Los gobiernos autonómicos descubren desolados que Sánchez ha abandonado el presidencialismo... ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores... algunos presidentes autonómicos ya están sudando

 "La prensa de derechas decía que había un «clamor» para que el Gobierno central asumiera el liderazgo en la lucha contra el coronavirus y pasara por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas. Era también el mensaje del PP, preocupado por el impacto de la enfermedad en la reputación de sus gobiernos autonómicos. 

Ambos eran los mismos que desdeñaron primero y rechazaron después las últimas prórrogas del estado de alarma, ese instrumento legal excepcional que concede todo el poder al Gobierno central. Por la gravedad de la situación y por las decisiones contradictorias o simplemente absurdas de algunos jueces metidos en el papel de expertos en pandemias, se decía que varias autonomías exigían «instrumentos jurídicos» de los que carecían.

Tanto marear con la Constitución y ahora resulta que algunos de sus principios básicos son sólo unas simples directrices.

Ya tienen una respuesta de Pedro Sánchez. ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores y acometierais inversiones. ¿Queréis que Moncloa y Sanidad asuman el control absoluto y por tanto asuman las consecuencias negativas? «El Estado autonómico no es un invento de quita y pon. Está en el Título VIII de la Constitución», explicó el presidente.

Sánchez regresó de sus vacaciones dispuesto a mantener la apuesta. El desgaste brutal sufrido en primavera no pareció notarse mucho en las encuestas, pero es un error pensar que eso va a continuar siendo así. En especial, cuando los datos de contagios en España son ahora muy malos, mucho peores que en el resto de Europa y todavía no ha llegado el otoño cuando el riesgo será mucho mayor, aunque algunos hayan tenido ahora mucha prisa en decretar la inauguración oficial de la segunda oleada de la pandemia. 

Todos los esfuerzos y sacrificios del confinamiento corren el riesgo de quedar amortizados. Lo mismo se puede decir de los gobiernos que no se pongan las pilas.  (...)

Mientras los hospitales aguanten en la mayor parte del país, Moncloa ha decidido que es mejor volver al sistema parlamentario y autonómico. Las autonomías cuentan con las competencias y los recursos, después de que hayan recibido la ayuda del Estado, para ejecutar sus funciones. Si hay que ir más lejos, ahí está la opción del estado de alarma para los valientes, que no conlleva necesariamente un confinamiento generalizado.

No se sabe cuándo empezaron a sudar algunos presidentes autonómicos ante el dilema. Algunos ya han salido corriendo para negar que eso sea necesario. Otros más inteligentes se limitan a no precipitarse y afirman que tomarán las medidas necesarias en cada momento. Cuando alguien con mando en plaza dice que cada palo aguante su vela, es conveniente que cada uno tenga claro cuánto pesa esa vela.  (...)

Más promesas en el tema que más preocupa ahora mismo a millones de españoles. Aunque las competencias de educación sean de las autonomías, Sánchez utilizó la primera persona del plural en este caso. «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid», prometió. «Les garantizo a los padres y madres y al personal docente que los centros educativos van a ser libre de Covid». Eso es poner el listón muy alto y, por otro lado, es lo que esperan escuchar los progenitores.

«Mi pregunta es: ¿cómo lo va a garantizar?», le respondió un escéptico Casado abriendo los brazos. Resulta que es el mismo compromiso que había anunciado Isabel Díaz Ayuso. «No mandamos a los alumnos a lugares de riesgo. Mandamos a los alumnos a lugares seguros», dijo la presidenta madrileña. (...)

Póngame todo lo que hayan pedido Euskadi y Catalunya. Esa fue la tendencia de los gobiernos autonómicos cuando optaron por aumentar sus competencias hasta el límite. Ahora algunos desearán no estar tan expuestos. Es lo malo de llevar tatuada la palabra Constitución en la frente. Lo puede ver todo el mundo."                   (Guerra Eterna, 26/08/20)

¿Para cuándo la CENTRALIZACIÓN estatal de las competencias de salud y educativas? ¿Os ha quedado ya claro que este modelo autonómico descentralizado es un DESASTRE?

