Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de “ordinalidad” incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial... No es posible hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación territorial si no se habla simultáneamente de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas y acabe con el dumping tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha... La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan

 "(...) Saludamos los contenidos más sociales del acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas políticas, pero en especial nos congratulamos de los contenidos del acuerdo entre Comunes y PSC, en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda, que van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar 150.000 viviendas o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional.

Sin embargo Izquierda Unida discrepa del acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a  Cataluña.

Compartimos que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades autónomas, revisión que debe ponerse en marcha simultáneamente para todos los territorios del Estado y atendiendo a las diferentes problemáticas que tienen en la actualidad cada uno de ellos.

Este nuevo modelo de financiación territorial para Izquierda Unida tiene que descansar en los principios de solidaridad entre los territorios con más ingresos y renta per cápita y aquellos con ingresos y rentas per cápita más bajas. Un sistema de solidaridad entre territorios donde no solamente se cubran los gastos comunes generadas por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc…)  sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo.

Para una fuerza política de izquierdas, republicana y federal como Izquierda Unida, el desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuales sean sus nacionalidades o en que lengua se expresen.

Lo anterior significa que cualquier cesión de la capacidad normativa tributaria debe garantizar una tributación justa en todos los territorios sobre los ingresos empresariales, rendimientos del capital e inmobiliarios y grandes patrimonios, único mecanismo para evitar el dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas, evitando así modelos de tributación que pretendan recaudar principalmente sobre las rentas del trabajo o a través de los impuestos indirectos al consumo, que satisfacen igual los más ricos y los más humildes. Solamente desde esta premisa se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios y nacionalidades.

Cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe siempre garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación de distintas comunidades autónomas arrastrados desde hace años.

 

Por dicho motivo Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de “ordinalidad” incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial. No olvidemos que ya nuestro sistema tributario permite la gestión de determinados impuestos o tramos de impuestos por las comunidades autónomas y administraciones locales, precisamente para garantizar que buena parte de los recursos fiscales generados en las comunidades autónomas se invierten en estas y no se integran en mecanismos de compensación interterritorial. Por esto mismo, aplicar el criterio de “ordinalidad” a todos los impuestos recaudados en una comunidad autónoma excluye cualquier posibilidad de solidaridad de esta con el resto de comunidades o con las personas que vivan en otros territorios del Estado.

Izquierda Unida estamos de acuerdo con poner en marcha un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que atienda las necesidades generales de todos los ciudadanos y ciudadanas y también las necesidades específicas de los territorios que hayan sido infra financiados en los últimos años. No tenemos duda de que Cataluña también ha padecido este problema, habiendo existido déficit de financiación en importantes infraestructuras como por ejemplo el sistema eléctrico o el sistema ferroviario. Pero generalizar el modelo contenido en el acuerdo PSC-ERC al resto de comunidades autónomas, significaría imposibilitar la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad autónoma, lo que a su vez abriría la puerta a posteriores conflictos dentro de estas ante la tentación de pretender aplicar el mismo sistema en los límites de cada provincia o incluso comarca.

Izquierda Unida defiende soluciones generales que atiendan los problemas de todos los territorios del Estado, al entender que eso es precisamente la plurinacionalidad, atender las diferencias y definir el mejor marco para garantizar los derechos de las distintas nacionalidades, a la vez que construimos un modelo de convivencia común en un Estado federal. No es posible hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación territorial si no se habla simultáneamente de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas y acabe con el dumping tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha. Es decir, sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas, no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial.

 La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan. Solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y garantizando su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y a la vez frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia.

Izquierda Unida se felicita de que en Cataluña se haya alcanzado un acuerdo de gobierno entre fuerzas de izquierdas. Continuaremos trabajando para que las políticas de izquierda, también en materia tributaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado.

Fuente: Izquierda Unida"                (Mundo Obrero, 06/08/24)

Gonzalo Bernardos: ¿Por qué estoy en contra de un concierto económico para Cataluña? Los cálculos sobre las balanzas fiscales tienen una limitada credibilidad... la solidaridad entre las autonomías debe continuar... la solidaridad no puede quedar limitada por la ordinalidad... las balanzas fiscales no tienen en cuenta la aportación de la AGE al sistema de pensiones. si la contribución de Cataluña al PIB español fue del 19%, los residentes en la autonomía obtuvieron a través del sistema de pensiones una financiación adicional de la AGE por valor de 13.285 millones

 "El 29 de julio, los negociadores del PSC y ERC llegaron a un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre los temas acordados, el más relevante fue la concesión de un concierto económico a Cataluña. Si lo aprueba el Congreso, la anterior asignación equipararía fiscalmente a la autonomía catalana con el País Vasco y Navarra y supondría la creación de un nuevo régimen especial (una financiación singular).

En un próximo futuro, la Agencia Tributaria Catalana recaudaría la totalidad de los impuestos generados en la autonomía, abonaría una parte a la Administración General del Estado (AGE) por los servicios prestados directa e indirectamente a los residentes en Cataluña (el importe conocido como cupo) y pagaría una cuota, denominada de solidaridad, para ayudar al desarrollo de las comunidades con menos recursos.

Indudablemente, el concierto económico aumentaría los ingresos a disposición de la Generalitat y, como catalán residente en la autonomía, podría resultarme beneficioso. Por un lado, por una reducción de los impuestos sufragados. Por el otro, debido al incremento del gasto público efectuado en sanidad, educación, infraestructuras, etcétera.

A pesar de ello, estoy en contra de la concesión del concierto a Cataluña, tanto por motivos económicos como políticos. Los primeros son los siguientes:

a) los cálculos sobre las balanzas fiscales tienen una limitada credibilidad. Las balanzas fiscales constituyen un magnífico ejercicio académico, pero tienen una limitada credibilidad para cuantificar lo que una comunidad autónoma aporta a la AGE y lo que recibe de ella. En primer lugar, porque hay dos tipos de balanzas (las observadas y las neutralizadas) y múltiples métodos para calcularlas.

En segundo, debido a los numerosos supuestos que deben hacerse para llegar a algunas conclusiones. Por un lado, no existe la suficiente información desagregada. Por el otro, el gasto efectuado por la AGE beneficia a la comunidad donde se realiza y también al resto del país. Así ocurre con las inversiones efectuadas en el puerto de Barcelona, en el AVE a su paso por Castilla y León o en las instalaciones militares de Zaragoza.

