"Réplica a Hèctor Xaubet .
En este artículo ampliamos el debate con el autor para profundizar en la crítica a la política lingüística de la Generalitat y a la inmersión. Asimismo planteamos algunos de los elementos fundamentales para construir un modelo lingüístico democrático, respetuoso con la pluralidad cultural del país y los derechos de la ciudadanía.
Comparto la petición de principio de Hèctor Xaubet de enfocar la cuestión de la política lingüística de la Generalitat en general y de la inmersión lingüística en particular desde el “rigor analítico”, orillando en la medida de lo posible los prejuicios ideológicos. Ateniéndonos a ello, constatamos que el autor incurre en algunas afirmaciones que no se corresponden con la realidad histórica.
Así, se ensalza “el activo papel que la izquierda catalana con el PSUC en la cabeza, partido de matriz comunista y en ningún caso nacionalista, jugó en favor de la inmersión lingüística y, por extensión, la normalización del catalán“. Una afirmación inexacta. Ciertamente, la izquierda catalana se opuso al proyecto original de CiU de crear una doble línea escolar en función de la lengua materna de los alumnos con el argumento de impedir la consolidación de dos comunidades lingüísticas.
De hecho, la Ley de Normalización Lingüística (LNL) de 1983 fue, en expresión de Eduard Voltas[1], un “producto intelectual de la izquierda catalana” que permitía a los padres elegir la lengua vehicular en la enseñanza primaria, siempre que un número determinado de éstos del mismo centro lo solicitase. Ahora bien, la inmersión lingüística estuvo impulsada por Joaquim Arenas, director de la Delegació d’Ensenyament Català (DEC) de Òmnium Cultural que en 1983 fue nombrado jefe del Servei d’Ensenyament del Catalá (SEDEC) de la Generalitat de Catalunya. Así, pues, si la LNL fue concebida por la izquierda catalana, no puede decirse lo mismo de la inmersión. En realidad, en esta cuestión la izquierda catalana fue a remolque de una de la iniciativa de la derecha nacionalista catalana.
Una legislación aprobada mediante decretos (marzo-abril de 1992), aplicada con notable autoritarismo y sectarismo, sin consultar a los padres, ni a los claustros docentes y con la presión directa de los inspectores del SEDEC para doblegar las resistencias de los centros escolares remisos a su aplicación.
De hecho, por las mismas fechas en que se promulgaron los decretos de inmersión, se publicó una encuesta del Departament d’Ensenyament que catalogaba como “entranjeros” a los alumnos procedentes del resto de España y que acabó siendo retirada ante el gran escándalo generado. En otro orden de cosas, la aplicación de la inmersión lingüística desencadenó una agria polémica con una amplia resonancia en los medios de comunicación, nacionales e internacionales.
Así, The Internacional Herald Tribune tituló: “Los catalanes inician una guerra lingüística en las escuelas. No más español”. Por tanto, la versión idílica del autor al presentar la inmersión como un resultado de la labor de la izquierda catalana para “construir un proyecto abierto e inclusivo” se corresponde más bien con sus ilusiones ideológicas que se contradicen con la cruda realidad. Especialmente, si tenemos en cuenta que la lengua es el principal factor de conformación de las identidades nacionales. Lengua e ideología Xaubet realiza grandes esfuerzos para desvincular la política lingüista de la Generalitat y la inmersión con los postulados ideológicos y objetivos políticos de los partidos nacionalistas/independentistas. Un esfuerzo tan inútil como los trabajos de Sísifo, pues no se avienen con la práctica totalidad de las tesis de los tratadistas que han estudiado los nacionalismos como E. Hosbawm, A. Smith, E. Gellner o J. Breuilly. Todos ellos han señalado la importancia de la homogenización y la asimilación lingüística como un elemento fundamental de los movimientos nacionalistas. Por otro lado, el riguroso trabajo, Evolución y legados de la aventura secesionista en Cataluña, firmado por Josep Mª Oller, Albert Sotorra y Adolf Tobeña, elaborado a partir de cruzar las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) entre 2006 y 2019, revelaron como las familias de lengua vehicular catalana eran predominantemente favorables a la secesión, mientras que aquellas de lengua castellana se mostraban contrarias a la independencia de Catalunya[1].