 Jon E. Illescas @jonjuanma

 ¿Para cuándo la CENTRALIZACIÓN estatal de las competencias de salud y educativas? ¿Os ha quedado ya claro que este modelo autonómico descentralizado es un DESASTRE?

11:16 p. m. · 19 ago. 2020

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Federalismo sanitario en tiempos de coronavirus

"La actual crisis del coronavirus va a ser un test de estrés a la resiliencia del sistema institucional español y su división vertical (y, por tanto, territorial) del poder, algo común a otros países que siguen una lógica federal.

El presidente del Gobierno anunció el viernes 13 pasado la declaración del estado de alarma tras el Consejo de Ministros del día siguiente, lo que ocurrió después de ocho horas de intenso debate interno. La Conferencia de Presidentes se convocó telemáticamente el domingo siguiente, por primera vez en cuatro años.

En la víspera de la declaración del estado de alarma, la Xunta de Galicia declaró la emergencia sanitaria, equivalente en muchos aspectos al estado de alarma, con medidas parciales en otras autonomías como Cataluña, País Vasco o la Región de Murcia.

Durante la primera semana desde la proclamación de la alarma varias comunidades, y muy particularmente Madrid, se quejaron de supuestas requisas de material sanitario por parte del Gobierno central y/o de falta de diligencia en su distribución por el Ejecutivo. 

Declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, en la BBC y la dura réplica de la ministra de Asuntos Exteriores por los mismos canales no contribuyeron tampoco a dar la impresión de que todo estaba bajo control.

En la misma coreografía de la declaración del estado de alarma (nada menos que la alteración temporal del orden institucional, anunciada un día, acordada al siguiente y comunicada a los presidentes autonómicos el día posterior) se percibía tanto un claro gesto político de demostrar quién tiene de jure y de facto la última palabra, como la constatación de que el Estado Autonómico parece federal pero, en realidad, sigue siendo un Estado unitario (altamente) descentralizado.

Es significativo que, antes de la primera tele-conferencia de presidentes, estos mismos se preguntasen públicamente si ellos y sus consejeros habían sido temporalmente relevados de sus cargos.

No cabe duda, a estas alturas, de que la Ley de Seguridad Nacional o las mencionadas emergencias sanitarias autonómicas son instrumentos insuficientes para realizar acciones extremas que permite el estado de alarma, como las requisas de bienes privados. Pero la gestión del mismo va a ser un test que será observado con detenimiento, sobre todo por aquellos que, desde los dos extremos, están interesados en un cambio del statu quo institucional actual.

Las crisis revelan los instintos de organizaciones y personas. Desde Cataluña se pide que se cierre la autonomía, el BNG pide lo propio para Galicia o, en su defecto, se haga con Madrid como zona afectada y fuente de grandes males; obviando que la situación en el interior de esos territorios es también muy heterogénea. En el otro extremo están todos los que usan y usarán esta crisis como evidencia de la necesidad de soluciones unitarias.

El despliegue excepcional de las Fuerzas Armadas por todo el territorio, incluso con elementos de la antigua División Acorazada Brunete (eso sí, en Soria), constituirá también un test definitivo del éxito de la operación normalización iniciada con los cascos azules en Bosnia. El uso de la retórica castrense en esta crisis ha generado tanto adhesiones como rechazo, sobre todo en las nacionalidades históricas y en parte de la izquierda. 

La crisis también está revelando la relativa debilidad de los sistemas de cooperación intergubernamental en España. Decimos relativa porque la colaboración interterritorial en Sanidad, así como entre cuerpos policiales, está siendo aparentemente buena. Como han estudiado autores como Colino (2002) o Ruiz de Lezama et al. (2015), las conferencias sectoriales no son a menudo suficientemente eficaces dada la división partidaria y el rol predominante del ministro de turno, pero lo cierto es que la propia ósmosis genera “comunidades de políticas o epistémicas” entre sus integrantes, sobre todo a nivel técnico.

A nivel político, el hecho de que líderes autonómicos estén acudiendo a los medios para pedir más recursos o para anunciar iniciativas indica que la competición partidaria no ha desaparecido. Pero también puede sugerir que los mecanismos de cooperación y diálogo al más alto nivel son insuficientes, por mucho que haya habido dos conferencias de presidentes en la última semana, además de varios consejos interterritoriales.

