Mostrando entradas con la etiqueta q. Discriminacion en el trabajo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta q. Discriminacion en el trabajo. Mostrar todas las entradas

20/6/24

La revista Social Science Research ha publicado un trabajo titulado 'Who is the majority group?', que analiza la discriminación laboral en Cataluña... Tener un nombre catalán confiere ventajas en el mercado laboral en esa comunidad... los nombres informan de una percepción de competencia lingüística, que está ligada a una expectativa de productividad... los solicitantes de empleo con apellindo no catalanes no fueron considerados igualmente productivos debido a los estereotipos preexistentes... las creencias de los empleadores sobre las habilidades lingüísticas de los solicitantes condicionan directamente las decisiones de contratación... se premia a aquellos que se consideran “de dentro”

 "(...) La revista Social Science Research ha publicado un trabajo de Mariña Fernández-Reino y Mathew J. Creighton titulado Who is the majority group?, que analiza la discriminación laboral en Cataluña. El paper, que combina dos estudios, identifica la influencia de los nombres en el proceso de contratación y “evalúa las asociaciones entre nombres y percepciones de origen geográfico, clase social y competencia lingüística”. Tener un nombre catalán confiere ventajas en el mercado laboral en esa comunidad a través de tres mecanismos. 

En primer lugar, se asocia a una percepción del dominio del lenguaje. 

Dicen los autores: “Los solicitantes [de uno de los estudios] no se consideraban igualmente productivos a causa de prejuicios preexistentes de los empleadores sobre el dominio del idioma catalán de diferentes perfiles de nombres”. La mayoría de la población catalana es bilingüe: el 36,1% prefiere el catalán y el 48,6% el castellano, una diferencia influida por los orígenes familiares. 

En segundo lugar, los apellidos catalanes indican una clase social más elevada (los 10 apellidos más comunes de Cataluña son “castellanos”). 

En tercer lugar, los investigadores apuntan que se premia a aquellos que se consideran “de dentro”. 

El enfoque adoptado en este artículo, explican, se puede comparar con otras investigaciones sobre discriminación étnica en contextos multilingües. La lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos lingüísticos son causas no solo de la izquierda, sino de cualquier proyecto heredero de la Ilustración. Pero ya sabemos que estos son tiempos confusos."            (Daniel Gascón, El País, 21/03/24)

 

 "¿Quién es el grupo mayoritario? Señalar la pertenencia a grupos mayoritarios con tratamientos basados en nombres en contextos multilingües: el caso de Cataluña.

 Resumen

Cada vez son más los trabajos que muestran cómo la selección de nombres determina los patrones de discriminación étnica y racial en la contratación observados en estudios de auditoría de correspondencia. Una clara limitación de la investigación existente sobre la percepción de los nombres y la discriminación étnica en el empleo es que se basa predominantemente en los EE.UU., lo que limita su aplicabilidad a contextos con una gran diversidad lingüística entre la población mayoritaria. Estos territorios se enfrentan a una realidad en la que las preferencias y los usos lingüísticos, la clase social y la ascendencia se asocian a nombres específicos entre el grupo mayoritario nativo. El resultado es una notable diversidad en las (des)ventajas laborales que confieren los distintos nombres dentro de la población mayoritaria. Para llenar este vacío, este artículo se centra en Cataluña, una región multilingüe diversa y la segunda zona más poblada de España. Mediante dos estudios complementarios, este trabajo identifica la influencia directa de los nombres en el proceso de contratación (Estudio 1) y evalúa las asociaciones entre los nombres y las percepciones de origen geográfico, clase social y competencia lingüística (Estudio 2). 

Los resultados muestran que tener un nombre catalán confiere una ventaja en el mercado laboral a través de tres mecanismos. 

 En primer lugar, los nombres informan de una percepción de competencia lingüística, que está ligada a una expectativa de productividad. 

En segundo lugar, los nombres señalan la clase social y ciertos nombres del grupo mayoritario (solicitantes con dos apellidos catalanes, una minoría dentro de la región), indican una clase social más alta, lo que supone una ventaja.

En tercer lugar, cierta ventaja podría estar vinculada a gustos que favorecen a un intragrupo por razones de supuesta compatibilidad cultural, histórica o política. El enfoque adoptado en este artículo tiene una relevancia significativa para otras investigaciones sobre discriminación étnica realizadas en contextos multilingües con una diversidad autóctona comparable.

Introducción

Los experimentos de campo sobre prejuicios étnicos y discriminación en el mercado laboral se han basado a menudo en los nombres para señalar la pertenencia a mayorías y minorías étnicas. Cada vez hay más pruebas de que los nombres también pueden transmitir la pertenencia a una clase social (Crabtree et al., 2022; Gaddis, 2017a), la edad (Johfre, 2020), el estatus migratorio (Gaddis et al., 2022; Landgrave y Weller, 2022) y ciertos rasgos psicológicos (Mitchell Elder y Hayes, 2023). Como resultado, el nivel de discriminación étnica medido en los experimentos de campo depende en gran medida de los nombres seleccionados para señalar la condición de grupo mayoritario y minoritario. Con algunas excepciones (véase Martiniello y Verhaeghe, 2023), la investigación sobre la percepción de los nombres se ha centrado en gran medida en Estados Unidos (Crabtree et al., 2022, 2023; Gaddis, 2017b; Landgrave y Weller, 2022; Mitchell Elder y Hayes, 2023).

Este desfase, al menos en parte, es atribuible a la realidad de que, cuando existe efectivamente una única lengua dominante, todos los nombres nativos mayoritarios deberían transmitir altos niveles de competencia en la lengua principal, independientemente de las percepciones de clase social. Sin embargo, cuando hay dos o más lenguas reconocidas oficialmente y/o habladas ampliamente por la población mayoritaria nativa, la selección de nombres para señalar el estatus de grupo mayoritario se vuelve más compleja. Esta complejidad surge de la frecuente correlación entre conocimientos lingüísticos, clase social, identidad y ascendencia dentro de la población nativa. En las últimas décadas se ha producido una explosión de la literatura sobre lenguas minoritarias y nacionalismo, política territorial y gobernanza multinivel que ha examinado la gestión de la diversidad cultural y lingüística en países con regiones con identidades nacionales y lenguas distintas (Gagnon, 2021; Guibernau, 1999; Hroch, 2000; Keating, 2001, 2008; Kymlicka, 1996; Requejo, 1999; Tierney, 2005), por ejemplo, Cataluña y el País Vasco en España, Quebec en Canadá o Flandes en Bélgica. En estas regiones subestatales, las distintas comunidades lingüísticas dentro del grupo mayoritario autóctono no se perciben como etnias diferenciadas en la misma medida que los inmigrantes internacionales y sus descendientes, pero tampoco se perciben como culturalmente homogéneas. Tres factores principales contribuyen a la complejidad de la selección de tratamientos basados en el nombre para los experimentos de campo sobre el mercado laboral realizados en contextos multilingües.

En primer lugar, se ha demostrado que los conocimientos lingüísticos son relevantes para la productividad (Chiswick y Miller, 1995, 2015). Por lo tanto, las percepciones del dominio lingüístico derivadas del nombre pueden influir en el comportamiento de contratación de los empleadores. La variación en las percepciones del dominio de una o más lenguas relevantes para un contexto puede (des)favorecer a los solicitantes en el mercado laboral que son nombrados de forma que señalan el dominio o la preferencia lingüística. Esto afectará directamente a los niveles de discriminación medidos en los estudios que se basan en los nombres para señalar la pertenencia a un grupo.

En segundo lugar,
los nombres de los nativos mayoritarios en geografías subnacionales lingüísticamente diversas suelen reflejar distintos antecedentes ancestrales asociados a divisiones políticas contextualmente específicas (Keating, 2001; Tierney, 2005). Las lenguas tienen un valor instrumental como medio de comunicación, pero también sirven para expresar la identidad personal y política, lo que explica la frecuente tensión en torno a las políticas lingüísticas y los derechos lingüísticos entre el Estado central y los gobiernos regionales (Cetrà, 2019; Pujolar, 2007). El solapamiento entre las asunciones basadas en el nombre sobre la ascendencia, el uso de la lengua y las identidades políticas y nacionales da lugar a que algunos nombres de grupos mayoritarios se asocien a determinadas posiciones políticas (por ejemplo, el apoyo a las reivindicaciones sucesorias). Estas asociaciones, que son distintas de las vinculadas a la productividad, podrían dar lugar a dinámicas de inclusión e inclusión arraigadas en preferencias de contratación vinculadas a la compatibilidad ideológica percibida.

Por último, los nombres de grupos mayoritarios que reflejan distintas ascendencias regionales pueden asociarse a distintos orígenes de clase social. Las diferencias de clase social en la asignación de nombres son un fenómeno bien estudiado (Lieberson y Bell, 1992), y la asociación de ciertos nombres a clases sociales más bajas puede afectar negativamente a la trayectoria en el mercado laboral de sus portadores (Crabtree et al., 2022). En territorios multilingües con identidades culturales diferenciadas, a menudo se produce un solapamiento entre la ascendencia regional (evidente en nombres y apellidos) y la clase social; por ejemplo, en Bélgica, la población flamenca solía ser más pobre que la francesa hasta la segunda mitad del siglo XX; como consecuencia, la lengua y la cultura francesas gozaban de mayor prestigio (Vogl y Hüning, 2010). En Montreal (Quebec), los anglófonos constituían la élite económica antes de la década de 1970; en consecuencia, los francófonos tenían que aprender inglés al entrar a trabajar para comunicarse con sus jefes, pero los anglófonos no aprendían francés (Lieberson, 1965). Los usos y el estatus de las distintas lenguas en los territorios multilingües reflejan la dinámica de poder entre las comunidades lingüísticas, es decir, el grupo que controla los valiosos recursos económicos y políticos es capaz de imponer las normas lingüísticas de comunicación, incluidas las políticas lingüísticas (Heller, 1992). En otras palabras, el valor que tiene en el mercado laboral el bilingüismo o el dominio monolingüe de una lengua concreta depende de qué lengua o lenguas dominan las comunicaciones en los entornos formales.

