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28/9/22

Lidia Falcón: La izquierda contra el engaño del catalanismo... Muchos fuimos los ciudadanos catalanes a los que el catalanismo nos negó el derecho al ejercicio de la función pública en la nueva administración naciente en España. Y, por ello, muchos fuimos los ciudadanos catalanes que pasamos a tener un derecho de ciudadanía limitado... millones de ciudadanos formados en la época franquista no tuvimos acceso a una formación lingüística suficiente para acceder al nuevo modelo lingüístico que empezaron a implantar las administraciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial... Por ello, lograr que el sistema educativo sea realmente bilingüe, con la participación igual del castellano y el catalán, es una reivindicación popular que fundamentalmente beneficiaría a las clases trabajadoras

 "La Constitución Española de 1979 nos trajo a los ciudadanos españoles un pacto entre el pasado y el futuro. Algunos buscamos la ruptura con el régimen franquista y la restauración de la Republica. Otros buscaron la continuidad con caras viejas. Otros la tradición monárquica con caras nuevas. Al final salió una formulación mestiza. Todos dejamos jirones en el empeño y nos preparamos para una etapa de desarrollos tácticos a la espera de que el tiempo nos ofreciera nuevas oportunidades para nuestro modelo.

El tiempo ha pasado y muchas voces han expresado su valoración a lo largo de los más de 40 años de vigencia del pacto constitucional. Se han sucedido gobiernos que han enfocado su gestión en función de sus valores y aspiraciones. Las grandes corrientes ideológicas han madurado sus posiciones. El mundo ha evolucionado y con él la política española ha ido adaptándose con mejor o menor suerte a esa evolución. Los retos son permanentes. Cada día ha tenido su afán.

El 18 de septiembre un nuevo reto llama a la puerta. ¿Es la política lingüística consensuada en el Parlamento catalán la política realmente necesaria para esta sociedad? ¿Es esta política la adecuada (para) (a) la realidad? ¿Es justa?

Los autores de este artículo llevamos sobre nuestras espaldas una larga trayectoria de un compromiso político vertebrado sobre los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Expresamos un amplio abanico de matices susceptibles aún de encontrar fórmulas de encaje para acometer nuevos retos compartidos en el futuro.

Sin embargo, a partir de este domingo 18 y, con seguridad, para la etapa que con esta fecha se abre, una reivindicación común nos aúna.

Muchos fuimos los, en ese momento, ciudadanos catalanes a los que el catalanismo nos negó el derecho al ejercicio de la función pública en la nueva administración naciente en España. Y, por ello, muchos fuimos los ciudadanos catalanes que pasamos a tener un derecho de ciudadanía limitado.

 Como nosotros en Cataluña, millones de ciudadanos formados en la época franquista no tuvimos acceso a una formación lingüística suficiente para acceder al nuevo modelo lingüístico que empezaron a implantar las administraciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial.

La situación era claramente injusta y las pocas voces que se alzaron fueron ignoradas y arrinconadas por ese catalanismo trasversal que domina la aritmética parlamentaria y que llegó a infiltrarse en la izquierda, desde el franquismo, con el lema: “Liberación de clase y liberación nacional, dos caras de la misma moneda”, enmascarando la explotación de clase con el discurso de la liberación nacional, para engañar al proletariado y a las mujeres que pueden creer que con la independencia vivirán mejor, cuando la burguesía catalana es de las más mezquinas y avarientas y quiere hacerse con la exclusiva de la plus valía.

Ahora, 40 años después, se ha puesto de manifiesto que los grupos políticos que apadrinaron ese proyecto lo que en realidad buscaban no era la recuperación de esas lenguas por el valor cultural que ello representa. Lo que buscaban y buscan era y es imponer un proyecto nacionalista para cada una de ellas, condenando a muerte a la realidad nacional española labrada durante tantos siglos.

Y el problema añadido no es lo que buscan, sino cómo lo buscan. La realidad de los hechos es que las aspiraciones nacionalistas periféricas en España, como en una carrera de relevos, han traicionado, con estrategias diferenciadas pactadas -como la Declaración de Barcelona- y prácticas, sanguinarias unos y torticeras otros, el pacto constitucional.

En realidad, responden a las pretensiones de las burguesías que pretenden hacerse con los beneficios económicos de la explotación de las clases trabajadoras, la mayoría de origen emigrante. Esas burguesías que durante la época franquista se beneficiaron de su cercanía y servidumbre a los jerarcas del régimen. Para nadie debería ser un secreto que los que ahora se muestran radicalmente independentistas son hijos y nietos, y alguno incluso protagonista, de los industriales y comerciantes que se beneficiaron de las subvenciones, regalías, comisiones y participación en los negocios de los jerarcas del régimen.

Desde finales del siglo XIX, cuando la pérdida de las colonias llevaba a la crisis económica a los diversos sectores de producción afectados, la burguesía catalana ha enarbolado los sentimientos nacionalistas para obtener beneficios económicos del Estado español, mientras se apropiaba de la plusvalía extraída a los trabajadores de toda España, que arribaban a Cataluña expulsados de sus pueblos por la explotación exhaustiva a que los condenaba el sistema feudal de sus regiones de origen.

 La manipulación de los sentimientos que utiliza constantemente los gobiernos de Cataluña para convencer a los catalanes de origen de que son sometidos al pago de cantidades exorbitantes por parte del Estado , recordad el eslogan “España nos roba”, oculta los verdaderos propósitos de la clase gobernante: hacerse con la totalidad de los bienes de producción, dejar de pagar impuestos, dejar de compartir las cargas sociales con el resto de España, y buscar apoyo internacional, indiscriminadamente, con el único propósito de debilitar a España y fragmentar aún más Europa, con los beneficios económicos que ello pudiera reportarles.

Estos objetivos están enmascarados en los discursos y programas electorales del gobierno de la Generalidad, con grandes y enfáticos discursos sobre la identidad nacional, la lengua propia y la defensa de las tradiciones catalanas.

En consecuencia, y parece que en venganza por la represión que sufrieron durante el franquismo, el gobierno catalán ha decidido erradicar la lengua castellana (española) del territorio de Cataluña, mediante el sistema educativo que impone en todos los grados de la enseñanza pública.

Esta política constituye un verdadero genocidio cultural: privar a las generaciones venideras, desde la infancia, del conocimiento de la lengua española hablada por 580 millones de personas en varios continentes, haciendo de los niños –hoy- unos ignorantes provincianos que están privados de un saber que los marginará del mundo económico, cultural y científico nacional e internacional, reduciéndolos al mínimo ambiente catalán.

Porque, además, se produce la máxima falacia: mientras los gobernantes imponen la erradicación del castellano de la enseñanza pública, ellos matriculan a sus hijos en las escuelas privadas y extranjeras donde no sólo se enseña en castellano sino además aprenden otros idiomas. Porque para ellos queda claro que la ignorancia de las lenguas habladas mayoritariamente en el mundo es un caudal cultural y educativo imprescindible para el futuro económico y social de sus hijos. Ese del que privan a los trabajadores que no pueden costear una enseñanza de calidad a los suyos. 

Por ello, lograr que el sistema educativo sea realmente bilingüe, con la participación igual del castellano -lengua común española- y el catalán, es una reivindicación popular que fundamentalmente beneficiaría a las clases trabajadoras, esas que nada le importan al gobierno burgués y xenófobo de la Generalidad de Cataluña. Es hora, pues, de reivindicar la construcción de un modelo de sociedad en el que todos nos podamos realizar, individual y colectivamente, no solo sin renunciar a nuestros signos de identidad sino consiguiendo que éstos formen parte del perfil propio de los signos de identidad de Cataluña."                (Lidia Falcón, Santiago Trancón, Julio Villacorta, El Común, 19/09/22)

11/5/21

Anna Grau: "Cuando me dé la gana hablaré en castellano"

 "La diputada de Ciudadanos, Anna Grau, hizo su debut en el Parlament con una intervención en catalán pero dejó claro que "he hecho esta comparecencia, esta explicación en catalán, porque me ha apetecido".