En tercero, por las grandes diferencias observadas en los resultados proporcionados por las distintas balanzas y métodos. Así, por ejemplo, en 2009, el saldo fiscal de Cataluña con la AGE oscilaba entre un superávit de 4.015 millones y un déficit de 16.410 millones. El primer dato era obviado por la Generalitat y el segundo publicitado una y otra vez. Desde mi perspectiva, ninguno de los dos se ajustaba a la realidad.

b) la solidaridad entre las autonomías debe continuar. En nuestro país, casi nadie cuestiona que las personas con mayores ingresos tengan un saldo fiscal negativo. En otras palabras, la cuantía pagada en impuestos supere a la obtenida en prestaciones públicas. Los partidos independentistas catalanes también son partidarios de la solidaridad, pero únicamente en el ámbito de Cataluña. Por dicho motivo, les parece muy bien que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona financien a los del resto de la autonomía.

No obstante, es sorprendente que un partido progresista como el PSOE apoye un concierto económico en Cataluña, a pesar de que tal posibilidad no figura en la Constitución.

Especialmente porque está a favor de la redistribución de rentas entre los ciudadanos a través de los impuestos y el gasto público. Una concesión que hará más rico a un territorio próspero y empobrecerá a las autonomías con un menor PIB per cápita.

c) la solidaridad no puede quedar limitada por la ordinalidad. En el acuerdo entre PSC y ERC, ambas formaciones limitan la solidaridad de los catalanes con el resto de España a la ordinalidad. En la clasificación de las autonomías, según lo que aportan y reciben de la AGE, dicho acuerdo establece que Cataluña jamás ha de ocupar una posición más baja en el segundo apartado que en el primero. Si así sucediera, la contribución efectuada al resto de territorios sería escasa y sustancialmente inferior a la calculada por FEDEA (2.168 millones en 2021).

La anterior restricción extrapolada al ámbito del IRPF implicaría que cualquier español cuyos ingresos anuales ascienden a 300.000 euros debería recibir más prestaciones públicas que los perceptores del salario mínimo (15.876 euros), a pesar de que los segundos las necesitan mucho más que los primeros. Una opción que públicamente ningún partido, incluidos los de carácter neoliberal, se atrevería a proponer.

d) las balanzas fiscales no tienen en cuenta la aportación de la AGE al sistema de pensiones. Los ingresos por cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social y las clases pasivas son insuficientes para sufragar los pagos en concepto de pensiones contributivas y los gastos derivados de su gestión. Según Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en 2023 el desfase entre unos y otros ascendió a 69.919 millones.

En el pasado año, si la contribución de Cataluña al PIB español fue del 19%, los residentes en la autonomía obtuvieron a través del sistema de pensiones una financiación adicional de la AGE por valor de 13.285 millones. Una cuantía más de seis veces superior a la aportada por dicho territorio al régimen común de financiación en 2021 (2.168 millones)

Los motivos políticos son los siguientes:

a) ninguna comunidad autónoma debería tener un régimen de financiación especial. Desde mi perspectiva, todas las comunidades deberían forman parte del régimen común y ninguna de ellas disponer de uno especial. Por eso, estoy en contra del concierto económico catalán, pero también del vasco y navarro. No obstante, los dos últimos están contemplados en la Constitución, pero no así el primero. Indudablemente, una diferencia esencial.

El régimen especial del País Vasco y Navarra les permite recibir financiación del resto de España, siendo ambas autonomías más ricas que el conjunto del país. Por eso, el gasto social por habitante en dichas comunidades supera al observado en cualquier otra. Una situación derivada de dos factores: la inexistencia de solidaridad con el resto de la nación y la negociación política del cupo.

Una y otra vez, el Gobierno español de turno, para contentar al PNV y obtener sus votos en el Congreso, acepta que la AGE reciba un importe inferior al que le correspondería por los servicios prestados a los residentes en el País Vasco y Navarra. Indudablemente, un agravio comparativo para Cataluña, una comunidad que en el verano de 1980 prefirió continuar en el régimen común de financiación a disponer de uno especial, y también para el resto de España.

b) el concierto económico facilitaría la independencia de Cataluña. En esta ocasión, los dirigentes de ERC tienen razón. De ninguna manera, constituye un farol lo que dicen. La recaudación y gestión de los ingresos tributarios originados en el territorio catalán constituye un paso hacia adelante en la ruta hacia la independencia.

En primer lugar, porque el día después de la declaración podrán continuar financiando los servicios públicos básicos. En segundo, debido a que les permite disponer de más capital para promocionar sus supuestas ventajas, tanto en Cataluña como en el resto del mundo. Con el concierto económico, la Agencia Tributaria Catalana tendrá unas características similares a las de cualquier otra de un país desarrollado.

c) constituye un agravio comparativo respecto a las otras comunidades ricas. La concesión de un concierto económico a Cataluña impediría negárselo a las otras dos autonomías (Madrid y Baleares) que aportan más de lo que reciben de la AGE, según FEDEA. Si se les otorgara, la redistribución de rentas entre territorios sería escasa o nula y el país iniciaría un incierto camino, cuyo distinto final probablemente sería la creación por la puerta de atrás de una confederación de naciones. Una posibilidad para nada contemplada en la Constitución.

En definitiva, constituye una sorpresa que un partido de implantación estatal como el PSOE acceda a concederle a Cataluña un concierto económico. No obstante, ya no lo es que sus dirigentes negaran tal posibilidad solo unos días antes. Indudablemente, supone una contradicción que dicha formación sea favorable a la redistribución de rentas entre las personas, pero no entre las autonomías, cuando las segundas están integradas por ciudadanos.

A pesar de que el concierto me beneficiaría, pues soy catalán y residente en la comunidad, soy contrario a él. En primer lugar, porque soy solidario con los que menos tienen. En segundo, debido a que mi solidaridad con los de Lleida es idéntica a la que tengo con los de Badajoz. Para nada, tal y como sucede con los independentistas, tiene como límite el territorio catalán.

En tercero, porque estoy a favor de la justicia social y deseo que en España todos los ciudadanos dispongan de los recursos necesarios para obtener un nivel de vida digno. En cuarto, debido a que todas las autonomías no poseen las mismas cartas. Las que disponen de una mayor inversión privada (Madrid y Cataluña) siempre tienen en su mano uno o varios comodines. En cambio, la que tienen menos acceso a ella, difícilmente poseen dos o más naipes cuyos números sean correlativos o idénticos.

La historia reciente muestra claramente la insaciabilidad de los políticos independentistas. Les den lo que les den los partidos españoles, jamás se conformarán, excepto si les ofrecen la independencia. La concesión del concierto económico supondría un gran paso adelante en la ruta que conduce a su objetivo y probablemente comporte la aparición de un nuevo procés. Si así sucede, espero y deseo que no sea tan dañino para Cataluña como el anterior. De él, aún no nos hemos recuperado ni social ni económicamente."                 (Gonzalo Bernardos , , Crónica Global, 03/08/24)

Las nueve mentiras de Junqueras sobre las ventajas económicas de la independencia. El economista Joan Llorach, en el libro coral Anatomía del procés (Debate, 2018), explica que sus deliberadas incorrecciones quedaron impunes y las equipara a las falsedades que difundieron los principales promotores del 'brexit'

"Un sector del mundo político y empresarial ve en el el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el hombre moderado dentro del nacionalismo con quien encontrar un interlocutor posible una vez finalice el proceso judicial por el referéndum ilegal del 1 de octubre. (...)