Un estudio que demuestra la estrecha correlación existente entre la lengua y las opciones políticas de los encuestados. Las evidencias son tan abrumadoras que el propio autor acaba reconociéndolo, pero realizando una notable contorsión (ideo)lógica para desvincular política lingüística y nacionalismo que llega a calificar de “trampa del procesismo”.
De este modo sostiene que “cualquier proceso histórico de construcción burguesa de un estado-nación ha sido un proceso de imposición de un patrón centralista como modelo de la nación toda, lo que incluye notablemente a la lengua. Evidentemente, eso ha pasado también en España y con el castellano con respecto al catalán –y las otras lenguas peninsulares- y no en relación inversa”.
Aquí Xaubet, incurre no solo en una palmaria negación de la realidad, sino en una notable contradicción lógica. El movimiento nacionalista catalán, que aspira a la construcción un Estado-nación, sería el único caso en el mundo donde éste no se plantea la homogenización lingüística, cuando toda su política lingüística se orienta en este sentido. Ello, además, cuando los líderes del movimiento nacionalista/independentista no han ocultado que este es su objetivo; es decir, que el catalán sea el único idioma de uso público, relegando al castellano al uso privado de sus hablantes. Por otro lado, la historia está llena de ejemplos de cómo antiguas naciones oprimidas se convirtieron en opresoras cuando dispusieron los medios para ello.
Polonia, repartida y ocupada por alemanes, austríacos y rusos, sufrió agresivas políticas de germanización y rusificación de carácter asimilacionista; sin embargo, prohibió la enseñanza en lituano, bielorruso y ucraniano al acceder a la independencia después de la Primera Guerra Mundial. Los rumanos, oprimidos por Hungría en Transilvania bajo dominación del Imperio Austro-Húngaro, ejercieron ese mismo papel al incorporar al Estado rumano a la minoría húngara transilvana tras la Gran Guerra. Más recientemente, se observó ese mismo comportamiento en los países bálticos con sus minorías rusas tras la implosión de la Unión Soviética.
Cuestiones de sociolingüística
La realidad sociolingüística de Catalunya presenta numerosas singularidades de cuyo análisis debería desprenderse un modelo democrático, respetuoso con su pluralidad cultural del país y con los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
En Catalunya están en contacto dos idiomas neolatinos. Uno de ellos, el castellano, hablado por centenares millones de personas en dos continentes y otro, el catalán, utilizado por unos pocos millones de individuos en una reducida área geográfica. Además, el catalán, fue objeto de persecución durante gran parte de los siglos XIX y XX en el intento del Estado español por construir un Estado-nación homogéneo culturalmente.
Por ello, la lengua catalana debe gozar de una especial protección por parte de las autoridades españolas, catalanas y europeas. Desde esta perspectiva, el catalán es la lengua débil y el castellano la fuerte que no precisa de medidas de protección especial.
Desde el punto de vista de la composición social, el castellano es la lengua vehicular de una minoría de la alta burguesía, especialmente en Barcelona, que se castellanizó en el siglo XIX, aunque sobre todo el grueso de sus hablantes radica en la clase obrera procedente de la emigración del sur de España en las décadas centrales del siglo XX. Por el contrario, el catalán suele ser la lengua vehicular de gran parte de la burguesía y las clases medias. En este sentido, el catalán es la lengua fuerte y el castellano la débil.
Desde la perspectiva de la distribución territorial, el uso del castellano se concentra en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, aunque no debe olvidarse que prácticamente no existe ninguna localidad de la Catalunya interior donde no haya núcleos de población de lengua castellana procedente de la emigración.
Por el número de hablantes, según los datos de la minuciosa Encuesta de Usos Lingüísticos de la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat del 2019, el catalán es la lengua inicial o materna el 31,5 % de la población (dos millones de personas) y el castellano del 52,7 % (3,4 millones).
