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14/2/22

Piketty: la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal

  " (...) En España le ha dedicado un capítulo al independentismo catalán.

Creo que el problema político en Catalunya es muy complejo, no tengo dudas de que los motivos políticos del independentismo son muy variados pero me llamó la atención la adhesión de rentas altas al movimiento independentista y su excesivo discurso contra la solidaridad fiscal. 

No soy contrario a la descentralización política pero la cesión a administraciones regionales de parte del impuesto sobre la renta ha provocado una competencia fiscal entre regiones como ocurre entre países en Europa, donde hay una ausencia total de solidaridad fiscal y donde se intensifica una relación perniciosa entre frontera y propiedad. (...)"   

(Entrevista a Thomas Piketty, Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 14/12/19)

13/5/21

La OCDE apuesta por una armonización fiscal entre autonomías... para evitar el paraíso fiscal vasco o madrileño

 "Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. 

Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. 

En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial"      (Nacionalismo de andar por casa, 10/12/20)

"La OCDE expresó ayer su respaldo a la política fiscal del Gobierno. 

“Se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o patrimonio que podrían promover la migración [cambio de residencia fiscal]”.

Así se expresó Sarah Perrett, economista de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y principal autora de un estudio publicado ayer titulado Inheritance Taxation in OECD Countries , tras ser preguntada por este diario sobre el caso de la singularidad del régimen fiscal de la Comunidad de Madrid.

La institución con sede en París, tras examinar las peculiaridades tributarias de la capital, recomienda una armonización fiscal en España. Su informe recoge en la página 57 una investigación de finales del pasado mes de noviembre que ya adelantó este diario en exclusiva. En concreto, el organismo cita la investigación elaborada por los economistas David Agrawal (Universidad de Kentucky), Dirk Foremny (Universidad de Barcelona) y Clara Martínez-Toledano (Escuela de Negocios de Columbia) publicada por el IEB (Institut d’Economia de Barcelona).

 “En España, Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano (2020) encuentran evidencia de personas adineradas que acudieron en masa a Madrid tras la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio neto en 2011, siendo Madrid un paraíso fiscal interno con un tipo impositivo del 0%.[Los autores] han encontrado que cinco años después de la reforma el stock de personas adineradas en la región de Madrid aumentó en un 10% en relación con otras regiones”, señala la OCDE al mencionar el trabajo.

 “Solo estamos citando un estudio que discute el tema o las diferencias regionales, y esto no refleja ninguna opinión por parte de la OCDE de que Madrid sea un paraíso fiscal”, precisa Sarah Perret. Para luego añadir: “El punto que se destaca es que cuando estos tipos de impuestos son regionales, los riesgos de que se produzca una migración motivada por los impuestos se vuelven mayores. Para ello, se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o el patrimonio que podrían promover la migración”.  (...)

En realidad, la OCDE, tal como explica Perrett, recoge el caso madrileño para explicar cómo el contribuyente es sensible a ciertas figuras tributarias, como por ejemplo el impuesto sobre la renta o de patrimonio, a la hora de decidir si traslada su residencia fiscal por motivos de conveniencia fiscal. De ahí que considere conveniente una homologación territorial.

En cambio, para esta institución, un impuesto de sucesiones no causaría este tipo de desplazamientos. Es una de las razones por las que aboga para intervenir con esta figura fiscal que considera no causaría distorsiones. El problema es que, a diferencia de otras autonomías como Catalunya o Andalucía, la Comunidad de Madrid tampoco la aplica al tener una bonificación del 100%. Al respecto, la organización recuerda que, en términos generales, “estas generosas exenciones fiscales benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones”.                (Piergiorgio M. Sandr, La Vanguardia, 12/05/21)

3/12/20

Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria en función de la comunidad en que viven siguen aumentando. Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Y ahora, el 'concierto madrileño': La Comunidad de Madrid ha realizado una política fiscal tan agresiva porque tiene las bases imponibles más altas gracias al 'efecto capital'. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España, pero ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos... por ejemplo, el gasto en sanidad es el más bajo de España

 "El debate sobre la fiscalidad de las diferentes comunidades autónomas cada vez es más frecuente, y hay sobrados motivos para ello. Las desigualdades entre ciudadanos en materia tributaria y de servicios públicos en función de la comunidad en que viven, lejos de corregirse, siguen aumentando. 

Las más profundas son las que generan los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que están al margen del resto del país. También Canarias tiene importantes particularidades, por su condición de insularidad y territorio extraperiférico. Pero tras las palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que condicionó su apoyo a los Presupuestos a acabar con lo que llamó "el paraíso fiscal de Madrid", el debate se centra en el sistema fiscal de la comunidad capitalina.

La Comunidad de Madrid ofrece una fiscalidad muy ventajosa gracias a bonificaciones y exenciones, de las que se benefician especialmente las rentas altas. Esto ha provocado una importante fuga de declarantes desde otras comunidades hacia la capital, como han puesto de manifiesto los investigadores Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco en este estudio a partir de la estadística de declarantes del IRPF de los años 2006 a 2012 (y desde entonces, la competencia fiscal de Madrid se ha incrementado, lo que podría haber agravado esta tendencia).

 Los investigadores constatan que la movilidad de rentas altas se dirige básicamente a Madrid. Así lo explican: “Las diferencias en los impuestos autonómicos influyen significativamente en la elección de la comunidad de residencia por los contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta, y la movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF parece dirigirse solo a la región de Madrid”.

Perder las rentas altas supone un duro golpe para el resto de comunidades autónomas, ya que son quienes realizan una contribución neta más alta. De ahí que hayan puesto el grito en el cielo acusando a Madrid de ‘dumping fiscal’. La política fiscal aplicada por la comunidad desde la primera mitad de la década de los dos mil ha sido clara: impuestos bajos para atraer bases imponibles y contención del gasto público. Lo ha hecho por mandato de sus votantes y también porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que en la economía de la globalización y los servicios de alto valor añadido se ha impuesto en los países desarrollados, como bien muestran los ejemplos de París y Londres.

Si Madrid ha podido bajar tanto los impuestos, es porque se beneficia de una capacidad fiscal que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Es el resultado de la concentración en la capital de las grandes empresas multinacionales, de los órganos gubernamentales, de las principales universidades, de la inversión en infraestructuras, etc. En definitiva, una multitud de factores que nada tienen que ver con la gestión de la política tributaria, pero que influyen en esta de forma decisiva. La capacidad fiscal de Madrid es la más elevada de todas las comunidades, superando en nada menos que un 45% la media nacional.

Así se extrae del último cálculo de financiación autonómica realizado por Ángel de la Fuente, correspondiente al año 2018. Los ingresos tributarios homogéneos (los que se obtendrían con los mismos tipos nominales en todo el territorio) por habitante de Madrid superarían en un 45% la media nacional y en un 155% los de la comunidad más rezagada, Canarias. Estos datos evidencian que las bases imponibles en la Comunidad de Madrid son tan grandes que permiten conseguir una gran recaudación con una presión fiscal reducida.

En algunos impuestos, la brecha es superior. Es el caso del IRPF, una de las principales vías de financiación de las comunidades, ya que Madrid tiene una capacidad fiscal que supera en nada menos que un 73% la media nacional (datos del año 2013). Es el resultado de la concentración de rentas altas en la capital, tanto por las rentas del trabajo como las del capital. 

