La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco... No se pueden generar 17 cajas... ni que esa gestión puede dar pie a pensiones más altas por una regulación distinta... así que, ¿para qué?

"El Gobierno español y el vasco están a poco más de un año de romper un tabú: estudiar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. El pacto al que llegaron ambos ejecutivos hace una semana no da más detalles. 

No hay más, vienen a decir en los ministerios de Administraciones Públicas y de Seguridad Social. La expresión es tan cauta que evidencia que se roza una frontera constitucional: la de la caja única. La ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, descarta la ruptura de esa caja y pone por delante el Pacto de Toledo, donde no será nada fácil lograr un consenso político.

La reivindicación del País Vasco es histórica. La gestión económica de la Seguridad Social figura en su estatuto —y en el de más de la mitad de autonomías— y ningún tribunal ha dicho en 41 años que sea ilegal. Pero no son pocas las voces que ven muy poco espacio para encajar la demanda en la Constitución. Unos solo ven hueco para que una administración autonómica pueda tramitar altas y bajas de la Seguridad Social, con el argumento de que el Tribunal Constitucional ha definido estos trámites como “instrumentales”. Otros creen que podría encargarse también del reconocimiento de las pensiones. Y hay quien ve margen hasta para cobrar cotizaciones y pagar pensiones.

Desde luego no podrían legislar. En eso la Constitución es clara: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. Es decir, solo la Administración central puede decidir sobre las cuantías de las pensiones o las cotizaciones a pagar.

“No pueden recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones”, cierra Fidel Ferreras, director general del Instituto Nacional de Seguridad Social durante más de 10 años y ya retirado. Para defender su postura, este antiguo investigador del Instituto Max Planck alemán apunta a la “disponibilidad” del dinero como una cuestión clave de la caja única que señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia muy citada de 1989. 

“La disponibilidad es de la Tesorería General de la Seguridad Social”, continúa, en alusión al órgano del instituto previsor que podría identificarse con esa caja única y que ingresa las cotizaciones, paga las pensiones y es dueño del patrimonio de la Seguridad Social.

Aquella sentencia, en la que 11 de los 12 magistrados del Alto Tribunal no tuvieron piedad con la pretensión de la Generalitat catalana de gestionar los aplazamientos de cotizaciones (hubo votos particulares, pero solo uno fue contrario al fallo) ha tenido continuidad en fallos posteriores. Aunque tampoco cerró la puerta a esa gestión económica, como se lee en la ponencia del nuevo estatuto que prepara el parlamento vasco.

“No se pueden generar 17 cajas. Pero eso no implica que no puedan recaudar y pagar. Pueden cobrar y mandarlo a la caja única”, defiende Cristóbal Molina, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Jaén, quien ve un “absurdo” que no se pueda cumplir un texto legal que no ha sido declarado inconstitucional. Y menciona sentencias posteriores (2002, 2016) que ampliarían el protagonismo autonómico: “Las comunidades forman parte del Estado y del sistema de gestión”.

 Uno de los límites que pone Molina es que esa gestión puede dar pie a pensiones más altas por una regulación distinta. Eso rompería los principios del sistema (unidad y solidaridad). No obstante, sería difícil que ocurriera porque las cotizaciones que se recaudan en el País Vasco (algo más de 5.000 millones) —y en el resto de España— no son suficientes para pagar las pensiones (casi 9.000 millones). Este es uno de los motivos que llevaron al ya ex secretario de Estado, Octavio Granado, a concluir en un informe que elaboró en 2016 que una seguridad social vasca “podría aumentar la pobreza en el conjunto del Estado, pero esta misma evolución se produciría en Euskadi”.

“Aquí nadie está poniendo en duda la caja única”, apunta el secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza, que cree que fuera de esta comunidad se está “sobreactuando”. “Aquí no va a haber pensiones distintas de las de Cuenca”, continúa, y añade que su sindicato sí reivindica que el servicio vasco de empleo, Lanbide, pueda pagar las prestaciones por desempleo, que también proceden de lo que se recauda con cotizaciones. ¿Cómo? a través de una encomienda de gestión.

El Gobierno vasco no comenta lo pactado entre Darias y el consejero Josu Erkoreka hasta que se negocie el año que viene. Sí ha hablado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para quien la gestión económica comprende la recaudación de cotizaciones y el pago de pensiones y que las cartas que reciben los pensionistas lleguen “de las instituciones vascas”.

“Nunca se ha dado una encomienda en más de 40 años”, rechaza Ferreras, quien incide en el poco espacio que ve: “Las sentencias del Constitucional no dan margen ni para que las autonomías interpreten las leyes que rigen la gestión. Está todo regulado, es propio de la Seguridad Social hasta las circulares con los criterios a aplicar”.

Esta posición coincide con la que mantiene Luis Ángel López, letrado de la Seguridad Social y presidente de la asociación que agrupa a este colectivo. “Esto debería debatirse en el Pacto de Toledo”, arranca. Teme que la gestión dé pie a criterios distintos en recaudación: “Cada autonomía defendería su sustrato productivo”.

Y mientras se esgrimen los argumentos, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, intentaba el jueves en el Congreso que este debate no oscurezca la presentación de sus planes: “Les invito a leer lo que se ha acordado. Abrir una discusión técnica. No estamos en eso ahora. No le estamos dedicando ningún esfuerzo en absoluto”.                       (Manuel V. Gómez, El País, 01/03/20)

Euskadi gestionará el régimen económico de la Seguridad Social en la segunda mitad de 2021

"El Gobierno vasco gestionará las cárceles de Euskadi a partir de este mismo año y el régimen económico de la Seguridad Social a finales del próximo. Se trata de las dos transferencias más polémicas durante estas cuatro décadas, debido a la naturaleza única de la caja de la Seguridad Social, que seguirá así y, en el caso de prisiones, por la existencia de ETA, que se disolvió en mayo de 2018.

 "La relación de bilateralidad que mantenemos con el País Vasco la estamos demostrando con estas reuniones y con este acuerdo, y vamos a seguir haciéndolo día a día", ha asegurado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El portavoz del Gobierno autónomo se ha mostrado muy satisfecho, ya que, a su juicio, ambas Administraciones están inaugurando "una nueva etapa en la que por vez primera todas las competencias pendientes aparecen en un cronograma de objetivos". 

Madrid y Vitoria han puesto fecha a las negociaciones de varios bloques de competencias pendientes y a la reducción de la litigiosidad. Un proyecto que plantea la negociación y el acuerdo de prisiones de junio a diciembre de este año y del régimen económico de la Seguridad Social de junio a diciembre de 2021. "Somos conscientes de que no es fácil, pero tenemos la voluntad de hacerlo y de seguir avanzando con esos objetivos", han coincidido ambos interlocutores. El retraso del régimen económico de la Seguridad Social se produce, según ha explicado la ministra, para dar tiempo a que "estén avanzados" los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo. (...)

