"A finales del año pasado, la aprobación en el
Congreso de la ley por la que se fija el cálculo del Cupo vasco para el
quinquenio 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los
presidentes autonómicos del PP y PSOE. Tras la crisis secesionista en
Cataluña, y a la espera todavía de acordar un nuevo modelo que mejorase
la financiación de las comunidades de régimen común, la crítica al Cupo
vasco dejó de ser el gran tabú de la política española. Los socialistas
Ximo Puig, Susana Díaz o Javier Fernández, alzaron su voz.
Quien de
forma más contundente expresó ese enfado fue el aragonés Javier Lambán
que afirmó que era “difícilmente explicable en términos democráticos,
pues profundizaba en las desigualdades”. Entre los populares, Cristina
Cifuentes acusó a vascos y navarros de no contribuir a la solidaridad
con el resto de España y Núñez Feijóo censuró el nuevo Cupo por falta de
claridad e información. La casualidad quiso que la ley del Cupo se
publicase en el BOE el día de los Santos Inocentes.
Los presidentes autonómicos no descubrían
nada nuevo, solo que hasta entonces muy pocos se habían atrevido a
decirlo porque la corrección política obligaba a repetir una verdad a
medias, que se trata de un derecho histórico amparado en la
Constitución. Los estudios académicos han puesto de manifiesto que la
ley del Cupo contiene muchos trucos y trampas con el fin de que el
cálculo de la contribución vasca se adecue a la negociación previa.
Esta
vez, la fragilidad de la situación política española, con un PP
dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos Generales
y un PSOE como socio de Gobierno del PNV en Euskadi, ofrecía a los
nacionalistas una oportunidad de oro para blindar una situación de
absoluto privilegio.
El resultado, inmejorable. El País Vasco se queda
cada año con más de mil millones adicionales del IVA, la mitad de los
cuales en perjuicio de las otras autonomías. Su aportación para el
próximo quinquenio se rebaja a 1.300 millones anuales, una cifra mágica
derivada de ese famoso 6,24% con el que, según la ley del Cupo,
contribuye a los gastos del Estado no transferidos. En esta ocasión, el
apoyo al Gobierno del PP se paga con un regalo extra de 265 millones
anuales, mientras la aportación efectiva a la solidaridad
interterritorial se reduce a la irrisoria cifra de 27.
El experto en financiación autonómica Alain Cuenca,
que participó en nombre del Gobierno aragonés en la comisión para la
reforma del modelo, está reclamando que se recurra el Cupo ante el
Tribunal Constitucional. Todavía hay tiempo para que lo haga el Defensor
del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y también todos aquellos
presidentes autonómicos que tanto se indignaron frente a un cálculo que
genera más desigualdades. En coherencia, recúrrase." (Joaquín Coll, El País, 20/04/18)
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