Con una capacidad recaudatoria tan elevada, Madrid puede permitirse tener un IRPF autonómico bonificado, de modo que el tipo marginal más alto es del 43%, el más bajo de toda España, cinco puntos menos que el aplicado en Cataluña. Esta rebaja en el IRPF tiene un coste recaudatorio de más de 600 millones de euros al año, pero es asumible para la comunidad, ya que al tener unas bases imponibles muy amplias, la recaudación es superior a la del resto de España.

 También es muy ventajosa la situación de Madrid respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, que tiene una capacidad recaudatoria un 135% superior a la media nacional. Se beneficia, en este caso, del elevado patrimonio de los ciudadanos de Madrid, donde las rentas son más altas y también el precio de los activos inmobiliarios. Si se suma la recaudación que pierde Madrid con los impuestos cedidos, supera los 800 millones de euros, a los que hay que añadir otros 1.000 millones como resultado de la bonificación total del impuesto sobre el patrimonio. Esto significa que Madrid pierde cada año 3.000 millones de euros de ingresos por sus beneficios fiscales (según los cálculos de la Comunidad de Madrid, sus beneficios fiscales superan los 4.500 millones).

Sin embargo, a pesar de sus rebajas de impuestos, la recaudación de Madrid sigue siendo muy superior a la media nacional, tanto, que es la comunidad autónoma que más contribuye a la solidaridad interterritorial. Unas transferencias que se ven contrarrestadas por la pérdida de bases imponibles que sufren otras CCAA como consecuencia de la competencia fiscal. Pero para Madrid, elevar la presión fiscal aumenta el riesgo de elevar su contribución a la financiación nacional, lo que supone un desincentivo a subir sus impuestos.

Otro de los datos importantes que muestran la capacidad fiscal de Madrid con respecto al resto del territorio es el de su autonomía de ingresos. Lo que se mide con este indicador es qué porcentaje de los recursos de cada comunidad procede de impuestos sobre los que tiene capacidad normativa. En otras palabras, el margen que tiene para elevar o reducir su carga fiscal. En Madrid, supera el 85% de su recaudación (datos de 2015), la comunidad con mayor autonomía de ingresos. La siguiente es Cataluña, con un 62%, y después está Baleares, que alcanza el 57%. El resto está por debajo del 50%.

Renuncia al gasto público

Madrid tiene un sistema fiscal muy favorable, no solo porque su capacidad recaudatoria sea muy elevada, también porque ha mantenido una política de gasto público muy contenida. Dado el nivel de renta de sus ciudadanos, la comunidad podría liderar los listados de calidad de servicio público de España. Sin embargo, durante estos años, se ha renunciado a gasto público a cambio de las bajadas de impuestos.

Desde 2003 hasta 2019, el gasto de Madrid ajustado por habitante y deflactado aumentó un 27%. Solo en dos comunidades creció menos: Canarias y Andalucía. El gasto total de las comunidades del régimen común aumentó un 31% en este periodo, y en Asturias, la región que más ha elevado su gasto público, se ha disparado nada menos que un 46%, casi el doble que Madrid.

Esto significa que las rebajas de impuestos de Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado con unos servicios públicos más austeros. Por ejemplo, el gasto público en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2018, la Comunidad de Madrid destinó el 3,6% del PIB a mantener su sanidad pública, casi dos puntos menos que el dato nacional. Si se tiene en cuenta el gasto por habitante, Madrid es la segunda región con menor esfuerzo fiscal para mantener la sanidad, con 1.274 euros por habitante, un 11% por debajo de la media nacional y un 19% por debajo de la comunidad con mayor gasto, País Vasco.

En resumen, la fiscalidad en Madrid ha sido resultado de una elección política de sus ciudadanos mantenida durante años a costa de renunciar a unos servicios públicos mejor financiados. Eso sí, si la rebaja de impuestos ha sido tan ambiciosa, es porque se ha beneficiado del ‘efecto capital’, que tiende a concentrar la actividad económica en torno a las capitales de los países. 

La pérdida de bases imponibles por agujeros dentro de un mismo país ha sido censurada por la literatura hacendística, de hecho, el último comité de expertos que nombró el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abogaba por avanzar hacia la armonización fiscal con unos umbrales mínimos y máximos que fijaran las reglas del juego. Pero el mayor problema vuelve a ser el de la gran diferencia de presión fiscal y servicios públicos que sufren los ciudadanos en función de su comunidad de residencia."             (Javier G. Jorrín, El confidencial, 26/11/20)

24/9/20

Ya tenemos el nuevo 'Concierto madrileño'... con los mismos efectos económicos que el Concierto Vasco: Los efectos desequilibrantes en España de la “capitalidad” de Madrid... la capital absorbe inversiones públicas y privadas, profesionales cualificados y opera a modo de paraíso fiscal... una buena copia de los privilegios fiscales vascos

 "Euskadi es ya 'paraíso fiscal' para el gestor de fondos de capital riesgo

 "Lo afirmó este lunes Ximo Puig en el Debate de Política General de las Cortes Valencianas: “Madrid es una aspiradora que genera desigualdades en España”. Una afirmación sobre la que ofreció algunos datos para denunciar que la “capitalidad” de Madrid “absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia”. Las manifestaciones del president valenciano se sustentan en las conclusiones del informe Madrid, capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal que ha elaborado el prestigioso Laboratorio de Análisis de Política Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económica, IVIE. Investigación dirigida por Francisco Pérez y Ernest Reig.

El documento analiza la trayectoria de la Comunidad de Madrid, considerando la influencia en su dinámica económica de su condición de capital de España. Y abarca diferentes líneas de trabajo, desde su papel como núcleo de las comunicaciones terrestres, aéreas y por ferrocarril (gracias al diseño radial en España), los efectos de la concentración de instituciones públicas y grandes empresas, su capacidad para atraer profesionales cualificados de autonomías vecinas, su fortaleza para avanzar en la economía del conocimiento y su papel, de facto, como “paraíso fiscal”.

Ximo Puig, durante el debate, avanzó algunas de estas conclusiones. Entre estas, que el 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde, según relató el president. Añadió, y esta es su mayor queja, que Madrid “puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad”.

Mercado de trabajo

El informe es mucho más amplio, y ofrece innumerables datos que corroboran estas afirmaciones. En primer lugar, subraya que Madrid concentra un 14,2 % de la población española, equivalente a 6.685.471 habitantes. “En la actualidad la región concentra casi una quinta parte de la renta nacional, ascendiendo a 231.000 millones de euros el valor de la renta regional. hasta convertirse en la región con mayor nivel de renta por habitante, algo más de 35.000 euros, muy por encima del promedio nacional (36 %) y también de la media europea (16 %)”.

La Comunidad de Madrid también destaca en el mercado de trabajo español por sus menores tasas de desempleo, mayor crecimiento del número de ocupados (ha duplicado el número de personas empleadas entre 1980 y 2019) y, muy especialmente, “por la mayor proporción de ocupados con estudios universitarios”. “El resultado de todo ello es que el porcentaje de población que tiene estudios universitarios es notablemente superior en Madrid que la media española (40,9 % frente a 30,8 %), concentra un 19,2 % del Producto Interior Bruto en el 1,6 % del territorio nacional”, añade.

El fuerte dinamismo demográfico, económico y social que caracteriza la Comunidad de Madrid ha permitido a la región configurarse como motor del crecimiento del conjunto del país, puerta de entrada de relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos —económicos, tecnológicos y en general de nuevos conocimientos—, y como un mercado de alto poder adquisitivo en continua expansión.