Ambos Ejecutivos le han dado prioridad a la competencia de prisiones, que podría llegar como muy tarde en diciembre de este año, o quizás en enero si las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias se retrasan por problemas de agenda. El consejero vasco ha querido separar, otra vez, la gestión de las prisiones de las políticas penitenciarias, aunque ha reconocido que una parte de estas afectará a Euskadi. 

En cualquier caso, tanto la ministra de Política Territorial como el consejero vasco han oficializado el buen momento que atraviesan las relaciones entre los Gobiernos de Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu, después de que los votos del PNV fueran definitivos para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa mediante una moción de censura en junio de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP, y posteriormente para consolidar al líder socialista como presidente.

El cronograma de traspasos se estira hasta diciembre de 2021 (...)

El Estatuto de Gernika es, junto al navarro, el más ambicioso de los de la España descentralizada. Y además le confiere una estructura interna casi confederal, porque las competencias económicas más importantes como la recaudación tributaria y la legislación sobre tipos, exenciones o inspección tributaria, recae no en el Gobierno vasco, sino en las Diputaciones forales. 

La Constitución es el paraguas legal que ampara los derechos históricos vascos y fija una relación política y económica especial con el Estado. En el caso de esta última, se fundamenta en los conciertos económicos establecidos tras la abolición de los fueros en 1876, que se mantenían en Álava y Navarra, al considerarse provincias leales al golpe de Estado de Franco, pero que fueron derogados por el dictador en Gipuzkoa y Bizkaia al finalizar la Guerra Civil."                    (Pedro Gorospe, El País, 20/02/20)

Es evidente que el España nos roba no era cierto y que en el caso de las pensiones era una calumnia. Cataluña necesita del carácter solidario del sistema de pensiones español para seguir pagando a sus pensionistas...

"(...) 4. ¿Y qué tal si hablamos de pensiones en serio? ¿Vale o no vale este razonamiento del profesor e historiador José Luis Martín Ramos?

 Cuando empezó el "proceso", recuerdo que en nuestro pequeño foro reclamábamos debate concreto sobre problemas concretos y uno de los temas importantes que apuntamos fue el de las jubilaciones. Nunca se ha hablado de ello; siempre que yo he querido que un independentista me diga cómo piensa resolver el problema, me responde no sólo negándolo sino acusándome de demagogo catastrofista. 

No hay pocos"procesistas" de convicción o de conveniencia en las manis de jubilados. Pero parece que el tema solosirve para agitar, pero no para pensar.La información sobre el estado de déficit de la recaudación de pensiones me ha recordado lo que dijimos entonces: que el España nos roba no era cierto y que en el caso de las pensiones era una calumnia, Cataluña necesita del carácter solidario del sistema de pensiones para seguir pasando a sus pensionistas.

 Entre el 2002 y el 2012, las pensiones en Cataluña se pudieron pagar con sus cotizantes; a partir del 2012ya no y hoy seguimos igual: Cataluña tuvo en una diferencia de alrededor del 8% entre lo que se cotiza ylo que se paga (20.061 millones de euros cotizados y 22.909 gastados, según el informe que cita La Vanguardia del 25 de marzo). 

(...)  y una propuesta ineludible es no seguir vinculando exclusivamente el sistema a la cotización y darle un tratamiento de derecho pleno de la ciudadanía con su inclusión -también- en los presupuesto del estado, el circuito de impuesto y redistribución. El estado español, con estructura consolidadas -funcionen mejor o peor- puede dar el paso.

 La alternativa son parches, que volverían a poner encuestión el sistema que está ya en precario porque, felizmente, la gente vive más antes o un cambioradical de sistema mediante su privatización y , ya sabemos, que eso puede ser un gran negocio, pero no la salvaguarda de un sistema de pensiones universal y razonablemente justo.

 ¿Cómo lo resolvería la República catalana?

 Lo preguntamos entonces, en 2012 y en adelante y lo seguimos preguntando ahora. Pere Aragonésdice que también se lo ha preguntado, pero la respuesta que nos da no es de recibo, espera que el paro siga bajando en Cataluña, que lo haga por debajo del 10% en 2019 y cree que a medio plazo elsistema se volverá a equilibrar como entre 2002-2019. 

Es una salida por la tangente, primero porquese limita a una esperanza coyuntural para resolver una cuestión estructural y segundo porque todoslos anuncios del futuro inmediato no dan para creer precisamente en esa nueva coyuntura expansiva en la que el vicepresidente dice creer. La respuesta ha de ser de estructura y seria. Esa es una cuestión clave de la supuesta "transición", que por lo visto no interesa -o no interesa confesar- a losgestores del "proceso".

 De este modo, señala JLMR, la flamante República Catalana necesitaría en su puesta en marcha unafinanciación extra de estructuras de estado, que no solo obligaría a contraer una importante deuda exterior

 tampoco me imagino a nuestras clases altas y medias aceptando una etapa de altos impuestos paraconstruirla con los recursos internos, ni tampoco imagino que la economía catalana tuviera esacapacidad, y la deuda exterior tampoco garantiza nada ni está garantizada su generosidad -menos conlos nuevos nubarrones -. O cañones o mantequilla, o consumo de estado (la puesta en marcha de esas estructuras) o consumo privado.

 Así que la parte interna de la financiación tendrá que contar conrecortes en algunos campos y en otros donde esos recortes sean difícilmente asumibles, con cambiosde sistema sobre todo para compensar el déficit de financiamiento público mediante el uso-estimulado y recompensando- de ahorro interno y capital privado -también, si no sobre todo,internacional-. 

 Quizás pienso mal, señala finalmente el profesor de la UAB, “pero me da que la solución preferidapor la nueva tecnoburguesía catalana para resolver el déficit estructural del sistema público depensiones no será integrarlo, también, en los presupuestos sino todo lo contrario: desplazarlo elmáximo de ellos; llevar el sistema de pensiones al campo de la financiación privada, lo que objetivamente es contrario a su universalización en términos de justicia (lo será en términos de máximo beneficio para el inversor)”.  (...)"              

(José Luis Martín Ramos, citado en Salvador López Arnal, Rebelión, 30/03/19)

No a la cesión de la caja de la Seguridad Social al nacionalismo. Si tal cesión tuviera lugar, el concepto de solidaridad entre españoles desaparecería. La posibilidad de que los territorios más ricos administren los dineros de las pensiones rompe la idea de España como nación de ciudadanos libres e iguales...

"(...) Junto a toda una cascada de medidas de índole social y de bajo coste, y muy deseadas por la parte más progresista de la sociedad, como pueden ser el rescate de inmigrantes, la ley de la eutanasia, el derecho a permiso por maternidad y paternidad igualitario, etc., Pedro Sánchez nos insinuó tras su reunión con el Lendakari vasco su predisposición a ceder al País Vasco la caja de la Seguridad Social, aunque luego lo desmintiera ante las presiones en el Parlamento por parte de Ciudadanos.

Si tal cesión tuviera lugar, el concepto de solidaridad entre españoles desaparecería. La posibilidad de que los territorios más ricos administren los dineros de las pensiones rompe la idea de España como nación de ciudadanos libres e iguales. 

