"El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU), ha aprobado dos órdenes (de 30 de octubre y de 4 de noviembre)
por las que se establecen las bases para recibir ayudas de dinero
público para fomentar "la emprendeduría", a través del programa Cataluña
Emprende, y "la creación y crecimiento de empresas de economía social y
cooperativa", a través de subvenciones directas.
En concreto, para el período 2013-2014, el Gobierno autonómico
destinará 1.793.750 euros a promocionar empresas de "economía social y
cooperativa" y otros 5.302.192,25 euros para el programa Cataluña
Emprende.
Una vez más, en las bases para poder acceder a este tipo de ayudas
públicas se establece que los aspirantes deben cumplir con varios puntos
(artículos 32.1, 32.3 y 36.4) de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998
que rezan que "la señalización y los carteles de información", tanto de
cara al público como en el interior, han de estar en catalán.
De la misma manera, se obliga a las empresas que quieran acceder a
este tipo de ayudas públicas a "estar en condiciones de poder atender a
los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las
lenguas oficiales en Cataluña".
"No puede significar la imposición"
Sin embargo, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio
de 2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta obligación de
la Generalidad al sector público no es legal.(...)" (Crónica Global, 08/11/2013)
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