Almudena Grandes a Puigdemont: "La Cataluña central, símbolo y fortín del independentismo actual, fue uno de los grandes focos de tres rebeliones sucesivas contra la libertad", en el s.XIX. Y después, sus carlistas se alistaron en masa en el ejército franquista... (como para presumir)

"La escritora Almudena Grandes ha hecho un interesante repaso histórico —en la Cadena Ser— tras lo dicho por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quien ha afirmó en Bruselas que "entre Felipe V y Felipe VI, los catalanes han vivido casi siempre privados de libertad".  (...)

Cuarenta años son muchos, pero trescientos son demasiados. Puigdemont dijo en Bruselas que entre Felipe V y Felipe VI, los catalanes han vivido casi siempre privados de libertad. 

Pues bien, a lo largo del siglo XIX, la Cataluña central, símbolo y fortín del independentismo actual, fue uno de los grandes focos de tres rebeliones sucesivas que desembocaron en otras tantas guerras civiles, y no a favor por cierto de la libertad, sino en su contra.

 Al grito de Dios, Tradición y Rey absoluto, el corazón de Cataluña luchó por Carlos María Isidro y por sus descendientes contra los gobiernos liberales de Madrid.

 Los curas trabucaires, sacerdotes armados con trabuco que limpiaban la retaguardia de progresistas, fueron la versión catalana del "vivan las caenas", un elemento fundacional del carlismo que desembocó con naturalidad en uno de los dos ejércitos que se enfrentaron en 1936. 

Y no fue precisamente el republicano, sino el rebelde, que tras su victoria instauró una sanguinaria dictadura fascista que duró casi cuarenta años."            (HuffPost, 10/11/17)

En el bajo clero catalán siempre ha habido una connivencia con el nacionalismo. Conchabados con el carlismo en el XIX,.. hay, Xavier Novell, obispo de Solsona, ha dado permiso (literal) a los católicos para que sean independentistas

"El estatuto vasco que se aprobó por las Cortes surgidas del triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, había sido precedido en 1931 por un proyecto conocido como el “Estatuto de Estella”, fruto de un pasteleo entre el PNV y el carlismo.

 Que se fraguara en Estella, capital de la sedición tradicionalista, ya dice bastante de lo que representaba. Una de las propuestas que contenía aquel proyecto, era que el gobierno de la autonomía vasco-navarra tuviera la posibilidad de concordar directamente con el Vaticano. La iniciativa se debía a que el carácter laico de la constitución de la II República, anulaba los privilegios de que gozaba la Santa Sede. 

En pocas palabras, concordar con ella significaba, y significa, que un estado (España en ese caso) reconoce la tutela de otro, el Vaticano, sobre aquellos de sus ciudadanos de confesión católica. Ni hay que decir que el franquismo restableció la relación concordataria y la constitución de 1978 no la modificó. 

La propuesta de peneuvistas y carlistas irritó sobremanera a Indalecio Prieto, diputado socialista por Vizcaya que, en sede parlamentaria, denunció que su aceptación suponía crear “un Gibraltar del Vaticano”.

Indirectamente Prieto ponía el dedo en la llaga de algo más que evidente, a saber, el tufillo clerical que siempre ha acompañado al nacionalismo vasco o catalán. Desde el “Catalunya serà cristiana o no serà” de Torras i Baiges, hasta el hecho de que el “Aberri Eguna” se celebre en la Pascua de Resurrección. En este último caso el mensaje es más que claro: la nación de Aitor resucitará como Jesús. 

Y, más allá de nuestras fronteras, habría que preguntarse por qué el nacionalismo irlandés escogió en 1916 la misma pascua para alzarse en armas. En diversos países europeos, además de Irlanda (Polonia, Eslovaquia, Lituania, Croacia…), la alianza entre nacionalismo e Iglesia Católica, ha sido más que patente. 

Curiosamente, al menos en Cataluña, ha sido un lugar común la denuncia del nacionalcatolicismo franquista (denuncia que comparto) pero, por aquello de “la paja en el ojo ajeno”, se olvida que el primer tinglado que intentó montar Jordi Pujol se llamaba CC. Es cierto que eran los tiempos en que Claudia Cardinale causaba furor, pero dicen los entendidos que la repetición consonántica obedecía a una referencia más mística: “Crist, Catalunya”.

Todo lo dicho estaba almacenado en algún rincón recóndito de mi cerebro, hasta que una reciente entrevista en La Vanguardia (11/02/17) al monje de Montserrat Hilari Raguer, me condujo a la correspondiente asociación de ideas.

Raguer se autodefine como historiador. Entendámonos, lo debe ser en el contexto de la historiografía romántica catalana, caracterizada por la mucha imaginación y las pocas fuentes: Rovira i Virgili, Ferran Soldevila... tutti quanti. Vicens Vives se fue tempranamente al otro mundo creyendo que había puesto remedio a la cosa.

 Descanse en paz. Se libró de leer a Culla i Clarà o Agustí Colominas. Atención, Raguer no es de los que dicen que Colón o Teresa de Jesús (¿quizá también Iván el Terrible?) fuesen catalanes, pero nos ha bombardeado durante años con una visión, digamos, sesgada de la historia catalana. Últimamente había estado silencioso (al parecer por razones de salud), pero en la aludida entrevista se despacha a gusto. Sin entrar en detalles, vale la pena recuperar algunas “perlas”. 

