“La justicia es la firme y
decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo”. Según esta conocida
sentencia del jurista romano Ulpiano, ¿es justo el cupo vasco o es un
privilegio? La forma más sencilla de contestar a esta pregunta es
determinar si el sistema vasco de financiación, el denominado concierto
económico, es una buena idea, generalizable en consecuencia a todas las
Comunidades Autónomas, como ahora proponen el PNV, el PSC y parte de los
dirigentes del PSOE; o si esto es un desiderátum imposible.
Generalizar este sistema
supondría pasar de cinco Haciendas en España, las tres forales vascas,
la navarra y la Agencia Estatal, a cincuenta, y otra estatal para
coordinar. O, en la versión de Miquel Iceta, pasaríamos a tener una
Hacienda por cada Comunidad Autónoma, que son diecisiete, más otra
estatal.
Los inspectores de Hacienda consideran que esto restaría
dramáticamente eficacia a la Administración Tributaria y perjudicaría
notablemente la lucha contra el fraude. Alemania, único país con un
sistema parecido, gasta el doble que España en Administración Fiscal por
cada euro recaudado en impuestos. El PNV y los actuales dirigentes del
PSOE y el PSC están proponiendo copiar a Alemania en una de las pocas
cosas en que es menos eficiente que España.
Más allá de las
disfunciones evidentes que tiene un modelo en el que una Hacienda
provincial inspecciona a una multinacional o un grupo consolidado de
sociedades, la justicia del sistema depende fundamentalmente del cálculo
del cupo, que determina la contribución a la solidaridad. Sin embargo,
este cálculo adolece de una enorme opacidad. En una opinión compartida
de forma generalizada por los expertos, Ángel de la Fuente señalaba
recientemente que “el cálculo del cupo es magia. Nadie sabe de dónde
sale”.
Aún así, aunque calcular un
cupo correcto sea complicado, es bastante sencillo demostrar que el
anterior cupo -previo al actual cuponazo pactado por el PP y el PNV, que
lo disminuye en unos 300 millones- es injusto y no generalizable. Lo
mínimo que tendría pagar una comunidad sería su parte en el gasto de los
ministerios, unos 40.000 millones de euros, y de los intereses de la
deuda, unos 28.000 millones de euros.
El País Vasco supone
aproximadamente un 6 por ciento del Producto Interior Bruto, y en
consecuencia, como mínimo debería aportar unos 4.000 millones de euros.
El anterior cupo bruto estaba en 1.600 millones.
Esta cuantía, que si se
generalizase en todas las Comunidades Autónomas no permitiría ni
siquiera pagar los intereses de la deuda, tampoco es lo que realmente
aportan las Instituciones Forales Vascas al Estado.
No sólo es que al cupo
“bruto” se le resten múltiples ajustes, sino que, además, a la
recaudación de IVA de las Haciendas Forales se le añade una parte de la
recaudación por este impuesto de la Agencia Tributaria.
Este ajuste
según los expertos, como el exdirector de financiación autonómica con
Zapatero, Alain Cuenca, va en dirección contraria: las empresas vascas
venden más fuera de Euskadi que lo que venden las del resto de España en
el País Vasco. Esto es lógico tratándose de la Comunidad más
industrializada de España y la segunda en renta per cápita.
Este y otros ajustes que se
contemplan determinan un cupo cada vez más negativo. Esto supone que
los ciudadanos del resto de España financian una parte del gasto público
en la Comunidad Autónoma con mejor financiación per cápita de España.
Esto no es precisamente solidario, ni cumple con el principio de
equilibrio territorial y de prohibición de privilegios, derivados de la
organización territorial que consagra el artículo 138 de la
Constitución.
Esto finalmente se
materializa en cuestiones tangibles, como la extensión en 14 semanas del
permiso de paternidad a los funcionarios vascos, o la rebaja de cuatro
puntos en el impuesto de sociedades a las empresas vascas. Esto no sólo
es una cuestión de autonomía, sino fundamentalmente de tener dinero para
poderlo pagar.
Según los datos oficiales
del Ministerio de Hacienda (2014) la Comunidad de Madrid, la más rica,
aportó más de 19.000 millones de euros a la solidaridad
interterritorial, Cataluña cerca de 10.000, Valencia 1.735 y Baleares
1.516. Estas fueron las Comunidades que aportaron, mientras que el País
Vasco recibió 3.387 millones, lo que supone un 30 por ciento del
presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca.
Esto no indica precisamente
solidaridad en el sistema, y desde luego, mucho menos en el cálculo del
cupo y de los ajustes. Como poco se puede decir que el cupo y sus
ajustes están pésimamente calculados. Por supuesto, diga lo que diga el
lehendakari Urkullu, esto no equilibra una aportación de 27 millones de
euros en 2017 al Fondo de Compensación Interterritorial, el 6,24 por
ciento de 432 millones. (...)" (Francisco de la Torre Díaz, El Economista, 17/02/18)
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