"Pero cuando me dé la gana hablaré en castellano, porque las personas libres hablamos en catalán o en castellano según nos da la gana, en el Parlament de Cataluña y en todas las instituciones de esta gran tierra", añadió.

 Grau, por otra parte, reprochó a la consejera de Salud, Alba Vergés, que "es curioso que usted que tiene los ovarios tan sensibles se le hinchen por unas cosas y no se le hinchen por las demás".

"Quiero decir, a mí se me caería la cara de vergüenza que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hubiera tenido que decir lo que dice de este Govern, de no haber vacunado a los policías, de discriminarlos y encima de atizar un discurso de odio contra estos colectivos", sentenció."     
          (e-notícies, 30/04/21)

3/12/19

Nos obligan a responder en catalán cualquier reclamo que pueda hacer un paciente, aunque este lo haya hecho en castellano. No puede cambiar el teclado del ordenador a español ni a inglés...

"¡Desgraciado, cabrón!", "¡Libertad, presos políticos!". Los insultos y consignas lanzadas contra Pedro Sánchez por parte del personal sanitario del Hospital Sant Pau de Barcelona cuando este se disponía a salir tras visitar al agente de la Policía Nacional herido de gravedad durante las protestas independentistas han dejado perplejos a numerosos profesionales de la Salud. 

No es el caso de Teresa (nombre ficticio), una médico catalana que no quiere revelar su verdadera identidad por miedo a represalias en el centro de Atención Primaria en el que trabaja. "No me sorprendió en absoluto. Estamos completamente acostumbrados a que gerentes, médicos, enfermeras y otros trabajadores se posicionen constantemente a favor del independentismo", reconoce a Vozpópuli.

Teresa cree que existe una mayoría silenciosa de profesionales del sector que no es partidaria del posicionarse a favor del independentismo en los lugares de trabajo y que aboga por la neutralidad. "Seguramente somos mayoría, pero trabajamos en una dictadura. Mucha gente no es independentista, pero se calla o, incluso, simula que lo es para no ser señalado", explica.

Las gerencias territoriales

"Nunca he vivido una dictadura, pero el independentismo está haciendo que aprenda lo que es", lamenta. De acuerdo a su testimonio, los altos cargos del Instituto Catalán de la Salud, presente en toda Cataluña a través de las gerencias territoriales, apoyan la independencia y eso se traduce en el día a día de los facultativos.

"Todos los correos electrónicos oficiales que nos llegan están en catalán. Además, nos obligan a responder en catalán cualquier reclamo que pueda hacer un paciente, aunque este lo haya hecho en castellano", dice. En su caso, asegura, no puede cambiar el teclado del ordenador con el que trabaja a español ni a inglés.

"A veces nos llegan correos oficiales de las gerencias con lazos amarillos en defensa de la libertad de lo que ellos consideran presos políticos. Hay otros que hacen referencia al 11 de septiembre de 1714, fecha mitificada por el secesionismo", apunta.

Instrucciones para no retirar propaganda

La médico barcelonesa revela a este diario que ha recibido instrucciones para no retirar la propaganda independentista de ningún lugar del centro en el que trabaja, "a no ser que esta propaganda tapase las placas que indican qué profesional atiende en cada consulta". 
Según su relato, los responsables de su ambulatorio utilizan los servicios de megafonía para llamar al personal a que participen en minutos de silencio en conmemoración del 1-O o contra las condenas a los "presos políticos".

"Si no dejas de pasar consulta y no sales a la calle, terminas señalado por tus compañeros, pero también por los propios pacientes que están esperando a ser atendidos. Hay veces que me preguntan que por qué yo no participo", cuenta la doctora.

 Además, Teresa explica que conoce a muchos interinos y personal con contratos eventuales que no son secesionistas y, en cambio, participan en todas las iniciativas independentistas que se promueven "desde arriba". "Tienen miedo a que no se les contrate", señala. "La situación es insostenible, necesitamos apoyo de todas las partes de España", reclama.  (...)"               (Marina Alías, 23/10/19)

11/3/19

El problema no es que por no saber catalán muchos mallorquines no puedan trabajar como médicos en un hospital público o como músicos en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, sino que no puedan hacerlo sevillanos o vascos...

"España no está mal. Figuramos entre los primeros países en calidad democrática, esperanza de vida, libertades, sentencias judiciales avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, liberalidad de costumbres, sanidad, movilidad social, seguridad ciudadana y algunas otras cosas no menos importantes. Es razonable sentirnos orgullosos. 

No son simples designios, azares sobrevenidos como el buen tiempo, desprovistos de mérito o esfuerzo, sino resultados de acciones o decisiones institucionales.  (...)

 Los entusiastas de la diversidad están muy presentes en el debate político. Acostumbran a defender tesis conservacionistas, según las cuales, tendríamos el deber moral de conservar las lenguas. Sería un modo de preservar identidades y concepciones del mundo, (...)

 Estamos ante problemas de derechos. Más exactamente de igualdad. Por supuesto, los conservacionistas también apelan a la igualdad. A la igualdad de las lenguas y, si acaso, derivada y quiméricamente, a la de las personas. (...)

 La igualdad se pone en peligro cuando las lenguas se utilizan como filtros arbitrarios para el acceso a las posiciones sociales y laborales. Una precisión: la igualdad que importa es la de todos los ciudadanos. Por eso no vale acotar la unidad de valoración a las autonomías. 

El problema, con serlo, no es que por no saber catalán muchos mallorquines no puedan trabajar como médicos en un hospital público o como músicos en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, sino que no puedan hacerlo sevillanos o vascos. La igualdad deja de serlo si solo se contabiliza la igualdad de unos cuantos. La igualdad no se parcela."           (Félix Ovejero, El Mundo, 06/03/19)


29/11/18

El 82.1 por ciento de los canadienses no son elegibles para ocupar la multitud de cargos gubernamentales reservados por ley para aquellos que dominan los "dos idiomas oficiales" de Canadá... los requisitos de bilingüismo no discriminan por igual, sino que benefician a los hablantes nativos de francés en Quebec...

"Según el censo más reciente de Canadá, solo el 17.9 por ciento de los canadienses dicen hablar francés e inglés, lo que significa que el 82.1 por ciento de los canadienses no son elegibles para ocupar la multitud de cargos gubernamentales reservados por ley o costumbre para aquellos que dominan los "dos idiomas oficiales" de Canadá.

 "Esto incluye no solo trabajos llamativos como el primer ministro o el juez de la Corte Suprema, sino el 43 por ciento de todos los cargos en la burocracia federal canadiense, según un informe de 2017 del Secretario del Consejo Privado.Ottawa es consciente de que este desequilibrio no es recibido calurosamente por todos. Como lo señaló delicadamente el informe del Secretario, "para algunos funcionarios públicos, en su mayoría empleados que no aprendían francés antes de ingresar al mercado laboral, expresaron su preocupación de que esto dificulta la adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para avanzar en sus carreras, y podría limitar el acceso a puestos bilingües para personas que ingresaron al Servicio Público bilingüe ".“Los empleados que no aprendieron francés antes de ingresar al mercado laboral” alude eufemísticamente al hecho de que los requisitos de bilingüismo no discriminan por igual, sino que están muy predispuestos al beneficio de los hablantes nativos de francés en Quebec.  

Alrededor del 94 por ciento de la población de 8 millones de Quebec afirma hablar francés, y el 44,5 por ciento afirma ser bilingüe, con mucho la tasa más alta del país. Una “foto instantánea del servicio público federal de Canadá” de la Junta del Tesoro de 2017 reveló que el 32 por ciento de todos los ejecutivos del gobierno federal hablan el francés como su primer idioma, aunque solo el 21.4 por ciento de los canadienses.

