió renovar su modelo fiscal y que Rajoy renunciase a los 1.500 millones de euros que los técnicos de Hacienda reclamaban al País Vasco por las liquidaciones del acuerdo de años anteriores. 

Rajoy aceptó confirmando que el PP sólo tiene ideología cuando tiene mayoría absoluta. Esta semana el PNV ha exigido de nuevo al Gobierno tramitar por vía de urgencia las leyes que plasman el acuerdo para apoyar los Presupuestos de 2018. (...)

 Desde el resto de comunidades autónomas se pide a Rajoy mejorar su financiación para mejorar la educación, la sanidad y la dependencia. Todo esto con una deuda pública del 100%, la mayor desde 1909, un déficit público estructural que hay que revertir si queremos reducir la deuda pública. 

El déficit se concentra en el sistema público de pensiones del que se benefician siete millones de españoles y PP y Ciudadanos, a los que las encuestan dan una mayoría holgada para seguir gobernando la próxima legislatura, proponen bajar impuestos.

Todo lo descrito en el párrafo anterior no puede producirse a la vez, y se entiende que Urkullu quiera cerrar lo suyo antes de las elecciones catalanas. Cuesta entender que Pedro Sánchez, tras el 155, vuelva a apoyar a Rajoy en esta ley que permitiría aprobar los Presupuestos y alargar la legislatura hasta finales de 2019. Cuesta entender que Rivera critique esta ley, pero luego vote junto con el PNV los Presupuestos. Y cuesta mucho más entender que Pablo Iglesias apoye a Rajoy en esta ley y prolongue la legislatura.

El Estado del bienestar que hemos construido en los últimos 40 años se basa en cuatro pilares: una economía competitiva que ha mejorado su productividad y sus salarios; un impuesto sobre la renta progresivo; el sistema público de pensiones; y el sistema de financiación autonómica que garantiza igualdad de servicios públicos básicos de los ciudadanos independientemente de dónde residan.

Los vascos pagan los mismos impuestos que el resto. Pero no contribuyen al modelo redistributivo de la financiación autonómica, y por eso disfrutan de un generoso superávit en su balanza fiscal. El modelo vasco es similar al cheque británico que Margaret Thatcher exigió a Europa o al de Ángela Merkel, que pone palos en las ruedas para avanzar hacia una Europa federal.

El País Vasco es el 5% del PIB español. Cataluña es el 20% del PIB y, si se les concede el mismo modelo, España dejará de ser un Estado y la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones serán insostenibles. Un modelo federal eficiente debe combinar descentralización y un centro fuerte, debe avanzar en el proyecto europeo y debe mejorar la gobernanza global para resolver retos como el cambio climático. (...)"               (José Carlos Díez, El País, 17/11/17)

Ahora el concierto catalán... y después el vasco

"El periódico trae la singular noticia de que los nacionalistas catalanes reclaman ahora el concierto económico, y que ésta es una vía posible de negociación con el gobierno. Realmente es una noticia singular por varios motivos. 

Lo de menos es que suponga el abandono de las venerables posiciones de Convergencia sobre el asunto: es bien sabido que durante la transición los nacionalistas preferían otros sistemas de financiación. Y lo preferían, claro y catalán, porque esperaban obtener más dinero. La sentencia de la historia parece que ha dictaminado que calcularon mal.

Fuera cual fuese el móvil, se trató de una decisión obligada porque, según todas las opiniones que conozco, el concierto es incompatible con una región que aporta al Estado casi el 20% del PIB. Pero es que además el concierto económico, también vasco, tiene de algún modo los días contados.

 La Unión Fiscal europea será lo que su nombre indica y cualquiera tiene claro en estas circunstancias el sentido igualador del eufemístico verbo armonizar. Aunque no ignoro, desde luego, que al ritmo europeo los días contados pueden convertirse en siglos. (...)"             (Arcadi Espada, 28/03/2014)

Monago rechaza revisar la solidaridad porque "perderíamos 500 millones"... ¿Y cuánto perdería Galicia?

"El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha estimado que cambiar el principio de solidaridad interterritorial por el de ordinalidad tendría en Extremadura un impacto en torno a "500 millones de euros anuales".