Así, el trabajo del IVIE subraya que “el enorme poder de atracción de Madrid se deriva, en buena medida, de las economías de especialización y de aglomeración que disfruta . Esas ventajas de la capital han tenido consecuencias sobre otras regiones españolas, de dos maneras: influyendo en el proceso de pérdida de población de los territorios del centro de España, y contribuyendo a drenar capital humano de la mayoría de regiones, al convertirse en un polo de atracción por las oportunidades derivadas de la concentración en Madrid de un 21 % de las ocupaciones cualificadas de España”.

Las dos implicaciones más directas de esa especialización son la mayor demanda de personal cualificado y una productividad superior a la media española. Ambas circunstancias permiten a Madrid generar puestos de trabajo con niveles de remuneración más elevados, en especial en actividades dedicadas a la “información y comunicaciones”, las “actividades profesionales, científicas y técnicas” y “actividades financieras”.

Concentración empresas

Uno de los aspectos más relevantes del documento es el que señala que el 44,5 % de las 1.000 mayores empresas españolas tienen su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56 % de los ingresos de este grupo situado a la cabeza de las empresas españolas. “La Comunidad de Madrid atrae inversiones fundamentalmente privadas y sobresale por concentrar, sobre todo, dotaciones de activos tecnológicamente avanzados necesarios para las actividades intensivas en conocimiento”. En la actualidad, buena parte de esos activos se basan en las TIC. En cuanto a sus dotaciones de infraestructuras, “su mayor fortaleza se deriva de ser el centro de una potente red de transportes por carretera y ferrocarril radial, y por su conectividad aérea, nacional y sobre todo internacional”.

La Comunidad de Madrid no tiene un papel destacado en los índices de apertura comercial externa —liderados por Cataluña—, como consecuencia principalmente de poseer un tejido productivo fuertemente terciarizado. En cambio, “la región destaca como polo de atracción de capital extranjero, un rasgo que se ve potenciado por las ventajas de localización de la Comunidad de Madrid, el carácter radial de las comunicaciones”.

En este sentido, el elevado grado de concentración en esta región de las sedes sociales de grandes empresas y de los poderes públicos e instituciones del Sector Público Estatal, contribuye a atraer inversión extranjera. “Hasta 45 de cada 100 empleados de Madrid desempeñan ocupaciones altamente cualificadas”, se apunta.

Ese mayor peso es especialmente relevante en el caso de los subgrupos que adoptan decisiones y aportan conocimiento especializado, “tanto en el ámbito público como privado”. Es el caso del poder legislativo y ejecutivo, los directores generales y presidentes ejecutivos, los profesionales del derecho y, sobre todo, los profesionales de la organización y la comercialización y técnicos de las tecnologías de la información.

Destaca asimismo por el nivel de formación de sus empresarios y directivos, y muchos empleados públicos. Los trabajadores de la región cuentan con perspectivas mucho mejores que los de otras regiones para interactuar a través de las redes profesionales, tanto públicas como privadas, y ascender profesionalmente a lo largo de las mismas. la atracción de población de otras regiones españolas (sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía) ha sido intensa, reflejando un importante saldo positivo desde 2011.

 En ese contexto, la Comunidad de Madrid se caracteriza por la notable capacidad de atracción de capital humano. Su fuerza en ese sentido se deriva de la confluencia de tres factores: una amplia oferta educativa, en especial de educación superior; una especialización en actividades intensivas en conocimiento, y la consiguiente abundancia de ocupaciones de alto nivel de cualificación y de centros de decisión privados y públicos; y unas buenas comunicaciones nacionales e internacionales, que la hacen atractiva para la movilidad, que es apreciada por los trabajadores más cualificados, tanto para sus actividades laborales como de ocio.

Empleados públicos

Se dispone de información sobre dónde trabajan unos 514.000 de estos empleados, de los cuales el 29 % se localiza en Madrid. Son unos 150.000 empleados que, con sus familias, representan unas 400 mil personas, que podrían alcanzar el medio millón si la proporción de los que trabajan en Madrid se aplica a los que no se conoce en qué territorios desempeñan sus ocupaciones. “Eso significa que el porcentaje de empleados públicos en la capital dobla el peso de la población de Madrid en España, lo que representa un plus de unos 75.000-95.000 empleados públicos para la capital que, con sus familias, suponen unas 200.000-250.000 personas más”, señala el informe.

Inversión sector público

El Sector Público Estatal adjudica en los últimos años una media anual de 7.700 millones de euros y casi siempre lo hace desde unidades que se concentran en la capital. El resultado de esa localización sesga territorialmente las adjudicaciones, como se desprende de los contratos recogidos por la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP). Del conjunto de las 109.422 licitaciones del Sector Público Estatal analizadas en este informe, un 72 % corresponde a órganos de contratación ubicados en la Comunidad de Madrid y solo un 28 % a órganos localizados en otros lugares. Este porcentaje se eleva al 87 % en términos de importe adjudicado, lo que refleja que los grandes contratos se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras regiones.

Red de comunicaciones

La red de alta velocidad sigue teniendo una estructura radial con centro en Madrid, en detrimento de otras conexiones con más tráfico, que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo. Y el aeropuerto de Madrid ha recibido cuantiosas inversiones (el 34 % de la inversión aeroportuaria española en este siglo). “Gracias a esas decisiones públicas, Madrid desempeña con mayor facilidad que otras áreas metropolitanas 13 españolas sus funciones, operando en la actualidad como la más potente área funcional a escala nacional e internacional de España”.

Fiscalidad

Madrid destaca como la que más ha utilizado su capacidad normativa para introducir numerosos beneficios fiscales en los principales impuestos sobre los que tiene competencias. “Destacan las modificaciones introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” apunta el informe.

Si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, “Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones).

La reducción de la recaudación que se ha producido debido a esas rebajas equivale, siendo todo lo demás constante, al 20 % de los ingresos de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 25 %. Con esta recaudación adicional Madrid podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2017.

Pero la investigación señala que las ventajas de la capitalidad propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas. Realidad que permite a esta autonomía realizar rebajas fiscales que otras no pueden.

La segunda es que las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, pese a ser la capital: las bases imponibles que Madrid atrae reducen los ingresos de aquellas. Y como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de quienes pueden contribuir a la progresividad en las comunidades de origen.

 El informe concluye finalmente con una crítica al apoyo público. “Lo que resulta cuestionable de este apoyo público son dos cosas: la primera, que refuerza la tendencia a la divergencia entre Madrid y buena parte de las regiones españolas, en lugar de actuar para compensar el proceso de polarización que se observa entre regiones ricas y pobres en las últimas décadas; y la segunda, que sesga la actuación de las autoridades centrales a favor de las empresas localizadas en un territorio que cuenta con un nivel de renta por habitante muy por encima de la media, al celebrar muchos más contratos públicos con ellas en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible con todo el tejido empresarial”.

 El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional y justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. “Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”, según los expertos."                  (Salvador Enguix, La Vanguardia, 22/09/20)

Información sobre el Concierto Vasco: ver aquí

12/3/20

Euskadi es ya 'paraíso fiscal' para el gestor de fondos de capital riesgo

"Euskadi ha utilizado su 'atractivo' fiscal para captar el interés de las gestoras de fondos de capital riesgo. Las diputaciones forales de las tres provincias vascas han aprobado normas -la vizcaína está en tramitación- que dan ventajas fiscales a este tipo de sociedades, siempre y cuando tengan su domicilio en la comunidad autónoma y la administración y dirección del fondo se haga desde Bizkaia, Gipuzkoa o Álava.