Por ejemplo, a propósito de los farolillos de Vic: “No deben (los niños) estar al margen (de los actos independentistas), pero tampoco participar de la misma manera que un adulto”. Ergo , farolillos. “Montserrat siempre ha estado al lado del pueblo”. ¿Rajoy?, “No creo que lo pusiéramos en la lista de visitantes ilustres”. En la que sí debe estar Francisco Franco, recibido bajo palio, y cuyas oídos debieron quedar muy halagados por el entonces abad Marcet con sus referencias a “la espada victoriosa” del Caudillo.

 ¿Y Himmler lo está? Cuentan las crónicas que si el citado Marcet, y su segundo Escarré, no quisieron recibir a Himmler, no fue por una condena global al régimen nazi, sino porque al parecer los benedictinos tenían problemas en el Reich. Puro gremialismo, vamos.

 ¿Ganaría el sí, en un referéndum?, “ Espero que sí, aunque se deberá preparar mucho el referéndum. Hay una parte importante procedente de las inmigraciones que no tiene las razones históricas, sentimentales y culturales como las que pueda tener yo, por ejemplo”. O sea, ojo con los charnegos. 

En el bajo clero catalán siempre ha habido una connivencia con el nacionalismo. Conchabados con el carlismo en el XIX, vivieron la esquizofrenia que significó el franquismo, en la medida que nunca habían gozado de tantos privilegios. En cuanto a la jerarquía… pues depende. Cuando soplan vientos al parecer favorables, ¿por qué no soñar con un Gibraltar, aunque sea sin monos? 

En el momento actual, entre los que calzan de ese pie en la citada jerarquía, destaca Xavier Novell, obispo de Solsona, que ha dado permiso (literal) a los católicos para que sean independentistas. Joven y guaperas, las malas lenguas (que acostumbran a ser las buenas) hablan de sus vínculos con el Opus Dei. 

Solsona, uno de los núcleos “chouan” de Cataluña, siempre ha propiciado la posición nacionalista de su figura episcopal. Un antecesor reciente de Novell, Antoni Deig, que pasó unos cuantos años como obispo de Menorca muy calladito, fue soberanista, antes de que eso estuviera de moda, en el momento que pisó su nueva diócesis. Se permitió incluso una carta pastoral en la que tranquilizaba a sus fieles sobre la naturaleza no pecaminosa del nacionalismo. Solo falta ya la indulgencia plenaria para los que votaron sí-sí el 9-N. 

Por su parte el núcleo político independentista hace mangas y capirotes para demostrar su fidelidad a la Santa Madre Iglesia. Nunca se sabe. Puigdemont, aunque ironice a propósito del Espíritu Santo, se casó no una, sino dos veces, canónicamente (ritos católico y ortodoxo); como muchos años antes había hecho Juan Carlos de Borbón. Para que después digan que somos diferentes a los “españoles”. La otrora laica ERC tiene un líder, Oriol Junqueras, de misa dominguera y procesión en Jueves Santo. Artur Mas tampoco le va a la zaga en fervor dominical. ¿Para qué seguir? (...)"           (Pasqual Esbrí

 , Rebelión, 08/03/17)

La burguesía catalana se enriqueció gracias a la protección que le dispensó el Estado español; pero a medida que la brecha entre los ricos catalanes y el resto de España aumentaba, más desprecio sentían aquellos hacia ésta

"(...) Después del fin de la Guerra de los Segadores en 1652, el separatismo catalán desapareció y no resurgió hasta el siglo XX. Se me objetará que la Guerra de Sucesión de principios del XVIII fue también separatista: nada más falso.

 En ella Cataluña y los reinos de la Corona de Aragón lucharon contra Felipe V en defensa de los fueros, no para separarse de España, sino para imponer el fuerismo al resto del país. Lucharon, perdieron, y se produjo lo que los fueristas temían: los Decretos de Nueva Planta acabaron con los fueros aragoneses de un plumazo. 

Los aragoneses, y en especial los catalanes, fueron heroicos en su lucha, pero no muy inteligentes: vascos y navarros, que colaboraron con Felipe V, conservaron sus amados fueros.

Otra paradoja es que los fueros mantuvieron estancados a vascos y navarros, mientras que su abolición «benefició insospechadamente» a los catalanes, como escribió Vicens Vives. Cataluña creció económicamente durante el XVIII y se despegó del resto de España gracias a la libertad que le dieron la abolición de los fueros y el acceso irrestricto al mercado español y al americano. Además, la prohibición de importar tejidos de algodón dio alas a la industria textil.

Tras la interrupción de las guerras napoleónicas, Cataluña, protegida tras el arancel español, creó una poderosa industria textil para la que los mercados español y antillano constituyeron el destino casi exclusivo. Los tejidos ingleses, franceses y belgas eran mejores y más baratos, pero el Estado español los mantenía a raya con altísimos aranceles y la represión cada vez más eficaz del contrabando. 

Políticos e industriales catalanes constituyeron el lobby más poderoso en la política española y actuaron con notable unanimidad, anunciando el desorden y la revolución si los liberales rebajaban los aranceles. Políticos y empresarios textiles rogaron, amenazaron y organizaron nutridas manifestaciones durante todo el siglo XIX, y al cabo lograron su propósito: el mantenimiento de la protección a la industria textil.

El economista progresista catalán Laureano Figuerola, primer ministro de Hacienda de la Revolución de 1868, no sólo estableció la peseta como unidad monetaria, sino que introdujo un arancel un poco menos proteccionista que los anteriores; para sus paisanos se convirtió así en un traidor y un renegado. Nunca se lo perdonaron y el odio contra Figuerola se conserva aún entre los historiadores nacionalistas. 

