Una Cataluña independiente nacería ahogada por una deuda de 155.000 millones de euros... aplicando el histórico dictamen del Tribunal Supremo canadiense sobre la independencia de Quebec y el reparto de las deudas

"De aplicarse aquí la fórmula constitucional diseñada en Canadá para una eventual secesión de la región francófona de Quebec, el espejo en el que desde hace varias décadas se miran los soberanistas catalanes, la Generalitat tendría que negociar con Madrid el reparto de la deuda pública española antes de separarse.

 Y según se desprende de los últimos datos del Banco de España, el Estado de Cataluña nacería asfixiado financieramente, con una deuda superior a los 155.000 millones de euros.

El más reciente boletín estadístico del Banco de España es concluyente. La deuda del conjunto del Estado se eleva en la actualidad a 804.000 millones de euros, de los que 617.000 millones corresponden a la Administración central, 150.000 a las comunidades autónomas y 36.000 a los ayuntamientos.

La deuda de Cataluña, por su parte, asciende a 44.000 millones, a los que hay que sumar otros 111.000 que le corresponderían por su peso -el 18% de cuota- en la economía española.

Esas cifras significan que, para alcanzar la independencia, Cataluña debería asumir antes una deuda pública de 155.000 millones euros, lo que, según varios expertos financieros consultados por El Confidencial, "obligaría a la Generalitat a elevar brutalmente los tipos de interés para poder financiarse en los mercados. Nacería con el cien por cien de deuda pública y se quedaría fuera de la moneda única. Sería un país prácticamente inviable".

Como sostiene Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, "el divorcio sería carísimo y con unos costes económicos inasumibles en tiempos de crisis. Habría que subir los impuestos para crear un Ejército, embajadas, federaciones deportivas...

 Y además, ¿cómo se repartiría la Seguridad Social, y los fondos de depósito, y las garantías salariales comunes? Harían falta normas o tratados que tardarían lustros en aplicarse, sin que los ciudadanos percibieran sus pensiones durante años, como ya ha pasado entre Serbia y Kosovo". (...)

CiU, ERC y el movimiento independentista catalán siempre han sentido admiración por el encaje del modelo secesionista quebequés en la Constitución canadiense, que fue resuelto en 1998 por la Corte Suprema de Canadá. 

Ésta emitió un histórico dictamen, a instancias del Gobierno federal entonces presidido por Jean Chrétien, en el que señalaba que "un voto que suponga la existencia de una mayoría clara en Quebec en favor de la secesión, en respuesta a una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la federación tendría la obligación de reconocer". 

En otras palabras: el alto tribunal reconoce al pueblo de Quebec el derecho a expresar en las urnas su voluntad de seguir formando parte de Canadá o convertirse en un Estado soberano, y advierte al Gobierno y a las demás provincias que forman la federación de que, si triunfa el sí, estarán obligadas a reconocer el resultado. 

Las únicas condiciones para la convocatoria de ese referéndum se resumen en el principio pregunta clara, mayoría clara. Ése es el nucleo de la sentencia. Pero el tribunal advierte a continuación que no le corresponde a él, sino al Gobierno federal y al Ejecutivo quebequés, "determinar en qué consiste una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara". 

Los magistrados, de esta forma, avisaban de que no tolerarían que en un futuro referéndum se repitiese una pregunta tan enrevesada como la formulada a los ciudadanos en 1995: "¿Acepta que Quebec se convierta en un Estado soberano después de ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación política y económica en el ámbito del proyecto de ley respecto al futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?".

La Corte Suprema también advertía que la mayoría a favor del sí o del no debía ser inequívoca, es decir, que no aceptaría una victoria exigua ni de los separatistas ni de los unionistas. El PQ siempre ha considerado suficiente la mitad más uno de los votos, mientras que el Gobierno de Ottawa defiende un margen mucho más amplio.

 

El pronunciamiento del alto tribunal contenía un tercer elemento clave: que la secesión de Quebec, si los independentistas ganaban el referéndum, tendría que ser pactada mediante una negociación política entre las partes. 

"En la medida en que las cuestiones abordadas en el curso de las negociaciones serían políticas", señala la sentencia, "los tribunales, conscientes del papel que desempeñan en el sistema constitucional, no tendrían ningún papel de supervisión que desempeñar". 

Y añadía que esas negociaciones deberían abordar las "eventuales condiciones" de la independencia y los "intereses de las otras provincias, del Gobierno federal, de Quebec y de los derechos de todos los canadienses dentro y fuera de Quebec, y en particular de los derechos de las minorías".

El dictamen de la Corte Suprema, obviamente, no enumera las condiciones que deberían ser pactadas antes de la separación efectiva de Quebec. Pero el Gobierno federal y los ejecutivos de las demás provincias siempre han dejado claro que uno de los elementos esenciales de una eventual negociación política sería el reparto de la deuda pública canadiense, además de otras cuestiones clave como las fronteras del Quebec escindido y los derechos de los pueblos aborígenes que habitan la provincia francófona."          (El confidencial, 20/09/2012)

¿Será Bélgica la siguiente?... en la quiebra del estado...