Uno de los objetivos principales de este artículo es demostrar que la ventaja de algunos nombres en el mercado laboral no se debe únicamente a las percepciones de clase social sobre la productividad ligada a nombres específicos, sino también a las percepciones de competencia lingüística, que están determinadas contextualmente. Para ello, nos basamos en los datos de una auditoría de correspondencia (Estudio 1) y una encuesta en línea sobre percepciones de nombres (Estudio 2), ambos realizados en Cataluña, una región multilingüe del noreste de España con 7,8 millones de habitantes en 2022 (Instituto Nacional de Estadística, 2022). Un aspecto crucial para los objetivos de este trabajo es que el grupo mayoritario nativo es muy diverso en términos de uso de la lengua (el catalán y el castellano son lenguas ampliamente habladas y reconocidas como oficiales) y ascendencia (una parte sustancial de la población ha nacido o tiene padres/abuelos nacidos en otras regiones de España). Cataluña también es étnicamente diversa, con un 21,2% de residentes nacidos fuera de España en 2022 (ibíd.), principalmente de Marruecos, Colombia, Ecuador, Rumanía y Pakistán.1

Los resultados de la auditoría de correspondencia (Estudio 1), muestran que el nivel y el grado en que detectamos discriminación en la contratación contra los solicitantes de minorías étnicas depende de los nombres seleccionados para identificar al grupo mayoritario nativo de referencia. Es más probable que los empresarios abran las solicitudes de candidatos con nombres que indican una ascendencia catalana "exclusiva" (nombres y apellidos catalanes) en comparación con los solicitantes nativos que transmiten ascendencias españolas (castellanas) o de minorías étnicas. La encuesta sobre la percepción de los nombres (Estudio 2) arroja luz sobre las causas de este trato diferenciado. Encontramos que los nombres que indican la pertenencia a un grupo mayoritario -diferentes combinaciones de nombres y apellidos catalanes y castellanos2 - difieren ampliamente en términos de clase social percibida y competencia lingüística en catalán. Los resultados se interpretan a la luz de las teorías de la discriminación estadística y atencional (Aigner y Cain, 1977; Arrow, 1974; Bartoš et al., 2016) y del favoritismo de los grupos internos (Tajfel y Turner, 2004).

En primer lugar, argumentamos que los solicitantes del grupo mayoritario en el Estudio 1 no fueron considerados igualmente productivos debido a los estereotipos preexistentes de los empleadores sobre el dominio de la lengua catalana de los diferentes perfiles de nombres nativos. Dado que el dominio de la lengua es un componente clave de la productividad (por ejemplo, Chiswick y Miller, 1995, 2015), las creencias de los empleadores sobre las habilidades lingüísticas de los solicitantes condicionan directamente las decisiones de contratación. 

En segundo lugar, sugerimos que las percepciones de los empresarios sobre la clase social de los candidatos influyen en su comportamiento a la hora de contratar. Esta idea se deriva de los resultados del Estudio 2, que relaciona los apellidos catalanes con una percepción de ser de clase media-alta en relación con otras combinaciones de nombres en el grupo mayoritario.

 En tercer lugar, reconocemos que los resultados podrían deberse en parte al favoritismo dentro del grupo, que en este contexto se entiende como tener una conexión con Cataluña, por ejemplo, haber crecido en la región y/o estar familiarizado con la cultura catalana, incluida la lengua catalana. El Estudio 2 muestra que los solicitantes con nombres y apellidos de minorías étnicas o españoles eran percibidos como nacidos fuera de Cataluña y sin dominio del catalán, mientras que los solicitantes con al menos un nombre o apellido catalán eran vistos como nacidos en Cataluña y con un alto dominio de la lengua regional.

Nuestras conclusiones son de clara relevancia para la investigación sobre la discriminación en el mercado laboral realizada en territorios multilingües. Países occidentales como Canadá, Bélgica, España y Suiza han sido lingüísticamente diversos mucho antes de la llegada de la migración internacional a gran escala, que dio lugar al establecimiento de poblaciones étnicas minoritarias identificables (Pettigrew, 1998; Van Mol y de Valk, 2016). La diversidad lingüística entre la mayoría nativa no se limita a un puñado de países europeos, ya que muchos países no occidentales albergan minorías étnicas considerables de ascendencia inmigrante que conviven con poblaciones nativas mayoritarias lingüística y culturalmente diversas, por ejemplo, China, India, Rusia o Sudáfrica. Por tanto, los investigadores que utilicen tratamientos basados en nombres para transmitir los estatus de mayoría y minoría en contextos multilingües deben tener en cuenta (1) los patrones de uso y destrezas lingüísticas entre la población nativa mayoritaria en función de su ascendencia, clase social e identidad política; y (2) las ideologías lingüísticas dominantes en una sociedad determinada, es decir, las creencias y actitudes predominantes sobre el papel, los usos y el valor de las distintas lenguas, que a menudo son un reflejo de las desigualdades de poder entre comunidades lingüísticas (Woolard y Schieffelin, 1994).
Fragmentos de secciones

Señalización de la pertenencia a grupos mayoritarios y minoritarios con nombres en países multilingües

Los nombres son el principal tratamiento utilizado en las auditorías de correspondencia y los experimentos con encuestas para medir la prevalencia de comportamientos discriminatorios y actitudes prejuiciosas hacia las minorías étnicas en una serie de situaciones (Crabtree et al., 2022; Gaddis, 2017a; Johfre, 2020; Mitchell Elder y Hayes, 2023). Aislar el efecto de la etnia en los resultados de comportamiento y actitud puede, sin embargo, plantear un reto, ya que los nombres también transmiten otros atributos como la clase social (Crabtree et al., 2022; Enfoques teóricos para explicar el comportamiento discriminatorio en el mercado laboral)

Se han desarrollado múltiples teorías para explicar el comportamiento discriminatorio y tendencioso. A continuación, se examinan dos corrientes principales que han evolucionado en paralelo. La primera se basa en la teoría de la discriminación estadística (Aigner y Cain, 1977), mientras que la segunda tiene sus raíces en perspectivas sociopsicológicas, como la teoría de la identidad social (Tajfel, 1982; Tajfel y Turner, 2004), las teorías basadas en el estatus (Ridgeway, 2001) y las teorías de los estereotipos (Cuddy et al., 2007; Fiske et al., 2002). Existen solapamientos
Caso de estudio

Cataluña se ha considerado un ejemplo clásico de nación sin estado o minoría nacional en la literatura sobre nacionalismo (Guibernau, 1999; Keating, 2001; Kymlicka, 1996) debido a un alto grado de autonomía política y a una fuerte identidad nacional definida por una historia, una lengua y una cultura comunes que se distinguen del resto de España. Sin embargo, la población de la región dista mucho de ser homogénea en cuanto a ascendencia y lengua. En cuanto a la ascendencia, la diversidad de la población catalana

Estudio 1: Una auditoría por correspondencia sobre la discriminación de las minorías étnicas

Los datos del Estudio 1 están a disposición del público (Lancee et al., 2021) y proceden de la primera auditoría de correspondencia armonizada transnacional -el estudio GEMM- que se llevó a cabo de noviembre de 2016 a mayo de 2018 en cinco países europeos: Alemania, Países Bajos, Noruega, España y Reino Unido. El estudio GEMM también representa la primera auditoría de correspondencia sobre discriminación étnica en el mercado laboral español que permite una evaluación independiente de la región de Cataluña. El estudio GEMM utilizó
Estudio 2: Una encuesta en línea sobre las percepciones del nombre

El Estudio 2 es una encuesta en línea prerregistrada10 sobre percepciones del nombre con una muestra de 789 individuos de entre 18 y 64 años residentes en la región de Cataluña. El estudio se diseñó para abordar las tres posibles explicaciones de los resultados del Estudio 1 comentados anteriormente. Pedimos a los encuestados que valoraran distintas combinaciones de nombres y apellidos en términos de
Conclusión

Este artículo se ha centrado en el caso de Cataluña, una región de España con una gran diversidad lingüística y ancestral entre su población autóctona mayoritaria. El caso de Cataluña pone de relieve la complejidad de interpretar los resultados de los experimentos de campo sobre discriminación étnica en la contratación en contextos multilingües. El enfoque adoptado aquí nos ayuda a comprender mejor las sociedades multilingües como Cataluña, en las que la lengua sirve como marcador de ascendencia, identidad y clase social. En consecuencia, una

Declaración de contribución a la autoría del CRediT

Mariña Fernández-Reino: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Adquisición de fondos, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Software, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición. 

Mathew J. Creighton: Adquisición de fondos, Recursos, Investigación, Redacción - revisión y edición."

(Science direct, Vol. 119, marzo, 2024, traducción DEEPL, notas en el original)

19/1/24

Dos experimentos evidencian discriminación laboral severa contra solicitantes de empleo “castellanos” en Cataluña durante el procés... esta discriminación fue elevada en el conjunto de Cataluña y pudo llegar a ser extraordinariamente elevada en el caso de las empresas ubicadas en las regiones de mayor apoyo a la independencia (Javier G. Polavieja, estudio presentado en la V Conferencia Anual de Sociología Experimental)

 "(...) Las dinámicas de construcción de barreras étnicas son dinámicas universales, cuyos patrones y consecuencias son bien conocidos por los estudiosos del conflicto étnico. Una vez desatadas, estas dinámicas dan lugar a procesos de polarización identitaria a menudo difíciles de embridar (sobre todo si se azuzan en sociedades con altos niveles de desafección política y baja confianza en las instituciones, como es el caso de nuestra peculiar “Dinamarca del Sur”). A pesar de los esfuerzos iniciales de las elites soberanistas por presentar el procés como un movimiento amable e inclusivo (“la revolució dels somriures”), las dinámicas endogrupo-exogrupo generan fracturas sociales que pueden llegar a ser profundas -y, en algunos casos, definitivas. Por fracturas debemos entender, no sólo conflictos en el plano simbólico-discursivo, sino, sobre todo, procesos objetivos (y, por tanto, mensurables) de exclusión o cierre social. La discriminación en el ámbito económico, especialmente en los mercados laborales, es uno de los principales mecanismos que conocemos de cierre social, pues dificulta el acceso de los miembros del exogrupo a recursos materiales escasos, como es el empleo, fuente principal de ingresos en las sociedades contemporáneas.