El famoso (segundo) Memorial de Agravios (Greuges) que los círculos político-económicos catalanes presentaron a Alfonso XII en 1885 era principalmente una queja porque los aranceles no eran lo bastante altos.

La burguesía catalana se enriqueció gracias a la protección que le dispensó el Estado español; pero otra paradoja es que, a medida que la brecha entre los ricos catalanes y el resto de España aumentaba, más desprecio sentían aquellos hacia ésta, y más se esforzaban por subrayar sus diferencias culturales y lingüísticas. 

Vino así la llamada Renaixença, el renacer de la lengua y la cultura catalanas. Lo que al principio parecía un movimiento puramente cultural y literario, adquirió caracteres abiertamente políticos cuando llegó el desastre del 98 y se separaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

 Al perderse el mercado antillano, que tan pingües beneficios había rendido a los industriales del Principado, florecieron los partidos «regionalistas», que pronto se hicieron «nacionalistas». (...)"                  (Gabriel tortella, El Mundo, 21/03/16)

La Guerra de Sucesión consistió en la lucha entre las antiguas estructuras osificadas austracistas y un Estado moderno, el borbónico

"Es hegemónica en nuestros días la corriente historicista catalana sobre el siglo XVIII --guerra de Sucesión y absolutismo borbónico-- que representan aquellos historiadores que parten del axioma de que en 1714 perdieron los buenos catalanes, demócratas y modernizadores, frente a una España castellana retrógrada, uniformista y autoritaria. Simplificando: el bando austracista era el bueno y el borbónico era el malo; los catalanes que apoyaron a Felipe V fueron unos traidores (botiflers).

El rey borbón suprimió las Constituciones catalanas, no como represalia por la ruptura por parte de los catalanes del juramento de fidelidad al nuevo monarca en las Cortes de Cataluña de 1701, dicen, sino que el nieto de Luis XIV de Francia ya contaba desde el principio con acabar con el régimen federal y paccionado de la Corona de Aragón, por lo que tenía decidido incumplir sus compromisos de respetar las libertades catalanas, las costumbres y la lengua, y la guerra fue sólo una excusa para ejercer la represión.

 Las Constituciones de raíz medieval, aunque deterioradas, seguían siendo plenamente útiles y apropiadas para que Cataluña alcanzara la modernidad y el progreso económico, y la Casa de Austria las iba a seguir respetando, argumentan.

En cuanto a la recuperación económica que experimentó el Principat durante el siglo XVIII, en opinión de esta corriente de historiadores, no debe nada al reformismo de los ministros borbónicos, sino que se debía, única o principalmente, al esfuerzo y la iniciativa de los emprendedores catalanes.

 Si acaso, las reformas borbónicas fueron a remolque de la prosperidad catalana, cuyo despegue había empezado bajo el último rey de la Casa de Austria (Carlos II). 

Los hay quienes dudan incluso de que la decisión del borbón Carlos III de abrir los mercados americanos a los ciudadanos de la Corona de Aragón fuera tan significativa como se había creído para esa recuperación de la economía catalana que la situó a la vanguardia de España.

Esta visión filoaustracista de la historia de Cataluña es la que alimenta al nacionalismo catalán y, en particular, al soberanismo independentista de nuestros días. Ahí están los fastos del tricentenario y el enfoque del museo del Born. 

Aunque los autores son en muchos casos de izquierdas, coinciden en sus conclusiones e interpretaciones con políticos conservadores como Jordi Pujol y Enric Prat de la Riba, que las han utilizado como guías para su actuación política.

Pero no todos los historiadores de Cataluña lo ven exactamente así. Es el caso, entre otros, de Pierre Vilar, Carlos Martínez Shaw, Ricardo García Cárcel, Roberto Fernández y Manuel Peña Díaz. Martínez Shaw, historiador sevillano radicado durante muchos años en Catalunya (fue profesor en la Facultad de Historia de la UB, a cuyas clases asistí) parte de una metodología marxista heredada del gran historiador francés Pierre Vilar (Catalunya dins l'Espanya moderna).

Para el autor hispalense el absolutismo reformista de los borbones representaba una corriente racionalista y modernizadora dentro de la historia universal, que ayudó a progresar a una monarquía que los Austria habían dejado malparada. 

Y aunque sitúa en la propia sociedad catalana al principal protagonista de los avances y prosperidad del siglo, opina que el reformismo racionalizador desde Felipe V hasta Carlos III fue favorable en bastantes aspectos a los intereses de la sociedad catalana a pesar de la Nueva Planta.

El crecimiento de las fuerzas productivas y la creatividad cultural --pese a los intentos, constantes aunque finalmente fallidos, de castellanizar el país marginando la lengua catalana-- se logró pese a haber perdido la organización política tradicional de la Corona de Aragón, foral y democrática aunque estamental. Un sistema que, escribe Martínez Shaw, era menos idílico de lo que se ha dicho.

Tampoco cree que el pretendiente austríaco hubiera sido un monarca menos absoluto que Felipe V. No cree que Felipe V tuviera desde el principio la intención de acabar con el sistema político de la monarquía compuesta o federal de los Austria, sino que fue una venganza (en todo caso excesiva e irracional, porque había sido una guerra civil y no una guerra entre reinos) por la ruptura del juramento de fidelidad de las Cortes de Cataluña.

 Una ruptura que Martínez Shaw atribuye a los intereses de una parte de la burguesía comercial barcelonesa que deseaba eliminar la competencia francesa y aliarse políticamente con ingleses y holandeses, más proclives a sus intereses de libre comercio y a su visión geopolítica de España. 