El economista Joan Llorach, en el libro coral Anatomía del procés (Debate, 2018), explica que sus deliberadas incorrecciones quedaron impunes y las equipara a las falsedades que difundieron los principales promotores de abandonar la Unión Europea en el Reino Unido, como el exlíder y eurodiputado Nigel Farage, del Partido de la Independencia (UKIP), cuando el día después que la opción del Brexit ganara en el referéndum convocado por el exprimer ministro David Cameron, admitió que era “un error” haber asegurado que los 350 millones de libras que iban al continente se destinarían a la Seguridad Social del Reino Unido.

En conversación con este medio, Llorach sostiene que “la prensa no hizo su trabajo” ni “un fact check mínimamente solvente” para desmontar las imprecisiones de Junqueras en materia económica.

 

Junqueras llevó el “expolio” en escena

Junqueras entró en escena colocando el déficit fiscal como principal argumento para defender la independencia de Cataluña. En 2011, en una entrevista en TV3, llegó hablar de que los catalanes sufrían un “expolio fiscal anual”: “Sufrimos una crisis económica de carácter internacional muy importante y otra añadida que es terrible, que es que cada año, aproximadamente el 10% de nuestro PIB, que es una bestialidad, marcha y no vuelve de ninguna manera. […]”. 

De acuerdo con el entonces candidato de ERC al Parlamento catalán, la “limitación” que sufría la comunidad autónoma en sus políticas sanitarias o educativas era “en buena medida” debido “al expolio fiscal que sufrimos por parte del Estado español cada año”.

Este argumento económico --más tendiente de ser utilizado por la derecha-- en Cataluña fue abanderado por Junqueras. También como arma contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas. En 2012, el líder de ERC afirmó que tenía la “sensación” que el Govern [de Mas] estaba dando “pasos en la dirección contraria” para “reducir el expolio fiscal”.

 

Sin piso en propiedad por culpa del Estado

En un mitin durante su campaña a las elecciones europeas de 2009 aseguró que el expolio anual, en términos tangibles, era de “12.000 euros por familia media catalana, el equivalente a un coche cada año, dos millones de las antiguas pesetas cada año” y que esta dinámica llevaba dos décadas sin cesar: “Dos millones por familia catalana es impuestos que les hemos regalado por 23 años, hace 46 millones de pesetas.

 ¿Cuánto vale un piso en vuestro pueblo? Pues probablemente el piso ya lo tendrías pagado. Y si alguno de vosotros paga hipoteca, pues no la pagaría”.

Junqueras no tuvo reparos en explotar el argumento del agravio económico para convencer a los indecisos: “Si con estos argumentos no sois capaces de convencer a vuestros amigos, vecinos, parientes y conocidos de que conviene votar a ERC porque conviene avanzar hacia la libertad nacional de nuestro país, hacia nuestro progreso económico y hacia nuestra justicia económica es que el candidato no es lo suficientemente bueno”, abundó durante el mismo mitin.

 

Contra los cálculos de Mas-Colell

De acuerdo con Llorach, en su capítulo El relato del expolio, durante el debate de las elecciones de 2012 en TV3, el republicano incluyó argumentos económicos falaces en el total de doce intervenciones que realizó. Junqueras mencionó hasta en tres ocasiones el mantra de “los 16.000 millones de euros” que Cataluña aporta cada año al Estado, mientras que el entonces líder de CDC, Artur Mas, no citó ni una vez dicha cantidad.

Mientras Junqueras volvía a mencionar en un acto en la Universidad Politécnica de Gandía, en mayo de 2009, “los 12.000 euros por familia que salen cada año de los bolsillos de las familias catalanas” y que “no se devuelven” y que, según él, “equivalen a dos pisos en Gandía” y a no “pagar hipoteca”, Mas-Colell, en una entrevista en el diario Ara, en 2015, sostenía que no creía que “el tema de la independencia tenga que plantearse en función de intereses económicos inmediatos” y que la contabilidad global de Cataluña sería de “superávit” con los impuestos de 2015. 

Es decir, que la región podía cubrir con los impuestos el coste de todos los servicios públicos que recibe Cataluña y quedaría un pequeño excedente.

Lo que para Junqueras eran “dos pisos” en Gandía, para Mas-Colell era “un pequeño excedente”.

 

El país más rico de Europa

En una entrevista en Rac1, en 2012, Junqueras seguía con el argumento de que Cataluña tendría “16.000 millones cada año” y que esto representaba más dinero que “todos los recortes juntos de la Generalitat”. En la misma línea, en una conferencia en Pimec en el mismo año, afirmó que “una Cataluña independiente tendría el superávit público, en términos absolutos y relativos, más importante de las economías occidentales”.

Junqueras insistió en más de un evento, como en El Vendrell, en 2010, que “si cada año no desapareciera de nuestro país el 8% de PIB, cada diez años doblaríamos nuestro PIB. Cada diez años seríamos el doble de ricos” y que como esta situación hace “veintiséis años que dura, habríamos casi cuadriplicado nuestro PIB”.

Según los datos más recientes de Eurostat, la renta per cápita catalana es de 28.800 euros, que multiplicada por 4 da 115.200 euros. Llorach apunta que, de acuerdo con los datos de Junqueras, “Cataluña sería muy pronto el país más rico de Europa”. Un “sinsentido” que pasa por confundir el déficit fiscal con un crecimiento garantizado de la economía.

 

Publicar las balanzas fiscales

Asimismo, en la entrevista en Salvados, en 2015, en la que Junqueras visitaba una familia andaluza afirmó que los catalanes “representan el 16 o 17% del total de la población de España” y que aportan “el 24% de los impuestos y reciben el 9% de las inversiones”. Según el dirigente en prisión preventiva este era el motivo de que hubiera “tanta gente nacida en Andalucía que estaba convencida de que la única solución era la independencia de Cataluña”.

En febrero de 2018, en una debate en la London School of Economics, Mas-Colell afirmó que “aproximadamente Cataluña paga impuestos en proporción a su contribución al PIB y recibe en proporción a su población”.

Los datos de las balanzas fiscales publicadas por la Generalitat confirman a Mas-Colell: Cataluña genera el 18,80% del PIB (datos INE) y paga el 18,86% de los impuestos (datos Generalitat). Y la comunidad catalana representa el 15,99% de la población (INE) y recibe el 15,03% del total del gasto e inversiones públicos (Generalitat). En este sentido, se corrobora el argumento de que tiene un déficit fiscal justo, relativo a pagar por renta y recibir por población.