La existencia de discriminación en los mercados de trabajo resulta, sin embargo, particularmente difícil de contrastar empíricamente. El problema es que la mera evidencia de brechas (diferencias) observables en cualquier dimensión objetivable del logro laboral entre diferentes grupos sociales no constituye en sí misma evidencia de procesos de discriminación –pues dichas brechas podrían deberse a una distribución desigual de recursos, preferencias y/o capacidades no observables para el investigador. Por eso, para demostrar la existencia de barreas étnicas objetivas, no basta con encontrar brechas (en empleo, salarios, trayectorias laborales, etc), sino que es necesario identificar la existencia de procesos discriminatorios contra el exogrupo y esto último es metodológicamente mucho más costoso. Tal vez por esta razón –y también porque plantear la posibilidad de que exista discriminación contra poblaciones autóctonas ha sido poco menos que anatema en nuestro país–, apenas existe investigación empírica sobre esta cuestión en las ciencias sociales españolas. 

Hoy podemos empezar a rellenar esta laguna gracias a los datos aportados por dos experimentos de campo: el experimento GEMM y el experimento CAT-H, cuyos hallazgos principales he tenido ocasión de presentar en la V Conferencia Anual de Sociología Experimental, conferencia internacional celebrada recientemente en Madrid. Siguiendo las recomendaciones de nuestra principal entidad financiadora, el Consejo Europeo de Investigación, comparto a continuación dichos hallazgos con el fin de contribuir a su difusión pública.

El proyecto GEMM: una ventana única para el estudio de la discriminación laboral contra solicitantes de empleo “castellanos” en Cataluña

Entre 2016 y 2018, un equipo de investigadores de las universidades de Ámsterdam, Utrecht, Oxford, Oslo, Carlos III de Madrid y el Centro de Ciencias Sociales de Berlín (WZB), completamos el trabajo de campo del mayor estudio sobre discriminación laboral realizado en Europa, el proyecto GEMM (Growth, Equal Opportinities, Migrations and Markets). El estudio GEMM es un experimento de campo (test de correspondencia online) armonizado, diseñado para detectar discriminación en el acceso al empleo en cinco países europeos (Alemania, España, Noruega, Países Bajos y Reino Unido). En este tipo de experimentos, los investigadores enviamos currículos ficticios a vacantes laborales reales, aleatorizando aquellos “tratamientos” de interés para nosotros (en este caso, el ancestro étnico de nuestros solicitantes), mientras mantenemos idénticas el resto de características curriculares. Esto nos permite averiguar si nuestros tratamientos influyen (o no) sobre la probabilidad de que las empresas se interesen por nuestros solicitantes, así como estimar cuánto influyen –dentro de unos márgenes de error estadístico que también podemos calcular.  Los experimentos de campo son la herramienta más avanzada para el estudio de procesos de discriminación laboral. Aunque GEMM no fue diseñado expresamente para identificar discriminación entre grupos étnicos autóctonos, la coincidencia temporal entre el procés catalán y el trabajo de campo del experimento en España nos ofrece una ventana de observación única para estudiar si hubo discriminación laboral contra solicitantes de empleo “castellanos” en Cataluña entre 2016 y 2018.

¿Cómo medimos la discriminación contra los “castellanos” en Cataluña?
En su diseño original, el experimento GEMM sólo incluía un “tratamiento” para la población autóctona en cada país. En el experimento español, este tratamiento corresponde a jóvenes solicitantes de empleo nativos (descendientes de padres españoles) con nombres y apellidos “castellanos”. Como explico con más detalle en este anexo técnico, para identificar la discriminación en el empleo contra este grupo “castellano-descendiente” en Cataluña, utilizamos como grupo de referencia a solicitantes de empleo curricularmente idénticos en todas las características relevantes (incluida la nacionalidad española), pero cuyos padres nacieron en cinco países de Europa occidental (Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos y Reino Unido). Al utilizar a este grupo de ascendencia europea como grupo de referencia (que llamamos altergrupo), capturamos exclusivamente la parte de la discriminación laboral que se debe al rechazo étnico (o discriminación negativa) contra el grupo castellano-descendiente, pero no capturamos la parte de la discriminación que se pudiera deber a la llamada homofilia étnica, que es la tendencia de los empleadores a preferir candidatos de su mismo grupo étnico (discriminación positiva). Precisamente para estudiar este segundo componente potencial de la discriminación, realizamos el experimento auxiliar CAT-H (que explico más abajo). 
¿Hubo discriminación negativa contra los “castellanos” en Cataluña?

Utilizando una submuestra de datos provenientes de unas tres mil empresas testadas a lo largo del territorio español, hemos calculado la probabilidad de respuesta positiva (muestra inequívoca de interés en el candidato) por parte de los empleadores para solicitantes españoles  de ancestro europeo o altergrupo (en adelante, “euro-descendientes”), solicitantes españoles de padres españoles y apellidos “castellanos” (en adelante, “castellano-descendientes”) y solicitantes españoles descendientes de padres del Magreb, África Subsahariana y Oriente Medio (en adelante, “África-Magreb-OM”) para ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco-Navarra y otras comunidades catalanoparlantes (Valencia y Baleares). En el experimento GEMM, todos los solicitantes ficticios tienen experiencia laboral en Madrid, ciudad en la que residen en el momento de cursar su solicitud de empleo online. Sin embargo, cuando la oferta de empleo corresponde a una comunidad con lengua propia, señalizamos en los currículos que el candidato/a es originario/a de dicha comunidad y que conoce su lengua propia (en el caso del catalán, señalizamos dominio de la lengua, en el caso del vasco, sólo conocimiento). Incluimos en el análisis a los descendientes de África-Magreb-OM porque sabemos, por trabajos previos, que este colectivo sufre las tasas más altas de discriminación en España (y en Europa) y esto nos permite utilizarlos como categoría “baliza”, para calibrar mejor la intensidad de la posible discriminación contra los castellano-descendientes en Cataluña. Las probabilidades de respuesta positiva las hemos calculado utilizando un sencillo modelo de regresión que incluye controles por el tipo de vacante ofertada, por lo que deben entenderse como promedio de las seis ocupaciones analizadas en GEMM (véase anexo técnico). Pues bien, ¿qué encontramos?

(...) presentamos los resultados para la Comunidad de Madrid y Cataluña. Estas dos regiones son muy similares en niveles de PIB y estructura económica y concentran el mayor número de ofertas vacantes en el experimento GEMM español (un quinto y un cuarto del total respectivamente). El contraste en las respuestas de los empleadores en ambas regiones resulta revelador: En Madrid, los solicitantes euro-descendientes y los castellano-descendientes presentan probabilidades de respuesta positiva muy parecidas, de en torno al 27 y 29 por ciento respectivamente, una diferencia mínima que no resulta estadísticamente significativa. Es obvio que ninguno de estos dos grupos está discriminado negativamente en Madrid. Sin embargo, en Cataluña la situación es distinta, pues, si bien la tasa de respuesta positiva para los euro-descendientes es estadísticamente indistinguible de la que observamos en Madrid, la tasa de respuesta para los castellano-descendientes baja casi diez puntos porcentuales, hasta el 20 por ciento. Esta sí es una tasa significativamente menor en términos estadísticos que la que observamos para los euro-descendientes en Cataluña. En los estudios de discriminación laboral utilizamos el llamado Ratio de Rellamada (CBR, en sus siglas en inglés) como medida estándar de discriminación. Si usamos a los euro-descendientes como grupo de referencia (altergrupo) y dividimos su tasa media de respuesta positiva por la de los castellano-descendientes, obtenemos un CBR de 1.43 en Cataluña. Esto significa que, para obtener una respuesta positiva por parte de los empleadores catalanes, un solicitante castellano-descendiente, que buscara empleo desde Madrid entre 2016 y 2018, habría tenido que enviar un cuarenta por ciento más de solicitudes que un solicitante idéntico (que también buscara empleo desde Madrid) pero descendiente de padres europeos.

 Esta tasa de discriminación (que no incluye el posible efecto de la homofilia étnica en Cataluña) estaría prácticamente en la media de las estimaciones de discriminación observadas para los Afroamericanos en EE.UU. cuando se los compara con candidatos anglo-descendientes curricularmente idénticos (CBR=1.45). En Cataluña, los niveles de discriminación contra los castellano-descendientes no llegan a ser tan severos como los que observamos contra los descendientes de África-Magreb-OM, quienes tendrían que mandar el doble de solicitudes que los euro-descendientes para obtener una respuesta positiva. Nótese, sin embargo, que los niveles de discriminación contra los “castellanos” en Cataluña son muy similares a los que observamos contra los descendientes de África-Magreb-OM en Madrid (CBR= 1.43 vs CBR=1.46, diferencia que no llega a ser estadísticamente significativa). En conclusión, estos hallazgos sugieren que, entre 2016 y 2018, en Cataluña hubo discriminación significativa contra los solicitantes de empleo con apellidos castellanos y residencia postal en Madrid, a pesar de que en sus solicitudes se indicara procedencia catalana y dominio del catalán

Es importante destacar que este tipo de discriminación parece darse exclusivamente en Cataluña, pues, al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid, tanto en el País Vasco-Navarra como en Valencia-Baleares, los castellano-descendientes obtienen tasas de respuesta positiva estadísticamente indiferenciables de la de los euro-descendientes (excluimos Galicia de este análisis por carecer de suficiente número de ofertas vacantes en esta comunidad). Más allá de Cataluña no encontramos, por tanto, evidencia significativa de discriminación negativa contra los castellanos-descendientes (... ). 