"Durante tres meses Bélgica ha vivido sin Gobierno, su deuda pública se acerca al 100% del PIB y el diferencial actual de sus bonos a 10 años frente al marco alemán es tres veces más elevado que a comienzos de año. ¿Será Bélgica la siguiente víctima de una crisis de deuda soberana? (...)

Si se diera el segundo escenario, los partidos acordarían mínimas transferencias a las regiones. En virtud de un acuerdo condicional previamente negociado, estas recibirían un total de 15.800 millones de euros para afrontar sus gastos. El punto crítico es la parte de los ingresos fiscales que les correspondería. Este escenario de mínimos encajaría con la cifra máxima del 10% de los impuestos que según los socialistas habría que transferir a las regiones.

En virtud del tercer escenario, el monto para gastos sería el mismo, pero la magnitud de la transferencia fiscal sería considerablemente superior, algo que coincidiría más con las exigencias del NVA, que demanda el 50% de los impuestos. ¿Qué consecuencias tendrían para la deuda pública y para el conjunto del déficit estos dos escenarios descentralizadores? Es esta una cuestión que apenas se ha abordado en las negociaciones actuales.

El problema es que ambos escenarios descentralizadores son fundamentalmente insostenibles. En uno u otro, o bien el Estado federal o bien las administraciones regionales llegarían en algún momento a carecer de recursos suficientes para cubrir sus gastos.Si se diera el escenario dos, el presupuesto del Estado federal podría encontrarse en mejor situación frente a la deuda y para sufragar la seguridad social, pero la parte de ingresos correspondiente a las regiones sería demasiado reducida como para permitirles afrontar la nueva lista de responsabilidades.

Si se diera el escenario tres, el Estado federal podría no ser ya capaz de financiar el resto de sus deberes, es decir, el servicio de la deuda belga y el coste de la seguridad social para sus ciudadanos. Las perspectivas de la deuda pública tampoco son halagüeñas, ya que el porcentaje del PIB que consume podría estabilizarse en el escenario dos, pero en el tres probablemente continuara incrementándose. Este deterioro sería más acusado si el crecimiento económico fuera menor y la tasa de interés real más elevada de lo previsto.

La desintegración, que nunca podría ser fruto de un acuerdo amigable entre las regiones, solo sería concebible con un mediador externo. Si se llegara a un acuerdo de disolución del país, evidentemente, este comportaría la transferencia de todos los gastos y la capacidad impositiva a las regiones. Menos claro está qué ocurriría con el legado de las deudas pendientes, entre ellas la deuda oculta de la seguridad social. Habría que llegar a algún acuerdo para compartir ese peso.

Otro interesante asunto es el relativo a si Bélgica dejará de existir tal como la conocemos o continuará existiendo con una conformación territorial distinta. Esta segunda posibilidad significaría que una o dos regiones se desgajaran del resto para constituir un nuevo Estado. Recientemente, los francófonos han indicado que Valonia y Bruselas deberían constituir una nueva Bélgica, dejando que los flamencos decidieran si quieren o no separarse de ella. Evidentemente, los flamencos también reclaman sus derechos sobre Bruselas.

Sea cual sea el resultado final, irá precedido de inestabilidad política. Entretanto, los costes del endeudamiento aumentarán, acentuando así el carácter negativo del comportamiento de la deuda, el que se expresa con elevadas tasas de interés real y escaso crecimiento económico.

La posibilidad de que Bélgica sea la próxima víctima de una crisis de deuda dependerá del escenario que acaben eligiendo los belgas. Cualquier escenario descentralizador tendrá un elevado coste político, financiero, o ambos a la vez." (SUSANNE MUNDSCHENK: ¿Será Bélgica la siguiente?. El País, opinión, 16/10/2010, p. 27/8)

Los valones se preparan para el fin de Bélgica

"Siempre ha sido tabú, pero después de tres meses sin Gobierno, los dirigentes políticos francófonos se plantean por primera vez un futuro sin Bélgica. El choque de trenes entre la izquierda predominante en Valonia, la parte sur y francófona del país, y el nacionalismo separatista de la próspera región de Flandes, al norte, ha dejado al país al borde de la quiebra. Sin embargo, es una quiebra política que los ciudadanos belgas no acaban de creerse, acostumbrados a vivir en un país con más crisis de Gobierno que de periodos de estabilidad institucional. (...)

"Debemos empezar a prepararnos para el fin de Bélgica", aseguró la semana pasada Laurette Onkelinx, viceprimera ministra en funciones y una de las figuras más destacadas del partido. "Si no, seremos los que paguemos el pato, No podemos ignorar que, para una gran parte de la población flamenca, la independencia es un anhelo", añadió.