Podemos achacar a la inconsciencia de Pedro Sánchez tal despropósito, pero si queda algo de decencia en UGT y CCOO deberían estar ya convocando manifestaciones contra esa barbaridad. Igualmente espero que tanto la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones como la MERP (Mesa por el Blindaje de las Pensiones en la Constitución) levanten la voz ante tal tropelía al concepto de fraternidad que el sistema de pensiones español supone.

La cesión de la caja de las pensiones es una vieja reivindicación de los nacionalismos vasco y catalán que siempre encontró la oposición sindical. Esperemos que tal barbaridad no llegue a ningún puerto.

Frotándose las manos estarían las multinacionales financieras ante el posible troceamiento de la mayor partida de los presupuestos públicos. Si las competencias sanitarias de las autonomías ya han permitido hincar el diente, mediante formulas muy “creativas”, a los dineros de la sanidad pública –ya sabemos los conflictos de la sanidad en Madrid, en Valencia, Andalucía y la privatización soterrada en Cataluña–, imagínense si se establecieran conciertos con grandes grupos financieros para la gestión de las pensiones por parte del Gobierno Vasco de turno o del de la Generalitat de Catalunya… ¡Imagínense!

Lo grave de todo esto es que, como siempre, las cosas gordas las hace el PSOE, ¡los nuestros! Perdón, ¿los nuestros?

Las grandes multinacionales financieras se concentran (pueden utilizar empresas interpuestas para disimular, pero se concentran), y, para poder optar a la gestión de los dineros públicos, nada como trocear los estados. Ellas son grandes y poderosas y negociar con estados débiles y pequeños siempre será más sustancioso.

Para Pedro Sánchez puede ser muy atractivo quitarse de encima la gestión de dineros públicos, de todos, aligerar sus preocupaciones y sus responsabilidades, pagar la hipoteca de su nombramiento. Pero, como siempre, sigue pagando apoyos coyunturales, puntuales, temporales, con elementos estratégicos para la cohesión de España, para la justicia social, para la justicia redistributiva. 

No hace nada nuevo que no haya hecho hasta la fecha su propio partido en tiempos pasados o el mismo PP. El problema es que cada vez da cosas más importantes, patrimonio de todos los españoles, a cambio de intereses espurios y partidistas propios. La caja única de las pensiones es y ha de ser intocable.

El estado es débil en España y con los dirigentes de los últimos 30 años se ha hecho más débil. Tenemos un gran déficit de estadistas.

Malos tiempos para la Política, así con mayúsculas… lo que nos viene se llama politiqueo. ¡Despertad!"                     

Nou Barris. Barcelona. 27 de junio de 2018"              

(Vicente Serrano. Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas, Crónica Popular, 3009/18)

La clase trabajadora no es independentista en Catalunya. Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población

"(...) Otro gran error del independentismo fue la falta de atractivo del independentismo entre la clase trabajadora de Catalunya. La evidencia de ello, aunque constantemente negada por los partidos independentistas, es conocida. La clase trabajadora no es independentista en Catalunya, por varias razones. 

Una es que el movimiento independentista está liderado por una coalición dirigida por el partido del Sr. Mas, es decir, por la derecha catalana, cuyas políticas neoliberales son percibidas, con razón, por la clase trabajadora como dañinas a sus intereses. La proximidad del Presidente Puigdemont con Mas es conocida, y Mas nunca fue popular entre las clases trabajadoras catalanas. 

Y la otra causa de la falta de apoyo al independentismo por parte de las clases populares es que la mayoría son de procedencia de partes de España y emotivamente se consideran españoles y se oponen a la secesión. La mayoría de la clase trabajadora en Catalunya es de habla castellana. 

La evidencia en este fenómeno es clara, como por ejemplo muestran los datos provenientes de la Encuesta del CEO (CIS de la Generalitat) de Junio de 2017, donde se puede ver que a más ingresos por hogar más apoyo a la independencia, y a la inversa, mientras menos ingresos haya por hogar menos apoyo a la independencia. 

Además en Catalunya las personas que se autoconsideran de clase popular (clases de renta media-baja y renta baja) claramente no apoyan la independencia: el 56,15% de las clases populares no apoyan la independencia mientras que solo un 33% sí la apoyan.

Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población. Solo en caso de que este proyecto independentista tuviera un contenido fuertemente social, existiría tal posibilidad. Pero tal tema social estaba ausente en el proyecto independentista. 

Solo vagas generalizaciones, con escasa credibilidad, marcaron el discurso social del independentismo con promesas un tanto hiperbólicas, carentes de credibilidad. Un caso claro era la afirmación hecha por dirigentes de Junts Pel Sí y economistas afines, incluyendo el gurú económico de TV3 (la televisión pública de la Generalitat de Catalunya), el Sr. Xala i Marti, que las pensiones no sufrirían con la Transición a la independencia, lo cual es una obvia falsedad pues en el período de Transitoriedad Jurídica es necesaria la colaboración del Estado español, y de su Seguridad Social, que de no obtenerse se crearía un enorme problema para los pensionistas catalanes. 

 En agosto de 2017, Catalunya tenía 1.704.692 pensionistas con una prestación media de 957 euros, financiada en parte por 3.294.418 afiliados. Estas contribuciones no son suficientes creándose un déficit de 4.700 millones de euros (una cifra superior de la citada por los secesionistas). 

Tal dinero tendría que venir de la propia Generalitat, año tras año, acumulándose una deuda considerable, pues el Estado español, podría no pagar a los pensionistas catalanes. Los problemas de la transición que afectarían a tales pensionistas serían enormes y de varios años (y no solo seis meses, como algunos portavoces del independentismo han profetizado).

En este aspecto, tales partidos rozaron la irresponsabilidad, pues hicieron promesas claramente irrealizables, como que no habría sacrificios en la transición, el mantenimiento de las pensiones y otras transferencias y servicios públicos. Ahora bien, de todas las exageraciones, las más grandes eran las que asumían que se conseguiría la independencia en seis meses. Es difícil creerse que los que hacían tales declaraciones creyeran lo que decían.

La realidad es que en su campaña a favor de la independencia, Junts Pel Sí ha minimizado los costes de la independencia exprés, llegando a niveles de exageración e hipérbole, que pasaron como verdades en un contexto mediático carente de capacidad crítica.

 Constantemente enfatizaron el mensaje de que todo –desde las pensiones hasta la sanidad- sería mucho mejor en la Catalunya independiente, y todo ello en contra de la evidencia que señala un periodo largo de escasez que a la ciudadanía no se le ha indicado que ocurriría (y que la huida de las empresas refleja la génesis de la crisis económica que se avecina). La evidencia de tales falsedades es enorme. (...)"            (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 13 de octubre de 2017,  en www.vnavarro.org, 16/10/17)

La Generalitat admite que tendría que calcular las pensiones a ojo al no tener la información

"El Consejo Asesor para la Transición Nacional reconoce en un informe que para poder pagar las pensiones tendría que pedir a los bancos los datos de anteriores prestaciones. De hecho, también admite que los propios ciudadanos tendrían que acreditar su historial laboral o, en caso contrario, calcularlo “basándose en la técnica de presunciones”. O sea, a ojo."                (Somatemps, 18/11/15)

El déficit de la Seguridad Social catalana duplicaría el de España... la futura Seguridad Social catalana tendría que hacer frente a un problema financiero mucho mayor que el que ya sufre

"La Generalitat de Cataluña aspira a lanzar en tan sólo un mes un proyecto propio de Seguridad Social construyéndola desde cero. Sin embargo, el déficit de este nuevo sistema incluyendo los fondos de Empleo y de pensiones duplicaría el de la Seguridad Social española. 