 Como viene a decir Velasco Caballero, el estado de alarma no enmienda el Estado Autonómico. Los mecanismos de cooperación intergubernamental específica para esta crisis, como apuntó Jiménez Asensio, están prácticamente ausentes en el Real Decreto del Estado de Alarma y en el escueto comunicado de la Conferencia del día 15.

Por ello, la solicitud del Gobierno de Murcia al Ejecutivo central, como prevé el Real Decreto, de cerrar la autonomía publicando un decreto justo horas después de la segunda Conferencia e inmediatamente desautorizada por Moncloa, indica que es preciso dotarse de mecanismos más eficaces para aumentar la coordinación y limitar en lo posible los posicionamientos políticos.

Si vamos a nuestro entorno inmediato, podemos encontrar tanto similitudes como diferencias.

Bélgica es un Estado federal donde un tercio de la población es abiertamente separatista, hablan idiomas distintos y hay más de media docena de partidos con responsabilidades de gobierno. Medidas similares a las del estado de alarma han sido acordadas previamente por el Gobierno federal y los cinco presidentes regionales, que en conjunto constituyen un comité permanente de crisis que se asegura de que el Consejo de Seguridad Nacional pueda centralizar todas las decisiones; no sin fuertes disensiones previas entre regiones, y también por parte de los poderosos alcaldes. Tras un año de Gobierno federal en funciones, la crisis sanitaria ha llevado a la constitución del mismo (con el apoyo de la oposición) al menos durante lo que dure la emergencia sanitaria.

En Alemania, sanidad y policía son responsabilidad de los länder. Normalmente, el Gobierno federal no se inmiscuye en las acciones del nivel estatal ni éstos en las de los municipios (cierre de una escuela, por ejemplo). La función del Gobierno central es el apoyo, asumiendo el papel de coordinación cuando un territorio declara una emergencia.

 El combate contra el virus ha sido objeto de un acuerdo formal entre Federación y ‘länder’ respecto a las medidas a adoptar (no una mera consulta a posteriori, como en España), reflejo de un federalismo cooperativo en el que los mecanismos de colaboración reconocidos en la Ley Fundamental están bien engrasados con la práctica. Aun así, la rápida expansión de la crisis ha provocado también allí roces entre territorios, con diferentes enfoques y soluciones, así como la intención del Gobierno federal de apropiarse de competencias regionales, asunto provisionalmente resuelto por un nuevo acuerdo entre la canciller y los ministros presidentes.

Del mismo modo, Austria, como ya apuntamos en otra contribución, tiene un sistema de Conferencia de Presidentes muy eficaz en la práctica, y que ha sido donde se han acordado las primeras medidas contra la Covid-19. En este modelo se prima el acuerdo entre territorios sin necesidad de mediación del nivel federal, como sí se presupone en España. Independientemente de partidos o territorios, predomina una lógica de bilateralidad con el Gobierno central (Mathieu, 2008) frente a la de colaboración interterritorial.

En Italia, país convulso donde los haya cuyo impacto asimétrico de la crisis ha generado no pocas disensiones político-territoriales, cuenta con una Conferencia Estado Regiones (y Municipios) de carácter permanente según la que, desde hace décadas, los premiers y ministros regionales y centrales se reúnen cada 15 días. Este mecanismo ha contribuido, junto a la gravedad del problema, a calmar las aguas en esta crisis.

Reino Unido vive una enorme división por el Brexit y sobre el propio futuro de su unión, con un sistema de comités ministeriales conjuntos con Gales, Escocia e Irlanda del Norte francamente deficiente. Pero la gravedad del problema ha tenido como consecuencia que el Gobierno británico esté legislando de emergencia contra el virus.

 Por primera vez en un lustro, el Gobierno escocés ha solicitado que el Parlamento escocés dé su visto bueno, mediante la llamada Moción de Consentimiento Legislativo (no vinculante), a una ley británica que invade sus competencias. Ley que, excepcionalmente y a diferencia de las negociaciones con la UE, ha sido consensuada previamente con los legislativos autónomos. Ha ayudado en este caso el hecho de que las competencias de los gobiernos central y escocés están claramente separadas y que los canales técnicos entre administraciones han sido siempre muy fluidos.