"Quizás estemos entrando en [el proceso de] la organización progresiva de la separación", reconoció, Philippe Moureaux, otro dirigente de los socialistas valones en Bruselas. "¿Qué responsable francófono aceptaría una reforma que pudiera provocar un empobrecimiento de los valones o los bruselenses?", se preguntó Di Rupo hace diez días, cuando tiró la toalla tras siete semanas de negociaciones con las principales formaciones políticas para reformar el país sin desmantelar el Estado.

"No es nuestra misión encontrar un acuerdo a cualquier precio", amenazó, en clara referencia a los flamencos de la N-VA, el partido mayoritario, y el CD&V, los democristianos nacionalistas flamencos del primer ministro en funciones, Yves Leterme.

Fuera del entorno socialista valón nadie duda de que este paso adelante es sólo una estrategia que sale del hartazgo. En otras palabras: un farol para que la atención recaiga sobre Flandes y las ambiciones de poder de sus dirigentes. Pero escindir Bélgica es incluso más difícil que mantenerla unida, y sólo convence en estos momentos a un 14% de los belgas, según los sondeos.

Incluso De Wever, que dirige la gran formación separatista en Flandes, apeló al "sentido de la responsabilidad", insistiendo en que él no busca una escisión inmediata, sino una "evaporación gradual" del Estado de forma natural. Según la mayoría de los economistas, la escisión sería sobre todo perjudicial para Valonia, una región con menos poderío industrial y más desempleados que Flandes. Por otra parte, Flandes no está dispuesta a prescindir de la francófona Bruselas, capital europea y motor económico imprescindible para ambas regiones." (Público, 13/09/2010)

La ruptura de Bélgica tropieza con la enorme deuda del país, el reparto de infraestructuras y el futuro de Bruselas

"Bélgica no se dividirá. Por dos razones", dice muy seguro de sus palabras un antiguo miembro del Gobierno belga que ahora trabaja a escala comunitaria y que por ello pide no ser identificado. "Solo podemos dividir deudas y Bélgica es como dos siameses unidos por la cabeza, Bruselas". La idea del divorcio surge en cuanto se plantea la hipótesis de la ruptura del país. Otra fuente belga, también volcada en el proyecto europeo y también celosa del anonimato, abunda en las dificultades que conlleva: "Para separarse hay que estar mucho más de acuerdo que para seguir juntos". (...)

Dividir deudas es casi imposible". Bélgica tiene ahora una deuda rayana en el 100% del producto interior bruto (y subiendo), de la que el 33% recaería sobre las espaldas de una Valonia que ni quiere la escisión (apenas un 4% de independentistas en un sondeo de la universidad de Lovaina la Nueva) ni está para soportar cargas financieras adicionales.

La imagen de los siameses cuadra a la perfección. Como consecuencia de las cinco reformas institucionales ya realizadas desde la que en 1970 otorgó a Bélgica un régimen federal, Flandes y Valonia han ido haciéndose cada vez más extrañas entre sí, desarrollando identidades, querencias y necesidades propias que tienen como gran vínculo de unión a Bruselas, motor económico del país, enclavada físicamente en Flandes, pero poblada al 85%-90% por francófonos. Sin Bruselas, que Flandes tiene como capital, la independencia del norte carece de sentido, según los expertos. "Es imposible separar a los siameses", concluye la fuente, partidaria de entablar en serio la negociación de la sexta reforma, la que ha de tutelar el próximo Gobierno.

El otro informante, con muy altas responsabilidades en su historia pasada y presente, añade a esas dos circunstancias una tercera, la de las dificultades de repartirse las infraestructuras del país, desde los ferrocarriles a las telecomunicaciones o las autopistas. "No creo que Bélgica salte por los aires", dice escépticamente. (...)

En la librería Once Upon a Time de la francófona Linkebeek, donde los libros en neerlandés ocupan una corta balda, Carol Aspinwall, la librera, dice: "No veo cómo puede dividirse Bélgica. Ya hemos vivido muchas crisis antes y seguimos juntos". Pero no las tiene todas consigo. "Está claro que De Wever quiere desmantelar el país. Así que habrá que estar muy vigilantes. Hay mucha incertidumbre. Miedo. Prefiero ser optimista". Hace unos días su hija, de 13 años, le preguntó: "Mamá ¿nos vamos a tener que marchar de aquí?".

El flamenco Mark de Maeyer, director de la casa de la cultura De Moelie, en Linkebeek, no cree que desaparezcan las facilidades para que los francófonos se manejen en su lengua: "Aquí hay muchos. Tenemos que vivir juntos. No hay alternativa. Seguiremos como se ha hecho siempre". (El País, Domingo, internacional, 20/06/2010, p. 3)