Atendiendo a las últimas cifras cerradas en 2014, el déficit de la hipotética Seguridad Social catalana alcanzó en ese ejercicio los 4.249 millones de euros y se sitúa en el 2,1 por ciento del PIB catalán, el doble del registrado por la Seguridad Social de España en el mismo periodo. 

Es decir, la futura Seguridad Social catalana tendría que hacer frente a un problema financiero mucho mayor que el que ya sufre el sistema de pensiones español. En resumidas cuentas, Cataluña tiene más pensiones que la media, más caras y con una evolución de los ingresos peor a raíz de la crisis. 

Es más, de haber operado de forma independiente, la Seguridad Social catalana habría acumulado entre enero de 2012 y septiembre de 2015 un agujero por valor de 14.563 millones de euros, el 7,2 por ciento del PIB. Por dar una idea de la dimensión de este importe, se trata de un montante muy por encima del 3,9 por ciento del PIB que se pidió a Bruselas para poder financiar el rescate bancario. 

Con el agravante añadido de que en este ejercicio de política-ficción Cataluña no podría haber accedido al Fondo de Reserva, y se habría tenido que financiar directamente en el mercado a costa de unos intereses muy elevados. 

La existencia de un agujero mayor que en el conjunto de España obedece fundamentalmente a varios motivos. En primer lugar, la pensión media en Cataluña es más alta que la media española. Mientras que la prestación media en el conjunto de España asciende a los 890 euros a fecha de octubre de 2015, en Cataluña alcanza los 922 euros según datos de la Seguridad Social. Como por lo general se perciben sueldos más altos, las prestaciones una vez jubilados también resultan más elevadas.

Además, pese a contar con el 16 por ciento de la población, en Cataluña soportan el 17 por ciento de las pensiones. Así, el número de pensiones de Cataluña se sitúa en los 1,67 millones para 7,5 millones de habitantes. En cambio, en Andalucía hay 1,49 millones de prestaciones con una población de 8,4 millones.

Y precisamente esos dos factores explican que Cataluña afronte una nómina de pensiones sustancialmente más alta que cualquier otra región de España. De acuerdo con los datos del informe económico financiero de la Seguridad Social, Cataluña desembolsa en pensiones contributivas unos 20.848 millones de euros frente a los 16.222 millones que gastó Andalucía, los 15.367 millones que abonó Madrid o los 10.534 millones de Valencia.

O lo que es lo mismo, con el 16 por ciento de la población, Cataluña tiene el 17 por ciento de las pensiones y el 18,6 por ciento del gasto en esta rúbrica. Por si esto no fuera poco, la evolución de los ingresos durante la crisis ha sido mucho peor en Cataluña que, por ejemplo, en Madrid. 

Según datos recabados en un informe de Societat Civil Catalana, en la década del 2000 la recaudación por cotizaciones de Cataluña solía ser superior a la de Madrid por una horquilla entre los 1.500 y los 2.000 millones.

 Sin embargo, la crisis ha reducido esa diferencia hasta el entorno de los 500 millones de euros, quizás en parte por la mayor exposición de Cataluña al sector de la construcción y a los procesos de desindustrialización, quizás en parte por un entorno regulatorio y gubernamental menos favorable a la actividad económica. 

De acuerdo con los estudios de la Autoridad Fiscal Independiente, en los próximos cinco años hay que conseguir unos 10.000 millones de euros de ingresos adicionales, un 1 por ciento del PIB, con tal de poder cerrar la brecha que existe en la Seguridad Social española. Si este cálculo se aplicase a una Cataluña independiente, a la luz de estas cifras el esfuerzo tendría que ser mucho mayor. 

Además, habría que contabilizar los efectos que una secesión unilateral tendría sobre la economía durante al menos varios años. La afirmación tantas veces manidas por los independentistas de que las pensiones serían más altas en una Cataluña soberana sencillamente no se sostiene."            (Antonio Maqueda, Vox Populi, 13/11/15)

Iniciar el proceso de independencia a través de la Seguridad Social y la Hacienda Pública significa tomar como rehenes a millones de trabajadores y al resto de los sectores populares que viven de su trabajo.

"(...) A. La iniciativa de Mas y las CUP polariza la campaña electoral, intenta esconder los graves problemas del país y refuerza a Rajoy

1.La propuesta de Mas y las CUP para iniciar el proceso de “desconexión” de Cataluña con relación al Estado, mediante la construcción de un Estado propio e independiente bajo la forma de república catalana conduce a plantear la campaña electoral del 20D en los términos de extrema polarización sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, marginando otras cuestiones muy importantes como la crisis y el paro.

2.En el contexto actual eso favorece exclusivamente a Mariano Rajoy y al PP en el conjunto del Estado. Más y Rajoy se refuerzan así mutuamente.

3.Iniciar el proceso a través de la Seguridad Social y la Hacienda Pública significa tomar como rehenes a millones de trabajadores y al resto de los sectores populares que viven de su trabajo.

- Rehenes porque esto significa poner en cuestión los ingresos del Estado, y por tanto, el gasto público en Cataluña.

- Pero sobre todo, rehenes, porque al poner en cuestión la unidad de caja de la Seguridad Social, se crea una situación en la que el pago de las pensiones a jubilados y otros perceptores puede ser moneda de cambio e instrumento de chantaje político.

Resulta llamativo que se tomen estas dos cuestiones como las que van a concentrar el inicio del proceso, cuando hay otras más importantes y significativas entre las competencias que definen a un Estado moderno. ¿Por qué estas, y no otras como la Justicia, la Administración o la policía, por ejemplo?

4.EUiA ha planteado una posición nítida. “Cataluña si es pot”, coalición en la que se integra EUiA, ha votado en contra de la admisión a trámite de urgencia de la propuesta de Convergencia y las CUP y ha presentado una resolución alternativa en el Parlamento Catalán (ver http://www.euia.cat/pagina.php?idp=10692) reclamando la necesidad de un referéndum.

B.- El planteamiento de la independencia de Cataluña se hace sin tener en cuenta el derecho a decidir

5.Mas y las CUP han decidido por todos los catalanes, sin que estos se hayan pronunciado por un procedimiento electoral específico, claro y democrático, en el que cada hombre y mujer represente un voto y puedan ser elegidas las diferentes opciones realmente existentes.

6. Izquierda Unida sigue defendiendo el derecho a decidir como el instrumento democrático para llegar a cualquier solución, y por eso plantea un referendum específico, claro, y por tanto donde las diferentes opciones sean elegibles y donde cada persona sea un voto, lo que permite un resultado concreto y cuantificable sin la desfiguración de la Ley d’Hont. (...)