 Cuando el poder en una sociedad se distribuye de manera desigual, debe racionalizarse con una fábula patriótica con la intención de presentar la desigualdad como algo natural y apropiado. En el caso de Canadá, esto ha requerido mucho mito sobre el hecho de que el país es mucho más funcionalmente bilingüe de lo que realmente es, y el francés es una presencia familiar en la vida cotidiana de Canadá.  

A lo largo de las décadas, Ottawa ha contribuido al mito en formas que van desde las tontas, como encargar banderas oficiales para honrar a las pequeñas poblaciones de habla francesa de lugares como Terranova y Saskatchewan, hasta extravagantes, como bombear millones a escuelas francesas en el Yukón. (...)

 El verano pasado se alcanzaron nuevas alturas de desilusión, cuando la administración liberal de la ex primera ministra Kathleen Wynne anunció planes para abrir una universidad de habla francesa de $ 83.5 millones en el centro de Toronto. Sería “gobernado por y para los francófonos”, declaró el ministro provincial de asuntos francófonos.

 Se suele decir que la comunidad franco-ontariana es de aproximadamente 600,000, lo que describe al 4 por ciento de los ontarianos que afirman que el francés es su "lengua materna". Aunque los políticos a menudo describen a esta minoría como una parte esencial de la provincia, en realidad la relevancia cultural de los franceses-ontarianos están muy eclipsados ​​por los 3.8 millones de ontarianos cuya lengua materna no es una lengua canadiense no oficial, como el chino, el punjabi o el español.  (...)

La semana pasada, como parte de un esfuerzo muy prometido para reducir los costos del gobierno, se anunció que la Oficina del Comisionado de Servicios de Idioma Francés de Ontario sería abolida, y la universidad francesa sin construir en Toronto sería cancelada.La reacción fue rápida, proveniente de todos los rincones del establecimiento gobernante bilingüe de Canadá, incluido el primer ministro Justin Trudeau, el líder del Partido Conservador Andrew Scheer, el primer ministro de Quebec François Legault, el presidente de investigación de historia franco-ontariana en la Universidad Laurentian, etc.Como lo sugieren los datos anteriores, el interés de Ford en reducir algunas de las infraestructuras de bilingüismo excesivamente fervientes de Ontario era defendible por motivos utilitarios, dada la pequeña población afectada y la infame situación financiera de su provincia. Sin embargo, la enorme reacción violenta contra sus medidas, una reacción violenta que ahora ha inspirado una reducción parcial, recuerda cómo los defensores del bilingüismo reaccionarán ante cualquier sugerencia de que su política favorita debería ser juzgada de acuerdo con algo tan burdo como los números."Lo preocupante es que nos compara con todas las demás minorías de la provincia", se quejó ante el ciudadano de Ottawa un empleado de la junta escolar francesa católica en Ottawa. Legault se erizó ante la idea de que los canadienses franceses fueran "comparados con los chinos u otras culturas". (...)


En la actual era multicultural de Canadá, el bilingüismo oficial hace mucho tiempo se transformó en un esfuerzo mal concebido pero perdonable para adormecer el separatismo franco-canadiense en un fraude indefendible para preservar una pequeña parte del control desproporcionado del público sobre el poder estatal.Ser bilingüe en el Canadá contemporáneo es hablar un idioma de poco uso práctico fuera de las fronteras de Quebec o en los pasillos de alguna poderosa institución federal. Es precisamente la naturaleza arbitraria de este privilegio lo que significa que no se entregará fácilmente."               ( J.J. McCullough , The Washington Post, 27/11/18) 

18/12/17

Neuropediatra argentina (como Messi) en extinción lingüística: cuando opositó para interina el catalán era solo un mérito, aunque por un nivel alto te daban casi tantos puntos como por un doctorado. Como mérito estaba desequilibrado, pero ponerlo como requisito me parece de un nivel de ignorancia suprema

"La isla de Ibiza está a punto de quedarse sin su única neuropediatra. Ileana Antón, quien ocupa esta plaza como interina, está a punto de hacer las maletas. En breve habrá oposiciones pero ella no puede presentarse. No sabe catalán y, además, ha decidido no aprenderlo.

Hace solo tres semanas que la Mesa Sectorial de Sanidad aprobó el decreto por el que se exige el conocimiento del catalán para poder trabajar en el sistema sanitario balear. Aunque 75% de la parte sindical votó en contra, pudo salir adelante gracias a un único voto a favor, el de la Administración, gobernada por la socialista Francina Armengol y los ecosoberanistas de MÉS, con el apoyo de Podemos.

Antón es de Rosario (Argentina), «como Messi», apunta. Tiene 46 años. Quince en la profesión. Acaba de tener gemelos y van a una guardería pública en la que la lengua vehicular es el catalán. «Y me parece muy bien», aclara. De hecho ella misma fue a clase de catalán nada más llegar a la isla solo porque le gustaba. 

Recuerda que cuando opositó para interina el catalán era solo un mérito, aunque por un nivel alto en ese idioma te daban casi tantos puntos como por un doctorado. 

 «Como mérito estaba desequilibrado, pero ponerlo como requisito me parece de un nivel de ignorancia suprema. Los que están gestionando la sanidad pública lo están haciendo desde su ideología y no pensando en si el servicio es de calidad para los pacientes», explica.

Su jefe, Bartolomé Boned, es ibicenco, y piensa lo mismo. Desde que es jefe nunca ha podido elegir a sus pediatras porque nadie quiere venir a trabajar a Ibiza, con o sin catalán. Ahora, «va a ser todavía más difícil porque estamos creando un problema donde no lo había», y aunque se saquen el título «no lo van a hablar» porque no es una demanda de los pacientes. Solo cinco de las 7.000 quejasrecibidas por la sanidad pública balear fueron porque el profesional no sabía hablar catalán."                (Somatemps, 12/12/17)

7/10/16

Garantizar los derechos lingúísticos de los hablantes de lenguas minoritarias (vasco, catalán, gallego) no puede hacerse a costa de sacrificar la lengua común, mayoritaria

"(...) No se trata de imponer una lengua única, como les gustará rebatir a los erizos de la política. Resulta que los derechos lingüísticos de los ciudadanos (¡nunca de las lenguas!) son peliagudos por ser derechos individuales de ejercicio colectivo y, por tanto, contextuales. 

Y esto implica necesariamente establecer un criterio territorial para garantizarlos correctamente: en las CCAA bilingües suele haber zonas de uso (quizás más confusas en Cataluña pero muy nítidas en la Comunidad Valenciana, Euskadi o Navarra; no conozco suficiente Galicia), que son lo que la política lingüística debe determinar; sin permitir, como de hecho está ocurriendo de manos del nacionalismo, que las leyes autonómicas expandan artificialmente dichas zonas allí donde no hay tal uso.

 ¿Si todos sabemos que no se oirá en Alicante el valenciano que se oye en Castellón, ni en el sur de Navarra el euskera que quizás sí llegue a oírse en algún punto del norte (¡el uso del euskera en Navarra roza el 10%!), por qué exigir en ambos sitios, castellanoparlantes, el requisito (o mérito desorbitado) lingüístico para el acceso a la función pública?

 ¿Aceptaría un madrileño o un albaceteño que le exigieran aprobar un examen de catalán o euskera para acceder a la función pública en Madrid o en Albacete? ¿Por qué nos echan a nosotros a los leones nacionalistas?

Otro ejemplo: si, por razón de las guerras y el terrorismo en el norte de África, llegasen en masa a Valencia refugiados sirios y con el tiempo adquiriesen derechos de ciudadanía pero conservasen sus usos lingüísticos, el Ayuntamiento probablemente (en función de su representatividad relativa en la zona) debería en justicia garantizarles derechos lingüísticos.

Pero al mismo tiempo parecería razonable sostener, por una parte, que garantizar tales derechos a los hablantes no puede hacerse a costa de sacrificar la lengua política, es decir, no pueden garantizarse mermando la función democrática e integradora de una lengua común, que deberá ser obligatorio estudiar. 