¿Hubo (además) homofilia étnica en Cataluña?El experimento CAT-H

Como ya se ha explicado más arriba, el diseño original del proyecto GEMM no incluía solicitantes nativos que no tuviesen nombres y apellidos castellanos. Por eso, para estudiar la homofilia étnica en Cataluña, desde el Laboratorio de la Desigualdad y la Discriminación (D-Lab), realizamos un segundo experimento, que llamamos CAT-H (Catalan Homophily), como experimento auxiliar del estudio GEMM. Entre marzo y mayo de 2018, enviamos casi trescientos nuevos solicitantes ficticios a vacantes reales ofertadas en Cataluña, siguiendo el mismo diseño de GEMM. Estos nuevos candidatos eran idénticos a los candidatos ficticios de GEMM en todas sus características curriculares, incluidas la experiencia laboral y la residencia postal madrileñas, pero esta vez utilizamos nombres y apellidos reconociblemente catalanes. Nos interesaba saber cuál sería la respuesta media a estos candidatos en Cataluña y, más específicamente, contrastar las posibles diferencias en las respuestas entre las empresas ubicadas en las provincias mayoritariamente pro-independentistas del norte (Girona y Lleida) y aquellas ubicadas en las provincias mayoritariamente no independentistas del sur (Barcelona y Tarragona) (nota: los datos para el sur reflejan fundamentalmente el comportamiento de las empresas de Barcelona, donde se concentran el noventa por ciento de todas las ofertas de empleo de la región sur y el ochenta por ciento del total de ofertas en Cataluña). Utilizando de nuevo una regresión con controles por tipo de vacante ofertada (ocupación), podemos calcular las probabilidades media de respuesta positiva a solicitantes catalano-descendientes en estas dos zonas geográficas. ¿Qué encontramos?

Como podemos observar en la Figura 3, las probabilidades medias de respuesta positiva para los castellano-descendientes no difieren significativamente entre el norte y el sur de Cataluña, por lo que cabría concluir que el rechazo al exogrupo castellano es probablemente similar a lo largo del territorio catalán (datos GEMM, 2016-2018). Sin embargo, la tasa de respuesta positiva para los catalano-descendientes que encontramos en el experimento CAT-H sí difieren notablemente entre ambas zonas: en Barcelona-Tarragona, los solicitantes catalano-descendientes tienen una probabilidad media de respuesta positiva de en torno al 29 por ciento, mientras que en Girona-Lleida esta probabilidad se dispara por encima del 40 por ciento, lo cuál sugiere una fuerte homofilia étnica en el norte del país.

 Suponiendo que la probabilidad media de respuesta positiva a los castellano-descendientes observada en el experimento original GEMM  (realizado desde noviembre de 2016 a finales de febrero de 2018)  se hubiese mantenido inalterada en Cataluña en los meses de marzo a mayo de 2018 (suposición que no nos parece excesivamente temeraria), podríamos concluir que, en Girona-Lleida, los solicitantes de empleo con nombres castellanos y residencia en Madrid tendrían que mandar el doble de solicitudes de empleo que solicitantes con idénticos currículos (incluida la dirección postal madrileña) y nombres catalanes, a pesar de que ambos reportan idénticos niveles de competencia lingüística; mientras que en Barcelona-Tarragona “sólo” tendrían que enviar un 40 por ciento más. La discriminación medida en todo su rango (rechazo al exogrupo + homofilia étnica) podría haber alcanzado así niveles extremos en Girona-Lleida, siendo el segundo componente de la discriminación (la homofilia) lo que marca la diferencia con las provincias del sur (nota: conviene tener en cuenta, no obstante, que los márgenes de error son amplios en las provincias del norte, pues contamos con poco más de cien empresas que ofertaran vacantes en el periodo estudiado y esto reduce la precisión de nuestros estimadores). 

 A modo de conclusión

Los hallazgos presentados en este artículo permiten concluir, con una alta probabilidad estadística, que en la Cataluña del procés hubo discriminación laboral significativa contra solicitantes de empleo con nombres y apellidos castellanos (y residencia postal en Madrid), a pesar de que en sus currículos se indicaba procedencia catalana y dominio del catalán. Nuestras estimaciones sugieren que esta discriminación fue elevada en el conjunto de Cataluña y pudo llegar a ser extraordinariamente elevada en el caso de las empresas ubicadas en las regiones de mayor apoyo a la independencia. Que sepamos, estos son los primeros estimadores de discriminación laboral para poblaciones autóctonas españolas reportados desde las ciencias sociales. Aunque los experimentos de campo no nos permiten demostrar un vínculo directo entre barreras simbólicas (discursos públicos) y barreras objetivas (pues no podemos observar los procesos mentales que guían las decisiones de contratación de los empleadores), nuestros estimadores evidencian la existencia de cierre social con efectos claros –y preocupantes– sobre la igualdad de oportunidades

Esta evidencia plantea, en mi opinión, cuatro preguntas ineludibles: Primera, ¿cuáles hubieran sido nuestros estimadores de discriminación si el estudio se hubiera realizado antes del procés o si se realizara hoy? Es decir, ¿hasta qué punto son coyunturales los niveles de discriminación encontrados? Segunda, ¿pudo haber también discriminación contra solicitantes catalano-descendientes en el resto de España? Es decir, ¿podríamos haber encontrado efectos simétricos resultantes de la polarización étnica fuera de Cataluña durante el procés? ¿Y antes? ¿Y hoy? Tercera, ¿hasta qué punto nuestros hallazgos dependen de la residencia postal y la experiencia laboral madrileñas? ¿Hubiéramos encontrado niveles de discriminación similares para solicitantes castellano-descendientes nacidos en Cataluña y con residencia postal y experiencia laboral catalanas? ¿Y antes del próces? ¿Y hoy? Y, cuarta, ¿por qué no ha habido investigación empírica sobre discriminación contra minorías autóctonas en regiones con fuerte identidad nacional en España? Es decir, ¿por qué no podemos, a día de hoy, responder a ninguna de las tres preguntas anteriores? ¿Hay algún investigador serio que considere, honestamente, que estas preguntas no son relevantes?

La investigación sobre discriminación contra minorías autóctonas en regiones con fuerte identidad nacional constituye material políticamente inflamable en nuestro país. Esto ha hecho que se convierta poco menos que en un tema tabú para las ciencias sociales. Sin ponernos demasiado solemnes, convendría recordar que las ciencias sociales, que se nutren fundamentalmente de fondos públicos, tienen como deber fundamental el ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento de nuestras sociedades. Para ello, es imprescindible poder explicar cuáles son –y cómo funcionan– los mecanismos implicados en la producción y reproducción de las desigualdades sociales, de todas las desigualdades sociales, moleste a quien moleste. Necesitamos urgentemente más investigación –y menos escurrir el bulto. "               (Javier G. Polavieja, Agenda Pública, 13/09/23)

28/8/23

La selección de personal, que afectan a cargos de la Administración, ha sido monopolizado por una consultora mimada por el PNV, Campo y Ochandiano, firma que facilita el acceso a cargos públicos a personalidades del partido y simpatizantes

"Durante la última legislatura, la Administración Pública Vasca ha gastado, al menos, 4,6 millones de euros en contratos con consultoras de selección de personal. La cifra asciende a 6,9 millones cuando la búsqueda se amplía a contratos realizados entre los años 2008 y 2023.

La plataforma por la transparencia Gardena ha investigado los contratos públicos destinados a este servicio, la selección de personal, que afectan a cargos de la Administración. El trabajo revela que este sector también ha sido monopolizado por una consultora mimada por el PNV, como Campo y Ochandiano, firma que facilita el acceso a cargos públicos a personalidades del partido y simpatizantes.

Solo los entes dependientes del Gobierno Vasco acumulan 5,4 millones desde el 2008, de los cuales 3,3 millones se concentran desde el 2019 hasta julio del 2023. La distribución del gasto por institución está encabezada por la entidad pública Eusko Trenbideak con cerca de 1,2 millones, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) con 684.171 euros y la Agencia Vasca de Internacionalización con 600.792.

La consultora preferida

La consultora Campo y Ochandiano concentra el 40% del gasto total de los entes públicos vascos en materia de selección de personal. En total, más de 2,7 millones facturados desde 2008 a lo largo de más de 360 adjudicaciones públicas, la mayoría de ellas mediante contratos menores. En segundo lugar, figura Atlas Servicios Empresariales (anteriormente ADECCO), con 900.000 euros, y en tercera posición ieTeam Consultores, con 600.000. La directora de Internacionalización de esta última es Leire Iturbe, cuñada de Alexander Arriola, exdirector de la Spri que ahora trabaja en la empresa privada Eurocybcar, contratista precisamente de la entidad pública Spri.

La cifra de Campo y Ochandiano podría ser muy superior, ya que no todos los entes públicos registran sus contratos en los Portales Oficiales de Contratación. Según Gardena, comparada con empresas similares de su sector, “Campo y Ochandiano se dispara en cuanto a los criterios de Margen y Rentabilidad. Por el contrario, “la Solvencia (parámetro clave en los procesos de adjudicación público) o el Endeudamiento no son, claramente, sus puntos fuertes”. Gardena considera “llamativo” que “una consultora de selección con una media de tan solo 8 empleados (cifra que no ha experimentado crecimiento desde el 2019)” pueda “abordar todos los procesos de selección que le son encomendados”.

Gardena advierte que “no son pocas las ofertas de empleo público que se publican sin cumplir con la normativa vigente en cuanto a publicidad, lamentablemente también son prácticas habituales la ambigüedad en la definición de los perfiles o la omisión de los criterios que regirán la baremación de méritos”.