Por el contrario, la opción borbónica era levantar una monarquía fuerte que garantizara mejor los mercados propios, asegurara en exclusiva los mercados coloniales y reforzara a la incipiente industria textil catalana. 

Años atrás Pierre Vilar había escrito que los organismos tradicionales de autogobierno destruidos por la Nueva Planta eran "a menudo decadentes, osificados, que no representan sino unas oligarquías atrasadas y tradicionales, no creadoras, y vinculadas a veces a puros privilegios de precedencia". Y en otro momento escribió:

 "Considerada desde una perspectiva amplia y lejana, la Guerra de Sucesión consistió de hecho en la lucha entre aquellas antiguas estructuras y un Estado moderno que pugnaba por implantarse". 

Para Vilar, el crecimiento económico catalán en el XVIII se debió a diversos factores: la expansión económica internacional, la recuperación económica autóctona iniciada a finales del XVI, la acción emprendedora de la sociedad catalana y también el reformismo absolutista, que no hay que confundir con el centralismo político."               (Carlos Pastor, Economía Digital, 17/12/2014)

Felipe VI y la foralidad

"(...) Por foralidad en la actualidad debemos entender dos cuestiones mayores: una y principal, el régimen de conciertos; la otra es la peculiar arquitectura política según la cual la autonomía comparte derechos históricos con los tres territorios que la conforman. Pues bien, ninguna de estas dos realidades fue obra del nacionalismo.

Tras la abolición foral, fueron los fueristas llamados transigentes, por colaborar con el régimen canovista desde las nuevas diputaciones provinciales, quienes pusieron en marcha en 1878 el sistema de conciertos que conocemos hoy. Y lo más significativo del caso es que, hasta la Guerra Civil, en ninguna renovación del Concierto intervinieron nacionalistas. 

Con decir que en la última negociación de ese periodo, la de 1926, quien peleó duro en Madrid por Bizkaia fue el entonces presidente de su Diputación provincial, Esteban Bilbao Eguía, luego ministro de Justicia con Franco y presidente de las Cortes franquistas durante veintidós años…

Desde el inicio de la Transición, en cambio, los conciertos económicos pasaron a ser gestionados por el nacionalismo, lo cual afectó a los Fueros en su conjunto de una manera drástica: fue su propio significado el que quedó condicionado por la interpretación nacionalista, hasta el punto que, de los dos pilares de la foralidad, el pueblo vasco reunido en asamblea de sus representantes, por un lado, y el Señor o Rey jurando fidelidad a lo que allí se dirimiera, por otro, el nacionalismo decidió suprimir la figura del Rey o Señor, como si fuera un añadido innecesario, exógeno e impuesto al sistema político foral. 

Más aún: consideró que los Fueros no fueron lo que de por sí eran, normas de gobierno pactadas entre los apoderados y el Señor o Rey, sino códigos nacionales de soberanía.

Hoy todavía cualquier nacionalista afirma sin dudar que hasta la ley foral de 1839 los territorios vascos eran independientes absolutamente. Son tantas las pruebas en contrario que no tenemos espacio para enumerarlas. 

Por poner una: ¿cómo se entiende, si las provincias vascas hubieran sido independientes antes de 1839, lo que les pasó unas décadas antes, concretamente en los años 17931795, con motivo de la Guerra de la Convención, cuando fueron invadidas por la Francia revolucionaria y España, para recobrarlas, tuvo que firmar la Paz de Basilea, cediendo la parte española de la isla de Santo Domingo y asumiendo exacciones económicas onerosas? 

Pero, aun así, lo que más llama la atención, en todo este tema de la foralidad, es que nadie se haya preocupado de leer con calma, aparte sus cuatro tópicos archisabidos, lo que escribió el fundador del nacionalismo sobre el fuerismo de su tiempo, el que él vivió tras la abolición foral: Sabino Arana Goiri lo rechazaba sin contemplaciones. Porque la foralidad era el modo de ser vasco en España. 

Desde Sagarmínaga, líder fuerista intransigente, hasta los hermanos Echegaray, pasando por quienes escribían en la revista ‘Euskara’ de Pamplona, o en la revista ‘Euskal-Erria’ de San Sebastián, hasta el propio Trueba; ningún fuerista consideraba los Fueros como códigos de soberanía, sino como el encaje natural de los territorios vascos, la patria chica, en el seno de la Monarquía hispánica, la patria grande.

La historiografía vasca del inicio de la Transición, justo por la época en la que los anteriores Reyes visitaron por primera vez de modo oficial el País Vasco en 1981, elaboró la primera teoría consistente sobre el origen del nacionalismo, presentándolo como continuación exacerbada del fuerismo. 

Pero lo que significó, para entonces, un gran avance en el conocimiento sobre el tema contribuyó indirectamente a reforzar aún más al nacionalismo en su utilización espuria de la foralidad. Hoy estamos en condiciones de refutar dicha teoría por la sencilla razón de que es incompatible con la obra del fundador del nacionalismo, donde lo que hay es una ruptura explícita con la tradición foral.

Lograr el encaje de los derechos históricos en la Constitución de 1978, a través de la Disposición Adicional Primera, quedará para siempre en el haber del nacionalismo vasco. Pero, a partir de entonces, la exclusividad con la que manejó la foralidad le llevó sin remedio a intentar desmantelar el significado histórico de los Fueros. 