Y, por otra parte, no menos razonable será pretender salvaguardar el derecho al igual acceso a la función pública. Entre otras cosas porque quienes, mediante oposición, acaban siendo gestores del poder administrativo (que debe regirse por principios como los de legalidad o imparcialidad) ejercen un papel democrático esencial, pocas veces bien aquilatado por la teoría política.

 De hecho, piensen en lo que ocurriría si, para garantizar los derechos que en el caso anterior corresponderían a los sirios, se exigiera un nivel (no digo ya alto, sino un nivel mínimo) de árabe en todos los puestos de acceso a la función pública… Es evidente que la mayoría de valencianos tendrían obstaculizado el acceso a la función pública.

 Por eso, y para garantizar que en la función pública prime la competencia, es fundamental pensar, por zonas, en sistemas de cuotas a la hora de exigir requisitos lingüísticos en las oposiciones; y que tales cuotas sólo se impongan para puestos que tengan que dar cara al ciudadano. Pero esta no es, desde luego, la estrategia del nacionalismo, que tiene más interés en llevar a puerto la construcción nacional que en garantizar una función pública competente.(...)

En fin, que no parece fácil relacionar la solidaridad y la defensa de la clase trabajadora (que, por oposición al capital a partir del cual se define, tampoco debería conocer fronteras) con la fragmentación de comunidades políticas. 

Pero eso es lo que pretende el nacionalismo, bien construyendo directamente barreras jurídico-políticas (fronteras), bien, como hemos visto, preparando antes el terreno mediante barreras menos visibles, como las de la lengua (usando requisitos o méritos tan desproporcionados que, en la práctica, juegan el papel de requisitos). 

Aunque un gallego y un catalán acabarán comunicándose en castellano (y en eso radica la potencia de toda lengua común o política –y más el castellano–, en abrir puertas y tender puentes, en hacernos accesible objetos –producciones culturales, guías turísticos, mercados de trabajo extranjeros, etcétera– que, para hablantes de lenguas minoritarias, quedan restringidos), resulta que cuando cada uno de ellos busca trabajo en la comunidad autónoma ajena sólo encuentra obstáculos que desincentivan su movilidad; obstáculos para acceder a los puestos de la función pública (incluso para puestos donde no tendría que atender al público), para cerrar contratos de obra o de servicios con la administración autonómica, para escolarizar a sus hijos, para presentar su tarjeta de la Seguridad Social y ser normalmente atendido, etc.

Muchos ciudadanos españoles que vivimos en comunidades bilingües (repetimos que las comunidades bilingües no albergan exclusivamente a ciudadanos bilingües, sino también –y son mayoría, por eso sonroja repetirlo tantas veces– monolingües en castellano) usamos diariamente el castellano y vemos un alto coste de oportunidad en manejar correctamente la lengua cooficial en lugar de estudiar inglés o de emprender otras muchas actividades.

 Nos piden que valoremos una lengua que no es la nuestra, pero no tenemos por qué valorarla hasta tal punto, sin que ello implique menospreciarla. Lo que sí valoramos es que nuestros conciudadanos bilingües puedan comunicarse sin obstáculos en su lengua, que sean atendidos por su administración más próxima en su lengua, que puedan llevar a sus hijos al colegio en su lengua.

Podemos apreciar también que, residiendo en una comunidad bilingüe, todos (bilingües y monolingües) puedan acceder libremente al estudio de la lengua regional. Esto estaría especialmente justificado, más allá de la lengua materna de cada cual y de la zona de uso lingüístico en la que se resida, porque el conocimiento de dicha lengua abre las puertas al mercado de trabajo de la respectiva Comunidad Autónoma y, además, constituye ora un mérito ora un requisito para oposiciones y concursos públicos. 

E incluso, y siguiendo la misma lógica en defensa de la igualdad de oportunidades, quizás podría estudiarse –como me hizo entender hace poco mi amigo Juan Antonio Cordero– la viabilidad de ofrecer en el currículo escolar la opción de estudiar en toda España alguna de las lenguas cooficiales del Estado: de otro modo, los empleos y plazas públicas de las CCAA bilingües que exijan el conocimiento de las lenguas regionales quedarían irremediablemente vedadas a los ciudadanos de las comunidades monolingües (castellanoparlantes, se entiende).

Pero, ojo, esta medida, que busca ser igualitaria, jamás debería retroalimentar a su vez un nuevo aumento del nivel de dichos méritos/requisitos para el acceso a la función pública si es contrario a la realidad sociolingüística, que es la realidad de uso. 

Esto generaría más desigualdad. Por otra parte, la opción de estudiar el resto de lenguas del Estado en absoluto implicaría la extensión al conjunto de España de la cooficialidad de esas lenguas, que debe quedar restringida a las zonas realmente bilingües de las CCAA estatutariamente bilingües. A semejante proyecto multilingüe deberán anteponerse tanto la restricción presupuestaria como el derecho a la igualdad de acceso a la función pública.

Por fin, resulta fundamental que todo el mundo comprenda que para evitar que los bilingües decidan algún día hablar a sus hijos exclusivamente en castellano (si es que creyesen que, a fin de cuentas, resulta más práctico o que brindaría a sus hijos mejores armas en el mercado de trabajo), no es en absoluto de justicia que nos impongan a todos la lengua regional. Un derecho lingüístico es lo contrario a una obligación lingüística. Debería ser evidente.  (...)"              (Mikel Arteta, Frontera-D, 23/09/16)

5/10/16

El euskera no despega pero impide despegar. Y marca clases. En la práctica crecen más las lenguas extraeuropeas que el vascuence

"¿A que duele? Al menos a los abertzales les duele. Hasta el punto de que lo han convertido en un tema espinoso, del que sólo se puede hablar si es para aplaudir los dogmas por ellos establecidos. Para un nacionalista (y en esto da igual que sea jeltzale o que sea etarra) hay una nación llamada Euskadi con un idioma llamado euskera (y la tercera pata, que tenga una sola raza, en las últimas décadas se la callan). 

 Para ellos, todo lo que se salga de este canon es un insulto y una herejía.

Su problema es que la realidad del País Vasco (y no digamos si incluimos Navarra en el paquete) es completamente distinta. Una mayoría muy grande de los navarros no entiende una palabra, pese a décadas de dinero público regalado a su promoción y de zonificación lingüística gratuita. E incluso el 44% de los vascos está igual: nada de nada. 

El 56% de los vascos sabe algo (poco o mucho), pero sólo el 36% lo habla; y además muchos sólo lo hablan en público, donde se les exige, pero en casa hablan la lengua común, o sea castellano: el 77%. Y no digamos en las redes, en la fiesta, en la noche, en el deporte.

¿Y cómo han pasado de un 22% de hablantes a un 36%, en 30 años? Educación pública en la práctica totalmente sesgada al vascuence, mucho dinero público, mucha presión social que no admite respuesta, y muchas ventajas para los que dan el paso. Todo es más fácil para ese 36%. El euskera no despega, es verdad, pero conocerlo es una ayuda para despegar. Y es el modelo que el consejero Mendoza y la peraltesa Barkos quieren importar a Navarra.

Es bueno que se sepa, y es bueno además que lo haya dicho el PSOE en su campaña, ya que tiene una parte de la culpa tanto en Vitoria como en Pamplona: si uno quiere entrar en la Administración pública del País Vasco necesita saber vascuence. Y quieren que sea así en Navarra, donde ya tienen notables estímulos. 

No se trata de que estas grandes, ricas y florecientes Administraciones quieran dar un mejor servicio a los ciudadanos, pues todos éstos saben español (no sólo porque es su deber, sino porque era y es así); es que usan la barrera del idioma para dejar entrar sólo a quienes den el paso de aprenderlo, y eso conforme a las normas del batúa. 

Ya en el País Vasco la mayoría de las plazas tienen el vascuence como requisito y todas las demás como mérito. En Navarra se va camino de eso. Con lo cual se cuadra el círculo: en su momento se les dio una autonomía alegando una diferencia regional, y luego se ha usado la autonomía para crear y multiplicar la diferencia.