EQUIPO ELECTORAL de IU Federal, Grupo Argumentarios, el 30 de octubre de 2015."        (Salvador López Arnal , Rebelión, 07/11/15)

Una Cataluña independiente sustituiría al Estado español como titular de los derechos y de las obligaciones de un sistema de pensiones de reparto que en la actualidad es deficitario

"(...) Las pensiones son otro ejemplo que ilustra las complejidades del proceso. Una Cataluña independiente sustituiría al Estado español como titular de los derechos y de las obligaciones de un sistema de pensiones de reparto que en la actualidad es deficitario.

En el corto plazo, el sistema de pensiones catalán tendría que hacer frente al pago de las pensiones de todos los jubilados que hubieran devengado derechos pensionables en Cataluña, vivieran donde vivieran, y de todas las pensiones no contributivas de sus pensionistas residentes. 

Para financiarlas, contaría con las cotizaciones de los trabajadores que siguieran residiendo en Cataluña después de la secesión y con la parte que le correspondiera a Cataluña del fondo de reserva de las pensiones. 

 Cuantificar estos ingresos en una Cataluña inmersa en un proceso de independencia —del que desconocemos cómo afectará a la tasa de crecimiento, los movimientos migratorios, etcétera— es pura especulación.

Además, los sistemas de reparto de los países pequeños son más vulnerables que los de los países grandes ante las perturbaciones económicas y demográficas porque sus principales ingresos provienen del territorio del Estado que los garantiza. Por ejemplo, cuando España, Grecia o una Cataluña independiente van bien, sus pensiones de reparto también van bien. 

Pero apostar a que las cosas le van a ir bien a las economías española y catalana durante el periodo transitorio de una secesión disputada es una apuesta arriesgada. Desafortunadamente, sobre las pensiones se pueden hacer pocas promesas y menos ante tal incertidumbre. (...)"                                           ( Ramon Marimon / Javier Díaz-Giménez / Juan F. Rubio Ramirez / Sevi Rodríguez Mora  , El País, 26 SEP 2015)

Los costes económicos de la secesión de Cataluña

"(...) El gran argumento económico de los independentistas es que con un Estado propio se acabaría con el “expolio fiscal” de la Cataluña actual, que se elevaría a 16.000 millones de euros, que podrían utilizarse en beneficio propio con la independencia. Pero los estudios realizados (Véase el reciente libro de J. Borrell y J. Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia) no parecen darle la razón.

Ese “expolio” o déficit fiscal -Cataluña aporta al resto de España más de lo que recibe del mismo- es muy inferior, aproximadamente cinco veces menos, según reconoce el propio consejero de Economía de la Generalitat. No parece, por tanto, que una Cataluña independiente pudiera disfrutar de tan cuantiosos recursos; sencillamente, porque no existen.

Aunque, por esa simple regla de tres, ¡Madrid debería independizarse también! Y todavía más cargada de razón. Porque su déficit es mayor que el catalán. (...)

La independencia implica la ruptura del Estado español. Lo que ha venido en llamarse, cuando se habla de los procesos de integración o desintegración económica, los costes de la no-España. Y también los costes de la no-Europa, como efecto inmediato.

Y estos costes no son desdeñables, como quieren hacernos creer los nacionalistas catalanes.

El primer apartado de costes es el de la Seguridad Social. Porque se incrementa la inestabilidad del sistema (al disminuir la población cotizante, la viabilidad de las pensiones se vería más afectada por las variaciones del número de empleados cotizantes), se aumentan las dificultades de financiación de una caja de pensiones actualmente ya en déficit y se pone en riesgo su sostenibilidad futura.

El segundo apartado de costes es el efecto negativo sobre las exportaciones catalanas al resto de España y a los mercados de la Unión Europea, por la incertidumbre que genera la declaración unilateral de independencia sobre la continuidad de Cataluña en la UE.

En el caso probable de que Cataluña quedase fuera de la UE, las empresas catalanas verían gravadas sus exportaciones como una tarifa aduanera con el correspondiente aumento de costes, la pérdida de competitividad y la consecuente deslocalización de las mismas hacia otros territorios con más ventajas.

Además, deberían añadirse los costes de la salida del euro, que aumentarían el riesgo de las variaciones del tipo de cambio, incrementarían el endeudamiento público y privado en euros, y dificultaría su financiación y el acceso a la misma.

En este sentido, tampoco deberían subestimarse los efectos negativos de la incertidumbre sobre la inversión extranjera recibida por Cataluña y la salida de capitales.

En el supuesto de que Cataluña mantuviera el euro como moneda no se aprecian tampoco ventajas. 

Primero, porque esa opción impediría que el nuevo Estado crease un Banco Central propio para generar liquidez (la potestad de emitir euros es del Banco Central Europeo). 

Segundo, los bancos comerciales no podrían recibir ayuda financiera para hacer frente a las tensiones que el “proceso” hacia la independencia generase. 

Tercero, la Generalitat se vería incapaz de luchar con políticas monetarias y cambiarias contra los choques recesivos.

El tercer apartado de costes es el derivado de la “construcción de estructuras de Estado”, prevista para los próximos dieciocho meses. Las partidas de estos costes son el cese de las transferencias de recursos del resto de España y de inversión pública del Estado español, el aumento de la carga fiscal de los catalanes y de las cotizaciones sociales.

Porque es evidente que el nuevo Estado tendría que asumir la financiación de los servicios públicos que ahora atiende el Estado español; es decir, tendría que hacer frente a las prestaciones sociales, a los nuevos gastos generados por las relaciones internacionales, la política de defensa y el sistema judicial.

Todo lo dicho no permite, desde luego, hacer frente al problema número uno de todos los ciudadanos que es el del desempleo. 

Por lo tanto, el problema de Cataluña debería buscar una solución por una vía diferente a la de la declaración unilateral de independencia. (...)"           (José María Mella Marques, Econonuestra, 07/10/2015)

La independencia catalana y sus efectos en la nacionalidad, las pensiones, la salida de la UE... explicado a lo claro

"Cuando el país todavía se está recuperando del ridículo radiofónico que hizo su presidente al respecto del tema de las nacionalidades y la secesión, el debate político en Cataluña parece haber dado un giro de última hora.

 Hasta hace un par de días los argumentos de los no-independentistas parecían difícilmente rebatibles y veíamos con bastante estupor como los líderes independentistas se empeñaban en negar la realidad, sin embargo ahora parece que el error de Rajoy lo ha cambiado todo y observo, de forma increíble, cómo los independentistas han aprovechado la situación para resucitar de sus cenizas (argumentalmente), provocando una extraña depresión en sus oponentes. (...)

Por mucho que se clame por la independencia e incluso aunque muchos de Junts Pel Sí fuesen capaces de tirarse de un puente para conseguirla, hay un gran porcentaje de fieles a la causa que sabe o intuye que, en el fondo, esto no es más que un pulso para provocar una negociación en condiciones extremadamente favorables. 