 

El Estado “asfixia” a Cataluña

Junqueras aseguró en un acto en Vic, en 2013, que “el Estado español nos estrangula y quiere que nuestra gente sufra”, pero que tampoco puede “estrangular definitivamente a una economía que representa el 24% de sus ingresos fiscales”.

De acuerdo con sus argumentos, el Estado tenía un plan para asfixiar a Cataluña. Por su parte, Mas-Colell, creía que, si acaso, era “un castigo a todas las comunidades” que reciben una parte menor de los impuestos de la que les corresponde. A este respecto, admitía que Valencia y Madrid estaban más perjudicadas: “Aunque para mí no lo sea, quizá nos puede servir de consuelo que no nos quieren asfixiar más que a Valencia o Madrid”.

 

Lluís Salvadó: retorna el 81%

Lluís Salvadó, el secretario de Hacienda de Oriol Junqueras, afirmó en 2017 en una entrevista con Mónica Terribas en Catalunya Ràdio que “en 2016 pagamos 74.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones, y como bien sabéis, 14.000 no vienen; se quedan por el camino porque aquí nos llegan 60.000”.

Es decir, según el número dos de Junqueras, el Estado retornaba el 81% de los impuestos recaptados en Cataluña.

 

El (falso) principio de ordinalidad alemán

En abril de 2011 Junqueras envío una carta a todos los diputados del Parlamento Europeo en la que decía que “Cataluña es una de las regiones europeas con mayor potencial, a pesar de que España le deduzca anualmente el 10% de su PIB. Como sabe, por decisión del Tribunal Constitucional, en Alemania las transferencias entre regiones están limitadas al 4,5% del PIB regional”.

En su blog insistió en el argumento. En enero de 2012 escribió que “las aportaciones del land más rico de Alemania no llegan ni a la mitad del déficit fiscal catalán”.

Este argumento fue desmentido por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que en calidad de presidente del Parlamento Europeo preguntó a los embajadores de los países citados por Junqueras si en sus países publicaban las balanzas fiscales. 

Asimismo, el profesor Klaus-Jürgen Nagel, de la Universidad Pompeu Fabra, también escribió que “Alemania no calculaba las balanzas fiscales por ningún método” y que “las subvenciones del Gobierno federal pueden alterar la ordinalidad y, de hecho, lo hacen”.

 

Sí dijo que España "roba"

En dos entrevistas --una en la Cope y otra en Cuatro, con Risto Mejide-- Junqueras aseguró no haber usado nunca el eslógan “España nos roba”. Pero, de acuerdo con el coautor de Anatomía del procés, usó el verbo “robar” y sus variantes para hablar del déficit fiscal: “Junqueras utiliza el verbo “quitar” (prendre, en catalán) el 80% de las veces; “expoliar” el 10%; “joder” (fotre) el 4%; y “robar” el 1%.

En un evento en Sabadell, en 2010, dijo: “Cuando vaya de verdad, cuando estemos a punto de la victoria, el Estado nos comprará. Al menos lo intentará. Y dirá: “Hombre ¿es un tema de impuestos, no?. Mira, a partir de ahora solo os robaremos la mitad de lo que os hemos robado hasta ahora”.                (Laura Fábregas, Crónica Global, 16/11/18)

California contribuye al presupuesto federal con 8.028 dólares por persona y recibe 6.709... Si en EE UU hicieran lo que quieren los nacionalistas catalanes, California ya sería independiente

"(...) No digo nada sobre el principio de ordinalidad (palabra que no existe en castellano) que defienden como un acto de justicia quienes parecen no saber nada del asunto. Se dice que “las regiones que dan dinero a las menos favorecidas, no pueden resultar después más perjudicadas que las receptoras de esas aportaciones”. 

¿De dónde sacan la idea de que algunas regiones transfieren dinero a otras? En 24 años de presidente de Extremadura jamás he visto una partida procedente del presupuesto catalán con destino a otras regiones más deprimidas. Es falsa esa transferencia. Extremadura se financia por los impuestos propios, los cedidos por el Estado y por los fondos europeos. 

Y de igual manera que es falsa esa transferencia, es falso que el principio de ordinalidad rija en otros Estados federales. Ni siquiera en países donde se supone que lo de solidaridad coge demasiado lejos, como EE UU, se practica semejante despropósito. 

California, por ejemplo, contribuye con 8.028 dólares por persona y recibe 6.709. Connecticut entrega 11.522 dólares y recibe 8.795. Si en EE UU hicieran lo que quieren los nacionalistas catalanes, California, que con su aportación per capita se coloca en el puesto 9º, y se sitúa en el 38º en el ranking federal de ingresos per capita, o Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per capita de EE UU, y pasa a ocupar el puesto número 13º en ingresos federales, estarían reclamando la independencia por no sentirse cómodos en un sistema tan solidario y tan alejado del principio de ordinalidad.(...)"               (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, El País, 08/12/17)

El sistema de conciertos propuesto por Urkullu no existe en ningún país y sería irresponsable adoptarlo en España. Daría a Madrid un 36,5% más que a la media (datos de 2016), al País Vasco un 32,7% más... y tendríamos a Extremadura con un 31,7% menos, y a Andalucía con un 26,4% menos... ¿Quién podría explicar a la gente que entre la comunidad mejor tratada y la peor tratada exista una brecha de más de 68 puntos de porcentaje?

"El sistema de financiación autonómica que surja de la próxima reforma debería ser sencillo y susceptible de ser explicado a la gente. Para conseguirlo no es necesario inventar nada, nos basta con el modelo canónico de igualación de la capacidad fiscal, que está basado en un principio de equidad eminentemente razonable e inteligible: si dos comunidades tienen las mismas competencias y exigen de sus ciudadanos el mismo esfuerzo fiscal, ambas deberán disponer de los mismos recursos. 

 La gente acepta este principio de justicia distributiva y desconfía de propuestas que se separan del mismo.

 La sugerencia del lehendakari Urkullu (EL PAIS, 4/12/2017) sobre la posible generalización del sistema de concierto a todas las comunidades autónomas es un buen ejemplo del tipo de propuestas que se separan del principio de equidad aquí defendido. 

La generalización del concierto plantea dos problemas serios. 

El primero es que debilita de forma muy significativa la autonomía financiera del gobierno central. No hay ningún país federal que no asigne a su gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de poder desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. 

El segundo es la ausencia de un mecanismo de igualación.

 Los recursos que, para las mismas competencias y el mismo esfuerzo fiscal, este sistema pondría a disposición de las comunidades se distribuirían aproximadamente según la productividad de las mismas. Con datos de 2016 esto daría a Madrid un 36,5% más que a la media, al País Vasco un 32,7% más, a Navarra un 24,4% más y a Cataluña un 19,3% más. 