Eso tiene por supuesto sus víctimas, que son los que no aprenden vascuence o conociéndolo no lo certifican. Uno puede ser mejor médico, enfermero, barrendero, profesor, maestro, técnico o bedel pero la Administración elegirá al peor si sabe euskera. Es discriminación. 

 Discriminación comarcal, porque se privilegia a los provenientes de zonas y familias vascófonas. 

Discriminación ideológica, porque las familias que estimulan ese estudio son, o al menos eran, las más cercanas al nacionalismo.

 Y discriminación social, porque los formados en ciertos centros y barrios tendrán ventajas que otros no.

 No digamos si uno quiere ascender: para aprender vascuence o mejorarlo todo son ventajas, desde años sabáticos a cursos pagados y puntos, que los demás no tienen.

¿Y si uno no se somete? Puede que no termine sus estudios, o lo tenga que hacer en peores centros o con peores compañías. Seguramente acabará en el sector privado, o, como decenas de miles de casos certifican (empezando por los docentes), exiliado fuera del País Vasco.

 Un País Vasco en el que la lengua común es el castellano, en un porcentaje como lengua materna y lengua de uso diario que crece fuera de las aulas (y si descontamos los ya rituales saludos, kaixo y agur); un País Vasco en el que en la práctica crecen más las lenguas extraeuropeas que el vascuence.

Un vascuence que está ligándose peligrosamente a la ideología nacionalista, cosa más arriesgada a la larga para el euskera -que es lengua y no símbolo- que para los nacionalistas -que necesitan su símbolo aunque puedan romperlo. Porque el euskera no despega por mucho que gasten en él, pero impide que los jóvenes del siglo XXI despeguen. (¿Y por qué PP y PSOE no denuncian la situación, si de verdad la rechazan?)."                 (PASCUAL TAMBURRI – LA TRIBUNA DEL PAIS VASCO – 02/10/16, en Fundación para la libertad)

17/5/16

Sólo los nacidos antes de 1977 podrían usar el español en una Cataluña independiente

"La entidad Constituïm planteó el pasado miércoles a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un borrador de Constitución catalana que prevé una República unicameral y con un presidente de la Generalitat que sea jefe de Estado y de gobierno. 

También propone elegir al presidente por designación directa en unas elecciones cada cinco años en circunscripción única, con la posibilidad de renovar una sola vez; y que el catalán sea la lengua oficial junto con el aranés.
 
De esta manera, este anteproyecto de Constitución elaborado por una veintena de profesionales de diferentes ámbitos, entre los que se encuentran el juez Santiago Vidal, no considera al castellano como lengua oficial de una Cataluña independiente, pese a ser la lengua habitual de más de la mitad de la población. Este planteamiento choca, además, con lo defendido por la Generalitat y por los dirigentes de CDC y ERC, que creen que sí debería tener el mismo estatus que el catalán.

Concretamente, en este proyecto de carta magna, se dice que el español tendría un "régimen jurídico especial" que "garantizaría" el derecho de los nacidos antes de 1977 a utilizar el español, tanto oral como escrito, en sus comunicaciones con las instituciones públicas. Así pues, todos los nacidos en democracia deberán hablar y escribir en catalán por ley, hayan pasado por el sistema de la normalización lingüística de la escuela catalana o sean nacidos y educados fuera de Cataluña. (...)"            (La Voz Libre, 13/05/16)


3/4/16

Un manifiesto independentista considera el castellano "la lengua de la inmigración", o sea, de los trabajadores, y pide que sólo el catalán sea oficial... o sea, la lengua de los señores

"El manifiesto 'Por un verdadero proceso de normalización lingüística en la Catalunya independiente', impulsado por el Grupo Koiné -vinculado inicialmente a la ANC e integrado por profesionales de la lengua-, pide que sólo el catalán sea oficial en Catalunya, al considerar el castellano una lengua "impuesta" propia de la "inmigración" española.

El manifiesto, que se presentará este jueves en el paraninfo de la UB, está suscrito por más de 170 académicos, profesores universitarios, escritores, estudiosos, docentes y otros profesionales de la lengua. Entre los firmantes se encuentran cinco Premios de Honor de las Letras Catalanas, como son Jaume Cabré, Josep Massot, Joan Francesc Mira, Maria Antònia Oliver y Joan Veny. También la profesora de la UAB Teresa Cabré, o Salvador Cardús, del IEC y de la UAB.

El manifiesto denuncia que "la lengua de la inmigración (pero sólo la española) toma a todos los efectos el rol de lengua por defecto". También considera que "la ideología política del llamado bilingüismo" provoca "que la anormalidad lingüística actual siga siendo garantizada y se convierta en la falsa normalidad de la república".  (...)

Finalmente señala que "si aspiramos a una sociedad cohesionada y respetuosa con las diferentes lenguas y orígenes que conviven, es necesario que instituciones y ciudadanos se impliquen en una apuesta clara y firme de la lengua catalana para que vuelva a ser la lengua del país".              (e-notícies, 30/03/16)

26/2/16

Los charnegos ya pueden hablar con su médico en su lengua, el castellano, para enterarase bien de sus enfermedades

"El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado algunos de los puntos del protocolo lingüístico aprobado por la Generalitat que se debe utilizar en el sector sanitario público.

 En concreto se ha anulado el punto que estipula que el catalán debe ser "la lengua de comunicación entre el personal", el que estipula que el trabajador sanitario debe hablar al usuario en lengua catalana a menos que éste tenga " dificultades para entenderla "y el que dice que" las conversaciones telefónicas siempre deben iniciarse en lengua catalana ".

La sentencia cree que no se ajusta a la cooficialidad lingüística y al derecho a la libertad de expresión que la Generalitat diga a los trabajadores sanitarios públicos que deben comunicarse en catalán "tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo y especialmente ante terceras personas ".

 Considera lo mismo en el punto del protocolo donde la administración catalana dice que en las conversaciones telefónicas "si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se le continúa hablándo en catalán, salvo que pida ser atendido en la otra lengua oficial ".


El TSJC mantiene otros puntos del protocolo como por ejemplo el que dice que "las historias clínicas se redactarán normalmente en catalán" o el que estipula que "los cursos de formación del personal del sector sanitario público debe ser normalmente en lengua catalana ".



La sentencia, que da respuesta a una demanda presentada por los trabajadores del hospital Joan XXIII de Tarragona, es firme porque la Generalitat no ha presentado ningún recurso, según informó Impulso Ciudadano. Esta entidad, que ha asesorado al profesional sanitario que ha presentado el recurso, ha valorado muy positivamente el contenido de la sentencia.

"Gracias a ella, ha mejorado la seguridad jurídica de los trabajadores públicos y podemos disfrutar de una mayoría libertad lingüística en las relaciones entre los trabajadores públicos y de éstos con los ciudadanos", ha afirmado."                 (e-notícies,25/02/16)

28/4/15

¿Se acuerdan cuando el nacionalismo reivindicaba el derecho a educar a los hijos en su lengua materna? Una vez que controlalaron la Administración, hicieron lo contrario

"Hace unos días la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, recalcaba la «enorme generosidad de los castellanoparlantes» y «el riesgo de imposición del euskara con sanciones». (...)

Y, sí, claro que ha habido una enorme generosidad por parte de la población castellanoparlante. ¿O no se acuerdan de la fuga de miles de maestros de las escuelas públicas en los primeros ochenta, seguido de una generación entera de profesores forzada a aprender euskara y a trabajar con su herramienta por excelencia –el idioma– demediada, como un pianista que toca con una mano amarrada a la espalda, y sin que todos estos años hubiera ninguna protesta laboral por ello? Por cierto, se diga lo que se diga, un esfuerzo que hemos pagado caro en la formación, o deformación, de nuestros niños.

¿O no se quiere reconocer que toda una generación entera de jóvenes vascos ha tenido que renunciar a los golosos puestos de la Administración pública para que sean repartidos a golpe de perfiles lingüísticos? ¿Eso qué es? ¿La rebelión de los castellanoparlantes? (...)