La plataforma por la transparencia también denuncia que “todo proceso de concurrencia competitiva que se celebre en una institución pública debe regirse por los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica.” Sin embargo, indica, “muchos procesos de selección de personal público acaban pareciendo un Réquiem por dichos principios en vez de en los garantes de su cumplimiento”. Y concluye: “ofertas con perfiles que parecen definidos ad hoc, a las que no son pocas las candidaturas que se presentan y que, pese a cumplir con los requerimientos, son descartadas, sin pruebas adicionales y sin argumentar motivación alguna”.

La plataforma apoya estas declaraciones con un dato relevante: si te presentas a una oferta de Metro Bilbao, de las Autoridades Portuarias de Bilbao o de Pasaia o a alguno de los Parques Tecnológicos de Euskadi, tienes un 100% de probabilidades de que la empresa que lleve a cabo el proceso de selección sea Campo y Ochandiano.

Las polémicas selecciones de Campo y Ochandiano

Hace algunos meses, José A. del Moral recordaba en Crónica Vasca que el exburukide Asier Atutxa, ahora al frente de la consultora PWC en el área Norte, empezó a trabajar en la empresa de su mujer y, con menos de 30 años, se colocó como flamante director de recursos humanos del recién inaugurado Museo Guggenheim en 1997. Esta contratación generó polémica y obligó al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a investigar lo que había ocurrido en lo que aparentaba ser un “enchufazo”. Para ello pidió toda la información a la agencia que se había encargado del proceso de selección, Campo y Ochandiano, y la consultora respondió que la había destruido, por lo que no se pudo comprobar si alguno de los otros 200 candidatos estaba mejor capacitado que Asier Atutxa.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha reprochado en varias ocasiones algunos de estos servicios contratados con Campo y Ochandidano y el Ararteko lleva varios años recibiendo denuncias por supuestas irregularidades en procesos de selección encargados a esta consultora.

Asier Atutxa estuvo acompañado en el museo vasco de un viejo conocido de su familia. Fernando Ordorika, exertzaina que ejerció de escolta del consejero de Interior Juan Mari Atutxa, fue coordinador de Seguridad del Guggenheim cuando Asier Atutxa ejercía de jefe de personal del museo. El proceso de selección para el puesto en el área de Seguridad también había sido encargado a la consultora Campo y Ochandiano. En 2014, Ordorika fue seleccionado de nuevo por Campo y Ochandidano como Jefe de División de Protección en la Autoridad Portuaria de Bilbao, con Asier Atutxa en la presidencia del Puerto.

Mientras la consultora preferida por la Administración Pública venía eligiendo personalidades del PNV para ocupar cargos públicos, coincidiendo con el octavo día de huelga de los orientadores y orientadoras del Museo Guggenheim, los huelguistas conocieron en agosto del 2016 que serían despedidos. Denunciaron entonces que no tendrían oportunidad de participar en el nuevo proceso de contratación encargado a Campo y Ochandiano, “muy vinculada al Patronato del museo”.

Un caso significativo de los resultados de este tipo de procesos de selección encargados a Campo y Ochandiano data del año 2015. Por entonces, la Fundación Euskadi Kirolak abrió un proceso selectivo para coordinador de la entidad al que se incorporaron 183 aspirantes. Entre los cuatro primeros elegidos por la consultora se encontraban: Olatz Legarza, exteniente alcalde de Kortezubi por el PNV; Sabin Anuzita, exedil jeltzale en el Ayuntamiento de Bilbao que se había incorporado a la empresa privada Tecuni, a su vez contratista del consistorio bilbaíno; e Iñaki Mujika, miembro de la candidatura nacionalista al Ayuntamiento de Artea.

Condenados por corrupción, seleccionados

El exburukide Koldo Ochandiano, condenado en 2019 por su participación en la trama de corrupción denominada “caso De Miguel”, había fichado como contable en una entidad pública, el parque tecnológico de Miñano, tras superar un proceso de selección a través de Campo y Ochandiano. Pese a la condena, Koldo Ochandiano siguió manteniendo su puesto de trabajo hasta enero de 2023. No es el único jeltzale condenado por corrupción que accedió a un cargo público a través de Campo y Ochandiano.

En 2011, EH Bildu criticó la contratación de Sorkunde Aiarza, exalcaldesa de Zamudio por el PNV condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuando era coordinadora del Museo de Reproducciones de Bilbao, puesto de trabajo que sigue ocupando en la actualidad. El PP fue más allá y denunció los criterios de selección aplicados por la consultora Campo y Ochandiano, “siempre la misma” añadió. Además, el PP llegó a afirmar que varios candidatos “están francamente cabreados, pero no pueden protestar porque entrarían a conformar la lista de los descartados a priori”. Seis años después, en 2017, EH Bildu volvía a denunciar posibles contrataciones irregularidades en torno a un proceso de selección de un técnico o una técnica de comunicación a la Entidad Bilbao Bizkaia Museoak a través de una oferta publicada en prensa por la empresa Campo y Ochandiano.

Toda la oposición en Juntas Generales de Bizkaia (EH Bildu, Podemos, PP y Grupo Mixto) coincidieron en poner bajo sospecha el proceso de selección para un puesto en la entidad pública Zugaztel, encargado en el año 2016 a Campo y Ochandiano. La consultora eligió como candidata a una edil del PNV en Loiu, Ana María Soto. Hay que reseñar que en las Juntas Generales de Bizkaia se ha requerido en varias ocasiones información sobre diversos procesos de selección contratados con Campo y Ochandiano.

En el sector privado, Campo y Ochandiano también ha protagonizado polémicas en procesos de selección de personal. En el año 2000, los sindicatos de Tubacex la acusaron de actuación discriminatoria contra las mujeres. Cuando Confebask decidió en 2010 que el proceso interno para sustituir a su director general fuera por invitación directa, este criterio aplicado por la empresa adjudicataria del servicio, Campo y Ochandiano, permitió que “la primera nómina de candidatos seleccionados reflejara”, según palabras del diario El País, “una significativa mayoría ligada a opciones nacionalistas”. 

Dispendio a costa del erario público

El gasto público en contratación de consultoras de selección de personal ha generado iniciativas en el Parlamento Vasco. Por un lado, el parlamentario Josu Estarrona (EH Bildu) ya solicitó la información sobre el gasto de los entes públicos dependientes del Gobierno Vasco en Consultoras de Selección externas para sus procesos de selección entre los años 2008 y 2018.

Según el análisis realizado por el periodista Iker Rioja en torno a la respuesta del Gobierno Vasco a la pregunta parlamentaria, “la cuota de mercado de Campo & Ochandiano crece, además, cuando la que hace el encargo es una sociedad dependiente de un Departamento con un consejero del PNV”. El 66% de la facturación de la empresa procedía de adjudicaciones realizadas por los nacionalistas vascos.

De hecho, el proceso de selección era mucho más económico y, en ocasiones, incluso gratuito si lo gestionaba el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) o el Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP). Este tipo de polémicas generadas por la contratación de la consultora han traspasado las fronteras vascas. A finales del año pasado, los costes para el erario público de los servicios de Campo y Ochandiano generaron preguntas parlamentarias y titulares de prensa en La Rioja.

En 2011, el sindicato LAB ya había denunciado “el dispendio que supone convocar una nueva selección de empleados” a través de Campo y Ochandiano” “cuando ya existe una bolsa de trabajo” en Metro Bilbao."                           (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 28/08/23)

23/5/23

El 'conseller' de Salud justifica el despido de la enfermera que criticó el C1 de catalán... ha tildado el contenido de "ofensivo" hacia el procedimiento de oposiciones

Ver:  "Puigdemont exige al Govern el despido de una enfermera, gaditana, por "lingüicidio" del catalán después de que ésta se quejase de su obligatoriedad para trabajar... así que la Generalitat anuncia sanciones contra la interina... pero Xavier Rius la apoya "Bego, estamos contigo"... y acusa a la Generalitat de tener una doble vara de medir... con los insultos de TV3 (el "puta España" o que había que "oler españoles") no dice nada"   (Nacionalismodeandarporcasa, 03/03/23)

 

 "Al conseller de Salud, Manel Balcells, no le quita el sueño que se haya quedado sin trabajo la enfermera del Hospital Vall d'Hebron que criticó el C1 de catalán

Así lo han evidenciado sus declaraciones en El Matí de Catalunya Ràdio, donde ha justificado que no se le haya renovado el contrato al considerar "intolerable" que se quejase de la obligatoriedad de acreditar el nivel C1 de catalán para acceder a una plaza pública en Cataluña. 

"No era tolerable, no solo por el contenido de las declaraciones sino porque una enfermera no puede hacer un Tik Tok en horas de trabajo, con la bata, etcétera", ha expresado el consejero, que ha tildado el contenido de "ofensivo" hacia el procedimiento de oposiciones.

El hospital no renueva el contrato

El vídeo de Begoña Suárez, una profesional sanitaria andaluza proveniente de Cádiz, alcanzó la viralidad a principios de marzo y despertó reacciones negativas en redes sociales así como de instituciones como el propio Govern, que acabó abriendo un expediente contra la joven. El hospital le abrió expediente, y el propio conseller apoyó la propuesta de sanción al considerar "intolerables" sus palabras, prometiendo que llegarían "hasta el fondo de la cuestión". 

Tras las imágenes, la enfermera fue víctima del linchamiento por parte de varias figuras públicas como el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, entre otros representantes. Finalmente, aunque no se han aplicado contra ella las medidas disciplinarias que se anunciaron en un primer momento, el centro sanitario ha decidido no renovar el contrato de la profesional.

 Algo que el consejero ha justificado este lunes: "Ha decaído el procedimiento porque ya ha completado el tiempo de contrato, no se le ha renovado porque eran suficientes todos los motivos por los que se le abrió el expediente". 