Se podría concluir de todo lo anterior que no sólo en España cuecen habas. Pero pasado el shock inicial, las sucesivas conferencias han ido mostrando la creciente incomodidad de los presidentes autonómicos políticamente relegados a meros delegados del Gobierno. 

Particularmente significativa fue la ausencia de consulta antes de publicar, minutos antes de su entrada en vigor, el cierre de toda actividad no esencial. También crece el temor entre las autonomías a que las nuevas normas de la UE para gastar más rápido, y contra el virus, los fondos de Desarrollo Regional desemboquen en una centralización de la política de inversión pública. (...)"                  ( Serafín Pazos-Vidal , Agenda Pública, 14 abril 2020)

Si con las competencias en Sanidad transferidas, las comunidades autónomas son incapaces de gestionarlas, y culpan de su impotencia al Gobierno central, ¿no sería más coherente que las devolviesen, o que éste las recupere, y cuanto antes mejor? Es evidente que la estructura autonómica del Estado está fallando y debe ser repensada a fondo

"(...) Pero míster Catdem silencia que la sanidad catalana ha sido diseñada y gestionada desde hace largas décadas por CiU, y solo muy recientemente ha caído como responsabilidad en manos de ERC (...)

Veamos primero lo de la letalidad de esa gestión sanitaria. En Cataluña se ilustra sola: 1.000 ancianos muertos en el desamparo de las residencias-ratoneras, y consejitos siniestros del Govern a las familias sobre la elección del moridero para los ancianos enfermos, antes de que Chakir el Homrani, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, tirase la toalla que tenía que haber tirado en el minuto 1, y se la pasase a la consellera de Salud, Alba Vergès.

Que es como si el Gordo le pasa a El Flaco el volante del auto: el choque es seguro y la scarsità, inenarrabile.

Por cierto que la comunidad de Madrid también tiene la Sanidad transferida y allí van ya por los 4.000 ancianos. ¡Eso sí que son magnitudes colosales como corresponde al corazón de un gran Estado! Y es llamativo que ambas administraciones regionales, la de Torra y la de Ayuso, siendo de colores tan distintos e incluso contrarios, coincidan en cargar la responsabilidad de su propia inoperancia al Gobierno central y en colgarse, de manos de sus tiralevitas en la prensa, la Medalla a la Altísima Eficacia.

Eficacia muy, muy relativa, como demuestran los números de muertos. Pues si con las competencias en Sanidad transferidas las comunidades autónomas son incapaces de gestionarla razonablemente, y culpan de su impotencia al Gobierno central, ¿no sería más coherente que las devolviesen, o que éste las recupere, y cuanto antes mejor? 

Es evidente que la estructura autonómica del Estado está fallando y debe ser repensada a fondo, sea en el sentido de desmembrarlo, sea en el de recentralizarlo. Parece que el coronavirus ha dejado claro lo que la crisis económica venidera confirmará: que así no podemos seguir.   (...)"                   (Ignacio Vidal-Folch, Crónica Global, 10/04/20)

Un Gobierno federal para la sanidad universal... garantizando una financiación sanitaria equitativa y suficiente para todas las comunidades, a la vez que se gestiona de manera eficiente el gasto del conjunto del SNS

"(...) La descentralización que implantó el Estado de las autonomías ha supuesto un impulso en el desarrollo de la estructura y capacidad asistencial de los servicios de salud en toda España y una mejora de la atención sanitaria en las regiones con menor renta. Al mismo tiempo, ese proceso ha tenido efectos no deseados que es imprescindible corregir.

El principal resultado de la insuficiente articulación autonómica de la sanidad es la aparición de desigualdades territoriales en el acceso a esos servicios: calendarios vacunales diferentes en distintas comunidades, dificultades para obtener la prescripción farmacéutica en una comunidad distinta de la de residencia, rechazo o demora de la atención en una comunidad diferente de la propia, diferencias en las listas de espera en distintos territorios. 

Se ha producido también la ruptura de las economías de escala de las que debería beneficiarse el conjunto del SNS mediante un sistema de compras único, previsto en la Ley General de Sanidad (LGS), pero inexistente en la realidad, y la ausencia de una mínima planificación coordinada, que ha derivado en la multiplicación innecesaria de servicios y hospitales, que deterioran la eficiencia de su funcionamiento.  (...)