La lengua materna. 

¿Se acuerdan cuando durante el tardofranquismo el nacionalismo reivindicaba el derecho a educar a los hijos en su lengua materna? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué diríamos ahora, cuando una inmensa mayoría de padres castellanoparlantes tienen hijos que estudian en una lengua no materna? ¿O no se dan cuenta de eso?

 Los nacionalistas solo reivindican este derecho cuando la Administración pública no permite la enseñanza en la lengua que defienden, pero una vez que controlan ellos la Administración se olvidan rápido de esto para hacer exactamente lo contrario.

La euskaldunización de la Administración.  

Los nacionalistas legitiman las políticas de requerimiento del conocimiento para acceder a la Administración (los perfiles) como único medio posible para euskaldunizar la Administración. Ya. ¿Pero cómo legitimamos euskaldunizar la Administración? Porque en el Estatuto y la Ley de Normalización no se recoge. Se recoge el derecho del ciudadano a ser atendido en cualquiera de los dos idiomas, cosa que es bien distinta.

 Alguno me dirá que el euskara no se exige en todos los puestos. Es verdad, no en todos, pero en muchos sí, y el resto también tiene perfiles; lo que quiere decir que en los puestos en los que no se exige al que sabe se le dan puntos extra. Es como si en una carrera de cien metros al que sabe euskara le quitamos un segundo de su tiempo. Los castellanoparlantes pueden correr, pero tienen que correr mucho más para llegar al mismo tiempo administrativo. (...)

El derecho a hablar en euskara.

 Los nacionalistas reivindican con carácter absoluto el derecho de los vascoparlantes a hablar en euskara en todo momento y lugar. ¿Existe ese derecho? Pues según. Cuando están solos, claro. Al leer un libro, al ver un programa o cuando se juntan dos vascoparlantes que quieren hablar en euskara, no hay nada que se lo pueda impedir. Aunque, curiosamente, no se hace mucho uso de este derecho.

 Nada ni nadie me obliga a escoger el periódico que leo, pero la inmensa mayoría de vascoparlantes lee periódicos en castellano, libros en castellano o ve programas en castellano. En cambio, dicen que cuando se encuentran frente a una persona que no sabe euskara esta les impone el castellano, que no pueden elegir.

Ya. ¿Pero esa otra persona, que no sabe euskara o aunque lo sepa, no tiene el mismo derecho que él para elegir hablar castellano? ¿O solo hay derecho para elegir idioma siempre y cuando este sea el euskara, como decía Ford del color negro de los coches? El euskara no tiene los mismos derechos que el castellano. Bueno, en realidad los que tenemos derechos somos las personas, no las cosas.

 El euskara o el castellano no tienen derechos, son las personas que hablan en euskara o en castellano las que tienen derechos. Y bien, pongamos una persona que habla en castellano y otra que además habla en euskara con los mismos conocimientos de otras áreas.

 ¿Cuál de los dos tiene más derechos, más posibilidades? Háganse la pregunta un momento y respondan con sinceridad. ¿Se puede decir que los vascoparlantes estamos discriminados en Euskadi hoy en día, o es más acorde con la verdad que tenemos muchas más opciones de vida, profesionales y de todo tipo? Y, ¿entonces? Pues eso.

 Y, finalmente, la igualdad de oportunidades. 

Curiosamente los defensores del euskara no le tienen mucho aprecio a este principio. Todas las personas debiéramos tener las mismas oportunidades ante la vida. ¿Cómo compaginamos los diferentes derechos individuales para, al final, garantizar, junto con la libertad, este principio básico? El Estatuto también recoge que «nadie será discriminado por razón de lengua». 

Bien. ¿Cómo encajamos esto con los perfiles, por ejemplo? Estaremos de acuerdo, y más en esta situación de paro y precariedad, que uno de los mayores bienes y que mejor garantizan la igualdad de oportunidades ante la vida es poder acceder a un puesto de trabajo estable, con buenas condiciones laborales y sueldo decente. 

A todos se nos ocurrirán de inmediato los más de 150.000 puestos de empleados públicos. ¿Impedir que, por no saber euskara, no se pueda acceder no quiere decir «discriminar por razón de idioma»? (...)"               (ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL, EL CORREO – 08/04/15, en Fundación para la Libertad)

13/10/14

Miren si este país es tolerante que ustedes, charnegos, vienen aquí, hablan en castellano y no pasa nada

"(...) Eso sí, el euskera es un requisito para acceder a concursos, empleos públicos y ayudas a proyectos de cualquier orden. Una decisión institucional que cercena las opciones sociales y laborales de una mayoría de los vascos, incompetentes en euskera. Y, por supuesto, también del resto de los ciudadanos españoles, a los que no les cabe ni la posibilidad de jugar el partido.

En Cataluña, pues poco más o menos. O peor: aunque no existe la posibilidad de escolarizarse en castellano, ésta es, además de la lengua común, la lengua materna del 55% de los catalanes, frente 31,6%, que tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan solo el 7% de los parlamentarios reconoce el castellano como su «identidad lingüística»3. 

Una circunstancia poco compatible con lo que normalmente sucede con las colonias: los colonizados son los que mandan. Como tampoco lo es que Cataluña sea la región con mayor PIB de España, que el presidente de la Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un nacionalista catalán o que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros cincuenta y cinco altos cargos de la Generalitat cobren más que el presidente del Gobierno. 

Y, si se mira la trama social, la fabulación nacionalista todavía resulta más extravagante. Cerca del 70% de los catalanes, que en primera y segunda generación proceden de otras partes de España, ocupan las partes más bajas de la pirámide social y viven en el extrarradio de las ciudades, mientras que los «colonizados» habitan en los mejores barrios. 

También aquí la lengua empeora las cosas, al menos si nos importa la igualdad. Al convertirse el catalán en requisito para acceder a muchos puestos laborales, entre ellos los de la administración pública, la lengua oficia como un filtro que penaliza a los castellanoparlantes, los más humildes. La exclusión real es la de los supuestos invasores. Y no es retórica, que, de tan naturalizada que está la patología, se expresa con pasmosa brutalidad.

 Es el caso de Mas cuando recomienda a los que piden la escolarización en castellano «que monten un colegio privado en castellano para el que quiera pagarlo, igual que se montó uno en japonés en su momento». Otro ejemplo: en pleno debate electoral, ante la presencia callada de los políticos de izquierda, interrumpe a otro candidato para decirle: «Miren si este país es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la televisión nacional de Cataluña y no pasa nada». Lo más inquietante de todo es el «vienen aquí», ese sentido patrimonial del territorio político, asociado, además, a la identidad.

 Ese es el cuadro: España muestra un grado de reconocimiento institucional de sus lenguas minoritarias absolutamente excepcional, que, desde luego, no encontramos en ningún otro país de la Unión Europea con un grado de pluralidad cultural comparable o mayor4. Opresión, ninguna: riqueza y reconocimiento. 

Sin embargo, la izquierda ha comprado el cuento de la opresión nacional. Asume que hay un fondo de verdad en el relato nacionalista. Y hasta reproduce sus mentiras.  (...)"               (Félix Ovejero Lucas

22/7/14

Sólo se puede hablar en catalán con las ambulancias.


 Circular enviada a los operadores de los centros de coordinación de urgencias médicas ordenándoles utilizar exclusivamente el catalán en todas sus comunicaciones con los conductores y los sanitarios de las ambulancias

"La obsesión de la Generalidad por restringir el uso del español en el ámbito de la administración autonómica alcanza todos los rincones imaginables.

El último de los casos conocidos es el del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) -esto es, la asistencia urgente con ambulancias a través de los teléfonos 112 y 061-, donde la Consejería de Salud ordena al personal -tanto el de las ambulancias como el de los centros de coordinación- que utilice exclusivamente el catalán en todas sus comunicaciones.