"Un dinero que no podemos permitirnos perder. Este es un país, no 17 reinos de taifas; 17 países federados. La solidaridad no tiene que tener límites hasta que uno no alcance la madurez de su desarrollo empresarial y de sus indicadores", ha indicado el presidente Monago en una entrevista concedida a El Periódico Extremadura.

"No podemos entrar en debates absurdos. Yo me niego, porque ofende a la inteligencia. Los límites de solidaridad no me los puede poner Catalunya ni Rubalcaba. El límite será cuando yo converja con la media", ha recalcado.

Al mismo tiempo, se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno de España "no va a entrar a ese asunto" y ha considerado que es "otra ocurrencia como el Estatut de Catalunya". "Si pierdo 500 millones, yo no sigo, le entrego las llaves a Rubalcaba y le digo: gracias, lo has conseguido. Ahora lleva tú esto", ha aseverado."       (e-notícies, 20/01/2013)

El INE destapa los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Reciben fondos de otras regiones, pese a ser más ricas. Sólo en IVA, el País Vasco nos cuesta 1.820 millones

"Los datos son contundentes y no dejan lugar a dudas. País Vasco y Navarra continúan beneficiándose de sus respectivos sistemas forales. Hasta el punto de que -gracias a los conciertos- sus ciudadanos obtienen más renta disponible que la que les correspondería en función de su PIB per cápita. 

O dicho en términos más precisos: si en el caso del País Vasco su PIB per cápita equivale al 132,5% de la media española, su renta disponible (lo que realmente tuvieron las familias vascas para gastar) representa al 133,9%.

 En el caso de Navarra, más de lo mismo. El PIB per cápita supuso en 2011 -último año con cifras cerradas- el 126,8%, pero su renta escaló hasta el 127,6% tras aplicarse el sistema de financiación.

La diferencia puede parecer reducida, pero hay que tener en cuenta que eso significa que algunas regiones están transfiriendo renta al País Vasco y Navarra pese a situarse ambas en la cúspide de la riqueza por habitante. 

 El caso más significativo continúa siendo el de la Comunidad de Madrid, que teniendo un PIB per cápita equivalente al 129,9% de la media española (igual a 100) su renta disponible baja hasta el 119,5%. 

Se trata, con diferencia, de la caída más pronunciada entre una variable y otra, y en la misma situación (aunque con menor intensidad) se encuentran Cataluña, La Rioja, Baleares, Canarias y Murcia, que son las regiones que soportan realmente la solidaridad interregional, toda vez que generan más riqueza de la que están en condiciones de gastar (una parte de la renta se destina al ahorro).

País Vasco y Navarra, por lo tanto, no sólo no contribuyen a la solidaridad, sino que, por el contrario, ven aumentar su renta disponible gracias a sus sistemas forales, que les permiten recaudar en sus propios territorios y luego ajustar cuentas con la Hacienda central mediante el cupo, cuya metodología tiene una revisión quinquenal (el último vigente afectó al periodo 2007-12 y ya ha expirado) 

El problema no se deriva de la existencia de esos regímenes fiscales propios, sino de sus sistemas de cálculo. 

Este estudio, por ejemplo, concluye que sólo en IVA el País Vasco le cuesta al resto del Estado 1.820 millones. Este otro va en la misma línea, y llega a la conclusión de que la contribución del País Vasco a los gastos generales del Estado está aminorada en unos 4.500 millones de euros, tanto porque no se calculan de forma correcta los servicios que presta la Administración en su territorio como el sesgo a la baja de los ajustes por IVA.

 Regiones ricas y pobres

No hay que olvidar que, según los datos del INE sobre la Contabilidad Regional de España, el País Vasco tiene la mayor renta disponible de España: 20.034 euros, pero Madrid, que es la segunda con mayor PIB por habitante, baja al tercer puesto (tras Navarra) cuando se incorporan las transferencias del Estado hacia las regiones más pobres. Cataluña es la cuarta comunidad en uno u otro caso, aunque su renta disponible baja apenas la tercera parte que en el caso de Madrid.