Rescataron un decreto del lehendakari Aguirre que eliminaba del escudo oficial vasco «los atributos de institución monárquica o señorial», dejando el escudo de Bizkaia sin los lobos de la casa de Haro y el de Gipuzkoa sin la figura del Rey. 

Y decidieron en 1986, por norma foral, que Bizkaia dejara de llamarse oficialmente Señorío. A lo que no llegaron aún es a quitar los cuadros de los primeros 26 Señores de Bizkaia, que ilustran el salón de plenos en la Casa de Juntas de Gernika. Así que, cuando el Rey Felipe VI la visite por primera vez, también como Señor de Bizkaia, título que él sí sigue ostentando, quizás pueda contemplar todavía allí a sus ancestros."                 (PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO, EL CORREO – 27/06/14, en Fundación por la Libertad)

Para tener el poder en Euskadi hay que asumir que los apellidos son la seña de identidad vasca por antonomasia. los vascos votan más a los políticos con apellidos euskéricos

"(...) El Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, por ejemplo, alberga todos los expedientes de hidalguía vizcaína concedidos entre 1526 y 1864: son 2.487. El genealogista guipuzcoano Juan Carlos Guerra compuso en 1923 un libro clasificándolos por orden de apellidos. 

Los hay euskéricos en sus dos terceras partes y el resto son o bien mixtos o bien no euskéricos. Quiere decirse que entonces el apellido, ni siquiera siendo euskérico, suponía por sí solo la hidalguía: había que demostrarla, y esta consistía en no tener antecedente judío, moro o de hereje, en ser católico sin mancha, para poder ejercer cargos, tanto en Vizcaya como en el resto de posesiones de la Monarquía hispánica.

Los vascos, como es sabido, fueron los que más se esforzaron por demostrarle al poder que la sangre vasca era más limpia que ninguna otra, inventándose la teoría del vasco-iberismo, base de la foralidad: que eran los últimos íberos, nunca sometidos, y el euskera la primera lengua de la península, algo que les otorgó el favor real durante siglos, dentro de los territorios de la Corona española. Fuera de ellos, como es obvio, eso no significaba absolutamente nada para nadie.

Cuando al calor de la primera industrialización, a finales del siglo XIX, empezaron a llegar en masa españoles, la inmensa mayoría sin ningún apellido vasco, fue la ocasión propicia para escoger el apellido como marcador de identidad y los primeros nacionalistas, ignorando u ocultando que la Casa de Juntas de Gernika certificaba la hidalguía sobre religión y no sobre raza, convirtieron los apellidos en distintivo racial y, cuando no, étnico. 

De cómo esta irracionalidad social se mantuvo entre nosotros hasta hoy tiene mucho que decir nuestra desgraciada historia contemporánea, con guerra civil, más industrialización, más inmigración y mucha ignorancia sobre nuestro propio pasado.

La estadística más solvente al respecto, la de José Aranda, da cuatro millones de españoles con uno de sus dos primeros apellidos euskérico, el doble de todos los habitantes de la CAV. 

Lo que pasa es que aquí están más concentrados y hay gente que tiene muchos más que dos, aunque, no obstante, solo el 20% de los vascos tiene los dos primeros euskéricos, mientras un 30% solo tiene uno y el resto, la mitad, ninguno. Entonces, ¿cómo se explica que en el Parlamento vasco actual, de sus 75 miembros, 50, dos tercios del total, tengan el primer apellido euskérico y nada menos que 36, casi la mitad, tengan los dos?

La conclusión es evidente: los vascos votan más a los políticos con apellidos euskéricos. Y no necesariamente por quien los porta, sino por lo que simbolizan. Los apellidos euskéricos constituyen el meollo de la singularidad vasca, su principal patrimonio histórico y cultural, y la clave de todo el entramado institucional, político y económico de Euskadi.

 Quienes han estado casi siempre en el poder lo saben perfectamente y es por ello que en el Parlamento vasco son los partidos nacionalistas quienes presentan, con diferencia, y desde el inicio de la Transición, un porcentaje de apellidos euskéricos en sus candidatos desproporcionadamente alto respecto de la base sociológica vasca, la misma que mayoritariamente les vota. 

Y de entre ellos, la llamada izquierda abertzale bate récords, desde 1980, con parlamentarios de apellidos euskéricos, más que los jeltzales. En cambio, candidaturas que reflejan de modo más fiel la realidad apellidística vasca, como las no nacionalistas, no consiguen por eso premio electoral.

Dicho de otra forma: para tener el poder en Euskadi hay que asumir que los apellidos son la seña de identidad vasca por antonomasia, la distinción colectiva que nos beneficia a todos.

 El monopolio nacionalista se ha conseguido, simple y llanamente, presentando más candidatos con apellidos euskéricos que los demás, y por ahí se han apropiado del euskera y de la historia vasca, ante un socialismo siempre a remolque cultural del nacionalismo, y ante el desistimiento de la derecha, que consiente, de modo suicida e inexplicable, que toda su cultura foral legendaria haya pasado en su integridad tanto al nacionalismo moderado como también a la izquierda abertzale."           (PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO, EL CORREO 23/03/14, en Funcación para la Libertad)

Los catalanes y los vascos nos roban desde el siglo XVIII

"La actual polémica vasco-cántabra es la últimamanifestación de un fenómeno que viene repitiéndose desde hace más tiempo del que parece. Los antecedentes más inmediatos son los privilegios fiscales vascos que, en forma de exenciones y subvenciones, provocan pleitos con las regiones limítrofes y el concierto económico, herida mal cicatrizada de la última carlistada.