Así lo recoge una nota interna enviada el pasado 5 de junio por una de las empresas subcontratadas por el SEM a los centros de coordinación de Barcelona, Hospitalet y Reus, y que, según ha revelado este sábado Pablo Planas en Libertad Digital, indicaba lo siguiente:

"Os recordamos que el CATALÁN es el único idioma autorizado por SEM para la comunicación diaria con las unidades [en referencia al personal de las ambulancias] tanto por emisora como por teléfono. Es de obligado conocimiento y uso para todos los gestores, independientemente del idioma que utilicen las unidades para dirigirse a CECOS [Central de Coordinación Sanitaria]. La única exepción a este protocolo se produce en la emisora de ACD [Activación de Coordinación Domiciliaria] de la sala Barcelona, por su situación específica".

Informes negativos para los que utilizan el castellano

De hecho, los operadores telefónicos de las emergencias médicas en Cataluña aseguran estar sometidos a "escuchas selectivas" en su trabajo, hasta el punto de que se les ha rebajado la nota de calidad de servicio a los que han hablado en español con conductores y técnicos sanitarios.

Los "gestores" alegan que hablan en castellano a muchos de los conductores de las ambulancias para facilitar la comprensión del nombre de las calles y agilizar así la intervención.

Sin embargo, la Generalidad es inflexible a la hora de obligarles a utilizar el catalán como única lengua de comunicación entre ellos, pese a que ninguna ley avala la prohibición del uso de una de las lenguas oficiales. Solo acepta la excepción del centro de coordinación de Barcelona, donde abundan los sanitarios recién llegados de fuera de España que no dominan el catalán.

El precedente del "protocolo de usos lingüísticos"

Pero este no es el único caso conocido en el que se prohíbe el uso del castellano al personal de la sanidad autonómica. Hace poco más de dos años trascendió un protocolo distribuido por los servicios territoriales de la Consejería de Salud en Tarragona entre sus empleados en el que se les obligaba a utilizar el catalán durante toda su jornada laboral.

El documento, de doce páginas, indicaba textualmente que todos los trabajadores "siempre" deben utilizar el catalán entre ellos y con los pacientes "independientemente de la lengua que utiice el interlocutor", con la única excepción de que algún paciente "manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial".

El protocolo -aplicable a las comunicaciones internas y externas, a las conversaciones por teléfono, a los mensajes por megafonía, a los actos públicos protocolarios y cuando los médicos hablen entre ellos, especialmente cuando haya delante "terceras personas"- daba unas instrucciones muy precisas, especificando incluso que cuando el paciente tuviese "cierta dificultad" para entender el catalán, era preferible "hablar poco a poco" y "utilizar recursos no verbales y materiales gráficos de apoyo" antes de cambiar al castellano."                (Crónica Global, 28/06/2014)

20/3/14

El futuro pasaporte catalán sólo se dará si se domina el catalán

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), cuyo máximo responsable es el presidente de la Generalidad, Artur Mas, quiere que se exija acreditar conocimientos suficientes “de lengua, cultura e historia” catalanas para obtener la futura nacionalidad catalana, según ha avanzado este sábado TV3.

Así se recoge en una propuesta que se debate en la convención de CDC que se celebra este fin de semana en Barcelona con vistas a la futura Cataluña independiente, que el partido de Mas ya da por hecha. Una vez que Cataluña se haya constituido en Estado propio, “para la futura obtención de la nacionalidad catalana habrá que acreditar un conocimiento mínimo de la lengua, historia y cultura catalanas”, se dice en el documento.

Otro de los requisitos establecidos en la propuesta es que los ciudadanos que quieran obtener la nacionalidad catalana se comprometan a respetar valores como la igualdad de género, la libertad individual, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

En el documento, Convergència también incluye un apartado para explicar el futuro papel que reservan al español en el nuevo Estado: “El castellano es un patrimonio que tenemos y es la lengua primera de buena parte de la población de Cataluña y, por tanto, con unos derechos lingüísticos personales, que no se pueden obviar y que deben preservarse”. (...)"            (Diálogo Libre, 15/03/2014)

26/1/14

Toda la Política Lingüística de la Generalitat está al servicio de la idea que Cataluña es monolingüe. Pero es bilingúe...

"Como en todos los otros puntales del proyecto político nacionalista/independentista, la política lingüística (PL) ha sido sometida a un pensamiento único blindado a toda crítica. (...)

Es lógico que amplios sectores de ciudadanos piensen que la PL que sigue la Generalidad es la única posible para promocionar y proteger el catalán. Nunca ha habido en los medios de comunicación catalanes un debate sobre modelos alternativos de promoción de una lengua minoritaria.(...)

 El hecho, no obstante, es que existen modelos alternativos a la PL de la Generalidad. Un modelo alternativo de PL sería aquel que promovería y protegería el catalán pero que lo haría de manera diferente de cómo se ha hecho hasta ahora.

 Existe una amplia bibliografía académica sobre este tema y tenemos documentadas las muchas experiencias de promoción de una lengua minoritaria en muchos países del mundo. (...)

Las experiencias son variadas, desde la masiva promoción del swahili en Tanzania a la introducción del hebreo en Israel. También en Europa existen muchos casos de promoción de lenguas minoritarias. De hecho, prácticamente todos los países de Europa tienen grupos de población que hablan una lengua diferente de la mayoritaria de cada país. (...)

En primer lugar, podemos decir que hay dos grandes orientaciones en el campo de la PL: la corriente de intervencionismo débil y la corriente de intervencionismo fuerte. Como sus nombres indican, la primera orientación es la que piensa que los gobiernos tienen que intervenir poco en la PL, que tienen que elaborar e implementar unas líneas generales pero que tienen que dejar hacer, que las mismas dinámicas sociales ya llevarán a un equilibrio entre lenguas o un mayor uso de la lengua que se quiere promover.

 La orientación de intervencionismo fuerte, al contrario, piensa que el gobierno tiene que legislar en todos los ámbitos posibles y que el dirigismo desde los poderes públicos es imprescindible si se quiere hacer progresar una lengua. El modelo catalán de PL es, sin lugar a duda, el segundo. (...)

Toda la PL está al servicio de la idea que Cataluña es monolingüe. Por lo tanto, lo que se promueve no es la presencia del catalán en los ámbitos públicos sino la presencia exclusiva del catalán. Esto lo vemos en la administración pública, que es una Administración monolingüe. 

En contraste con esto, podemos pensar en una Administración escrupulosamente bilingüe: ¿no aseguraría una Administración bilingüe la presencia y progreso del catalán en este ámbito? Lo mismo es aplicable a la educación, con unas escuelas bilingües, donde también estaría asegurada la presencia y uso del catalán.

 Se podría haber legislado para crear una Administración bilingüe y una educación bilingüe pero no era esto lo que se quería hacer. Lo que se quería y quiere hacer es reparar la anomalía de la presencia del español y configurar instituciones que operen únicamente en catalán.

Actualmente, toda la PL está orientada a vencer al español. Esto se intenta materializar en páginas y páginas de normativas lingüísticas, obsesivamente detallistas, que llegan a legislar en qué lengua tienen que estar todos y cada uno de los letreros y anuncios que hay en cualquier departamento o institución de la Generalidad.

Un cambio en este desafortunado estado de cosas requeriría introducir en Cataluña un modelo alternativo de PL. ¿Cuál podría ser un modelo alternativo al actual? Para empezar, aquel que hace un diagnóstico esmerado de la realidad: que Cataluña es bilingüe y que la promoción y protección del catalán se tiene que hacer dentro de este marco si se quiere que tenga éxito y que sea socialmente justa. Este marco sería el de promover el catalán como lengua que convive con el castellano y no como lengua que se le opone. (...)

Por otro lado, en todos los ámbitos de la Administración, el objetivo general de este nuevo modelo sería conseguir un bilingüismo efectivo: señalización e informaciones públicas bilingües, una Administración bilingüe y unas escuelas bilingües. 