En el otro extremo de la distribución tendríamos a Extremadura, con un 31,7% menos, Andalucía un 26,4% menos, Castilla La Mancha un 22,4% menos y Murcia un 19,0% menos. Un sistema así no existe en ningún país y sería irresponsable adoptarlo en España

 ¿Quién puede explicar a la gente que entre la comunidad mejor tratada y la peor tratada exista una brecha de más de 68 puntos de porcentaje? ¿Quién puede explicar que para financiar servicios públicos deba existir entre comunidades diferencia de capacidad financiera alguna?

El sistema de concierto es un ejemplo extremo, pero da una idea muy concreta de cuán difícil es justificarlo ante la opinión pública. Y lo es porque la desigualdad resultante debe competir con una idea poderosa y de notable tradición en los países federales, cual es que dentro de un Estado los ciudadanos deben tener acceso a los mismos servicios públicos con independencia del territorio en el que residan.

 Una idea que no ha impedido el avance de dos argumentos, que sin duda jugarán un papel en la discusión de la próxima reforma, en favor de una mejor financiación para las comunidades más ricas.

El primer argumento dice que del total de recursos del sistema, una parte debe distribuirse de forma igualitaria, con el fin de financiar unos servicios llamados esenciales, y el resto debe distribuirse según la capacidad fiscal de cada comunidad, con el fin de financiar las demás competencias. 

Este planteamiento da necesariamente más dinero a las comunidades ricas que a las pobres, pero los proponentes aducen que mientras las comunidades dispongan de los mismos recursos para financiar los servicios esenciales, lo que ocurra con la financiación total no debe preocuparnos. El argumento es un despropósito de los pies a la cabeza.

 Es absurdo decir que la educación, sanidad y servicios asistenciales son más esenciales que la seguridad y la justicia, como lo es pretender que una cosa son los servicios públicos y otra las estructuras administrativas y políticas que los sustentan. Segmentar competencias no tiene sentido en un sistema en el que los recursos son no finalistas. 

En tal caso, dada la fungibilidad del dinero, lo único que importa es la cantidad total de recursos que las comunidades acaben teniendo a su disposición. Si una comunidad tiene menos recursos, todas sus competencias, las llamadas esenciales y las demás, sufrirán las consecuencias de esta escasez.

El segundo argumento en favor de la financiación desigual es el llamado principio de ordinalidad, según el cual el orden de las comunidades en términos de su capacidad fiscal y el orden según el volumen de recursos que el sistema pone a su disposición después de la nivelación deben ser el mismo. 

Tres consideraciones respecto a este argumento. 

Primera, dado el principio de equidad más arriba enunciado, la condición que establece el principio de ordinalidad es redundante. El principio de equidad lleva a la igualdad de recursos por unidad de necesidad entre comunidades y por tanto, en el límite, no altera el orden de las mismas en términos de financiación por unidad de necesidad. 

Segunda, mientras que el principio de equidad realmente implica un particular modelo de financiación (el de igualación de recursos para todas las comunidades), el de ordinalidad es compatible con un número infinito de modelos que van desde el de igualación de la capacidad fiscal a modelos claramente regresivos, pasando por el sistema de concierto. 

Y tercera, el principio de ordinalidad es equívoco cuando presenta la distribución de recursos entre comunidades como una mera cuestión de grado, porque con ello enmascara las dos opciones políticamente sustantivas que se abren al legislador, que no son otras que optar por la igualdad entre comunidades en lo que a la provisión de servicios públicos se refiere, o admitir que las ricas deben poder prestar más y mejores servicios que las pobres.

La igualación de la capacidad fiscal no anula la autonomía de gasto e ingreso de las comunidades. En materia de gastos, el sistema pone a disposición de cada comunidad una cantidad total de dinero cuya asignación entre políticas de gasto corresponde al gobierno regional.

 En materia de tributos, los gobiernos regionales que dentro de sus competencias quieran subir sus impuestos por encima de la referencia, dispondrán euro por euro del exceso de recaudación obtenido y, a cambio de este mayor esfuerzo fiscal, podrán ofrecer más y mejores servicios. Los que bajen sus impuestos, perderán también euro por euro la merma de recaudación y tendrán que restringir la cantidad y/o calidad de los servicios públicos. 

A la baja hay el límite impuesto por la regulación estatal de base sobre la calidad mínima de los servicios; al alza el límite que decidan los ciudadanos como electores de los gobiernos regionales.

Un Estado como España, descentralizado y territorialmente desigual en lo económico, debe velar por su cohesión social y por la creación de una ciudadanía común con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El acceso a servicios públicos de la misma calidad con independencia del lugar de residencia es, entre otras, una condición necesaria para esta cohesión. 

En un Estado con privilegios territoriales significativos, el concepto de ciudadanía común se difumina y pierde significado y la estabilidad social, por la vía de presiones migratorias excesivas, puede verse dañada."                (Antoni Zabalza es catedrático de economía la Universidad de Valencia, El País, 04/01/18)

Extender una copia del cupo vasco a las 17 autonomías sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura

"(...) Pero vayamos a las propuestas de Iceta. En Cataluña se produce un extraño fenómeno y es que las tesis de los independentistas terminan impregnando a otros muchos que no lo son. Periodistas, expertos y políticos, por ejemplo, del PSC, son presa del victimismo y afirmando que Cataluña está maltratada. 

Expresiones como “hay que buscar un encaje con España”, “procurar que Cataluña se sienta cómoda”, “está infrafinanciada”, “hay que aumentar el autogobierno”, etc. están generalizadas y constituyen un buen exponente de lo que decimos. Antes de abordar las propuestas concretas planteadas por el primer secretario del PSC conviene, por tanto, dejar claras algunas cosas.

En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. 

Su nivel económico privilegiado no deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la Historia, sino de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el trato recibido del Estado, y del juego de mercado, por ejemplo del consumo del resto de España.

 A su vez, esa situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben.

 En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado. (...)

Sea cual sea el sistema de financiación que se adopte para el futuro, Cataluña, al igual que Madrid, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares, deberían presentar, aunque no ciertamente en igual cuantía, saldo negativo al estar sus respectivas rentas per cápita por encima de la media (también el País Vasco y Navarra, aunque lo eluden por el Concierto). 

No deja de ser curioso que sea Cataluña la que se queje ahora del actual sistema de financiación, cuando se elaboró con Zapatero de presidente del Gobierno y Montilla al frente de la Generalitat, y casi en su totalidad de acuerdo con los deseos y exigencias de la propia Cataluña.

En segundo lugar, que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras Comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos.

 Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado procés ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. 

La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo.

 Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

En tercer lugar, es necesario tomar conciencia de que estamos en presencia de un golpe de Estado de una gravedad inmensa, y que no está claro que esté totalmente desactivado. Las autoridades de una de las Comunidades Autónomas más ricas y que  produce el 20% del PIB nacional han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. 