El C1, "una necesidad"

En este sentido, Balcells ha defendido que se la haya expulsado del hospital porque "la población necesita que se le pueda atender con su lengua, sea cual sea". (...)"                   (Noelia Carceller, Crónica global, 03/04/23)

 

 

10/4/23

"El puto C1 de catalán se lo va a sacar mi madre", grabó Begoña Suárez, enfermera con inconfundible deje gaditano, entre risas y opiniones contrarias de sus compañeras a principios de marzo. Pues, de patitas en la calle... la joven tampoco pretendía levantar ninguna campaña política. Simplemente expresó su contrariedad y enojo. Porque, en efecto, es contradictorio que la contrataran sin que supiera ni una palabra de catalán, y ahora le exijan un nivel tan elevado para opositar. Para entender y atender al público catalanohablante es suficiente con tener conocimientos orales (certificado B1), un deber que nadie cuestiona. A la joven enfermera no le han perdonado el desparpajo con el que hablaba de "el puto C1 de catalán"... En Cataluña, la política lingüística se rige por una "dictadura blanca", término que ya utilizó Josep Tarradellas en los ochenta refiriéndose al pujolismo, que no mata ni asesina, ni mete a la gente en la cárcel, pero que marca los límites de lo que se puede o no decir. Y si traspasas ese límite, te vas a la puta calle

 "El puto C1 de catalán se lo va a sacar mi madre", grabó Begoña Suárez, enfermera con inconfundible deje gaditano, entre risas y opiniones contrarias de sus compañeras a principios de marzo. Pues, de patitas en la calle. Eso es lo que le ha pasado. Trabajaba en el Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona y grabó en Tiktok esa queja sobre el requisito de pasar una prueba de conocimientos avanzados de catalán para poder opositar. Las imágenes se hicieron virales, 700 mil descargas en Tiktok y 2 millones de visualizaciones en Twitter. La denuncia suscitó la reacción colérica del mundo nacionalista, del Govern de Pere Aragonès, particularmente del consejero de Sanidad, Manuel Balcells, que ordenó la apertura de un expediente. Se agitó el fantasma de la catalanofobia. Y en redes, insultos y amenazas contra la chica.

A la enfermera, que entró a trabajar en el hospital sin ningún requisito lingüístico, se le acababa el contrato a finales de marzo, y el Departamento de Salud de la Generalitat ha decidido no renovárselo por tener abierto ese expediente disciplinario. Es un caso de clara represalia por cuestionar con tanto desparpajo esa exigencia (el certificado de C1 de catalán) para opositar, que equivale a haber cursado la educación secundaria en Cataluña. En la polémica hay que diferenciar las formas y el fondo. La joven utilizó un lenguaje inadecuado y grabó las imágenes en el centro sanitario en horas de trabajo con la bata puesta. 

Sobre lo primero, no hay que rasgarse las vestiduras. Ese es el vocabulario que utilizan coloquialmente muchos jóvenes. Y en cuanto a lo segundo, no es tan grave en la medida que se trataba de una noticia que ella comenta tras haber recibido la información de los sindicatos sobre los requisitos para las oposiciones. Además, la joven tampoco pretendía levantar ninguna campaña política. Simplemente expresó su contrariedad y enojo. Porque, en efecto, es contradictorio que la contrataran sin que supiera ni una palabra de catalán, y ahora le exijan un nivel tan elevado para opositar. Para entender y atender al público catalanohablante es suficiente con tener conocimientos orales (certificado B1), un deber que nadie cuestiona.

A la joven enfermera no le han perdonado el desparpajo con el que hablaba de "el puto C1 de catalán". Eso es lo que dolió a los que hacen de la lengua el nuevo juguete del independentismo. En Cataluña, la política lingüística se rige por una "dictadura blanca", término que ya utilizó Josep Tarradellas en los ochenta refiriéndose al pujolismo, que no mata ni asesina, ni mete a la gente en la cárcel, pero que marca los límites de lo que se puede o no decir. Y si traspasas ese límite, te vas a la puta calle."           (Joaquim Coll, 20Minutos, 01/04/23)

6/3/23

Linchamiento de una enfermera... ¿Una chica en TikTok puede hacer perder los nervios de algunos dirigentes catalanes? Libertad de expresión significa escuchar cosas que no nos gustan. Algún manager chino (TikTok) se estará muriendo de risa... Puigdemont acusa a la enfermera nada menos que de “linguicidio”, que suena a “homicidio” pero en materia lingüística. Como si la situación del catalán dependiera de ella... En el TN noche han asegurado que es un “vídeo contra el catalán”, no contra el certificado C-1 de catalán o contra el requisito de pedirlo para hacer unas oposiciones en Catalunya... Magda Oranich, antaño defensora de causas feministas, ha dicho que la enfermera en cuestión “tiene una pinta de tonta”... Lluís Llach llama a expulsar a la enfermera: "echémosla"... o sea, que una pareja de Mossos la esposen y la pongan 'en la frontera'

Enric Juliana Ricart @EnricJuliana

Traducido del catalán

¿Una chica en TikTok puede hacer perder los nervios de algunos dirigentes catalanes? La política se equivoca cuando se deja llevar por la ira mediática. Libertad de expresión significa escuchar cosas que no nos gustan. Algún manager chino (TikTok) estará haciendo un harto de risa.

Una noia a TikTok pot fer perdre els nervis d’alguns dirigents catalans? La politica s’equivoca quan es deixa emportar per la ira mediàtica. Llibertat d’expressió vol dir escoltar coses que no ens agraden. Algún manager xinès (TikTok) deu estar fent un fart de riure.

"La joven pide disculpas por si "alguien se ha podido sentir ofendido", pero se ve víctima de un "señalamiento nacionalista"" (La Vanguardia, 03/03/23)



11:54 a. m. · 3 mar. 2023
89 mil Reproducciones 71 Retweets 32 Tweets citados 380 Me gusta

 "Voy a contarles una experiencia personal. 

Hace años un hijo mío se rompió un dedo. Estando de vacaciones por la zona de Tarragona, en plena Semana Santa, le saltó el yeso de la mano. Fuimos al CAP.

Nos derivaron al hospital de Reus, el más cercano. Tras seis horas en la sala de espera nos atendió un médico. En apenas un periquete volvió a meter el yeso en su sitio.

Eso sí: Era alemán. No hablaba ni una gota ni de catalán ni de castellano. No me quejé.

Fue una de las primeras medidas que hizo Marina Geli tras ser nombrada consejera de Salud: despedir a médicos veteranos. Entonces tuvo que contratar, deprisa y corriendo, facultativos extranjeros.

En medicina la veteranía debería considerarse un grado. (...)

Un último detalle sobre la experiencia: en la sala mi hijo y yo éramos los únicos autóctonos en el sentido exacto del término. Los hay que elogian la sanidad pública -como la escuela- pero luego se van a la privada o a la concertada.

Viene todo esto a cuento por el caso de Begoña Suárez, la enfermera interina de Cádiz a la que le exigen para unas oposiciones, el puto C-1 de catalán en declaraciones suyas.

Desde luego ha hecho mal. Y además colgarlo en las redes.

Pero varias cosas:

1) No sé si algunos de los que vociferan tanto lo sacarían. Incluido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que suspendieron tres veces en la carrera por faltas de ortografía.

Me lo contó un día una fuente tan fidedigna como su exprofesor, Salvador Oliva, el mejor especialista en Shakespeare que tenemos, motivo por el que tuvo que trasladar el expediente de Girona a la UAB. Aún así acabó dejando la carrrera.

Carles Puigdemont acusa a la enfermera en cuestión nada menos que de “linguicidio”, que suena a “homicidio” pero en materia lingüística. Como si la situación del catalán dependiera de ella. Espero que, en el futuro, no necesitemos a enfermeras -como les está pasando en Inglaterra o en Holanda- y las tengamos que importar sin el C-1.

Puigdemont, además, retuitea un fotógrafo que la acusa, entre otras cosas de “catalanofobia” y exige su despido inmediato. El mismo que le dijo en su día a un diputado de Ciudadanos -en este caso Jordi Cañas- “chuloputas”, “prepotente” y “maleducado”. Un parlamentario -sea de Ciudadanos o de la CUP, da igual- con la ley en la mano representa a la soberanía popular, no sólo a sus votantes.

La reacción del conseller de Salut, Manuel Balcells, ante la queja de Puigdemont, ha sido también fulminante: declaraciones "intolerables”. Balcells, por cierto, retuitea Rac1, no Catalunya Ràdio. (...)

Mientras que en TV3 y medios afines no han parado de echar leña al fuego por una chica que -vistas las apariencias está en la veintena. En el TN noche han asegurado que es un “vídeo contra el catalán”, no contra el certificado C-1 de catalán o contra el requisito de pedirlo para hacer unas oposiciones en Catalunya.

La presentadora del Planta Baixa, Agnès Marquès, ahora entiendo por qué la pusieron, ha dejado claro que el vídeo “hace mucho daño” a “una realidad que es la nuestra" mientras que una tertuliana, Magda Oranich, antaño defensora de causas feministas, ha dicho que la enfermera en cuestión “tiene una pinta de tonta”. Nadie en la mesa la ha replicado.

 Es curiosa esa doble vara de medir en Catalunya porque ninguno de los citados dijo nada cuando las estrellas de TV3 -en las redes o en programas en directo- decían aquello de “Puta España”, se metían con los españoles o incluso hacían alusiones sexuales sobre la Reina o sobre alguna menor. Y me de igual que sea princesa o infanta. Ante todo era una menor.

Entonces, en efecto, no oí a Carles Puigdemont ni a Manuel Balcells ni a Jordi Borràs ni a Toni Cruanyes ni a Agnès Marquès ni Magada Oranich ni siquiera a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, decir nada.

Un día le pregunté a esta última sobre el tema y contestó que no haría "valoraciones" sobre el tema. Parece que, desde los medios públicos, se puede ir insultando y no pasa nada.

Poco antes la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, había comparado el citado "Puta España" con hacer una "bromita" sobre esa tradición tan catalana de golpear un leñor por Navidad. Los medios han de "entretener", decía y ser "transversales".

