"(...) Eso sí, el euskera es un requisito para acceder a concursos, empleos
públicos y ayudas a proyectos de cualquier orden. Una decisión
institucional que cercena las opciones sociales y laborales de una
mayoría de los vascos, incompetentes en euskera. Y, por supuesto,
también del resto de los ciudadanos españoles, a los que no les cabe ni
la posibilidad de jugar el partido.
En Cataluña, pues poco más o menos. O peor: aunque no existe la
posibilidad de escolarizarse en castellano, ésta es, además de la lengua
común, la lengua materna del 55% de los catalanes, frente 31,6%, que
tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro
perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan solo el 7% de
los parlamentarios reconoce el castellano como su «identidad
lingüística»3.
Una circunstancia poco compatible con lo que normalmente sucede con las
colonias: los colonizados son los que mandan. Como tampoco lo es que
Cataluña sea la región con mayor PIB de España, que el presidente de la
Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un nacionalista catalán o que
el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros cincuenta y cinco
altos cargos de la Generalitat cobren más que el presidente del
Gobierno.
Y, si se mira la trama social, la fabulación nacionalista
todavía resulta más extravagante. Cerca del 70% de los catalanes, que en
primera y segunda generación proceden de otras partes de España, ocupan
las partes más bajas de la pirámide social y viven en el extrarradio de
las ciudades, mientras que los «colonizados» habitan en los mejores
barrios.
También aquí la lengua empeora las cosas, al menos si nos
importa la igualdad. Al convertirse el catalán en requisito para acceder
a muchos puestos laborales, entre ellos los de la administración
pública, la lengua oficia como un filtro que penaliza a los
castellanoparlantes, los más humildes. La exclusión real es la de los
supuestos invasores. Y no es retórica, que, de tan naturalizada que está
la patología, se expresa con pasmosa brutalidad.
Es el caso de Mas
cuando recomienda a los que piden la escolarización en castellano «que
monten un colegio privado en castellano para el que quiera pagarlo,
igual que se montó uno en japonés en su momento». Otro ejemplo: en pleno
debate electoral, ante la presencia callada de los políticos de
izquierda, interrumpe a otro candidato para decirle: «Miren si este país
es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la
televisión nacional de Cataluña y no pasa nada». Lo más inquietante de
todo es el «vienen aquí», ese sentido patrimonial del territorio
político, asociado, además, a la identidad.
Ese es el cuadro: España muestra un grado de reconocimiento
institucional de sus lenguas minoritarias absolutamente excepcional,
que, desde luego, no encontramos en ningún otro país de la Unión Europea
con un grado de pluralidad cultural comparable o mayor4.
Opresión, ninguna: riqueza y reconocimiento.
Sin embargo, la izquierda
ha comprado el cuento de la opresión nacional. Asume que hay un fondo de
verdad en el relato nacionalista. Y hasta reproduce sus mentiras. (...)" (Félix Ovejero Lucas
, Revista del Libro)
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