El caso del País Vasco es, con diferencia, el más significativo, toda vez que su nivel de renta es casi un 34% más elevado que la media del conjunto del país, mientras que en el caso de Navarra asciende al 28%.

 Otro caso singular, aunque en sentido contrario, es el de Baleares, que es la séptima comunidad en PIB per cápita, pero la novena en renta disponible. Lo curioso es que está, incluso, por detrás de Castilla y León, que recibe más de lo que aporta. La comunidad balear es, por lo tanto, la otra gran ‘pagana’ del modelo autonómico.

Como es lógico, y debido al fuerte efecto redistributivo que tienen las políticas públicas, las regiones en las que hay más distancia entre lo que producen (el PIB per cápita) y lo que tienen para gastar (renta disponible) son las más pobres. Asturias es, de largo, la región que más se ve favorecida por estas políticas (su PIB per cápita es el décimo más alto del país), pero su nivel de renta disponible escala hasta el séptimo puesto. 

En una situación similar –aunque con menor intensidad- están Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, que se benefician de forma importante de la solidaridad interregional."              (El Confidencial, 09/01/2013)

El País vasco y Navarra “están siendo subvencionadas por territorios más pobres”, que le pagan 4.500 millones cada año, de los cuales, 300 son de Andalucía, y 100 de Galicia. Sin ninguna contraprestación

"El estudio ha sido realizado por el economista Ángel de la Fuente (...)

En su opinión, lo que discrimina no es el Concierto, sino la valoración de las competencias., que históricamente se han hecho bajo presión del nacionalismo por su influencia en la estabilidad parlamentaria.

Tam asombrosa diferencia se debe, según De la Fuente, a que las reglas de valoración de competencias contenidas en el Concierto económico son enormemente generosas para el País Vasco. 

Según sus estimaciones, el régimen foral dispone de una financiación adicional de 4.500 millones de euros respecto de lo que correspondería en caso de que el Cupo -lo que el País Vasco paga al Estado- se hiciera con criterios razonables. 

El hecho de que las regiones forales estén exentas de financiar la solidaridad interregional (enunciada en la Constitución) le supone al País Vasco, por ejemplo, unos ingresos extras de 1.790 millones de euros. 

Igualmente, la valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco “está enormemente sesgada a la baja”. Y por este concepto, la comunidad autónoma se ahorra 1.740 millones. 

Otros 950 millones salen con los cálculos que se hacen a la hora de valorar el IVA y que, según De la Fuente,  se hacen con criterios “desfasados” que no recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El caso de Navarra es muy similar al vasco.

Subvenciones al País Vasco

Un reciente informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) iba en esa línea, y su conclusión era que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral- ‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA. 

Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento. En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren de forma ilegítima respecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado.

 Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.

En el estudio del investigador del CSIC, la rebaja en la aportación de los territorios forales a la caja común del Estado explica por qué éstos disfrutan de una financiación por habitante (medida  en términos de competencias homogéneas) superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a pesar de contar con una normativa fiscal que “tradicionalmente ha sido algo más laxa (especialmente en lo que afecta a los impuestos de sociedades y sucesiones).

También explica por qué, pese a tratarse de dos de las regiones españolas de mayor renta per cápita, tanto el País Vasco como Navarra presentan un saldo fiscal positivo. Según sus palabras, esto significa que ambas comunidades “están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”. 

Y entre estos está Cataluña, cuya contribución a tal “subvención” rondaría los 1.000 millones de euros.

De la Fuente considera que el sistema foral en sí “no es un buen sistema, aunque podría ser soportable como una anomalía restringida a una pequeña parte del territorio español”. Pero sin que pueda generalizarse. 

Su opinión está en línea con lo escrito recientemente por Antoni Zabalza, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y que, como tal, negocio los primeros modelos de financiación autonómica en nombre del Gobierno socialista de Felipe González.

 En su opinión, el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal. Sin  embargo, se pregunta, ¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? 