 Muchos independentistas no aceptarían jamás una independencia que implicase salir del euro o de la UE, pero razonan en sentido de que eso ya llegará, que ya decidirán, y que lo que toca ahora es abrir un escenario que lleve o bien a una negociación favorable o a la posibilidad de una independencia sin daños. 

Y, cuando ese es el escenario mental, las amenazas lanzadas avisando del apocalipsis no funcionan, es más, lo único que hacen es provocar el repliegue sobre las ideas propias.(...) 

 El independentismo ha sido muy hábil en convertir la inutilidad de Rajoy en un argumento a favor de su tesis de que los catalanes sí conservarían el estatus de ciudadanos europeos de independizarse, cuando es falso. Realmente Rajoy, que hablaba de oídas, al menos había escuchado bien

 Al producirse una secesión legal o reconocida, los ciudadanos que tengan residencia en el estado secesionado deben elegir una de las dos nacionalidades, la del nuevo estado (rechazando la del estado anterior) o mantener la que tienen (lo que les llevaría a ser extranjeros en su nuevo estado). 

Esto está aprobado en una resolución de la asamblea de la ONU y con este procedimiento se han hecho las separaciones o secesiones últimas que han sucedido en el mundo (Montenegro, por ejemplo).

A esta convención internacional los independentistas oponen el artículo 11.2 de la constitución española, que dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. 

La cuestión es que seguidamente el artículo 11.3 deja abierta la posibilidad a perder la nacionalidad y que en los artículos 25 y 25 del código civil se regula cómo se puede perder la nacionalidad siendo español de origen, y una de las formas es aceptar otra nacionalidad de un país que no tenga convenio de doble nacionalidad con España (se perdería 3 años después). Si el 11.2 implicase lo que los independentistas dicen que implica, entonces los propias artículos del código civil serían inconstitucionales…

Obviamente no deben serlo, y la cuestión es que “privar de la nacionalidad” requiere un acto del estado contra el ciudadano. Si el ciudadano, libremente, elige adquirir otra nacionalidad sabiendo que no hay convenio con España y que por tanto perderá la española, no se le está “privando” de nada. 

Hay algún jurista que no está de acuerdo con esta interpretación, que dice que el 11.2 de la constitución es rígido y que por tanto los artículos del código civil serían inconstitucionales. Yo creo que se equivoca, pero es que en el fondo da igual.

Mirad, aquí el problema es que se mezclan las cosas y se crean hipótesis sobre futuribles intangibles. Imaginemos que realmente el 11.2 de la constitución efectivamente evita que los nuevos catalanes puedan perder la nacionalidad española… ¿y qué? ¿Es que alguien piensa que Cataluña se puede separar de España y eso no va a provocar un cambio en las leyes y en la propia constitución?  

Si hay una secesión pactada, el estado español cambiará las leyespara que la secesión se adapte a lo que indica la resolución de la ONU, por la sencilla razón que ningún estado va a aceptar que el 100% de los habitantes de otro estado sean nacionales suyos y tengan derecho a voto. Sería absurdo, sería como si Cataluña fuese soberana y, además, mantuviese un 20% de la soberanía de España. 

Obviamente eso no es así en ningún sitio, y los croatas no tienen la nacionalidad serbia, los eslovacos no tienen la checa ni los letones la rusa. 

Lo que pasa es que los independentistas mezclan maliciosamente escenarios contradictorios de secesión pactada y unilateral ¿Si hay una secesión unilateral los catalanes perderán la nacionalidad española? Obviamente no, porque de pasar esto Cataluña objetiva y jurídicamente no sería un estado, seguiría siendo una parte de España y, por tanto, sus ciudadanos serian españoles.

 Pero es que una secesión unilateral no es nada, no vale para nada y nadie la reconocería. En el “mejor” de los casos, llevaría a una situación un tanto absurda donde Cataluña es parte de España pero al gobierno no se le obedece, sería una especie de Transnistria o Somalilandia, es decir, estados que no reconoce nadie pero que, de facto, tienen una independencia dentro de sus propias fronteras.

Esta misma mezcla de situaciones contradictorias es la que permite a los independentistas contar lo que les apetece y engañar a su gente. Cuando dicen, por ejemplo, que no se puede “echar” a Cataluña de la UE es exactamente lo mismo, mezclan situaciones pactadas con unilaterales, y crean un barullo para acabar diciendo que si nadie les reconoce no pueden perder nada (que es cierto), y que si les reconocen será un éxito ¿veis el transparente engaño? Pase lo que pase les beneficia.

Lo mismo pasa con las pensiones. Los independentistas insisten que España deberá seguir pagando la pensión de los jubilados catalanes si Cataluña se independiza, pero eso no es así sencillamente porque el sistema no podría aguantar. Si le quitas al sistema casi un 20% de los aportes no va a poder pagar las pensiones, es una cuestión meramente física.  

En ese punto quedarían dos opciones, o reducir todas las pensiones o “extirpar” a los ciudadanos catalanes del sistema de reparto, y no creo que sea necesario explicar por qué se optaría por la segunda opción y por qué nadie en su sano juicio iba a recortar las pensiones un 20% a todos sus ciudadanos. (...)"                (La república heterodoxa, 24/09/2015)

Los nacionalistas flamencos, que desean un modelo confederal y pretenden repartirlo todo, sin embargo no reclaman la caja de las pensiones... ¿por qué será?

"(...) Sorprende, por ejemplo, la frivolidad con la que los líderes de Junts pel Sí afirman que no solo se podrían mantener las actuales pensiones tras la independencia, sino que habrían «más y mejores» prestaciones. Romper la caja única de la Seguridad Social es de una extraordinaria complejidad, incluso en el mejor escenario imaginable. 

El caso belga es ilustrativo. Las discusiones sobre la segregación del sistema de Seguridad Social entre valones y flamencos, después de muchos estudios, han acabado en un mutuo convencimiento sobre la dificultad de abordar un proceso que exigiría años de preparación y que implicaría costes de transición significativos para las dos comunidades. 

Los nacionalistas flamencos, que desean un modelo confederal y pretenden repartirlo todo, sin embargo no reclaman la caja de las pensiones. Para Catalunya lo razonable es pensar que los costes económicos de la separación, incluso aunque fuera acordada, conducirían a un empeoramiento de las pensiones. 

Y si viviremos una secesión a las bravas, la incertidumbre y la inseguridad jurídica podrían extenderse muchos años. Sencillamente, el sistema de pensiones quebraría. Puede que a algunos lo de la independencia les parezca un video juego divertido y estimulante, pero créanme, es un juego muy serio."           (Joaquim Coll, El Periódico, 18/09/2015)

¿Qué tipo de pensiones asumiría una Cataluña independiente? ¿Las cotizadas en empresas en Cataluña? ¿Sólo las futuras desde el día primero? ¿Todas las pasadas aunque no hayan generado ingresos en el nuevo país?

"(...) El follón de las pensiones y el paro viene tanto por quien las genera como por quien las paga. En el supuesto teóricamente coherente de que siempre se han generado en España --Cataluña como país no existe hasta el día siguiente de su proclamación-- deberían ser pagadas por España. Aquí el primer pequeño apunte. 