Que la enfermera obró mal, sí. Que, además, lo colgó en las redes; también. 

Pero se agarran al catalán porque es lo último que les queda acabado un proceso que no nos ha llevado a ningún parte excepto a la mala leche y el cabreo. Incluso reaparece Pujol para pedir una gran movilización, que es también una manera de blanquearlo además de invitarlo a calçotades. (...)"        (Xavier Puig, director de e-notícies, 03/03/23)

 

 "La enfermera denuncia amenazas. "Me da mucho miedo salir a la calle".

 Begoña Suárez, la enfermera andaluza de 25 años que ha criticado tener que obtener "el puto nivel C de catalán" para poder opositar, ha manifestado en un mensaje a un amigo recogido por El Mundo, que "ahora mismo me da mucho miedo salir a la calle, por las consecuencias más allá del hospital".

"Hay gente que está muy loca y puede venir a darme una paliza. He recibido un montón de amenazas", añade. También afirma estar en estado de "ansiedad" tanto por los mensajes recibidos en las redes como por la reacción de la Generalitat.

"No voy a dejar el contrato, pero estoy tramitando la baja por estrés", cuenta después esta gaditana que lleva trabajando en el área de Pediatría del Hospital de Vall d'Hebron desde el pasado mes de julio. También admite que está recibiendo "apoyo psicológico".

El consejero de Sanidad, Manel Balcells, manifestó que "declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el Departamento de Salud llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña".     (e-notícies, 03/03/23)


"Lluís Llach: "echémosla". El cantautor llama a expulsar a la enfermera.

 El cantautor y ex diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, en un tuit en twitter, se ha manifestado también en torno a la polémica por la enfermera del Vall d'Hebron, de 25 años, que se quejó por tener que obtener "el puto nivel C de catalán" para poder opositar a una plaza fija.

"Ejerzamos los derechos que nos quedan y echémosla. Tan sencillo como eso", ha comentado Llach al respecto. De este modo ha contestado un tuit que se quejaba de "¿una trabajadora pública haciendo videos de contenido catalanófobo insultando y menospreciando la lengua en horas de trabajo?". 
    (e-notícies, 03/03/23)

3/3/23

Puigdemont exige al Govern el despido de una enfermera, gaditana, por "lingüicidio" del catalán después de que ésta se quejase de su obligatoriedad para trabajar... así que la Generalitat anuncia sanciones contra la interina... pero Xavier Rius la apoya "Bego, estamos contigo"... y acusa a la Generalitat de tener una doble vara de medir... con los insultos de TV3 (el "puta España" o que había que "oler españoles") no dice nada

 "La Generalitat ha puesto el grito en el cielo por el vídeo de una enfermera en la que se quejaba porque le pedían el certificado C de catalán para las oposiciones. Puigdemont la ha acusado de "linguicidio" y el consejero de Salud, Manel Balcells, se ha apresurado a decir que declaraciones como estas son "intolerables".

Pero no oí a nadie de la Generalitat criticar cuando en TV3 decían el "puta España" o que había "oler españoles". Ah, no: eso es sentido del humor y libertad de expresión. He aquí algunos ejemplos de esa doble vara de medir"              (Xavier Rius, director de e-notícies, 02/02/23)

 

"Tres jóvenes enfermeras del Hospital de la Vall d'Hebron se han convertido en protagonistas en las redes sociales tras colgar un vídeo donde, una de ellas, se quejaba -insultos incluidos- de que la Generalitat le exigiese "el puto nivel C de catalán" para poder trabajar en Catalunya. 

"Se va a sacar el C1 de catalán mi madre porque yo no", explicaba la enfermera, natural de Cádiz.

 El programa Tot es Mou de TV3, que presenta Helena García Melero, ha querido tratar a fondo el citado vídeo, colgado en Tik Tok. "Una enfermera ridiculiza al catalán en las redes", ha titulado el espacio de la televisión pública.

García Melero ha condenado la "desihinibición, chulería, aquel descaro que parece que todo queda bien, que será aplaudido este comentario. Que por eso lo hace. Porque si supiera que no será aplaudido ya no se atrevería a hacerlo. Pero sabe que tendrá toda una parroquia a favor".

"Se trata de despreciar a la lengua catalana para ganar popularidad, para ganar likes y este es el problema. Que alguien piense que ir contra nuestra lengua es ser guay", ha añadido la presentadora, además de recordar que la obligación de la enfermera es "acercarse" a los ciudadanos de la ciudad donde vive.

La polémica ha obligado al Hospital de la Vall d'Hebron a emitir un comunicado donde prometen investigar los hechos. "No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen nada que ver con la actividad asistencial. Es evidente que no representan al centro".

Incluso el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido intervenir en el asunto para exigir a la Generalitat que tome medidas contra la citada enfermera.  

"El odio a la lengua catalana es una constante entre muchos españoles. Algunos (jueces, policías, funcionarios) militan en la catalanofonía y se protegen entre ellos. Nos ofenden, nos insultan y les pagamos el sueldo. Hay un lingüicidio en marcha. Espero que @salutcat actúe de inmediato", ha escrito el ex president."                  (e-notícies, 02/03/23)


"El consejero de Salud, Manel Balcells, mostró en twitter su indignaría por el vídeo de la enfermera del Vall d'Hebron que se quejaba de que le exijan el "puto nivel C" de catalán para poder trabajar en Catalunya.

"Declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en eso trabajamos cada día ", ha dicho el conseller.

"Ejemplo de buenas prácticas de nuestros profesionales son los que viniendo de donde vengan tienen interés y se forman para aprender, conocer y hablar el catalán. Estos son la mayoría y queremos ponerlos en valor", ha añadido.

"El sistema de salud ofrece formación gratuita en catalán por sus profesionales porque el objetivo final es siempre el bienestar del ciudadano y garantizar los derechos de los pacientes. Comprender al paciente es clave por su seguridad", ha sentenciado."       
            (e-notícies, 02/02/23)

28/9/22

Lidia Falcón: La izquierda contra el engaño del catalanismo... Muchos fuimos los ciudadanos catalanes a los que el catalanismo nos negó el derecho al ejercicio de la función pública en la nueva administración naciente en España. Y, por ello, muchos fuimos los ciudadanos catalanes que pasamos a tener un derecho de ciudadanía limitado... millones de ciudadanos formados en la época franquista no tuvimos acceso a una formación lingüística suficiente para acceder al nuevo modelo lingüístico que empezaron a implantar las administraciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial... Por ello, lograr que el sistema educativo sea realmente bilingüe, con la participación igual del castellano y el catalán, es una reivindicación popular que fundamentalmente beneficiaría a las clases trabajadoras

 "La Constitución Española de 1979 nos trajo a los ciudadanos españoles un pacto entre el pasado y el futuro. Algunos buscamos la ruptura con el régimen franquista y la restauración de la Republica. Otros buscaron la continuidad con caras viejas. Otros la tradición monárquica con caras nuevas. Al final salió una formulación mestiza. Todos dejamos jirones en el empeño y nos preparamos para una etapa de desarrollos tácticos a la espera de que el tiempo nos ofreciera nuevas oportunidades para nuestro modelo.

El tiempo ha pasado y muchas voces han expresado su valoración a lo largo de los más de 40 años de vigencia del pacto constitucional. Se han sucedido gobiernos que han enfocado su gestión en función de sus valores y aspiraciones. Las grandes corrientes ideológicas han madurado sus posiciones. El mundo ha evolucionado y con él la política española ha ido adaptándose con mejor o menor suerte a esa evolución. Los retos son permanentes. Cada día ha tenido su afán.

El 18 de septiembre un nuevo reto llama a la puerta. ¿Es la política lingüística consensuada en el Parlamento catalán la política realmente necesaria para esta sociedad? ¿Es esta política la adecuada (para) (a) la realidad? ¿Es justa?

Los autores de este artículo llevamos sobre nuestras espaldas una larga trayectoria de un compromiso político vertebrado sobre los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Expresamos un amplio abanico de matices susceptibles aún de encontrar fórmulas de encaje para acometer nuevos retos compartidos en el futuro.

Sin embargo, a partir de este domingo 18 y, con seguridad, para la etapa que con esta fecha se abre, una reivindicación común nos aúna.

Muchos fuimos los, en ese momento, ciudadanos catalanes a los que el catalanismo nos negó el derecho al ejercicio de la función pública en la nueva administración naciente en España. Y, por ello, muchos fuimos los ciudadanos catalanes que pasamos a tener un derecho de ciudadanía limitado.

 Como nosotros en Cataluña, millones de ciudadanos formados en la época franquista no tuvimos acceso a una formación lingüística suficiente para acceder al nuevo modelo lingüístico que empezaron a implantar las administraciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial.

La situación era claramente injusta y las pocas voces que se alzaron fueron ignoradas y arrinconadas por ese catalanismo trasversal que domina la aritmética parlamentaria y que llegó a infiltrarse en la izquierda, desde el franquismo, con el lema: “Liberación de clase y liberación nacional, dos caras de la misma moneda”, enmascarando la explotación de clase con el discurso de la liberación nacional, para engañar al proletariado y a las mujeres que pueden creer que con la independencia vivirán mejor, cuando la burguesía catalana es de las más mezquinas y avarientas y quiere hacerse con la exclusiva de la plus valía.

Ahora, 40 años después, se ha puesto de manifiesto que los grupos políticos que apadrinaron ese proyecto lo que en realidad buscaban no era la recuperación de esas lenguas por el valor cultural que ello representa. Lo que buscaban y buscan era y es imponer un proyecto nacionalista para cada una de ellas, condenando a muerte a la realidad nacional española labrada durante tantos siglos.

Y el problema añadido no es lo que buscan, sino cómo lo buscan. La realidad de los hechos es que las aspiraciones nacionalistas periféricas en España, como en una carrera de relevos, han traicionado, con estrategias diferenciadas pactadas -como la Declaración de Barcelona- y prácticas, sanguinarias unos y torticeras otros, el pacto constitucional.