La razón, en su opinión, es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es “un mal soportable”, asegura. Restarle cerca del 27% “sería muy preocupante”. Si el sistema de concierto, concluye, se generalizara, “restarle el 100% sería una irresponsabilidad”.             (El confidencial, 17/09/2012)

Cataluña costaría 16.000 millones a las otras CCAA con un Concierto a la vasca

"Un hipotético Concierto económico entre Cataluña y el Estado no sería, en ningún caso, un juego de suma cero. Al contrario. Tendría efectos muy importantes -casi devastadores- sobre las finanzas del resto de comunidades autónomas.

En concreto, según un estudio publicado por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante “exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades del régimen común”. 

¿Cuánto supone eso sobre la financiación  total de las regiones? Pues nada menos que significaría reducir en más de un 12% los fondos autonómicos.

El estudio ha sido realizado por el economista Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica, y está editado por el Instituto de Análisis Económico. Su principal conclusión es que la propuesta de Pacto Fiscal con España no es viable ni política ni económicamente. 

 Básicamente porque comportaría una reducción sustancial de la financiación del resto de las comunidades autónomas que sería muy difícil “vender” en el resto de España. Al tiempo, supondría “el suicidio político de cualquier Gobierno central que la aceptase”.

De la Fuente introduce un matiz. Según sus cálculos, y puesto que el nivel de renta catalán es inferior al vasco, es probable que los rendimientos del sistema de concierto no fuesen tan elevados. 

Valoración de las competencias

Aún así, tomando como referencia la valoración de las competencias estatales no transferidas al País Vasco que se hace en la última ley quinquenal del cupo (año 2007), su estimación es que “un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones”, lo que todavía implicaría una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas. "             (El Confidencial. 17/09/2012)

Galicia lonxe de reivindicar un réxime de concerto, deberíase propugnar a desaparición dos actuais réximes forais, ou cando menos unha aplicación máis equilibrada e equitativa dos mesmos

"Leo en Praza Pública que a nova opción nacionalista que se está conformando (Máis Galiza, Acción Galega, Espazo Ecogaleguista), formula dentro das súas bases programáticas, como cuestión máis potente en materia económica, a reivindicación dun modelo fiscal semellante ao sistema foral vasco e navarro, e na mesma liña do concerto fiscal que reclama Cataluña.

É un asunto sobre o que escribimos reiteradamente aquí hai tempo: novo modelo de financiamento autonómico: máis insolidariedade; nacionalismo orientado, nacionalismo desorientado; referéndums, independencia e PIB; nacionalismos: dogmatismos, utopías, realidades. Así que hoxe analizaremos unicamente os aspectos económicos desta proposta, remitindo ao lector aos post citados si desexa coñecer a nosa valoración política máis global.

Como se sabe, no Estado Español coexisten dous modelos de financiamento autonómico. O réxime común e o réxime foral. No primeiro están todas as comunidades autónomas agás Euskadi e Navarra que están suxeitas ao segundo modelo.

As facendas forais recadan, nos territorios respectivos -no que segue referirémonos unicamente ao caso vasco, entendendo que o navarro é moi semellante-, a práctica totalidade dos tributos que conforman o sistema fiscal español e regulan os tributos directos. Deste xeito, a Axencia Tributaria española practicamente non recada ningún imposto en Euskadi. É a Axencia Foral a que xestiona os tributos.

Unha parte dos recursos que obtén a Axencia Foral entréganse á administración central mediante unha transferencia, denominada cupo. Este cupo calcúlase (ou debería calcularse) de xeito que cubra a parte dos custos que en función da súa renda lle corresponde sufragar a Euskadi daquelas competencias estatais non transferidas -asuntos exteriores ou defensa, por exemplo-.

O sistema foral en si mesmo comporta certas peculiaridades institucionais e competenciais pero non implica necesariamente ningún privilexio económico. De feito, si os principios xerais e os criterios de valoración contidos na Ley del Concierto se aplicasen de maneira razoable, o sistema de concerto debería ser case neutral, e non xeraría niveis de financiamento moi diferentes dos que obterían os territorios forais se estivesen integrados no réxime común.

Sen embargo, na práctica os resultados financeiros do réxime foral son moi favorables para Euskadi, por tres motivos fundamentais (véxase a intervención de Ángel de la Fuente no Parlamento de Catalunya o 7 de outubro de 2011):

1) O sistema exime á comunidade foral de contribuír ao sistema de nivelación interrexional. Esta exención reduce as achegas de Euskadi ás arcas estatais en 1.790 millóns de euros anuais.

