Las cifras de dependientes siembran la cizaña

"Las autonomías que utilizan el sistema del Gobierno recelan de la fiabilidad de los datos que ofrecen las demás

Las cifras sobre los ciudadanos integrados en el sistema de la Dependencia, que cada mes publica el Ministerio de Sanidad y Política Social, están ocasionando tensiones entre las comunidades autónomas. Porque no todas están tocando el mismo son y la orquesta cada vez parece más desafinada. Mientras nueve de ellas transmiten sus datos directamente al ordenador central del Gobierno (el SISAAD), las otras siete vuelcan sus cifras desde sistemas informáticos propios. Esa doble vía, dicen, es injusta, porque a las primeras les obliga a una transparencia total que no tiene por qué inferirse de las demás.

De distinto color político hay comunidades, como Murcia o Extremadura, que piden que todas usen la aplicación informática del ministerio, un sistema que costó 22 millones de euros, para transmitir los datos al Gobierno. "Los principios deben ser los mismos para todos, por lealtad institucional, y debe ser el Gobierno quien coordine", reivindica el consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana. Y tiene dudas con las cifras: "Es imposible que haya comunidades que tengan prácticamente el mismo número de solicitudes de ciudadanos que de personas con la prestación reconocida". "Hay que dejar la picaresca", sugiere, y "la batuta debe llevarla el ministerio".

El enojo de algunas comunidades no es sólo por cómo las cifras les perjudican políticamente cada vez que se hacen públicas -bronca de la oposición, mala imagen en los medios de comunicación regionales-, sino también por lo económico. El Gobierno financia en parte esta ley atendiendo al número de personas con derecho a una ayuda, o sea, los dictaminados.

Algunos responsables regionales consultados apuntan que las comunidades que vuelcan sus datos por libre tienen la posibilidad de retener el número de solicitudes de los ciudadanos para que los porcentajes de personas con derecho a prestación les salgan más ventajosos; o incluso meter como dictaminados a quienes todavía están en proceso." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 23/06/2009, p. 32)