En realidad, responden a las pretensiones de las burguesías que pretenden hacerse con los beneficios económicos de la explotación de las clases trabajadoras, la mayoría de origen emigrante. Esas burguesías que durante la época franquista se beneficiaron de su cercanía y servidumbre a los jerarcas del régimen. Para nadie debería ser un secreto que los que ahora se muestran radicalmente independentistas son hijos y nietos, y alguno incluso protagonista, de los industriales y comerciantes que se beneficiaron de las subvenciones, regalías, comisiones y participación en los negocios de los jerarcas del régimen.

Desde finales del siglo XIX, cuando la pérdida de las colonias llevaba a la crisis económica a los diversos sectores de producción afectados, la burguesía catalana ha enarbolado los sentimientos nacionalistas para obtener beneficios económicos del Estado español, mientras se apropiaba de la plusvalía extraída a los trabajadores de toda España, que arribaban a Cataluña expulsados de sus pueblos por la explotación exhaustiva a que los condenaba el sistema feudal de sus regiones de origen.

 La manipulación de los sentimientos que utiliza constantemente los gobiernos de Cataluña para convencer a los catalanes de origen de que son sometidos al pago de cantidades exorbitantes por parte del Estado , recordad el eslogan “España nos roba”, oculta los verdaderos propósitos de la clase gobernante: hacerse con la totalidad de los bienes de producción, dejar de pagar impuestos, dejar de compartir las cargas sociales con el resto de España, y buscar apoyo internacional, indiscriminadamente, con el único propósito de debilitar a España y fragmentar aún más Europa, con los beneficios económicos que ello pudiera reportarles.

Estos objetivos están enmascarados en los discursos y programas electorales del gobierno de la Generalidad, con grandes y enfáticos discursos sobre la identidad nacional, la lengua propia y la defensa de las tradiciones catalanas.

En consecuencia, y parece que en venganza por la represión que sufrieron durante el franquismo, el gobierno catalán ha decidido erradicar la lengua castellana (española) del territorio de Cataluña, mediante el sistema educativo que impone en todos los grados de la enseñanza pública.

Esta política constituye un verdadero genocidio cultural: privar a las generaciones venideras, desde la infancia, del conocimiento de la lengua española hablada por 580 millones de personas en varios continentes, haciendo de los niños –hoy- unos ignorantes provincianos que están privados de un saber que los marginará del mundo económico, cultural y científico nacional e internacional, reduciéndolos al mínimo ambiente catalán.

Porque, además, se produce la máxima falacia: mientras los gobernantes imponen la erradicación del castellano de la enseñanza pública, ellos matriculan a sus hijos en las escuelas privadas y extranjeras donde no sólo se enseña en castellano sino además aprenden otros idiomas. Porque para ellos queda claro que la ignorancia de las lenguas habladas mayoritariamente en el mundo es un caudal cultural y educativo imprescindible para el futuro económico y social de sus hijos. Ese del que privan a los trabajadores que no pueden costear una enseñanza de calidad a los suyos. 

Por ello, lograr que el sistema educativo sea realmente bilingüe, con la participación igual del castellano -lengua común española- y el catalán, es una reivindicación popular que fundamentalmente beneficiaría a las clases trabajadoras, esas que nada le importan al gobierno burgués y xenófobo de la Generalidad de Cataluña. Es hora, pues, de reivindicar la construcción de un modelo de sociedad en el que todos nos podamos realizar, individual y colectivamente, no solo sin renunciar a nuestros signos de identidad sino consiguiendo que éstos formen parte del perfil propio de los signos de identidad de Cataluña."                (Lidia Falcón, Santiago Trancón, Julio Villacorta, El Común, 19/09/22)

15/9/22

Los hechos parecen ser estos, según ABC: una profesora de Música se va al paro tras 35 años de interina por no tener el título de valenciano... inda por riba, es valencianahablante. De hecho, habla indistintamente a sus alumnos en la lengua que cada uno prefiere... posee un título de valenciano oral, pero no aprobó el exigido por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte... Otros colegas suyos se sacaron el diploma en verano, con un cursillo intensivo que costaba 2.000 euros, pero con una familia tan numerosa, Encarna lo descartó, no se lo podía permitir... y protesta... ante esto Joan Baldoví argumenta: "¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano?"... Señor Baldoví, el despido es un hecho gravísimo, que sólo puede aceptarse cuando el desempeño profesional del trabajador es pésimo... el trabajo de directores, inspectores y consejeros de Educación de la Generalitat es resolver este problema, perfectamente subsanable... basta con que se enteren de si era buen o mal profesor, eso es lo esencial, y ni se le ocurre mencionarlo... le recuerdo que en Cataluña directores e inspectores persiguen a quién enseñe en castellano... aunque todos lo hablen... el problema, señor Baldoví, es cuando se expulsa a quién tenga que hablar en determinada lengua, castellano, valenciano, catalán, gallego, sin más

 "Joan Baldoví ha lanzado una contundente lección este martes sobre la convivencia de dos lenguas oficiales en el ámbito educativo. El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados ha asegurado en su comparecencia ante los medios de comunicación que en Xàtiva una profesora, con una carrera de 35 años en la educación pública de la localidad, no ha querido aprender la lengua oficial de la tierra a pesar de que sus alumnos se lo demandan.  

“¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano?”, se ha preguntado. Con esta premisa, Baldoví ha querido poner en valor, con una experiencia propia, la importancia de conocer la cultura y el lenguaje de allá dónde se vive y trabaja.

“Mi madre me enseñó valenciano. Cuando he tenido que salir fuera he tenido que aprender el idioma de cualquier país. Cuando una persona está 35 años en un sitio donde hay dos lenguas oficiales, creo que, si ama esa tierra que le está dando la posibilidad de tener un empleo, lo mínimo que puede hacer es sacarse el título de la otra lengua oficial”, reivindica."  (...)"                (Raquel Martínez, El Plural, 13/09/22)   

Joan Baldoví ;) @joanbaldovi

¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano? En Xàtiva una profesora que lleva 35 años en la educación pública no ha querido aprender la lengua oficial de la tierra donde trabaja y que le demandan sus alumnos.

2:17 p. m. · 13 sept. 2022
552 Retweets 156 Tweets citados 2.455 Me gusta

 

 "Una profesora de Música se va al paro tras 35 años de interina por no tener el título de valenciano.

Encarna Grau tiene siete hijos y no llega a fin de mes: «Es injusto, discriminatorio y dramático, me quitan mis derechos de toda una vida».

 (...) Encarna Grau tiene 62 años de edad y fue la primera profesora de música de trompa con título en España, en 1980, pero ahora después de casi cuatro décadas de docencia como interina, se queda sin empleo por no tener el título de valenciano. Y ha presentado una «denuncia» a la Generalitat para reclamar su puesto.

«Es dramático, injusto, discriminatorio: me han quitado mis derechos de toda una vida, para que ahora me digan 'vete a tu casa'«, se lamenta esta luchadora »peleona«, como ella misma se autodefine, a quien no se le acaban los adjetivos para desahogarse por verse en el paro.

 Su impotencia después de ver su nombre, como tantas veces antes al arrancar el curso, la primera de la lista de la bolsa de trabajo, pero por primera vez sin plaza adjudicada. «Ha participado», figura en el documento oficial. (...)

Para más paradoja, Encarna nació en Alzira, vive en Xàtiva y es valencianohablante. De hecho, habla indistintamente a sus alumnos en la lengua que cada uno prefiere, entre ellos una estudiante rumana. «El lenguaje de la música es universal, y si no tengo el título de valenciano, no me lo puntúes, pero si he estado trabajando y lo he intentado, me he presentado al examen, pues puntúalo a quienes lo tengan y valóraselo, mientras para mí que cuenten otras cosas», plantea a la Generalitat Valenciana, como decisión más ecuánime.

Aunque posee un título de valenciano oral, no aprobó el exigido por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, que aprobó hace unos años una moratoria para los profesores que no lo tienen. «Para hacer el curso lo ponen muy difícil, hay gente que ha terminado en el instituto y ha tenido el valenciano como asignatura siempre, y los echan para atrás», subraya. De hecho, por su edad, ella nunca aprendió valenciano ni en el colegio ni en el Bachillerato o la Universidad. Otros colegas suyos conocidos se sacaron el diploma en verano, con un cursillo intensivo que costaba 2.000 euros, pero con una familia tan numerosa, Encarna lo descartó, no se lo podía permitir.

«También hay profesores que vienen de otras comunidades, aprueban el título solo porque se lo exigen y luego hablan siempre en castellano en clase, no tiene sentido», compara.

Su situación es prácticamente única por el instrumento, la trompa, solo hay una plaza a tiempo completo en la región, que ella ha venido ocupando por antigüedad, mientras que a violinistas y otros profesores sí los han mandado a Requena y más zonas castellanohablantes, una opción imposible para Encarna. (...)

Mi abogado me dice que el año que viene me puedo jubilar y que ahora tendré el paro, pero yo hablo de leyes injustas para los que vienen detrás, las siguientes generaciones», se rebela Encarna, tranquila un poco porque al menos por su edad, esta situación de desamparo no se prolongará en exceso. Aun así, confiesa que no llega a fin de mes, porque cobrar del desempleo «todavía está en el aire», no lo tiene confirmado, y siempre sería una retribución inferior a su sueldo, con el que siempre ha tenido que arreglárselas con tino para sacar adelante a siete hijos, cuatro de los cuales todavía están a su cargo y de su marido.

«Solo por presentarte al examen de valenciano, ya son unos cien euros, y con familia numerosa yo tampoco pude plantearme como otros hicieron marcharme a otras comunidades de España sin el requisito lingüístico«, apostilla, mientras espera respuesta de la Generalitat a su denuncia presentada a principios de agosto. »Sabemos que todo es legal, pero las leyes no siempre son justas«, opina."          (J. L. Fernández, ABC, 12/09/22)