Sin entrar en la discusión jurídica de si ha existido o no violencia de cara a tipificar el delito de rebeldía o de simple sedición, lo cierto es que han contado con una vasta capacidad de intimidación, la que les proporcionaba manejar todos los medios materiales y personales (incluyendo los Mossos d´Escuadra) de la Comunidad.

 La amenaza ha sido tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las Comunidades con mayores competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece demasiada acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra el Estado, y entonces sí, tener éxito. 

La estrategia debería ser más bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. 

El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

En cuarto lugar, es preciso tener en cuenta que en el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una Comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las Comunidades. 

Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no puede haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las Comunidades.  (...)

Pues bien, con todos estos supuestos, estamos ya en condiciones de afrontar las propuestas de Iceta.  (...)

Comienza afirmando que los gobiernos autonómicos deben poder ser gobiernos auténticos y no meras gestoras de un Estado descentralizado. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). 

Tal vez lo identifique con “independiente”. En todo caso lo que es seguro es que están muy lejos de ser meras gestoras. Cataluña cuenta con un grado de autogobierno que para sí querrían muchos estados federados.

Intenta convencernos de que las paganas de la crisis han sido las Comunidades Autónomas. Ciertamente que para prestar sus servicios han tenido que enfrentarse a graves dificultades, pero tantas o más ha tenido que superar el Estado. 

La culpa no está en que el sistema de financiación haya hecho aguas, si no en que lo que hizo aguas fue la recaudación impositiva que se desmoronó a niveles desconocidos. Curiosamente, si hubiese estado en vigor el sistema que propone el candidato del PSC, con una mayor cesión de los grandes impuestos a las Autonomías, las dificultades de estas hubiesen sido incluso superiores.

Frente a lo que afirma Iceta, los gastos del Estado han sido lógicamente los más sensibles a la crisis; comenzando por el pago de intereses, que, aunque no pertenezcan a la economía del bienestar, resultan imprescindibles, a no ser que el primer secretario del PSC defienda que hay que denunciar la deuda, cosa que no creo.

 La teoría económica engloba al seguro de desempleo dentro de lo que se denomina “estabilizadores automáticos”, aquellos gastos que se elevan en tiempos de crisis. El resultado más inmediato de la regresión ha sido la explosión en el número de parados, y por consiguiente en la partida que debe dedicarse a cubrir la prestación por desempleo.

Afirmar que las prestaciones por desempleo y las pensiones están protegidas por las leyes y por los presupuestos públicos es tanto como afirmar que la sanidad y la educación están protegidas por la Constitución y por los presupuestos autonómicos. Sin ingresos, todo eso es papel mojado, y las leyes se cambian. 

Basta con observar lo que ha pasado con las pensiones. Los jubilados son el colectivo que ha salido más perjudicado con la crisis, especialmente de cara al futuro, ya que la ley aprobada por el PP y auspiciada por Frankfurt y Bruselas condena a este colectivo y a los próximos jubilados a ir perdiendo año a año poder adquisitivo.

 Es absurdo hacer comparaciones sobre las distintas prestaciones de la economía del bienestar, en función de la administración que las gestiona, aunque tal vez conviene recordar que mientras la educación y la sanidad son universales, las prestaciones por seguro de desempleo y las pensiones inciden sobre los colectivos más desprotegidos. En todo caso, el victimismo es victimismo, aunque se pretenda esconder detrás de todas las Comunidades Autónomas.  (...)

Miquel Iceta insiste con frecuencia en el principio de “ordinalidad”. Palabra que por cierto no existe en el diccionario. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva “no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quién se beneficia”. 

Si por condición relativa se entiende el orden de las Comunidades establecido respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. 

Ahora bien, si lo que se pretende es que las Comunidades que más contribuyen tengan que ser también las que más reciban contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

El primer secretario del PSC repite que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. 

La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el país Vasco que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura.

 Y lo del principio de ordinalidad, si alguna vez descubrimos qué significa, me temo que solo favorecería también a Madrid y a Cataluña.

No parece que todas estas medidas tengan mucho encaje en un programa socialdemócrata. Casan mejor con las clásicas peticiones que hacían los nacionalistas antes de echarse al monte.(...)"                       (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 07/12/17)

Principio de ordinalidad: me cuesta encajar la idea de que los catalanes tengan menos obligaciones de contribuir a la garantía de los ingresos de los andaluces que el resto de andaluces.

"(...)  es de agradecer la propuesta de salida del conflicto que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, que apareció ayer en el NYT, y que me gustaría comentar para avanzas en este (muy necesario) debate.

El principio de ordinalidad en la financiación económica

Un punto interesante del artículo de Iceta es el de la financiación autonómica. Iceta sugiere que para garantizar el autogobierno, es importante que existan recursos adecuados; hasta ahí nada que objetar. Pero va un paso más allá y propone la aplicación del principio de ordinalidad.

El principio de ordinalidad es una forma de organizar las relaciones entre el estado central y las regiones que plantea que el ranking en las balanzas fiscales (entre lo que recibe un territorio, y lo que contribuye), no puede verse alterado por las transferencias.

 En palabras de Iceta: para que los que más aportan no terminen recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos. Este principio no excluye todo tipo de redistribución entre territorios, pero sí que supone una restricción a la redistribución.

Supongamos que tenemos dos regiones nada más: Cataluña y Andalucía. Supongamos que, dado el sistema de recaudación (el IVA, el IRPF, etc), Cataluña aporta a las arcas del Estado 100, y Andalucía 50.

 El principio de ordinalidad implicaría que la cantidad máxima de recursos que puede recibir Andalucía es de 75 (la mitad), y la cantidad mínima que puede recibir Cataluña también de 75: el ranking de las dos comunidades no puede verse alterado después de la redistribución.

La dimensión económica del nacionalismo

Como explicaba ayer mi opinión es que la lógica de las reivindicaciones nacionalistas no puede entenderse sin su dimensión redistributiva. Lo que observamos es la reivindicación de un grupo de personas que desean imponer un límite a la redistribución y pagar menos impuestos.

 Esta lógica no es necesariamente algo unido al nacionalismo (Alemania, con su sistema federal, tiene este principio reconocido), pero me cuesta imaginar una forma de justificarlo que no apele a algún tipo de lógica liberal de defensa de la propiedad privada, en este caso la propiedad privada de los recursos por parte de una (supuesta) nación– algo que está más o menos explícitamente acoplado en el razonamiento.

La lotería geográfica tras el velo de la ignorancia

La forma en la que suelo pensar en esto es echando mano del velo de la ignorancia, que es una forma intuitiva de pensar en la igualdad (hablé de esto aquí, hablando sobre las teorías del feminismo).

