"El 29 de julio, los negociadores del PSC y ERC llegaron a un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre los temas acordados, el más relevante fue la concesión de un concierto económico a Cataluña. Si lo aprueba el Congreso, la anterior asignación equipararía fiscalmente a la autonomía catalana con el País Vasco y Navarra y supondría la creación de un nuevo régimen especial (una financiación singular).
En un próximo futuro, la Agencia Tributaria Catalana recaudaría la totalidad de los impuestos generados en la autonomía, abonaría una parte a la Administración General del Estado (AGE) por los servicios prestados directa e indirectamente a los residentes en Cataluña (el importe conocido como cupo) y pagaría una cuota, denominada de solidaridad, para ayudar al desarrollo de las comunidades con menos recursos.
Indudablemente, el concierto económico aumentaría los ingresos a disposición de la Generalitat y, como catalán residente en la autonomía, podría resultarme beneficioso. Por un lado, por una reducción de los impuestos sufragados. Por el otro, debido al incremento del gasto público efectuado en sanidad, educación, infraestructuras, etcétera.
A pesar de ello, estoy en contra de la concesión del concierto a Cataluña, tanto por motivos económicos como políticos. Los primeros son los siguientes:
a) los cálculos sobre las balanzas fiscales tienen una limitada credibilidad. Las balanzas fiscales constituyen un magnífico ejercicio académico, pero tienen una limitada credibilidad para cuantificar lo que una comunidad autónoma aporta a la AGE y lo que recibe de ella. En primer lugar, porque hay dos tipos de balanzas (las observadas y las neutralizadas) y múltiples métodos para calcularlas.
En segundo, debido a los numerosos supuestos que deben hacerse para llegar a algunas conclusiones. Por un lado, no existe la suficiente información desagregada. Por el otro, el gasto efectuado por la AGE beneficia a la comunidad donde se realiza y también al resto del país. Así ocurre con las inversiones efectuadas en el puerto de Barcelona, en el AVE a su paso por Castilla y León o en las instalaciones militares de Zaragoza.
En tercero, por las grandes diferencias observadas en los resultados proporcionados por las distintas balanzas y métodos. Así, por ejemplo, en 2009, el saldo fiscal de Cataluña con la AGE oscilaba entre un superávit de 4.015 millones y un déficit de 16.410 millones. El primer dato era obviado por la Generalitat y el segundo publicitado una y otra vez. Desde mi perspectiva, ninguno de los dos se ajustaba a la realidad.
b) la solidaridad entre las autonomías debe continuar. En nuestro país, casi nadie cuestiona que las personas con mayores ingresos tengan un saldo fiscal negativo. En otras palabras, la cuantía pagada en impuestos supere a la obtenida en prestaciones públicas. Los partidos independentistas catalanes también son partidarios de la solidaridad, pero únicamente en el ámbito de Cataluña. Por dicho motivo, les parece muy bien que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona financien a los del resto de la autonomía.
No obstante, es sorprendente que un partido progresista como el PSOE apoye un concierto económico en Cataluña, a pesar de que tal posibilidad no figura en la Constitución.
Especialmente porque está a favor de la redistribución de rentas entre los ciudadanos a través de los impuestos y el gasto público. Una concesión que hará más rico a un territorio próspero y empobrecerá a las autonomías con un menor PIB per cápita.
c) la solidaridad no puede quedar limitada por la ordinalidad. En el acuerdo entre PSC y ERC, ambas formaciones limitan la solidaridad de los catalanes con el resto de España a la ordinalidad. En la clasificación de las autonomías, según lo que aportan y reciben de la AGE, dicho acuerdo establece que Cataluña jamás ha de ocupar una posición más baja en el segundo apartado que en el primero. Si así sucediera, la contribución efectuada al resto de territorios sería escasa y sustancialmente inferior a la calculada por FEDEA (2.168 millones en 2021).
La anterior restricción extrapolada al ámbito del IRPF implicaría que cualquier español cuyos ingresos anuales ascienden a 300.000 euros debería recibir más prestaciones públicas que los perceptores del salario mínimo (15.876 euros), a pesar de que los segundos las necesitan mucho más que los primeros. Una opción que públicamente ningún partido, incluidos los de carácter neoliberal, se atrevería a proponer.
d) las balanzas fiscales no tienen en cuenta la aportación de la AGE al sistema de pensiones. Los ingresos por cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social y las clases pasivas son insuficientes para sufragar los pagos en concepto de pensiones contributivas y los gastos derivados de su gestión. Según Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en 2023 el desfase entre unos y otros ascendió a 69.919 millones.