 Pero el asunto viene de atrás. Ya en el siglo XVIII, con los puertos de Santander y Bilbao compitiendo por el comercio con Europa y América, el régimen fiscal vizcaíno perjudicaba a unos comerciantes montañeses –y asturianos y gallegos– que debían pagar impuestos de los que sus vecinos orientales se encontraban exentos. 

Cuando se modernizaron las carreteras que enlazaban la meseta con el puerto santanderino, las obras se vieron a menudo obstaculizadas por los influyentes funcionarios vizcaínos de Madrid, como en el siglo XX sucedería con el Santander-Mediterráneo.

Tras la Primera Guerra Carlista, y a pesar de la derogación de la mayor parte del régimen foral, la activa burguesía de los puertos cantábricos de derecho común contempló con preocupación la pervivencia de algunas exenciones fiscales. 

Denunciaron, por ejemplo, que muchos comerciantes vascos se aprovechaban de la ausencia de impuestos para, en vez de dedicar esas mercancías al autoconsumo, distribuirlas fraudulentamente por el resto del reino en condiciones inalcanzables para los importadores que sí debían pagar impuestos. 

 En 1839 aparecía en Santander ‘El Vigilante Cántabro’, periódico dedicado a la denuncia del abuso de los fueros vascos.Durante tres años publicó numerosos casos de  contrabando y fraudes a la hacienda pública realizados al amparo de las normas forales.

En 1876, al concluir la última guerra carlista, el debate foral se reavivó en toda España, si bien fueron las provincias limítrofes a los territorios aforados las que más insistentemente hicieron oír su voz: las ciudades portuarias gallegas, asturianas y montañesas, las provincias de Logroño y Zaragoza, y, en cabeza, Santander y su alcalde López-Dóriga.

Las instituciones provinciales montañesas denunciaron que mientras se apelaba a la normativa foral para no pagar impuestos a los que sí estaban sujetos las demás  provincias, se olvidaban las normas perjudiciales –como las que prohibían la salida demetales, que, de haberse aplicado, habrían impedido a los industriales vascos exportar el producto de sus minas y desarrollar su flota mercante– o se reclamaba la prestación de servicios lógicamente no existentes en los medievales tiempos de la redacción foral  –ferrocarril, telégrafo, etc.– pero sin contribuir al Estado por ellos. También algunos ayuntamientos participaron en el debate. 

El de Castro, por ejemplo, elevó a las Cortes una exposición avalada por miles de firmas: «Los que suscriben, vecinos de Castro Urdiales, verían con honda pena la subsistencia y continuación de los privilegios de las provincias vascas. 

Hagan los representantes de la Nación que concluya de una vez para siempre el organismo ymodo de ser de esas provincias y que igualándolas con las demás de España coadyuven a sobrellevar las cargas del Estado en la misma proporción».

Con Cataluña sucedió algo similar, pues la historia de la economía española del siglo XIX y buena parte del XX es la historia del arancel. En 1837 Stendhal escribió sobre los catalanes que «estos señores quieren leyes justas, con la excepción de la ley de aduanas, que debe estar hecha a su antojo. 

Los catalanes exigen que cada español que usa telas de algodón pague cuatro francos al año porque en elmundo hay una Cataluña. Es preciso que el español de Granada, Málaga o La Coruña no compre, por ejemplo, los tejidos de algodón ingleses, que son excelentes y cuestan un franco la vara, y se sirva de los tejidos catalanes, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara». 

Los mayores beneficiarios de la política proteccionista gubernamental fueron los industriales vascos y catalanes, que se aseguraron la cautividad del mercado español al precio de perjudicar  el comercio internacional y la industria de otras regiones. 

Así lo reconoció uno de los padres del catalanismo, Valentín Almirall, al escribir que «nuestra gran industria no puede vivir sin una atmósfera artificial arancelaria».

 Blasco Ibáñez denunció en 1907 la miseria de Valencia «por culpa de Barcelona, que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir toda España en huevo para tragarse hasta la cáscara.Valencia muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcaínos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales». 

Lamentablemente ha transcurrido otro siglo y estos viejos problemas, aunque con ropajes distintos, siguen sin resolverse. Contra las previsiones de los redactores constitucionales, que lo vendieron como la panacea sin posibilidad de discusión, la última fuente de desigualdad entre  spañoles es el neofeudal Estado de las Autonomías, que ha conseguido de nuevo que las diversas tierras de España se miren como competidoras en vez de como colaboradoras.

Y luego pasa lo que pasa. "               (EL DIARIO MONTAÑES 03/01/14, JESÚS LAINZ, en Fundación para la Libertad)

El decreto de Nueva Planta "echó por la borda del pasado el anquilosado régimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón"

"(...). Los borbones llegan a España. Y, según afirma Feliu de la Peña refiriéndose a Cataluña, "consiguió la Provincia cuanto había pedido" y las constituciones de la época "fueron las más favorables que había conseguido la Provincia". 

Se recopilan las Constitucions i altres drets, Barcelona alcanza el estatuto de puerto franco autorizado a comerciar con América y se implementan exenciones fiscales. 

Una época de recuperación que topa con la Guerra de Sucesión al trono de España: la coalición antiborbónica bloquea el Mediterráneo y ahoga el tráfico comercial con lo que ello supone para Cataluña.