El paro --excepto convenio bilateral-- debe cobrarse siempre en España por el denominado compromiso de actividad, a riesgo de perderse o extinguirse. Las pensiones, por su contra, a día de hoy, pueden cobrarse en cualquier país, siempre a expensas del descuento del IRPF de España.

La gran duda, o el gran follón, es qué tipo de pensiones asumiría el nuevo país: ¿Las cotizadas en empresas en Cataluña? ¿Sólo las futuras desde el día primero? ¿Todas las pasadas aunque no hayan generado ingresos en el nuevo país? Artur Mas, el astuto, siempre va más allá en la mentira y la fabula. Dice que, además, los pensionistas catalanes cobrarían más dinero. 

Asume entonces un escenario ilógico donde 'obliga' a aquellos que han cotizado en lo que sería España a renunciar a su cobro del Gobierno español para cobrar del catalán. ¿Bajo qué concepto no cotizado en Cataluña van a cobrar? ¿Y, además, por qué van a cobrar más? Es una nueva artimaña de Artur Mas.

Porque, aunque suene a perogrullo, nadie duda de que, si alguien ha trabajado y cotizado en Suiza, Suecia o Australia, deje de cobrar porque cambie su nacionalidad. Los pagos de pensión no están afectos por los cambios de nacionalidad, sea kosovar, inglesa, española o catalana. 

Y eso implica que, si no se genera una nueva cotización, el Gobierno de Mas no puede subir unas pensiones que no pagará. Otra es que establezca una renta universal para aquellos pensionistas con cobros desde el extranjero, España.

Esto nos lleva a un escenario también nuevo. El cobro de las pensiones quedará a expensas de una legislación española que el Gobierno de Mas tampoco puede controlar. Y el Gobierno español, para controlar su propio gasto --no parece lógico que se paguen millones de pensiones para ser gastadas en un segundo país--, podría establecer mecanismos para que el cobro sea en territorio español o un país de la Unión Europea. O, peor aún, algún tipo de impuesto adicional sobre las mismas para compensar su pago. Feo, dirá alguno, pero lógico.

La conclusión final, como decimos, es que es un auténtico follón. Pero un follón con un tema clave: Artur Mas y su país independiente no tendrán control de esas pensiones y esos paros. Raramente, pues, puede decir que serán mejores o peores.

 Además, la desaceleración de una ruptura las pondría en riesgo y, bien es cierto, que nadie dudará, en ese caso, de que las medidas del Gobierno español tenderían a beneficiar a sus ciudadanos, no a ciudadanos de terceros países. Otro tema sin lugar a dudas candente y sobre el que ningún partido habla. Quizás estemos delante de la campaña más opaca de la historia de Cataluña."                (Carles Enric López  , Crónica Global, 19/09/2015) 

Mas-Colell dice que España tiene que pagar las pensiones en caso de independencia... no se lo cree ni él

"El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha replicado el Gobierno español sobre el riesgo de que la independencia puede suponer para el pago de las pensiones y ha manifestado que "deben tener dudas sobre si las podrán pagar o no. Tranquilos, que no se preocupen, que le ayudaremos".

 

"Las pensiones -ha dicho- son pensiones contraídas por el Estado que es quien ha recibido las contribuciones durante muchos años y las tienen que pagar ellos" y, durant la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha añadido que "no los dejaremos colgados".

Mas-Colell, en este sentido, ha apuntado que "como que nuestras bases fiscales son más sólidas que las bases españolas, no tendremos ningún problema en llegar a un acuerdo con el Estado español para garantizar que pague las pensiones que debe pagar". (...)"             (e-notícies, 21/09/2015)

¿Qué pasa con mi pensión si hay secesión? Cataluña recibe 4.200€ millones más de lo que aporta

"Economía Digital nos cuenta lo que dijo ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez:

“Ha informado en el Senado que Cataluña recibió el año pasado 4.200 millones de euros más en prestaciones a la Seguridad Social de lo que ingresó en sus arcas y ha subrayado que debido a la existencia de la “caja única” y al pacto de generaciones y territorios se pueden pagar las pensiones en toda España”.

Srs nacionalistes: Podrien explicar això als catalans? Sra ministra: ¿Podría publicar estos datos con su aparato explicativo correspondiente, y no limitarse a incluirlos por casualidad en una respuesta a un senador?(...)"        (Dolça Catalunya, 11/03/2015)

¿Explicará Mas a los pensionestas catalanes que perderán un 30% de sus pensiones al día siguiente de independizarse? Y después, el desplome...

"Pero ¿de veras quiere la gente esa consulta? O, mejor dicho, ¿de veras sabe la gente lo que supone esa consulta?

El Ministerio de Trabajo acaba de cerrar los datos financieros de la Seguridad Social del año 2013 por comunidades autónomas. Y dudo de que la Generalitat vaya a realizar grandes esfuerzos para que la catástrofe que muestran llegue a oídos de esas personas que, según ellos, deberían votar para decidir el futuro de Cataluña. 

Básicamente, porque reflejan un completo desastre económico y anticipan, en caso de separación de Cataluña y ruptura de la caja única española de las pensiones, uno de los mayores tormentos imaginables para los jubilados catalanes. Un desastre de nada menos que 6.700 millones de euros al año.

Porque ésa es la cifra de déficit directo en pensiones que registró en 2013 Cataluña. Más en concreto: 6.694 millones. Un agujero soportado, única y exclusivamente, gracias a las inyecciones de dinero a la Seguridad Social realizadas por el Estado central, ayudas con las que no contaría Artur Mas en caso de separación y que serían imposibles de aportar desde la Generalitat puesto que esta institución está siendo rescatada, a su vez, a través del FLA español con más 10.000 millones sólo en 2013.

El desastre es de tal consideración que Cataluña es, en estos momentos, uno de los territorios con mayores problemas de sostenibilidad de sus pensiones, superando incluso a Andalucía, una comunidad que, pese a tener más población y contar con evidentes problemas de desempleo (un paro del 36,3%), acumula un déficit directo en pensiones de 6.622 millones, 72 millones inferior al catalán. 

¿Por qué? Pues porque la cuantía media de las pensiones a pagar en Cataluña es netamente superior a la de muchas del resto de las regiones españolas.

¿Explicará Mas a ese colectivo al que considera votantes potenciales de su consulta separatista que perderán, al menos, un 30% de las pensiones al día siguiente de independizarse?

 ¿Les explicará que eso sería únicamente el inicio del desplome porque la salida de la UE golpeará su actividad empresarial y, por lo tanto, su empleo? ¿O es que considera que también es su deber histórico engañar a sus votantes?"           (EL MUNDO 10/04/14, CARLOS CUESTA, en Fundación para la Libertad)

Las nuevas balanzas fiscales incluirán el gasto en pensiones

"La nueva metodología para calcular las balanzas fiscales incluye un cambio sustancial respecto de la situación actual. Por primera vez desde que se publican de forma oficial (durante el primer Gobierno Zapatero), se podrá calcular no sólo la cuantía de los flujos monetarios entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas (una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes), sino que, al mismo tiempo, se realizará un análisis cualitativo y desagregado por partidas.