En ambos idiomas, respecto al 2003, ha bajado el porcentaje de la población que la tiene como lengua materna; el castellano ha descendido del 56,1 % al 52,7 % y el catalán del 36,2 % al 31,5%. Un 2,8 % dicen emplear las dos lenguas indistintamente y un 10,8% otros idiomas. Sobre la denominada “lengua de identificación”; es decir, aquella que los hablantes consideran como suya, un 46,6% se pronuncian por el castellano y un 36,3% por el catalán.
Unas cifras que indican que un 6,1 % de la población se identifica con la lengua catalana, a pesar que su lengua materna sea la castellana. Respecto a los usos lingüísticos, según esta misma encuesta, el 94% entiende el catalán, el 81% sabe hablarlo, el 85,5% leerlo y el 65,3 % escribirlo. Además, un 76,4 % dice usar la lengua catalana, lo cual supone un ligero incremento del 1,8% respecto al 2013; aunque de éstos un 24,9% reconoce emplearla de modo muy escaso y un 15,5 % “medianamente” (frente a un 93,2% que utiliza el castellano).
Otro dato a considerar es el relativo a la frecuencia con la que se inician la conversación en catalán que ha subido del 67,9 % del 2013 al 70,6% en el 2019.
Las personas que nunca comienzan la conversación en catalán han bajado del 29,6 % al 26,9 % en el 2019.
Todos estos datos corresponden a la media. Territorialmente estos porcentajes descienden en la Vall d’Aran, donde también se utiliza el aranés, y en el Área Metropolitana de Barcelona. Teniendo en cuenta que la media de quienes dicen saber hablar catalán es del 81,2%, en la primera, el porcentaje desciende al 77,1% y en la segunda hasta el 78,4%.
Otro dato interesante es el relativo a las preferencias de la juventud. Según esta encuesta, frente a las opciones monolingües en una u otra lengua, prefieren las compartidas en castellano y catalán, pero también en otros idiomas. Un 45,8 % de los encuestados afirma entender el inglés y un 37,5 % hablarlo.
Un dato favorable a la extensión del uso de la lengua catalana radica en la denominada “transmisión generacional”. En torno al 55% de los encuestados dice hablar sólo en castellano a sus abuelos y el 28% en catalán; un 50 % lo hace sólo en castellano con sus padres y un 30 % en catalán. Sin embargo, con los hijos, un 36,6% utiliza únicamente el castellano y un 35,4% sólo el catalán, dándose un 28 % de otras combinaciones lingüísticas.
Esquemáticamente, éstos son los mimbres con los que debemos construir el mencionado modelo lingüístico democrático.
Los principios de la UNESCO A nuestro juicio, la inmersión no resulta en absoluto respetuosa ni con la pluralidad lingüística del país, ni con los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Se trata de un sistema educativo monolingüe que sólo se utiliza como idioma vehicular uno de los dos que emplea mayoritariamente la población del país y que responde a los postulados ideológicos asimilacionistas del nacionalismo/independentismo hegemónico en Catalunya.
Como punto de partida deberían aceptarse los criterios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que “entiende por enseñanza en la lengua materna el empleo de la lengua materna de los educandos (UNESCO, 2003: 14)”. Esta organización propugna que “para que los niños puedan adquirir unas bases sólidas de lectura, escritura y aritmética, las escuelas deben impartir la enseñanza en una lengua que los niños entiendan.
Los sistemas educativos bilingües (o multilingües) basados en la lengua materna, en los cuales se enseña la lengua materna del niño con la introducción de un segundo idioma, pueden mejorar los resultados en el segundo idioma, así como en otras asignaturas.” (UNESCO, 2016:3) Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (Informe GEM) del 2016 en los países que han invertido en programas bilingües se observan mejoras en los resultados del aprendizaje.