 Es entonces cuando los diputados catalanes, después de negociar con la coalición antiborbónica, cambian Cataluña de bando. ¿Una guerra nacional? ¿Una guerra de Cataluña contra la imposición castellana de un Rey extranjero? Dejando a un lado que los dos reyes eran extranjeros, resulta plausible que estamos ante un conflicto -de consecuencias personalmente dramáticas- originado por la infidelidad de la oligarquía local. 

El bando de Rafael Casanova llamando a defender la ciudad de Barcelona habla de "derramar gloriosamente su sangre y su vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España".

10. El decreto de Nueva Planta, en palabras de Jaume Vicens Vives, "echó por la borda del pasado el anquilosado régimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón.

 Este desescombro benefició insospechadamente a Cataluña, no solo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y los libró de las paralizadoras trabas de un mecanismo legislativo inactual, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía". (...)"         (Miquel Porta Perales, Crónica Global, Jueves, 12 de diciembre de 2013)

En 1714 no lucharon España y Cataluña, sino los Borbones contra los Habsburgo

"Como historiador catalán me parece obligado que nos preguntemos sobre por qué acontecimientos ocurridos en 1714, hace nada menos que 300 años, pueden adquirir una importancia tan desmesurada en la actual coyuntura política catalana.

 Lo primero que resulta llamativo es que lo que se expresa pluralmente en mi país no coincide en absoluto con el estado mental del resto de españoles, donde la urgencia de cambios en la estructura del Estado no se contempla como necesidad agónica. (...)

¿Cómo leer entonces el significado y la relevancia de 1714, si es que todavía la tiene? No se me ocurre manera mejor de hacerlo que recordando algunas de las constataciones elementales que se desprenden de la mejor bibliografía. En primer lugar, que la Guerra de Sucesión a la Corona española no fue un conflicto entre Cataluña y España —ni entre Cataluña y Castilla—, sino entre dos propuestas dinásticas de alto nivel, la de los Borbones y los Habsburgo, ambas con sus aliados externos y sus partidarios dentro de la Monarquía hispánica. 

Aparte de rivalizar por el poder en Europa existía, además, el propósito de controlar el enorme legado de las posesiones americanas de los Habsburgo españoles. La estrecha alianza que se formó entre uno de los contendientes y el partido austriacista catalán —a pesar de que en 1701-1702 Felipe V hubiese renovado su pacto con las Constituciones—, así como la endeblez de la alianza internacional en torno al archiduque Carlos, dejó al final a los catalanes en una posición desairada.

En este punto son necesarias dos precisiones: que fue, en primer lugar, toda la vieja Corona de Aragón la que perdió sus Constituciones particulares, un hecho de gran relevancia para sociedades asentadas en tradiciones legales centenarias que les conferían personalidad jurídica. 

 En el caso de Cataluña, además, la Nueva Planta borbónica añadió medidas de innegable carácter represivo, a menudo, brutales. Toda la fanfarria de la modernización del Estado por los Borbones (ahí España solo figura por elevación) es muy ajena a lo que estamos relatando. Aquello fue un puro ejercicio de autoridad brutal, como solía ser en la época. 

En segundo lugar, el modelo que se impuso —que respetó el derecho civil, el pacto implícito con los partidarios de Felipe V en Cataluña— nada tuvo que ver con la dinámica francesa, donde a pesar de los levantamientos nobiliarios —como la Fronda— y el avance de la centralización administrativa, persistía un complejo equilibrio entre el viejo sistema de representación en Estados y la justicia real parisiense.

 En aquella coyuntura, lo que estaba en juego era la continuidad de las viejas formas de la Monarquía hispánica como Estado compuesto (en términos de Elliott), basado en gran medida en complejas fórmulas de equilibrio y, por lo general, de respeto escrupuloso a los derechos privativos y los progresos de un Leviatán moderno que empezaba a asomar la cabeza. 

Lo que sucedió en Cataluña en 1714 tiene sus precedentes en la represión en Portugal para garantizar su plena incorporación a la Monarquía en 1580 o en la fracasada ocupación de los Países Bajos, así como en el episodio igualmente fallido del conde duque de Olivares de 1640. 

La tradición de los Austrias se veía dominada por dos pulsiones: la de sumar y conservar territorios y la de afirmar la supremacía del poder monárquico sobre los cuerpos particulares. Ambos desarrollos estuvieron muy presentes tanto en el reino de Francia como en el Imperio de los Habsburgo vieneses. (...)"         ( Josep Maria Fradera , El País, 17 DIC 2013 )

A partir de 1714 Cataluña vivió un periodo de crecimiento no conocido hasta entonces.

"(...) - Los nacionalistas de hoy nos hablan mucho de 1714, pero no de lo que sucedió después.

 

El Decreto de Nueva Planta, a pesar de abolir los fueros y derechos seculares del Principado, tuvo también efectos muy beneficiosos para Cataluña: Hasta ese momento, Cataluña fue una tierra pobre -la podríamos comparar al actual sur de España, para entendernos- pero a partir de 1714 Cataluña vivió un periodo de crecimiento no conocido hasta entonces. 

Gracias al Decreto de Nueva Planta, se anularon las fronteras arancelarias en la Península y los habitantes de la antigua Corona de Aragón accedieron a un mercado cuatro veces superior, pasando de 1,5 millones de habitantes a 7,5. Testimonios de la época nos cuentan cómo marineros catalanes faenaban en Galicia, o comerciantes catalanes adquirían lana y otras materias primas en Castilla, o vendedores catalanes ofrecían todo género de algodones y sedas en Badajoz… Cosa desconocida hasta entonces.