Concretamente, las medidas fiscales adoptadas 'premian' al gestor de esos fondos de capital riesgo, a través del cambio de la tributación del denominado 'carried interest', prima que se reparte este profesional al finalizar la vida del fondo.

De esta manera, Bizkaia, Gipuzkoa y Álava siguen la corriente de los principales países de Europa, como Francia, Italia o Alemania, que ya cuentan con ventajas fiscales para estos gestores. En el resto de España no existen estos incentivos.  (...)

Desde la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, (Ascri), su presidente Miguel Zurita, aplaude esta iniciativa. "Valoramos muy positivamente los cambios en la fiscalidad de los gestores de fondos de capital privado aprobados en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y también Navarra". A su juicio, redundará en el desarrollo de una industria de servicios profesionales con empleo de alto valor añadido y "en inversiones productivas que impulsarán la innovación y el emprendimiento".

Para Alfonso del Río y Sergio Ramírez, de Deloitte Legal, se trata de una medida importante para mantener la competitividad económica y tributaria de los tres territorios forales vascos y de la Comunidad Foral de Navarra. "Además de atraer tanto a los propios fondos de inversión como a las propias sociedades gestoras, como consecuencia del Brexit", explican.

 Gipuzkoa fue el territorio precursor para crear este 'paraíso fiscal' para los gestores de capital riesgo, ya que el cambio de tributación se realizó en febrero de 2019 y la nueva normativa está en vigor desde el 1 de enero del citado ejercicio. (...)

A punto de cumplir un año, la Diputación confirma que ha habido movimientos y "se han creado fondos en Gipuzkoa, como Efialia, que invertirá 35 millones"."                 (Maite Martínez, El Economista, 15/02/20)

23/1/20

Las balanzas fiscales internas de Cataluña... si Cataluña es expoliada, más lo es Barcelona por la propia Cataluña... El gobierno catalán aplica proporcionalmente a la provincia de Barcelona un déficit fiscal muy superior al que Cataluña tiene con el resto de España...


"La dualidad de Cataluña se aprecia bien en las balanzas fiscales internas, esto es, en la comparación en las diversas comarcas de Cataluña de los ingresos impositivos regionales con el gasto público regional.

A este propósito, por ejemplo, Dolça Catalunya escribe: “Juguem a les balances fiscals, Srs. nacionalistes? [Los separatistas] nos han explicado hasta la extenuación el expolio fiscal que sufre Cataluña a manos del resto de España. Poco importa que el bueno de Borrell les haya explicado mil y más veces que sus cálculos son absurdos. Poco importa que si Cataluña es expoliada, más lo sea Madrid. Pero como estos separatistas son de ideas fijas, quizás sea bueno pagarles con la misma moneda y recordarles que siCataluña es expoliada, más lo es Barcelona por la propia Cataluña.”

La estimación de las balanzas fiscales provinciales dentro de Cataluña, de acuerdo con el enfoque de “carga-beneficio”,muestra que la provincia de Barcelona sufre un significativo déficit fiscal mientras que Girona, Lleida  y Tarragona, muestran un importante superávit fiscal. 

 El gobierno catalán aplica proporcionalmente a la provincia de Barcelona un déficit fiscal muy superior al que Cataluña tiene con el resto de España.

De este modo, según se ve en la Figura 1, la Generalitat obtiene de Barcelona el 82,8 % de sus ingresos propios, pero destina a esta provincia sólo el 65,9 % de sus gastos. La diferencia entre ambas magnitudes es un déficit fiscal de Barcelona del 16,9 % de su PIB provincial. De cada 100 € que los ciudadanos y las empresas residentes en la capital pagan en impuestos al gobierno catalán, 17 € no retornan a la provincia.

Los sujetos fiscales residentes en las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona aportan porcentajes muy pequeños del total de ingresos de la Generalitat (entre el 4 y el 7 % cada una) pero reciben hasta tres veces más en gastos.

Por otra parte, la inversión por habitante del gobierno catalán en la provincia de Barcelona, cifrada en 115 € por persona, es un 36% inferior a la del resto de catalanes, 180 € por persona. La Generalitat practica, pues, dentro de Cataluña una redistribución territorial con transferencia de flujos de solidaridad desde las zonas más dinámicas económicamente a las menos dinámicas, y lo hace de manera semejante no muy distinta a lo que ocurre entre Cataluña y el resto de España.

Por consiguiente, además de muy desafortunado, es incoherente calificar como “expolio” y “maltrato fiscal” a la relación de Cataluña con el resto de España cuando el mismo gobierno de la Generalitat aplica en Cataluña un trato fiscal mucho peor a la provincia de Barcelona.
Considerados los saldos fiscales con la Generalitat de Cataluña por comarcas (según se observa en el Panel B de la figura 1), las aportaciones se concentran en 6 comarcas (Barcelonès, Vallés Occidental y Oriental, Maresme, Baix Llobregat y Garraf) mientras que las 36 restantes comarcas reciben aportaciones de las primeras a través del presupuesto de la Generalitat.

Retomando los dulces y sabios términos de Dolça Catalunya, ¡Catalunya ens roba als barcelonins! Efectivamente:
  • El saldo fiscal de Barcelona con la Generalitat es de -17 %. Gerona (+5 %), Tarragona (+5 %) y Lérida (+7 %) tienen un saldo fiscal positivo gracias a Barcelona.
  • La Generalitat invierte 44 € por habitante en el resto de Cataluña, pero sólo 27 € por barcelonés.
  • Barcelona recibe de la Generalitat el 80 % de lo que aporta, mientras que el resto de Cataluña recibe el 82 % de lo que contribuye.
  • Cada barcelonés tendría disponibles 829 € más al año si no tuviera que pagar a la Generalitat más de lo que recibe de ésta.
  • Las comarcas con más proporción de voto nacionalista son las que más transferencias reciben de la Generalitat.
Se comprenderá el sentimiento de frustración de los barceloneses con la Generalitat y que se elucubre con una secesión de Barcelona (Tabarnia) en caso de ruptura.

La Cataluña costera barcelonesa y tarraconense aporta el 73 % de los ingresos a la Generalitat, pero solo recibe el 59 % de los gastos. En concreto, Barcelona aporta a la Generalitat 22.468 M €, pero sólo recibe 17.888 M € de ésta: el saldo fiscal negativo es de 4.580 M €. Y es que el 80 % del PIB catalán se hace en comarcas donde el separatismo no llega ni al 41 %.

La Cataluña profunda sólo aporta el 27 % pero recibe el 41 % del dinero que reparte la Generalitat. Y es que las 10 comarcas más separatistas sólo suman el 4 % del PIB catalán. Igualmente, las comarcas con mayoría separatista reciben 10 veces más subvenciones de la Generalitat que las comarcas constitucionalistas. Conclusión: la resta de Cataluña ens roba o, por mejor decir, la Generalitat ens roba!

Conclusiones

Al territorializar los ingresos propios y los gastos de la Generalitat en forma de balanzas fiscales internas de Cataluña se observa un importantísimo déficit fiscal (aportación neta) de la provincia de Barcelona y un importante superávit fiscal (subvención neta) de las otras.
Los sujetos fiscales (personas y empresas) residentes en las zonas costeras catalanas de mayoría constitucionalista financian a los habitantes residentes en las zonas interiores de mayoría separatista."             (Ferran Brunet, El Liberal Cat, 20/01/20)

25/11/19

Los iniciadores de la insumisión fiscal lazi cierran su negocio: acaban sin NIF, con cuentas bloqueadas y abandonados de la Gene

"Cal ser pardillo, escolti.