2) A valoración das competencias estatais non transferidas a Euskadi está enormemente sesgada á baixa, o que supón unha redución adicional do cupo de 1.740 millóns de euros anuais.

3) O axuste técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede coa parte do IVA que en última instancia soportan os seus cidadáns (e non coa que se ingresa realmente no seu territorio, que pode ser moi distinta) favorece a Euskadi en 950 millóns de euros anuais por utilizar valores desfasados dos coeficientes que recollen o peso de Euskadi no consumo do conxunto do Estado.

A suma total ascendía en 2007 a case 4.500 millóns de euros que equivalen ao 6,9% do PIB vasco dese ano. Esta enorme rebaixa nas achegas dos territorios forais á caixa común do Estado explica por qué esas comunidades disfrutan dun financiamento por habitante superior nun 60% á media das comunidades do réxime común. Tamén explica por qué aínda tratándose das dúas comunidades con maior PIB per cápita do Estado, o seu saldo fiscal e nulo ou moi lixeiramente negativo. 

 Efectivamente, o Gráfico 1 mostra como si en 2011 o PIB per cápita no conxunto de España é 100, en Euskadi é 134,5. Sen embargo, como se ve no Gráfico 2, con datos de 2007 -últimos dispoñibles-, a súa balanza fiscal é negativa só no -1,35%.

É por isto que Cataluña que ten un PIB per cápita de 117,9 (España = 100) e unha balanza fiscal negativa de -8,70%, reclama insistentemente un réxime de concerto.

Por esta vía, como se demostrou coa reforma de 2009, na medida en que as comunidades máis ricas contribúan menos á caixa común do Estado, as prexudicadas serán as comunidades máis pobres.

Por iso dende Galicia, que ten un PIB per cápita de 90,7 (España = 100), e obtén unha balanza fiscal positiva do 8,19%, lonxe de reivindicar un réxime de concerto, deberíase propugnar a desaparición dos actuais réximes forais, ou cando menos unha aplicación máis equilibrada e equitativa dos mesmos. 

Porque nestes tempos que corren, semella máis importante o ovo que o foro."   (A furada do trasno, 24/05/2012)

El régimen foral del País Vasco le cuesta al resto de regiones 1.800 millones en IVA. Galicia aporte entre 100 y 200 millones al País Vasco, sin ninguna contraprestación

"UN INFORME PUBLICADO POR UNA REVISTA DE HACIENDA DENUNCIA LOS PRIVILEGIOS.


El informe no deja lugar a dudas. Y su conclusión es que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral- ‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA.

Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento. En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren de forma ilegítimarespecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado.

 Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.

Los cálculos aparecen publicados en Crónica Tributaria, una revista editada por un órgano oficial -el Instituto de Estudios Fiscales-, y los ha elaboradoJavier Vicente Matilla, inspector de la Agencia Tributaria. Y parten del hecho de que si la recaudación total del IVA en todo el territorio español se situó en 2008 en 43.914 millones de euros, al País Vasco le correspondería ingresar -en función de sus índices de consumo- 2.469 millones.

Sin embargo, logra 4.289 millones del Estado, lo que significa que la diferencia (esos 1.820 millones) es lo que subvencionan las regiones del régimen común a Euskadi. Todas excepto Navarra, que también dispone de un régimen foral.

Según sus cálculos, el  consumo del País Vasco representa el 5,6% del conjunto de España; mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) es del 6,3%. Sin embargo, el índice de capacidad recaudatoria fijado en el cupo –la cantidad que paga cada año el País Vasco  para sufragar los gastos generales del Estado- es del 5’7%.

Este porcentaje es muy inferior al índice de recaudación real, que es del 7’2%, aunque después del correspondiente ‘ajuste’ se transforma en el 8’3%. Esas diferencias entre lo que ingresa el País Vasco gracias al Cupo y lo que debería ingresar, son las que explican las transferencias de rentas hacia el País Vasco procedentes del resto de regiones, cuyo nivel de riqueza es muy inferior.