Un filósofo igualitarista se preguntaría: si distintas personas no hubieran nacido aún, ¿en qué tipo de sociedad estarían dispuestos a acordarse en vivir? El argumento es que todos preferiríamos maximizar el control que tenemos sobre nuestras vidas, y por tanto, contratar un sistema redistributivo que minimice el impacto que tenga sobre nuestra trayectoria vital las cosas que no elegimos: la familia en la que nacemos, el sitio en el que nacemos, el sexo que nos es asignado al nacer.

Esto no  elimina todo tipo de desigualdad: aquellas desigualdades que sean el resultado de elecciones personales (dedicar más horas a trabajar o a ir de vacaciones son legítimas), las que no lo son son aquellas que nos vienen de serie. En otras palabras: es una racionalización de la idea intuitivamente atractiva de la igualdad de oportunidades. [1]

Si pensamos desde esta óptica igualitarista, es importante darse cuenta de que una de las cosas más arbitrarias (menos elegidas) es el lugar en el que nacemos. Imaginemos dos personas, que saben que cada una va a nacer en Andalucía y la otra en Cataluña.

 Antes de nacer, estas dos personas tienen que ponerse de acuerdo en la cuantía del seguro de desempleo que van a financiar colectivamente.

Estas dos personas podrían ponerse de acuerdo en que, si uno llega a estar en paro mientras el otro tiene trabajo, éste último tendrá que darle una parte de su sueldo al primero. Las dos personas nacerán, y dado que la tasa de paro en Andalucía es del 25% y en Cataluña del 13%, en media, el andaluz estará en paro la mitad del tiempo que el Catalán.

 Sin embargo, si los dos se ciñen al acuerdo que tenían, esto significará que en el ranking de lo que dan y reciben se verá alterado siempre que los dos no estén en la misma situación (empleados o desempleados). El efecto de tener un principio de ordinalidad en las transferencias es por tanto hacer imposible el arreglo redistributivo entre estas dos personas.

La vida real es mucho más compleja que este ejemplo, pero la esencia es la misma:  el principio de ordinalidad es un límite a la redistribución basado en algo tan arbitrario como el territorio en el que uno nace. Y en la medida que el nacimiento en un territorio (u otro) es arbitrario, es un obstáculo al logro de la igualdad de oportunidades.

El por qué de las transferencias territoriales: la redistribución

Una constante del pleito de Cataluña es la idea de que esta es tratada de forma injusta. ¿Existe algún tipo de discriminación hacia Cataluña, por el hecho de ser catalanes? ¿Se trata de una comunidad maltratada políticamente?

Mi impresión es que, incluso después de todo el presunto expolio fiscal, nacer en Cataluña es (en media) una posición privilegiada: la tasa de personas en riesgo de pobreza en Cataluña es del 13%, mientras que en Extremadura, Castilla la Mancha o Andalucía está entre el 30% y el 35%. Esta relación se mantiene si miramos cualquier otro indicador de condiciones de vida (renta, desempleo, etc). Intuitivamente, no parece descabellado que el Estado concentre sus esfuerzos de gasto en regiones en las que las condiciones materiales son peores.

Esto es lo que muestran de forma bastante convincente MADH y JDL es que la redistribución territorial es un efecto natural de la redistribución a secas.

La izquierda y la redistribución

El tipo de ideas que defiende Miquel Iceta son hoy moneda común entre mucha gente de izquierdas. Se dirá, con razón, que la situación del País Vasco es de por sí mucho más injusta; que de todas formas las instituciones del resto de España redistribuyen poco, y que finalmente el efecto de este principio tendrá un impacto que no cambiará mucho las cosas. Es posible que no quede otra, para reconducir la situación. Es posible.

Pero al margen de lo anterior, hay una dimensión simbólica importante en la capacidad que tiene la izquierda en abogar por esquemas radicales de redistribución. Entiendo que decirlo así puede parece incómodo, pero si estamos acomodando las preferencias de un grupo económico que no quiere pagar impuestos, ya sea por egoismo individual o colectivo, por la percepción de que los parados o los andaluces son perezosos, sean estos amnistiados fiscales o manifestantes con banderas, entonces es posible que no quede otra, por la relación de fuerzas que hacerlo.

 Pero lo que es crucial entender que NO es una expresión de valores igualitarios o socialdemocrátas: es una concesión.

A algunos nos gustaría que en el futuro se abra, más o menos en serio, el debate sobre las políticas de lucha contra la pobreza y de ingresos mínimo. Es un debate, este sí, realmente importante, que afecta a la vida material de mucha gente, y lo hará cada vez más.

Y a mí personalmente me gustaría que este pacto de solidaridad tenga una dimensión lo más amplia posible, porque me cuesta encajar la idea de que los catalanes tengan menos obligaciones de contribuir a la garantía de los ingresos de los andaluces que el resto de andaluces.

[1] Como un apunte al margen, me gustaría señalar que yo no soy liberal y que creo que esta forma de pensar en la igualdad es innecesariamente restrictiva de la redistribución. Pero es una idea que intuitivamente funciona para pensar sistemáticamente en la redistribución."                (Luis Abenza - Politikon, 19/10/17)

Agravio democrático: vascos y navarros disponen del doble de financiación per cápita para sus servicios sociales que el resto de los españoles, gracias al Cupo y Concierto vasco-navarro

"(...) habrá que combatir con razones públicas la idea predemocrática de “derecho histórico” y su sustanciación actual en forma de Cupo y Concierto vasco-navarros: que los ciudadanos de estas autonomías dispongan del doble de financiación per cápita para sus servicios sociales que el resto de los españoles genera agravios insostenibles y democráticamente infundados (la democracia presupone la igualdad política).

 Si todos somos iguales, Cataluña no podrá reivindicar mejoras fiscales. Ni nadie. Una financiación transparente y justa con cada español acabará con luchas insoportables.

 Prevengámonos por tanto también de quienes empiezan a hablar del “principio de ordinalidad” para una futura reforma del Estatut porque ése fue precisamente el punto caliente que condujo al TC a pulir el Estatut de 2006 (cf Título VI). (...)"           (MIKEL ARTETA – FRONTERAD.COM – 29/04/16, en Fundación para la Libertad)

El INE publica datos de 2014 y tumba el mito nacionalista de las balanzas fiscales y del “principio de ordinalidad”

"Uno de los lloriqueos nacionalistas más repetidos es que “no se respeta el principio de ordinalidad”. ¿Qué es eso?

Las regiones tienen una renta per cápita: lo que produce la región dividido entre el número de habitantes. Es un indicador de la riqueza por persona en esa región. Las regiones se ordenan según la mayor o menor renta per cápita: arriba las más ricas, abajo las más pobres. Cataluña suele estar entre las 5 primeras.