En noviembre de 2011 el matrimonio propietario del restaurante Els Cingles de Siurana, Andreu Bartolomé (sisplau, pagui l’IVA al catalanitzador de cognoms) y María Casademont, tras más de un año de sobredosis diaria de TV3 y RAC1000 Colines, decidieron que la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos preceptos del Estatuto-Que-Nadie-Quería de 2006 era inaceptable, igual que “l’espoli fiscal que pateix Catalunya”. Que espanyansroba, vaja.

Així que es van declarar insubmissos fiscals y dejaron de pagar impuestos a la malvada Aspanya. Òmnium/bÒdrium y el Cercle Català de Negocis corrieron a jalear a estos pobres instrumentos, y los fanatizados cocineros montaron la web diemprou.cat, donde ponían a disposición de los catalanes varios impresos para que les imitaran; recogieron 4.000 apoyos, pero hoy la web está inactiva y se dedica a quejarse de los carteristas del metro.

A principios de 2012 los Bartolomé explicaron su heroicidad ante 200 personas en el Colegio de Periodistas de Barcelona: dejarían de pagar el IVA en abril de 2012 e ingresarían el importe en la Agència Tributària Catalana; ya habían informado a Artur Mas por carta. Sus 10 trabajadores debían estar emocionados. Como contaban los diarios del Règim, “la seva aspiració és que les 600.000 empreses catalanes s’adhereixin a la iniciativa”.
Resultat? Nadie les ha seguido, los chiringuitos lazis les han abandonado, y ellos cierran ahora su negocio. Vea el patético mensaje que han difundido l’Andreu i la Maria, y que comparte el aguerrido periodista Carles Enric en Twitter:

“El restaurante Siurana CIERRA.
La AEAT española en junio nos revocó el NIF y procedió a bloquearnos las cuentas de la empresa. (…) Tampoco ha prosperado nuestro requerimiento a la Agencia Tributaria Catalana para que nos facilitaran un NIF catalán (…) Este ATAQUE DEMOCRÁTICO a nuestra empresa (…) ha llegado a una situación límite que nos obliga a CERRAR de forma irreversible a corto/medio plazo, y en consecuencia denunciamos LA INCOMPETENCIA DE NUESTROS REPRESENTANTES:
    1. No aplicando el Estatut de 2006 (…)
    2. No aplicando la DUI (…)
Y expresamos NUESTRA VOLUNTAD DE NO QUERER SEGUIR VINCULADOS A UNA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, HOY DESACREDITADA POLÍTICA, JUDICIAL Y POLICIALMENTE. (…) 

Es necesaria una DUI“.

Ja ja ja ja. O sea que lo dan todo percatalunya y el chiringuito de la Gene no les da ni un mísero NIF de la Reichpública aunque sea dibujado a mano por Pilarín Bayés. Qué primos.
No home, no, Andreu i Maria. Lo que cal és que deixeu el nacionalisme que us ha fanatitzat, abandonat i ensorrat. Porque lo que habéis hecho es de tontitos. ¿De verdad no os habéis dado cuenta de que os tomaban el pelo? No veieu com viuen el Motxo, en Mas, en Comín, en Cuixart (Òdium Cultural) i en Canadell (CCN)? No us adoneu de que us han fet servir d’instrument?

Dolça i atontada Catalunya…"                      (Dolça Catalunya, 24/11/19)

11/4/18

La aportación efectiva a la solidaridad interterritorial de los vascos se reduce a la irrisoria cifra de 27 millones

"A finales del año pasado, la aprobación en el Congreso de la ley por la que se fija el cálculo del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los presidentes autonómicos del PP y PSOE. Tras la crisis secesionista en Cataluña, y a la espera todavía de acordar un nuevo modelo que mejorase la financiación de las comunidades de régimen común, la crítica al Cupo vasco dejó de ser el gran tabú de la política española. Los socialistas Ximo Puig, Susana Díaz o Javier Fernández, alzaron su voz.

 Quien de forma más contundente expresó ese enfado fue el aragonés Javier Lambán que afirmó que era “difícilmente explicable en términos democráticos, pues profundizaba en las desigualdades”. Entre los populares, Cristina Cifuentes acusó a vascos y navarros de no contribuir a la solidaridad con el resto de España y Núñez Feijóo censuró el nuevo Cupo por falta de claridad e información. La casualidad quiso que la ley del Cupo se publicase en el BOE el día de los Santos Inocentes.



Los presidentes autonómicos no descubrían nada nuevo, solo que hasta entonces muy pocos se habían atrevido a decirlo porque la corrección política obligaba a repetir una verdad a medias, que se trata de un derecho histórico amparado en la Constitución. Los estudios académicos han puesto de manifiesto que la ley del Cupo contiene muchos trucos y trampas con el fin de que el cálculo de la contribución vasca se adecue a la negociación previa. 

Esta vez, la fragilidad de la situación política española, con un PP dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos Generales y un PSOE como socio de Gobierno del PNV en Euskadi, ofrecía a los nacionalistas una oportunidad de oro para blindar una situación de absoluto privilegio.

 El resultado, inmejorable. El País Vasco se queda cada año con más de mil millones adicionales del IVA, la mitad de los cuales en perjuicio de las otras autonomías. Su aportación para el próximo quinquenio se rebaja a 1.300 millones anuales, una cifra mágica derivada de ese famoso 6,24% con el que, según la ley del Cupo, contribuye a los gastos del Estado no transferidos. En esta ocasión, el apoyo al Gobierno del PP se paga con un regalo extra de 265 millones anuales, mientras la aportación efectiva a la solidaridad interterritorial se reduce a la irrisoria cifra de 27.

El experto en financiación autonómica Alain Cuenca, que participó en nombre del Gobierno aragonés en la comisión para la reforma del modelo, está reclamando que se recurra el Cupo ante el Tribunal Constitucional. Todavía hay tiempo para que lo haga el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y también todos aquellos presidentes autonómicos que tanto se indignaron frente a un cálculo que genera más desigualdades. En coherencia, recúrrase."                       (Joaquín Coll, El País, 20/04/18)

10/4/18

¿Por qué el norte rico de California se separó de México para unirse a EEUU? ¿Por qué Gibraltar sigue vinculando su soberanía a Inglaterra? ¿Por qué Ceuta y Melilla no se anexionan a Marruecos? El nacionalismo de ricos...

"(...) La insolidaridad como causa silenciada de los nacionalismos e independentismos aunque se vistan de anticapitalistas

Porque, no nos engañemos, qué regiones tienden a desear la independencia del Estado al que pertenecen sino, precisamente, aquéllas que son en promedio más ricas, mucho más ricas que el resto.

¿Por qué el Reino Unido no abandonó la libra para unirse al club del Euro? Y ahora ya podemos añadir, ¿por qué ya los británicos ni siquiera quieren pertenecer a la UE? ¿Por qué el norte rico de California se separó de México para unirse a EEUU? ¿Por qué Gibraltar sigue vinculando su soberanía a Inglaterra? ¿Por qué Ceuta y Melilla no se anexionan a Marruecos? A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Seguramente, en España los criterios de solidaridad redistributiva interterritorial no estén claros, pero es que jamás se oye mencionar, ni a unos ni a otros (nacionalistas o no), el nivel de solidaridad que consideran justo con otras regiones españolas.