En palabra de Esteban Matilla, estamos ante la aplicación de unos “índices políticos” que nada tiene que ver con la realidad, lo que produce enormes distorsiones en la distribución de la carga fiscal entre comunidades autónomas.

En concreto, el índice de capacidad recaudatoria asignado en el cupo (artículo 14) es muy inferior a la recaudación real, lo que supone menor aportación al Estado, y el índice de consumo establecido para el País Vasco es muy superior al real, lo que supone que “el País Vasco tenga una mayor participación en el IVA ingresado en el Estado”.

Estos dos efectos, por un lado lo que el País Vasco deja de pagar al Estado, y, por otro, lo que el Estado le paga de más, producen, en opinión del autor del informe, “una distorsión que determina el enriquecimiento de las administraciones forales, en perjuicio del resto de comunidades autónomas”.

Según el autor del artículo, el sistema del Cupo -regulado por el Concierto Económico- es unidireccional, ya que solamente paga el Estado. Hasta el punto de que los niveles de fraude en el IVA que reconoce la Administración central, y que, por lo tanto, aminoran las entregas, no se aplican en el caso del País Vasco. Y ese fraude es el que se deduce de los ajustes sobre el consumo. El último Concierto Económico se firmó en 2007 y tiene vigencia hasta 2011, igual que la metodología de elaboración del cupo

Esta realidad se produce pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estableció  en una sentencia del año 2008 que se deberían evitar sistema tributarios “privilegiados”. El resultado, sin embargo, es que lapresión fiscal efectiva en el País Vasco es menor de la que existe en el resto del territorio. 

El estudio publicado por Crónica Tributaria no es, desde luego, el único ni el primero que alcanza esas conclusiones. El economista Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC –otro organismo oficial publicóotro estudio en el que concluía que la contribución del País Vasco a la Hacienda estatal es “muy inferior a lo que debería ser de acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor”.

El origen del desajuste, sostenía De la Fuente, está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma “muy discutible”.

 Los problemas fundamentales que detectaban eran dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco está “fuertemente sesgada a la baja”. Y, segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.

El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007."         (El Confidencial, 21/05/2012)

“Un modelo de financiación para el conjunto de España en que las Comunidades más ricas tengan el concierto desequilibraría las cuentas, desaparecerían los sistemas de reequilibrio”... haciendo más ricas a las ricas, y más pobres a las pobres

"Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en una entrevista publicada este domingo en Ara:

“Hay que decir que no hay un apoyo constitucional para esta excepcionalidad [un concierto económico para la Generalidad de Cataluña], y en la Transición tampoco hubo una apuesta por este modelo.

En segundo lugar, Cataluña es muy importante, no es el 6% como el País Vasco, es el 20% de la economía. Y su impacto en términos económicos es mucho más elevado. [...]

No pueden pensar [los nacionalistas] que la única solución es un modelo de financiación que es imposible de encajar en el sistema. Entiendo que la comparación con el País Vasco se puede hacer, pero el argumento es que tenemos este sistema por tradición histórica. [...]

Un modelo de financiación para el conjunto de España en que las Comunidades más ricas tengan el concierto desequilibraría las cuentas, desaparecerían los sistemas de reequilibrio. Lo único que quedaría es la caja única de la Seguridad Social. Es un tema muy delicado.

No quiero entrar en el debate sobre si es justo o injusto, pero pido que haya una mirada más amplia porque está en juego el modelo económico del Estado. Cataluña no está sola“.                 (lavozdebarcelona.com, 30/10/2011)

“El concierto económico a la vasca es inviable para toda España... porque parte de los servicios del Estado en el País Vasco no se pagan"

"Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència, este martes en una entrevista en Com Ràdio:

“También es cierto que el concierto económico a la vasca es inviable para toda España y para todos, lo sabemos. Porque el concierto económico vasco es un concierto que prácticamente no solo no tiene retorno a España, sino que todavía resulta que buena parte de los servicios prestados por el Estado en el País Vasco no se pagan, y por tanto tienen rentas superiores a su esfuerzo fiscal”.. (lavozdebarcelona.com, 01/11/2010)