Por su parte, la restricción de los presupuestos sanitarios tras la crisis económica ha producido una descapitalización material y de personal de la red sanitaria pública, que ha derivado en beneficio de los centros de titularidad privada con ánimo de lucro, y de las compañías privadas de seguro. El desarrollo de unos y otros de manera territorialmente asimétrica, conforme a sus propios intereses, se ha venido a sumar a las desigualdades autonómicas y sociales en el acceso a la atención sanitaria.  (...)

las reformas necesarias deben orientarse en la línea de completar el desarrollo autonómico en este terreno, que hasta ahora ha tenido un carácter exclusivamente descentralizador, en un sentido que lo acerque al de los Estados federales. En éstos, la cooperación y la lealtad entre las entidades federadas, al servicio de intereses universalizadores compartidos, suponen la puesta en común de responsabilidades y poderes, atribuyendo el ejercicio de una parte de ellas a un órgano federal que disponga de mecanismos de intervención financiera que permitan compensar las desigualdades en capacidad fiscal de aquéllas. 

La aplicación en España de una organización federativa que supere el debate competencial podría ser objeto de una nueva LGS, que podría avanzar en el sentido indicado sin necesidad de una reforma previa de la Constitución. Una reforma sanitaria así debería complementarse con el establecimiento de unas condiciones específicas de la financiación sanitaria dentro del modelo de financiación autonómica general, garantizando una financiación sanitaria equitativa y suficiente para todas las comunidades, a la vez que se gestiona de manera eficiente el gasto del conjunto del SNS.  (...)

El desarrollo de esas políticas requiere, sin embargo, de estructuras de gobierno que permitan y potencien que se lleven a cabo. Un análisis de la evolución del Ministerio de Sanidad a lo largo de las últimas legislaturas permite señalar que su evolución ha sido la contraria.  (...)

Otro problema principal del sistema sanitario es el aumento del gasto farmacéutico derivado de la introducción de nuevos fármacos con precios injustificadamente altos. Una situación que es imprescindible abordar desde las administraciones sanitarias con una estructura negociadora propia del SNS de máximo nivel científico, solvente, firme, coordinada y común. 

Una estructura así se ha sustituido por una multiplicación ineficaz de agencias de evaluación tecnológica autonómicas independientes y un sistema de fijación de precios de los medicamentos a aplicar al SNS en el que intervienen en defensa de intereses distintos los ministerios de Hacienda e Industria, además del de Sanidad.

En el desarrollo del sistema de financiación autonómica ha desaparecido cualquier intervención del Ministerio de Sanidad no solo en la determinación de la cuantía global de los fondos a destinar a estas políticas, sino también en su distribución entre las comunidades, eliminando a la vez la posibilidad de una distribución complementaria de una parte de los mismos para afianzar la cohesión del SNS y el mantenimiento de sus condiciones universales en su gestión por aquéllas.

Promover la coordinación y cooperación necesarias en el SNS en un sentido federal debe, por eso, empezar por reforzar la constitución del Ministerio de Sanidad mediante medidas estructurales que permitan evitar la dispersión ineficiente de las políticas citadas. Un desarrollo sanitario que puede servir de orientación, estímulo y modelo para el avance en otros sectores hacia la evolución federal necesaria del Estado autonómico español."                         

(Junto a Javier Rey, exsecretario del Consejo Interterritorial del SNS; Pedro Sabando, exsubsecretario de Sanidad y consejero de Sanidad de la CA de Madrid; Fernando Lamata, exsecretario general de Sanidad y exconsejero de Sanidad de Madrid, y Ramón Gálvez Zaloña, exgerente de hospital y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,et al., El País, 13/08/19)

Un enfermo de cáncer, en el limbo de la burocracia sanitaria. Le niegan una intervención en Castellón porque vive en Cataluña

"Tiene 34 años y una tremenda energía para seguir cumpliendo muchos más pese al extraño cáncer que le fue diagnosticado en octubre de 2013 y por el que fue desahuciado por oncólogos de Barcelona, ciudad en la que reside. 