Sólo hablan del ‘expolio fiscal’, calculado como la diferencia entre lo que aportan al Estado y lo que reciben de éste, pero jamás, y digo ‘jamás’, he oído en esta ecuación el componente que corresponde a la ‘solidaridad interterritorial’ y que debería descontarse del cómputo del mal llamado ‘expolio fiscal’.

Afirmar, por ejemplo, que un pensionista extremeño sale ganando con respecto a un pensionista catalán, porque el nivel de vida en Cataluña es mayor que en Extremadura, raya la demagogia y la falta de rigor.

 La comparativa hiere y además es falsa, se parece mucho a aquélla otra que suele poner el acento del fraude fiscal en los parados que reciben subsidio y a la vez trabajan en negro ganando ocho mil euros al mes (‘Culpables de ser pobres’, El País, 05/10/2012), como si tal situación fuese la mayoritaria y el paradigma a seguir para el diseño de la política económica y el control del fraude.

Lo riguroso sería comparar la pensión media del extremeño con la del catalán, dentro de un marco más amplio en el que se vieran los porcentajes en los que se reparte la población según la pensión que reciben.

Sin ir tan lejos, basta recordar las tasas de población en riesgo de exclusión y pobreza en una y otra región: la extremeña (la más alta de toda España) es el doble de la catalana. ¿Es éste un motivo por el que parte de la izquierda catalana respetable no quiere ni oír hablar de Renta Básica, proponiendo sucedáneos que minoren el potencial incremento del expolio?

Si el ‘expolio social’ en Cataluña es de 16 mil millones, la deuda histórica extremeña (otro expolio social, sólo que éste dura ya 30 años) es de 14 mil millones. Millones a los que el anterior ejecutivo regional del PP renunció alegremente, con diversas estratagemas, reduciendo la cifra a menos de un 4% del cálculo inicial. 

Lo peor de todo es que el argumento central para aceptar tal rebaja se hizo no comparando con Cataluña, que hubiera sido lo lógico, sino con otra región igualmente ‘pobre’ y a la que también se le tenía reconocida la deuda histórica, Andalucía. Deuda que ya fue saldada y que ascendió a 1.200 millones de euros.

Y mucho peor es la referencia al déficit en infraestructuras en Cataluña, reclamando inversiones para el corredor Mediterráneo. De risa. Decir esto y obviar el sempiterno aislamiento de Extremadura, donde toda actividad comercial y empresarial está abocada al fracaso por la falta de buenos accesos a la región. El famoso turismo rural no ha servido casi para nada en Extremadura, salvo para derrochar dinero público. No ha creado empleo, no ha generado riqueza, no ha fijado la población al territorio.

La infraestructura ferroviaria en la región es deficiente. El AVE se lleva prometiendo desde ni se sabe. Siempre en peligro de extinción, siempre con la amenaza permanente de que el AVE emigre a Salamanca. Ahora ya se habla de Tren Digno.

Y de la infraestructura aeroportuaria no digamos nada, mejor dejarlo, ni pagando a las compañías aéreas quieren venir a Extremadura, que se supone es el centro neurálgico de un triángulo geoestratégico y económico de primer nivel (Madrid-Sevilla-Lisboa).
No hay autovía entre las dos principales ciudades de la región, Badajoz y Cáceres, que distan entre sí 90 kilómetros. Dos horas en tren entre ambas capitales. Casi hora y media en bus. Y una hora por carretera secundaria, con exceso de velocidad y si no hay caravana de camiones. 

La opción de la autovía de Mérida es también de hora y media, aunque más cara y larga.
Tener que realizar alguna gestión en Madrid yendo desde Badajoz en transporte público supone un día de viaje, otro para las gestiones y otro para la vuelta. Vamos, de pijama y bocadillo para el camino.

A todo lo cual, hay que sumar la opinión indignada existente al otro lado del Ebro, que tuve la ocasión de escuchar de primera mano durante mi paso por la Universidad de Zaragoza, de que al otro lado del Guadiana, en Extremadura y en el Sur de España, no tendría que haber autovías porque no hay peajes, cosa desconocida en las autovías de los paisos catalans. 

 Una injusticia mayúscula para Cataluña, más si cabe, como me argumentaban (para darle más peso a su reclamación), estando Extremadura casi despoblada. En efecto, para qué quieren los extremeños autovía, si apenas hay gente y encima no la pagan. ¡Me quedo helado y sin argumentos!  (...)"                     

 (Juan Agustín Franco Martínez, Profesor de la Universidad de Extremadura,   ,

12/12/17

Mientras los vascos reciben de la financiación autonómica 4.455 millones de euros y Navarra 1.133... Extremadura 140

"(...) Pero hoy también sabemos que esos murcianos y extremeños y valencianos roban a los catalanes. Por eso Cataluña, así denominado el territorio que contiene a sus habitantes convertido en ser pensante, hablante y actuante, como categoría escolástica, quiere la independencia. 

Cataluña, que es la tercera comunidad más rica de España, está expoliada por el resto de España. Y los murcianos, extremeños y valencianos no roban a los vascos porque éstos no se dejan. Se agarran bien los bolsillos y no hay quien meta la mano en ellos.

Acaba de aprobarse en el Parlamento, con el consenso de toda la izquierda, el llamado Cupo vasco para este año y los siguientes, que supone que el gobierno vasco se queda con varios cientos de millones más de los que tenía que haber pagado al Estado. Parece ser que las diferencias fiscales están claras.

 Mientras los vascos reciben de la financiación autonómica 4.455 millones de euros, Navarra 1.133 y Extremadura 140, a Murcia le faltan 330 y a Valencia 1.893. Otras comunidades tampoco están bien servidas, porque a Andalucía le deben 1.687.
Pero es que vascos y catalanes tienen un plus que los hace merecedores de las plus valías que no merecen extremeños ni murcianos ni valencianos. 

La Historia. Sí, la Historia, con mayúscula, que comparten catalanes y vascos y que murcianos,  extremeños y valencianos –y andaluces y castellanos y aragoneses y riojanos y cántabros y asturianos y canarios, añadiría- no poseen. La Historia, esa señora pomposa y aristocrática y antigua, merece unas atenciones especiales precisamente por ser aristocrática y antigua.

Ya se sabe que Cataluña y el País Vasco tienen unos derechos históricos de los que otros territorios no pueden presumir, y cuyo origen comienza en la más baja Edad Media en el caso de Cataluña, cuando en el siglo XII ya era una república que fue invadida por Castilla, según cuentan los libros de texto escolares que se enseñan en las escuelas catalanas. 

El País Vasco y Navarra, a raíz de las guerras carlistas que ensangrentaron España y la hicieron más pobre, más desértica y más atrasada, en 1878 llegaron al acuerdo con el gobierno central de pagar unas cantidades a “fortfait” para aliviar las exhaustas arcas estatales y no participar del pago de los impuestos generales.

 Ese es el derecho foral que incluso el dictador les mantuvo, bien agradecido por la ayuda que los carlistas prestaron al bando golpista en la Guerra Civil, y que se le reconoció en la Constitución de 1978, también manu militari, cuando el terrorismo etarra volvía a enlutar nuestro país. Con ochocientos muertos y miles de heridos, mutilados e inválidos, no había más discusión que la paz.