Pero claro, los más ricos pagan a los más necesitados: es el “mecanismo de nivelación”, normalmente a través de transferencia de recursos. Cuando al PIB per cápita se le restan estas transferencias, se obtiene la renta disponible per cápita: lo que queda disponible después de la redistribución de riqueza, para ayudar a los más necesitados que normalmente viven en zonas más pobres.

El Estatut quiso asegurar que no Cataluña no transferiría demasiado a otras regiones, y estableció en el art. 206.5 el “principio de ordinalidad”: el pago de transferencias no debía alterar la posición de Cataluña en el ranking de comunidades. Es decir: la clasificación de Cataluña en el ranking de renta per cápita debía ser la misma que en el ránking de renta disponible per cápita.

Y de aquí sale el mito nacionalista que tan bien formula Francesc Marc Álvaro (sisplau llepisuvens orgànicament al catalanitzador de cognoms): el “incumplimiento del principio de ordinalidad (…) Las comunidades que generan menos riqueza acaban disponiendo de más recursos por habitante que las que más contribuyen a la caja común”.  Es decir: después de las transferencias, Extremadura acabaría teniendo más renta disponible per cápita que Cataluña.

Pues no señor. El INE ha publicado los números de 2010 a 2013 y un magnífico estudio de Convivencia Cívica Catalana comprueba que Cataluña no pierde puestos en el ranking de renta per cápita depués de las transferencias. 

Pueden ver en el gráfico de arriba que lo que dice el sr. Álvaro es mentira para 2013. Y pueden ver aquí abajo que también lo es para los años 2010-2013: el principio de ordinalidad se cumple a rajatabla.

“‘Espanya’ viola el principi d’ordinalitat”? Tururut. N’hi ha algun nacionalista que digui la veritat? Tururut.

Dolça i enganyadíssima Catalunya…"                    (Dolça Catalunya, 11/03/16)

El PSOE acepta que los catalanes 'nos roben' a los gallegos... en su reforma constitucional

"La propuesta de reforma constitucional aprobada este miércoles por el PSOE plantea hacer efectivo el denominado ‘principio de ordinalidad fiscal’ en el sistema de financiación autonómica, lo que, en la práctica, supone limitar la solidaridad interterritorial.

El documento presentado concreta algunos de los aspectos recogidos en la Declaración de Granada --aprobada en julio de 2013-- y pretende avanzar hacia un modelo de Estado federal. La iniciativa ha pasado el filtro de la Ejecutiva socialista y del Consejo de Política Federal, un órgano presidido por la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, e integrado por los dirigentes territoriales del partido. 

(...) el principio de ordinalidad fiscal no se ha aplicado en los modelos de financiación autonómica que han estado en vigor hasta ahora. Su implementación supondría que las CCAA más prósperas recibiesen mayor financiación per cápita que las menos prósperas y limitaría las transferencias fiscales interterritoriales. De hecho, tampoco es habitual que se aplique en los Estados federales."                (Crónica global, 29/10/15)

Deutsche Bank: el descontento de muchos catalanes es comprensible ante las reglas desiguales que le otorgan al País Vasco y Navarra un trato preferencial

"(...) El principio de ordinalidad fiscal, inviable

El informe analiza el sistema fiscal español y no detecta ninguna discriminación ni injusticia en el modelo de redistribución entre las CCAA de régimen común. De hecho, explica con detalle por qué no es posible aplicar el principio de ordinalidad fiscal, ya que, por ejemplo, las regiones menos densas -y generalmente menos prósperas- tienen un mayor coste per cápita de los servicios públicos:

"El objetivo del mecanismo de nivelación es establecer un nivel comparable de servicios públicos en todo el territorio español. Como resultado de unos ingresos con marcadas diferencias y también de factores geográficos, esto es mucho más difícil para unas regiones que para otras

. [Por ejemplo] los ingresos per cápita en Castilla-La Mancha son casi 10.000 euros menos que en Madrid. Además, la población de Madrid es tres veces mayor y los habitantes de Castilla-La Macha están repartidos por un área diez veces mayor (casi del doble que el tamaño de Holanda). 

Obviamente, es mucho más difícil y más caro para una región tan grande y poco poblada mantener una red comparable de infraestructuras públicas e instituciones de salud y educación que en regiones como Madrid, Cataluña o el País Vasco".

El único agravio comparativo, el trato fiscal "preferencial" vasco y navarro

Deutsche Bank destaca que Cataluña es "un contribuyente neto de larga duración" al sistema de redistribución fiscal, lo que considera que no es "sorprendente". Sin ambargo, admite que "el descontento de muchos catalanes" es "comprensible", pero no por la contribución a la caja común, como desde el nacionalismo se reivindica, sino por la "asimetría entre regiones con diferentes regímenes fiscales", en referencia al País Vasco y Navarra.

Son esas "reglas desiguales" las que, según el análisis, "agravan los problemas", puesto que "le otorgan" al País Vasco y Navarra "un trato preferencial en relación a la sistema de nivelación horizontal entre regiones", ya que, pese a ser las CCAA más prósperas, no son "contribuyentes netas al sistema de nivelación" fiscal interregional.

"Es status de autonomía espcial genera ventajas financieras significativas al País Vasco y Navarra. En tanto que ambas regiones sería contribuyentes netas si fueran tratadas como el resto, este acuerdo es claramente desfavorable para todas las otras regiones prósperas", insiste.

No hay "un sesgo específico anticatalán" en el sistema de redistribución fiscal

Así las cosas, el estudio deja claro que "pese a que el asunto [de la redistribución fiscal] es central en el debate político, no parece haber un sesgo específico anticatalán".

"Al menos en relación a la redistribución fiscal, la queja habitual de los nacionalistas catalanes de que el Estado español explota sistemáticamente la fortaleza económica de Cataluña apenas parece justificada. Después de todo, Madrid y las Islas Baleares aportan más tanto en términos per cápita como en términos de PIB", señala el informe.

Y considera que ninguna de las tres alternativas posibles (eliminar el régimen especial vasco y navarro; establecer el principio de ordinalidad fiscal; o establecer un concierto económico para Cataluña similar al vasco y navarro) es viable, puesto que, aunque solucionaría algunas tensiones políticas y económicas, a la vez generaría otras.

No hay discriminación por parte del Estado central

Finalmente, y además de achacar las motivaciones económicas de los movimientos independentistas europeos a la "ficción" en la que algunas regiones prósperas incurren al creer que caminando solas les iría mejor, el infome incluso va más allá:

"Los nacionalistas suelen afirmar que sufren la discriminación de un Estado centralizado, pero su razonamiento acostumbra a ser difícil de seguir. En cualquier caso, estas regiones [entre ellas, Cataluña] forman parte de democracias plurales, y tienen garantizado el derecho a disfrutar de las libertades fundamentales por parte de la UE y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos".            (Alejandro Tercero , Crónica Global, Jueves, 12 de febrero de 2015)