Tan grande es su coraje que si año y medio atrás, cuando llegó desde la Ciudad Condal al Hospital Provincial de Castellón en busca de ayuda médica, iba en silla de ruedas, esta semana ha vuelto a comenzar a practicar su deporte favorito: la escalada. Y no es un milagro. 

En diciembre de ese año, David Alejandre Romero se puso en manos de la doctora Isabel Tena, de la Unidad del Consejo Genético del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, de cuyas investigaciones sobre un raro cáncer de ínfima tasa de incidencia -afecta de 2 a 8 pacientes por millón de personas por año- supo por internet.

 La oncóloga no sólo freno la metástasis con 13 sesiones de quimioterapia, sino que coordinó la intervención quirúrgica con un experto del Hospital de La Fe de Valencia, quien el pasado noviembre extirpó el tumor principal -ubicado en la pelvis-. Así recuperó David la esperanza y «calidad de vida» que había ido perdiendo en los últimos años, con «una recuperación perfecta». 

Ahora, la burocracia pone, de nuevo, en peligro la vida de este educador canino que tuvo que dejar su profesión y aficiones por una incapacidad total. Debería haber sido intervenido el pasado 3 de febrero de la metástasis que le invade el tórax, esta vez en el Hospital General de Castellón. 

 «Nunca hubiera imaginado que dicha operación fuera desautorizada por el Ministerio de Sanidad, pero así me lo comunicó la víspera de la operación la doctora Tena», explica, sorprendentemente, sin rencor, aunque desde la incomprensión.

El mismo Sistema de Información del Fondo de Cohesión, SIFCO, dependiente del Gobierno central, que aprobó año y medio atrás derivar al paciente catalán a la Comunidad Valenciana para ser tratado por la doctora Tena, desautoriza ahora la segunda cirugía.

«En 2013, con reticencias, me aprobaron la solicitud para ser atendido en esta Comunidad y, sin embargo, ahora me dicen que la extirpación de mi tumor óseo debe ser valorado por otros médicos de Cataluña», explicó Alejandre a EL MUNDO. «¿Quiénes, se pregunta, los que me daban 6 meses de vida y sólo quimioterapia paliativa?».

A fin de romper las barreras de la burocracia, el entorno de David ha impulsado una recogida de firmas por internet, solicitando el permiso del Ministerio de Sanidad para que sea «un intervencionista del Hospital General quien me practique la intervención de ablación y cimentación a la que tengo que ser sometido». 

Alejandre explica que se trata «de una técnica compleja en la que existe un alto riesgo de fractura de los huesos, entre otras muchas complicaciones» por lo que se requiere contar con un profesional médico con experiencia».

Mientras, ni Ministerio ni Institut Català de Salut dan respuestas."           (El Mundo, 12/02/2015)

El País Vasco derrocha 400 millones al año en servicios duplicados por las administraciones

"Más de 250 empresas públicas que promueven el emprendimiento; una autopista gestionada por dos empresas públicas distintas, con tarifas y bonificaciones diferentes; campañas forales de turismo alternativas y no complementarias a las del Gobierno Vasco; imposibilidad de conocer el coste de los servicios socio-sanitarios por la pluralidad de agentes actuantes; 17 entidades implicadas en el ámbito de la vivienda, lo que imposibilita que Euskadi carezca, actualmente, de una base de datos única de demandantes de un nuevo hogar. Estos son algunos de los datos revelados por los socialistas vascos a la hora de pactar con el PNV un nuevo plan para evitar las duplicidades en las instituciones vascas.

Pero tanto socialistas como nacionalistas, a pesar de su aparente disposición, parecen olvidar en su reciente interés por solucionar este caos que el gravísimo problema de la existencia de órganos administrativos duplicados, triplicados e, incluso, cuadriplicados, en el País Vasco, ya fue valorado e identificado por el propio Ejecutivo de Vitoria hace algunos meses. 

El "Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas vascas", que publicamos íntegramente, revela que Euskadi se gasta al menos 403 millones de euros en servicios que las administraciones ofrecen repetidamente y resalta que todos los niveles administrativos vascos incurren en estas duplicidades, aunque son las diputaciones las instituciones que más duplican los servicios (50%), seguidas por el Gobierno vasco (30%) y los ayuntamientos (20%). 

