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21/12/10

Brecha abismal entre autonomías para costear la dependencia

"El sistema de atención a las personas dependientes, configurado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos necesitados de una ayuda, se ha revelado un mapa desigual al arbitrio de la voluntad política y lastrado por una situación económica difícil. Las diferencias entre unas comunidades y otras son enormes, tanto en el gasto como en los ciudadanos atendidos o en las prestaciones que se conceden.

Pero son precisamente esas diferencias las que dibujan la voluntad de algunas de ellas por seguir avanzando en el desarrollo de la ley mientras que en otras regiones se percibe con claridad el ritmo mortecino de su implantación. (...)

Cuanto peor sea la atención prestada y menor sea la cobertura del sistema, mejor les irá económicamente a las comunidades. Y es aquí donde se han desvelado las dos cuestiones recurrentes en nuestros informes: la falta de voluntad política y la impericia de algunas comunidades para la implantación del sistema.

Pueden tener razones para la queja (en materia financiera es evidente) pero ninguna razón es válida para incumplir una ley aprobada en las Cortes que, además, afecta tanto a la calidad de vida y a los derechos de las personas", concluye Barriga." (El País, 17/12/2010, p. 41)

5/11/09

Tres autonomías reciben más dinero para dependencia del que reparten

"El Gobierno aporta más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Dependencia (un 55,7% del total de los fondos que se destinan, sin tener en cuenta los territorios forales ni Ceuta y Melilla), las comunidades se encargan del 27,5% y los usuarios, del resto (un 16,8%). Pero no todas las autonomías están haciendo el mismo esfuerzo. A tres de ellas, Canarias, Baleares y Murcia, les basta con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema y aún les sobra.

Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido el coste por persona dependiente en 9.256 euros anuales. De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega más de 6.100 por persona atendida.

"Algunas comunidades, en lugar de quejarse de la financiación, deberían explicar qué están haciendo con el dinero que reciben y que no emplean en Dependencia, y por qué no están aportando al menos la mitad de lo que les da el Estado, tal y como establece la ley", reclama el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. (...)

Un informe sobre la Ley de Dependencia que se encargó a la Agencia de Evaluación del Estado ya puso de manifiesto la oscuridad de las comunidades autónomas a la hora de presentar sus cuentas, la necesidad de que se reforme el Imserso y que se exijan responsabilidades a aquellas administraciones que no cumplan con la ley. "Todo ello está aún pendiente", afirma Ramírez." (El país, 05/11/2009)

8/7/09

Dudas sobre los fondos que dedican a las personas dependientes

"El Gobierno conocía las "desviaciones" que se estaban produciendo en varias comunidades al aplicar la Ley de Dependencia, pero se ha limitado a enviar algunas cartas, "renunciando a emprender la vía del recurso jurisdiccional" para corregirlas. Un informe encargado por el propio Gobierno para evaluar algunos aspectos del funcionamiento de esta ley afirma que la Administración central "debería ejercer su potestad" y acudir a los tribunales en caso de "flagrante incumplimiento por parte de las comunidades autónomas" de la ley. (...9

Que algunas comunidades estaban actuando al margen de la ley en la gestión de la dependencia era por todos conocido, y lo han denunciado los medios de comunicación y algunos colectivos en numerosas ocasiones. Pero han tenido que ser los propios ciudadanos, en algunos casos después de meses de total desamparo, los que se han organizado para acudir a los tribunales a denunciar. O el propio Defensor del Pueblo, que también lo ha hecho. Es política prioritaria del actual Ministerio de Sanidad y Política Social, como de los anteriores, no incomodar a las comunidades en aras del consenso.

El Estado es el garante de la igualdad de todos los españoles al ejercer sus derechos, pero en este caso no ha actuado como tal. Hay comunidades que han redactado una normativa (silencio negativo) para alargar los plazos, ya de por sí extensos, que debían pasar los ciudadanos dependientes para obtener una ayuda. Así lo han hecho en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, por ejemplo. Hay otras dos autonomías y una diputación foral en las que se ha utilizado un baremo propio para determinar el grado de dependencia de algunos solicitantes, haciendo caso omiso de la existencia de un baremo único para todas. En algunas regiones se han incluido de oficio en las listas de la dependencia a ciudadanos que no lo habían solicitado. El Imserso sólo envió cartas a estas comunidades. (...)

Las comunidades tienen que dedicar el mismo dinero que el Gobierno a la Ley de Dependencia, pero el informe plantea dudas sobre las aportaciones que están haciendo al sistema y sobre cómo se está utilizando el dinero que el Gobierno les da para financiar la ley. "No es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia", se afirma. Las dos vías de financiación del Gobierno plantean inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo da a las comunidades una cuantía fija por cada persona en función de su grado de dependencia sin tener en cuenta el coste del servicio. Por eso, las comunidades cada vez conceden más ayudas, que le salen "financieramente más favorables" que una plaza en un geriátrico, por ejemplo. La ley deja bien claro que las ayudas económicas deben darse sólo en casos excepcionales.

Además, si son grandes dependientes, la comunidad recibirá más dinero que si son dependientes moderados. "Esto puede suponer un incentivo para que las comunidades reconozcan dependientes en grado superior, obteniendo, de ese modo, mayores recursos" del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno reparte unos fondos en función de la población potencialmente dependiente, no del número de personas atendidas. Y eso, dice el informe, tiene el efecto perverso de que "favorece a aquellas comunidades que han dado de alta a un menor número de beneficiarios", como ha sido el caso de las comunidades de Madrid, Valencia o Canarias. O sea, que han recibido más las que peor hacían los deberes." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 06/07/2009, p. 34)

25/6/09

Las cifras de dependientes siembran la cizaña

"Las autonomías que utilizan el sistema del Gobierno recelan de la fiabilidad de los datos que ofrecen las demás

Las cifras sobre los ciudadanos integrados en el sistema de la Dependencia, que cada mes publica el Ministerio de Sanidad y Política Social, están ocasionando tensiones entre las comunidades autónomas. Porque no todas están tocando el mismo son y la orquesta cada vez parece más desafinada. Mientras nueve de ellas transmiten sus datos directamente al ordenador central del Gobierno (el SISAAD), las otras siete vuelcan sus cifras desde sistemas informáticos propios. Esa doble vía, dicen, es injusta, porque a las primeras les obliga a una transparencia total que no tiene por qué inferirse de las demás.

De distinto color político hay comunidades, como Murcia o Extremadura, que piden que todas usen la aplicación informática del ministerio, un sistema que costó 22 millones de euros, para transmitir los datos al Gobierno. "Los principios deben ser los mismos para todos, por lealtad institucional, y debe ser el Gobierno quien coordine", reivindica el consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana. Y tiene dudas con las cifras: "Es imposible que haya comunidades que tengan prácticamente el mismo número de solicitudes de ciudadanos que de personas con la prestación reconocida". "Hay que dejar la picaresca", sugiere, y "la batuta debe llevarla el ministerio".

El enojo de algunas comunidades no es sólo por cómo las cifras les perjudican políticamente cada vez que se hacen públicas -bronca de la oposición, mala imagen en los medios de comunicación regionales-, sino también por lo económico. El Gobierno financia en parte esta ley atendiendo al número de personas con derecho a una ayuda, o sea, los dictaminados.

Algunos responsables regionales consultados apuntan que las comunidades que vuelcan sus datos por libre tienen la posibilidad de retener el número de solicitudes de los ciudadanos para que los porcentajes de personas con derecho a prestación les salgan más ventajosos; o incluso meter como dictaminados a quienes todavía están en proceso." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 23/06/2009, p. 32)