En el pasado año, si la contribución de Cataluña al PIB español fue del 19%, los residentes en la autonomía obtuvieron a través del sistema de pensiones una financiación adicional de la AGE por valor de 13.285 millones. Una cuantía más de seis veces superior a la aportada por dicho territorio al régimen común de financiación en 2021 (2.168 millones)
Los motivos políticos son los siguientes:
a) ninguna comunidad autónoma debería tener un régimen de financiación especial. Desde mi perspectiva, todas las comunidades deberían forman parte del régimen común y ninguna de ellas disponer de uno especial. Por eso, estoy en contra del concierto económico catalán, pero también del vasco y navarro. No obstante, los dos últimos están contemplados en la Constitución, pero no así el primero. Indudablemente, una diferencia esencial.
El régimen especial del País Vasco y Navarra les permite recibir financiación del resto de España, siendo ambas autonomías más ricas que el conjunto del país. Por eso, el gasto social por habitante en dichas comunidades supera al observado en cualquier otra. Una situación derivada de dos factores: la inexistencia de solidaridad con el resto de la nación y la negociación política del cupo.
Una y otra vez, el Gobierno español de turno, para contentar al PNV y obtener sus votos en el Congreso, acepta que la AGE reciba un importe inferior al que le correspondería por los servicios prestados a los residentes en el País Vasco y Navarra. Indudablemente, un agravio comparativo para Cataluña, una comunidad que en el verano de 1980 prefirió continuar en el régimen común de financiación a disponer de uno especial, y también para el resto de España.
b) el concierto económico facilitaría la independencia de Cataluña. En esta ocasión, los dirigentes de ERC tienen razón. De ninguna manera, constituye un farol lo que dicen. La recaudación y gestión de los ingresos tributarios originados en el territorio catalán constituye un paso hacia adelante en la ruta hacia la independencia.
En primer lugar, porque el día después de la declaración podrán continuar financiando los servicios públicos básicos. En segundo, debido a que les permite disponer de más capital para promocionar sus supuestas ventajas, tanto en Cataluña como en el resto del mundo. Con el concierto económico, la Agencia Tributaria Catalana tendrá unas características similares a las de cualquier otra de un país desarrollado.
c) constituye un agravio comparativo respecto a las otras comunidades ricas. La concesión de un concierto económico a Cataluña impediría negárselo a las otras dos autonomías (Madrid y Baleares) que aportan más de lo que reciben de la AGE, según FEDEA. Si se les otorgara, la redistribución de rentas entre territorios sería escasa o nula y el país iniciaría un incierto camino, cuyo distinto final probablemente sería la creación por la puerta de atrás de una confederación de naciones. Una posibilidad para nada contemplada en la Constitución.
En definitiva, constituye una sorpresa que un partido de implantación estatal como el PSOE acceda a concederle a Cataluña un concierto económico. No obstante, ya no lo es que sus dirigentes negaran tal posibilidad solo unos días antes. Indudablemente, supone una contradicción que dicha formación sea favorable a la redistribución de rentas entre las personas, pero no entre las autonomías, cuando las segundas están integradas por ciudadanos.
A pesar de que el concierto me beneficiaría, pues soy catalán y residente en la comunidad, soy contrario a él. En primer lugar, porque soy solidario con los que menos tienen. En segundo, debido a que mi solidaridad con los de Lleida es idéntica a la que tengo con los de Badajoz. Para nada, tal y como sucede con los independentistas, tiene como límite el territorio catalán.
En tercero, porque estoy a favor de la justicia social y deseo que en España todos los ciudadanos dispongan de los recursos necesarios para obtener un nivel de vida digno. En cuarto, debido a que todas las autonomías no poseen las mismas cartas. Las que disponen de una mayor inversión privada (Madrid y Cataluña) siempre tienen en su mano uno o varios comodines. En cambio, la que tienen menos acceso a ella, difícilmente poseen dos o más naipes cuyos números sean correlativos o idénticos.
La historia reciente muestra claramente la insaciabilidad de los políticos independentistas. Les den lo que les den los partidos españoles, jamás se conformarán, excepto si les ofrecen la independencia. La concesión del concierto económico supondría un gran paso adelante en la ruta que conduce a su objetivo y probablemente comporte la aparición de un nuevo procés. Si así sucede, espero y deseo que no sea tan dañino para Cataluña como el anterior. De él, aún no nos hemos recuperado ni social ni económicamente." ( , , Crónica Global, 03/08/24)