Asimismo, el 93% de las duplicidades identificadas se concentran en actuaciones situadas en las políticas de Impulso Económico (31%), Servicios Sociales (28%), Empleo y Formación (17%) y de Transporte (17%).

El trabajo, elaborado en su momento por recomendación del Consejo Asesor del lehendakari para Asuntos Socioeconómicos y por mandato parlamentario, analizaba las duplicidades e ineficiencias de una selección de 13 políticas públicas entre las que se encuentran Servicios Sociales, Empleo y Formación, Impulso Económico -Industria, 3i+d y Comercio-, Transportes, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Educación, Universidades y Formación, Cultura, Juventud y Deporte, Turismo, Sanidad y Salud Pública, y Policía.

El estudio denunciaba también algo de crucial importancia para los ciudadanos: "el entendimiento de la política y los servicios públicos se hace desde el punto de vista del agente que la desarrolla y no del servicio que recibe el ciudadano", por lo que "no existe un enfoque hacia la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos". Y añade: "La ausencia de regulación en determinados ámbitos y políticas provoca que los diferentes niveles institucionales incurran en duplicidades".                (Euskadi, información global, 15/02/2014)

«Es absurdo que mi niña se muera por la burocracia»

"Celia es de Sevilla, tiene 22 meses y padece el síndrome de Berardinelli-Seip, que solo sufren otras 120 personas en el mundo. Tiene el nivel de triglicéridos diez veces superior a lo habitual y las transaminasas tan elevadas que hacen peligrar órganos vitales como el corazón, el hígado y el páncreas.

Francisco es de Málaga, tiene once años y padece una progeria atípica y una miocardiopatía grave. Como él solo hay otros diez casos en el mundo. Ambos sufren una variante rara de una enfermedad compleja, la lipodistrofia. Pero tienen algo más en común: ambos necesitan un tratamiento de uso compasivo que no está en el mercado, la leptina, y que en España solo se ofrece en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Es el único centro al que ha autorizado el laboratorio de Estados Unidos que lo suministra y que financia el Gobierno estadounidense.

Pero Celia y Francisco son andaluces y no pueden, por cuestiones burocráticas, ser tratados en Galicia.

  Les hace falta una solicitud del hospital a la Consellería de Sanidade y de esta, a su vez, al ministerio para que la propuesta sea aceptada y puedan recibir el fármaco en Santiago. «En Madrid me dicen que por su parte no hay problema, pero que todavía no les ha llegado la petición», explica Yolanda Morales, la madre de Celia, que ha iniciado una campaña en las redes sociales en la que lleva recogidas más de 2.300 en dos días para pedir a la conselleira de Sanidade que atienda el caso.

 «El hecho de vivir en una comunidad distinta -explica- no puede ser la causa de que nuestros pequeños no puedan tener acceso a un tratamiento que surten de manera gratuita desde EE.?UU. a Santiago».(...)

 «Es todo tan absurdo», se lamenta la madre. «No tiene ningún sentido -dice- que por un problema burocrático o por desidia de alguien se pueda llegar a morir mi hija». (...)

«Si a mi niña le pasa algo evidentemente que voy a pedir responsabilidades penales al hospital, porque esto es flipante». Morales Pereira se queja de que en la institución médica «no contestan ni de casualidad»"               (La Voz de Galicia, 08/02/2011)

Cataluña plantea un modelo de gestión federal para la gripe A... porque su gripe es diferente a la de Madrid, más avasalladora, como siempre...

"El sistema español es inédito en el mundo occidental, con competencias repartidas entre el ministerio y las comunidades en materias que a menudo se solapan y provocan tensiones. Las autonomías, por ejemplo, se encargan de dispensar fármacos, mientras el ministerio decide las nuevas especialidades. Así, puede ocurrir que el ministerio decida dar entrada a una nueva medicina que las comunidades tendrán que pagar.

Otro ejemplo es el de las nuevas especialidades médicas. El ministerio, en contra del criterio de la mayoría de comunidades, dio rango de especialidad a los médicos de urgencias, dejando a las autonomías la difícil tarea de encajarlo en sus sistemas sanitarios. "Es necesaria una mayor lealtad institucional entre todas las partes", afirma Geli. "No puede ser que una parte decida y la otra deba asumir las consecuencias".