En opinión de Aaron Benavot, director del Informe GEM de la UNESCO, la lengua puede ser una espada de doble filo: “si bien refuerza los lazos sociales y el sentido de pertenencia a un grupo étnico, también puede convertirse en un factor de marginación. La política educativa debe velar por que todos los educandos, incluidos los hablantes de lenguas minoritarias, accedan a la educación en un idioma que conozcan”. Por su parte, Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO), manifestó: “Enseñar en una lengua diferente de la materna
afecta negativamente en el aprendizaje. Añade una dificultad en entornos donde ya existe pobreza, marginación, analfabetismo de los padres o desconocimiento de ellos de la lengua predominante.”
Resulta evidente que la inmersión lingüística vulnera estos principios de la UNESCO, particularmente si tenemos en cuenta que ésta se aplica mayoritariamente a un sector del alumnado procedente de familias con bajo nivel de renta y escaso nivel cultural. Ciertamente, el sistema educativo debe proporcionar las herramientas para que los alumnos de lengua materna castellana aprendan y sepan desenvolverse en catalán. No obstante, la falacia de los defensores de la inmersión, entre lo que se cuenta Xaubet, radica en sostener que la inmersión es el único método para aprenderlo. De hecho, los únicos lugares del mundo donde se practica la inmersión obligatoria a la catalana es en Groenlandia y las islas Feroe.
El modelo finlandés
Examinemos el modelo lingüístico de Finlandia, en la medida que puede servir de referente para hallar una solución democrática al pleito de las lenguas en España. En Finlandia, con una población de cinco millones de habitantes, existe una minoría de lengua sueca de alrededor del 5,7% de la población del país concentrada en las cuatro provincias de la costa occidental y meridional del país.
La Constitución finlandesa establece que el suomi (finés) y el sueco son los idiomas oficiales y nacionales del país, de familias lingüísticas tan alejadas como el castellano del euskera. En este país rige el denominado “principio de autodeterminación lingüística”, según el cual cada ciudadano debe registrarse como suecófono o finesófono.
En virtud de este principio sólo los distritos administrativos, incluso el Estado, pueden ser bilingües, pero no los ciudadanos quienes, no obstante, tienen la obligación de definirse.
Los municipios del país deben establecer si son monolingües o bilingües. Se consideran bilingües a aquellos donde al menos el 8% de la población tiene como idioma materno el suomi o el sueco o esta población alcance a 3.000 habitantes. En los municipios bilingües existe la obligación que todos los documentos y comunicaciones oficiales se realicen en ambas lenguas. En las ciudades de estatus monolingüe sólo existe el derecho individual del ciudadano a ser atendido en su idioma. Si trasladásemos estos principios a Catalunya, prácticamente todos sus municipios deberían publicar sus documentos y emitir sus comunicaciones en castellano y catalán, cosa que no sucede en la actualidad.
En municipios de regiones monolingües como Castilla o Andalucía, el distrito administrativo del cual dependen tendría que disponer de al menos una persona capaz de atender en catalán, euskera o gallego. Los municipios bilingües deben disponer de escuelas públicas en ambos idiomas. En la práctica los padres, que previamente se han inscrito en el registro lingüístico, eligen el idioma en que quieren escolarizar a sus hijos. Un alumno suecofóno inicia la enseñanza primaria en lengua sueca y progresivamente se le introducen asignaturas en finés de manera que al acabar la enseñanza obligatoria sepa desenvolverse en ese idioma.
No obstante, todos los alumnos del país estudian como segundo idioma el sueco o el finlandés. Si trasladásemos este sistema a España un alumno de Aragón a Extremadura debería estudiar el catalán, gallego o euskera como segunda lengua y una familia de Albacete que se trasladase a Catalunya tendría el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano si residiese en un municipio con al menos el 8 % de la población de lengua castellana. Por otro lado, en las universidades de Finlandia se disponen de cuotas mínimas en lengua sueca.
La sección 14 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos finlandeses, de lengua sueca o finesa, a utilizar su propio idioma en los tribunales y ante las autoridades. Estos derechos están garantizados en pie de igualdad para los ciudadanos de ambos grupos lingüísticos. Estas disposiciones constitucionales están basadas en el principio de igualdad y en el de personalidad, no en el de mayoría. De este modo una persona de lengua finesa residente en un municipio de mayoría sueca estaría protegida por la misma legislación que protege a su homónimo suecófono que vive en un municipio de lengua mayoritariamente finesa.