 Es decir, que no se tendrán en cuenta sólo las transferencias de dinero, sino que describirán las características de la población a la que van dirigidas, por ejemplo, el gasto destinado a envejecimiento, a pagar las pensiones o, por supuesto, las inversiones públicas.

Estos flujos ya aparecen de forma agregada en la doble metodología con que ahora se elaboran las balanzas fiscales (flujo monetario y carga-beneficio). La diferencia, sin embargo, estriba en que con el nuevo sistema se podrá saber realmente por qué y en qué se gasta ese dinero. Y lo que es más relevante para Hacienda, en quiénes se gasta, independientemente de la naturaleza del territorio.

Lógicamente, una comunidad autónoma con población más envejecida y con mayores bases de cotización a la Seguridad Social tenderá a recibir más fondos en pensiones, mientras que otra con menores dotaciones de capital fijo lo lógico es que reciba más para igualarse con el resto. 

Lo relevante será, por lo tanto, el nivel de prestación de servicios públicos. Hasta ahora, al presentarse las balanzas fiscales, simplemente se tenían en cuenta las cantidades, y es con ese sistema con el que se quiere acabar porque se considera escasamente representativo.

Con la nueva metodología, y como gran novedad, también se podrán conocer las cuentas de las comunidades forales (País Vasco y Navarra) con el resto del territorio, algo que siempre ha resultado polémico habida cuenta de los regímenes fiscales propios que existen en ambas comunidades y que les son muy favorables por la valoración que se hace de las transferencias. (...)"                (El Confidencial, 27/01/2014)

En caso de independencia, el gran gurú ultraliberal y futuro Ministro de Economía, privatizará las pensiones, tal como ha estado proponiendo

"(...) En Catalunya ocurre algo semejante. Uno de los gurús neoliberales con mayores cajas de resonancia en los medios públicos y privados, considerado como el “sabio” en temas económicos, continúa gozando de gran prestigio a pesar del desastre que las políticas que ha estado proponiendo han alcanzado.

 Tenía hasta hace poco un programa semanal de casi una hora en la televisión pública, TV3 (pagada por todos), esparciendo su dogma ultraliberal (semana tras semana) en un programa dirigido por el periodista, un gran fan suyo, que transmitió el acto pro independencia desde TV3 en el estadio del Barça.

 Y hace unos días, el conseller de Economía y Conocimiento del gobierno catalán indicó que la Catalunya independiente bajará los impuestos (Catalunya, como el resto de España, es uno de los países con menos gasto público social por habitante en la UE-15). 

Y no es de excluir que, en caso de independencia, el gran gurú ultraliberal fuera el futuro Ministro de Economía, y que privatizara las pensiones, tal como ha estado proponiendo. 

Lo cual me lleva a concluir con la obvia observación de que los medios de información, al servicio de los poderes empresariales y financieros que los dominan, promueven –a los dos lados del Atlántico Norte- las figuras del mundo económico que mejor sirven a los intereses de tales empresas y de la cultura económica que sostienen."    

 (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 21 de noviembre de 2013, en www.vnavarro.org, 21/11/2013)

El déficit de las pensiones en Cataluña es de 6.467 millones de euros desde 2010 y que va en aumento

"Las cotizaciones sociales que se recaudan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas que viven en esta Comunidad, y solo gracias a la solidaridad interterritorial se puede hacer frente a esas prestaciones.

Esta es la conclusión de un documento que ha elaborado el Gobierno como respuesta al informe de agravios presentado por la Generalidad hace dos semanas, donde el Ejecutivo autonómico reclamaba supuestas deudas pendientes -aunque no reales- por 9.375,7 millones de euros.

Según avanza este martes El País, el Gobierno recuerda que "el gasto en prestaciones contributivas en Cataluña supera holgadamente a los ingresos, vía cotizaciones sociales, a los recaudados en este territorio". "El desfase entre ingresos y gastos por estos conceptos superó los 429 millones en 2010, cifra que alcanzó los 1.370 millones en 2011; los 2.728 millones en 2012 y los 1.940 millones hasta el pasado 31 de agosto [de 2013]", añade.

Y destaca que "la diferencia entre lo que se recauda en la Comunidad [de Cataluña] por cuotas sociales y los gastos originados para el pago de prestaciones contributivas ha ido en un claro aumento".

Estas cifras no son nuevas. De hecho, se han venido destacando en diferentes medios y en diversos estudios en los últimos meses.

Sin embargo, a la vista de la intensificación del discurso victimista del independentismo catalán, el Gobierno ha decidido recordar estos datos, que suponen un déficit de 6.467 millones de euros en el sistema de pensiones en Cataluña desde el año 2010.

Además de por la "solidaridad intergeneracional", este déficit se ha cubierto gracias la "caja única", esto es, la "solidaridad entre los territorios". "Cabe recordar que el sistema público de pensiones responde de forma universal y solidaria al conjunto de necesidades individuales", indica el Gobierno, que también explica que "las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles".

El informe del Gobierno advierte de que "si se dejara de lado esta necesaria solidaridad interterritorial, resultaría que algunas administraciones no podrían garantizar la protección social de sus ciudadanos".

"En concreto, 14 de las 17 comunidades presentan déficit en su balanza particular entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por prestaciones (básicamente pensiones, pero no sólo)", añade. En concreto, solo Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid (esta última, de forma destacada, con 1.190 millones de euros) tienen superávit.

Mientras que las tres CCAA con mayor déficit son Andalucía (2.564 millones), Cataluña (2.027 millones) y Galicia (1.808 millones)."              (Crónica Global, 29/10/2013)

Una Cataluña independiente no podría pagar las pensiones

"(...) el director general honorario de la Comisión Europea , Francesc Granell , ha indicado que "una Catalunya independiente sería económicamente viable a largo plazo. El problema son los costes de transición que implicaría la creación de un estado propio". "Tiene razón María Dolores de Cospedal cuando afirma que Cataluña ahora no podría pagar las pensiones. Pero es una razón transitoria", afirma.

En este sentido ha opinado que "es mejor estar bajo el paraguas de una economía que es la sexta de las Naciones Unidas, que no estar solos" . "Cataluña no suscitará ningún interés para que nos admitan a los organismos internacionales. No confiemos en las alianzas internacionales porque hay más intereses con España que con Cataluña", ha añadido.

En este sentido ha recordado que "no tenemos grandes multinacionales ni grandes fuerzas económicas que impulsen los gobiernos a mover ficha a favor de Cataluña" . "Tardaremos muchísimos años en volver a la normalidad en Cataluña. Cuanta más incertidumbre creamos más tardaremos en recuperar la inversión privada" , ha dicho .

Para Granell, "ahora, Cataluña está relativamente bien. Si no hemos de mejorar claramente, mejor que dejemos las cosas de tal y como están" . "Si el estado español decidiera que Cataluña fuera independiente no habría ningún inconveniente para que formara parte de las instituciones europeas o de las Naciones Unidas . Los costes pueden venir de las represalias", sentenció."                 (e-notícies, 01/10/2013)