La Historia, la sagrada, indiscutible y dominante Historia que decide de la vida de los pueblos a ella sometidos. ¿Qué importa ahora si los extremeños no tienen tren, a los murcianos el tren les pasa por encima y los niños y las niñas valencianas estudian en barracones desde hace veinte años? Lo importante es que la Historia antigua decida del destino de los humanos de hoy. Como dice Marx, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. 

 Lo cierto es que la Historia es contada y escrita y reescrita varias veces en cada siglo,  y los extremeños y murcianos y valencianos no han sabido llegar a tiempo de contar la suya, que vamos, creo yo, alguna tendrán, y las únicas historias son las que repiten machaconamente hasta la pesadilla vascos y catalanes. 

Y, por tanto, mientras los trenes no llegan o llegan para fastidiar y los niños se hielan en barracones, en Extremadura, en Murcia y en Valencia, Cataluña y el País Vasco tienen que defenderse del robo continuado que el resto de España les inflinge. Como dice, muy acertadamente Julio Llamazares lo único que les queda a Extremadura, Murcia y Valencia es declarar la independencia."                    (Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista, Crónica Popular, 01/12/17)

5/12/17

Las instituciones vascas disfrutan hoy de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades de régimen común. Y además el importe de esa sobrefinanciación no cesa de crecer: 165% (2002), 177% (2007), 235% (2009). Euskadi es receptora neta de financiación del resto de España, una situación incomprensible e inimaginable en cualquier sistema federal comparado

"Me van a permitir que comience mi exposición con dos brochazos de trazo grueso. El primero, las Leyes Quinquenales de Metodología para la determinación del cupo contienen, en forma de anexo,una grosera cifra global del importe de las competencias asumidas por el País Vasco y de las compensaciones a aplicar por otros conceptos, de las cuales resulta el cupo líquido a abonar. 

Pues bien, nadie ha sido nunca capaz de explicar de dónde salen esas cifras, es decir, cómo y por qué se han valorado así las competencias (no se dice ni cuáles son) y no en otra cifra diversa. Es un cálculo que todos los expertos definen como totalmente opaco. 

Resulta así que el Congreso aprueba mansamente cada cinco años un cálculo que no lo es tal, unas cifras que no están explicadas y menos justificadas, que sólo los Gobiernos de Vitoria y Madrid saben de dónde han salido. Sorprendente, ¿no?

Pero, segundo apunte, resulta además que estas Leyes del Cupo se aprueban por un procedimiento de lectura única que no permite discutirlas ni enmendarlas sino sólo votarlas sí o no.

 Recordará el lector que ese procedimiento es el que la mayoría del Parlament de Catalunya decidió aplicar en septiembre pasado a las leyes de desconexión y referéndum, siendo acusado por ello de haber violado los derechos de la minoría al examen y discusión reposada de los proyectos de ley. 

Pues eso mismo es lo que se hace en Madrid con las Leyes del Cupo, aunque una minoría se oponga. Tramitar sin explicación ni debate una norma basada en un cálculo que nadie entiende. Más sorprendente aún, ¿no?

Dado que la forma en que ha sido calculado es opaca e impenetrable para los propios expertos, parece claro que la única manera de valorar si el Cupo es correcto o no desde un punto de vista económico y fiscal es la de fijarse en los resultados empíricos que produce. 

Tales resultados son al final el único índice que permite deducir si la cantidad que el País Vasco abona anualmente al Estado como pago de las competencias comunes no asumidas que este le presta (en eso consiste el meollo del Concierto) es correcto. O, lo que es lo mismo, si la parte de impuestos recaudados en y por Euskadi que esta comunidad se queda para financiar las competencias asumidas (policía, educación, sanidad, etc) es la correcta.

 ¿Correcta desde qué parámetro, preguntará el lector? Pues desde el de igualdad de trato, es decir, el que establece que, a igual esfuerzo fiscal de sus poblaciones y a igual nivel de competencias a financiar, todas las comunidades españolas deberían disponer de una financiación per capita similar: la justicia como imparcialidad.

Pues bien, estos cálculos sí están hechos, discutidos y contrastados por los expertos en la materia (me refiero, por citar a algunos, a Ignacio Zubiri, Carlos Monasterio o Ángel de la Fuente, o a la Fundación BBVA, o al Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas). Aquí sí que luce la claridad, en contraste con la penosa fraseología huera de precisión de los políticos de turno. 

Y tales datos dicen que las instituciones vascas disfrutan hoy de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades de régimen común. Y que además el importe de esa sobrefinanciación no cesa de crecer: 165% (2002), 177% (2007), 235% (2009). Y crecerá más con el nuevo minicupo.

Visto desde otro ángulo, la ventaja vasca en financiación se prueba también en el hecho de que esta comunidad no contribuye al esfuerzo de igualación entre comunidades mediante la redistribución a través de los fondos de suficiencia. 

Siendo como es una región cuya riqueza es muy superior a la media española debería presentar un saldo fiscal negativo (como sucede con las otras “ricas” como Madrid, Cataluña o Baleares), es decir, debería ser aportadora neta de fondos a la solidaridad en un importe de alrededor del 8% de su propio PIB. Pues bien, los números demuestran que por el contrario Euskadi es receptora neta de financiación del resto de España, una situación incomprensible e inimaginable en cualquier sistema federal comparado.

Últimamente, y para intentar justificar lo injustificable, se arguye por los defensores del Cupo que esta sustancial ventaja está justificada por la asunción de un riesgo unilateral. La idea sería que Euskadi estaría asumiendo el riesgo de que, si en algún momento la recaudación fiscal en la comunidad vasca se desplomase y pasara a ser una región “pobre”, entonces no podría reclamar la solidaridad del resto del Estado sino que tendría que apechugar ella sola con su pobreza. 

Los 7.000 millones que se ahorra ahora no serían, así, sino la prima por correr con un riesgo. El argumento no se tiene de pie, puesto que se trataría de un riesgo inexistente: Euskadi siempre ha sido más rica que la media, y precisamente su ventaja vía Cupo hace que se vuelva más y más rica comparativamente con las demás regiones. Nunca en la historia ha sucedido ese espantoso caso cuya teórica posibilidad cobran tan alto los vascos.

Carece igualmente de cualquier fundamento empírico contrastado, igual que de cualquier cálculo ajustado, el argumento de que la ventaja vasca se debe en realidad a una mayor eficacia de su gestión de los tributos, a una Hacienda foral de rigor superior a la española que sacaría dinero donde otros no lo encuentran. Un argumento de corte supremacista carente de cualquier estudio ad hoc que lo soporte.

Por último, no es cierto que los vascos paguen más impuestos y por eso tengan más recursos (Montoro dixit). Lo cierto es que todos los impuestos concertados son más bajos en el País Vasco que en el territorio común, lo que sucede es que debido a su mayor riqueza y a la progresividad del sistema tributario la presión fiscal media es un 3% superior. 

Igual que sucede en otras comunidades ricas, claro, la diferencia está en que Euskadi retiene íntegramente para sí el exceso de recaudación mientras que Cataluña o Madrid lo aportan a la solidaridad.

Ultimo y aparentemente definitivo argumento: el sistema de Concierto está recogido en la Constitución (DA 1ª), luego cállense los críticos que esto no hay quien lo toque. ¿Correcto? No: lo que la Constitución amparaba eran los “derechos históricos de los territorios forales” pero (incluso suponiendo —que ya es mucho— que el Concierto Económico caiga dentro de ese vago concepto), añadía que su actualización debe llevarse a cabo dentro del marco de la Constitución. 