Con un bilingüismo escrupuloso, la presencia del catalán estaría asegurada, cómo hemos visto anteriormente, y seria, además, una medida que contaría con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. En contraste, la PL actual estipula que lo que tiene que haber en la administración pública es presencia exclusiva del catalán.

Respecto al sector privado, la orientación general sería premiar en lugar de castigar. Por ejemplo, una medida sería proporcionar una subvención razonable a todos aquellos comerciantes que quisieran rotular anunciar y/o informar sobre sus negocios en catalán, sea sólo en esta lengua sea junto con el castellano. En contraste, actualmente tenemos un modelo punitivo, que castiga con multas a los comerciantes que no anuncian su negocio en catalán.

Finalmente, este modelo alternativo de PL entendería que algunos ciudadanos hablantes de otras lenguas declinaran participar en este proyecto de hacer suyo el catalán y que optaran por funcionar exclusivamente en español o, en círculos más pequeños, en inglés o en árabe. De hecho, esta es la realidad en todas partes. Cuando los nacionalistas dicen que todos los que viven en Cataluña tienen que dominar el catalán, esta pretensión no tiene parangón en la realidad. No todos los que viven en Inglaterra hablan inglés, ni todos los que viven en Suecia hablan sueco ni todos los que viven en Madrid hablan español. La aspiración no tendría que ser todos los ciudadanos, sino cuanto más, mejor.
En conclusión, otra política lingüística sí que es posible, una que promueva y proteja el catalán dentro de un marco de aceptación de la realidad bilingüe de Cataluña y con una promoción de la lengua en positivo."                   (Mercè Vilarrubias, Crónica Global, Jueves, 2 de enero de 2014)

12/11/13

No quiero que mis derechos y obligaciones como paciente se vinculen al euskera o al castellano

"Acabo de leer en la prensa que Osakidetza va a crear un nuevo registro en el que va a recoger las preferencias lingüísticas de los pacientes y trabajadores de la sanidad pública vasca. He leído también que Osakidetza procurará que la primera palabra dirigida a los usuarios sea siempre en euskera. 

Y tengo que decir que no me gusta ni lo uno ni lo otro. No quiero que me registren. Mejor dicho: ya me tienen registrado, al igual que otras muchas administraciones y organismos que se me han hecho necesarios para vivir, como Google, correo electrónico y otros derivados de Internet.

Pero no quiero que me registren prefiriendo una lengua u otra. No quiero, al igual que no quiero que mi relación con las administraciones públicas basada en mis derechos y obligaciones ciudadanas estén en función de la lengua que prefiera de entre las oficiales, o de la religión que profeso o dejo de profesar, o de mi orientación sexual. No quiero que mis derechos y obligaciones como paciente se vinculen al euskera o al castellano. 

No quiero que nadie en la Administración piense que prefiero una de las dos, que me coarten a utilizar una de las dos, cuando puedo usar las dos a mi arbitrio, cuando me venga en gana y si me viene en gana. Y prometo no plantear ningún problema al funcionario de turno que no me atienda en euskera, porque usaré el castellano con normalidad, que también es mi lengua, tan propia como el euskera.

Es más: no quiero verme en la situación de mantener una conversación en euskera con personas, con funcionarios que se crean en la obligación de atenderme en euskera, pero que terminarían haciendo de la conversación una especie de farsa. Lo que espero de la administración de Osakidetza es que me atiendan bien, rápido, con educación y con diligencia –no voy a pedir que la visita al cirujano especialista me la pongan en un plazo de tres meses, porque tampoco estoy dispuesto a pagar más impuestos–. 

No quiero terminar las frases de funcionarios que se sienten obligados a dirigirse a mí en euskera, no quiero corregirles las faltas gramaticales todo el tiempo, no quiero escuchar un euskera sin música, aséptico, frío, sin alma ni vitalidad alguna.

No quiero que la Administración entre a catalogarme en esas cuestiones, que se dedique a saber si prefiero una lengua oficial a otra. No quiero contribuir al teatro de que se dirijan a mí en euskera para continuar con la conversación que mantenían con un o una colega en castellano, como me ha sucedido tantas y tantas veces con mis alumnos de la Universidad pública. 

No quiero contribuir a unas estadísticas que miden todo menos lo que importa en el desarrollo de las lenguas, su capacidad comunicativa, la comodidad que aportan en la comunicación a los hablantes, la vitalidad que es lo único que incide en sus perspectivas de futuro.

Y deben estar seguros en Osakidetza de que si ponen en práctica la idea de que sus funcionarios se dirijan siempre a los clientes con la primera palabra en euskera, al menos habrá uno que se sentirá empujado a usar necesariamente el castellano, como se siente ahora cada vez que recibe una comunicación, sea de las administraciones públicas o de otras organizaciones y entidades que subrayan, por la forma de doblar la carta, por la tipografía o por cualquier otro medio, la primacía del euskera e intentan imponer esta lengua al receptor: basta con ello para que sea la otra lengua la que elija, amén de que al tratarse casi siempre de textos traducidos del castellano al euskera, me ahorro equívocos lingüísticos, cuando no auténticos esperpentos lingüísticos.

Algunos hemos dedicado parte de nuestra vida a impulsar el conocimiento y el uso del euskera, lo hicimos cuando era realmente difícil, porque era defender la libertad. Ahora no queremos que se nos coarte la libertad, ni siquiera en nombre del euskera. El lenguaje del ciudadano es el lenguaje del derecho, el de la libertad y el de las obligaciones cívicas. 

La minoría de ciudadanos vascos euskaldunes tienen derechos que deben ser reconocidos como lo son los de las minorías lingüísticas en cualquier democracia. Y para ello las administraciones públicas deben actuar de forma prudente y proporcionada. Pero lo que no pueden hacer es imponer obligaciones a todos para satisfacer los derechos de algunos. (...)

Déjense, por favor, de ingenierías sociales, pues no otra cosa supone la implantación de sus políticas lingüísticas, de sus políticas de promoción del euskera, experimentos ingenieriles para cambiar situaciones sociales lingüísticas de la sociedad vasca. 

Y no es función de las administraciones públicas dedicarse a esos experimentos de ingeniería social. Ni siquiera en nombre de las que pudo haber, y las hubo, en el pasado, aunque dicho sea de paso que la situación actual no se debe sólo y en exclusiva a éstas.

De la misma forma que considero una conquista del Estado de derecho que en mi DNI no conste mi confesión religiosa, tampoco me gustaría que en mi tarjeta de Osakidetza apareciera en algún momento mi preferencia lingüística, aunque agradecería, eso sí, una tarjeta de Osakidetza que me sirviera sin problemas en todo el territorio nacional. Me evitaría un montón de problemas."               (JOSEBA ARREGI, EL  CORREO 11/11/13, en Fundación para la Libertad, 11/11/2013)

Puig deja sin subvenciones para incentivar la creación de empresas a aquellas que no rotulen en catalán

"El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU), ha aprobado dos órdenes (de 30 de octubre y de 4 de noviembre) por las que se establecen las bases para recibir ayudas de dinero público para fomentar "la emprendeduría", a través del programa Cataluña Emprende, y "la creación y crecimiento de empresas de economía social y cooperativa", a través de subvenciones directas.

En concreto, para el período 2013-2014, el Gobierno autonómico destinará 1.793.750 euros a promocionar empresas de "economía social y cooperativa" y otros 5.302.192,25 euros para el programa Cataluña Emprende.

Una vez más, en las bases para poder acceder a este tipo de ayudas públicas se establece que los aspirantes deben cumplir con varios puntos (artículos 32.1, 32.3 y 36.4) de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998 que rezan que "la señalización y los carteles de información", tanto de cara al público como en el interior, han de estar en catalán.

De la misma manera, se obliga a las empresas que quieran acceder a este tipo de ayudas públicas a "estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña".
"No puede significar la imposición"

Sin embargo, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta obligación de la Generalidad al sector público no es legal.(...)"              (Crónica Global, 08/11/2013)