El siglo XVIII fue de gran prosperidad y crecimiento para Cataluña. Autores nacionalistas como Soldevila o Rovira y Virgili reconocen -aunque no pueden entender- los recibimientos entusiastas que los Borbones recibían cada vez que viajaban a la Ciudad Condal. Incluso, Carlos IV fue recibido en Barcelona en medio de un delirio popular. El bienestar que trajeron los despóticos Borbones suplió todo recuerdo de la amarga derrota.

Como curiosidad histórica -de esas que TV3 nunca contará- podemos recordar que Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, encomendó a catalanes su “guardia pretoriana”, su protección personal. En 1731, Felipe V formó la Compañía de Granaderos Reales, encomendada al catalán Bernardino Marimón. Insignes familias catalanas se encuentran entre la oficialidad de este cuerpo: Marimón, Azlor , Alós, Amat, y militares como Junyent Bergós -levantador del Regimiento de Barcelona- o Joaquín Bru Sampsó.

 El origen de este excepcional cuerpo al servicio de Felipe V está en el apoyo inicial de los catalanes al Rey antes del inicio de la Guerra de Sucesión: entre 1702 y 1703 se formaron en Cataluña cuatro regimientos de infantería y dos de dragones: de los regimientos de dragones surgirían los hombres que nutrirían años después, tras la Guerra, la guardia personal de Felipe V.

 Lo más irónico de esta cuestión es que del Cuerpo de Granaderos de Felipe V, propiamente catalán, acabaría surgiendo un himno que se acabaría convirtiendo en la Marcha Real y después en el himno de España."                (Entrevista a Javier Barraycoa, Mites i mentides del nacionalisme català, 17/11/2013)

Los Conciertos fueron una institución creada por el régimen liberal, no una tradición secular

"Tampoco puede sostenerse que los Conciertos fuesen devolución de alguna soberanía de referencia foral. No hubo tal. Nacieron el 28 de febrero de 1878, por un decreto del denostado Cánovas, que fue su principal mentor. El 21 de julio de 1876 habían sido abolidos los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El entonces presidente del Gobierno quiso satisfacer así a los liberales vascos, que habían combatido a los carlistas y se habían opuesto a la abolición foral. 

Pero los Conciertos no mantuvieron parte de la foralidad, sino que crearon un nuevo sistema. Permitieron a las Diputaciones vascas una autonomía económica y administrativa mucho mayor que los fueros, pero muy distinta, por lo que no pueden considerarse su supervivencia. Y los reguló un decreto, ni siquiera una ley, lo mínimo para «devolver» soberanías.

Los Conciertos fueron una institución creada por el régimen liberal, no una tradición secular. Otra cuestión es que se justificara por la abolición y que los fueristas los legitimaran después con apelaciones a la tradición foral no del todo justificadas.

El presidente del EBB presenta los Conciertos como producto de «un pacto entre iguales»: la idea es totalmente nueva, nunca se había enunciado. El Concierto no nació de ningún acuerdo, no hubo negociación alguna.

 En su versión histórica se defendió el Concierto como sucedáneo de un derecho histórico, por su eficacia, y por el apoyo social que alcanzó. Nunca como un pacto, pues a todas luces no lo era y nunca los liberales (o los nacionalistas, en su momento) lo pretendieron. Les hubiera concedido una entidad que no encajaba con las reivindicaciones fueristas.

Tampoco en la Transición, cuando fueron restaurados los de Vizcaya y Guipúzcoa, fueron objeto de una negociación cuyo resultado se presentara como un pacto entre iguales, mucho menos como el punto clave de la inserción del País Vasco en España.

 «La única soldadura entre Euskadi y el Estado español es el Concierto»: esta idea de Ortuzar es también nueva. Incluso revolucionaria, en términos históricos, no sólo políticos. Jamás la había expresado nadie, ni siquiera el PNV, que en su momento (y después hasta este junio de 2013) presentó la recuperación del Concierto como la de un derecho histórico: jamás como fruto de un pacto, mucho menos como ‘la soldadura’ Euskadi-Estado.  (...)

Retoma un mecanismo argumental característico del PNV, que suele presentar sus grandes reivindicaciones no como consecuencia de una voluntad rupturista sino como respuesta a incumplimientos de la otra parte. Desde este punto de vista la legitimidad soberanista reside en que España no cumple sus acuerdos con los vascos, lo que les libera de sus compromisos. Que tales pactos sean imaginarios no cuenta a este respecto.

Era el esquema de Sabino Arana. Reivindicaba la independencia asegurando que España había roto un presunto pacto foral, cuyo origen no documentado se pierde en la noche de los tiempos míticos, como buen axioma ideológico. La traición antiforal legitimaría la independencia.

Esta argumentación básica se ha repetido sucesivas veces. Hacia 1997, ayer, los reclamos soberanistas aseguraban que la otra parte, España, no cumplía con el «pacto estatutario», por lo que cabía echarse al monte. ¿Ahora este papel corresponde al Concierto? De nuevo la ruptura sería una responsabilidad ajena.

El mecanismo legitima con la historia cualquier iniciativa drástica, pero dificulta el debate político. El Estatuto, el Concierto, lo mismo que los fueros, quedan definidos doctrinalmente y sacralizados como pactos imaginarios entre iguales. Así concebido, el ‘pacto’ sirve para justificar rupturas.

Nunca hay noticias de lo contrario, de que se argumente que se cumplen acuerdos, por lo que se acaban las aventuras."            (MANUEL MONTERO, EL CORREO 22/06/13, en Fundación para la Libertad)