La deslealtad institucional, no se produce siempre desde el ministerio a las comunidades, sino también a la inversa, cuando una de ellas adopta unilateralmente una decisión que repercute en el conjunto. El caso de Madrid, que decidió introducir vacunas al margen del calendario común, o Andalucía, que ha dado los primeros pasos para que los enfermeros puedan recetar fármacos.

El Consejo, en el que ministerio y comunidades coordinan sus políticas, ha mostrado su debilidad. El principal problema es que las decisiones en su seno deben adoptarse por unanimidad, lo que le resta agilidad. Tampoco son vinculantes para las comunidades si entran en las competencias transferidas. Otro obstáculo es que la agenda de los temas a debatir la decide el ministerio, con lo que no siempre trata asuntos a gusto de todos. (...)

La adopción de un sistema vinculante por mayoría se avecina difícil. Por un lado, habrá que determinar el peso de cada comunidad y en base a qué criterios." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 22/07/2009, p. 33)

Nota: ¿Los criterios epidemiológicos varían de un sitio a otro?

El mismo derecho a la salud, en todas las autonomías

"Las CC AA han optado por abordar el ejercicio de sus competencias sanitarias como un instrumento más para reforzar el poder político que ejercen en sus territorios. Frente a esa actitud, no ha habido una posición clara desde los gobiernos de España que pusiera el acento en el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria y en la necesidad de establecer instrumentos formales y legales para mantener el funcionamiento coordinado del sistema sanitario en su conjunto.

La implicación estatal en el establecimiento y la organización de la protección sanitaria en países descentralizados constituye un instrumento de cohesión social relevante. Sus formas concretas de cobertura y organización proporcionan un elemento principal de diferenciación nacional frente a otros Estados, y se realiza a través de mecanismos diversos, que ponen de relieve el interés del Gobierno federal o central en disponer de una política sanitaria propia. La experiencia de diversos países sugiere que dicha coordinación requiere de una estructura central dotada de mecanismos de intervención adecuados. Las características que hemos de considerar más significativas y problemáticas del proceso de descentralización sanitaria en España de cara al mantenimiento de las condiciones de universalidad y equidad de la protección son: una base constitucional abigarrada, un proceso sin un modelo final definido y un órgano de coordinación insuficiente. (...)

Al plantearse la búsqueda de soluciones, cualquier fórmula de coordinación propuesta, sea de carácter general o parcial, tiene que partir de la realidad de diecisiete servicios de salud diferentes, sin ninguna dependencia jerárquica que no sea la de sus propias autoridades autonómicas. En todo caso, debería utilizarse el Senado como espacio de concertación permanente entre el Gobierno de España y las CC AA, dando forma parlamentaria a los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud." (PEDRO SABANDO: La necesaria coordinación sanitaria. El País, ed. Galicia, Opinión, 29/06/2009, p. 25 )

La sanidad de las autonomías no seduce al paciente. Sólo el 30% de los españoles cree que las transferencias benefician su salud

"Tan sólo Juan Ignacio Trillo, presidente del Círculo de la Sanidad, el grupo de empresarios que ha encargado el trabajo, se atrevió salirse "de lo políticamente correcto" para quedarse "sólo con lo correcto", según él mismo dijo: "Es una bendición que el Estado de las autonomías haya llegado a este país, pero a veces, en Educación, Sanidad o Justicia, nos pasamos".

En lo que todos están de acuerdo es en reforzar el papel del Ministerio de Sanidad como elemento de cohesión. "Si se acentúan los incipientes hallazgos diferenciales en salud de las distintas comunidades, será alta la probabilidad de que se afecte al sistema sanitario y a los servicios que lo integran, y también a la equidad", señaló Del Llano. En esto coincide con los ciudadanos. La proporción de quienes creen que debe aumentar la coordinación entre las comunidades (señal de que, a la vez, piensan que ésta no se da o es insuficiente) ha pasado del 75,3% en 2003 al 85,8% en 2007. Los expertos creen que para eso hace falta un pacto de Estado, una propuesta de 2004 nunca emprendida." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 24/02/2009, p. 33)