Y ese marco constitucional expresamente prohíbe (artículo 138) que las diferencias entre las comunidades autónomas puedan implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. O sea, Concierto sí, pero desarrollado en la práctica de manera que no genere diferencias de contribución o financiación tan potentes como para ser calificables de “privilegio”.

 Y si un Cupo que garantiza a los vascos disponer del doble de financiación para servicios públicos que los demás españoles (insisto, a iguales servicios y a igual esfuerzo fiscal) no es un privilegio de los que repugnaba y repelía el artículo 138, que baje Dios y lo vea."                 (José María Ruiz Soroa, El País, 30/11/17)

4/12/17

País Vasco y Navarra ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. En mucha mayor medida el País Vasco, que presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

"La semana pasada se aprobó en el Congreso, por tramitación directa y lectura única, el cupo vasco.  (...)

El PNV ha señalado en alusión a Ciudadanos que “a algunos les sorprenden determinados mecanismos, pero están establecidos en las propias leyes. Es un sistema concertado, en el que las dos partes se tienen que poner de acuerdo”.

Paradójicamente, esta argumentación -que es cierta- deja al descubierto el pecado mayor del concierto, el de configurarse como un acuerdo bilateral entre gobiernos, en el que el Parlamento español tiene muy poco que decir y, lo que resulta casi más injusto, el resto de las Comunidades, menos. De ahí también las reticencias lógicas de Compromís y de los barones socialistas.

La bilateralidad tiene una enorme fuerza de atracción para las formaciones nacionalistas no solo por una razón de preeminencia, la de considerar al resto de Comunidades en un estrato inferior, sino porque siempre es más fácil chantajear a un gobierno, sea cual sea, que enfrentarse al resto de las Autonomías. 

Eso explica también por qué los nacionalistas catalanes han planteado y plantean siempre el diálogo de forma bilateral, y por qué el presidente de la Generalitat ha eludido todo ámbito de negociación colectiva. 

Pero, quiérase o no, la financiación autonómica es un sistema de suma cero: el dinero que se destina al País Vasco o a Cataluña no va al resto de las Comunidades, bien porque se reduzcan sus recursos o los del Estado.

En la defensa del cupo, Margarita Robles ha declarado que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tiene razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. 

Lo ha dicho claramente el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: “El País Vasco está sobrefinanciado”. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable. (...)

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las Comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. 

El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

La mayoría de los comentaristas y políticos son conscientes de esta realidad, pero la atribuyen no tanto a la existencia del concierto, sino al cálculo que se ha venido haciendo del cupo. Es indudable que la determinación periódica del cupo siempre se ha hecho en circunstancias tales que el Gobierno vasco ha tenido un trato sumamente beneficioso. 

Empezando por la propia metodología que margina la función redistributiva del Estado. Esta se negoció bajo la sombra de mayor actividad de ETA. Participé con la delegación del Estado en algunas reuniones de esa negociación. Recuerdo que en cierta ocasión en la que se produjo un desacuerdo, la parte vasca insinuó, como el que no quiere la cosa, que no sabían cómo le sentaría eso a ETA. Era la concreción de la frase de Arzalluz: “ETA agita el nogal y nosotros recogemos las nueces”.

Después, ha actuado el juego parlamentario, un tanto abusivo, que los nacionalistas bien sean catalanes o vascos han venido practicando todos estos años, siempre prestos a facilitar su apoyo a cualquiera de los dos grandes partidos que lo necesitasen para su investidura o en su acción de gobierno. Pero siempre vendiendo por un buen precio sus servicios, en detrimento, por supuesto, de las otras Comunidades Autónomas. 

En el caso del PNV, las mercedes se concretaban, entre otras, en el cálculo del cupo. Cuando el chantaje no era posible porque el gobierno de la nación disponía de mayoría absoluta y existían discrepancias, el PNV dejaba el acuerdo para tiempos mejores, en los que se precisasen sus servicios y entonces, en la nueva negociación, se introducían los desacuerdos anteriores, lográndose todas las reclamaciones atrasadas. Eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

La última vez que se aprobó el cupo fue en 2007, con Zapatero en minoría. Durante la etapa en la que el Gobierno del PP contó con mayoría absoluta no se llegó a ningún acuerdo. Se ha esperado hasta ahora, cuando Rajoy ha necesitado el apoyo del PNV, de cara a sacar adelante la Ley de presupuestos de 2017, para aprobar la ley del cupo, que no solo fija una cantidad claramente infravalorada para los próximos cinco años, sino que recoge las reivindicaciones acumuladas desde 2007. Por eso, Josu Erkoreka ha hablado de “15 años de paz fiscal”.

Resulta por tanto plenamente lógico que junto a Ciudadanos y a Compromís haya surgido la protesta de las voces socialistas que gobiernan distintas Comunidades Autónomas.  (...)

Es cierto que el cálculo del cupo ha colaborado sustancialmente a la situación de discriminación, pero el problema es más profundo, está en la raíz, se encuentra en la existencia del propio concierto. Es un régimen fiscal totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. 

Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones (libremente otorgadas o arrancadas) del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). 

No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

Al margen de disquisiciones teóricas o históricas, el sistema presenta dos grandes defectos que lo hacen especialmente perverso. El primero, ya se ha citado, es el de la bilateralidad, que se quiera o no, incentiva la discriminación y dificulta la redistribución territorial. Es el propio sistema el que casi predestina a que el cálculo no se realice de manera objetiva, sino en función de vericuetos partidistas. 

El segundo es que, al contar el Gobierno vasco con plena capacidad normativa, se rompe la unidad fiscal propiciando la competencia desleal y el dumping fiscal. Bien es verdad que últimamente este problema se ha extendido también al modelo de financiación autonómica general, según se ha ido transfiriendo de forma parcial capacidad normativa a las otras Comunidades. 

A ello me refería en el artículo de la semana pasada, aplicado al impuesto de sucesiones. No obstante, el problema se hace infinitamente mayor con el concierto en el País Vasco y Navarra. Nada más aprobar el cupo, el Gobierno vasco acaba de aprobar una sustancial rebaja del impuesto de sociedades que va a colocar en graves apuros a las Comunidades limítrofes.

Podríamos afirmar incluso que existe un tercer factor que se ha puesto de manifiesto con el desafío soberanista catalán. El golpe de Estado hubiese sido mucho más difícil de controlar si Cataluña hubiese contado con un sistema fiscal similar al del País Vasco. 

Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cataluña nos debe hacer reflexionar y replantearnos la estructura territorial, pero quizás las medidas que se precisan van en dirección contraria a las que se pretenden con la creación de la Comisión que se ha constituido en el Congreso a instancias de Pedro Sánchez y de la reforma de la Constitución que algunos están pensando.

Hay quienes pueden llevarse una gran sorpresa si se abre el melón de la Constitución, porque tal vez en esta materia las posiciones de la dirección del PSOE y de Podemos están muy lejos de las de sus bases y votantes, que  puede que estén ya bastante hartos de los planteamientos victimistas, insolidarios y supremacistas de los nacionalismos, e indignados de haber ido tan lejos en la descentralización posibilitando un golpe de Estado.

 Es muy posible que la mayoría de la población española no esté dispuesta a que se dé un paso más en esta dirección, sino que por el contrario la reforma se encamine hacia la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y a fortalecer al Estado. Hay un antes y un después del órdago independentista de Cataluña. Jamás la aprobación del cupo vasco ha levantado tanta polvareda y generado tantas críticas."                    (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 30/11/17)