Este sistema ha sido criticado por su gran coste económico y el enorme esfuerzo administrativo que comporta y que en España aún sería superior, pues de adaptarse se aplicaría no a dos, sino a cuatro lenguas. No obstante, esta política lingüística ha conseguido la desaparición de las fuertes tensiones nacionalistas existentes cuando se proclamó la independencia de Finlandia del Imperio ruso (1919) y los territorios de lengua sueca reclamaron la independencia.
Ahora, por el contrario, entre la población de lengua sueca existe un intenso sentimiento de pertenencia a la nación finesa. Ciertamente, no pueden trasladarse mecánicamente unos modelos lingüísticos que se corresponden a realidades sociales y políticas bien diferentes. Ahora bien, pensamos que la experiencia finlandesa ofrece algunos elementos valiosos que pueden servir para la construcción del modelo lingüístico democrático que necesita nuestro país.
Contra la inmersión
La política lingüística de la Generalitat y la inmersión lingüística en particular responden a las exigencias ideológicas del movimiento nacionalista/independentista catalán cuyo objetivo confeso es la homogenización cultural de la población como fundamento de la construcción de un Estado-nación independiente. De hecho, Xaubet resulta un buen ejemplo de esa izquierda abducida por el nacionalismo lingüístico, tanto por su argumentación en defensa de la inmersión como por su terminología al emplear conceptos como “normalización”, “lengua minorizada” o “lengua propia” que sólo tienen un significado en el marco mental del nacionalismo.
Así, rechaza el principio de elección de los padres, calificado de “argumento típicamente liberal”, cuando no se trata de eso, sino del derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua materna siguiendo, como hemos indicado, los principios de la UNESCO.
Esto le conduce a afirmar que “la inmersión lingüística y la normalización del catalán son la forma de oponerse a la diferenciación de identidades y la segregación de comunidades”, cuando justamente persiguen el efecto contrario, al tratarse de un modelo asimilacionista que pretende la eliminación de una de las identidades del país. Según su razonamiento, la minoría sueca en Finlandia debería renunciar a la enseñanza en su lengua materna y ser educada mediante la inmersión en finlandés, lo cual provocaría el efecto contrario de alimentar las tensiones nacionalistas.
Finalmente, el autor me imputa –sin ningún fundamento- alinearme con las “tesis de la derecha españolista”, cuando en mi primer artículo sobre el tema denunciaba el carácter espurio de las críticas de la derecha españolista a la inmersión enunciadas desde otro nacionalismo. Se trata de uno de los típicos y poco originales recursos, que el autor comparte con los nacionalistas catalanes, para descalificar a quienes desde la izquierda rechazamos la política lingüística de la Generalitat y la inmersión.
Esta falaz acusación recuerda la polémica entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus al conocerse, a finales de la década de 1940, la existencia de campos de concentración para disidentes en la Unión Soviética. En opinión de Sartre no se debía denunciar el Gulag, pues era hacerle el juego a la derecha que lo estaba utilizando profusamente en clave anticomunista. Por el contrario, Camus consideraba inaceptable la existencia del Gulag y un deber de las izquierdas denunciarlo. En un momento del debate, Camus afirmó: “Si la verdad es de derechas, yo soy de derechas”.
Hasta que el problema de las lenguas en España no se desvincule de planteamientos identitarios esta cuestión continuará generando un clima de confrontación y división que siempre beneficiará a las formaciones nacionalistas de uno u otro signo en perjuicio de las izquierdas. A nuestro juicio, un modelo lingüístico democrático debe basarse en los derechos de la ciudadanía y en el respeto a la pluralidad cultural, combatiendo los proyectos homogenizadores y asimilacionistas de uno u otro signo. Un combate donde, lamentablemente, en demasiadas ocasiones brilla por su ausencia la izquierda catalana. "